Flores: mal lector, peor líder

Propongo ser comprensivos con el diputado priísta Víctor Flores Morales, líder de los ferrocarrileros. La noche en que fue medida su velocidad de lectura, cuando se supo que lee como si fuera un educando de cuarto grado de primaria: sólo 103 palabras por minuto, el tema en que intervino lo saca de sus casillas, lo pone “nervioso”, como decimos. En todo caso, ser mal lector no es su peor defecto. Los jubilados de su gremio, y aun sus dirigidos en la actualidad suelen quejarse de algunos de sus más acentuados defectos, que tienen que ver con su afición al dinero ajeno y su necesidad de ostentar lo que hace con él.

Reforma midió intervenciones de diputados durante la discusión del presupuesto federal, y encontró que los legisladores leen tartajosamente, como escolares. Ya cerca del alba del 16 de noviembre tocó a Francisco Hernández Juárez, líder telefonista, diputado en la fracción del PRD, uno de los presidentes de la Unión Nacional de Trabajadores, abordar el tema cuya reserva había pedido horas antes. Pretendía que el presupuesto incluyera una partida de 3,500 millones de pesos para mitigar los quebrantos del fideicomiso para los jubilados ferrocarrileros, pues de lo contrario ese fondo puede quedarse sin recursos el año próximo. Apenas esbozaba la idea cuando Flores Morales pidió la palabra, dizque para hacer una pregunta al orador, en realidad con la pretención de que no abordara ese tema, que juzga de su exclusiva incumbencia, aunque en los hechos no sólo no haya hecho nada para asegurar las pensiones de los jubilados sino al contrario, habría dispuesto de fondos que con el mismo propósito generaron los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México durante décadas, a partir de 1932 y hasta el aciago momento de la privatización ferroviaria, que se inició en 1997.

A pesar de su alegato, al que no tenía derecho pues ni siquiera se había formulado la iniciativa que haría Hernández Juárez, el dirigente de los telefonistas pudo completar su propuesta, que no obstante la delicadeza de sus términos fue desechada por mayoría. Ocurre que al ser vendidos los bienes de la empresa ferroviaria nacional, se dispuso la creación de un fideicomiso que asegurara la suerte de los jubilados, más de cincuenta y tres mil entonces. El fondo fue creado con trece mil quinientos millones de pesos, pero hoy cuenta con sólo seis mil, siendo que las obligaciones que debe enfrentar llegan a veintiún mil millones de pesos. El déficit de quince mil millones de pesos debe ser cubierto por el Estado, que garantizó al decretar la privatización el pago de las pensiones por jubilación. Hernández Juárez propuso, ya hemos dicho que sin éxito, que se dispusiera cubrir 3,500 millones de pesos para 2011 y siete pagos adicionales para cubrir el monto de las obligaciones.

Flores Morales lo increpó y, como cumple a su vocación zoológica, se trepó a la curul y desde allí alegó contra el líder antagónico. No es la primera vez que holla las butacas de la Cámara, pues no es la primera que se abordan allí cuestiones que lo ponen en entredicho y lo irritan. Es la tercera ocasión que llega a san Lázaro y cada vez ha roto el orden con sus malos modos. Pero no sólo eso: alguna vez amenazó directamente al diputado panista Javier Paz Zarza, quien dos días más tarde fue amagado en el estacionamiento de la Cámara por pistoleros enviados por el dirigente ferrocarrilero.

Aunque su curriculum asegura que es contador privado, Flores Morales no desempeñó nunca labores profesionales en esa rama en los FFCCNN. Era guardavía y pronto pudo dejar de trabajar porque se incorporó a la política sindical, primero en Veracruz, su tierra natal, en la sección 28, y luego en el ámbito nacional, a la sombra de su paisano Jorge Peralta, con quien fue ascendiendo en el escalafón sindical hasta ser elegido secretario nacional en 1995. Se mostró más que dispuesto, sometido en realidad, al plan privatizador del presidente Zedillo, una desastrosa operación que canceló el transporte ferroviario de pasajeros, medio de comunicación que prospera en los países civilizados, y entregó concesiones para el transporte de carga a tres empresas principales, propiedad de poderosos grupos económicos locales asociados a consorcios ferroviarias norteamericanas, como Kansas City Southern y Union Pacific Railroad. Este último es el aliado extranjero -del que Zedillo fue consejero- del Grupo México de la familia Larrea que, como el resto de los concesionarios está encantada con tener un sindicato encabezado por Flores.

Éste condicionó su apoyo a la privatización a la permanencia del sindicato (no de la totalidad del personal, en lo que fue sumamente flexible) y a la recontratación del personal por su conducto. Al efecto estableció 39 bolsas de trabajo (una en cada sección) que mediante una cuota extraoficial garantizó a un reducido número de trabajadores continuar en las nuevas empresas empleadoras.

Ese mecanismo fue muy lucrativo para Flores, pero al parecer lo fue más, salvo que se pruebe lo contrario, algo que no ha querido hacer, disponer de los fondos de la sociedad mutualista Previsión Obrera, cientos y quizá miles de millones que se diluyeron cuando el mecanismo previsor fue cancelado a la hora de la privatización. De cualquiera de esos orígenes -no de su propia pensión de 87 mil pesos mensuales, añadidos a su paga como líder- deriva la fortuna que ostenta: automóviles Mercedes Benz, Jaguar y Lincoln, y su casa en el puerto de donde es originario, de una manzana entera.

José Álvarez Icaza Manero

En la primera hora del viernes pasado se extinguió la fructífera vida de José Álvarez Icaza Manero, protagonista de movilizaciones y experiencias pioneras en la sociedad civil mexicana. Desde el Centro Nacional de Comunicación Social, que fue su creatura, promovió los derechos humanos en una época en que aun la denominación de esas prerrogativas de las personas sonaba sólo a remota referencia a las declaraciones universales de la Revolución Francesa y de la Organización de Naciones Unidas. Fue un activista social y político, impulsado por su fe cristiana, de la que nunca abjuró y a la que, en cambio, inyecto vivencias nuevas en su contacto con las necesidades del México profundo.

Nacido en la Ciudad de México en 1921, se formó en escuelas católicas y en la Nacional de Ingenieros de la UNAM. En los años 50 participó en la cimentación de varias edificaciones de la Ciudad Universitaria, como el Estadio Olímpico y la Facultad de Medicina. Al casarse con Luz María Longoria Gama, fundó una familia típica de la clase media acomodada, con un proyecto de vida en donde la consolidación de un patrimonio familiar era imperativa. Pero en el caso de esa joven pareja una combinación de espiritualidad y sociabilidad cristiana los condujo a participar en el naciente Movimiento Familiar Cristiano, una de las organizaciones del apostolado seglar con que la Iglesia católica buscaba revitalizarse. Se les eligió para presidir esa agrupación y años más tarde su federación latinoamericana.

Su liderazgo adquirió otra dimensión cuando el ingeniero Álvarez Icaza fue invitado como “auditor laico” al Concilio Vaticano II que, convocado por el Papa Juan XXIII y concluido por su sucesor Paulo VI, reunió en Roma a los 2 mil 500 obispos de entonces, en un ensayo de colegialidad y renovación que no maduró en las décadas siguientes, menos aún cuando en 1978 fue elegido el Papa Juan Pablo II, el Obispo de Cracovia con el que Álvarez Icaza departía en los recesos de las sesiones conciliares. La magna asamblea episcopal, sin embargo, no fue estéril. Entre sus frutos emitió un decreto sobre los medios de comunicación social, de donde derivó la instalación en cada país de un Centro Nacional de Comunicación Social que fue confiado en México a Álvarez Icaza.

Aunque el objetivo de dicho centro (Cencos) era abrir la comunicación eclesiástica a los medios informativos, inevitablemente se convirtió en foco de reverberación de inquietudes sociales que caracterizaron a los años 60 mexicanos. Cuando surgió la movilización universitaria en 1968 Cencos empezó a cumplir una nueva misión, abierta a la sociedad, que el Episcopado no compartió, por lo que dispuso su clausura. Álvarez Icaza consiguió darle vida propia, a partir de 1969. Y desde entonces todo aquel que tenía una protesta que formular, una denuncia que hacer, una necesidad de organización, o requería defensa frente al abuso, encontró un lugar, a menudo hasta como hospedería en el domicilio de Medellín 33, en la colonia Roma, donde hasta la fecha, con diversas modalidades se defienden y promueven derechos humanos, especialmente los vinculados con las libertades de información y de expresión. Tan preocupante era el activismo de Cencos, que el brutal jefe de la Policía Metropolitana Arturo Durazo, ordenó en 1977 un asalto a su domicilio. Se pretendió que privándolo de su infraestructura y sus archivos cesara su fecunda intervención en la vida sindical y en las luchas campesinas. Como se comprueba hasta la fecha, aquel designio resultó frustrado.

Al mismo tiempo, Álvarez Icaza se percató de que la defensa y promoción de los derechos civiles tenía una dimensión política que no era dable desatender. Se unió al Partido Mexicano de los Trabajadores, encabezado por el también ingeniero Heberto Castillo con quien formó una dupla eficaz en la dirección del agrupamiento y en la única bancada que formó en la Cámara de Diputados, entre 1985 y 1988. Previamente, en el ámbito del catolicismo social Álvarez Icaza había convocado en México a los Cristianos por el Socialismo, un movimiento de comunidades y clérigos que, lejos de practicar el anticomunismo que la Guerra Fría impuso a la Iglesia, supieron que era posible y aun necesario propugnar el socialismo con rostro humano, una corriente de pensamiento y acción que desde la vertiente eclesiástica se expresaba en la opción preferencial por los pobres.

Álvarez Icaza acompañó a Castillo en sus decisiones cruciales: la de fundir el PMT con el Partido Socialista Unificado de México, del que nació el Partido Mexicano Socialista, y la de de declinar su candidatura presidencial en 1988 y sumarse a la de Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero también. Asumió, por consecuencia la conversión del PMS en el PRD, con cuya membresía cerró su ciclo de militancia política.

En cada etapa de su vida, se diría que en cada momento, Álvarez Icaza superó la tara que suele frenar el vuelo del espíritu en una Iglesia mayoritaria situada por lo mismo en situación cómoda, más inclinada a compartir el poder o a ser bien tratada por él, que a cuestionarlo por su distancia con las exigencias populares. Podría decirse que experimentó una conversión hacia el cristianismo como fe encarnada en la esencial igualdad de las personas, a partir de un catolicismo rutinario, más de ritos externos que de convicción profunda, si es que así hubiera vivido su juventud y sus primeros años. Pero el modo en que él y Luz María formaron a sus hijos da fe de la honda y larga autenticidad de su credo.

Zacatecas de Monreal

El senador Ricardo Monreal pretendió que su hermano David, alcalde de Fresnillo, fuera el candidato del PRD en la elección de julio pasado, para suceder a la gobernadora Amalia García. Ella se opuso y ahora está empezando a pagar el costo político de rechazar las pretensiones del político fresnillense. Ha sido expuesta al escarnio público por presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas públicas estatales. Se busca desprestigiar a la ex dirigente nacional del PRD, enfrentada con escasa fuerza local a Monreal, a partir de clichés mentirosos, como el que toca a la carrera de su hija Claudia Corichi. Se acusa a la ex gobernadora de haberla llevado al Senado, siendo que la legisladora ganó conforme a las reglas perredistas su postulación en la lista de candidaturas plurinominales. Consiguió únicamente el lugar número diez, y sólo la fuerza de la candidatura de López Obrador le permitió llegar al Senado.

Uno de los efectos positivos de la alternancia de partidos en el poder es que se abran las cuentas del gobierno anterior. De modo que, en principio, la vuelta del PRI al gobierno zacatecano produciría ese efecto saludable para la democracia. Sólo que se tuerce por intereses facciosos esa consecuencia del relevo de partido en el gobierno estatal. Lo muestra la celeridad en realizar actos de revisión contable, que no auditorías. Anteayer miércoles se presentaron los resultados de 23 acciones fiscalizadoras, con premura que infringe la ley de transparencia local, pues no es lícito publicar como definitivos avances en el escrutinio que apenas está en curso.

El monrealismo, con el senador petista a la cabeza, es quien ha determinado esta ofensiva contra su antecesora. Esa corriente, y no el PRI, gobierna hoy en Zacatecas. Ninguna mejor prueba de ello que la biografía del joven gobernador Miguel Alonso Reyes, quien ha trabajado casi toda su vida adulta al lado de Monreal, dependiente de él. Abogado por la Universidad Panamericana, fue asesor del legislador Monreal, cuando ambos eran priístas. Monreal era senador cuando en 1995 Alonso Reyes comenzó su colaboración con él. Siguió en ese cargo cuando en 1997 su jefe transitó de Xicoténcatl a san Lázaro y, en su carácter de vicecoordinador jurídico de la bancada tricolor fue uno de los puntales del golpe de mano con que se buscó impedir que la oposición gobernara a la Cámara. Cuando Monreal se fue del PRI para ser candidato a gobernador del PRD, en un proceso impulsado por la propia Amalia García, Alonso Reyes se mudó también de partido y fue secretario privado del aspirante, Al triunfo de su jefe fue su secretario particular y desde esa posición saltó a la alcaldía zacatecana, a que lo llevó el PRD.

Monreal pretendió impedir que su aliada fuera su sucesora, y buscó que su secretario general de gobierno Tomás Torres fuera candidato hace seis años. Torres había emigrado del PRI al PRD, del que ayer mismo fue expulsado, pues se le achaca haber contribuido a la derrota del candidato perredista Antonio Mejía Haro y participar ahora en la incipiente denostación política a Amalia García. En un afán de eliminar sus diferencias con Monreal, la gobernadora designó a algunos fieles monrealistas como parte de su gabinete. Alonso Reyes fue uno de ellos. Inauguró la secretaría de Turismo, de la que salió para ser candidato perredista a diputado local. Ocupaba una curul cuando el monrealismo cambió de rumbo: el jefe de la tribu pasó al PT y Alonso Reyes se hizo perdonar por un PRI desguanzado y sujeto a la presión monrealista, que le perdonó su defección de años atrás y no lo readmitió solamente sino que lo hizo candidato a gobernador, que con el apoyo de Rodrigo Medina y Enrique Peña Nieto, entre otros gobernadores, triunfó sobre el PRD, sobre Amalia García y sobre Mejía Haro. Para hacer más evidente el carácter monrealista de la candidatura tricolor estuvo a punto de fraguar una coalición entre el PRI y el PT, impedida a última hora por la renuencia de Andrés Manuel López Obrador a las alianzas con el PAN y el antiguo partido hegemónico.

Monreal había dejado de ser vicecoordinador de la fracción perredista en el Senado y es ya coordinador del grupo petista, posición desde la que domina la política local, que incluye influencia determinante en el PRI. La clave de ese en apariencia raro entendimiento con el tricolor, su casa de origen, se llama Arturo Nahle, que tras el obligado periodo perredista volvió al PRI y es procurador de justicia del estado, a donde llegarán los señalamientos contra los funcionarios del sexenio anterior a los que se decida procesar, incluida la propia ex gobernadora. Nahle ha trabajo muy de cerca con Monreal y con Jesús Murillo Karam: fue secretario de gobierno de cada uno de ellos, y tras de ser diputado federal perredista, ha sido secretario técnico de la Comisión de estudios legislativos del Senado, que preside el ex gobernador de Hidalgo y secretario general del PRI.

La biografía de Guillermo Huizar, cuyo dedo flamígero ha buscado quemar a Amalia García, es semejante a las anteriores. Priísta, dejó de serlo para hacerse perredista y trabajar como secretario de finanzas de Monreal, para ser después diputado federal perredista. Luego, como su jefe, mudó de domicilio partidista, al PT, antes de ser contralor del gobierno estatal, previa su reinserción en el PRI zacatecano.

Amalia García es apoyada en este trance por Jesús Ortega, no por solidaridad sino porque su caso es ahora parte de la disputa entre Los chuchos y López Obrador.

Militarismo a 100 años de la Revolución

La Revolución maderista de 1910 triunfó en mayo siguiente al derrotar al Ejército federal en Ciudad Juárez, que un siglo después ha vuelto al dominio militar, de regreso las tropas al intento de hacer que impere la seguridad. Esa misma Revolución maderista, cuyo Centenario se recordó ayer, fue derrotada por un cuartelazo, encabezado por un general traidor, después de que otros altos jefes militares (Bernardo Reyes a la cabeza) se habían rebelado contra las instituciones.

Esa Revolución, por ende, incluyó el combate a la dominación castrense, que tuvo que ser disminuida por el propio proceso revolucionario. Y sin embargo, su primer siglo se ha festejado con signos de militarización, reforzados los que este Gobierno ha instaurado desde su comienzo en diciembre de 2006. Falto de apoyo político propio -ha dependido del que le otorga el PRI- y con su legitimidad cuestionada, el presidente Felipe Calderón se ha atenido a una estrecha relación con el poder militar, que si bien depende de él como comandante supremo, impone también sus reglas y visiones de la vida nacional.

Ayer mismo, el tradicional desfile deportivo fue sustituido por uno de carácter castrense, y postergado para el próximo sábado. Desde hace décadas había quedado establecido que el Ejército, la fuerza aérea, la Marina se mostraran en las calles de la Ciudad de México y las principales ciudades el 16 de septiembre, y que el 20 de noviembre esos espacios fueran ocupados por deportistas. Este año, en cambio, hubo dos desfiles militares, amén de otros festivales del mismo carácter. Es el signo de los tiempos. Se trata de mostrar a los ciudadanos comunes el poderío de las fuerzas armadas, para mantener la buena imagen que la población tiene de ellas, constante a pesar de las innumerables infracciones a la ley y las ya no escasas violaciones a los derechos humanos que no pocos de sus miembros cometen en sus dudosas funciones de seguridad pública.

En la misma línea, apenas el jueves el Ejecutivo presentó al Senado una iniciativa para militarizar al Ejército, si cabe la expresión. Se trata de un proyecto de reformas a la Ley orgánica del Ejército y de la Fuerza aérea, y a la ley de ascensos y recompensas de ambos agrupamientos cuyo propósito es que el secretario de la Defensa Nacional -no el Presidente sino el militar de más alta graduación- disponga del personal que presta servicios administrativos y profesionales para integrarlos al combate al crimen organizado.
 Actualmente, el 40% de los poco más de 200 mil efectivos que dependen de la Sedena se dedica a labores de administración (intendencia se les llama en el habla militar) y a tareas profesionales: son médicos e ingenieros principalmente, así como técnicos en diversas ramas, formados en establecimientos militares pero sólo en las disciplinas de su especialidad y no propiamente en el uso de armas. El mecanismo que se busca agilizar mediante la reforma es la reclasificación; es decir, la adscripción de los miembros del Ejército y la Fuerza aérea a un servicio o arma distintos del originario. (Armas se llama en términos militares no sólo a los instrumentos de ataque y defensa en cuyo manejo se busca que sean expertos, sino a las ramas en que se divide la corporación; son tres: Infantería, Caballería y Artillería).

Aunque se trata de una medición gubernamental, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son de tener en cuenta los datos que arroja la séptima encuesta nacional sobre inseguridad. La Marina fue calificada con 8.3 en la escala de uno a diez, y goza de la confianza de 55% de los entrevistados, si bien una proporción mucho menor, 43.3% reconoce eficacia en su desempeño. El Ejército, a su vez, está levemente por debajo de esos indicadores: tiene una calificación de 8.1, la confianza de 52.5 y aprobación por su desempeño de 41.1%. (La Policía Federal, sin embargo, que en buena medida ha sido hija de las instituciones castrenses, y cuya madurez permitiría el regreso de los militares y marinos a sus cuarteles, está muy mal situada ante la opinión pública: su calificación es apenas aprobatoria: 6.8%, confían en ella sólo una cuarta parte de la población encuestada (24.6%) y sólo el 15.1% tiene por eficiente su desempeño.

La imagen militar palidece en los sitios donde se instalan militares en funciones de seguridad pública: apenas el viernes 12 acamparon doscientos efectivos militares en el municipio guerrerense de Heliodoro Castillo, y ya menudean las denuncias en su contra: “a un vecino le quitaron veinte mil pesos y a otro las alhajas de su esposa. Toda la gente se siente aterrorizada por la intempestiva llegada de los militares, que patrullan apuntando sus armas a los residentes y en las casas que señala su aparato detector tumban las puertas para efectuar revisiones”, dicen denunciantes la Comisión Estatal de Derechos Humanos y aun ante el mando de la 35ª. Zona Militar (La Jornada, 16 de noviembre).

El domingo 14, según reportó al día siguiente la Secretaría de la Defensa Nacional, “dos civiles fallecen al intentar evadir un puesto de control de un grupo de operación mixto”. La comandancia de la 30ª Zona Militar informó que a la una de la mañana del domingo “en un puesto de control en el municipio de Jalpa de Méndez, Tab., establecido por el Grupo de Operación Mixta Tabasco, se le marcó el alto a una camioneta marca Ford Expedition, con placas de circulación WPD 8248 del estado de Tabasco con dos civiles a bordo, quienes intentaron evadir el citado puesto de control, por lo que personal de la Secretaría de Marina/ Armada de México integrante del citado grupo accionó sus armas de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos los dos tripulantes del vehículo civil, quienes fueron identificados como Víctor Manuel Chan Javier, de 21 años de edad, (y) Ramón Pérez Román, de 23 años de edad.

“En el interior del vehículo se aseguró una pistola escuadra cal 380 mm, un cargador para la citada pistola, dos cartuchos útiles del mismo calibre y un casquillo percutido cal 380 mm”.

Como ha ocurrido en episodios similares en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, la versión militar parece no corresponder a los hechos. A pedido de la Procuraduría de Justicia de Tabasco, la General de la República atrajo ya la averiguación del caso y tiene a su disposición a los 14 miembros de corporaciones estatales presentes en la operación (seis agentes ministeriales, seis de seguridad estatal, dos policías de caminos locales). No ocurre lo mismo con los diez miembros del Ejército, siete de la Marina y dos de la Policía Federal. Es que los deudos de las víctimas sostienen que sus hijos no estaban armados y se dedicaban al comercio legítimo. El gobernador Andrés Granier avaló esos dichos, asegurando que los muchachos asesinados pertenecían a “familias honorables”.

En casos semejantes el Ejército ha montado escenarios para esconder la atrabiliaria acción de algunos de sus miembros, y cuando admite que se cometieron delitos, consigue que el Ministerio Público Militar lleve ante la justicia castrense a los presuntos responsables, aunque las víctimas sean civiles. Por ello, y para impedir la impunidad de los uniformados que delinquen, avanza una corriente humanitaria, de organismos mexicanos y extranjeros, para que la justicia civil procese a los militares en esos trances. La Corte interamericana de derechos humanos ha emitido ya dos sentencias contra el Estado mexicano por acciones de ese género, pero el Gobierno de Calderón se mostró parco en el cumplimiento de la reforma legal a que lo insta el fallo de la justicia internacional, y que está congelada en el Senado.

Digamos, en fin, que la estructura de mando de la Sedena está en manos de un grupo ejemplificado en el ahora general de división Augusto Moisés García Ochoa, cuyo ascenso al máximo rango fue anunciado el jueves. Dirigió el Centro de inteligencia antinarcóticos nacional, dependiente del secretario Enrique Cervantes Aguirre; fue secretario particular del secretario Clemente Ricardo Vega García y es director general de administración (la poderosa oficina que controla las adquisiciones), bajo el general Guillermo Galván, que gestionó con diputados 13 mil millones de pesos para integrar 18 nuevos batallones de infantería, aunque a última hora los rechazó.

Colima

Cuando en 1979 José López Portillo resolvió que la poetisa y maestra Griselda Álvarez fuera Gobernadora de Colima, una de las razones de su decisión, adoptada con criterio machista, fue que ese estado era suficientemente apacible y calmo como para ser gobernado por una mujer, la primera que ejerció el Poder Ejecutivo estatal en la República.

En los dos decenios posteriores, la tranquilidad de los colimenses se vio paulatinamente disminuida. El ejercicio y la búsqueda del poder político se agitaron en términos inusuales, no sólo porque la oposición casi inexistente adquirió presencia y alcanzó victorias impensables, sino porque el PRI se fracturó o se hicieron evidentes y virulentas las diferencias entre los grupos que dominaban el partido gubernamental. Por añadidura, la delincuencia organizada descubrió el potencial de esa entidad para producir y procesar drogas, y el de Manzanillo en particular como vía de ingreso y salida de toda suerte de efectos del comercio no ilegal.

Esos fenómenos llegaron a puntos culminantes en la primera década del Siglo XXI. En 2003 concluyó el sexenio de Fernando Moreno Peña, cabeza del Grupo Universidad, que había sido rector de esa institución y conseguido lo que otros caciques universitarios en otras entidades no lograron nunca alcanzar, el dominio de la política estatal. Tanto estaba Moreno Peña en el control de la vida gubernamental que no se cuidó de disimular su apoyo a Gustavo Vázquez Montes, elegido por él como su sucesor. Lo impulsó en el proceso interno de su partido, contra su antiguo jefe y aliado, Jorge Humberto Silva Ochoa, lo que significó la extinción del Grupo Universidad, y con mayor énfasis después, en la elección constitucional, frente a una alianza opositora. Tan notoria fue la injerencia del Ejecutivo en el proceso correspondiente, prevista y sancionada en el artículo 59 de la Constitución local, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal anuló la elección. Esa grave decisión no inhibió a Moreno Peña, que insistió en hacer candidato a Vázquez Montes. Ya como ex Gobernador encabezó el mitin en que por segunda vez rindió protesta el aspirante priísta e hizo campaña a su lado, tan intensamente como si fuera la propia.

En esa coyuntura asomó sus fauces el monstruo de la violencia política, si bien entonces únicamente de manera simbólica: ante el edificio de la Legislatura local fueron arrojados los cuerpos de tres perros, muertos con un balazo en la cabeza. Cada uno ostentó un letrero, con el nombre del propio Moreno Peña y los de Vázquez Montes y Antonio Sam López, ex procurador estatal de Justicia. Moreno Peña acusó el golpe, y lo interpretó como una amenaza y una agresión “de la mafia” a sí mismo y a su esposa, Hilda Cevallos, legisladora local entonces y hoy diputada federal.

Vázquez Montes fue elegido por segunda vez, pero perdió la vida en un accidente aéreo, junto con varios de sus colaboradores, en un episodio cuya naturaleza nadie cuestionó de modo formal pero que despertó la incredulidad desinformada, misma opaca sensación que reapareció el domingo pasado cuando se trató de vincular aquella muerte con el asesinato de Silverio Cavazos.

Cavazos había tenido una brevísima trayectoria pública, defensor de oficio en su natal Tecomán, también allí fue líder municipal del PRI y Secretario del Ayuntamiento, cargos ambos a que lo impulsó Vázquez Montes, También lo apoyó para que fuera diputado local, circunstancia en que se hallaba a la muerte de su protector. Inesperadamente resultó elegido para concluir el periodo del Gobernador extinto. La misma sorpresiva capacidad que tuvo para hacerse del poder la mostró al imponer, contra la manifiesta voluntad de Beatriz Paredes, a su sucesor. A Mario Anguiano, que llamó “nuestra amiga” a la dirigente nacional priísta, este lunes, en el funeral de Cavazos, se le atribuían, como a Cavazos mismo, vínculos con el narcotráfico, sólo porque parientes suyos habían estado o están procesados por delitos contra la salud.

Anguiano autorizó a la viuda de su amigo, la licenciada Idalia González, a decir un discurso en la porción del sepelio que tuvo lugar en la sede priísta, luego de la ceremonia luctuosa en el Palacio de Gobierno y antes de que se rindiera homenaje a Cavazos en la Cámara a la que perteneció. Con expresiones comprensiblemente entrecortadas, la señora Cavazos se dolió de la permanente crítica padecida por su esposo y ella misma durante su Gobierno y en los 13 meses corridos desde que concluyó su periodo. Dos veces aludió al “licenciado Fernando”, sin tener que pronunciar el nombre completo de Moreno Peña, y mencionó también al diputado local Nicolás Contreras, a los panistas Raymundo González, líder estatal de ese partido, y Leoncio Morán, antagonista de su marido en la elección de 2005 y hoy diputado federal, así como a los directores del Diario de Colima, Héctor Sánchez de la Madrid y Armando Martínez de la Rosa. No sugirió en modo alguno que tuvieran relación con el asesinato de su esposo, ocurrido 24 horas antes. Pareció ser solamente un desahogo movido por el dolor, como lo pareció también el innecesario relato de los últimos minutos de su vida familiar, en que ella reprochó a la inminente víctima el que la despertara tan temprano en domingo con la radio a volumen muy alto. Del relato de esos momentos, sin embargo, se desprende una versión distinta de la oficial sobre el instante en que Cavazos fue ultimado. Según su viuda, estaba dentro de la casa cuando se produjo “una ráfaga de balazos”.

Edomex: López Obrador avanza

Aunque no necesariamente se reflejará en su provecho en la elección constitucional, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México ha conseguido poner en jaque al PRD, y probablemente consiguió ya imposibilitar la alianza de ese partido con Acción Nacional en el proceso que culminará en julio próximo.   Miembros del Movimiento por el Cambio Verdadero, la iniciativa de López Obrador en esa entidad, emitieron el jueves pasado una comunicación en que avisan haber decidido “promover a Yeidckol Polevnsky Gurwitz como aspirante de este movimiento social y político para que en su momento procesal legal los partidos políticos pertenecientes al mismo, resuelvan sea considerada como candidata al Gobierno del Estado de México”. Aunque firman a título personal, los nombres de los senadores Alberto Anaya y Luis Walton como signatarios de este pronunciamiento, indican que la senadora Polevnsky será apoyada por el PT y Convergencia en la próxima contienda electoral. Más todavía, y en ello consiste el éxito de esta operación de López Obrador, aparecen también como firmantes miembros distinguidos del PRD, algunos de ellos precandidatos a la Gubernatura, que ponen “por encima de nuestros intereses personales el proyecto nacional de transformación de México que, imprescindiblemente pasa por la elección del Estado (de) México”. Son esos firmantes, entre otros, Horacio Duarte, Higinio Martínez, Reynaldo Rosas, Domitilo Posadas, Rosendo Marín. Son integrantes de corrientes de relieve en el Estado de México, como el Grupo de Acción Política e Izquierda Democrática Nacional. La importancia de su participación en este lance crece si se considera que una y otra mantuvieron alianza con Nueva Izquierda, la corriente de Jesús Ortega, que promueve la alianza con el PAN. La candidatura de Yeidckol Polevnsky y el apoyo de esos perredistas coloca en un predicamento a Ortega y a Luis Sánchez, el líder perredista mexiquense, empeñados en la coalición con el partido blanquiazul. Les será muy difícil, aun si previamente se pactara la alianza, hacer que su partido apoye a un candidato ya no digamos panista sino a un ciudadano sin partido, mientras que la alternativa sea postular a una militante del PRD que ha participado ya en dos procesos electorales con la bandera de ese partido, y actualmente es miembro de la bancada perredista en Xicoténcatl. Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de 2002 a 2004, Yeidckol Polevnsky interrumpió su carrera empresarial para ser candidata del PRD y del PT a la Gubernatura mexiquense, en 2005. Ocupó la tercera posición, muy lejos de la primera, fabricada a golpes de dinero y televisión a favor de Enrique Peña Nieto, pero cerca de la del candidato panista (apoyado entonces también por Convergencia), Rubén Mendoza Ayala. El aspirante priísta, sostenido por su tío el gobernador Arturo Montiel (que gastó carretadas de dinero en promover a su criatura y de paso su propia aspiración presidencial) obtuvo el 47.8% de los votos (1’801,530 en números absolutos), mientras que el del PAN (que se fue de su partido posteriormente) llegó a 936, 615, el 24.7%, sólo tres décimas por arriba de Yeidckol Polevnsky, que alcanzó 24.3% (918,347). Esos resultados han alentado la percepción de que el PRI puede ser vencido únicamente mediante la alianza del PAN y del PRD, pues la suma de los votos de ambos partidos hace cinco años sobrepasa la votación priísta (si bien es de reconocerse que una coalición no acumula mecánicamente los efectivos electorales de los aliados). Pero López Obrador, adverso a todo trato con Acción Nacional, supone que es posible el triunfo de una coalición que excluya al PAN y aun al PRD si éste perseverara en escoger como aliado al blanquiazul y no al PT y Convergencia, con los que ya ha librado varias batallas conjuntamente. No he visto que lo haga, pero López Obrador puede aducir a favor de su tesis los resultados de la elección senatorial de 2006. Es claro que entonces la gran fuerza del propio candidato presidencial modeló los resultados locales en un gran número de entidades. Pero en el Estado de México la fórmula apoyada por PRD, PT y Convergencia, con la propia Yeidckol Polevnsky en fórmula con Héctor Miguel Bautista venció ampliamente a sus antagonistas: La Coalición Por el Bien de Todos obtuvo casi dos millones y medio de votos (2’462, 614 exactamente), contra 1’766,443 del PAN (por lo que Ulises Ramírez es senador de minoría), y 1’029, 038 de la coalición del PRI y el Verde. Las cifras de 2005 y de 2006 probablemente quieren decir que la fuerza de López Obrador hace la diferencia. Es cierto que en el País el apoyo popular al ex candidato presidencial (y el Estado de México no es la excepción), se ha abatido de manera considerable. Pero también lo es que, al haber tomado a pecho la sucesión en esa entidad, y al aplicarse a recorridos puntuales por su territorio, conforme a la estrategia que pese a todo lo hace el mayor dirigente social en este momento, el ex líder perredista puede incidir de manera determinante en el resultado electoral. Por lo pronto, el pronunciamiento a favor de la senadora Polevnsky, a todas luces la candidata de López Obrador, puede tener eficacia interna en el PRD, que aún no ha consumado su alianza con el PAN y queda colocado en una difícil posición, de contender contra una sobresaliente militante suya, que cuenta con el apoyo de significados líderes regionales. Ya veremos. SÍGUENOS EN:

Cavilaciones presupuestales

La discusión del presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de diputados es juego de artificio. Como corresponde a un régimen presidencialista, el plan de gasto preparado por el Ejecutivo regirá las erogaciones federales. El 98% del proyecto presentado el 8 de septiembre, conforme a la ley, quedó intacto. Si algún rumbo tiene el presupuesto, lo fijó el Presidente de la República: de los tres billones 439 mil millones de pesos propuestos y acordados, los diputados sólo reasignaron menos de 100 mil millones de pesos. A esa cantidad, enorme en sí misma, pero mínima comparada con el total, se aplicó la discusión pública, tanto en comisiones como en el Pleno.

 

Antes era peor. Hasta el fin del régimen príísta, los legisladores discutían mociones para agrandar, achicar, modificar en general partidas del presupuesto. Pero el documento elaborado en la Secretaría de Hacienda, y en un breve lapso en la ya desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, transitaba prácticamente sin cambios hasta su promulgación por el propio Ejecutivo que lo había enviado.

El debate, ahora, no toca los ejes fundamentales de la política de gasto público propuesta por el Ejecutivo, que puede ufanarse, como lo hizo, de contar con la colaboración de la Cámara. La Presidencia no puede alegar que sufre obstrucciones parlamentarias: en lo general el presupuesto fue aprobado, una hora antes de que feneciera el plazo formal para ese efecto, el lunes 15, por 454 votos, y con sólo 13 votos en contra y tres abstenciones. La oposición se concentró en algunos diputados del Partido del Trabajo (los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador) y nada más.

Casi un centenar de diputados reservó para su discusión en lo particular algún artículo o algún punto de los anexos, donde se estipulan a detalle las partidas. Las objeciones y propuestas fueron en general rechazadas por el Pleno, con votaciones no tan contundentes como la que aprobó el documento en lo general, pero sin poner en riesgo el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por unanimidad de los partidos en ella representados.

Tan estéril era el intento de discusión, en la madrugada del martes 16 (en que continuaba la sesión fechada el día anterior, último para aprobar el documento), que por ello o por fatiga, o por percepción del cansancio ajeno, uno a uno los oradores que se habían anotado para conseguir asignaciones distintas de las acordadas en el dictamen declinaron participar. Sólo unos pocos perseveraron y casi ninguno de ellos alcanzó el objetivo que se había trazado.

En suma: el presupuesto que regirá el año próximo casi no tiene huella legislativa. El Presidente lo propuso y el Ejecutivo ganó la aparente batalla legislativa. De distintas maneras, en diversos momentos, los diputados abdicaron de su posibilidad de influir decisivamente en el gasto público. Por lo tanto, el plan correspondiente es rutinario, para salir del paso, como corresponde a un Gobierno sin rumbo que se limita a administrar la crisis en espera de que el tiempo haga su labor.

El proyecto presidencial aprobado por los diputados (corresponsables por ello de los defectos del presupuesto) prolongó la inercia de erogaciones cada vez mayores con magros resultados. No hay correspondencia entre el volumen del gasto y la modificación de realidades, que debería ser el efecto si los egresos tuvieran una dirección impresa por la voluntad de cambio. El presupuesto es cada año mayor pero su ejercicio, con frecuencia tardío e ineficaz, no se refleja en el crecimiento del mercado interno, único modo de aminorar las desigualdades por la creación de empleo e incremento del consumo.

El presupuesto alienta el dispendio y la voracidad de algunos destinatarios del gasto público, La burocracia crece sin cesar, especialmente en los altos niveles, a los que se aplica una política salarial onerosa en sí misma e insultante comparada con las remuneraciones al trabajo en general. Un proyecto de gasto que buscara una modificación estructural aunque fuera de proporciones mínimas se habría atrevido a proponer una severa disminución de los sueldos y prestaciones del Presidente y sus colaboradores de primer nivel, por lo menos, para la cual bastaría la voluntad del Ejecutivo; y también, mediante la negociación respectiva, en los otros poderes y en los órganos constitucionales autónomos.

Pero el Presidente comienza por consentirse a sí mismo y al personal que de él depende. Su remuneración en términos reales, conforme a su propio deseo pues formalmente es el autor del proyecto enviado al Legislativo, se incrementa año con año. No siempre se procede así incrementando directamente el salario, sino aumentando los montos en prestaciones o creando nuevos rubros, como el de “pago por riesgo”. No es una retribución exclusiva de la figura presidencial, sino que se concede a funcionarios con responsabilidades en materia de seguridad. La del Ejecutivo importará el año próximo 813 mil 827 pesos, lo que implica un aumento de 18% respecto del actual ejercicio.

¿Es que ha aumentado el riesgo de encabezar la estrategia contra el crimen organizado? ¿Con qué instrumentos se ha medido ese incremento y se lo ha traducido a pesos y centavos? Es el propio Presidente de la República el que debería dar respuesta a estas preguntas porque, hay que insistir en ello, él se adjudica sin rubores diversas alzas en sus percepciones, sin que los diputados le disputen ese privilegio.

Peor que hace dos años

Esta columna apareció, tal cual, el 20 de noviembre de 2008. Compararla con lo que podría escribirse hoy revela dramáticamente el deterioro de Chihuahua.

Puede afirmarse, con apenas un ápice de exageración, que no hay ciudad o villorrio, fraccionamiento de lujo o abandonado centro de población ejidal, camino de herradura o moderna autopista, terreno labrantío o parque industrial en todo México sobre los cuales no haya soplado el viento negro de la violencia criminal. Sus destructores efectos, sin embargo, se concentran de modo inequívoco en media docena de entidades: Chihuahua, Baja California, Sinaloa, México, Tamaulipas, Michoacán. Y como si obedeciera a un calendario explícito, la acción delincuencial se intensifica de pronto en algunas de ellas, obligando a que la consternada mirada nacional se detenga con mayor atención en el norte, en la costa del Pacífico, en el centro del País, alternativa o simultáneamente.

Ahora es el turno de Chihuahua. Decir ahora es comprender un prolongado lapso, así se considere apenas el tiempo reciente. Al comienzo de este año el Gobierno federal organizó el Operativo Conjunto que lleva el nombre de ese estado, como respuesta a la atemorizada sociedad chihuahuense que ve hervir en torno suyo una marea (no unas ola, sino una furiosa sucesión de ellas) de criminalidad que no conoce límites. De entonces a esta parte la efervescencia criminal alcanza cotas cada vez más altas, al grado de colocar a Chihuahua en el penoso primer lugar en esta materia. En su territorio ha muerto uno de cada cuatro de los casi cinco mil ejecutados por la brutalidad delincuencial en este año.

La semana pasada ese bravío estado, esa porción señera de nuestra geografía histórica padeció días terribles, sufridos sobre todo en la atribulada Ciudad Juárez, marcada desde tiempo atrás por el horror de los feminicidios atroces y sin castigo, y convertida por si ese tósigo fuera poco, en cada vez más ancho campo de toda suerte de abusos criminales. El martes 11 se esparció por la red, y tuvo severos efectos sobre el ánimo social, el rumor de un presunto ataque de bandas del narcotráfico en toda la ciudad. Había motivo para no soslayar ese falso aviso, surgido no se sabe de dónde: los comandos armados se desplazan con naturalidad por Ciudad Juárez y otras poblaciones chihuahuenses (recuérdese la matanza de Creel, apenas en agosto) incluida la capital estatal, donde un piquete de asesinos ultimó a 11 clientes de un bar exactamente un mes atrás del rumor que dejó a buena parte de los juarenses resguardados en sus casas, presos en ellas como debían estarlo en penales de verdadera alta seguridad los matones que andan sueltos.

No se cumplió el rumor sobre la violencia generalizada aunque no faltaron sus manifestaciones cotidianas: tres ejecutados, y un cadáver arrojado frente a un edificio escolar. El miércoles 12, instalaciones de la Universidad Autónoma de Chihuahua fueron desalojadas por el Ejército ante una amenaza de bomba y la alerta se encendió con tal intensidad que la procuradora de Justicia Patricia González dejó para después presentarse ante el Congreso local. El jueves 13, a las puertas de su casa, de donde se disponía a salir para llevar a sus hijos a la escuela fue ultimado el reportero de policía de El Diario, José Armando Rodríguez Carreón, motejado como Choco. Fue comprensible, a partir de asesinato, que las violentas jornadas del sábado y domingo siguientes (en que sólo en Juárez fueron asesinados seis personas más, incluido un comandante de la Policía Ministerial con sede en esa ciudad) fueran difundidas con desánimo y temor por los periodistas juarenses: “una cosa cubrir la nota y otra es ser la nota”, explicó con sencillez un fotógrafo aparecido en el programa de Denise Maerker, anteanoche.

El asesinato de Rodríguez Carreón sacudió a la prensa local, por el gravísimo hecho en sí mismo y porque el reportero de El Diario había sido objeto de amenazas al igual que otros informadores de la ciudad. Los compañeros del diarista asesinado, que fue periodista por dos décadas, hicieron publicar una dolida e indignada carta el Presidente de la República, a quien reprochan la “cantaleta oficial” de que “las condiciones particulares de violencia que hemos venido afrontando los fronterizos en el transcurso de este año no son más que una guerra intestina entre bandas de sicarios”. Esa es, afirman contundentes, “una ridícula mentira frente a la realidad insoslayable del cuadro general de terror que cada día tenemos que sortear los ciudadanos de todos los sectores y todos los niveles”.

Los reporteros agregan, informados: “La violencia que abate a Ciudad Juárez ha desbordado desde hace mucho tiempo cualquier clasificación de ser una confrontación entre bandas de criminales para establecerse en la vida cotidiana de esta frontera, asolada y desolada, víctima del asesinato, fuera de límites impensados que ha arrastrado consigo a numerosos inocentes; torturada por la multiplicación del delito común que carcome patrimonios, destruye vidas y familias, ahuyenta ciudadanos; mártir de la extorsión que ya no sólo se enfoca hacia grandes, medianos y pequeños empresarios, sino hasta a los alumnos y maestros de las escuelas y empleados de las dependencias y negocios”

En tono semejante, el editorial de El Diario insiste en que el asesinato de Armando Rodríguez resulta de la “inseguridad impune que socava los cimientos de una ciudad que prácticamente vive al margen de la justicia, al arbitrio de quienes, en los hechos, se han erigido en los que imponen su propia ley, que la de las balas y terror”.

!Ay, Chihuahua!

Opaca opción para Mexicana

¿A santo de qué, a qué título participan los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo en la decisión de revivir a Mexicana, inclinados a una opción que ha sido ya rechazada por dos sindicatos -el de pilotos y el de empleados de tierra- y genera reparos en un tercero (el de sobrecargos)?

Cuando Mexicana decidió acogerse al concurso mercantil (forma moderna de la suspensión de pagos) y dejar de volar, con lo que deliberadamente empeoró su situación pues dejó de generar ingresos y acrecentó sus pasivos, la Secretaría de Comunicaciones debió requisar la empresa, para asegurar la continuidad del servicio público concesionado a la casi fallida aerolínea, y no lo hizo. No se trataba de un rescate al modo en que esa empresa y otras del sector aéreo han sido beneficiadas en el pasado, sino de la aplicación de una norma administrativa para la cual está capacitada legalmente esa dependencia.

En contraste con su omisión en el ámbito que le es propio, la SCT, su titular Juan Molinar Horcasitas en particular, se ha mostrado activo en decidir cuál de las entidades financieras que han mostrado interés en adquirir la concesión que Mexicana puede obtenerla. No se trata de una licitación en que competa a un órgano del Estado resolver cuál postura garantiza un mejor precio o una mejor prestación de un servicio. Se trata de una operación entre particulares, regulada por el derecho mercantil en que, si acaso hay espacio para que la SCT intervenga es para cuidar que se atiendan las restricciones legales en materia de inversión extranjera.

Mexicana está por ahora sujeta a la ley de concursos mercantiles, dejada en el aire (paradójicamente, pues en realidad la dejaron en tierra) por sus accionistas. Su gestión está a cargo de un administrador provisional, y su suerte jurídica depende del conciliador, figura jurídica establecida en la mencionada ley de concursos mercantiles, cuya obligación consiste en enlistar a los acreedores y fijar el orden de prioridades para el pago de los adeudos de la empresa sometida a ese procedimiento de la legislación de comercio. No se ve en qué medida tengan capacidad para resolver quién ha de ocuparse de los pasivos de la aerolínea llevada a la ruina deliberadamente por el grupo que la compró al Gobierno en 2005 y que la regaló a nuevos accionistas que no hicieron en breve término más que empeorar la situación de la empresa, al grado de asestarle la puntilla, como se hace y dice en la tauromaquia.

No sólo eso: dichos administrador y conciliador solicitaron oficiosamente que las secretarías de Comunicaciones y de Trabajo avalaran su propia propuesta que, si cabe entre sus facultades, debieron asumir con autonomía. Debieron hacerlo así teniendo en cuenta que por lo menos respecto de PC Capital, financiera escogida para recibir la ganga en que se convirtió Mexicana, fue presentada a la SCT por el Secretario del Trabajo, quien actuaría así como gestor de negocios privados.

El titular del Trabajo cumple en esa función también de otra manera, abogando ante los sindicatos por esa empresa, lo que ha ocasionado la inconformidad de las otras interesadas, TG Group y BMC Financial Investments. Si bien Javier Lozano admite -no podría ser de otra manera- que son las agrupaciones sindicales las que han de resolver si aceptan las condiciones de PC Capital, es llamativa su intimación a que resuelvan ya, escogiendo entre la oferta de esa financiera o la quiebra de Mexicana.

De las tres opciones, la que más castiga el interés de los trabajadores es la escogida por las autoridades que oficiosamente intervienen en el caso y por el administrador y el conciliador, cuyas funciones no incluyen revisar la composición del capital de la empresa que atienden en esta emergencia. PC Capital pretende reducir severamente el personal, pues su propósito es achicar la empresa: de 1,154 pilotos sólo serían recontratados 242, y de 1,724 sobrecargos permanecerían 375, ya que sólo estarían en operación veintinueve aeronaves. La reducción sería de 65%.

Si el dilema de planteara exclusivamente en esos términos: la propuesta de PC Capital o la quiebra, los sindicatos acaso optaran por rescatar de lo perdido lo que aparezca. Pero hay otras posibilidades, que además son mejores. Las otras financieras interesadas están dispuestas a un recorte de personal de mucho menor proporción que el de la oferta escogida. BMC capital se queja de que no ha sido notificada por la SCT de las razones por las cuales se eligió a PC Capital, siendo que se propone tener en vuelo 59 aviones (treinta más que los de la opción escogida. Y recontrataría 80% del personal.

Investido de autoridad aeronáutica, el Secretario del Trabajo ha dicho que es inviable la oferta de más aviones y más personal. Un verdadero experto, en cambio, pone en duda la viabilidad del ofrecimiento de PC Capital: con los 150 millones de dólares que aportará esa empresa, “existe el riesgo de que después de seis meses tenga problemas de flujo de caja”, dijo Bart Pattyn, presidente para América Latina de Coface, aseguradora de riesgo empresarial y experto en aviación. (Reforma, 12 de noviembre).

Por si faltaran opacidades en este procedimiento, he aquí una más: las tres empresas interesadas son financieras, que acaso obran por cuenta de terceros pues ellas no se dedican a la aviación. Sólo una persona con experiencia en el ramo aparece en este escenario: PC Capital es representada por Arturo Barahona, que ya fue ejecutivo de Mexicana, bajo Gastón Azcárraga.