De coalición a coalición.

Es preciso eliminar la confusión posible entre una coalición electoral, figura jurídica ya existente en nuestro derecho, y la propuesta en curso de integrar gobiernos de coalición. Ambas, por supuesto, demandan la integración de voluntades partidarias. Pero su propósito es diferente. En la alianza electoral se trata de triunfar en comicios, y si bien suele pactarse un programa de Gobierno, de que se le incumpla no necesariamente se siguen consecuencias para la gobernabilidad. Es conveniente hablar de esa primera significación, porque aunque sean pocos y luzcan trasnochados, aún hay quienes hablan de la unión de PAN y el PRD para evitar la victoria priísta el año próximo. Pero no es tal coalición de la que hablamos ahora, sino de una reforma constitucional iniciada por el senador Manlio Fabio Beltrones para introducir el Gobierno de coalición, que puede configurarse aun entre partidos que hayan contendido abiertamente en las elecciones previas.

El fin principal de esta innovación es garantizar los acuerdos entre partidos conforme a programas y responsabilidades compartidas. También se procura evitar los intentos casuísticos de consenso, que se cumplen parcialmente y por lo mismo suelen fracasar, amén de que generan entre las partes incriminaciones. Acuerdos a medias, o desacuerdos francos dejan un pozo de resentimiento entre los ciudadanos, una sensación de que la democracia práctica, la que conduce a resultados, es imposible.

No son esas necesariamente las bases de que parte la iniciativa de Beltrones pero sí sus consecuencias. Nadie es tan ingenuo para ignorar que el dirigente senatorial camina en dos sendas cuya meta es la Presidencia de la República. Lo hace con andar acompasado. Presentó el 14 de septiembre el proyecto de reforma constitucional de que hablamos y lo ha ido rodeando de apoyos, procedentes de partidos y personas entre los cuales la iniciativa se aprecia en sus propios méritos. Consiguió el apoyo de los líderes de las fracciones a las que, como presidente de la Junta de coordinación política o de la mesa directiva del Senado ha encabezado por más de cuatro años. Es menos afortunada la suerte de su proyecto en la Cámara de Diputados, donde proliferan los partidarios de Enrique Peña Nieto, capaces de ver sólo pasos de Beltrones hacia la candidatura presidencial y no el empuje de un dirigente legislativo que, amén de su destino personal, se halla en la ocasión de echar adelante reformas estructurales que favorezcan el desarrollo y la democracia.

Con suertes distintas, Beltrones ha impulsado reformas constitucionales de enorme alcance o que quedaron como meras trochas que hay que despejar para transitar sobre ellas. La reforma constitucional en materia electoral transformó a profundidad el sistema de medios de comunicación en esa materia. Si bien sus habilidades políticas y un adecuado ejercicio de la oportunidad le evitó pagar el alto costo de un conjunto de medidas que aún lastiman a profundidad a los concesionarios de radio y televisión, lo cierto es que tuvo el valor y la audacia para hacer saber a los dueños de esos poderes fácticos, que es posible enfrentar desde los poderes institucionales que no son, como algunos miembros de la CIRT suponen, propiedad particular suya, sino bienes de la nación.

Pretendió también Beltrones, esta vez sin resultado alguno, una reforma hacendaria que abarque todos los recursos del Estado, y ejerza la autoridad del Estado sobre los ingresos y el gasto público. En este caso pudo más el coyunturalismo preelectoral y la propuesta se atoró en los lodazales del interés partidario interno del PRI (como ha ocurrido con la reelección de legisladores) y con ello se evitó la libre conjunción de intereses partidarios y los de parcelas extensas de ciudadanos.

Tras el avance parlamentario de su iniciativa, Beltrones ha conseguido el apoyo de un grupo relevante de la sociedad civil, que la resumieron y ofrecieron sustento relevante en un texto titulado “Democracia Constitucional”. Son cuarenta y seis los formantes y es imposible darles aquí espacio a todos sus nombres. Incluyen militantes políticos (sólo unos cuantos del PRI) en receso o activos, creadores artísticos, intelectuales, investigadores, etc. Es posible que ninguno de ellos (salvo los senadores Pedro Joaquín y Francisco Labastida) voten por Beltrones en la elección interna o constitucional, porque es remoto el progreso del ex Gobernador de Sonora en esa ruta. Pero con su iniciativa busca impulsar esa posibilidad y contribuir a mitigar las lastimosas condiciones de vida de nuestro País.

Casi nadie entre los firmantes, y por supuesto entre los mexicanos todos, puede negar la terrible situación en que nos hayamos envueltos: la inequidad social, la pobreza, la incontenible violencia criminal, la corrupción que tantos beneficiarios genera, la lenidad recíproca, unos peores que otros, la desesperanza social. Todos esos factores, y otros que omito involuntariamente pero que actúan en conjunto, forman un cambalache como esa masa maloliente a la que cantó Enrique Santos Discépolo en la Argentina de 1945.

Con todo, pudo cantarle. Es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro País escapar de la pudrición que no es destino inexorable. Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo, pues he visto que esa mutación se concrete.

Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós.

Enrique Peña, Marcelo Ebrard

Antes de que caiga el telón no quiero dejar de presentar a ustedes a dos protagonistas de la escena pública que, por primera vez en su vida tienen que pugnar, aunque con ventaja sobre sus contendientes, por una posición que les permita gobernar. Ambos se han sentado en sillas de Gobierno, pero no llegaron a ellas merced a un esfuerzo propio, sino impulsados por mecenas políticos y financieros que en todo tiempo aseguraron su porvenir. Ahora no están en ese caso. Tienen que ganarlo.

Abundan las coincidencias en su personalidad y su conducta. Tanto que una y otras son confundibles y pueden, por lo tanto, ser intercambiables. Se trata de Enrique Peña y Marcelo Ebrard. A pesar de que sus estrategias buscaban conducirlos sin obstáculo ni adversario a la candidatura en sus partidos, en este momento tienen que bregar por ella. Enrique Peña iba a construirse, por la ley natural de las cosas, por la movilización que inició a partir de su Guberntura, en el aspirante presidencial del PRI. Iba a lograrse ese objetivo mediante el impulso inducido que en la cultura autoritaria priísta de la que acaso nunca podamos escapar se llama “la cargada”.

Se pretendió que el lanzamiento abrumador ocurriera el 15 de septiembre, apenas trasladara el Gobierno local a Eruviel Ávila. Se le proclamó ¡presidente! Pero tuvo que atenerse al establecimiento de reglas mínimas. La reunión de dirigentes de su partido de donde hubiera brotado la declaratoria de candidato único, frenó el empeño de, por ejemplo Joaquín, que anunció la postulación indiscutida del mexiquense en cuatro actos ya organizados, a los que tuvo que renunciar.

No pudo tampoco el Gobernador convertir la reunión del consejo político nacional, el sábado pasado, en su plataforma de lanzamiento. Se está ateniendo a un mecanismo en que resulta posible comparar sus propuestas con las de Manlio Fabio Beltrones, que desde siempre, y consciente de su fortaleza y sus debilidades, espera que el PRI determine, como lo demandó sin éxito Reyes Heroles en 1975, que se formule primero el programa y luego se elija al hombre que propugne su realización. Quizá Enrique Peña aceptó el procedimiento a sabiendas de que su fuerza real no está en las palabras, los argumentos, la visión de México que cada quien exponga, sino en el poder real de la televisión y el dinero. Aunque desde ahora se le suponga victorioso, tiene que pasar por la contienda pública.

Es es el caso también de Marcelo Ebrard, que ha aprendido que si algún ejemplo ha de seguir, no es Manuel Camacho ni Andrés Manuel López Obrador, sino el mexiquense. Ha estado usando los modos de propaganda en que se adiestró el ex Gobernador. Y si bien no cuenta con el favor de Televisa ni con los recursos con que hay que obtenerlo, sus frecuentes y aun cotidianas apariciones lo han proyectado al espacio público nacional como no sería posible de no pagar por ello. El efecto de esa creciente exposición pública es la creación artificial de una figura que busca convertir esa apariencia en realidad. En el mismo plano, pero con desigual dimensión, ha pretendido crear diversos entornos que no es más que uno. Hace meses comisionó a su personal de confianza a promover la Fundación Equipo, Equidad y Progreso, y hace menos convino con Nueva Izquierda, el ala derecha del PRD. El montaje de un espectáculo llamado Demócratas de izquierda.

Esa proyección pública le ha hecho suponerse de la talla de Andrés Manuel López Obrador y contender con él por la candidatura perredista. En el año 2000, cuando era candidato del Partido del Centro, convino por el aspirante de la izquierda en la inducción de sus exiguos votos a cambio de un cargo en el Gobierno local. López Obrador cumplió su palabra y fue más allá cuando el Secretario de Seguridad Pública quedó en desgracia ante su jefe formal Vicente Fox y lo impulsó hacia su sucesión como Secretario de Desarrollo Social. Combatieron por la candidatura Marcelo Ebrard y Jesús Ortega. La tensión entre ambos se alivió para convertirse en alianza frente a López Obrador, quien se mostró siempre contrario a la calificación de traidor que un buen número de sus seguidores endilgan a quien, paradójicamente, podría ser candidato “de la izquierda” gracias al apoyo de Morena, comprometido por López Obrador.

Enrique Peña y Marcelo Ebrard han coincidido en hacer de las relaciones sentimentales no el coto sagrado que las personas respetables les otorgan. Al confesar a su esposa Mónica Pretelini el ser padre de hijos fuera de matrimonio, el Gobernador mexiquense estableció con ella una distancia que sólo concluyó con la muerte de la señora. Televisa proveyó a Enrique Peña de una nueva esposa, una rutilante estrella de la pantalla. Marcelo Ebrard se divorció de la madre de sus hijos, y tiempo más tarde contrajo matrimonio con una persona del espectáculo y las relaciones públicas. El vínculo terminó también en separación. Tras un breve periodo de soltería, Marcelo Ebrard que como Enrique Peña dedican esfuerzo considerable a su fisonomía, hizo público su nuevo romance. Declaró su relación con la señora Rosalinda Bueso, era embajadora de Honduras cuando el presidente Manuel Zelaya, quien la había nombrado, fue depuesto. Acaso llevado por su vocación internacionalista -esa fue su carrera en el Colegio de México- el regente la protegió y brindó los medios para que permaneciera en México. Incorporada a la nómina del Gobierno capitalino, de esa relación surgió otra no sé si más profunda pero sí más vistosa. Se casaron el viernes.

El doctor José Narro Robles

El rector de la UNAM anunció el viernes pasado su decisión de presentarse a la reelección. Su segundo periodo concluirá en 2015. Es difícil que la Junta de gobierno de esa institución no le otorgue esta duplicación del plazo para el que lo seleccionó en noviembre de 2007, en reemplazo del doctor José Ramón de la Fuente.

La Universidad Nacional es la mayor institución de educación superior en la República. Lo es no sólo por sus dimensiones humanas y físicas. Lo es también porque la calidad de su docencia, que se acusa en algunas disciplinas y carreras, sino porque en atención a su ley orgánica, junto con la enseñanza realiza la investigación más sobresaliente y abundante en todo el País. Ninguna otra institución universitaria practica una difusión cultural de la magnitud de que ella es capaz.

Pero una institución de esa magnitud requiere un gobernante con claro sentido de la conducción política. Narro ha mostrado tenerlo. El viernes pasado, para no ir más lejos, comunicó a los medios su decisión de continuar al frente de la UNAM luego de una larga conversación con directores de escuelas, facultades e institutos, que en rigor no dependen del rector y por lo tanto no están sujetos a sus determinaciones. Lo están en mayor medida, en cambio, los directores administrativos, pero en la Universidad Nacional no priva la cultura del asentimiento automático, porque la organización académica se funda en sistemas de méritos. De esa suerte, Narro dio un primer y firme paso hacia la reelección.

El rector de la UNAM despliega su tarea hacia el interior de la institución, de la que la ley lo define como jefe nato, pero también debe volcarse fuera de la propia institución. Revelan un desconocimiento grave de la Universidad los que reprochan a su rector ocuparse de los asuntos externos con descuido de lo que ocurre en su casa. Farol de la calle y oscuridad de su casa: se ha utilizado ese refrán para deturpar acciones que una institución nacional no podría dejar de emprender.

Pero se equivocan quienes suponen esas maneras de cumplir deberes y responsabilidades legales y sociales como excluyentes. Son perfecta y necesariamente compatibles. Por ejemplo, el crecimiento académico y físico de la UNAM, que en este cuatrienio ha tenido como evidencia mayor la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en León, Gto. Cierta mezquindad, respecto de esta edificación, como antes el desarrollo de otros campus, revela desconocimiento del carácter nacional de la Universidad. Con ese alcance fue creada en 1910 por Justo Sierra, y con ese carácter le han querido mantener sus rectores insignes. En buena hora que las universidades públicas de los estados relevaron en amplia medida a la UNAM de su casi exclusiva labor de formar profesionales, para cuyo propósito parvadas de estudiantes salían de sus lugares de origen para radicarse en la capital de la República. Pero en esa migración quedaba patente ese mismo carácter nacional: la UNAM era de todos.

El rector Narro contribuyó también, entre muchos cambios académicos, a ampliar los márgenes de representación interna de la UNAM. Y tuvo conciencia de la significación que tenía el centenario de la UNAM, a cuyos festejos imprimió el sello que correspondía a la Institución: fueron otorgados, como actos más visibles, en ceremonias al mismo tiempo rituales y emocionantes, doctorados honoris causa que dieron cuenta de lo que la Universidad y su rector aspiran a ser, lo que respetan y consideran honroso.

El presupuesto de la Universidad, de las instituciones de enseñanza superior en general, y su natural extensión, los recursos para ciencia y tecnología, es una de las preocupaciones centrales en el pensamiento de Narro Robles. Si bien no ha conseguido partidas multianuales, ha logrado constituir un movimiento que se estimula a sí mismo y afina los instrumentos analíticos y legales para dar solidez a una demanda que hasta ahora se responde con ánimo clientelar y cuando mejor a un sentimiento filantrópico. Narro ampliará el espacio para perseverar en su propósito durante su segundo término. Y tan sólo por ello su intención debería darse por bien recibida.

Pero desde otras perspectivas cabe igualmente considerarse afortunada la decisión de este médico saltillense de 63 años de buscar la prolongación de su tarea. En los meses recientes ha emprendido una iniciativa en pro de la seguridad con justicia y democracia. Organizó una reflexión colectiva sobre esos temas y luego animó a universitarios con quienes ha trabajado a lo largo de los años en la preparación de un documento al respecto que, si bien ha tenido la aquiescencia de poderes públicos y centros de decisión social, se enfrentó más a la reticencia del Poder Ejecutivo federal que a su aceptación, extremo que mostraría una flexibilidad política siempre ausente en esta materia.

En algunas responsabilidades de la vida pública la reelección puede tener un efecto sano. La sola experiencia de vida, el fructífero paso de los años asienta la prudencia y aguza la pertinencia del juicio. Ese puede claramente el caso de Narro Robles. Ha recorrido una senda dual, tanto en la administración pública (el IMSS, la SS, el DDF, Gobernación) pero sobre todo ha servido a la Universidad que rige y a la que se propone continuar gobernando. Fue secretario general de la misma y director de su Facultad, la de Medicina.

Narro ha admitido que le gusta soñar. Tiene a su alcance no sólo esa capacidad sicológica; también puede realizarla.

LyF como botín

Anoche se cumplieron dos años de que miembros del Ejército y de la Policía Federal penetraron por asalto a las oficinas e instalaciones del organismo público descentralizado Luz y Fuerza. Lo hicieron antes de que fuera impreso el Diario Oficial de la Federación donde insólitamente (la madrugada de un domingo) apareció un decreto presidencial, el que dio por terminadas las funciones de la antigua compañía eléctrica. Se trató, por consiguiente de una acción ilegal, del robo y despojo de una gran cantidad de bienes que pertenecían a una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El principal escenario de la ocupación policiaca ocurrió, ocurre todavía, en la sede de la dirección de LyF. Se trata del colosal edificio levantado por Mexican Light and Power, el consorcio canadiense cuyas operaciones fueron realizadas a partir de entonces por el Gobierno mexicano. Como corresponde a una acción violenta realizada con propósitos de rapiña, el inmueble quedó, en calidad de botín, en manos de la Policía Federal. La corporación lo ha usado como cuartel durante estos dos años, por la vía de los hechos.

Pero como vivimos en un estado de derecho donde ninguna violación a la ley es admisible, aquella situación digamos que irregular, va a adquirir su verdadera dimensión de servicio público cuando la SSP disponga que su fuerza policiaca allí acantonada se vaya a otra parte y se instale en su lugar, en cambio, el personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, así como el órgano administrativo de prevención y readaptación social.

La SSP pagará 861 millones de pesos en la adquisición y adaptación del edificio. Los recursos para el traslado de dominio servirán para cubrir gastos y costos pendientes por la extinción de la empresa, que a dos años de su realización es un enorme fracaso, digamos que semejante, aunque con una dimensión y unas consecuencias mayores que las de la Estela de Luz, que debe ser dedicada ya no a la recordación patriótica para la que fue planeada, sino a tener presente la impudicia y abuso con que pueden ejecutarse obras públicas.

Desde que fue adquirida por el Gobierno Mexicana de Luz y Fuerza enfrentó el designio de su desaparición. Se estimó prudente, mediante diversos pasos y plazos, fundirla con la Comisión Federal de Electricidad, que a lo largo de casi cuarenta años además de su propio crecimiento aumentó sus operaciones mediante la absorción de pequeñas empresas eléctricas. Un factor que impidió la adopción de una medida de ese largo alcance fue la actitud del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fundado hace casi cien años, construyó en ese lapso una doctrina sobre la materia, y conquistó posiciones y prestaciones laborales criticadas por quienes ignoraban su naturaleza y su origen.

Se llegó al punto de decretar la liquidación, combatida y hecha revertir por el SME. Para conseguir su desaparición, el Gobierno dueño de la empresa se convirtió en enemigo de la empresa. Fue agredida de varios modos, para dejarla en una postración que justificara su desaparición. La condenó a una política infernal en que se limitó su desarrollo, se provocó la obsolescencia, con lo cual se redujo su productividad y fue obligada a cubrir el costo de la energía que compraba a la CFE a una tarifa menor, fijada por Hacienda. Así hasta un negocio de Tve Jabs se frustra. Sobre todo si tiene a la mano un centro de imputación de responsabilidades, que en eso se convirtió el sindicato. Parece que nunca nadie pensó en que la empresa era dirigida por administradores gubernamentales, cuyos superiores podían exigirles cuentas y que su dinero era provisto por fuentes presupuestales que hubieran podido ser cegadas a fin de evitar el abuso atribuido al sindicato.

Lograda así la peor imagen del mundo, el SME fue durante 2009 el blanco de los denuestos y las mentiras de la propaganda oficial. Fue un alivio para la sociedad desinformada el saber, como se reiteró, que contaría con servicio de clase mundial, como el que presuntamente ofrece la CFE, a un mejor precio y sin las groserías en que sistemáticamente incurría el personal del SME.

Una pieza faltó en el diseño de esta maquinaria. El sindicato no sucumbió. Es verdad que la mayor parte de sus miembros obtuvieron una liquidación cuyo monto se fijó por encima de la ley. También es cierto que se les formularon promesas que resultaron engaños. En un ejemplo de reciedumbre humana y conciencia política, más de 16 mil de sus cuarenta y cuatro mil integrantes resolvieron no ser indemnizados y forman parte del movimiento de resistencia sindical que los insta a recuperar su empleo, extremo que el frustrado candidato presidencial en que, sin la mínima autocrítica quiso convertirse el Secretario del Trabajo pone en solfa como si la dignidad de uno solo de los resistentes no valiera más que la suya.

El sindicato no es una organización impoluta ni lo son sus dirigentes. Unos y otros han mostrado, sin embargo, una sintonía que los pone a salvo de las maniobras gubernamentales que quisieron no sólo destruir una porción del patrimonio nacional, sino también reducir a la nada a un gremio que se muestra imbatible, si bien capaz de vincularse de mejor manera con la sociedad. Ésta comprendería mejor la causa electricistas, sin provocaciones que son inútiles. Pero no es un asunto de cortesías callejeras sino de convicciones éticas. Los más groseros, los más desaforados electricistas que padecen dos años sin salario parten de una base ética más firme que la del funcionario que se quede con el botín.

Irresponsable Aguirre Rivero

El Gobernador de Guerrero prefiere los placeres de la buena mesa a las responsabilidades de su tarea como Ejecutivo estatal. No obstante que su estado hierve por la violencia que nadie contiene. El jueves eligió otro hervor, el del pozole, que compartió con algunos de sus paisanos y afines radicados en el DF. Hizo, al mismo tiempo, una declaración de filosofía política: “En Guerrero decimos que la política nos une, pero el mezcal y el pozole nos unen”.

Según la nota de Adriana Alatorre, de Reforma, ese dicho fue más bien retórico, pues él bebió güisqui. No sé si sus repetidos brindis, o la riqueza pozolera, lo entretuvieron y salió de un magnífico restaurante de estilo mexicano justo a tiempo, pero conforme a su agenda, no la de las personas con las que iniciaría un necesario programa de Gobierno. Es decir, cuando ya estaban sentados los interlocutores en cuya búsqueda iba, él apenas terminaba su jolgorio. Viajar de Altavista, en San Ángel, a Bucareli en la Ciudad de México un día entre semana es hazaña que consumió una hora entera. Cuatro miembros del Gabinete federal: los secretarios de Gobernación, de la Defensa y el de Marina, Francisco Blake, Guillermo Galván y Francisco Saynez, así como la procuradora general Marisela Morales, esperaban al impuntual Gobernador para anunciar el comienzo de la Operación Coordinada Guerrero Seguro.

Aunque ya están presentes en Guerrero, se trata ahora de que militares, marinos y policías federales actúen bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública, que también controlará a su semejante local. La causa de la nueva manera de combatir crimen organizado es que sus cifras se han abultado hasta en ciento por ciento en la entidad. Aunque es difícil hallar regiones guerrerenses a salvo de la violencia, en algunas la criminalidad se ha acendrado, por encima del promedio estatal. En Acapulco, por ejemplo, la violencia criminal produjo un incremento de 357%.

El Gobernador guerrerense, como el de Veracruz (donde se reinauguró una operación conjunta, ante cuya nariz han sido asesinadas un centenar de personas en menos de un mes), debe enfrentar sus propias tareas y ninguno de ellos lo hace. En vez de contribuir con sus propios efectivos a la pacificación del estado, Aguirre Rivero contribuye a impedirla. Por ejemplo, está enfrentado con el PRI. Por lo menos en un caso concreto, el del homicidio del diputado Moisés Villanueva y su chofer Érick Estrada, Probablemente sin los elementos requeridos, pues de lo contrario ya se habría solicitado su aprehensión, el alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos ha sido señalado por el procurador general, Alberto López Rosas como autor intelectual de tales asesinatos.

Aguirre Rivero enfrenta igualmente de manera equivocada el conflicto magisterial suscitado en Acapulco por la imbatible violencia criminal. Decenas de escuelas han cerrado y sus maestros se movilizan no sólo en protesta por la situación general. Denuncian en particular delitos de que han sido víctimas o con que se les amenaza, como la extorsión. Los bien organizados delincuentes identifican a los maestros a los que demandan dinero sólo porque sí, para no atacarlos. Previamente los localizan a través de las nóminas manejadas por los maestros habilitados, que cobran en nombre de otros y poseen, por lo tanto, información valiosa para los delincuentes.

El Gobernador increpa a los maestros porque algunas de sus delegaciones aprovechan la movilización para levantar otras demandas de carácter sindical. Es probable que no que falte razón pues no es oportuno mezclar temas concretos que requieren mecanismos de solución por entero diferentes. Pero en realidad es un comportamiento faccioso el que lleva a Aguirre Rivero a desdeñar el movimiento sindical. Los protestantes pertenecen en el SNTE a la “corriente institucional”, la encabezada por Elba Esther Gordillo. Son, por lo tanto, miembros o votantes del partido Nueva Alianza, que acompañó al PRI en las elecciones en que salió elegido Aguirre Rivero. Miraría con otros ojos a dicho sector de haberse cumplido su propósito de ser postulado al mismo cargo por su partido de siempre.

Ante los guerrerenses en cuya compañía acometió contra el pozole, incurrió en un acto de inverecundia, como los escritores tímidos prefieren llamar a la desvergüenza. Dijo que en materia de seguridad su Gobierno pugna por garantizar ese bien jurídico tan necesario y apreciado, como antes lo fue. Es decir, aludió al pasado francamente como a una etapa cuyos rasgos y logros había que restaurar.

Obviamente se refería a su propio trabajo como Gobernador interino, ejercido durante tres años, de 1996 a 1999. Antes fue parte de varias administraciones, y Diputado federal, y el presidente Zedillo echó mano de él cuando tuvo que remover a su amigo Rubén Figueroa Alcocer por su papel en la matanza de Aguas Blancas. El interinato de Aguirre en nada se distinguió del Gobierno anterior, cuando que se necesitaba justamente emprender actitudes de concordia. Miembros y grupos del PRD contaron entre sus blancos, por lo cual muchos militantes de ese partido siguen perplejos ante la decisión de ofrecer a ese Gobernador de ingrata memoria una nueva oportunidad… de hacer lo mismo.

Hace un año, Aguirre era senador y su amistad con Enrique Peña Nieto lo hizo abrigar la certidumbre de ser el candidato priísta. El lance interno, empero, favoreció a Manuel Añorve, y el despecho de Aguirre lo condujo a Marcelo Ebrard, que lo hizo elegir.

Tragedia y ridículo en Veracruz

De no ser trágico, sería ridículo el momento que prevalece en Veracruz. Lo peor es que, al mismo tiempo, es trágico y ridículo. En una pequeña, aunque pobladísima región en el centro del estado, la conurbación Veracruz-Boca del Río, han sido asesinadas por lo menos 67 personas entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre. Aunque la Secretaría de Marina, responsable de la seguridad en el estado, detuvo a 20 personas, pertenecientes a grupos contrarios, ha tenido que dedicar parte de su tiempo y su energía a someter al Gobierno del Estado, que pretende ocultar la magnitud de la violencia. Al denunciar maniobras de las autoridades locales, el jueves, la Armada se exhibió a sí misma.

Se había extendido ese día la noticia de que se habían cometido nuevos asesinatos. El Gobierno estatal se mostró ajeno al asunto, y pretendió escudarse tras el Gobierno federal. Dijo en un comunicado que “no hay confirmación oficial alguna por parte de las Fuerzas Armadas o el Gobierno federal sobre el supuesto hallazgo de cuerpos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, como lo refirieron algunos medios de comunicación que citan fuentes que no identifican”

Esos medios tenían razón. Al anochecer del jueves la Secretaría de Marina informó del hallazgo de 32 cuerpos en Boca del Río, y de cinco más en las proximidades de ese municipio. Sin importarle ponerse en ridículo ella misma, pues se preció del servicio de inteligencia naval para localizar el domicilio en que a la postre se sabría fueron ultimadas 32 personas, cuando la infantería de Marina llegó al domicilio se encontró que ya estaba allí la Policía estatal, y que agentes del Ministerio Público local se habían llevado a veinte cadáveres. Como la información de inteligencia abarca también otros domicilios, los infantes de Marina localizaron doce cadáveres más.

En su comunicado Marina anunció acciones de cuyo resultado efectivamente daría cuenta el día siguientes; es decir, anteayer viernes presentó a ocho miembros de la banda de ‘Los Zetas’ y a doce de otro grupo delincuencial que debemos suponer liquidado, apenas una semana después de su aparición, los ‘Matazetas’. Éstos se habían dado a conocer a través de un video en que figuraban encapuchados para anunciar que, en beneficio de la sociedad, ultimarían a los integrantes de aquella banda. Al menos doce de ellos, si es que su número es mayor, ya no tendrán oportunidad de realizar esa labor de limpieza social. Nadie, sin embargo, se había engañado sobre su origen y la naturaleza de sus propósitos. Son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, ansiosos de ampliar sus operaciones hacia el Golfo de México.

Sin aclarar lo que parecía un intento de ocultar información, y aun los cadáveres a que ella se refería, la única información del Gobierno local consistió en destituir al procurador Reynaldo Escobar. Una semana después del escandaloso hallazgo de 35 cuerpos el 20 de septiembre, Escobar presentó su renuncia al gobernador Javier Duarte. Éste no la aceptó entonces y hasta negó que esa decisión estuviera en curso. Ahora, sin embargo, la posición de Escobar se había hecho insostenible. Al parecer, había tenido éxito en diluir la información sobre catorce personas muertas pocas horas después de los arrojados a la plaza del Volador. Ahora no pudo contradecir a las fuentes federales que esparcieron entonces la noticia de aquellos catorce asesinados y fue, digámoslo así, tomado con las manos en la masa cuando sus agentes del Ministerio Público se llevaron veinte cadáveres de la más reciente oleada de violencia. Quizá el propósito era desmentir que esas muertes se habían producido. Pero ya no se pudo.

Escobar fue secretario de Gobierno de Fidel Herrera. En la jerarquía administrativa era superior a quien se convirtió en su jefe después de haber sido su rival. Escobar, en efecto, contó entre los precandidatos a suceder a Herrera. Contaba con una carrera más notoria que Duarte, pues además de haber sido el número dos entre 2004 y 2010, previamente había sido Alcalde de Jalapa. Además de su fracaso al frente del Ministerio Público, el retiro de Escobar puede también significar un distanciamiento y aun la ruptura entre el Gobernador y su heredero.

Herrera estaba durante los nueve meses anteriores en una posición de incertidumbre que concluyó con su nombramiento, junto con el de media docena de ex colegas, como delegado regional del PRI en entidades donde el PRI no tendrá dificultades electorales el año próximo, pues ahora todas son gobernadas por ese partido, que retuvo el poder en los comicios más recientes a pesar de que el desempeño de los gobernadores, sobre todo frente a la violencia criminal, fue notoriamente deficiente. Lo que Herrera y el resto de los delegados han conseguido es una suerte de inmunidad política, que dificultaría el que fueran puestos en entredicho por su gestión, ya sea por la oposición o por su sucesor.

El ex Gobernador veracruzano ha tenido que atenuar sus pretensiones. Hace un año insistía en que podría ser candidato a la Presidencia (para lo cual contaba expresamente con el apoyo de Duarte, ya elegido Gobernador pero todavía no en funciones). Luego, Herrera pretendió un cargo en el comité nacional priísta y no lo consiguió. Ahora ha tenido que contentarse con lo que apareció, de lo perdido. Esa circunstancia quizá favorezca el que Duarte se aleje de él. Ayer mismo habrían tenido lugar nuevos signos de la situación en la cúpula política veracruzana. Si Duarte viajó a la Ciudad de México, a la reunión del Consejo Político Nacional del PRI, no obstante la frágil situación que sufre su entidad, habrá buscado significarse ante quien será el hombre del día, Enrique Peña Nieto, a quien ya rindió tributo de amistad hace un mes, cuando lo invitó a cenar a Jalapa, en parejas.

Veracruz no figura en la tercia de estados donde la violencia criminal genera la mitad del total de ejecutados en nueve meses de 2011: En Chihuahua, primer lugar en esa deplorable lista, han sido asesinadas mil 567, en Nuevo León, mil 418, en Guerrero, mil 348, y en Sinaloa mil 80. La entidad gobernada (quién sabe hasta qué punto) por Duarte ya ha sido escenario de un número mayor de asesinatos que en 2010, cuando todavía falta por transcurrir un trimestre completo.

Esa tendencia puede disminuir si las detenciones practicadas por la Secretaría de Marina se consolidan. Quiero decir que como todo el mundo sabe, no todos los individuos capturados se convierten en procesados, y un número todavía menor recibe una sentencia. Sin el aparato con que presuntos delincuentes son capturados, su suerte se diluye en los recovecos judiciales y del ministerio público. Los más de ellos, por buenas o por malas razones, pueden volver a delinquir y de ese modo la intensidad del crimen ni siquiera menguará.

Esa pesimista visión corresponde con el fenómeno visto en su perspectiva nacional. Cuando faltan cuatro meses para que concluya el año, ya han sido asesinadas más de diez mil personas. La escalada de muerte continúa animada por factores que, al no ser tocados, incrementan su eficacia. Persisten, o han aparecido, por si fuera poco, rasgos de la estrategia gubernamental que le restan eficacia, si es que ha tenido alguna. Uno de ellos es el triunfalismo. Desde que era procurador Eduardo Medina Mora se pretendió hacernos comulgar con ruedas de molino, al asegurarnos que contra las apariencias, la autoridad ganaba la guerra al crimen organizado. Hoy es imposible sustentar este aserto, no obstante lo cual se difunde información más para tranquilizar el ánimo de los destinatarios de la profusa información que para remediar las condiciones de vida de los mexicanos. El Gobierno ha extendido varias el certificado de defunción de La Familia Michoacana, y más tarde o más temprano se sabe de su resurrección y aun de su metástasis.

Un rayo de luz disipa en alguna medida el pesimismo generalizado. Es el buen humor presidencial. Cada día multiplica las muestras de que vive en un País distinto a que gobierna, o al menos lo mira de modo diferente a la mayoría de quienes lo habitan. Si tuviera conciencia de los resultados de su estrategia contra la delincuencia organizada, habría recibido con alivio las propuestas que se le presentan, todas las cuales desdeñan.

Quiere mostrarse de tan buen talante, o está realmente tan de buenas, que cada vez escoge giros verbales más corrientes que coloquiales.

7 de octubre, día crucial

Hasta en por menores protocolarios todas las certidumbres están rotas. Hoy, conforme al decreto que la creó, el Senado debía entregar la medalla Belisario Domínguez. Otras veces la ceremonia respectiva se ha aplazado, en función de la agenda presidencial. Pero esta vez ni siquiera se ha designado a la persona que la reciba. Hoy también, debían reunirse por segunda vez el Presidente Calderón y el Movimiento nacional por la paz con justicia y dignidad, impulsado por Javier Sicilia. Pero la cita se cumplirá, es de esperarse, una semana después, el próximo viernes. Hoy, en fin, comienza el proceso electoral, conforme lo estipulan la Constitución y el código respectivo y lo precisa el órgano que rige las elecciones, el IFE. Pero aunque la fecha es inexorable, todavía al atardecer del viernes se ignoraban las condiciones en que empezará dicho proceso: si con seis o con nueve consejeros electorales, y quiénes ocupen esos cargos.

En el Senado ayer ni siquiera se reunió la comisión que discierne la máxima distinción conferida por esa cámara. Las candidaturas pueden ser presentadas libremente, pero en la mecánica del otorgamiento son las bancadas las que a partir de los méritos de los candidatos resuelven quién será el recipiendario. Generalmente son las cualidades, el historial de las personas presentadas el que las fracciones consideran. Esta vez, sin embargo, factores coyunturales han estorbado la decisión y en un caso hasta quizá logren su aplazamiento durante al menos seis semanas.

La ministra Olga María Sánchez Cordero fue presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México. La personalidad de la candidata y el valor del aval que le dio el impulso inicial ha chocado con el sectarismo de una porción del grupo panista, que la rechaza por la posición de la jueza constitucional en torno a los derechos de las mujeres. La más reciente de ellas fue su alegato contra la constitucionalidad de declaraciones sobre la protección a la vida a partir de la concepción, llevadas a su respectiva constitución por las legislaturas de Baja California y San Luis Potosí.

Ha obtenido mayor consenso la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es una figura polémica si las hay, pero cobró aceptación aun dentro de la bancada del PRI, partido al que perteneció. Sin la mínima reducción de sus prendas personales, y aun para acrecentarlas, es inevitable recordar la filiación de Cárdenas. Su padre cuenta entre el escaso puñado de Presidentes de la República valorado por la sociedad, y no arrojado a las sombras del desprecio. Pero Cuauhtémoc Cárdenas no se limitó a ser hijo de papá. En realidad esperó el fallecimiento del general para desplegar sin cortapisas su interés por la vida pública. Su fidelidad al patrimonio histórico con que fue honrado lo condujo a encabezar la mayor escisión del partido gubernamental y con ella el comienzo de elecciones verdaderamente competitivas. Una figura de su dimensión, el ingeniero Heberto Castillo, fue honrado post mortem, el año pasado con la Belisario Domínguez.

Pero ocurre que el 13 de noviembre próximo, apenas dentro de cinco semanas, se efectuarán elecciones en Michoacán, que Cárdenas gobernó como priísta y, con su impulso ha sido regido por el PRD, el partido fundado en torno suyo, en la década reciente. Si bien el ingeniero guarda distancia con ese partido, por tratarse de su propia entidad ha estado presente en la campaña. Espíritus prácticos o mezquinos suponen o temen que recibir el blasón senatorial influya en la propaganda perredista. Se desequilibraría de ese modo, alegan, la cerrada contienda electoral, como si no fuera ya peculiar por la candidatura de la hermana del Presidente de la República. De modo que aun la asignación y hasta la entrega se aplazarían hasta después de los comicios locales.

Se ha postergado también, y durante once meses, la designación de tres consejeros electorales. Las tres formaciones no pudieron en ese prolongado lapso, construir un acuerdo que devuelva su integralidad al consejo general del IFE, que ha rengueado porque no es lo mismo el trabajo de cinco que de ocho (quienes junto con el consejero presidente encabezan el órgano electoral). La anormalidad del consejo se ha reflejado en empates en asuntos que requerían decisiones, en la obvia mayor carga de trabajo para los consejeros actuantes y en una división en seno del cuerpo, que lo hacen víctima de ataques de origen diverso, especialmente de los concesionarios de radio y televisión, materia espinosa en que el Tribunal electoral adoptó una peligrosa decisión, que el IFE debe instrumentar: no sólo se entregaría el control de la función electoral a una porción de los sujetos regulados, sino que se haría ante la Cámara industrial de que forman parte, ajena por entero según la ley a la materia en que ha litigado con éxito.

 

En la tarde del jueves estaba por consolidarse un golpe de mano de la bancada priísta en San Lázaro, con exclusión del PAN y el PRD. Se procuraría en la esperablemente prolongada sesión imponer la terna compuesta por Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y David Gómez. La presencia del primero, pero no sólo la suya, indicaría que se busca ampliar al órgano electoral la presencia de Enrique Peña Nieto. Él goza ya de gran influencia en el tribunal federal, y requiere hacerla crecer en el IFE. Enrique Ochoa fue protagonista de los trámites (que incluyeron una cena en casa de la presidenta del TEPJF) para exonerar a Peña Nieto por difundir su imagen en todo el País.

Peña Nieto y las encuestas

Quizá la primera vez que el nombre de Enrique Peña Nieto apareció en el cuestionario de una encuesta de preferencias electorales fue el 29 de noviembre de 2004. En el PRI estaba en curso el procedimiento para seleccionar al candidato de ese partido al gobierno mexiquense. El aspirante principal, indiscutible, por la prolongada presencia de su nombre en el priísmo de ese estado, era el de Carlos Hank. En él se concentraba la memoria muy bien conservada de su padre, el consolidado poderío económico de su primogénito y la delgadez de las figuras que aparecían en el entorno.

En el citado sondeo de Berumen y asociados, el hijo del profesor aparecía a la cabeza de los preferidos, con casi veinte por ciento (19.5). En segundo lugar figuraba Isidro Pastor, dirigente del PRI en la entidad, dos puntos abajo. Y luego, la chiquillada: aspirantes primerizos o experimentados que sin embargo no había dejado impronta en su carrera. Entre ellos figuraba Peña Nieto con cinco por ciento.

Pero el gobernador Arturo Montiel tenía su propio proyecto al margen de esas cifras. Él mismo había sido un político mediano en el ámbito local, del que sólo saldría de la mano de Humberto Lira Mora, quien lo condujo a posiciones de alcance federal tanto en el partido como en el gobierno. A base de triquiñuelas, del apoyo del gobernador César Camacho y de mucho dinero, propio y de quienes harían negocios con él, Montiel ganó a Lira Mora, en 1999, a la mala, la candidatura del PRI. Por la misma vía llegó al Gobierno del Estado.

Asumido como hombre de poder, Montiel resolvió en un solo acto su futuro y el de su sobrino. Nacidos ambos en Atlacomulco, concitaron el apoyo de los diversos núcleos a los que se agrupa para comprender el poder mexiquense, el Grupo Atlacomulco. Muy temprano decidió que Peña Nieto lo sucediera en el Palacio de Gobierno de Toluca. Y que él mismo aspiraría a ser Presidente de la República.

Lo primero fue fabricar una candidatura de unidad, que dejara al margen las posibilidades públicas de cada aspirante. Contra toda lógica, o conforme sólo a la de Montiel, los aspirantes se inclinaron por el sobrino de su tío. Sólo había tenido una breve carrera administrativa de escaso rango. A la sazón era diputado local y, por supuesto, cabeza de la fracción priísta, sin que tampoco hubiera aportado experiencia o interés en las tareas o doctrinas legislativas. Montiel lo había impulsado a ese cargo para ponerlo en condición de aspirar a la Gubernatura, pues el estatuto priísta demanda haber tenido un cargo de elección popular previo al de Gobernador.

Salvo un arrebato de Pastor, que a la postre volvió al redil, Peña Nieto fue sin conflicto el candidato de su partido, al margen de encuestas como la de Berumen y asociados. Quién sabe de qué artes suasorias se valió Montiel frente a Hank; el hecho es que lo desplazó y dejó paso franco a su sobrino. Y a sí mismo.

Mediante contratos ultrasupermillonarios con Televisa, ambos pequeños políticos locales se transformaron. No se convino sólo la transmisión de anuncios, pues entonces era posible adquirir espacio en los medios electrónicos con fines propagandísticos. Los muy bien tasados servicios de Televisa fueron ofrecidos y cumplidos con gran amplitud. Incluyeron una profusa cobertura de los actos de campaña, los abiertos de Peña Nieto, que recorría el estado en pos de la Gubernatura; y los nada disimulados de su tío, que asombrosamente, y por esa poderosa razón quedó situado en el elenco de los presidenciables priístas. Es cierto que sus integrantes no deslumbraban a nadie, ni nadie imponía su personalidad o su carrera como inicial argumento. Pero el que Montiel fuera parte de ese grupo mostraba su audacia y el impulso que Televisa imprimía a sus actividades.

El contrato con el consorcio televisivo fue integral, incluyendo el modelaje de una apariencia y una figura pública. De ese modo, Peña Nieto se transformó en unos cuantos meses de un jovencito favorecido por la influencia familiar, en un candidato vencedor, y apenas resuelta la sucesión presidencial de 2006, y sin que de su desempeño pudiera desprenderse prenda alguna que lo justificara, en candidato presidencial “el que encabeza todas las encuestas” según se le define como una verdad axiomática que anuncia un futuro inexorable.

Aún de su infortunio personal sacaron provecho los jefes de piso de Televisa que han hecho de su vida una telenovela. A la súbita muerte de su esposa, su viudez fue pronto remediada como si una cláusula previera lo fortuito. Una actriz popular, atractiva y simpática, fulgurante figura del canal de las estrellas es hoy parte de la escenografía en medio de la cual vive Peña Nieto.

Recordé a vuela pluma esta breve vida, y su metamorfosis, ante la impertinente exigencia que han levantado hasta el ex Gobernador mexiquense relevantes miembros de la sociedad civil y agrupaciones que demandan, algunas de largo tiempo atrás, una reforma política que incluya la reelección de legisladores y alcaldes a fin de mejorar su desempeño y estimular la rendición de cuentas.

Peña Nieto influye de modo muy notorio en la Cámara de Diputados donde está en curso el dictamen sobre una minuta aprobada en el Senado con casi unanimidad sobre dicha reforma política. Precisamente por eso no ha marchado adelante. Los firmantes de la solicitud aparecida ayer, que con razón imputan el freno a la reforma a Peña Nieto, anuncian una consecuencia electoral contraria al PRI por el conservadurismo del mexiquense en esta materia. Ya veremos.

Ex gobernadores priístas

Es una verdad sabida que en el nuevo sistema político mexicano, después de que desapareciera la Presidencia de la República como el órgano articulador de las decisiones de poder, los gobernadores adoptaron un papel crucial en ese proceso. Aun los pertenecientes al PAN ganaron con la nueva relación entre los estados y la Federación un importante margen de autonomía que, sin embargo, es poco perceptible comparado con el que benefició a los provenientes del PRI.

Eso les ha traído lenidad y respeto a los intereses entramados durante sus gobiernos. Claro que todavía no se llega al extremo de atraer al comité nacional del PRI a Ulises Ruiz o Mario Marín, pero no porque no hayan aprobado controles de confianza, sino porque sus sucesores están examinando con el rigor legal debido, en Oaxaca sobre todo, las cuentas de los ejecutivos mencionados. Están en entredicho y haría el partido un mal negocio en asociarlos a su operación cotidiana si es que en un plazo previo ésta puede sufrir interrupciones por dificultades personales que afectan a Ruiz y a Marín.

Pero salvo ellos, el PRI ha mostrado contar con estándares de elegibilidad muy poco exigentes, si se trata de incorporar a la campaña presidencial a quienes han sido gobernadores. Si nos contentáramos con ver el fenómeno superficialmente, podría decirse que los nueve inspectores (no se les dio ese nombre pero actuarán como tales) fueron llamados por el líder nacional, Humberto Moreira en función de que los conoce (gobernaron simultáneamente sus entidades casi todos), participan de un estilo común, y no tienen tarea en el horizonte inmediato. Al PRI, sin embargo, no le faltan recursos al punto de que deba reclutar su personal de alto nivel entre quienes se hallen dispuestos a realizarlo pro bono, en aras de una causa, a modo de compensación por los impulsos que antes recibieron de su partido.

Los nombramientos obedecen a los intereses que los gobernadores gestionaron o generaron durante su sexenio. Al PRI no le interesa el desastroso estado en que los responsables o inspectores dejaron a sus entidades. Los premia porque salvo Jesús Aguilar Padilla en Sinaloa, ninguno de ellos perdió elecciones, y porque mantienen los vínculos con las fuentes de financiamiento local, que ellos auspiciaron, por las cuales fueron favorecidos y a las que es necesario recurrir de nuevo.

Sólo dos del sexteto por ahora escogido fueron elegidos en tiempos del antiguo régimen. Enrique Martínez y Martínez, de Coahuila y René Juárez, de Guerrero. Aquel eligió a su sucesor Humberto Moreira y luego lo llevó ante Enrique Peña Nieto, necesitado de un presidente del PRI sujeto enteramente a sus órdenes, que no debiera su cargo a la militancia, como Beatriz Paredes. Aunque a su vez René Juárez perdió la Gubernatura de Guerrero ante un candidato del PRD fue suficientemente hábil como para conseguir el nombramiento de funcionario y la puesta en práctica de actitud que impedían saber que allí se produjo la alternancia.

Los cuatro restantes dejaron en sus entidades una estela de muerte, muy probablemente asociada a la corrupción, que se requiere cachaza, en el PRI y en cada uno de ellos, para retornar a la vida pública, aunque se haga en lugares distantes de lo que resultaron desastrados. Es difícil, salvo por el número de muertes ocurridas en sus entidades, establecer clara diferencia entre el mencionado Aguilar, de Sinaloa; José Reyes Baeza Terrazas, de Chihuahua; Israel Hernández, de Durango, Eugenio Hernández, de Tamaulipas y Fidel Herrera, de Veracruz. En todos los casos durante su mandato, y en algunos de ellos inmediatamente después (lo que indica que las raíces estaban podridas) la delincuencia organizada ha llegado a los peores extremos. Lejos de ponerlos en cuestión por su deplorable desempeño, el PRI los acoge y los coloca de nuevo en circulación. Será que además de tareas de organización desempeñarán labores propagandísticas: van a ser la imagen de cuerpo presente de lo que su partido ha hecho en sus entidades y de lo que hará en el País en cuanto retorne a Los Pinos.

Lo hicieron frecuentemente cuando dizque gobernaban, y sin capaces de repetir la excusa ahora en que terminaron sus responsabilidades formales: los gobiernos de los estados no tienen culpa de la matazón que en sus territorios se manifiesta porque combatir a la delincuencia organizada es función del Gobierno federal. El argumento es endeble porque sólo se sabe si se trata de delincuencia organizada, al cabo de una averiguación que el Gobierno local tiene que realizar por homicidio. No lo han hecho Aguilar, Baeza, los Hernández, Herrera, Juárez, durante los años en que se presume que ejercieron el poder ejecutivo. No podrán apartar de sí estigmas como, en Tamaulipas, el asesinato del candidato del PRI, ocurrido. En otro momento, en otro País, en otro partido, Eugenio Hernández sería repudiado por la gravedad de la ofensa que al dejar impunes a los asesinos contribuyó a inferir a sus compañeros.

Los ex gobernadores mencionados quedarán sujetos en sus andanzas regionales a la secretaría de operación política, a cargo de un antiguo colega de una mayoría de ellos, Miguel Ángel Osorio Chong. Durante su exento Hidalgo no llegó a padecer oleadas de asesinatos en las calles y caminos, como en Chihuahua, Sinaloa, y Veracruz. Pero el estado se pobló de zetas, que deambulan tranquilos que fueron capaces de sufragar el costo de un templo católico en Pachuca.

Los nuevos inspectores mostrarán lo que saben hacer.

Morena y las encuestas

Se realizó el domingo en el Auditorio Nacional la asamblea constitutiva de una singular agrupación, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Al encabezar el acto Andrés Manuel López Obrador, su constructor y dirigente principal, reveló las peculiaridades y contradicciones de una organización hecha a mano (y a pie), no sólo con sentido electoral, pero que está lista para participar en los comicios presidenciales venideros.

No hay duda de que ningún movimiento en torno de ningún candidato o aspirante a suceder a Felipe Calderón contiene la potencia que se conoce en el Morena y de que se percibió una alegre porción anteayer. No es imposible convocar a diez mil asistentes a reuniones en el Auditorio Nacional. Lo hicieron en septiembre pasado el Presidente de la República y el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, abusando ambos de la libertad propagandística que otorga un mal dibujado propósito de evitar los personalismos pagados con recursos del erario. El hito, por lo tanto, no consiste en la pletórica asamblea congregada por López Obrador, sino en la valiosa heterogeneidad de su movimiento: el domingo, por un lado, acudió una muestra de las multitudes (cuatro millones dice su dirigente) que integran el Movimiento. Por otro lado, fueron presentados los consejos ejecutivo y consultivo, compuestos en su mayor parte de mexicanos excepcionales que entregan su tiempo y su energía a un proyecto en cuya confección han participado también muchos de ellos No son políticos a la antigua usanza, de los que se acomodan “picando piedra” es decir haciéndose un lugar cerca del candidato presidencial para que éste los coloque en posiciones de Gobierno a la hora del triunfo. Este es un extremo tan lejano en este momento, que pecarían de ingenuos quienes se aproximaran con sus talentos y experiencias en pos de una chamba en Morena. Allí, en el sentido laboral de la expresión, no hay vacantes, aunque haya espacio para todas las personas que estén convencidas de que es inadmisible la situación actual de México y de que es posible modificarla.

Morena es un abigarrado conjunto de fuerzas y de expresiones. No todos sus integrantes son ciudadanos hasta ahora ajenos a la política. Hay en ese movimiento miembros de los partidos que apoyaron en 2006 a López Obrador. Es posible esa doble militancia porque Morena no es una organización con capacidad para presentar candidatos, aunque sí para hacerlo en elecciones como lo hará encargándose de la organización y vigilancia de los próximos comicios, según convenio que incluyó al PRD, el más renuente de los tres partidos mencionados.

Morena corresponde a una antigua concepción de López Obrador, creyente desde siempre en la participación directa de la gente en sus propios asuntos. Desde joven administrador público en La Chontalpa, hasta la conversión del PRD en un movimiento capaz en 1997 de obtener triunfos que modificaron el funcionamiento de la República (una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, y el Gobierno capitalino). Logró también encabezar la oposición más permanente a una elección tenida como fraudulenta) y ha salido con la gente a la calle en contra de la desnacionalización de Pemex (que se frenó entre otros factores por esa movilización).

Distante y aun opuesto a la dirección de su propio partido, ahora López Obrador está a la cabeza de un Morena susceptible de actuar en refuerzo de partidos políticos, sin López Obrador. Deliberadamente se ha dejado en la penumbra, o ni siquiera se han pactado, los mecanismos que hagan práctica la fórmula que han pactado López Obrador y Marcelo Ebrard: será, de entre ellos, candidato quien esté mejor situado en las encuestas.

Así llanamente hablando, la fórmula es absurda. Los sondeos de opinión pública actúan en una realidad virtual, mientras que la decisión de quién sea el candidato de la izquierda tiene que adoptarse en la realidad real, la de la gente que votará conforme le satisfaga un líder o un partido No objeto la investigación demoscópica como instrumento para percibir algunos rasgos de esa realidad real. Lo que digo, en el caso particular concreto de las encuestas que escogerán entre López Obrador y Ebrard es que dejarán en la inmovilidad a todo un Movimiento, cuyos miembros están listos para actuar y no podrán hacerlo, , en espera de que el azar les permita ser escogidos para contestar un cuestionario y de ese modo influir en el resultado, que ha de pasar por la mediación de los sondeadores.

El azar es realmente azaroso. Aunque desde que cundieron los sondeos electores he tenido un domicilio fijo, soy titular de por lo menos dos numero telefónicos, el de mi oficina y el de mi casa, y ahora el de un móvil) y, hasta hace poco al menos, era un activo participante de la vida callejera, jamás me he topado con quien realice una encuesta. Jamás se me ha preguntado mi preferencia electoral. Y supongo que esta peculiar, y a mi juicio extraña marginación le ha ocurrido a millones de personas. ¿Pueden unos partidos y unos aspirantes confiar su destino en este azaroso azar?

La exposición al público, lo que no puede hacerse sino a través de los medios, es factor, dicen los expertos para contar entre las preferencias electorales. Si eso es verdad, ¿tenía Ernesto Cordero una presencia en los medios como secretario de Hacienda menor que la muy desordenada que se aprecia hoy? ¿Y es únicamente esa exposición pública la que lo hace crecer en las preferencias como se dice que está ocurriendo?

Tengan cuidado con las encuestas, todos. Pueden ser desdichadas.

Escuadrón de la muerte

Presentados a sí mismos como Matazetas, los probables asesinos de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, parecen tener el perfil de un escuadrón de la muerte. Es decir, un grupo dedicado a privar de la vida a indeseables, al margen de la ley, dizque para hacer más eficaz el combate a la delincuencia.

El gobernador de aquel estado, Javier Duarte lo anunció claramente el 20 de septiembre mismo. Lo hizo tan sin equívocos que parecía haberse equivocado. Pero cada día es más claro que su Gobierno ha organizado, o consentido, a este escuadrón de la muerte. Duarte dijo que los 35 cadáveres esparcidos en la calle de la zona metropolitana de Veracruz eran muestra de que se combatía eficazmente a la delincuencia.

Un hecho concreto refuerza el vínculo entre la Policía intermunicipal de Veracruz-Boca del Río con ese asesinato. El 14 de septiembre, una semana antes de que fueran arrojados como basura los cuerpos de 35 individuos, el jovencito Alan Michel Jiménez Velásquez fue capturado por uniformados a bordo de la patrulla 717. Su madre trató de impedir el arresto, que se producía sin ninguna orden judicial y en los días siguientes se dedicó a buscar al adolescente. Llegó al extremo de acudir al servicio forense donde se hallaban los 35 cuerpos y uno de ellos era el de su hijo. La Policía no ha explicado cómo una persona detenida por sus agentes aparece después asesinada. Tiene que exhibir el parte del día 14 para que se conozcan las razones de la captura de Alan Michel y su destino: si fue dejado en libertad, si quedó a disposición del Ministerio Público.

Esperar que eso ocurra es ingenuo (aunque no por ello haya que dejar de demandarlo. Proporcionar tal informe y explicación rompería la lógica con que el Gobierno veracruzano ha querido presentar el caso. El procurador Reynaldo Escobar dijo que todos los asesinados tenían antecedentes penales. El polémico diario Notiver publicó el viernes pasado una lista de las víctimas, cuyos antecedentes contradicen la información oficial. Veinticuatro muertos no aparecen ligados de ninguna manera a la delincuencia.

Todos ellos fueron detenidos, quizá, del modo en que ocurrió a Alan Michel. Después de la captura, o los propios agentes policiacos, en un desdoblamiento de su personalidad se invistieron de matazetas y lo asesinaron, o lo entregaron al grupo que se mostró en un video como un núcleo que trabaja en pro de la seguridad en Veracruz. Claro que en ese mensaje videograbado los Matazetas se abstienen de decir de sí mismos que se dedican a otras actividades delincuenciales, no sólo a proveer tranquilidad a los veracruzanos

El escuadrón de la muerte procedió con extrema crueldad, con barbarie, para asesinar a sus víctimas. Las privó de la vida en Santa Fe, poblado a unos 30 kilómetros de Veracruz. Según informó el diario Reforma el viernes pasado, ninguno de los muertos fueron ultimados a balazos. Los mataron a golpes asestados con objetos contundentes, como tubos y palos. Otros murieron asfixiados pues se les mantuvo encerrados en un contenedor.

“Los cuerpos presentaban quemaduras de metal en el torso y las piernas debido a que fueron recargados en el contenedor para ser atados de manos con precintos de seguridad de plástico”. Con información obtenida “en fuentes cercanas a las investigaciones”, Reforma dice que “los precintos de plástico han sido usados por cuerpos de seguridad institucionales y por efectivos de la Marina y el Ejército.

“Esos precintos sólo los tienen en Estados Unidos o los usan fuerzas especiales de aquí: Marina o el Ejército’, consideró la fuente estatal que tuvo acceso a las primeras indagatorias y que pidió omitir su nombre”.

La información añade que “los cuerpos tenían también rastros de tierra, al parecer por haber sido arrastrados y para luego subirlos a las camionetas de redilas”, de donde se les arrojó al arroyo en la plazoleta de los Voladores de Papantla.

Reforma concluye, en información que ratifica el que no eran zetas los asesinados, que “entre los cuerpos había taxistas y policías locales, así como personas dedicadas a la prostitución y al narcomenudeo”.

Como queriendo exorcizar con palabras este nuevo aspecto de la violencia, el Gobierno federal negó que los Matazetas sean un grupo paramilitar, y más ampliamente consideró que “no existen ningunos indicios (sic) de que exista este tipo de fenómeno”. Las palabras de Alejandra Sota, la vocera presidencial quizá corresponden a la formalidad doctrinal. Un grupo paramilitar es una banda de asesinos que, organizados por el Ejército, con aquiescencia o no del Gobierno, y dotados de entrenamiento y equipo propios de las fuerzas armadas, realizan acciones al margen de la ley que el Ejército no puede asumir. Ciertamente, no tenemos noticia de que militares hayan optado por crear estas pandillas de asesinos. Las hubo en Chiapas durante el Gobierno del presidente Zedillo, en la guerra sucia contra el Zapatismo armado y sus bases de acompañamiento.

Pero la denominación es lo de menos. Lo ocurrido en Veracruz muestra todos los visos de una agrupación asesinada solapada y aun organizada por un Gobierno. Se pretendería que su acción contribuya a disminuir la violencia que hierve y crece en Veracruz. Y como el hartazgo hace que se prefiere el orden sobre los derechos humanos, el activismo de un escuadrón de la muerte sería recibido, si no con aplausos porque no es políticamente correcto, si con silenciosa beneplácito, en el entendido de que es sano “que se maten entre ellos”.

Lorenzo Meyer, absuelto

Lorenzo Meyer es una de las figuras más completas y respetadas de la esfera pública mexicana. Ha hecho una carrera académica digna de reconocimiento dondequiera, por el rigor de su investigación y la penetración de sus análisis. Hace poco más de veinte años resolvió emplear semejantes instrumentos, así como una escritura accesible, a la práctica del periodismo. Como lo saben bien los lectores del Grupo Reforma, su columna de los jueves aborda los más relevantes temas de la actualidad y los examina, sin pedantería ninguna, desde el ángulo de las ciencias sociales. Pero eso no obsta para que asuma una posición propia, nunca neutra. Como ciudadano, es pública su identificación con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, a la que tiene pleno derecho.

El doctor Meyer (que obtuvo ese grado, así como la licenciatura en el Colegio de México, y un posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago), salió avante hace un mes de un litigio civil por daño moral, a que lo arrastraron Carlos Martín, director del diario Milenio, y esa publicación. El juez trigésimo primero de lo civil en el Distrito Federal sentenció que “las pruebas no permiten declarar procedente la acción”, por lo que absolvió “a los demandados de todas las prestaciones”. El juzgador habla en plural porque junto con el académico y periodista la acción civil pretendió alcanzar a la emisora MVS, donde se transmitió el episodio que, sin mencionarlo siquiera, irritó a Marín y lo hizo demandar a Meyer después de un ridículo afán de exhibirlo obligándolo a disculparse públicamente para no ser llevado a los tribunales.

El 21 de junio del año pasado, cercana ya la jornada electoral en Oaxaca, Carmen Aristegui difundió una grabación en que el gobernador Ulises Ruiz formulaba una reprimenda a Raúl Castellanos, su antiguo jefe de prensa, comisionado a la sazón con el candidato priísta Eviel Pérez Magaña. Colérico, Ruiz se extrañaba de que en Milenio se hubiera hecho una entrevista a Gabino Cué, lo que en apariencia contravenía acuerdos entre el Gobierno oaxaqueño o su partido y ese diario y su extensión televisiva.

Como todos los lunes, acompañaban a la periodista tres de los intelectuales que con mayor información y conocimiento examinan el entorno: Denise Dresser, Sergio Aguayo y el propio Meyer. Al concluir la grabación, los participantes en la mesa comentaron lo escuchado. Meyer se limitó a decir que en revelaciones de esa naturaleza, que mostraban la relación del poder y alguna prensa: “salen nombres de periódicos, de órganos periodísticos”.

Marín ni siquiera fue aludido. Sí lo fue el órgano periodístico de la familia González de Monterrey, pero sólo aludido, es decir no mencionado por su nombre. La bravata de Marín, el pedir que Meyer se pusiera de rodillas para pedirle perdón, se convirtió efectivamente en demanda judicial cuando el politólogo, historiador, internacionalista y periodista rehusó de manera expresa disculparse ante el presunto agraviado.

Meyer contó con la eficaz defensa de la doctora Perla Gómez, experta no sólo en la legalidad que rige ese genero de conflictos, sino también una especialista en encontrar el perfil acosador de demandas como esta y otras que ha atendido. Ha de decirse también que, siendo una relevante académica en varios temas, entre ellos el derecho a la información, la doctora Gómez es también una hábil postulante, capaz de conducirse con éxito en los vericuetos de los juzgados. El hecho es que, como queda dicho arriba, el 29 de agosto pasado concluyó el caso con una sentencia absolutoria. La emisora MVS fue exonerada, y es de gran importancia señalarlo, porque de haber procedido en sentido contrario, habría incurrido en censura a sus colaboradores, que tienen derecho a su propia opinión.

Es posible que los demandantes apelen la sentencia que les fue adversa y el juicio continúe en segunda instancia. Pero por lo pronto, un mes más tarde parecen haberse allanado con la resolución judicial. Sería deseable que así permaneciera, aunque el ardor con que Marín adoptó la defensa de su honor impide considerar este margen.

Desde que el presidente Miguel de la Madrid hizo reformar el Código Civil, en 1982, al comienzo de su mandato, para incluir el daño moral como atentado a la reputación y el buen nombre de las personas, han menudeado las demandas por ese concepto. Las más de la veces nacieron de la mala fe, del afán de meter en honduras judiciales a quienes, como los periodistas afectados, debieran dedicar su tiempo, sus recursos y su energía al cuidadoso ejercicio de su profesión y no a encontrar la manera de eludir añagazas. No faltó el ánimo mercenario, cuyo propósito era obtener de jueces venales indemnizaciones cuyo monto no guarda relación alguna con la honra que se pretender hacer brillar.

Por fortuna, en mayo de 2006 la asamblea legislativa emitió una ley supletoria de la barbaridad contenida en el Código Civil. Su extensa denominación iluminas las zonas de la vida ciudadana a que se refiere: Es la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. Se enumeran así bienes jurídicos que forman parte de la personalidad; es decir, del patrimonio espiritual de cada quien, aun el susceptible de ser tasado pecuniariamente pero sin dar lugar a los abusos. Las inercias y los intereses de una porción de la judicatura capitalina han impedido aplicar la nueva ley a cabalidad, en provecho de pícaros que han hecho durar juicios hasta por siete años.

Beatriz Paredes

Anda de buenas Beatriz Paredes en estos días. Su amigo y jefe político Enrique Peña Nieto la ungió ya como candidata del PRI al Gobierno capitalino. Y ayer la Suprema Corte dejó viva una, y con ella las 18 reformas a constituciones estatales de tono conservador que sólo fueron posibles por la actitud omisa, o cómplice de una mujer que pasaba por liberal y mostró que no lo es.

Elegida presidenta de su partido tras el desastre electoral de 2006, Beatriz Paredes aparecía como una de las figuras decisivas en el rumbo del PRI y aun del País. Cuando muy tempranamente se esbozaron las posibilidades presidenciales de esa organización, figuró en el horizonte una triada que la incluía sin duda en ese rango, junto con Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. Pero, a pesar de haber conducido una victoriosa campaña electoral en 2009, la ex gobernadora de Tlaxcala no perseveró y rindió sus armas ante el Gobernador del Estado de México, del que se convirtió más que en aliada en subordinada. Por instrucciones suyas firmó en octubre de 2009 un acuerdo con el PAN para asegurar que no hubiera coaliciones de ese partido con el resto de la oposición. Peña Nieto necesitaba estar seguro -lo estuvo de todos modos, por otras vías -de que la sucesión en su estado no se convertiría en un obstáculo para su promoción presidencial.

El pacto no funcionó al final, por la volubilidad del presidente Calderón, pero el documento quedó como prueba de que el Gobierno federal panista y el del Estado de México y los dirigentes de sus respectivos partidos actuaban de consuno a favor de Peña Nieto. Al firmar el acuerdo, y al mantenerlo en secreto, Beatriz Paredes quedó exhibida como mera pieza del mecanismo que haría Presidente al mexiquense.

Con notoria prematurez, Peña Nieto no actúa sólo como el Gran elegido sino que comenzó a hacerlo como Gran elector. En pago a favores recibidos dio su voto a Paredes para que sea la candidata priísta al Gobierno de la Ciudad de México. Tras esa decisión del mexiquense se asoma la soberbia de que generará en provecho de su partido un “efecto Peña Nieto” como el que provocaron en su oportunidad Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. La popularidad de cada uno, independientemente del resultado formal de sus elecciones, fue un impulso poderoso a otras candidaturas, ya sea a cargos legislativos o al Gobierno de la capital, que Santiago Creel disputó muy cerradamente a López Obrador hace once años.

Beatriz Paredes ya intentó gobernar a la Ciudad de México. Hace cinco años sufrió una derrota aplastante a manos de Marcelo Ebrard, que obtuvo más de dos votos por cada uno de los ganados por la después lideresa priísta; los porcentajes fueron 46.37 versus 21.58. Vamos, aun Demetrio Sodi, candidato del PAN, superó a la priísta al obtener el 27% de los sufragios. Un tercer lugar, con tales diferencias, resultaba del “efecto Madrazo”, que también cayó a esa posición inédita. Pero la derrota implicaba asimismo la fragilísima estructura partidaria y también la reiteración del persistente ánimo de rechazo al PRI que en elecciones locales había ya golpeado a Alfredo del Mazo y a Jesús Silva-Herzog Flores, así como a decenas de candidatos a diputados federales y locales y delegados o jefes delegacionales.

La organización priísta en la Ciudad de México ha empeorado desde entonces. Está dividida y la porción mayor milita en la oposición interna a Beatriz Paredes. En este momento el priísmo capitalino está acéfalo y, en preparación a la decisión peñista de hacer Jefa de Gobierno a la ex lideresa nacional priísta, lo encabeza como delegado especial el senador Jesús Murillo Karam, perteneciente al más estrecho círculo de Peña Nieto, en cuya elección hace seis años fue figura relevante. Pero requerirá un gran esfuerzo para al menos desarticular el antiparedismo, ya no digamos para levantar una estructura formal que apoye con éxito a la temprana candidata del ex Gobernador mexiquense.

A la satisfacción de saberse ya ungida, Beatriz Paredes acaso agregó ayer un respiro de alivio al terminar el debate en la Suprema Corte de Justicia. Ella no era parte del asunto a resolver, pero sí lo fue en la creación de las condiciones que provocaron la acción de inconstitucionalidad que se ventiló en ese tribunal del lunes al miércoles.

Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, el conservadurismo social, encabezado por los obispos y el Partido Acción Nacional, emprendió una estrategia para impedir que una reforma liberal y moderna de ese alcance se multiplicara en las entidades. Para ello dieron en reformar las constitucionales locales a fin de inscribir en ellas el derecho a la vida desde la concepción. Los legisladores panistas no hubieran sido suficientes para construir este blindaje. Se sumaron a ellos, con fervor semejante al de los blanquiazules, diputadas y diputados priístas que hubieran debido actuar de otra manera de haber contado con un liderazgo que, por un lado, evidenciara el carácter de la maniobra y, por otro, hiciera valer principios éticos en defensa de los derechos de las mujeres, una causa a la que siempre se supuso estaban afiliados ese partido y su presidenta.

La Corte discutió si la reforma de marras, en Baja California, era conforme a la Constitución de la República. Siete ministros resolvieron que no se apega a ella, y cuatro votaron en sentido contrario. Pero se requerían ocho votos para derogarla, y por lo tanto la adición conservadora queda vigente.

Militares en Baja California.

Como si el Secretario de Gobierno de Baja California fuera un subordinado suyo, a quien reprendió en público, el general Alfonso Duarte levantó una sanción contra el funcionario civil, a quien había prohibido el ingreso a instalaciones militares. La reprimenda estaba fuera de lugar, ajena a toda ley, y por ello mismo el perdón extendido a Cuauhtémoc Cardona carece de sentido. O subraya la subordinación de la autoridad civil a la militar en aquella entidad.

La noche del Grito, mientras conversaba en la recepción oficial del festejo con el gobernador José Guadalupe Millán, el general Duarte vio de lejos a Cardona, que es secretario general de Gobierno desde que Francisco Blake Mora dejó el cargo el año pasado para convertirse en secretario de Gobernación. Duarte hizo venir ante sí al número dos de la jerarquía política y administrativa del Estado, y como si tratara de un pupilo en falta, al mismo tiempo que lo delataba ante el Gobernador le espetó sus defectos: grosero, borracho e irrespetuoso, a quien por lo mismo no quería ver jamás en oficinas bajo su mando. La grabación que captó el episodio muestra a un Cardona sumiso, a quien también se le ordenó retirarse, y a un Gobernador silencioso, acaso pasmado por el tono y el contenido del ex abrupto del jefe de la 2ª. Región Militar.

Éste disfruta de una muy buena reputación por su combate al narcotráfico, que emprendió desde que fue comandante de la zona militar con sede en Mexicali. Pero ninguno de sus lauros lo autoriza a invadir esferas de acción civiles. Según Duarte, Cardona llegó tarde a la fiesta militar por los Niños Héroes, a pesar de que estaba investido con la representación de Osuna, y cuando llegó mostraba evidencia de estar ebrio.

Una conducta como la descrita por Duarte es, sin duda, merecedora de un reproche oficial, que sólo puede ser formulado por su jefe, el Gobernador que, en cambio, cohonestó su comportamiento. Repuesto ya del susto por el regaño del general Duarte, Osuna emitió horas después un comunicado en que confirmaba en su cargo a Cardona, aunque lo obligó a demandar disculpas.

El Gobernador había pasado ya por una circunstancia semejante, en que él mismo fue obligado a rendir cuentas ante el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, que lo hizo comparecer en su oficina a propósito de una sonora denuncia formulada por un antecesor de Duarte al frente de la segunda región militar, el general Sergio Aponte Polito.

Llegado a Tijuana en 2006, en uno de los peores momentos de la inseguridad tijuanense, Aponte Polito emprendió labores por sí mismo, sin ocuparse demasiado de coordinarlas con las autoridades locales. Como si el Ejército fuera autoridad ministerial o policiaca, y no elemento de apoyo a quienes en efecto la ostentan, estableció un contacto directo con la población. Generó un mecanismo de denuncia ciudadana que era, al mismo tiempo, una promesa y un reproche. Se ofrecía un número telefónico y se instaba al público: Llame. Nosotros sí vamos.

Esa forma de obrar permitió al general Aponte no sólo realizar un activismo que se hizo notorio, sino tomar conocimiento directo de la actuación de autoridades locales en la materia, especialmente la Procuraduría estatal de justicia, a cargo entonces como ahora de Rommel Moreno. Ante acusaciones genéricas del comandante militar, el jefe del Ministerio Público le pidió en público pormenores. Y vaya que los recibió. Un buen número de funcionarios de la Procuraduría, incluida una asesora del propio titular, fueron señalados por el dedo admonitorio de Aponte Polito. Fue la suya una voz que clamaba en el desierto. El procurador Moreno desestimó las acusaciones. Si acaso provocó la renuncia de alguno de los funcionarios mencionados por el militar, pero ninguno recibió sanción alguna.

La denuncia del general Aponte Polito no adquirió tampoco formalidad alguna. Constó en una extensa carta dirigida al diario El mexicano. Lo más que se hizo fue atenuar las tensiones provocadas por la requisitoria del militar entre éste y el Gobierno local, haciendo salir de Tijuana al comandante castrense. El gobernador Osuna tuvo que acudir al llamado del general Galván para explicar lo ocurrido. Aponte Polito, por su parte, fue nombrado presidente del Tribunal Superior Militar.

En su carta, como en la conducta de Duarte, Aponte se arrogaba una cierta autoridad, al menos de supervisión, sobre las autoridades civiles. En eso radica la porción más preocupante de esos episodios, que no son por cierto comparables estrictamente por la diversidad de las circunstancias. Pero ambos revelan una sensación de superioridad que riñe con la sujeción del Ejército a normas específicas, que deben ser acatadas, so riesgo de incurrir en descontroles de mayor trascendencia.

No se ha explicado suficientemente, por ejemplo, de dónde partió la orden de allanar el domicilio de Jorge Hank Rohn, al inicio de una acción que terminó mal para la procuración de justicia. Fue inequívoca la participación de tropas militares en el asalto a la casa del empresario de casinos. Entraron en ella sin orden de cateo ni de aprehensión y fingieron flagrancia para introducirse al recinto privado. Luego de la exoneración de Hank debimos conocer la suerte jurídica de los allanadores, que lejos de cumplir su deber incurrieron en delitos. La libertad de acción que al hacerlo mostraron es indicativa de una situación peligrosa, que es la sujeción del Gobierno civil a requerimientos militares superiores.

Tolerancia y derecho a la vida.

Medio millar de diputados locales suponen, o se les hace decir, que las resoluciones de las legislaturas estatales a que pertenecen, son definitivas e irrevocables. Anteayer demandaron de la Suprema Corte “pleno respeto a la libertad de configuración legislativa” que dicen haber practicado al incorporar “a nuestras constituciones locales el derecho a la vida de todo ser humano desde su inicio en la concepción y fecundación”.

Es seguro que los 468 legisladores estatales de todos los partidos que firman este llamado al máximo tribunal de la república, saben que en último término la validez de sus actos está sujeta al control constitucional, susceptible de ser ejercido por varios medios y órganos del poder judicial federal. Y sin embargo, blandiendo una presunta obediencia a la voluntad popular, se sumaron a las presiones sobre la Corte, que ayer comenzó a resolver dos acciones de inconstitucionalidad, cuyo resultado puede ser la supresión de declaraciones sobre la vida incorporadas a constituciones estatales.

Se comprende, y es usual que cuando está a debate judicial un asunto de trascendencia, se expresen opiniones en pro y en contra, y hasta se perciban tomas de posición organizadas en favor de una u otra posible resolución del pleno. Pero la campaña propagandística que a últimas fechas se ha sostenido para inclinar la voluntad de la Corte a favor de textos que plasmaron convicciones morales surgidas de una doctrina religiosa, y no principios jurídicos, como es propio de una república laica, ha sido particularmente insistente y pesada, en el sentido de que la suscriben personas e instituciones de gran relieve en la vida social mexicana.

Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Mexicana, y la Arquidiócesis de México emitieron un mensaje titulado “La vida, don precioso que debemos proteger”, y sumaron a él la firma de prelados de confesiones religiosas cristianas distintas de la católica. De ese modo, una representación de asociaciones religiosas no numerosas pero algunas de ellas dotadas de influencia política, adoptó una posición conjunta con la Iglesia católica, expresión común que es infrecuente percibir en asuntos de espiritualidad y trascendencia. Obispos del Patriarcado ortodoxo de Antioquia, el Patriarcado ecuménico de Constantinopla, Iglesia ortodoxa de América, Iglesia Maronita, Iglesia Nacional Presbiteriana, la Metodista, la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Pentecostales, agregan su voz a la de la jerarquía católica con la intención de inclinar el ánimo de los ministros hacia la posición demandada por la cúpula episcopal y por el Partido Acción Nacional, cuyas bancadas en el Congreso de la Unión emitieron también mensajes en la misma dirección.

Esta posición conjunta revela ahora de modo formal, aunque se conocieran claramente sus perfiles, la campaña de reforma a las constituciones locales que alcanzó a modificar 18 de esos documentos en que se expresa la soberanía local. Fue una respuesta concertada ante la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Corte respecto de las reformas penal y de salud que establecieron en el Distrito Federal el derecho de interrumpir el embarazo antes de la duodécima semana y la institucionalización de las atenciones requeridas por la mujeres que deciden colocarse en tal situación.

El intenso conservadurismo católico, expresado en legisladores de todos los partidos, no emprendió reformas a los códigos penales en materia de aborto. Escogió la vía de hacer constitucional el derecho a la vida, de modo que cualquier intento de despenalizar el aborto chocara con esa barrera insuperable. En dos casos personas e instituciones que percibieron en esas reformas conculación de los derechos de las mujeres, consiguieron impulsar acciones de inconstitucionalidad que ahora se ventilan en la Corte. El ponente en los dos casos, referidos a las legislaturas de Baja California y San Luís Potosí es el ministro Fernando Franco que ha sido a su vez objeto de una campaña de desprestigio personal, en que lo menos que le endilga es ser enemigo de la vida.

Ayer comenzó a discutirse el caso de Baja California, cuya acción de inconstitucionalidad fue presentada por el ombudsman de esa entidad federativa. El ministro Franco resumió que entre varios, hay dos temas fundamentales a dilucidar: por un lado, determinar “si la Constitución federal y los tratados internacionales pertinentes le otorgan jurídicamente el carácter de individuo o persona al concebido desde el momento de la concepción, fecundación y lo reputan como nacido para todos los efectos legales correspondientes”. Y, segundo, si no es así, es decir si “el producto de la concepción no se reputa constitucionalmente como persona humana en el sentido normativo” hay que establecer “si ese carácter le puede ser reconocido…por el orden jurídico de una entidad determinada”.

La discusión no es simplona, como pretenden los detractores de la posición esbozada por un ministro que, por otra parte, es partidario del derecho a la vida (como lo son todas las personas con un mínimo de sensatez). No se trata de despenalizar el aborto, o de aplicarle nuevas sanciones. No está a discusión ninguna reforma a códigos penales, sino si el blindaje construido por el conservadurismo social (con el Episcopado y el PAN a la cabeza) es acorde con la Constitución federal o es expresión de un credo muy respetable en sí mismo, pero que no puede convertirse en norma jurídica que, además, no sea impugnable.