De coalición a coalición.

Es preciso eliminar la confusión posible entre una coalición electoral, figura jurídica ya existente en nuestro derecho, y la propuesta en curso de integrar gobiernos de coalición. Ambas, por supuesto, demandan la integración de voluntades partidarias. Pero su propósito es diferente. En la alianza electoral se trata de triunfar en comicios, y si bien suele pactarse un programa de Gobierno, de que se le incumpla no necesariamente se siguen consecuencias para la gobernabilidad. Es conveniente hablar de esa primera significación, porque aunque sean pocos y luzcan trasnochados, aún hay quienes hablan de la unión de PAN y el PRD para evitar la victoria priísta el año próximo. Pero no es tal coalición de la que hablamos ahora, sino de una reforma constitucional iniciada por el senador Manlio Fabio Beltrones para introducir el Gobierno de coalición, que puede configurarse aun entre partidos que hayan contendido abiertamente en las elecciones previas.

El fin principal de esta innovación es garantizar los acuerdos entre partidos conforme a programas y responsabilidades compartidas. También se procura evitar los intentos casuísticos de consenso, que se cumplen parcialmente y por lo mismo suelen fracasar, amén de que generan entre las partes incriminaciones. Acuerdos a medias, o desacuerdos francos dejan un pozo de resentimiento entre los ciudadanos, una sensación de que la democracia práctica, la que conduce a resultados, es imposible.

No son esas necesariamente las bases de que parte la iniciativa de Beltrones pero sí sus consecuencias. Nadie es tan ingenuo para ignorar que el dirigente senatorial camina en dos sendas cuya meta es la Presidencia de la República. Lo hace con andar acompasado. Presentó el 14 de septiembre el proyecto de reforma constitucional de que hablamos y lo ha ido rodeando de apoyos, procedentes de partidos y personas entre los cuales la iniciativa se aprecia en sus propios méritos. Consiguió el apoyo de los líderes de las fracciones a las que, como presidente de la Junta de coordinación política o de la mesa directiva del Senado ha encabezado por más de cuatro años. Es menos afortunada la suerte de su proyecto en la Cámara de Diputados, donde proliferan los partidarios de Enrique Peña Nieto, capaces de ver sólo pasos de Beltrones hacia la candidatura presidencial y no el empuje de un dirigente legislativo que, amén de su destino personal, se halla en la ocasión de echar adelante reformas estructurales que favorezcan el desarrollo y la democracia.

Con suertes distintas, Beltrones ha impulsado reformas constitucionales de enorme alcance o que quedaron como meras trochas que hay que despejar para transitar sobre ellas. La reforma constitucional en materia electoral transformó a profundidad el sistema de medios de comunicación en esa materia. Si bien sus habilidades políticas y un adecuado ejercicio de la oportunidad le evitó pagar el alto costo de un conjunto de medidas que aún lastiman a profundidad a los concesionarios de radio y televisión, lo cierto es que tuvo el valor y la audacia para hacer saber a los dueños de esos poderes fácticos, que es posible enfrentar desde los poderes institucionales que no son, como algunos miembros de la CIRT suponen, propiedad particular suya, sino bienes de la nación.

Pretendió también Beltrones, esta vez sin resultado alguno, una reforma hacendaria que abarque todos los recursos del Estado, y ejerza la autoridad del Estado sobre los ingresos y el gasto público. En este caso pudo más el coyunturalismo preelectoral y la propuesta se atoró en los lodazales del interés partidario interno del PRI (como ha ocurrido con la reelección de legisladores) y con ello se evitó la libre conjunción de intereses partidarios y los de parcelas extensas de ciudadanos.

Tras el avance parlamentario de su iniciativa, Beltrones ha conseguido el apoyo de un grupo relevante de la sociedad civil, que la resumieron y ofrecieron sustento relevante en un texto titulado “Democracia Constitucional”. Son cuarenta y seis los formantes y es imposible darles aquí espacio a todos sus nombres. Incluyen militantes políticos (sólo unos cuantos del PRI) en receso o activos, creadores artísticos, intelectuales, investigadores, etc. Es posible que ninguno de ellos (salvo los senadores Pedro Joaquín y Francisco Labastida) voten por Beltrones en la elección interna o constitucional, porque es remoto el progreso del ex Gobernador de Sonora en esa ruta. Pero con su iniciativa busca impulsar esa posibilidad y contribuir a mitigar las lastimosas condiciones de vida de nuestro País.

Casi nadie entre los firmantes, y por supuesto entre los mexicanos todos, puede negar la terrible situación en que nos hayamos envueltos: la inequidad social, la pobreza, la incontenible violencia criminal, la corrupción que tantos beneficiarios genera, la lenidad recíproca, unos peores que otros, la desesperanza social. Todos esos factores, y otros que omito involuntariamente pero que actúan en conjunto, forman un cambalache como esa masa maloliente a la que cantó Enrique Santos Discépolo en la Argentina de 1945.

Con todo, pudo cantarle. Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro País escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete.

Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós.

Enrique Peña, Marcelo Ebrard

Antes de que caiga el telón no quiero dejar de presentar a ustedes a dos protagonistas de la escena pública que, por primera vez en su vida tienen que pugnar, aunque con ventaja sobre sus contendientes, por una posición que les permita gobernar. Ambos se han sentado en sillas de Gobierno, pero no llegaron a ellas merced a un esfuerzo propio, sino impulsados por mecenas políticos y financieros que en todo tiempo aseguraron su porvenir. Ahora no están en ese caso. Tienen que ganarlo.

Abundan las coincidencias en su personalidad y su conducta. Tanto que una y otras son confundibles y pueden, por lo tanto, ser intercambiables. Se trata de Enrique Peña y Marcelo Ebrard. A pesar de que sus estrategias buscaban conducirlos sin obstáculo ni adversario a la candidatura en sus partidos, en este momento tienen que bregar por ella. Enrique Peña iba a construirse, por la ley natural de las cosas, por la movilización que inició a partir de su Guberntura, en el aspirante presidencial del PRI. Iba a lograrse ese objetivo mediante el impulso inducido que en la cultura autoritaria priísta de la que acaso nunca podamos escapar se llama “la cargada”.

Se pretendió que el lanzamiento abrumador ocurriera el 15 de septiembre, apenas trasladara el Gobierno local a Eruviel Ávila. Se le proclamó ¡presidente! Pero tuvo que atenerse al establecimiento de reglas mínimas. La reunión de dirigentes de su partido de donde hubiera brotado la declaratoria de candidato único, frenó el empeño de, por ejemplo Joaquín, que anunció la postulación indiscutida del mexiquense en cuatro actos ya organizados, a los que tuvo que renunciar.

No pudo tampoco el Gobernador convertir la reunión del consejo político nacional, el sábado pasado, en su plataforma de lanzamiento. Se está ateniendo a un mecanismo en que resulta posible comparar sus propuestas con las de Manlio Fabio Beltrones, que desde siempre, y consciente de su fortaleza y sus debilidades, espera que el PRI determine, como lo demandó sin éxito Reyes Heroles en 1975, que se formule primero el programa y luego se elija al hombre que propugne su realización. Quizá Enrique Peña aceptó el procedimiento a sabiendas de que su fuerza real no está en las palabras, los argumentos, la visión de México que cada quien exponga, sino en el poder real de la televisión y el dinero. Aunque desde ahora se le suponga victorioso, tiene que pasar por la contienda pública.

Es es el caso también de Marcelo Ebrard, que ha aprendido que si algún ejemplo ha de seguir, no es Manuel Camacho ni Andrés Manuel López Obrador, sino el mexiquense. Ha estado usando los modos de propaganda en que se adiestró el ex Gobernador. Y si bien no cuenta con el favor de Televisa ni con los recursos con que hay que obtenerlo, sus frecuentes y aun cotidianas apariciones lo han proyectado al espacio público nacional como no sería posible de no pagar por ello. El efecto de esa creciente exposición pública es la creación artificial de una figura que busca convertir esa apariencia en realidad. En el mismo plano, pero con desigual dimensión, ha pretendido crear diversos entornos que no es más que uno. Hace meses comisionó a su personal de confianza a promover la Fundación Equipo, Equidad y Progreso, y hace menos convino con Nueva Izquierda, el ala derecha del PRD. El montaje de un espectáculo llamado Demócratas de izquierda.

Esa proyección pública le ha hecho suponerse de la talla de Andrés Manuel López Obrador y contender con él por la candidatura perredista. En el año 2000, cuando era candidato del Partido del Centro, convino por el aspirante de la izquierda en la inducción de sus exiguos votos a cambio de un cargo en el Gobierno local. López Obrador cumplió su palabra y fue más allá cuando el Secretario de Seguridad Pública quedó en desgracia ante su jefe formal Vicente Fox y lo impulsó hacia su sucesión como Secretario de Desarrollo Social. Combatieron por la candidatura Marcelo Ebrard y Jesús Ortega. La tensión entre ambos se alivió para convertirse en alianza frente a López Obrador, quien se mostró siempre contrario a la calificación de traidor que un buen número de sus seguidores endilgan a quien, paradójicamente, podría ser candidato “de la izquierda” gracias al apoyo de Morena, comprometido por López Obrador.

Enrique Peña y Marcelo Ebrard han coincidido en hacer de las relaciones sentimentales no el coto sagrado que las personas respetables les otorgan. Al confesar a su esposa Mónica Pretelini el ser padre de hijos fuera de matrimonio, el Gobernador mexiquense estableció con ella una distancia que sólo concluyó con la muerte de la señora. Televisa proveyó a Enrique Peña de una nueva esposa, una rutilante estrella de la pantalla. Marcelo Ebrard se divorció de la madre de sus hijos, y tiempo más tarde contrajo matrimonio con una persona del espectáculo y las relaciones públicas. El vínculo terminó también en separación. Tras un breve periodo de soltería, Marcelo Ebrard que como Enrique Peña dedican esfuerzo considerable a su fisonomía, hizo público su nuevo romance. Declaró su relación con la señora Rosalinda Bueso, era embajadora de Honduras cuando el presidente Manuel Zelaya, quien la había nombrado, fue depuesto. Acaso llevado por su vocación internacionalista -esa fue su carrera en el Colegio de México- el regente la protegió y brindó los medios para que permaneciera en México. Incorporada a la nómina del Gobierno capitalino, de esa relación surgió otra no sé si más profunda pero sí más vistosa. Se casaron el viernes.

El doctor José Narro Robles

El rector de la UNAM anunció el viernes pasado su decisión de presentarse a la reelección. Su segundo periodo concluirá en 2015. Es difícil que la Junta de gobierno de esa institución no le otorgue esta duplicación del plazo para el que lo seleccionó en noviembre de 2007, en reemplazo del doctor José Ramón de la Fuente.

La Universidad Nacional es la mayor institución de educación superior en la República. Lo es no sólo por sus dimensiones humanas y físicas. Lo es también porque la calidad de su docencia, que se acusa en algunas disciplinas y carreras, sino porque en atención a su ley orgánica, junto con la enseñanza realiza la investigación más sobresaliente y abundante en todo el País. Ninguna otra institución universitaria practica una difusión cultural de la magnitud de que ella es capaz.

Pero una institución de esa magnitud requiere un gobernante con claro sentido de la conducción política. Narro ha mostrado tenerlo. El viernes pasado, para no ir más lejos, comunicó a los medios su decisión de continuar al frente de la UNAM luego de una larga conversación con directores de escuelas, facultades e institutos, que en rigor no dependen del rector y por lo tanto no están sujetos a sus determinaciones. Lo están en mayor medida, en cambio, los directores administrativos, pero en la Universidad Nacional no priva la cultura del asentimiento automático, porque la organización académica se funda en sistemas de méritos. De esa suerte, Narro dio un primer y firme paso hacia la reelección.

El rector de la UNAM despliega su tarea hacia el interior de la institución, de la que la ley lo define como jefe nato, pero también debe volcarse fuera de la propia institución. Revelan un desconocimiento grave de la Universidad los que reprochan a su rector ocuparse de los asuntos externos con descuido de lo que ocurre en su casa. Farol de la calle y oscuridad de su casa: se ha utilizado ese refrán para deturpar acciones que una institución nacional no podría dejar de emprender.

Pero se equivocan quienes suponen esas maneras de cumplir deberes y responsabilidades legales y sociales como excluyentes. Son perfecta y necesariamente compatibles. Por ejemplo, el crecimiento académico y físico de la UNAM, que en este cuatrienio ha tenido como evidencia mayor la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en León, Gto. Cierta mezquindad, respecto de esta edificación, como antes el desarrollo de otros campus, revela desconocimiento del carácter nacional de la Universidad. Con ese alcance fue creada en 1910 por Justo Sierra, y con ese carácter le han querido mantener sus rectores insignes. En buena hora que las universidades públicas de los estados relevaron en amplia medida a la UNAM de su casi exclusiva labor de formar profesionales, para cuyo propósito parvadas de estudiantes salían de sus lugares de origen para radicarse en la capital de la República. Pero en esa migración quedaba patente ese mismo carácter nacional: la UNAM era de todos.

El rector Narro contribuyó también, entre muchos cambios académicos, a ampliar los márgenes de representación interna de la UNAM. Y tuvo conciencia de la significación que tenía el centenario de la UNAM, a cuyos festejos imprimió el sello que correspondía a la Institución: fueron otorgados, como actos más visibles, en ceremonias al mismo tiempo rituales y emocionantes, doctorados honoris causa que dieron cuenta de lo que la Universidad y su rector aspiran a ser, lo que respetan y consideran honroso.

El presupuesto de la Universidad, de las instituciones de enseñanza superior en general, y su natural extensión, los recursos para ciencia y tecnología, es una de las preocupaciones centrales en el pensamiento de Narro Robles. Si bien no ha conseguido partidas multianuales, ha logrado constituir un movimiento que se estimula a sí mismo y afina los instrumentos analíticos y legales para dar solidez a una demanda que hasta ahora se responde con ánimo clientelar y cuando mejor a un sentimiento filantrópico. Narro ampliará el espacio para perseverar en su propósito durante su segundo término. Y tan sólo por ello su intención debería darse por bien recibida.

Pero desde otras perspectivas cabe igualmente considerarse afortunada la decisión de este médico saltillense de 63 años de buscar la prolongación de su tarea. En los meses recientes ha emprendido una iniciativa en pro de la seguridad con justicia y democracia. Organizó una reflexión colectiva sobre esos temas y luego animó a universitarios con quienes ha trabajado a lo largo de los años en la preparación de un documento al respecto que, si bien ha tenido la aquiescencia de poderes públicos y centros de decisión social, se enfrentó más a la reticencia del Poder Ejecutivo federal que a su aceptación, extremo que mostraría una flexibilidad política siempre ausente en esta materia.

En algunas responsabilidades de la vida pública la reelección puede tener un efecto sano. La sola experiencia de vida, el fructífero paso de los años asienta la prudencia y aguza la pertinencia del juicio. Ese puede claramente el caso de Narro Robles. Ha recorrido una senda dual, tanto en la administración pública (el IMSS, la SS, el DDF, Gobernación) pero sobre todo ha servido a la Universidad que rige y a la que se propone continuar gobernando. Fue secretario general de la misma y director de su Facultad, la de Medicina.

Narro ha admitido que le gusta soñar. Tiene a su alcance no sólo esa capacidad sicológica; también puede realizarla.

LyF como botín

Anoche se cumplieron dos años de que miembros del Ejército y de la Policía Federal penetraron por asalto a las oficinas e instalaciones del organismo público descentralizado Luz y Fuerza. Lo hicieron antes de que fuera impreso el Diario Oficial de la Federación donde insólitamente (la madrugada de un domingo) apareció un decreto presidencial, el que dio por terminadas las funciones de la antigua compañía eléctrica. Se trató, por consiguiente de una acción ilegal, del robo y despojo de una gran cantidad de bienes que pertenecían a una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El principal escenario de la ocupación policiaca ocurrió, ocurre todavía, en la sede de la dirección de LyF. Se trata del colosal edificio levantado por Mexican Light and Power, el consorcio canadiense cuyas operaciones fueron realizadas a partir de entonces por el Gobierno mexicano. Como corresponde a una acción violenta realizada con propósitos de rapiña, el inmueble quedó, en calidad de botín, en manos de la Policía Federal. La corporación lo ha usado como cuartel durante estos dos años, por la vía de los hechos.

Pero como vivimos en un estado de derecho donde ninguna violación a la ley es admisible, aquella situación digamos que irregular, va a adquirir su verdadera dimensión de servicio público cuando la SSP disponga que su fuerza policiaca allí acantonada se vaya a otra parte y se instale en su lugar, en cambio, el personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, así como el órgano administrativo de prevención y readaptación social.

La SSP pagará 861 millones de pesos en la adquisición y adaptación del edificio. Los recursos para el traslado de dominio servirán para cubrir gastos y costos pendientes por la extinción de la empresa, que a dos años de su realización es un enorme fracaso, digamos que semejante, aunque con una dimensión y unas consecuencias mayores que las de la Estela de Luz, que debe ser dedicada ya no a la recordación patriótica para la que fue planeada, sino a tener presente la impudicia y abuso con que pueden ejecutarse obras públicas.

Desde que fue adquirida por el Gobierno Mexicana de Luz y Fuerza enfrentó el designio de su desaparición. Se estimó prudente, mediante diversos pasos y plazos, fundirla con la Comisión Federal de Electricidad, que a lo largo de casi cuarenta años además de su propio crecimiento aumentó sus operaciones mediante la absorción de pequeñas empresas eléctricas. Un factor que impidió la adopción de una medida de ese largo alcance fue la actitud del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fundado hace casi cien años, construyó en ese lapso una doctrina sobre la materia, y conquistó posiciones y prestaciones laborales criticadas por quienes ignoraban su naturaleza y su origen.

Se llegó al punto de decretar la liquidación, combatida y hecha revertir por el SME. Para conseguir su desaparición, el Gobierno dueño de la empresa se convirtió en enemigo de la empresa. Fue agredida de varios modos, para dejarla en una postración que justificara su desaparición. La condenó a una política infernal en que se limitó su desarrollo, se provocó la obsolescencia, con lo cual se redujo su productividad y fue obligada a cubrir el costo de la energía que compraba a la CFE a una tarifa menor, fijada por Hacienda. Así hasta un negocio de Tve Jabs se frustra. Sobre todo si tiene a la mano un centro de imputación de responsabilidades, que en eso se convirtió el sindicato. Parece que nunca nadie pensó en que la empresa era dirigida por administradores gubernamentales, cuyos superiores podían exigirles cuentas y que su dinero era provisto por fuentes presupuestales que hubieran podido ser cegadas a fin de evitar el abuso atribuido al sindicato.

Lograda así la peor imagen del mundo, el SME fue durante 2009 el blanco de los denuestos y las mentiras de la propaganda oficial. Fue un alivio para la sociedad desinformada el saber, como se reiteró, que contaría con servicio de clase mundial, como el que presuntamente ofrece la CFE, a un mejor precio y sin las groserías en que sistemáticamente incurría el personal del SME.

Una pieza faltó en el diseño de esta maquinaria. El sindicato no sucumbió. Es verdad que la mayor parte de sus miembros obtuvieron una liquidación cuyo monto se fijó por encima de la ley. También es cierto que se les formularon promesas que resultaron engaños. En un ejemplo de reciedumbre humana y conciencia política, más de 16 mil de sus cuarenta y cuatro mil integrantes resolvieron no ser indemnizados y forman parte del movimiento de resistencia sindical que los insta a recuperar su empleo, extremo que el frustrado candidato presidencial en que, sin la mínima autocrítica quiso convertirse el Secretario del Trabajo pone en solfa como si la dignidad de uno solo de los resistentes no valiera más que la suya.

El sindicato no es una organización impoluta ni lo son sus dirigentes. Unos y otros han mostrado, sin embargo, una sintonía que los pone a salvo de las maniobras gubernamentales que quisieron no sólo destruir una porción del patrimonio nacional, sino también reducir a la nada a un gremio que se muestra imbatible, si bien capaz de vincularse de mejor manera con la sociedad. Ésta comprendería mejor la causa electricistas, sin provocaciones que son inútiles. Pero no es un asunto de cortesías callejeras sino de convicciones éticas. Los más groseros, los más desaforados electricistas que padecen dos años sin salario parten de una base ética más firme que la del funcionario que se quede con el botín.

Irresponsable Aguirre Rivero

El Gobernador de Guerrero prefiere los placeres de la buena mesa a las responsabilidades de su tarea como Ejecutivo estatal. No obstante que su estado hierve por la violencia que nadie contiene. El jueves eligió otro hervor, el del pozole, que compartió con algunos de sus paisanos y afines radicados en el DF. Hizo, al mismo tiempo, una declaración de filosofía política: “En Guerrero decimos que la política nos une, pero el mezcal y el pozole nos unen”.

Según la nota de Adriana Alatorre, de Reforma, ese dicho fue más bien retórico, pues él bebió güisqui. No sé si sus repetidos brindis, o la riqueza pozolera, lo entretuvieron y salió de un magnífico restaurante de estilo mexicano justo a tiempo, pero conforme a su agenda, no la de las personas con las que iniciaría un necesario programa de Gobierno. Es decir, cuando ya estaban sentados los interlocutores en cuya búsqueda iba, él apenas terminaba su jolgorio. Viajar de Altavista, en San Ángel, a Bucareli en la Ciudad de México un día entre semana es hazaña que consumió una hora entera. Cuatro miembros del Gabinete federal: los secretarios de Gobernación, de la Defensa y el de Marina, Francisco Blake, Guillermo Galván y Francisco Saynez, así como la procuradora general Marisela Morales, esperaban al impuntual Gobernador para anunciar el comienzo de la Operación Coordinada Guerrero Seguro.

Aunque ya están presentes en Guerrero, se trata ahora de que militares, marinos y policías federales actúen bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública, que también controlará a su semejante local. La causa de la nueva manera de combatir crimen organizado es que sus cifras se han abultado hasta en ciento por ciento en la entidad. Aunque es difícil hallar regiones guerrerenses a salvo de la violencia, en algunas la criminalidad se ha acendrado, por encima del promedio estatal. En Acapulco, por ejemplo, la violencia criminal produjo un incremento de 357%.

El Gobernador guerrerense, como el de Veracruz (donde se reinauguró una operación conjunta, ante cuya nariz han sido asesinadas un centenar de personas en menos de un mes), debe enfrentar sus propias tareas y ninguno de ellos lo hace. En vez de contribuir con sus propios efectivos a la pacificación del estado, Aguirre Rivero contribuye a impedirla. Por ejemplo, está enfrentado con el PRI. Por lo menos en un caso concreto, el del homicidio del diputado Moisés Villanueva y su chofer Érick Estrada, Probablemente sin los elementos requeridos, pues de lo contrario ya se habría solicitado su aprehensión, el alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos ha sido señalado por el procurador general, Alberto López Rosas como autor intelectual de tales asesinatos.

Aguirre Rivero enfrenta igualmente de manera equivocada el conflicto magisterial suscitado en Acapulco por la imbatible violencia criminal. Decenas de escuelas han cerrado y sus maestros se movilizan no sólo en protesta por la situación general. Denuncian en particular delitos de que han sido víctimas o con que se les amenaza, como la extorsión. Los bien organizados delincuentes identifican a los maestros a los que demandan dinero sólo porque sí, para no atacarlos. Previamente los localizan a través de las nóminas manejadas por los maestros habilitados, que cobran en nombre de otros y poseen, por lo tanto, información valiosa para los delincuentes.

El Gobernador increpa a los maestros porque algunas de sus delegaciones aprovechan la movilización para levantar otras demandas de carácter sindical. Es probable que no que falte razón pues no es oportuno mezclar temas concretos que requieren mecanismos de solución por entero diferentes. Pero en realidad es un comportamiento faccioso el que lleva a Aguirre Rivero a desdeñar el movimiento sindical. Los protestantes pertenecen en el SNTE a la “corriente institucional”, la encabezada por Elba Esther Gordillo. Son, por lo tanto, miembros o votantes del partido Nueva Alianza, que acompañó al PRI en las elecciones en que salió elegido Aguirre Rivero. Miraría con otros ojos a dicho sector de haberse cumplido su propósito de ser postulado al mismo cargo por su partido de siempre.

Ante los guerrerenses en cuya compañía acometió contra el pozole, incurrió en un acto de inverecundia, como los escritores tímidos prefieren llamar a la desvergüenza. Dijo que en materia de seguridad su Gobierno pugna por garantizar ese bien jurídico tan necesario y apreciado, como antes lo fue. Es decir, aludió al pasado francamente como a una etapa cuyos rasgos y logros había que restaurar.

Obviamente se refería a su propio trabajo como Gobernador interino, ejercido durante tres años, de 1996 a 1999. Antes fue parte de varias administraciones, y Diputado federal, y el presidente Zedillo echó mano de él cuando tuvo que remover a su amigo Rubén Figueroa Alcocer por su papel en la matanza de Aguas Blancas. El interinato de Aguirre en nada se distinguió del Gobierno anterior, cuando que se necesitaba justamente emprender actitudes de concordia. Miembros y grupos del PRD contaron entre sus blancos, por lo cual muchos militantes de ese partido siguen perplejos ante la decisión de ofrecer a ese Gobernador de ingrata memoria una nueva oportunidad… de hacer lo mismo.

Hace un año, Aguirre era senador y su amistad con Enrique Peña Nieto lo hizo abrigar la certidumbre de ser el candidato priísta. El lance interno, empero, favoreció a Manuel Añorve, y el despecho de Aguirre lo condujo a Marcelo Ebrard, que lo hizo elegir.

Tragedia y ridículo en Veracruz

De no ser trágico, sería ridículo el momento que prevalece en Veracruz. Lo peor es que, al mismo tiempo, es trágico y ridículo. En una pequeña, aunque pobladísima región en el centro del estado, la conurbación Veracruz-Boca del Río, han sido asesinadas por lo menos 67 personas entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre. Aunque la Secretaría de Marina, responsable de la seguridad en el estado, detuvo a 20 personas, pertenecientes a grupos contrarios, ha tenido que dedicar parte de su tiempo y su energía a someter al Gobierno del Estado, que pretende ocultar la magnitud de la violencia. Al denunciar maniobras de las autoridades locales, el jueves, la Armada se exhibió a sí misma.

Se había extendido ese día la noticia de que se habían cometido nuevos asesinatos. El Gobierno estatal se mostró ajeno al asunto, y pretendió escudarse tras el Gobierno federal. Dijo en un comunicado que “no hay confirmación oficial alguna por parte de las Fuerzas Armadas o el Gobierno federal sobre el supuesto hallazgo de cuerpos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, como lo refirieron algunos medios de comunicación que citan fuentes que no identifican”

Esos medios tenían razón. Al anochecer del jueves la Secretaría de Marina informó del hallazgo de 32 cuerpos en Boca del Río, y de cinco más en las proximidades de ese municipio. Sin importarle ponerse en ridículo ella misma, pues se preció del servicio de inteligencia naval para localizar el domicilio en que a la postre se sabría fueron ultimadas 32 personas, cuando la infantería de Marina llegó al domicilio se encontró que ya estaba allí la Policía estatal, y que agentes del Ministerio Público local se habían llevado a veinte cadáveres. Como la información de inteligencia abarca también otros domicilios, los infantes de Marina localizaron doce cadáveres más.

En su comunicado Marina anunció acciones de cuyo resultado efectivamente daría cuenta el día siguientes; es decir, anteayer viernes presentó a ocho miembros de la banda de ‘Los Zetas’ y a doce de otro grupo delincuencial que debemos suponer liquidado, apenas una semana después de su aparición, los ‘Matazetas’. Éstos se habían dado a conocer a través de un video en que figuraban encapuchados para anunciar que, en beneficio de la sociedad, ultimarían a los integrantes de aquella banda. Al menos doce de ellos, si es que su número es mayor, ya no tendrán oportunidad de realizar esa labor de limpieza social. Nadie, sin embargo, se había engañado sobre su origen y la naturaleza de sus propósitos. Son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, ansiosos de ampliar sus operaciones hacia el Golfo de México.

Sin aclarar lo que parecía un intento de ocultar información, y aun los cadáveres a que ella se refería, la única información del Gobierno local consistió en destituir al procurador Reynaldo Escobar. Una semana después del escandaloso hallazgo de 35 cuerpos el 20 de septiembre, Escobar presentó su renuncia al gobernador Javier Duarte. Éste no la aceptó entonces y hasta negó que esa decisión estuviera en curso. Ahora, sin embargo, la posición de Escobar se había hecho insostenible. Al parecer, había tenido éxito en diluir la información sobre catorce personas muertas pocas horas después de los arrojados a la plaza del Volador. Ahora no pudo contradecir a las fuentes federales que esparcieron entonces la noticia de aquellos catorce asesinados y fue, digámoslo así, tomado con las manos en la masa cuando sus agentes del Ministerio Público se llevaron veinte cadáveres de la más reciente oleada de violencia. Quizá el propósito era desmentir que esas muertes se habían producido. Pero ya no se pudo.

Escobar fue secretario de Gobierno de Fidel Herrera. En la jerarquía administrativa era superior a quien se convirtió en su jefe después de haber sido su rival. Escobar, en efecto, contó entre los precandidatos a suceder a Herrera. Contaba con una carrera más notoria que Duarte, pues además de haber sido el número dos entre 2004 y 2010, previamente había sido Alcalde de Jalapa. Además de su fracaso al frente del Ministerio Público, el retiro de Escobar puede también significar un distanciamiento y aun la ruptura entre el Gobernador y su heredero.

Herrera estaba durante los nueve meses anteriores en una posición de incertidumbre que concluyó con su nombramiento, junto con el de media docena de ex colegas, como delegado regional del PRI en entidades donde el PRI no tendrá dificultades electorales el año próximo, pues ahora todas son gobernadas por ese partido, que retuvo el poder en los comicios más recientes a pesar de que el desempeño de los gobernadores, sobre todo frente a la violencia criminal, fue notoriamente deficiente. Lo que Herrera y el resto de los delegados han conseguido es una suerte de inmunidad política, que dificultaría el que fueran puestos en entredicho por su gestión, ya sea por la oposición o por su sucesor.

El ex Gobernador veracruzano ha tenido que atenuar sus pretensiones. Hace un año insistía en que podría ser candidato a la Presidencia (para lo cual contaba expresamente con el apoyo de Duarte, ya elegido Gobernador pero todavía no en funciones). Luego, Herrera pretendió un cargo en el comité nacional priísta y no lo consiguió. Ahora ha tenido que contentarse con lo que apareció, de lo perdido. Esa circunstancia quizá favorezca el que Duarte se aleje de él. Ayer mismo habrían tenido lugar nuevos signos de la situación en la cúpula política veracruzana. Si Duarte viajó a la Ciudad de México, a la reunión del Consejo Político Nacional del PRI, no obstante la frágil situación que sufre su entidad, habrá buscado significarse ante quien será el hombre del día, Enrique Peña Nieto, a quien ya rindió tributo de amistad hace un mes, cuando lo invitó a cenar a Jalapa, en parejas.

Veracruz no figura en la tercia de estados donde la violencia criminal genera la mitad del total de ejecutados en nueve meses de 2011: En Chihuahua, primer lugar en esa deplorable lista, han sido asesinadas mil 567, en Nuevo León, mil 418, en Guerrero, mil 348, y en Sinaloa mil 80. La entidad gobernada (quién sabe hasta qué punto) por Duarte ya ha sido escenario de un número mayor de asesinatos que en 2010, cuando todavía falta por transcurrir un trimestre completo.

Esa tendencia puede disminuir si las detenciones practicadas por la Secretaría de Marina se consolidan. Quiero decir que como todo el mundo sabe, no todos los individuos capturados se convierten en procesados, y un número todavía menor recibe una sentencia. Sin el aparato con que presuntos delincuentes son capturados, su suerte se diluye en los recovecos judiciales y del ministerio público. Los más de ellos, por buenas o por malas razones, pueden volver a delinquir y de ese modo la intensidad del crimen ni siquiera menguará.

Esa pesimista visión corresponde con el fenómeno visto en su perspectiva nacional. Cuando faltan cuatro meses para que concluya el año, ya han sido asesinadas más de diez mil personas. La escalada de muerte continúa animada por factores que, al no ser tocados, incrementan su eficacia. Persisten, o han aparecido, por si fuera poco, rasgos de la estrategia gubernamental que le restan eficacia, si es que ha tenido alguna. Uno de ellos es el triunfalismo. Desde que era procurador Eduardo Medina Mora se pretendió hacernos comulgar con ruedas de molino, al asegurarnos que contra las apariencias, la autoridad ganaba la guerra al crimen organizado. Hoy es imposible sustentar este aserto, no obstante lo cual se difunde información más para tranquilizar el ánimo de los destinatarios de la profusa información que para remediar las condiciones de vida de los mexicanos. El Gobierno ha extendido varias el certificado de defunción de La Familia Michoacana, y más tarde o más temprano se sabe de su resurrección y aun de su metástasis.

Un rayo de luz disipa en alguna medida el pesimismo generalizado. Es el buen humor presidencial. Cada día multiplica las muestras de que vive en un País distinto a que gobierna, o al menos lo mira de modo diferente a la mayoría de quienes lo habitan. Si tuviera conciencia de los resultados de su estrategia contra la delincuencia organizada, habría recibido con alivio las propuestas que se le presentan, todas las cuales desdeñan.

Quiere mostrarse de tan buen talante, o está realmente tan de buenas, que cada vez escoge giros verbales más corrientes que coloquiales.

7 de octubre, día crucial

Hasta en por menores protocolarios todas las certidumbres están rotas. Hoy, conforme al decreto que la creó, el Senado debía entregar la medalla Belisario Domínguez. Otras veces la ceremonia respectiva se ha aplazado, en función de la agenda presidencial. Pero esta vez ni siquiera se ha designado a la persona que la reciba. Hoy también, debían reunirse por segunda vez el Presidente Calderón y el Movimiento nacional por la paz con justicia y dignidad, impulsado por Javier Sicilia. Pero la cita se cumplirá, es de esperarse, una semana después, el próximo viernes. Hoy, en fin, comienza el proceso electoral, conforme lo estipulan la Constitución y el código respectivo y lo precisa el órgano que rige las elecciones, el IFE. Pero aunque la fecha es inexorable, todavía al atardecer del viernes se ignoraban las condiciones en que empezará dicho proceso: si con seis o con nueve consejeros electorales, y quiénes ocupen esos cargos.

En el Senado ayer ni siquiera se reunió la comisión que discierne la máxima distinción conferida por esa cámara. Las candidaturas pueden ser presentadas libremente, pero en la mecánica del otorgamiento son las bancadas las que a partir de los méritos de los candidatos resuelven quién será el recipiendario. Generalmente son las cualidades, el historial de las personas presentadas el que las fracciones consideran. Esta vez, sin embargo, factores coyunturales han estorbado la decisión y en un caso hasta quizá logren su aplazamiento durante al menos seis semanas.

La ministra Olga María Sánchez Cordero fue presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México. La personalidad de la candidata y el valor del aval que le dio el impulso inicial ha chocado con el sectarismo de una porción del grupo panista, que la rechaza por la posición de la jueza constitucional en torno a los derechos de las mujeres. La más reciente de ellas fue su alegato contra la constitucionalidad de declaraciones sobre la protección a la vida a partir de la concepción, llevadas a su respectiva constitución por las legislaturas de Baja California y San Luis Potosí.

Ha obtenido mayor consenso la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es una figura polémica si las hay, pero cobró aceptación aun dentro de la bancada del PRI, partido al que perteneció. Sin la mínima reducción de sus prendas personales, y aun para acrecentarlas, es inevitable recordar la filiación de Cárdenas. Su padre cuenta entre el escaso puñado de Presidentes de la República valorado por la sociedad, y no arrojado a las sombras del desprecio. Pero Cuauhtémoc Cárdenas no se limitó a ser hijo de papá. En realidad esperó el fallecimiento del general para desplegar sin cortapisas su interés por la vida pública. Su fidelidad al patrimonio histórico con que fue honrado lo condujo a encabezar la mayor escisión del partido gubernamental y con ella el comienzo de elecciones verdaderamente competitivas. Una figura de su dimensión, el ingeniero Heberto Castillo, fue honrado post mortem, el año pasado con la Belisario Domínguez.

Pero ocurre que el 13 de noviembre próximo, apenas dentro de cinco semanas, se efectuarán elecciones en Michoacán, que Cárdenas gobernó como priísta y, con su impulso ha sido regido por el PRD, el partido fundado en torno suyo, en la década reciente. Si bien el ingeniero guarda distancia con ese partido, por tratarse de su propia entidad ha estado presente en la campaña. Espíritus prácticos o mezquinos suponen o temen que recibir el blasón senatorial influya en la propaganda perredista. Se desequilibraría de ese modo, alegan, la cerrada contienda electoral, como si no fuera ya peculiar por la candidatura de la hermana del Presidente de la República. De modo que aun la asignación y hasta la entrega se aplazarían hasta después de los comicios locales.

Se ha postergado también, y durante once meses, la designación de tres consejeros electorales. Las tres formaciones no pudieron en ese prolongado lapso, construir un acuerdo que devuelva su integralidad al consejo general del IFE, que ha rengueado porque no es lo mismo el trabajo de cinco que de ocho (quienes junto con el consejero presidente encabezan el órgano electoral). La anormalidad del consejo se ha reflejado en empates en asuntos que requerían decisiones, en la obvia mayor carga de trabajo para los consejeros actuantes y en una división en seno del cuerpo, que lo hacen víctima de ataques de origen diverso, especialmente de los concesionarios de radio y televisión, materia espinosa en que el Tribunal electoral adoptó una peligrosa decisión, que el IFE debe instrumentar: no sólo se entregaría el control de la función electoral a una porción de los sujetos regulados, sino que se haría ante la Cámara industrial de que forman parte, ajena por entero según la ley a la materia en que ha litigado con éxito.

 

En la tarde del jueves estaba por consolidarse un golpe de mano de la bancada priísta en San Lázaro, con exclusión del PAN y el PRD. Se procuraría en la esperablemente prolongada sesión imponer la terna compuesta por Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y David Gómez. La presencia del primero, pero no sólo la suya, indicaría que se busca ampliar al órgano electoral la presencia de Enrique Peña Nieto. Él goza ya de gran influencia en el tribunal federal, y requiere hacerla crecer en el IFE. Enrique Ochoa fue protagonista de los trámites (que incluyeron una cena en casa de la presidenta del TEPJF) para exonerar a Peña Nieto por difundir su imagen en todo el País.