lunes, 31 de enero de 2011

Adiós, Gober precioso

Hoy concluye el Gobierno de Mario Marín Torres, que merecidamente ganó un lugar en la picaresca política al ser llamado “Gober precioso” por su mecenas, cómplice y adulador Kamel Nacif, en la célebre conversación telefónica en que decidieron “dar un coscorrón”, es decir agredir gravemente a la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005.
 

Marín Torres hizo una carrera exclusivamente burocrática, en funciones de medio pelo, en que se había mostrado austero y discreto hasta que, llegado a la gubernatura dio cauce a su avidez por los placeres mundanos y por el dinero.

Nacido en el seno de una familia pobre en un poblado de la misma condición (Nativitas, municipio de Cuautempan), estudió derecho en la Universidad autónoma de Puebla y al graduarse ingresó en el poder judicial local y en el Gobierno del Estado. Nunca salió de esa entidad en tareas políticas (no fue delegado del PRI ni legislador federal), y a cambio conoció puntualmente los recovecos del poder local. Secretario particular de cinco directores y secretarios de Gobernación locales, ascendió al gabinete con el gobernador Manuel Bartlett, entre 1993 y 1999, etapa en que fue subsecretario y secretario del ramo a cuyos titulares había servido. Bartlett mismo lo hizo Alcalde de la capital poblana En ese su primer cargo de elección, donde permaneció de 1999 a 2002, empezó a mostrarse como era, tras abandonar la opacidad de su trayectoria previa, donde el único rasgo de inmodestia que se permitía era ruborizarse cuando el servilismo de sus subordinados lo comparaba con Benito Juárez.

Siempre viviendo de la política, dirigió el PRI estatal cuando terminó su gestión en la Angelópolis, y su conocimiento del aparato le permitió superar la rala simpatía que le profesaba el gobernador Melquiades Morales, e imponerse como candidato a la Gubernatura. La ganó en las elecciones de noviembre de 2004 con holgura (una diferencia de casi 14 puntos frente al candidato panista Francisco Frayle). Pero quedó claro que la tradicional hegemonía priísta en Puebla tocaba a su fin, cuando fueron muy semejantes las cifras de quienes eligieron a Marín y de sus oponentes. Esa declinación del tricolor se acentuó en los comicios federales de 2006, en los que triunfó Felipe Calderón y los candidatos panistas al Senado, uno de ellos Rafael Moreno Valle Rosas, cuyo tenue priísmo había quedado oculto por una capa de pintura blanquiazul, y que mañana reemplazará a Marín.

Un hábil manejo del presupuesto (el de desarrollo social sobre todo) le permitió revertir esa tendencia en los comicios locales de 2007 y los federales de 2009. Pero la oposición se unió el año pasado y el Gobernador saliente cometió varios errores, entre ellos designar a un candidato impopular, Javier López Zavala, que cayó abatido por esa su condición personal a la que se sumó el hartazgo causado por los modos de Marín y su ambición personal, que lo condujo a reunir una fortuna (la visible en ostentosos inmuebles y automóviles) que no pudo pagar con su remuneración de 13 mil pesos al mes.

Situó a miembros de su familia en posiciones clave. Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (quien me parece que es su cuñado) fue determinante en el enriquecimiento del Gobernador. Los presupuestos de los proyectos en ese ámbito fueron generalmente rebasados, y con escándalo. El Centro expositor, donde el jueves pasado Marín dirigió su último mensaje, es simbólico de esa conducta: iba a costar 800 millones de pesos y al final se pagó lo doble. El secretario de Obras Públicas fue denunciado en noviembre pasado ante la PGR por un grupo de empresarios por lavado de dinero, descomunal según sus cuentas: dos mil millones de pesos.

Sería imposible en este espacio enumerar los muchos rasgos de autoritarismo perpetrados por Marín, que en cambio fue ineficaz en la garantizar a los poblanos su seguridad: los secuestros crecieron hasta sumar 83 en los 6 años de su Gobierno (19 el año pasado y 27 el anterior fueron las cifras más altas).

Pero no se puede repasar la gestión de Marín sin colocar en el sitio principal que le corresponde la conspiración urdida por él personalmente contra la periodista Lydia Cacho. En su libro Los demonios del edén, esa valiosa escritora y activista de derechos humanos denunció la pederastia de Jean Succar Kuri, un protegido de Kamel Nacif. No sólo para castigarla e intimidarla por esa osadía sino, como se comprobó después, para ocultar la red nacional e internacional de abuso sexual y pornografía infantiles, el empresario textil pidió a Marín, a cuya campaña había contribuido con sumas determinantes, organizar un sesgado y parcialísimo juicio penal por difamación contra la periodista, que virtualmente fue secuestrada en Cancún, donde reside, para ser procesada en Puebla.

A la postre el caso se revirtió y quedó en claro la vil maniobra a cuya cabeza actuó Marín. El ahora presidente de la Suprema Corte, el ministro Juan N Silva Meza, no vaciló en concluir en su voto particular, que el Gobernador “propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios… para que el proceso penal instruido contra la periodista… se desarrollara de tal manera que para favorecer el ánimo vengativo de (Nacif) impidiera a la inculpada el adecuado ejercicio de (sus) derechos constitucionales”, lo que dicho en la palabra propia de Marín consistió, según dio cuenta a su cómplice, en “darle un coscorrón” a la periodista, porque “nos ha estado jode y jode”.

Supervía: hechos consumados

El principal obstáculo para que el Gobierno capitalino atienda la recomendación de suspender la construcción de la Supervía poniente es el costo que ello tendría para la autoridad capitalina. Ese es su argumento central, amén de las consabidas explicaciones sobre la necesidad de comunicar zonas de la ciudad que requieren ser conectadas. La autoridad ha fabricado una situación, sin cumplir cabalmente la ley y sin esperar que otros la cumplan, y ahora busca utilizar en su provecho su propio abuso y negligencia y colocar a la sociedad, y no sólo a los impugnadores de la obra, ante hechos consumados.

Hace una semana, el 20 de enero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación en cuyo primer punto se propone al jefe del Gobierno Marcelo Ebrard suspender la obra. De inmediato, sin aguardar a que transcurra el plazo legal para responder, y notoriamente sin conocer el contenido completo del documento, su respuesta reiteró una posición expresada de manera contumaz: la obra no será suspendida.

Antes de la recomendación, cuando suspender el proyecto era una demanda de un sector de la sociedad civil, el argumento tenía un peso diferente al de hoy, cuando se oponen pesos y centavos al respeto a los derechos humanos. Todavía anteayer miércoles se alegó, que detener la obra costaría al Gobierno mil millones de pesos. Es que la autoridad ha adquirido compromisos, como el de pagar compensaciones a la empresa constructora si la obra se detuviera o no fuera realizada. Comprometer dinero público respecto de circunstancias que pueden quedar fuera del control gubernamental es un desempeño irresponsable. Es apostar mucho dinero a que un proyecto será llevado hasta su consumación. Podría no ser así. ¿Qué tal, por ejemplo, si el Gobierno federal hubiera negado el permiso para modificar el uso del suelo en las áreas de su jurisdicción?

Apenas anteanoche ocurrió lo contrario de la suposición anterior, pues sí fue emitida la autorización que el Gobierno federal debe expedir a toda obra que entre en las zonas de su competencia. En “los próximos días” será notificada a la empresa Controladora Vía
Rápida Poetas, sociedad anónima de inversión de capital variable, que fue la solicitante.

Sólo entonces la promoverte podrá conocer las condiciones a que se sujeta el permiso, y que fueron publicitadas en lo general en una comunicación de la Semarnat. Mientras no surta efectos la notificación y la Controladora no manifieste su disposición a cumplir los condicionantes, el proyecto carece de un requisito fundamental. Falta, adicionalmente, una apreciación del proyecto por la Comisión nacional del agua, que apenas en febrero será formulada.

Ha sido, por lo tanto, un atrevimiento llegar a esta fecha con esa deficiencia. El Gobierno capitalino procede con la ligereza irresponsable del particular que construye un edificio en zona prohibida o con características no incluidas en su licencia de construcción y de uso de suelo, fiado en que una vez en curso una construcción todo lo más que se hará es bendecir los hechos consumados, nunca frenarlos y mucho menos volver atrás.

Al Gobierno capitalino le parecía inadmisible que el Frente amplio para la construcción de la supervía planteara la suspensión de la obra como requisito para el diálogo. Se argumentaba el costo de incumplir los compromisos con la empresa que construirá y operará el camino de peaje de que se trata. Pero en una reunión con la Comisión de acompañamiento, una suerte de intermediario entre la autoridad y los sectores adversos al proyecto, se manifestó que la suspensión de la obra podía ser resultado del diálogo que dicha Comisión busca facilitar. Si no se hubiera admitido esa posible consecuencia el diálogo carecería de sentido, pues en él han de presentarse argumentos en pro y en contra, informaciones que no en todos los casos ha sido difundida, o puesta a disposición de los sectores que se sienten afectados, no sólo en lo inmediato sino también por las consecuencias que para la vida general de los capitalinos puede tener el proyecto.

La recomendación de la CDHDF cambió el status legal y político de la suspensión. Una cosa era que la demandara un conjunto de agrupaciones y ciudadanos, y otra que la recomiende el organismo público de derechos humanos. Aunque su posición no obligue al Gobierno, que puede aceptarla o rechazarla sin consecuencias jurídicas, la fuerza de la argumentación del ombudsman capitalino requiere una respuesta igualmente razonada, que vaya más allá de la simple negativa o del costo que tendría suspender la obra. Ha de darse respuesta respecto de las violaciones y riesgos para los derechos humanos, que en un régimen democrático como el que vive la ciudad de México han de ser superiores a los objetivos de la gestión administrativa y con mayor razón a los abusos o deficiencias del desempeño gubernamental.

Ya había errado el Gobierno al entender la oposición a la Supervía como un lance político practicado o auspiciado por intereses antagónicos a los suyos, en la permanente contienda por el poder o por la imagen pública. En ese punto podría decirse, conforme al dicho, que “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”. Si los partidos y los grupos políticos apoyan a los opositores a la obra sinceramente o porque les conviene, eso no priva de razón a sus argumentos, a los que debe responderse. La posición de la CDHDF, por añadidura, posee su propio vigor axiológico y argumentativo que obliga a su aceptación.

domingo, 30 de enero de 2011

Guerrero: sin comida ni democracia

Guerrero es uno de los estados más pobres de la República. Sus varias carencias lo tienen al final de la lista de las entidades: De un total de 3.4 millones de habitantes según el censo del año pasado, su población económicamente activa suma 1.3 millones de personas, pero al 31 de diciembre de 2010 sólo 145 mil personas estaban afiliadas al IMSS. Por ello 1.8 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud (Jorge Chávez Presa, El Universal, 29 de enero). Y ya no digamos los índices de las diversas clases de pobreza, entre ellas la alimentaria, que se ubican entre los peores del País.

Las pésimas condiciones de vida de los guerrerenses corresponden a su atraso político. En los ochenta años recientes la normalidad institucional se ha visto afectada por cuatro veces en que se “disolvieron los poderes”, la deformada fórmula constitucional con que los presidentes deponían a gobernadores desafectos o incómodos. Una vez, cuando ya no era bien vista esa receta, un Gobernador tuvo que renunciar, amén de otro que murió en el desempeño de su cargo.

Los guerrerenses, cuya vida no es mejorada por acciones gubernamentales, se han interesado poco por el Gobierno, y no acuden a votar. Sus altos niveles de abstención permitieron durante largo tiempo que el voto se manipulara hasta extremos escandalosos. En la elección del primer Rubén Figueroa, en 1974, el Gobierno de Echeverría quiso recompensarlo por el desajuste emocional que le provocó ser secuestrado cuando estaba en campaña, y le regaló una elección casi unánime: sin rival al frente, se le atribuyeron 583,371 del total de 583,887: sólo hubo medio millar de disidentes, contrarios a ese amigo del Presidente que ejerció el poder, como antes ocurría y como ocurrió también después, con mano dura.

Por eso en Guerrero se ha recurrido a las armas en mayor medida que a los votos. Amén de otros actos de violencia política (como los que han dirimido conflictos entre grupos de poder), en Guerrero se han gestado más alzamientos organizados que en ninguna otra entidad en el medio siglo reciente. Dos veces al menos pretensiones de organización popular fueron reprimidas y provocaron que sus dirigentes tuvieran que refugiarse en la sierra y desde allí practicaran la opción guerrillera. Genaro Vázquez Vázquez Rojas había fundado la Asociación Cívica Guerrerense, que en su nombre enunciaba su propósito, pero fue aprehendido porque el gobernador Raymundo Abarca Alarcón, que rigió a Guerrero de 1993 a 1969, tenía presente que el general Raúl Caballero Aburto había sido depuesto por el presidente López Mateos en 1961 a partir de una revuelta civil, y no estaba dispuesto a padecer la misma suerte. Lucio Cabañas, a su vez, se remontó después de que se pretendió aprehenderlo sólo por organizar el descontento de padres y maestros en Atoyac de Álvarez, y no le quedó más que trocar ese modo de participar en la vida pública por el uso de las armas.

La muerte de ambos dirigentes y la desaparición de sus intentos guerrilleros no impidieron que se buscara repetir la tentativa. En Guerrero se presentó en público por primera vez el Ejército Popular Revolucionario, que desde su aparición en 1996 no ha dejado de realizar acciones militares, aunque desde 2008 se ha comprometido a observar una tregua en espera de que fructifiquen esfuerzos por presentar con vida a dos de sus militantes, sujetos de desaparición forzosa en Oaxaca en 2007.

La lucha contra la guerrilla de Lucio Cabañas y su Partido de los Pobres y su Brigada de ajusticiamiento intensificó la represión a las actividades políticas de la oposición y la disidencia. Guerrero fue un espacio principal de la guerra sucia emprendida por el Gobierno de Echeverría para acabar con la protesta armada. Se emprendió esa batida sin reparar en límites legales. Está en curso, por la lentitud renuente del Estado mexicano a cumplirla, la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Rosendo Radilla. Su caso ejemplifica y sintetiza la naturaleza del combate militar a la población: en 1974 fue detenido por un comando del Ejército, en presencia de su hijo, y no se supo nunca más de él. La fiscalía especial para investigar las acciones ilegales de fuerzas castrenses y policiales en esa década recibió denuncias y halló indicios de decenas de acontecimientos semejantes, aunque no pudo documentarlos al punto de convertirlos en piezas de acusación contra sus perpetradores.

La violencia de autoridades locales o federales contra personas en Guerrero no pertenece al más remoto pasado. Hace no más de cinco lustros que el gobernador José Francisco Ruiz Massieu y quien fuera su cuñado el presidente Carlos Salinas de Gortari, ostentosos de su modernidad y de la que querían imprimir a sus acciones practicaron o admitieron también esa violencia, especialmente contra miembros del naciente Partido de la Revolución Democrática. Y en 1995 un intento de protesta pacífica emprendido por campesinos inermes fue enfrentado por la Policía estatal con tanta rudeza innecesaria que murieron 17 personas. No a causa de ese exceso, sino porque se descubrió que lo era (un video donde se aprecia la artera agresión en el vado de Aguasblancas fue difundido por Ricardo Rocha entonces todavía en Televisa), obligó al presidente Zedillo a pedir a la Suprema Corte una investigación constitucional sobre el suceso, y a pedir a su amigo, Rubén Figueroa, que se marchara. (Por cierto, convendrá que Zedillo explique a quién se refirió en Davos cuando anunció que “vamos a ganar”).

Salvo esa sanción política, a la postre ningún autor intelectual o material de esa matanza recibió castigo penal. Tal impunidad propició que en 1998 fueran objeto de un ataque semejante, este a cargo de militares, activistas de desarrollo social. En campaña contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI, una temprana disensión del EPR), tropas federales dieron muerte a once personas, reunidas en una escuela de la comunidad de El Charco, en el municipio de Ayutla de los libres. Oficialmente se determinó que cuatro de las víctimas eran miembros del ERPI. Las restantes padecieron, según la terminología en boga hoy, un daño colateral.

Reprimidos y pobres, los guerrerenses quieren saber lo menos posible del Gobierno y por eso no votan. En las dos elecciones federales más recientes el abstencionismo fue muy elevado: 68% en los comicios legislativos del año antepasado, Ni siquiera el activismo de Andrés Manuel López Obrador en 2006 logró una mayoritaria participación social, pues apenas votó el 45% de los integrantes del padrón.

La ausencia ciudadana es mayor en elecciones locales. Fue de 48% en la jornada de 2005, cuando Zeferino Torreblanca derrotó al priísta Héctor Astudillo y ascendió a 51% tres años más tarde. En esos comicios fue elegido diputado Armando Chavarría, que de ese modo comenzó su aproximación al Gobierno del Estado, como candidato del PRD. Su proyecto empezó a concretarse cuando se convirtió en líder de la Legislatura local, un espacio apropiado para hacer conocer su creciente distancia del gobernador Torreblanca, de quien había sido secretario de Gobierno, para diferenciarse de un programa político cuya ejecución había decepcionado a los votantes, que sufragaron por él en espera de un cambio que nunca se produjo.

Pero Chavarría fue asesinado el 20 de agosto de 2009 sin que, como es típico en Guerrero y en este gobierno, se conozca a los autores de la agresión aunque se supongan sus móviles. Ausente de la escena el candidato natural, las fuerzas del dividido PRD, especialmente la encabezada por el propio Torreblanca se trenzaron en una lucha interna que se resolvió del peor modo posible, la selección de un priísta como candidato. Y no un priísta cualquiera, sino el senador Ángel Aguirre Rivero, que fue gobernador interino a la caída de Figueroa.

De modo que, sin alternativas reales, llegan hoy los guerrerenses a las urnas. Es de temer que acudan pocos, no sólo porque los candidatos y los partidos no les digan nada, sino por temor. La violencia política tiñó de sangre las campañas, y las calles de las grandes ciudades y los caminos de todo el estado son escenario de ataques mortales del crimen organizado que nadie parece capaz ya no digamos de impedir y castigar sino siquiera de contener.

jueves, 27 de enero de 2011


Epílogo, posdata y proemio

Cuando Diego Fernández de Cevallos fue puesto en libertad por sus secuestradores, el 20 de diciembre pasado, los “misteriosos desaparecedores” que se lo llevaron el 14 de mayo anterior parecieron cerrar el caso con un boletín titulado “Epílogo de una desaparición”. Un mes más tarde, sin embargo, la Red por la transformación global, que firmó el comunicado decembrino, ha reaparecido para anunciar de modo explícito que continuará presente, y que “se vale de la violencia, más no como único ni fundamental recurso”, sino como instrumento para “la construcción de un proyecto económico, político y social”, que reconstituya la condición humana que la vileza de los poderos nos arrebata”.
La importancia del texto difundido el martes no radica sólo en reabrir el expediente Fernández de Cevallos, sino en que contiene un amago dirigido a todos. Por ello el comunicado se llama “Posdata y proemio”. Los integrantes del grupo que secuestró a Fernández de Cevallos no son, si nos atenemos a lo que dicen de sí mismos, delincuentes mercenarios que se retirarán a vivir de las rentas que les deje el suponemos cuantioso pago por el rescate del político panista. Avisan que pueden insistir en operaciones como la que concluyó el mes pasado, es decir ejercer la violencia “constructiva” que para esa Red, es un “recurso legítimo” que se proponen se sostenga en un “proyecto en el que su uso sea sólo un medio necesario”.

Además de teorizaciones sociológicas y reflexiones filosóficas, el nuevo comunicado de la Red contiene referencias a dos hechos concretos, uno de los cuales permite validar por primera vez sus boletines. Relatan que su víctima durante más de 7 meses fue condenado a muerte, pero que se concedió al sentenciado la ocasión de solicitar la conmutación de la pena. Para ello demandaron de Fernández de Cevallos la redacción de un pedimento para salvar su vida, que el secuestrado efectivamente preparó y firmó.

Tras la lectura al aire de Posdata y proemio, el ex candidato presidencial panista telefoneó el martes por la noche al periodista José Cárdenas para hacer precisiones. Las más importantes son las dos primeras, que se refieren a este punto: “Sí fui condenado a muerte el día anterior a mi liberación”, aceptó. Y “sí solicité por escrito y con mi firma, la revocación de la sentencia de muerte”, admitió también.

Si los hechos ocurrieron en esa sucesión cronológica, quiere decir que los secuestradores estaban dispuestos a ejecutar a Fernández de Cevallos aún después de haber cobrado por su libertad, lo que revela una sevicia intolerable y contraria a los propósitos humanísticos que proclaman. O la condena a muerte fue un acto meramente ritual, destinado a obtener una carta autógrafa que haga constar el cautiverio y la petición de clemencia de la víctima. No se trató, entonces, de una conmutación en sentido estricto, que es la asignación de una pena diversa de la de muerte, consistente en el pago de una cantidad de dinero que ya había sido recibida. Haber comunicado a la víctima que sería muerta es tal vez una de las “atrocidades” que se le infirieron, según el propio líder y litigante.

Por otro lado, los secuestradores niegan haber cometido el mismo delito en la persona de Eduardo García Valseca, que permaneció en manos de sus captores durante casi tanto tiempo como el panista. El empresario, que residía en San Miguel Allende, Gto. en el momento en que comenzó su cautiverio y ahora radica en los Estados Unidos, ha insistido en que los captores de Diego y quienes lo privaron de la libertad por un lapso levemente mayor, son los mismos, aunque los ha identificado por un nombre distinto, Tendencia Democrática Revolucionaria, de la que dice es un desprendimiento del Ejército Popular Revolucionario. En la caracterización del grupo que lo agredió, García Valseca parece estar influido por su abogado, José Antonio Ortega, un figurante que a menudo realiza sus actividades mezclando aspectos jurídicos, políticos y mediáticos. Es el presidente del Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una asociación civil desde donde litiga y se presenta como un adalid contra el secuestro y no como un postulante en esa materia, como puede lícitamente ostentarse.

García Valseca fue secuestrado el 7 de junio de 2007 y liberado el 24 de junio de 2008, después del pago de una cantidad menor de la originalmente demandada por sus captores. Desde entonces está en espera de que las autoridades den con los delincuentes que lo mantuvieron en un penoso cautiverio, sometido a maltratos. Su esposa, Jane Reyger, también secuestrada con él, fue devuelta a su vida cotidiana de inmediato para ocuparse de reunir el pago exigido por los captores. No hizo únicamente eso. Fue capaz de reunir valiosa información en torno al lugar donde se hallaba su marido, y tanto ella como él mismo ofrecieron a la Policía Federal información para el esbozo de seis retratos hablados.

Hace ya tres años que concluyó el cautiverio de García Valseca y las averiguaciones sobre ese delito no han rendido fruto alguno. La Procuraduría General de la República se queja de que la Policía federal no ha presentado a la indagación ministerial el expediente del caso. Y tan enredada está esa corporación con ese asunto, con una dilación que se asemeja mucho a la complicidad, que el comisionado, Facundo Rosas viajó la semana pasada a Austin para asegurar, por enésima vez a García Valseca que su asunto está por resolverse. Y a pedirle que no hable con los medios.

miércoles, 26 de enero de 2011


Vísperas guerrerenses

Hoy es el último día para que candidatos y partidos hagan campaña en pos de la gubernatura de Guerrero, que se decidirá en los comicios del próximo domingo. Señales ominosas avisan del riesgo de que esa jornada sea violenta: a la agresión contra un militante perredista que lo tiene al borde de la tumba desde hace diez días se agregó el lunes el asesinato de un dirigente priísta. Cada partido afectado acusa a su contendiente del ataque respectivo, por lo que no debe excluirse que haya represalias o provocaciones.

El 10 de enero, en Chilpancingo, fue golpeado al punto de que desde entonces se halla en coma, el representante del PRD ante el Instituto electoral estatal, Guillermo Sánchez Nava. Este lunes, en la comunidad de El paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez fue asesinado Régulo Cabrera, cuya esposa y dos hijos quedaron heridos. Ese es el extremo de la guerra sucia que han librado las dos coaliciones en contienda. Muy llamativa ha sido, por la extensa difusión que ha merecido en espacios nacionales, una conversación telefónica, interceptada ilegalmente, entre Ángel Aguirre Rivero, el priísta postulado por PRD, PT y Convergencia y la senadora perredista Claudia Corichi. Es una plática insulsa de cuya divulgación, sin embargo, deberán sacar consecuencias quienes la sostuvieron: la legisladora deberá abstenerse de participar en la jornada electoral, y sobre todo ha de pedir que se vayan de Guerrero los cien zacatecanos, locos o cuerdos, cuya presencia anunció a Aguirre. La sola presencia de la senadora y de sus huestes, aunque dedicaran el día a descansar en las playas acapulqueñas sería un factor de perturbación, y a sus presuntas acciones se atribuirían los resultados del domingo que, si uno se atiene a las encuestas, favorecerán al candidato que no pudiendo serlo por su partido se unió a sus opositores. Supongo que la delegación zacatecana no será determinante en el resultado, pero más vale que no lo parezca, sobre todo por la baladronada de Corichi, quien asegura que “lo suyo” es ganar secciones electorales difíciles. Y anunciar que lo hará de última hora se presta fácilmente a sospechas generadoras de tensiones que deben evitarse.

La mayor parte de las encuestas dan ventaja a Aguirre. La publicada anteayer lunes en El Universal, levantada en vivienda entre el 20 y el 23 de enero registra siete puntos de diferencia en su favor. En un torpe afán de contrarrestar el efecto propagandístico de ese resultado, el PRI hizo publicar al día siguiente, en el mismo diario, otro ejercicio realizado por Comunicación corporativa y pública (que se confiesa parte del Grupo Chakal), bajo un encabezado contundente: “Manuel Añorve ganará elección a gobernador”, con los mismos siete puntos de diferencia. Se trata de una maniobra semejante a la que llevó al PRI a trucar los resultados de otra encuesta de María de las Heras, que muestra un empate a 39% de preferencias, como si fuera favorable a Añorve.

Debido a los managers que atienden a los contendientes en el cuadrilátero, la elección del próximo domingo se ha perfilado como un cotejo entre dos precandidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard. Cada uno apoya a los candidatos de su partido, y han hecho actos de insistente presencia. La del priísta parece obedecer a un propósito doble: no sólo contribuir a que su partido triunfe, como lo hizo en media docena de elecciones el año pasado, sino hacer suya una victoria que podría ser atribuida, en la combinación de factores locales y nacionales, a su competidor Manlio Fabio Beltrones. Añorve ha trabajado al lado del Senador sonorense en los años recientes y su candidatura fue una muestra de la influencia de Beltrones. Sin embargo, Peña Nieto se abstuvo de presentarse el domingo pasado en el cierre de campaña de su candidato, lo que sugiere que no quiere ser afectado por la derrota que eventualmente padezca Añorve (y que Beltrones no podría eludir).

Ebrard tomó el proceso guerrerense en sus manos a partir del asesinato de Armando Chavarría, ex secretario de Gobierno y a la hora de su muerte, 28 de junio de 2009, líder de la legislatura local, eminente posición desde la que vislumbraba su postulación a la gubernatura. Con su presencia el jefe del Gobierno capitalino eliminó al gobernador Zeferino Torreblanca de la toma de decisiones y se propone mostrar la derrota priísta a manos suyas como un anticipo de la que su candidato, sean quien fuere, infligirá en los comicios del DF a la candidatura priísta. En el tricolor se da por hecho que el efecto Peña Nieto en el 2012 se reflejará en la elección local capitalina. Pero no se trata más que de una ilusión, comprobable por las agudas divisiones que en este momento mismo, a la hora de elegir al consejo político priísta en el DF se están evidenciando y profundizando.

Aunque los partidos que aseguran representarla triunfen el próximo domingo, la izquierda continuará esperando su hora de gobernar a Guerrero. Chavarría encarnaba la más firme posibilidad de que esa espera concluyera, y por eso fue eliminado, y por eso no se tiene noticia de quién lo mató año y medio después del asesinato. Si este fin de semana se altera sustantivamente el orden en algunos puntos conflictivos de la entidad, además que quienes los provoquen en su gestación tendrá responsabilidad el triste desempeño gubernamental, negligente para decir lo menos.

Ya que no cabe esperar nada del Gobierno local, los candidatos deben afanarse en evitar violencia el domingo.

martes, 25 de enero de 2011


Don Samuel, ese converso

Nadie iniciará nunca su beatificación y por lo tanto no habrá un Samuel Ruiz en los altares. Pero el bien que hizo el que fuera obispo de San Cristóbal de las Casas durante su ministerio episcopal y en el decenio posterior a su retiro es la más clara señal de que era un hombre escogido por el Dios en que creyó desde el fondo de su corazón.

Don Samuel pasó de ser un muchacho brillante, una joven promesa a una madura realidad pero en un sentido por entero opuesto al que permitía augurar el comienzo de su carrera eclesiástica. Con estudios superiores en Roma, estaba llamado a ser parte de la clericracia. En la diócesis de León fue rector del seminario y canónigo, apenas cumplida la tercera década de su vida. Por ello fue elegido obispo de San Cristóbal de las Casas, cuya consagración ocurrió un día como hoy, el 25 de enero de 1960. Durante los primeros años de su desempeño don Samuel fue un obispo como el que se esperaba que fuera, más cercano a los riquillos de la antigua Ciudad Real que a su rebaño. Pero la pobreza cruda, sin disfraces que padecían los más en Chiapas fue el motor de la primera transformación, la conversión inicial del obispo. En la práctica, por su sensibilidad inteligente, fue pionero de la opción preferencial por los pobres, aquellos que eran víctimas de la muerte porque no se les dispensaba la atención médica que requerían. Es que apenas formaban parte del paisaje, nadie les consideraba personalidad. Cientos de años después de que el primer obispo de esa diócesis, fray Bartolomé de las Casas, pugnó ante la Corona española y ante los tribunales porque se considerara a los naturales de esa tierra como gente de razón, el prejuicio y los intereses seguían entercados en impedir el pleno reconocimiento de su condición humana.

Los pobres en Chiapas, en San Cristóbal eran todos indígenas, pertenecientes a varias etnias cuyos valores, la lengua entre ellos, no sólo no eran reconocidos sino que se les combatía. Con mirada benevolente, don Samuel compartió durante años el credo oficial, de la Iglesia y del gobierno, de que el mejor modo de ayudar a los indios era haciendo que dejaran de ser indios. Pero esa cruel paradoja enseñó pronto sus límites a un hombre con luces morales e intelectuales de carácter excepcional, como don Samuel. De modo que no tardó en convertirse en promotor de los derechos de los pueblos indígenas, pertenecieran o no al catolicismo y por ello en piedra de escándalo.

La crisis agraria de los ochenta (precedida en los años anteriores por un agravamiento de la lucha por la tierra) fue resultado de la prevalencia en Chiapas de un régimen feudal, que desdeñaba con ferocidad la necesidad indígena de contar con tierras, las suyas que les habían sido arrebatadas o las que demandaba el crecimiento poblacional de las comunidades indias.

Como la pugna vital de don Samuel consistía en eliminar las discriminaciones de toda laya, promovió la participación de los laicos, esos menores de edad frente a las autoridades de la Iglesia tradicional, en la vida pastoral de su diócesis. La consagración de diáconos casados no era simplemente un asunto digamos laboral, la habilitación de personas que auxiliaran profesionalmente a los sacerdotes, sino una muestra de respeto a los católicos, que no deben aparecer ni sentirse disminuidos ante los clérigos.

La cada vez más acendrada toma de conciencia de don Samuel, respecto de los asuntos, dentro y fuera de la Iglesia, que concernían a los fieles pertenecientes a su diócesis puso al prelado en el dilema de hacer respetar los derechos mediante la violencia armada o a través de la movilización social. Al comenzar los noventa creció la presencia de quienes optaron por el cambio inmediato, apelando a las armas. Fue tarea del obispo respetar esa opción sin estorbarla ni menos condenarla.

Esa actitud le permitió, cuando el zapatismo armado atacó sedes municipales en los Altos y la selva Lacandona, convertirse en mediador, pues contaba con la confianza de los alzados y de quienes, tras una inicial decisión de meramente reprimirlos, optaron después por el diálogo en pro de la paz.

La mediación a favor de la paz fue la seña de identidad de don Samuel a partir de aquel 1994. Renuente siempre a los personalismos protagónicos, resolvió institucionalizar su papel de mediador y convocó a personajes de gran talla en la sociedad civil a integrar la Comisión Nacional de Intermediación. Superada la etapa en que la Conai fue útil, su papel se extendió fuera de Chiapas y se afianzó en la atención a conflictos sociales de diversa naturaleza. Con el mismo afán que construyó siendo obispo el centro de derechos humanos que lleva el nombre del fundador de su diócesis, el Frayba, como familiaridad entrañable se le conoce en aquella región, don Samuel alentó después de su jubilación el establecimiento de Serapaz, Servicios y asesoría para la paz. Durante sus años de obispo, don Samuel impregnó con sus convicciones a su presbiterio, de un modo que después se repetiría en la Conai y en Serapaz.

La misión postrera de don Samuel, entre muchas otras tareas pues su dinamismo infatigable lo hacía multiplicarse, se desplegó en la Comisión de mediación, integrada a solicitud del EPR para conseguir la presentación con vida de dos miembros suyos hechos desaparecer por el Estado. Lejos todavía se su objetivo, la Comed había sufrido ya la sensible pérdida de Carlos Montemayor, a que se suma ahora la de don Samuel. Pero ninguno de los dos en realidad se ha ido. Aquí están.

lunes, 24 de enero de 2011


La jueza 54 y el interés público

Líbrenos el cielo, a todos cuantos hemos escrito sobre la licitación 21, de caer en manos de la jueza número 54 del Ramo Civil en el Distrito Federal. Sustenta un criterio tan pobre, y tan lesivo para la profesión de informar, que su peculiar interpretación de la Ley, a partir de su propia y confesa ignorancia acallaría a todos los medios informativos, que a menudo se ocupan de dar noticias o reflexiones críticas sobre concursos en que se asignan recursos fiscales.

En una sentencia contra un director y columnista, dos reporteras además de un caricaturista -primera que desde el porfiriato se asesta contra un humorista gráfico-, la juzgadora Yassmin Alonso Tolamatl asegura que “es claro que las licitaciones efectuadas por PEMEX no pueden ser consideradas como de interés público. Puesto que en primer término LA PETROQUÍMICA (así con inesperadas e innecesarias mayúsculas), es una rama de la industria que en nuestro País no ha sido desarrollada en gran escala, siendo esta una rama específica que cuenta con una terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce, puesto que los expertos en tal cuestión son las empresas dedicadas a la citada rama, y por ende al carecer de los citados conocimientos, no es factible que el público en general tenga interés si sería más conveniente a los intereses de la paraestatal el comprar un buque o rentarlo, dado que dicha cuestión es inherente a la paraestatal y por el hecho de que maneje recursos que son del erario, no podría válidamente considerarse como de interés público, dado que se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y por ende facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de Gobierno, por lo cual en la especie no se actualiza la excluyente de responsabilidad prevista en el Segundo Párrafo del Artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Civil”

Es de esperarse que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando reciba este caso en apelación, no sólo haga notar a la juzgadora la pésima sintaxis de su considerando sino evite, al ordenarle que emita un nuevo fallo, que pretenda inhibir de modo tan grotesco la actividad periodística. Si el tribunal de alzada validara el ridículo y absurdo criterio de la jueza Alonso, será preciso que los afectados acudan a la Justicia de Amparo, paso en que los acompañarán sin duda los periodistas que encuentren en este dificultoso razonamiento no una posición judicial sino el parecer de las opacas oficinas de prensa que buscan ocultar antes que proveer información.

La sentencia mencionada corresponde al juicio ordinario civil iniciado el 13 de abril de 2009 por las empresas Arrendadora Ocean Mexicana, SA de CV, Blue Marine Technology SA de CV y Subtec, SA de CV así como sus accionistas contra Miguel Badillo, por sí mismo y como editor de la revista Fortuna, contra la reporteras Nancy Flores y Ana Lilia Pérez y el cartonista David Manrique, así como contra las empresas que editan y distribuyen esa publicación. La demanda comprende igualmente textos aparecidos en otros medios impresos y en una página de internet. En su primera instancia, la que correspondió atender a la jueza Alonso Tolamatl el proceso terminó el tres de enero pasado, justo al concluir el receso judicial.

La sentencia abunda en afirmaciones dogmáticas, que de ser corroboradas en la segunda instancia dejarían en estado de indefensión a los demandados. La juzgadora se atiene a la “Teoría Objetivista” (de nuevo mayúsculas, para impresionar) según la cual “los extremos a probar… es (sic, en vez de son) el ataque directo efectuado en contra de los demandados (sic, por demandantes), sin que sea necesario el acreditamiento del daño efectuado y la relación de causalidad entre el ataque sufrido y el daño efectuado”. De una cita a la exposición de motivos de la reforma de 1982 al artículo 1916 del Código Civil del DF, la jueza desprende, según la mencionada teoría objetivista “que el daño moral se causa por la realización de un hecho ilícito, entendiéndose como tal un acto contrario a las leyes de orden público y las buenas costumbres”. De ese especioso argumento resulta que el periodismo en general, y los textos impugnados en este juicio, son de suyo hechos ilícitos. Por eso le es fácil afirmar que el daño “ha quedado debidamente acreditado con la simple exhibición de los artículos materia de esta resolución”.

La jueza parte de esos elementos para declarar que Badillo “ejerció en forma abusiva, indebida e ilegal su derecho de expresión”. Y el mismo predicado se aplica a Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, a y David Manrique, y se les condena “a restituir el patrimonio moral” de los demandantes, mediante la inserción, a su costa, de un extracto de la sentencia en las publicaciones de las empresas demandadas. Se les condena, igualmente, a “cesar en forma permanente el abuso indebido y exceso al derecho a la información” en contra de los demandantes.

La jueza sostiene que los materiales periodísticos en entredicho causaron “un daño moral y un daño en su patrimonio moral (sic), vida privada, imagen, decoro, honor, prestigio personal comercial”, lo cual sólo podría saberse con precisión conociendo la opinión de los lectores de dichos materiales. Por lo que a mí toca, uno de los demandantes, Antonio Juan Marcos Issa, merece todo mi respeto sin que su reputación sufra menoscabo alguno por estas publicaciones.

domingo, 23 de enero de 2011

Televisa reina en la telefonía celular

Si no puedes vencer a tu enemigo, recomienda un refrán, únetele. Y si puedes, mejor cómpralo. Esa fórmula se aplicó esta semana, cuando Televisa adquirió la totalidad de acciones de Iusacel, la empresa que en busca de su propio provecho presentó más de cuarenta recursos legales contra la Licitación 21, confeccionada a favor del consorcio Azcárraga. Esa operación jurídica, y política, de la que se da cuenta en esta columna antes que en ninguno otro lugar, permitirá a Televisa además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales, contar de golpe y porrazo con cincuenta y tres megahercios del espectro radioeléctrico, los que posee Iusacel.

Podrá tener el doble de esa cantidad cuando se aclare el extraño caso de su separación de Nextel, en compañía de la cual puede operar otros 52.9. De ser así, como es de suponerse, Televisa reinará en la telefonía móvil, como lo hace en la televisión abierta y de paga, pues superaría en amplia medida los 77.1 Mhz de Telcel, hasta ahora empresa dominante en ese sector.

Con ese vuelco trascendental en el mercado de las telecomunicaciones, la que hoy termina y la próxima son y pueden ser magníficas semanas para el gigantesco negocio de la familia Azcárraga. Sus cuatro ejecutivos principales (Bernardo Gómez, José Bastón y Alonso de Angoitia, junto con la cabeza del consorcio) recibieron el martes, en Punta Mita, el elegante balneario de Nayarit, al presidente Felipe Calderón. La oficina presidencial de comunicación dio cuenta de la reunión pero no reveló sus motivos y mucho menos su contenido. Se presume que por la mañana de esa fecha el invitado había sido Carlos Salinas de Gortari, que ya en una ocasión, en 2005, esa vez en Cozumel, fue recibido por los líderes de Televisa. Tal vez en las reuniones se anunció o se supo de la colosal adquisición hecha por Televisa, que restaura la relación de los componentes del duopolio televisivo, dañado por la oposición del Grupo Salinas (a que hasta ahora pertenecía Iusacel) a la Licitación 21. Fue una operación mucho más cara pero en cierto modo semejante a la que hoy permite a Televisa estar de nuevo presente de modo central en los Estados Unidos, por su alianza con Univisión. El presidente del consejo de administración de esta cadena de tv en español, Haim Saban, conversó también en Punta Mita con el presidente Calderón.

Una nueva señal del probable nuevo entendimiento que se ha reconstruido entre los grandes consorcios de la televisión es el tránsito de Laura Bozo, la conductora peruana que mañana debuta en Televisa, después de retirarse sin problema de la televisora del Ajusco. En otros momentos, sonsacar a una estrella de la televisión era tenido por la competidora como una declaración de guerra. Hoy, al contrario, la transferencia de la locutora peruana (que tuvo dificultades con la justicia de su País a causa de su relación con Vladimiro Montesinos, la eminencia negra del dictador Alberto Fujimori) ha ocurrido con tersura, como ocurren las mudanzas de las estrellas del futbol, ámbito de negocios en que los integrantes del nuevo acuerdo también tienen intereses complementarios.

Además de la adquisición de Laura Bozo la semana próxima ofrecerá buenas noticias judiciales para el consorcio Azcárraga. Un alud de desistimientos llenará los juzgados federales de todo el País en que las filiales de Iusacel demandaron amparo. En algunos de los procesos respectivos obtuvieron medidas cautelares o suspensiones definitivas que hubieran podido frenar la operación de Nextel, ganadora de la Licitación 21 cuando estaba asociada con Televisa. Con la compra de Iusacel desaparece por completo ese riesgo, pues la empresa recién vendida se retirará en las próximas horas de los campos de batalla judiciales, pues no tiene por qué combatir contra su ahora propietaria.

En ese mismo ámbito tribunalicio Televisa puede recibir, de refilón, una buena noticia. La Suprema Corte de Justicia resolverá, quizá pasado mañana martes, el amparo solicitado en 2007 por un grupo de intelectuales que confunden la magnesia con la gimnasia. Impugnaron a través del juicio de garantías un párrafo del Artículo 41 constitucional, reformado en aquel año, que conforme a su criterio atenta contra la libertad de expresión, cuando lo más que hace es regular la libertad mercantil. Sea ese su propósito o no, el resultado de su promoción jurídica puede poner en jaque a la reforma constitucional que sacó del comercio en radio y televisión a la propaganda electoral, sea la que se presenta como tal o la que no osa decir su nombre.

El texto impugnado establece que “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. La pretensión de la reforma es impedir que el dinero se convierta en factor decisivo en la contienda electoral, objetivo de necesaria realización en épocas en que puede circular crecientes volúmenes de recursos de procedencia ilícita. La prohibición de comprar espacio en los medios electrónicos tiene que ser universal; si se limitara a los partidos, éstos podrían burlarla mediante personeros que la contraten en su provecho aunque no en su nombre.

Los quejosos arguyen que esa limitación afecta a la libertad de expresión. Ellos mismos son la muestra viva de que no es así. Los quince firmantes, o casi todos, participan regular o frecuentemente en el debate político en radio y televisión. La prohibición del Artículo 41 no ha significado traba alguna para el ejercicio de su oficio o vocación, a pesar de lo cual la Corte podría resolver en su favor, lo que no supondría diferencia alguna respecto de su situación jurídica, que les permite moverse a su aire en los medios. Sólo respecto de ellos quedaría sin efecto la cláusula prohibitiva, lo que les daría una patente para contratar tiempos que nadie más podría conseguir.

Pero una decisión de la Corte en torno a ese punto fortalecería la corriente contrarreformista, encabezada por las televisoras que dejaron de ganar miles de millones de pesos (y ya se sabe que no hay mayor ofensa para esos consorcios que la que pega en la caja), urgida de volver las cosas a su estado previo a la enmienda constitucional de 2007 (y su consecuencia en el Código Electoral del año siguiente). Los intelectuales en busca de amparo revelaron su propósito coincidente con ese objetivo al cuestionar no sólo la presunta afectación a la libertad de expresión, sino la reforma entera por vicios en el procedimiento, que estará en manos de la Corte decidir si los hubo y, en su caso, si fueron determinantes del sentido de la reforma.

Pero volvamos a la compra de Iusacel por Televisa. La nueva situación le permitiría asociarse de nuevo a Nextel, con lo que eliminaría otro riesgo, el que se deriva de que pudiera cancelarse la concesión que estaba en juego en la licitación 21. Ésta se resolvió a favor de una persona jurídica compuesta por esas dos empresas, por lo que al retirarse Televisa desapareció la solicitante (luego titular) de la concesión, fragilidad que podría conducir a la obligación de reponer la licitación, riesgo que se suprimiría con el retorno de Azcárraga a la sociedad con Nextel.

Iusacel pasó en dos décadas de ser la pionera y la más importante empresa de telefonía celular a ser superada por Telcel y Telefónica. Creada por el dinámico Alejo Peralta como parte de su imperio relacionado con instalaciones eléctricas (Iusa), Iusacel fue adquirida en junio de 2003 por el Grupo Salinas en sólo diez millones de dólares, cifra irrisoria que se explica porque en la misma operación ese grupo se hizo cargo de su deuda de ochocientos millones de dólares. Una deficiente gestión previa y posterior a esa compra, condujo a Iusacel a la paradoja de que su principal producto en el mercado fuera la porción de espectro radioeléctrico que poseía y deseaba vender, dado que el número de sus usuarios quedaba servido por sólo una fracción del bien que tenía concesionado.

La Licitación 21 fue diseñada para contener a Iusacel y ensanchar los horizontes de Televisa. ¡Cuán dilatado es ahora su ámbito cuando en una sola operación compró el silencio de su adversario y al adversario mismo, con su patrimonio a cuestas!

viernes, 21 de enero de 2011


‘El Chapo’ y sus liberadores

Diez años después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, prófugo desde entonces, son evidentes dos hechos: la creciente prosperidad del jefe del cártel de Sinaloa, que en su libertad ha ganado suficiente dinero para ser tenido entre los hombres más ricos del mundo, y también de los más poderosos (según los respectivos recuentos de la revista Forbes). Y la bonanza por lo menos política de que disfrutan los funcionarios del Gobierno de Vicente Fox, a quienes concernió la huida del más notorio narcotraficante mexicano.

Oficialmente, ‘El Chapo’ salió del penal de Puente Grande oculto en un carrito de lavandería el 19 de enero de 2001. La periodista Anabel Hernández ha realizado una investigación que revisa esa información y ha determinado que la fuga se produjo el 20 de enero por la mañana. Horas antes habían llegado con gran aparato, avisados de que la fuga se había ya producido, tropas de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Judicial Federal. La reportera, conocida por sus averiguaciones recogidas en libros contundentes (La familia presidencial, Fin de Fiesta en Los Pinos y Los cómplices del Presidente, referidos a Vicente Fox, los dos primeros y a Calderón el tercero), asegura que ‘El Chapo’, “ha contado a sus cercanos, e incluso a negociadores enviados por la Presidencia de la República, la verdadera historia de su fuga. La mañana del 20 de enero de 2001, cuando Jorge Tello Peón, Enrique Pérez Rodríguez y Humberto Martínez, de la PFP entraron en el penal para investigar la supuesta huida, el capo salió de la prisión. La movilización de los elementos de la PFP y la PJF creó deliberadamente un escenario confuso, más aún en la oscuridad de una mañana de Invierno. Vestido con un uniforme de la PFP y con el anonimato que dan los cascos o las capuchas usados por los policías, Guzmán Loera fue sacado del penal acompañado por integrantes de la misma corporación. Luego fue transportado en un vehículo oficial a varios kilómetros del penal. En algún punto del camino ‘El Chapo’ se bajó del auto y se subió a un helicóptero que lo llevó al estado de Nayarit”.

Pueden los lectores del libro confiar en lo dicho por la investigadora o no. Es incuestionable, en cambio, el papel, probado documentalmente y por testimonios inobjetables, que esos funcionarios desempeñaron en el marco de la huida de Guzmán Loera. Éste había sido aprehendido en junio de 1993, muy poco después de que presuntamente fuera confundido con el cardenal José de Jesús Posadas Ocampo, que pagó con su vida el que se atacara su vehículo y se le privara de la vida en la creencia de que era ‘El Chapo’.

El jefe mafioso fue conducido al penal que entonces era conocido como Almoloya. De allí fue trasladado a Puente Grande, cerca de Guadalajara, donde las condiciones disciplinarias eran mucho más relajadas que en aquella prisión. Era el primer paso para que pudiera marcharse. No tardó en tomar el control de esa penitenciaría, junto con ‘El Güero’ Héctor Palma y ‘El Texas’ Arturo Martínez.

Al tomar posesión de la Presidencia el 1º de diciembre de 2000, Vicente Fox creó la Secretaria de Seguridad Pública, con atribuciones que correspondían a Gobernación. Nombró titular de la nueva dependencia a Alejandro Gertz Manero, quien tuvo que echar mano, para cubrir las funciones de alto nivel, de personal formado en el régimen anterior. Entre ellos se contaban Jorge Tello Peón, que fue nombrado subsecretario a cargo del sistema carcelario y Enrique Pérez Rodríguez, que fue director del ramo, precisamente en el lugar que había ocupado Miguel Ángel Yunes, con quien Pérez Rodríguez ha colaborado siempre, hasta su reciente infortunio político en Veracruz.

Tello Peón fue enviado por Gertz Manero a conocer directamente la situación de Puente Grande, donde imperaban el desorden y la corrupción según denuncias de personal escuchadas por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, Guadalupe Morfín. Aunque las evidencias citadas profusamente por Anabel Hernández no acreditaran fehacientemente la responsabilidad directa e intencionada de Tello Peón en la fuga de ‘El Chapo’, lo cierto es que ese baldón no ha impedido que el funcionario siga en la cúpula de los desempeños oficiales en materia de seguridad. Renunció a la Subsecretaría en abril siguiente a la huida de Guzmán Loera, sin que se le fincaran responsabilidades no obstante que el 19 de enero visitó brevemente el penal de Puente Grande y dispuso el traslado de ‘El Chapo’, ‘El Güero’ y ‘El Texas’ a un espacio desde donde el primero pudo salir fácilmente.

Dedicado a funciones privadas (como director de seguridad de Cemex) en el siguiente lustro, Tello Peón reapareció en la escena pública como integrante del equipo de transición de Calderón. No fue designado, sin embargo secretario de Seguridad Pública debido a una enfermedad, sino que el cargo recayó en su antiguo colaborador Genaro García Luna. El 19 de octubre de 2008 el Presidente lo nombró su asesor en materia de seguridad, a título gratuito. El 25 de marzo de 2009 pasó a ser secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 24 de diciembre de 2009 en que se le nombró secretario técnico del gabinete de seguridad y del Consejo de seguridad nacional.

El 19 de agosto pasado fue sustituido por Alejandro Poiré, y designado, de nuevo, asesor presidencial, con un añadido: se le incluyó como “miembro” en el gabinete de seguridad nacional. Calderón alabó entonces “el profesionalismo y el compromiso que siempre (lo) han caracterizado”.

jueves, 20 de enero de 2011


El amarillo y el JJ

El martes fue un buen día para la Policía federal y para la Secretaría de Seguridad pública. Por la mañana dieron cuenta de la detención de Flavio Méndez, El amarillo, aprehendido en Etla, Oaxaca, y a quien se presentó como uno de los fundadores de la agrupación criminal conocida como Los zetas. Por la tarde la noticia consistió en presentar a José Jorge Balderas Garza, conocido por las iniciales de su nombre (suponiendo que ese sea el verdadero, pues se ostentaba con media docena de ellos), el JJ, distribuidor de cocaína en el DF y municipios conurbados del Estado de México. Sus apelativos se volvieron famosos hace un año, cuando se le acusó de disparar contra el futbolista del club América, Salvador Cabañas, quien lesionado en la cabeza desde entonces no ha quedado en sus cabales.

Las autoridades policiacas y ministeriales tienden a abultar la figura de los delincuentes a los que capturan, por lo que hay que tomar con un granito de sal las afirmaciones con que componen la biografía de sus aprehendidos. Igualmente hay que poner en cuestión las declaraciones de los detenidos, especialmente cuando son formuladas ante la Policía Federal. No es extraño que cuando pasan al ministerio público y, sobre todo cuando están ante un juez, modifiquen sus dichos originales. Es que a la Policía, especialmente la que depende del secretario Genaro García Luna, quien tiene una manía escenográfica, le da por lo aparatoso, por lo que genera efectos mediáticos, aunque después esos momentos iniciales no correspondan con el curso de la actividad ministerial y judicial. Por añadidura, infringiendo la Ley Procesal Penal, la Policía Federal pone a sus capturados no a disposición de la Procuraduría de la república, sino que ofrece acceso a ellos a periodistas de la televisión comercial que se halla en tan buenos términos del Gobierno federal. Con esa argucia, el gran público se queda únicamente con la impresión inicial, y no con la información subsecuente, que puede concluir hasta en la libertad de los detenidos.

A este respecto, ayer que se cumplió una década de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y se hizo el recuento de los fallidos o fingidos intentos de las autoridades por aprehenderlo, se recordó que miembros de su familia han sido capturados, y exhibidos ante los espectadores, quienes no necesariamente se enteran de que ninguno de ellos ha sido sometido a proceso porque no se reunieron los elementos necesarios para ese fin.

De cualquier modo, no se puede restar valor a la captura de El Amarillo y el JJ, aunque debe precisarse en la información pública cuál es su situación jurídica. El amarillo podría ser entregado a tres jueces que lo reclaman, pues expidieron sendas órdenes de aprehensión. El JJ, sin embargo, se hallaba ayer en la PGR en calidad de presentado, de donde podría pasar a tener la de arraigado antes de que se le consignara a un juez. Ese camino podría haberse abreviado si se le hubiera puesto a disposición del juez penal capitalino que ordenó su detención por el ataque a Cabañas.

Asimismo, para la debida valoración de las capturas no debe pasarse por alto la capacidad de reemplazo que la delincuencia organizada tiene frente a la detención de sus líderes. Como hacen algunas especies animales, la regeneración de los órganos perdidos permite a las bandas subsanar sus pérdidas sin disminución de su integridad.

Sería un logro cabal que la detención de El amarillo hiciera disminuir la acción de Los Zetas, una banda especialmente peligrosa porque su origen está en la deserción de soldados que pasaron del Ejército al crimen organizado para actuar como matones y luego transitaron de ser meramente sicarios a practicar por su cuenta el comercio de estupefacientes y la comisión de otros delitos.

Igualmente habrá que esperar a conocer los efectos que en el consumo de cocaína en la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene la detención de Balderas Garza. Su amigo y presumiblemente su jefe Édgar Valdez Villarreal fue también detenido y, al parecer, las operaciones de que se encargaba el JJ no disminuyeron. Sólo afectó un tanto su operación la difusión pública de su altercado con Cabañas en el Bar Bar, que terminó con la grave lesión cerebral del futbolista.

En la valiosa oportunidad ofrecida a ese delincuente por la televisión, el JJ rechazó ser el agresor del futbolista y asestó la responsabilidad a su pistolero Francisco José Barreto, apodado El contador, contra quien lanzó improperios a causa de que a su vez su empleado, (que ganaba cincuenta mil pesos por protegerle sus espaldas) confirmó al ser detenido en junio pasado que fue Balderas Garza quien disparó contra el futbolista, como lo indican otros indicios.

La detención del JJ ha ofrecido a Televisa la ocasión de volver de nuevo sobre el Bar Bar, que para efectos de la difusión de esa empresa se convirtió en un antro infecto cuando hasta el 25 de enero de 2009 era un lugar al que acudían los jefes del consorcio, incluido su presidente Emilio Azcárraga Jean. Es que Televisa aprovechó el escándalo Cabañas para atacar al dueño del restaurant-bar, Simón Charaf, con quien mantenía y mantiene un litigio empresarial que la televisora ha buscado resolver en su provecho a través de la difamación. El sitio ha permanecido clausurado hace un año, con perjuicio de su personal, y su gerente Carlos Cázares Ocaña ha estado preso el mismo tiempo. Ahora está en revisión el amparo ganado por Cázares Ocaña, a quien el juez de garantías ordenó poner en libertad.

miércoles, 19 de enero de 2011

Fallida alianza mexiquense

Aunque los partidos más directamente involucrados en el intento persisten formalmente en alcanzarla, es un hecho que no habrá alianza del PAN y el PRD, aun si la consulta que emprenderá cada uno por su parte determinara la participación conjunta. Demasiados factores en contra se han conjuntado, y conseguido que se frustre la coalición de esas organizaciones, única manera de derrotar al PRI, terminar con su reinado de ochenta años de autoritarismo y de evitar, asimismo, que el gobernador Enrique Peña Nieto sea candidato del PRI y presidente de la república, que lo sería por designio y a conveniencia de Televisa.

Sin la alianza entre PAN y PRD, los votantes mexiquenses tendrán tres opciones en la próxima jornada electoral. Será una elección disputada, que ganará el PRI, quienquiera que sea su candidato, pues el Gobierno estatal participa muy activamente en la organización de la campaña del candidato a suceder a Peña Nieto. El empeño de Andrés Manuel López Obrador por oponer una campaña popular frente a la mediática que impulsará el PRI, tendrá frutos notorios pero no al punto de conseguir que el tricolor salga del palacio de Gobierno de Toluca.

El éxito de las coaliciones en que participaron los partidos nacionalmente antagónicos, unidos por el afán específico y loable de lograr la alternancia (especialmente en estados donde la prolongada permanencia del PRI en el poder infirió graves daños a la sociedad), condujo a la conclusión de que la misma conducta debía observarse en el Estado de México. En realidad, esa posibilidad estaba presente en el escenario mexiquense aun antes de las elecciones de julio pasado. El célebre pacto entre el Gobierno federal y el de Peña Nieto para comprometer al panismo a ir solo a las elecciones de 2011, firmado en fecha ya tan lejana como octubre de 2009, partió de la conciencia priísta de que la unión de sus contrarios, y contrarios entre sí, era veneno puro en su perjuicio. Paradójicamente, la repugnancia de Andrés Manuel López Obrador a esa alianza hará que se cumpla el propósito del documento firmado por los presidentes del PRI y el PAN, Beatriz Paredes y César Nava, con el aval de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación y Luis Miranda, su equivalente estatal, en nombre de Peña Nieto.

Aun si López Obrador hubiera adoptado en el Estado de México una actitud como la que permitió a Gabino Cue en Oaxaca beneficiarse del apoyo del movimiento que encabeza el ex jefe de Gobierno del DF y sus partidos afines, al mismo tiempo que del PAN, la alianza tenía delante de sí la gran dificultad de encontrar al Gabino Cue que la encabezara. Se hicieron exploraciones en tal sentido que no rindieron el fruto deseado.

Una muy notable se dirigió a Humberto Lira Mora a quien, cada uno por su lado, buscaron dirigentes perredistas y prohombres del PAN en el Estado de México. El historial de Lira Mora lo hacía una figura atractiva para el propósito aliancista. Al cabo de una larga carrera en el ámbito local y federal, recorrida con escrúpulo reconocido por todos, Lira Mora fue marginado de la vida pública mexiquense después de que contendió en 1999 con Arturo Montiel en pos de la candidatura al Gobierno del Estado. Con armas innobles fue derrotado y ello implicó su virtual retiro de la política en activo.

Pero no significó la pérdida de sus convicciones. Lira Mora, quien llegó al extremo de inhibir la actuación de los alquimistas electorales en la elección federal de 1994, para evitar que trucaran unos comicios que el PRI iba de todas formas a ganar, sigue creyendo en los principios que abrazó desde su ingreso en la política activa. De modo que agradeció el interés de sus interlocutores y rehusó considerar siquiera la posibilidad de seguir la ruta de otros priístas que dejaron de serlo para convertirse en candidatos de la oposición.

El problema de la candidatura aliancista se complicó una vez que los partidos involucrados vieron surgir a aspirantes dotados de fuerza en el interior de los partidos. Es difícil en una coalición verdadera que el candidato pertenezca a uno de los participantes, porque entonces la vinculación partidaria se convierte en un acto de adhesión. En Coahuila el PRD ha accedido a apoyar al candidato panista, y compadre del presidente Calderón, el senador Guillermo Anaya, porque el perredismo ha prácticamente desaparecido en esa entidad. Pero no es el caso mexiquense donde a pesar de sus derrotas recientes en las elecciones federales y en las locales, el PAN y el PRD son capaces de atraer porciones semejantes del electorado.

Sólo un miembro del PRD, Alejandro Encinas hubiera podido ser apoyado por el PAN, por el respeto que genera su posición a lo largo de los años. Pero sus convicciones y su vínculo con López Obrador lo llevaron a rechazar ser candidato aliancista. En ese momento quedó cancelada la posibilidad de una coalición. Aunque la dirección nacional y la local no sean entusiastas partidarios de su postulación, les resultará imposible convencer a los militantes que es mejor apoyar a un candidato panista, con tal de ir en alianza, que a Encinas mismo.

Ante el surgimiento de Encinas, el PAN tomó sus providencias. Luis Felipe Bravo Mena fue comisionado por su jefe el presidente Calderón para participar en los comicios mexiquenses. A eso se debió su salida de Los Pinos, de la secretaría particular del Presidente. No se comprende por qué Calderón tuviera que mentir diciendo que su colaborador establecería un negocio de consultoría.

martes, 18 de enero de 2011


Sección 9: SEP y SNTE cómplices

En franco desacato a sentencias judiciales, la complicidad de autoridades educativas federales y el comité nacional del sindicato de maestros ha impedido que se realice en la sección IX del SNTE un congreso que es necesario para restaurar por entero la legalidad en esa importante porción del gremio magisterial.

El camino ha sido allanado por la justicia federal pero hasta ahora ha sido más eficaz la franca renuencia de la cúpula del SNTE a reconocer que su maniobra para recuperar el control de la sección novena ha fracasado. Para ello cuenta con la Administración federal de servicios educativos en el DF, uno de los enclaves sindicales en la SEP, que de diversos modos mantiene la ficción de que los elbistas y no la mayoría democrática gobiernan la sección, de donde se extraen consecuencias dañinas para esa mayoría.

La Nueve ha sido tradicionalmente un bastión del profesorado que se opone al manejo vertical de los asuntos gremiales. La dirección nacional del sindicato, en los tiempos de Manuel Sánchez Vite, en los de Carlos Jonguitud y en los de Elba Ester Gordillo ensayó diversos modos de someter el ánimo democrático del magisterio capitalino, hasta que lo consiguió la presidenta del sindicato, aprovechando la alianza que ha mantenido con los gobiernos del PAN.

Puesto que la verticalidad del estatuto interno concede facultades a la cúpula central que limita la autonomía de las secciones, el comité nacional elbista empezó su más reciente ofensiva contra el mayoritario sector democrático de la Nueve rompiendo el orden legal, con perjuicio para los más. En 2001 se abstuvo de convocar a la renovación del comité seccional encabezado por Blanca Luna Becerril, elegida por la mayoría en 1998 pero después cooptada por el elbismo, y a la cual se mantuvo indebidamente al frente del comité seccional hasta 2008. La arbitraria prolongación del mandato de Luna Becerril se adornó con su ingreso al Panal y su inclusión en la lista de candidatos a diputados federales, de manera que ocupó una curul en la LX legislatura, de 2006 a 2009.

A mediados de 2008 finalmente se llamó a elecciones, sobre un cálculo que resultó equivocado. El mando central del SNTE supuso que podría ganar por las buenas la dirección sindical, pero en cuanto se percató de que ocurriría lo contrario se dispuso a mantener el control a como diera lugar. Para ello, el 1º de julio de 2008 impuso un comité espurio, mediante el sencillo procedimiento de incumplir la convocatoria, falseando la elección de delegados y simulando la realización de un congreso a escondidas y por ende sin la presencia de la mayor parte de los representantes. El 9 de septiembre de ese año el Tribunal federal de conciliación y arbitraje, que conoce los conflictos del personal federal, concedió la toma de nota al comité elbista, encabezado por María Teresa Ramírez.

La mayoría agraviada con esas determinaciones las repelió en los hechos y con el derecho. Más de 500 delegados de los 666 posibles se erigieron en congreso soberano y eligieron un comité seccional a cuya cabeza quedó el profesor Francisco Nicolás Bravo Herrera. Ese comité se hizo del local sindical, en la calle de Belisario Domínguez, donde bulle la vida gremial de base, con manifestaciones políticas y culturales. Pero la SEP, a partir de la toma de nota, entrega las cuotas sindicales al comité encabezado por Ramírez y le permite gestionar los asuntos de personas a las que no representa. El ISSSTE, otro bastión elbista, priva de los derechos que le corresponden a los maestros que quieren ser representados por Bravo Herrera. El comité de Ramírez trabaja desde la comodidad de plazas comisionadas -hasta 400-, lo que significa que son sindicalistas de tiempo completo, mientras que el de Bravo Herrera cumple sus obligaciones gremiales por la noche, después de concluir la doble jornada laboral a que la necesidad fuerza a gran parte del magisterio capitalino, compuesto por 58 mil profesoras y profesores.

La perseverancia jurídica de los maestros de la mayoría consiguió, después de muchas peripecias legales, que un tribunal federal de amparo ordenara en definitiva la cancelación de la toma de nota al comité de Ramírez. Emitió su sentencia el 6 de agosto del año pasado y el 13 de septiembre el tribunal burocrático dejó firme la revocación de dicho reconocimiento, ganado en una fase previa del juicio de garantías.

La sentencia y el laudo correspondientes han sido notificados a la SEP, sin que causen el efecto de interrumpir el trato, entrega de cuotas incluida, que ha mantenido con el comité ahora desconocido. Por su parte, el comité nacional del SNTE, impuesto de las consecuencias que esos fallos originan, debería convocar a un nuevo congreso. Pero seguramente en preparación de condiciones que le sean favorables, ha dejado correr el tiempo y dejado en el limbo la representación sindical.

Suele acusarse a la disidencia magisterial, entre la que se encuentra la mayoría de los miembros de la sección Novena de no privilegiar las vías institucionales, pacíficas, para el logro de sus propósitos. Pero el caso que ahora nos ocupa es muestra de cómo esa actitud es generada por el desdén de las autoridades y la dirección gremial, que deja a miles de maestros en estado de indefensión. Hace ya cuatro meses que fueron emitidas las sentencias que modifican de raíz la situación seccional, y la complicidad de SEP y SNTE les permite eludir las inexorables consecuencias de esos fallos, que ya no pueden ser legalmente impugnados.

lunes, 17 de enero de 2011


Policías: Estado minado

Se debatió ampliamente, en los años pasados, si cabía incluir al mexicano en la categoría de estados fallidos. Era mi opinión entonces, y la mantengo ahora, que es un exceso tal inclusión, porque si bien el Estado mexicano ha mostrado su radical insuficiencia en brindar seguridad a sus gobernados, otros muchos aspectos de la convivencia se realizan dentro de la institucionalidad asegurada por el Estado, aunque sea a través de servicios insuficientes o magros.
No siendo el mexicano un Estado fallido, puede sin embargo reconocerse que se trata de un Estado minado, sobre todo en sus capacidades para el combate a la ilegalidad en general y a la delincuencia en particular. El Gobierno federal es incapaz de impedir el contrabando que a gran escala inunda los mercados informales, y no puede contener el despliegue de la economía negra, la que se realiza, aunque parezca contradictorio, a la luz pública pero protegida por las sombras de la clandestinidad.

En cuanto al combate a la inseguridad en las calles, las carreteras y aun los domicilios, el Gobierno federal y los estatales y municipales están claramente rebasados por la delincuencia, la organizada y la de carácter común, la practicada por el ladrón solitario que comete hurtos o por el homicida que al calor de una riña priva de la vida a otra. Las posibilidades de detener, aun en flagrancia, a los autores de esos delitos son mínimas, y son aun menores las de someterlos a proceso y que de la intervención judicial resulte una condena.

La semana pasada el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora afirmó de nuevo que las Fuerzas Armadas permanecerán en la lucha -que no guerra según ha pretendido inútilmente negar el presidente Calderón- contra el crimen organizado, pero que su presencia será de carácter temporal, sujeta a la capacitación de los cuerpos policiacos federales y locales. Cuando haya corporaciones de esa índole con destrezas y confiables, los militares volverán a sus cuarteles.

Eso significa aplazar ese regreso ad calendas grecas, es decir, para nunca, como antaño se decía aludiendo al hecho de que los griegos no utilizaban calendas para medir el tiempo. Y es que no prosperan los esfuerzos pro construir agencias policiales que merezcan la confianza de la población.

En octubre del año pasado, en uno más de los encontronazos que han caracterizado la relación entre el Gobierno federal y el de Michoacán, aquel enrostró una vergüenza al de Leonel Godoy: un insólito comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación, Defensa nacional, Marina y Seguridad Pública, y la Procuraduría General de la República difundió cifras que mostraban la debilidad institucional de las corporaciones encargadas de funciones policiacas en esa entidad. Por citar sólo una, se denunció -pues ese era ánimo con que se proporcionó la información- que sólo 15 por ciento de los agentes de la policía estatal habían obtenido certificación tras haberse sujetado a los mecanismos de control de confianza. “Es decir -explicó el comunicado conjunto- las policías que deben prevenir el delito y mantener contacto directo con la ciudadanía, aún muestran importantes rezagos en sus procesos de certificación de confiabilidad”.

Era en efecto un dato preocupante, y lo es en sí mismo, pero la supervisión que realiza en esa materia el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos muestra que la información se difundió con fines propagandísticos, destinada a comprobar que el Gobierno michoacano en su conjunto, y especialmente sus áreas de combate al crimen organizado son sospechosos, o al menos no han comprobado no serlo.

Pero hoy sabemos que, comparativamente, Michoacán es una entidad muy avanzada en esa materia. El secretario ejecutivo del SNSP, Juan Miguel Alcántara, encabezó el jueves pasado la Primera reunión de concertación de estados y municipios, y sin querer situó en posición eminente al Gobierno michoacano al que antes se había procurado desprestigiar en esta materia. Ocurre que en 23 entidades federativas el porcentaje del personal sometido al control de confianza es inferior a 10%. Y el problema es crítico en Campeche, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí donde no se llega siquiera al 1%.

Los informes presentados en esa reunión muestran una apatía generalizada en los gobiernos estatales en materia de Seguridad, negligencia que puede tener su origen en meras ineptitudes, en la creencia falsa de que ese tema corresponde exclusivamente a la Federación o a corrupción. La abulia de los gobernadores llega al extremo de que no gastan partidas autorizadas y disponibles a través del Fondo de aportaciones para la seguridad pública. Algunos de ellos se pasan de vivos y sí ejercen los fondos puestos a su alcance, pero los destinan a otros menesteres distintos a la profesionalización de los cuerpos policiacos. Aunque de ese modo cometan peculado, y queden expuestos a las sanciones penales del caso, como los abriga la impunidad general no parecen preocupados por su destino, que sólo queda en riesgo cuando se realizan venganzas políticas.

No fallido pero sí minado, el Estado mexicano -que de acuerdo con el criterio constitucional está compuesto por la Federación, los estados y los municipios- ofrece esta ancha y profunda grieta en su principal frente de lucha. Hay una punible y generalizada actitud abúlica en los gobiernos estatales, que no depende de la filiación política de sus titulares, pues hallamos de todo en esa práctica.

domingo, 16 de enero de 2011

15,273 más 507 más...

A las quince mil doscientas setenta y tres personas asesinadas en 2010 en relación con la delincuencia organizada hay que agregar las quinientas siete más que en la primera quincena (incompleta, porque falta la cifra del sábado 15) fueron ultimadas según el Ejecutómetro del diario Reforma. El número de las víctimas del año pasado fue ofrecido por Alejandro Poire, el vocero federal en materia de seguridad, quien también hizo la suma de los homicidios cometidos por la delincuencia organizada o caídos en la guerra gubernamental contra las bandas o tomados para su infortunio entre dos fuegos sin tener relación alguna con quienes los disparan: son ya treinta y cuatro mil seiscientos doce a lo largo de los cuatro años de la administración Calderón.

 ¿Guerra, dijimos? Muchos factores muestran que la hay. No es, por supuesto, una guerra convencional, en que dos o más ejércitos combaten en pos de objetivos declarados y en donde los mandos tienen claros sus objetivos y se encaminan a través de diversas estrategias y tácticas a alcanzarlos. Lo que hay en México es una matazón de enormes proporciones, practicada en batallas en que los combatientes pelean en frentes diversos. Para efectos técnicos merece el calificativo de guerra, según la metodología de la Universidad de Heildelberg, que desde hace años elabora un Barómetro de conflictos, en cuya versión 2010 considera que en nuestro País se libra “la primera guerra en el continente americano desde 2003.” Es un conflicto similar al que padecen países asolados por la destrucción bélica como Afganistán, Iraq, Paquistaní, Somalia y Sudán. Este último País, por cierto, se halla en el trance de dirimir por vía pacífica los litigios interiores que la han llevado a la guerra, mediante un referéndum que determine la independencia de la porción sur, que se sienten oprimidos por los norteños.

Llamar guerra a los cruentos enfrentamientos que todos los días privan de la vida a decenas de personas, o denominar de otra manera el fenómeno tendría importancia únicamente para el análisis. Pero al negar el jueves pasado que él haya bautizado como guerra a su estrategia de combate al crimen organizado coloca al tema en una categoría política, concerniente a la credibilidad de las afirmaciones de los gobernantes y a su capacidad de comunicación con los gobernados.

El miércoles doce reinició la Presidencia la serie de Diálogos para la seguridad a que Calderón convocó el año pasado. Recomenzar esa práctica parece redundante, pues se repite el esquema y aun la lista de invitados, lo que hace predecible el resultado, que no es otro que la reiteración presidencial de “!no hay más ruta que nuestra!”, en la que se atrinchera para eliminar cualquiera otra alternativa de lucha contra la delincuencia organizada que no se base en el combate armado con la participación de fuerzas federales.

Una voz nueva en ese espacio, la del presidente del Consejo Cívico e Institucional de Nuevo León, Miguel Treviño de Hoyos instó a su principal escucha a ejercer a plenitud su papel como Comandante Supremo, ya que “eligió usted el concepto de guerra para definir lo que estamos viviendo”. Como si se tergiversara su actitud, Calderón negó de inmediato haber usado la palabra guerra en ese caso: “Yo he usado permanentemente el concepto lucha” y hasta invitó a Treviño de Hoyos a revisar “todas mis expresiones públicas y privadas” para comprobar que no usa el término guerra: “Yo no lo elegí”.

Su abrupta reacción colocó en posición frágil al Presidente, porque niega hechos evidentes y documentables. No sólo usó en diciembre de 2006, en Michoacán, lanzar la primera Operación conjunta de militares y policías contra la delincuencia organizada una gorra y una casaca en la condición que le fue recordada, de Comandante supremo, sino que apenas seis semanas después, el 28 de enero de 2007 dijo en Madrid que había tomado “la iniciativa de una guerra que será larga, difícil y costosa, pero que ganaremos” y ha insistido en usar el término por lo menos en media docena de ocasiones” (Reforma, 13 de enero)

Pareció que Calderón negaba su paternidad en la definición del combate a la delincuencia organizada para eludir la responsabilidad que le cabe en que haya fallado su augurio de victoria. Pero no fue así. Coincidió con el dirigente civil regiomontano al reconocer que “la legitimidad del Gobierno radica en la medida en que actúe conforme a la ley”.

Allí está el quid del asunto. El Estado mexicano, con el Gobierno federal a la cabeza, ha librado una guerra infructuosa y además ha sido incapaz de frenar la efusión de sangre causada por las violentas querellas de los grupos organizados. Según las cuentas de Alejandro Poiré, 89% de los quince mil doscientos setenta y tres muertos del año pasado, el 89% (según mis cuentas 13,594) de esa cifra corresponde a víctimas de la disputa armada de las bandas de la delincuencia organizada.

Nos preguntamos cómo se identifica a las personas incluidas en esa cifra. Supongo que no portan credenciales que los acreditan como miembros del cártel de Sinaloa, o de ‘Los Zetas’, o de ‘La Familia Michoacana’. Es de suponerse que la mayor parte de ellos sea incorporada a ese número porque los modos de ejecución o mensajes los identifican. O simplemente porque las autoridades que levantan los cadáveres determinan que aquella es su condición. Esa circunstancia abre la posibilidad de que muchas víctimas “civiles”, como se les llama en la terminología oficial, o sea personas que nada tenían que ver con las batallas intestinas o las del Gobierno contra la delincuencia organizada pasen a formar parte de aquel total.

Cualquiera que sea la índole de las víctimas, al privarlas de la vida se cometen delitos que no son perseguidos ni castigados y por ello proliferan. Aunque el vocero Poiré se regodea en análisis socioestadísticos donde se encuentra lo que se quiera, lo cierto es que hay una tendencia al alza en la comisión de estos asesinatos, lo cual es parte de una espiral envenenada pues más crímenes sin castigo generan más crímenes.

A esa responsabilidad del Estado mexicano, la de impedir la multiplicación del delito mediante su adecuada persecución, alude la campaña de “moneros”, como se llaman a sí mismo los caricaturistas que han propuesto practicar una forma de protesta social con lemas equivalentes como “No más sangre” o “Basta de sangre”. La campaña se refiere también explícitamente a la guerra declarada por Calderón, con ese nombre o con otro, pero con participación de las fuerzas armadas federales, lo que le da un inequívoco tono bélico. Criticar la estrategia del Gobierno, y aun demandar su suspensión no implica en modo alguno complicidad con las bandas que son el blanco de esa actuación gubernamental. Se trata sólo de poner en evidencia el elevado costo que significa el derramamiento de sangre frente a los estériles resultados obtenidos en la reducción del narcotráfico.

Subyace en la actitud negligente del Gobierno federal frente al crecimiento del número de víctimas una convicción esencialmente contraria a los derechos humanos. Sin decirlo, se aprecian las ejecuciones resultado de enfrentamientos entre las bandas porque su resultado es el de propiciar la limpieza social, semejante a la limpieza étnica practicada en otros países: “que se maten entre ellos está bien” parece ser el trasfondo de esta doctrina que ningún Gobierno democrático puede permitirse ni permitir.

Abstenerse de aplicar la ley y de perseguir grupos armados genera un estado de indefensión en poblaciones enteras, sujetas al riesgo de ataques sin explicación inmediata. En por lo menos dos comunidades serranas de Durango, San Francisco de Ocotlán y Tierras Coloradas han sido atacadas con gran violencia por tropas que se proponen destruir, matar y aterrorizar. En Tierras coloradas un comando de sesenta hombres destruyó 40 viviendas y una escuela, así como 27 vehículos. Fue una suerte de represalia porque agresiones anteriores fueron repelidas por los pueblos mismos, ante la ausencia de la autoridad.

El alcalde Faustino Reyes Flores pretendió aprovechar una visita del secretario de Gobernación a la capital de su estado, para denunciar los hechos. No consiguió hacerlo. No fue recibido por Francisco Blake Mora y ni siquiera pudo acercarse a él.

El funcionario había llegado a participar en una reunión denominada Comunidades seguras.

viernes, 14 de enero de 2011


Guerrero, veinte años atrás

Sobresale en el ataque a Guillermo Sánchez Nava la saña extrema con que fue golpeado, al punto de que cuarenta y ocho horas después de la tunda se halla en estado de coma, es decir entre la vida y la muerte. El representante del PRD ante el consejo del Instituto Electoral del Estado de Guerrero trataba de impedir que una brigada de entre veinte y treinta personas destruyeran propaganda de su partido y colocaran en su lugar la del PRI (o de las coaliciones en figuran uno y otro).

La brutalidad de la agresión encierra un mensaje. No se trató simplemente de una reyerta como las que menudean en las campañas electorales, como consecuencia de la disputa por los espacios propagandísticos. Los presuntos priístas que golpearon a Sánchez Nava, superiores en número, hubieran podido simplemente doblegarlo para hacer inútil su protesta, y dejar que hiciera la denuncia correspondiente. O pudieron huir, al ver fracasado su propósito. En vez de eso asaltaron al dirigente perredista y lo medio mataron. Literalmente hicieron eso, con notoria desproporción a la causa del enfrentamiento. Hay que dilucidar qué quisieron decir o quiénes fueron los atacantes, porque en la índole de los golpeadores puede estar incluido el mensaje. Se percibe en el ambiente electoral guerrerense, dos semanas antes de la jornada electoral, una tensión creciente, agravada por señales de guerra sucia del lado priísta, que incluye la llegada de brigadistas como los que en Durango se apoderaron de urnas o en Yucatán sembraron miedo entre la población.

Quizá de eso se trate, de generar espanto entre los votantes, añadido al que los feroces asesinatos de la delincuencia organizada provocan ya entre los guerrerenses. El aparato priísta, aun en el caso de estados en que no gobiernan es poderoso y a él se atienen sus candidatos: en ausencia de los ciudadanos ese aparato –reforzado por el que proveen gobiernos municipales como los de Chilpancingo y Acapulco puede actuar hasta hacer la diferencia. El uso del miedo como instrumento electoral no es insólito.

El mensaje puede estar dirigido también a subrayar las divisiones internas que, por causas presentes o pasadas, produjo el proceso interno en el PRD y en la coalición a cuya cabeza se encuentra. El despecho del gobernador Zeferino Torreblanca y su equipo contra la decisión que hizo a su partido apoyar a Ángel Heladio Aguirre se percibe en la displicencia con que su secretario de Gobierno, el priísta Israel Soberanis se refirió a la agresión sufrida por Sánchez Nava, como si fuera un acontecimiento de la normalidad electoral que no implica la comisión de un delito grave, grave de suyo y por sus consecuencias.

La agresión retrotrae a Guerrero dos décadas atrás. Hay que recordar que en ese estado, y en Michoacán, hizo el Partido de la Revolución Democrática sus primeras armas electorales. Fundado en mayo de 1989, unas semanas más tarde participó en los comicios michoacanos, y en diciembre siguiente en los guerrerenses. En ambos casos el despecho salinista por la victoria que en las dos entidades había logrado el Frente Democrático Nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, se dirigió a impedir que sobreviviera el partido que sustituyó el frente. No se ahorró violencia en ese objetivo. En Guerrero el propósito contó con la colaboración del gobernador José Francisco Ruiz Massieu, que mantenía una estrecha alianza política con el presidente Salinas, a pesar de que se hubiera disuelto el lazo familiar que los unió.

Fue terrible la represión contra el perredismo guerrerense, antes y después de los comicios de diciembre de 1989, en que el nuevo partido había logrado el gobierno de 16 municipios y un puñado de legisladores. Uno de ellos era Guillermo Sánchez Nava, quien anunció que el primero de abril interpelaría en el Congreso al gobernador Ruiz Massieu, durante la lectura de su Tercer Informe. Para evitar el percance, Sánchez Nava fue secuestrado en la víspera, mientras viajaba en Chilpancingo en su pequeño VW con Saúl López Solano, con quien sigue uniéndolo una amistad personal y política y que está ahora pendiente de la salud del representante perredista ante el IEEG.

Una banda de individuos armados los cloroformó y trasladó a Acapulco, donde se les obligó a injerir bebidas alcohólicas hasta emborracharlos y dormirlos. En esa condición fueron abandonados en una playa de aquel puerto. Sobra decir que cuando despertaron era ya imposible cualquier intervención en el acto ritual del que era el centro el Gobernador.

En ese Gobierno era secretario de Desarrollo Económico el joven economista nacido en Ometepec Ángel Heladio Aguirre Rivero. En preparación a su elección como diputado federal, dejó aquel cargo en el gobierno local y recibió el nombramiento de representante del Programa nacional de solidaridad en la Costa chica. Contra esos gobiernos, el local y el federal luchaban Sánchez Nava y su partido. Es paradójico, y para muchos perredistas incomprensible, que ahora ese colaborador de Ruiz Massieu y diputado a las órdenes de Salinas sea el candidato del PRD al Gobierno estatal.

Ese atentado contra el entonces diputado local, y muchos otros, de mayor gravedad todavía quedaron en la impunidad. Centenares de guerrerenses fueron asesinados en ese tiempo por motivos políticos y nadie fue procesado. El ataque de esta semana a Sánchez Nava, además de que renueva el recuerdo de aquella infamia y sus protagonistas, revive ese clima de violencia sin castigo. Es preciso por eso evitar ese retroceso.