Sara Salazar: la tragedia de una madre

El 7 de febrero fueron levantados, en presencia de su madre doña Sara, Elías y Malena Reyes Salazar, así como su nuera Luisa Ornelas. Los cuerpos de las tres víctimas de esta agresión fueron hallados el viernes 25. La Fiscalía General de Chihuahua dijo haber realizado 15 rastreos en el Valle de Juárez, la zona semirural de Ciudad Juárez. Y en la víspera del hallazgo había ofrecido doscientos mil pesos a quien ofreciera informes suficientes para rescatar a los desaparecidos.

A la luz del desenlace, esas acciones son meras coartadas. La verdadera actitud de las autoridades es la manifestada por el subfiscal con sede en aquella ciudad. Durante dos semanas a las afueras de su oficina se instaló un plantón encabezado por doña Sara en protesta por la desaparición de sus hijos y el asesinato de dos más y un nieto, así como el incendio de su casa. El subfiscal no salió jamás a hablar con la angustiada madre, ya no digamos a ofrecerle una palabra de consuelo sino al menos para oírla e informarle de lo que los agentes ministeriales a sus órdenes estaban haciendo en ese caso. Su desdén silencioso, su desacato a las exigencias que demandaban justicia es hoy una conducta cómplice.

Ni siquiera tiene sentido demandar su despido, aunque se lo impongan sus superiores en un intento, desde ahora fallido, por lavar su imagen. No se le seguirá acción penal aun cuando su negligencia sea una de las causas del asesinato de tres personas, porque llevarlo a juicio sería una incriminación al sistema de procuración de justicia que sólo provoca dolor, indignación y rabia. Ni siquiera es sensato pedir su renuncia porque quien lo reemplace observará un comportamiento idéntico al suyo.

Además de su desprecio a una madre a quien desgarra el dolor, atenazada por el exterminio sistemático a que su familia está sometida y la impunidad de sus agresores, la probable causa del pasmo gubernamental, de su dolosa impasibilidad es que no pueda enfrentarse a los homicidas porque estén dotados de un poder insuperable, no el de las bandas de matones al servicio de la delincuencia organizada, sino el de agentes del Estado que con la anuencia de sus jefes o fuera de su control realicen esta matanza para acallar las voces de los deudos que demandan justicia.

Es preciso que la autoridad que formalmente se responsabilice de la averiguación incluya entre las líneas a investigar la actuación de una brigada de la muerte, un grupo paramilitar o parapolicial, integrado por miembros de las fuerzas armadas que ejecuten a personas no gratas para su concepción del orden, a personas que denuncien los abusos y atrocidades de soldados y gendarmes, sus oficiales y sus jefes. Sociedades que por fortuna pudieron salir de ese infierno, como Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, padecieron la actuación de esas pandillas homicidas, a las que nuestro país ya conoció en los años de la guerra de baja intensidad en Chiapas.

Aunque ya había participado en grupos de protesta por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y contra el establecimiento de un cementerio nuclear en los campos a su alrededor, la verdadera militancia de Josefina Reyes Salazar se originó en la suerte de sus hijos Julio César y Miguel Ángel. Éste fue capturado dos veces en 2009 por miembros del Ejército, y aquel había sido asesinado en el mismo año, y su madre atribuyó su muerte a personal militar. Es debido, en esta hora de tribulaciones, que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República establezcan con precisión el paradero de Miguel Ángel Reyes Reyes, quien a partir de su segundo arresto en noviembre del año antepasado está al parecer sometido a un juicio del que no se tiene noticia pública.

Durante los últimos meses de 2009, la madre de esos muchachos, dedicada habitualmente a la venta de barbacoa, integró un comité de derechos humanos, que recibía denuncias sobre abusos castrenses en el Valle de Juárez. Además de la causa de sus hijos, ventilaba los de tres víctimas más de esos excesos cuando fue asesinada el 3 de enero de 2010. Un comando de hombres encapuchados le destrozó el rostro a balazos. En agosto su hermano Rubén fue también ultimado. Y el 7 de febrero de este año fueron levantados Elías y Magdalena Reyes Salazar, todos ellos hijos de doña Sara, y su nuera Luisa Ornelas. Doña Sara viajaba en el vehículo de donde fueron arrancados los suyos, después de que los delincuentes la apartaron a ella y a su nieta de siete años.

Dos días después, doña Sara y su hija Marisela instalaron ante la Fiscalía de la zona norte un plantón desde el cual, además de un ayuno, alzaron la voz en demanda de que sus familiares fueran localizados.

Doña Sara leyó en esas jornadas una carta dirigida a los captores de sus hijos y muera, apelando a su clemencia para liberar a los suyos. En respuesta, su casa fue incendiada esa noche. Después de esa nueva agresión, la atribulada madre y su no menos compungida hija viajaron a la ciudad de México a plantarse ante el Senado de la República para hacerse oír en la capital. Allí recibieron, la mañana del viernes, la noticia no de la liberación que reclamaban sino la atroz nueva de su asesinato.

Todo ello ha ocurrido sin que las autoridades federales ni estatales hayan dado un paso eficaz a la solución de los casos criminales. Eso no es sólo negligencia, ni ineptitud, aunque las haya. En esas omisiones, en ese incumplimiento de deberes se esconde algo más, la complicidad con el poder homicida.

Un nuevo peligro para México

Carlos Slim rivaliza con Warren Buffet y Bill Gates cuando los calculadores de fortunas establecen quién es el hombre más rico del mundo. Ahora Slim ha sido colocado en otra disputa, esta vez por el título de ser “un peligro para México”. En el 2006, y todavía el año pasado, Felipe Calderón dijo que ese baldón corresponde a Andrés Manuel López Obrador, su opositor en la contienda presidencial de aquel año y algo más que una piedra en su zapato después. El jueves pasado, en cambio, Alejandro Puente, líder de la Cámara de la Industria de las Telecomunicaciones (Canitec), boca de ganso por la cual habla Televisa, asestó esa descalificación a Slim Helú. No empleó exactamente las mismas palabras, pero sí una expresión equivalente: ”el ingeniero hoy es un peligro de seguridad nacional”.

Como si fuera un radical dirigente político que denuncia la concentración de la riqueza, Puente justificó su apreciación diciendo en una entrevista radiofónica que tal condición peligrosa deriva de que Slim representa el 6% del Producto Interno Bruto y más del 50% del valor del mercado bursátil. Puente, a cuya cámara están afiliados los integrantes del duopolio de la televisión abierta, así como las cableras afines a Televisa y las empresas de telefonía móvil como Iusacel, integrante del Grupo Salinas, habló en el marco de la batalla por las tarifas publicitarias y de interconexión que libran los gigantes de la televisión y las telecomunicaciones.

La porción más pública y reciente de esa guerra comenzó a fines de enero, cuando Televisa demandó a la Comisión Federal de Competencia una indagación para determinar si Telmex viola su título de concesión por su alianza con Dish México, la empresa de televisión satelital que está disputando el mercado a Sky, propiedad de la familia Azcárraga. Según la denuncia, Telmex está haciendo ya televisión a través de esa empresa propiedad de MVS comunicaciones, cuando lo cierto es que sólo provee servicios de ventas y cobranzas. Telmex contestó con un mensaje público en que explicaba su posición y anunciaba su propósito de efectivamente entrar en la televisión tan pronto sea modificado dicho título de concesión, demanda suya denegada por los gobiernos panistas desde hace más de cinco años. Pero pronto pasó de las palabras a los hechos.

El viernes 18 se anunció el retiro de la inversión publicitaria del Grupo Carso de los canales de Televisa, que pretendió minimizar el efecto que esa medida tendría y ocultar el contexto en que se había tomado. Ese mismo día, el vicepresidente de finanzas de Televisa, Alfonso de Angoitia, se refirió al asunto (ya publicado en la edición de esa fecha de The Wall Street Journal). Como de paso, en medio de otras informaciones sobre la situación financiera y bursátil de ese consorcio; informó que el Grupo Carso no había contratado sus pautas, como lo hacen los grandes clientes, en la modalidad de ventas anticipadas. Dijo también que la decisión de Carso significaba una caída de 4% de tales ventas anticipadas, o sea ochocientos setenta millones de pesos. Reportes de centrales de medios muestran que el efecto será mucho mayor, pues en 2009 sólo las empresas telefónicas del grupo de Slim invirtieron más de dos mil quinientos millones de pesos en publicidad televisiva, el 70% en Televisa. Actualmente, según “el reporte de Alazraki KP Central Media -escribió Jenaro Villamil cuando aún no se conocía la ruptura con Televisa-Telcel es el tercer cliente que más invirtió en publicidad televisa, con 2 mil 356.8 millones de pesos, mientras Telmex es el cliente número 14, con una inversión de mil 117.6 millones de pesos” (Proceso, 13 de febrero).

Por su parte, el Grupo Carso explicó que su decisión (que involucra también a sus empresas Banco Inbursa y filiales, Sears y Sanborns) se fundaba en el hecho, no comentado por De Angoitia), de que Televisa pretendió un incremento de 20% en sus tarifas. Pero al parecer retirarse de la televisión abierta es una estrategia de combate contra sus impugnadores, aprovechando la voracidad de éstos y la magnitud de su gasto publicitario. El miércoles 23 Carso anunció que también se iba de TV Azteca. En este caso, el grupo de Slim respondió a la pretensión del Grupo Salinas de establecer un canje: mejores tarifas de publicidad a cambio de mejores tarifas de interconexión, que es otro de los grandes dilemas de la industria de las telecomunicaciones.

La interconexión es necesaria en un mercado donde proliferan los proveedores de telefonía móvil, para que las llamadas pasen de una empresa a otra. Hay que pagar por ella, y la tarifa respectiva ha sido dejada a la libre competencia, ya que la Comisión federal de telecomunicaciones apenas se apresta a establecerla. Cuando lo haga será menor que la que Telcel cobra a sus competidores-clientes, aprovechando su condición de empresa dominante. En diciembre pasado, esa empresa de Slim acordó con Telefónica, la empresa española que opera la marca Movistar y dirige en México el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, una tarifa de 95 centavos por minuto, denunciada por la Canitec por ser más del doble de la que ha esbozado el órgano regulador. Telcel defiende su monto diciendo que es la segunda tarifa más baja entre los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y alegando que establecer una menor que la acordada con Telefónica podría llegar a tener carácter expropiatorio, porque significaría obligarla a explotar en su perjuicio instalaciones que le resultaron costosas. La salida de Carso del mercado de la publicidad televisiva provocó una airada reacción de los afectados. Ya vimos el extremo a que llegó Alejandro Puente. Slim fue llamado también “depredador”, y Grupo Salinas anunció la instalación de una suerte de tribunal contra Carso, bajo la apariencia de foro donde se realice un “debate público y un frente común para revisar y solucionar a fondo el asunto de la interconexión, que hoy claramente afecta a todos los usuarios mexicanos de telefonía celular, que suman más de 88 millones de personas”

Grupo Salinas convocará, según su anuncio, a participar en ese foro “a todos los participantes del sector, autoridades y actores relevantes del Estado a que resuelvan el problema de la interconexión, que calificó como un asunto de Estado” (Reforma, 25 de febrero). Es una buena idea. Sería mejor, opino, si se incluyera también a los usuarios, perjudicados hasta ahora por altas tarifas en la telefonía celular. Y sería óptimo, según pienso, si el debate se ampliara a otros ángulos de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión, con presencia de los públicos, sean los manipulados por el duopolio electrónico, sean los que procuran obtener mensajes de mejor calidad, fruto de una sana competencia.

De una discusión de ese alcance, en que participen los gigantes ahora en guerra, renuentes siempre a debatir en público sus intereses, debería surgir la legislación que encauce tales intereses pero también los de la sociedad, pues unos y otros son o deben ser armonizables. Mientras esos no ocurra, y mientras las autoridades se pasmen ante el riesgo de malquistarse con alguno de los magnates en pugna, la contienda que los enfrenta será resuelta o prolongada según las conveniencias de los que más pueden.

La pesada influencia de esos consorcios se observa por doquier. Está en curso, por ejemplo, la construcción de un centro de espectáculos, que incluye una arena para box y lucha en Azcapotzalco en condiciones tales que significa regalar a un particular un bien propiedad de la ciudad de México. La agraciada es la empresa Avalanz, dirigida por Guillermo Salinas Pliego, hermano de Ricardo, el capitán del Grupo Salinas. Se trata de una extensión de poco más ocho hectáreas para la edificación de ese centro. El grupo beneficiado pagará al Gobierno benefactor sólo un millón de pesos al año, durante medio siglo. El terreno, que según un avalúo oficial cuesta 816 millones de pesos, costará a los inversionistas sólo cincuenta millones de pesos, suma menor aun si se piensa en un arrendamiento.

El verdadero peligro para México está constituido por empresas abusivas que sólo van tras su provecho y cuentan para obtenerlo con la omisión de las autoridades cuando no con su clara y descarada complicidad.

Los asesinos de Zapata

A partir de un eficaz trabajo de inteligencia, el Ejército realizó una misión que parecía imposible: dar en un plazo muy breve con los asesinos de Jaime Zapata, el agente de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), anticipándose con ello a la averiguación formalmente a cargo de la Procuraduría General de la República pero puesta, en los hechos, en manos de investigadores de agencias norteamericanas enviados la semana pasada a San Luis Potosí.

El Gobierno de Washington ha conferido gran relevancia a la muerte del agente Zapata (ultimado en un ataque en que su compañero Víctor Ávila quedó herido). La secretaria de seguridad interna Janet Napolitano, reaccionó vivamente ante la noticia y sin empacho de ningún género ofreció que se haría justicia, como si el caso concerniera a las autoridades de su País. Ha reiterado varias veces ese anuncio, más dirigido a la opinión mexicana que a la de su País. En Bronwsville, donde Zapata residía habitualmente, los funerales tuvieron carácter multitudinario, con la presencia de cientos de compañeros de las víctimas y la de la propia secretaria y el Procurador General de Justicia.

El Gobierno mexicano quedó, en apariencia según comprobamos ahora, condenado a la impasibilidad. El agente Ávila no declaró ante el Ministerio Público mexicano, sino ante autoridades de EU. Un diputado texano ofreció al público la primera información sobre el modo en que se había perpetrado la agresión, que la procuración de justicia aquí ha de haber conocido por los periódicos.

Súbitamente, la Secretaría de la Defensa Nacional ofrece el resultado pronto que nadie esperaba. Más vale que se trate de la culminación de una pesquisa rigurosa, pues va a ser sometida, querámoslo o no, al examen y la supervisión del Gobierno estadounidense. El Ejército mexicano no goza de buena fama en los círculos oficiales de Washington, tanto por las violaciones a los derechos humanos de que a menudo lo señala el organismo civil Human Rights Watch -muy escuchado en el Capitolio- como por la valoración que de su actuación y de su actitud ha hecho el embajador Carlos Pascual. Si la detención de los atacantes de Zapata y Ávila y su presentación al público y a la PGR resulta de un deseo de sacudirse esa triste reputación más que del rigor indagatorio será peor para todos.

Hay indicios y señales que obligan a tomar con un grano de sal la información militar, que atribuye a Julio Zapata, apodado ‘El Piolín’, la dirección del ataque a los agentes del ICE, en que participaron cinco detenidos más. Algunos de ellos mostraron huellas de golpes y aun caminaban con dificultad al ser presentados a los medios, lo que al público acostumbrado a las capturas violentas y al forzamiento de confesiones que luego son desmentidas por los propios autores puede inducirlo a suponer que padecieron maltrato. Según Zapata, el atacante, agredieron a sus víctimas porque los creyeron rivales, aunque el vehículo en que viajaban ostenta placas diplomáticas y los agentes se identificaron como tales. En el parque vehicular asegurado a los presuntos asesinos no están incluidos los que sirvieron para atacar a los miembros del ICE.

El Ejército informó que la captura se realizó en cuatro casas de seguridad en la ciudad de San Luis Potosí, en las inmediaciones de la cual se practicó el asalto mortal. Es difícil imaginar que las células de la banda de ‘Los Zetas’, a que pertenecen Julio Zapata y sus secuaces hubieran permanecido en la capital potosina después de haberse percatado de quiénes habían sido en realidad sus víctimas. Por mínima información que posean los delincuentes, éstos no pueden haber ignorado que la persecución que sobrevendría a quienes ultimaron a agentes norteamericanos no tardaría en alcanzarlos, por lo que es de suponerse que se hubieran alejado de la comarca.

Pero depongamos nuestra desconfianza y esperemos a que el Ministerio Público federal y las autoridades norteamericanas que lo supervisen validen la veloz y fructífera investigación militar. Pero también en ese punto nos asalta la cautela, porque ‘El Piolín’ había sido capturado apenas en diciembre de 2009, asimismo por tropas de la Sedena, que lo detuvieron en Río Verde, también en el estado de san Luis Potosí. Como se hizo ese miércoles, se presentó a Zapata y otros presuntos delincuentes, con el arsenal que les fue asegurado junto con un poderoso parque vehicular compuesto de seis unidades, entre ellas un VW Passat blindado. Tanto la Sedena como la PGR tendrán que refrescarnos la memoria para establecer qué paso con ‘El Piolín’ que catorce meses después de esa detención se hallaba tan libre que era capaz de atacar hasta matarlos a quienes creyó parte de una banda enemiga.

Si los delincuentes no fueron consignados hay una responsabilidad castrense que determinar. Si el Ministerio Público no los consignó al juez habrá que saber si no halló indicios para forjar una acusación y rápidamente se decretó el no ejercicio de la acción penal, en cuyo caso se habría repetido la ofensa a particulares a quienes se exhibe como delincuentes sin que lo sean o se pueda llevarlos ante un juez que establezca si lo son.

¿Y si se fugaron? Son muchos como para que su huida pasara inadvertida. ¿Y si estaban allí a la mano, en una suerte de ilegal libertad condicionada, para que lo que pudiera ofrecerse? No nos asombraría en exceso saber que se les dejó libres para que continuaran sus actividades, sobre aviso de que podrían ser requeridos para responder por un crimen que fuera urgente resolver.

Oaxaca

Se apresuraron los augures del desastre: en Oaxaca no se revivieron los ardores de 2006. Después de la violencia del 15 de febrero y la suspensión de clases y la marcha magisterial masiva del día siguiente, tanto en el Gobierno estatal como en la sección 22 del SNTE prosperan los empeños por lograr paz y estabilidad en el estado. Aunque están anunciadas movilizaciones regionales, una marcha estatal el 8 de marzo y una de carácter nacional diez días más tarde, está conjurado el fantasma de la ocupación del centro de la capital y una suspensión de labores por tiempo indefinido. Tampoco habrá, en consecuencia, acciones represivas criminales como las que ordenó el gobernador Ulises Ruiz, todo lo cual caracterizó el espeso clima político oaxaqueño hace casi un lustro.

No hay tampoco, una paz idílica. Puesto que persisten agravios a la sociedad que se levantó contra la dictadura de Ruiz, y han surgido otros en el arranque del nuevo Gobierno, Oaxaca vivirá tensiones que son propias de una sociedad donde chocan intereses y se procura ejercer principios. Pero lo que esencialmente difiere de la situación de 2006 es que la relación entre gobernados y gobernantes está regida por la ley, y aquellos no son tratados como enemigos por éstos.

En paradoja comprensible, uno de los factores que condujo a la victoria ciudadana en las elecciones de julio pasado está generando nuevos costos. Además de los partidos que postularon al senador Gabino Cué y lo llevaron a la Gubernatura, el activismo del ahora titular del Poder Ejecutivo sumó otras presencias a la vasta alianza con que triunfó. Cada parte de esa coalición de intereses espera que el Gobierno que contribuyó a erigir cumpla los compromisos que se estipularon, explícita y tácitamente. El Gobierno resultante de una coalición tiene que observar cuidadosamente el equilibrio en la atención a esos intereses, so pena de que las partes que se supongan minusvaluadas o agredidas hagan notar su inconformidad con los instrumentos a su alcance.

El Partido Nueva Alianza no se sumó a ninguna de las coaliciones que contendieron por la Gubernatura oaxaqueña. Un obvio cálculo político de la propietaria de ese partido, Elba Ester Gordillo, ordenó esperar hasta la última hora a que su candidata Irma Piñeyro declinara a favor de Cué, porque se perfilaba como el candidato vencedor. Si esa suerte le hubiera sido deparada a Eviel Pérez, el candidato de Ulises Ruiz, a favor del priísta se hubiera inclinado la preferencia elbista. Algo más que el puñado de votos que la declinación supuso a favor del candidato victorioso ha de haber pesado en la designación de Irma Piñeyro en la Secretaría de Gobierno, la Vicegubernatura en los hechos. Salvo que con ese nombramiento se hubiera impedido la disputa entre los partidos postulantes, parece una recompensa muy elevada al tardío y no necesariamente eficaz gesto del Panal.

La designación de Piñeyro, por si fuera poco, agravió a la sección 22, que con razón identifica a la secretaria de Gobierno con Gordillo, adversaria tradicional de la porción oaxaqueña del sindicato que preside. A la siempre tensa relación entre los comités nacional y seccional se agregó en 2006 la secesión magisterial promovida desde el centro con la creación de la sección 59, con elementos sustraídos a la 22. Es comprensible que el comité seccional se haya sentido agraviado si no es que traicionado.

La ocasión de mostrar su inconformidad se abrió hace diez días. El presidente Calderón viajó a Oaxaca a congratularse del triunfo aliancista y a recibir la adhesión del Gobernador, pactada previa y públicamente. Su estancia en Oaxaca, para inaugurar un establecimiento privado de enseñanza superior dirigido por religiosos coincidió con la publicación del decretó que hará deducible, a partir de 2012, el pago de colegiaturas. La ocasión fue aprovechada para una expresión de repulsa a partir de la absurda declaratoria de persona non grata adjudicada al Presidente de la República. Como proclama y hasta como invectiva política es comprensible tal declaración, pero es inadmisible cuando se desprende de ella el repudio físico a la presencia presidencial. Expresar tal rechazo fue la pretensión de los piquetes magisteriales que buscaron entrar en la zona vedada al tránsito de personas en torno al palacio de Gobierno. Un muro policial estaba allí para impedirlo. No pocos manifestantes no se resignaron a ser frenados y ejercieron presión contra las policías. Las fricciones se convirtieron rápidamente en violencia de ambas partes, que ya en el fragor del combate, por impreparación técnica la Policía, por agresividad mal contenida quienes protestaban, derivó en lesiones y contusiones en los dos grupos, así como sobre periodistas que cumplían su labor. Para determinar su origen y establecer su gravedad, deben actuar tanto la íntegra Comisionada de Derechos Humanos, Eréndira Cruz Villegas, como el Ministerio Público local y aun la PGR pues actuó en el caso la Policía Federal. Sean profesores o provocadores o personas con ambos caracteres quienes golpearon y produjeron actos de vandalismo, deben ser tratados con la misma vara jurídica con que se mida la actuación de los agentes policiacos.

Los dirigentes de la sección 22 se reunieron de las 3:47 de la tarde del sábado 19 a las 3:07 de la madrugada del domingo. Acordaron y establecieron tareas de naturaleza muy heterogénea. Pero quedó claro en sus deliberaciones y conclusiones que no confundan a un Gobierno autoritario que los reprimió con uno democrático que busca entendimientos.

Feminicidios en Edomex

Hace una semana el gobernador Enrique Peña Nieto anunció una reforma administrativa, ministerial y judicial en torno de la violencia de género. Con cursilería que revela su mentalidad convencional, escogió el Día del amor y la amistad para dar a entender que es sensible a una de las deficiencias más acusadas de su Gobierno, que se manifiesta en el crecimiento de las agresiones contra mujeres, que ha producido casi un millar de feminicidios en el término en que ha ocupado el Palacio de Gobierno en Toluca.

No lo hizo todavía. Sólo anunció intenciones. Dijo que presentará al Congreso estatal –que abre en marzo su periodo de sesiones ordinarias- un paquete de enmiendas y adiciones legales para tipificar delitos contra las mujeres. En el mismo sentido, anunció la apertura de una subprocuraduría especializada en ese tipo de ilícitos y la creación de juzgados dedicados a los procesos correspondientes. La subprocuraduría contará con oficinas en las diversas regiones de la entidad, y con un cuerpo de 200 agentes ministeriales especialmente entrenados. Actualmente funcionan 17 agencias especializadas en violencia sexual y familiar.

Con ese anuncio Peña Nieto parece perseguir tres propósitos. Por un lado, mostrarse sensible al fenómeno de la violencia de género: “Valoro y me sumo a las preocupaciones expresadas por los diversos actores sobre el tema”. En segundo lugar, establecer en sus propios términos, sin intervención y mucho menos supervisión externa, las acciones que se le han demandado. Y en tercer lugar lavarse la cara después de su actitud en sentido contrario expresada exactamente un mes atrás. Entonces minimizó la importancia de los feminicidios en el Estado de México, con argumentos zafios como que se trataba de politizar en su perjuicio un fenómeno social de alcance nacional y que el caso mexiquense no era el peor.

El Gobierno mexiquense ha de calcular que con estas medidas (por ahora sólo anunciadas) elude la posibilidad de que se emita una alerta de violencia de género como se pretendió hacer al comenzar el año. Esa figura jurídica se halla establecida en la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de género. Es un mecanismo cuyo objetivo es “ubicar las zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres (a fin de) detectar en qué órdenes de Gobierno no se cumple la ley, además de la zona en que más se violentan los derechos de la mujer, y de esa manera sancionar a quienes las transgredan”.

Puesto que sería vano poner en manos de la autoridad infractora la adopción de medidas que desalienten la violencia, se hace necesaria la intervención de un consejo nacional de integración “que asuma la responsabilidad de la violencia de género en una zona determinada”. No se trata, en modo alguno, de una lesión a la condición soberana de las entidades, ni de suplir el cumplimiento de las responsabilidades atribuidas por ley. Se trata de un mecanismo que impida la elusión de esas responsabilidades mediante la supervisión social.

El 8 de diciembre pasado dos organismos civiles, la Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos, y el Observatorio ciudadano nacional del feminicidio demandaron que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) iniciará la investigación tendiente a establecer, si el caso lo ameritara y cumplidas las formalidades del procedimiento, una alerta de violencia de género en el Estado de México. Apoyaron su petición en un sólido estudios doctrinal y legal sobre el fenómeno, y en información oficial sobre la creciente privación de la vida de mujeres en esa entidad. Entre enero de 2005 y agosto de 2010 se habían registrado 922 casos de homicidios dolosos de mujeres. Los casos se concentraron (en un porcentaje de 54%) en 10 municipios, todos de la zona conurbada con el Distrito Federal. Ecatepec de Morelos ocupa el deplorable primer lugar en la lista con 118 asesinatos violentos. Casi sobra decir que la alta frecuencia de esos crímenes no va seguida de los castigos correspondientes, pues no se identifica y detiene a los perpetradores de tales delitos. Mujeres migrantes cuentan de manera relevante entre las víctimas. Y en todos los casos se echa de menos una misoginia que impide poner atención en las investigaciones y en casos extremos lleva a la criminalización de las víctimas: ellas se lo buscaron.

El SNPASEVM está compuesto por 8 dependencias federales y por las oficinas de atención a las mujeres de las entidades federativas, que en los hechos representan a los gobernadores. El pleno del Sistema se reunió el 11 de enero y por mayoría de votos –formada por las delegaciones de los gobiernos priístas—se rechazó iniciar el procedimiento que debería culminar con la emisión de la alerta por violencia de género.

A pesar de que salió beneficiado por esa decisión, Peña Nieto descalificó el intento:” Despierta cierta sospecha que se quiera hacer esto en el Estado de México, justamente en el año de su proceso electoral, cuando no es la entidad con la mayor incidencia de estos casos, sin dejar de reconocer que este es un problema social que hay que atender bajo distintos enfoques y aristas”.

Pretende hacerlo ahora, tras el disimulo inicial. Aguardemos a conocer sus proyectos y a medir la eficacia de las medidas que no requieren reformas legales, para saber si se trata de acciones genuinas o son meramente cosméticas conforme a su culto a la apariencia obliga a suponer.

Febrero loco

El diputado federal norteamericano Michael McCaul logró averiguar, en menos de 48 horas, cómo se produjo el ataque en que fue asesinado el martes 15, cerca de San Luis Potosí el agente de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata, comisionado en México. Es probable que el congresista haya tenido acceso personal a Víctor Ávila, el compañero de Zapata herido en el mismo ataque, o a sus declaraciones, rendidas tan pronto llegó al hospital de un punto no identificado en Estados Unidos. De ese modo, el representante McCoul pudo hacer el jueves una descripción de cómo fueron agredidos los miembros del ICE (Inmigration and Customs Enforcement).

En cambio, las autoridades mexicanas están en babia, ignorantes de cómo ocurrió el trágico suceso. La Procuraduría General de la República atrajo la averiguación para alivio de la potosina. Pero una y otra carecen de elementos para investigar y se limitan a atender a los agentes del FBI, la DEA y el propio ICE que llegaron ya a la capital potosina a hacerse cargo del caso. Ávila, el agente herido, no declaró ante la autoridad mexicana y fue trasladado de inmediato a su País por razones de seguridad, en una lamentable e infortunadamente fundada señal de desconfianza en las capacidades técnicas y las actitudes éticas de las autoridades mexicanas que deberían resolver este nuevo episodio de la interminable matazón.

La secretaria de seguridad interior Janet Napolitano, tomó de inmediato la dirección política de la indagación y anunció el envío de agentes norteamericanos a una comarca donde crece la criminalidad al punto de que desde Washington se alerta a sus nacionales a no viajar a la zona a menos que sea estrictamente necesario. Con mala conciencia, el secretario de Gobernación Francisco Blake, no sólo acusó recibo sino hasta agradeció a la ex gobernadora de Arizona lo que él llamó ayuda y colaboración y que en realidad y en términos llanos es una suplantación de funciones.

Desde hace años crece más allá de la frontera la desazón y aun el enojo por la incapacidad mexicana de vencer al crimen organizado y garantizar a la población la seguridad a que tiene derecho. Con mayor razón inquieta a los funcionarios norteamericanos la muerte, en esa ola delincuencial, de ciudadanos de su País. Sólo en el último año han sido privados de la vida con violencia doce personas (sin incluir a Zapata). El caso más reciente fue el de dos adolescente texanos, asesinados en Ciudad Juárez con un amigo suyo mexicano, alumno del Tecnológico de Monterrey en esa frontera.

Varios funcionarios de alto nivel se acercaron en las semanas recientes a ese problema no con un enfoque analítico sino político, y no solidario sino amenazante. El subsecretario del Pentágono, Joseph Westphal, dijo que sería preciso sellar la frontera con México y hasta calcular la conveniencia de entrar en territorio mexicano para ordenar las cosas. En una audiencia ante el Congreso la secretaria Napolitano alertó contra la posibilidad de que se unieran ‘Los Zetas’ mexicanos y al Qaeda, la organización terrorista que cometió los atentados del once de septiembre de 2001. La funcionaria no esbozó esta posibilidad como una hipótesis. Sugirió que algo ocurre en tal sentido y el Gobierno de su País lo sabe. Pero ella, dijo a los senadores, no puede abundar en el tema. Como punto final antes de que los amagos se convirtieran en presencia de investigadores en México bajo la conducción política del gabinete de Washington, el director nacional de Inteligencia anunció que México está ya colocado en la categoría uno de la escala de peligrosidad para la seguridad nacional de su País.

El Gobierno Mexicano reaccionó débilmente ante aquellas aireaciones y con plena apertura a la decisión de desplazarlo en la investigación del ataque a Zapata y Arias. Lo más que hizo el presidente Calderón el día de la Fuerza Aérea, 10 de febrero, fue un discurso (críptico o infantil) en que por contraste censuró el intervencionismo norteamericano al decir que nuestras fuerzas armadas no invaden a otros países ni los despojan de sus bienes. No hubo, en los hechos concretos en que hubiera debido haberla, una reclamación por las acciones que sustrajeron del ámbito ministerial mexicano el único testigo de una agresión grave ocurrida en nuestro suelo.

En cambio, Calderón no cesa de incrementar la virulencia de su posición respecto de su colega francés Nicolás Sarkozy y su decisión de mezclar un importante programa cultural entre las dos naciones con el deplorable caso de Florence Cassez, que pudo haberse tratado con arbitrios puramente diplomáticos y jurídicos y se convirtió en una danza de improperios y malos entendidos entre gobiernos, con grave afectación a las relaciones francomexicanas. La retórica de Calderón llegó a un punto muy alto el viernes, en que avivó el nacionalismo machista antifrancés. Aseguró en una entrevista televisiva que “México no se va a dejar” y que “no se someterá” ante Francia, como si acceder al traslado de una prisionera fuera un acto de subordinación frente a una demostración de fuerza de una potencia imperial contra “un país en desarrollo, un país con carencias” como para este efecto caracterizó a México.

(La retórica del machismo nacionalista se ha desplegado con amplitud en forma de juicios severísimos contra el Presidente francés, que es sólo una de las partes del torpe malentendido que ha generado la peor crisis en la relación entre los dos países. El severo tratamiento a Sarkozy me ha recordado un viejo chiste, de la época de la guerra fría, en que un ciudadano norteamericano y uno soviético comparan las libertades de sus patrias. “Yo puedo ir a Washington, plantarme ante la Casa Blanca y gritar lo que pienso del presidente Truman”, adujo el primero. A lo que el segundo respondió: “Yo también puedo acercarme al Kremlin y proclamar lo que pienso sobre el presidente Truman”).

La posición mexicana frente a París y Washington es diferente por una multitud de razones obvias. Hay mayor margen para la palabrería insulsa ante Francia que ante los Estados Unidos, debido a nuestra asimétrica relación vecinal. Acciones mexicanas como la lucha contra el narcotráfico están en amplia medida adoptadas y reguladas en función de intereses norteamericanos. Aunque los montos financieros involucrados en la Iniciativa Mérida son menores comparados con los que Washington aplicó en Colombia, ese pacto implica que el sentido y el alcance del combate mexicano contra la delincuencia organizada se determina si no unilateralmente más allá de la frontera, sí en decisiones compartidas, que entrañan una división del trabajo en que México pone los muertos, porque en Estados Unidos no se contiene al crimen organizado a balazos ni se hace entrar en esa lid al Ejército.

El Ejército: está siendo festejado durante todo este mes. Hace décadas se le reservaba sólo una fecha, el 19, un día como ayer, aniversario de su creación por el general Joaquín Amaro. El calendario muestra hoy festejos en otras efemérides: el Día de la Lealtad, el de la Fuerza Aérea. Y en este 2011 esos días feriados se enmarcan en una prolija campaña de relaciones públicas. En mensajes a través de los medios, electrónicos e impresos, se nos presenta a La gran fuerza de México. Se elogia “la fuerza del espíritu”, “la que me permite dar la vida por alguien sin saber su nombre”. Como parte de esa campaña, se han abierto al público instalaciones castrenses inveteradamente cerradas, entre ellas el Campo militar número uno, en Lomas de Sotelo del Distrito Federal.

Ese enorme enclave ha podido ser recorrido a pie o en bicicleta por quienes quieran hacerlo, en los domingos de este “febrerillo loco”. En la propaganda de este mes aparecen escenas de soldados en medio de aguas turbulentas auxiliando a civiles en desgracia, en la aplicación de los planes de emergencia en que tan necesarias y aplaudidas son su presencia y su actividad. Pero el campo en cuyo entorno se hallan la sede de la autoridad militar y el benemérito hospital de las fuerzas armadas proyecta otra imagen. En el pasado allí fueron encarcelados presos políticos no sujetos a juicio y sometidos a tratos inhumanos relatados por sobrevivientes. Esa triste imagen militar se ha renovado desde 2006 por las frecuentes violaciones a los derechos humanos -incluida la pérdida de vidas- en retenes y operaciones policiales impropias de la gran fuerza de México.

Invalidez electoral en Hidalgo

La fase judicial de los procesos electorales locales que culminaron con la jornada del 4 de julio pasado ha concluido, excepto en lo que hace al estado de Hidalgo. Allí queda por resolver el recurso que impugna la declaración de validez de la elección; es decir, que demanda sean anulados los comicios en que contendieron Xóchitl Gálvez y Francisco Olvera, al que los órganos estatales confirieron la victoria.

Anteayer miércoles la sala superior cerró los últimos juicios previos al que reclama la anulación, y por ello el magistrado Alejandro Luna Ramos anunció que la próxima semana propondrá el proyecto de sentencia sobre dicha impugnación principal. Es de esperar que su ponencia y el debate que preceda a la resolución consideren con cuidado todas las cuestiones planteadas, a fin de evitar que se adopte un fallo contrario a la ley y por lo tanto lesivo de los intereses de la candidata Xóchitl Gálvez y de los partidos (PAN, PRD, Convergencia) que integraron la coalición Hidalgo nos une, que la postuló.

La sala superior tomó el rábano por las hojas y confirmó la resolución del consejo electoral hidalguense que no consideró como acto anticipado de campaña el mitin donde rindió protesta el candidato de la coalición formada por el PRI, el Partido Verde y el Panal, porque no se le había registrado ante la autoridad electoral. Tendrían razón los magistrados si sólo a la celebración del mitin mismo se hubiera referido la impugnación opositora. En efecto sería absurdo que los precandidatos no pudieran reunirse con sus partidarios antes del registro de la candidatura, pues una prohibición de ese jaez imposibilitaría la elección del propio aspirante.

Pero los magistrados no se refirieron en ningún momento a otra circunstancia presente en el caso, que fue la denunciada por el recurso de impugnación. Ocurre que la toma de protesta de Olvera fue transmitida por el sistema hidalguense de radio y televisión, lo cual cambia su naturaleza y lo convierte en un acto de propaganda cuyo efecto se extiende mucho más allá del límite de la plaza de toros donde se desarrolló el mitin de marras. Al desentenderse de ese ingrediente de difusión, esencial a la índole de la reunión, la sala superior rehusó ver en ella un acto anticipado de campaña.

De haber considerado ese factor, los magistrados electorales habrían hallado otros elementos de ilegalidad, que se contienen en la demanda de invalidez de los comicios. Por un lado, utilizar para propagar un acto partidista el órgano de difusión gubernamental constituye no sólo una infracción sino un delito, el de uso de recursos públicos en beneficio de un candidato y un partido. Por otro lado, puesto que la reunión semejante en que la candidata de Hidalgo nos une rindió protesta no fue transmitida por la radio y televisión oficiales, se produjo uno de los actos de la inequidad alegada por la oposición.

La abrumadora propaganda, la mayor parte de la cual se disfrazaba de información, utilizada en los medios impresos de Hidalgo para exaltar la figura del Alcalde pachuqueño que buscaba ascender a la Gubernatura, contrastó con la parquedad, por llamarla de modo elegante aunque más bien debería hablarse de silenciamiento, con que se abordaba la campaña de Xóchitl Gálvez. Puesto que la prensa es libre en sus decisiones editoriales, podría negarse que el Gobierno interfiriera de ese modo en el proceso electoral. Pero todo el mundo sabe que la supervivencia de los diarios y revistas depende de los convenios que firman con la administración estatal y algunos ayuntamientos.

Fue más obvia la inequidad en la radio y televisión del Gobierno. Fue un burdo instrumento de la propaganda priísta y, en contraste, se negó el acceso a esos medios a la candidata opositora. Fue preciso que una mañana ella misma se presentara en el estudio de la televisión para forzar una entrevista, que se le negaba sistemáticamente. A la conductora no quedó más remedio que abrir el micrófono, pero se abstuvo de iniciar conversación. La dejó hablando sola.

En el gasto de campaña radica la principal debilidad de la posición del Gobernador electo. No se tiene noticia precisa de cuánto gastó, porque el dictamen respectivo no fue aprobado por el Instituto Electoral, y fue además objeto de manipulación, pues la firma del consejero responsable del documento fue falsificada según lo probó un peritaje en grafología. Eso no obstante, estimaciones permiten suponer que Olvera sobrepasó el tope, y la legislación local establece que cuando el exceso es superior al 5% la elección puede ser anulada. Es preciso que el Tribunal Electoral, en jurisdicción plena, revise el gasto del candidato declarado ganador y procesa en consecuencia.

Horas antes de abrirse las casillas el 4 de julio pasado, una oficina de campaña de Xóchitl Gálvez fue de hecho asaltada por la Policía estatal, con el ardid de que una denuncia ciudadana anónima alertó sobre la probable comisión de delitos en el lugar. En realidad los cometieron los agentes pues se apoderaron, tal como parecía ser el objeto de la misión, de material informático indispensable para el seguimiento de la elección. Si un acto de fuerza como ese adquiere eficacia y no es admitido entre el ejercicio abusivo de la autoridad con que se ensució la elección hidalguense, se dejará abierta la puerta para que las elecciones se ganen no en las urnas sino en un campo de batalla en que triunfe quien utilice todos los instrumentos a su alcance y se imponga el salvajismo.

Guerra en telecomunicaciones

La cuantía de los negocios de telecomunicaciones, la consiguiente pugna por el mercado, el poder político y financiero de los participantes, la feble condición de los órganos que regulan la materia, todo eso propicia una ruda disputa entre los gigantes de las telecomunicaciones. Televisa y Telmex-Telcel libran su refriega ante las autoridades administrativas y bursátiles, en los tribunales y en el campo de la información pública. Mediante mensajes aparecidos esta semana se imputan conductas que son semejantes a las suyas propias, dicen medias verdades a la parque se acusan de mentirosas.

 
Televisa ha abierto dos frentes de guerra contra las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim. Por un lado, a través de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones (Canitec) combate en el terreno de la telefonía móvil, y denuncia las prácticas de Telcel. Por otro lado, Televisa directamente a través de Sky su empresa de televisión satelital, intenta crear un litigio con Telmex en ese espacio, a partir del vínculo mercantil de esta empresa telefónica con Dish México.

No hay límite en las acusaciones. Según la Canitec, Telcel es un depredador que “ha cobrado a la sociedad más de $16,000 millones de dólares desde 1999”. Así reza uno de los titulares de su mensaje publicado el lunes y el martes pasado. Nada en el resto del desplegado sustenta esa afirmación, sobre la que no vuelve la cámara, por lo que es evidente su pretensión de escandalizar con imputaciones impertinentes (es decir, que no hacen a la cuestión en litigio) a una empresa competidora de algunas de sus integrantes.

La nuez de este debate es la tarifa de interconexión; es decir, el pago que una telefónica debe hacer a otra para completar una llamada. Según Canitec, la tarifa de Telcel por dicho servicio es 127% más cara “que las establecidas por el Gobierno”. No hay tales “tarifas establecidas por el Gobierno”. La Cámara llama de esa manera a resoluciones de la Cofetel y la SCT para resolver litigios particulares. En el que mantenían Axtel y Telefónica en efecto se determinó que el precio a pagar era de 42 centavos por minuto, mientras que el 4 de febrero Telmex pide por la interconexión 95 centavos por minuto. Esa oferta, dice la Canitec, “impediría la disminución inmediata de las tarifas de interconexión en beneficio de la sociedad mexicana”. Telcel dice en respuesta, que su anuncio“ no obliga, simplemente informa”, a diferencia de otros oferentes de dicho servicio que no dan cuenta pública de sus tarifas. Telcel aclara, además, que las resoluciones citadas por Canitec se encuentran en los tribunales, pues la empresa de Slim juzga que no cumplen con elementos como “una metodología de costos transparente, uniforme y de aplicación general”.

Con más retórica que argumentos, Canitec llama a la oferta de Telcel “una burla a los competidores, una afrenta a la autoridad reguladora y un desprecio generalizado por los usuarios de telecomunicaciones del País”. Estos apenas aparecen en el fondo de la pelea, sin recibir sino raramente el beneficio de la competencia. Según Telcel, “diversos concesionarios afiliados a la Canitec pagan desde el 2005 tarifas de interconexión menores a las ofrecidas por Telcel” y no trasladan esa reducción a los usuarios.

En cuanto a la tv satelital, Televisa ha denunciado a Telmex con la intención de desmantelar a Dish México, que compite con Sky por ese mercado, en que hasta hace tres años reinaba el consorcio de la familia Azcárraga. Como se ha dicho antes, porque la disputa data de entonces, Telmex no es socio sino proveedor de servicios de Dish, a diferencia del alegato de Televisa que al formularlo ante la autoridad pretende que se condene a Telmex por eludir la frontera de su título de concesión, acotamiento que le impide entrar en la televisión y la coloca en desventaja frente a Televisa, que al menos a través de Cablevisión ya opera telefonía móvil.

Si prosperara la pretensión de Televisa, Dish perdería uno de los elementos que le han permitido ser un fuerte y temible competidor de Sky. Dish México (formada por MVS Comunicaciones y EchoStar Corporation) recibe de Telmex servicios de facturación y cobranza a través del recibo telefónico, así como la comercialización de sus servicios a través de su vasta red de distribución. Es decir, los usuarios pueden contratar a Dish en las oficinas de Telmex y allí adquirir los decodificadores necesarios para la recepción de su señal. Telmex ofrece servicios semejantes a casi mil empresas privadas y públicas, con las que no mantiene otra relación que esa de proveeduría, tal como ocurre con la competidora de Sky.

“Telmex -asegura en su mensaje de ayer- no participa ni directa ni indirectamente en el capital de Dish México”. Pero también advierte: “En el futuro podríamos participar en una inversión conjunta… en caso de que sea aprobada por las autoridades correspondientes, como Telmex lo ha comunicado reiteradamente en sus reportes bursátiles”, tanto a la US Securities and Echange Comisión (SEC) como a la Bolsa Mexicana de Valores.

Descreída de esa afirmación, y temerosa ante el aviso, Televisa ha pedido a la Comisión Federal su Competencia determinar si es verdad que su relación con Dish es de mera prestación de servicios o se trata de una sociedad disimulada. Un fallo adverso a Telmex afectaría a Dish, que se vería obligada a establecer su propia estructura, cuyos costos le impedirían ofrecer su servicio con las tarifas reducidas que hoy le permiten crecer.

Crisis francomexicana

La tensión entre los gobiernos de Francia y México llegó a un punto crítico al frustrarse el programa de actividades culturales mexicanas en aquel País y cuando las autoridades de las dos naciones cruzaron juicios y anuncios que empeoran la situación. El presidente Sarkozy ha hecho del proceso a su compatriota Florence Cassez un tema personal. Después de que en su visita a México introdujo el caso en una agenda que no lo incluía, recibió anteayer a los padres de la ciudadana francesa sentenciada a sesenta años de prisión por secuestro y otros delitos. Con ellos a sus flancos ofreció una conferencia de prensa en que, en su calidad de anfitrión y autor de la iniciativa del Año de México en Francia, anunció que ese proyecto se realizaría. Dijo que suspenderlo “sería una ofensa para el pueblo mexicano y, por lo tanto, una decisión perfectamente inoportuna y contraria para los dos pueblos”. Decidió proceder de ese modo después de conversar telefónicamente con la prisionera, quien le pidió mantener el programa. Quizá le sugirió, porque eso había declarado, que en las actividades se recordara su situación. Por eso Sarkozy dijo que el festival sería dedicado a Cassez. Dijo algo más el mandatario francés. Reveló que el presidente Felipe Calderón le escribió “que planeaba la transferencia de Florence Cassez”, cuya negativa actual es el punto de fricción del que partieron las actividades y declaraciones que han llevado a esta crisis a la relación bilateral. Salvo que el presidente francés haya llegado al extremo de mentir para justificar su posición, y no se haya ofrecido tal paso, será útil conocer el documento aludido, para saber qué condiciones cambiaron al punto de que ahora se rehúsa el traslado de la presa a su País de origen. El lunes por la tarde, sin referirse a ese apunte, el Gobierno mexicano canceló su participación en el conjunto de actividades programadas para este año. La Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó de inmediato con tono áspero. Tras explicar que la prisión de Cassez obedece a decisiones judiciales ajenas al Ejecutivo, la cancillería lamentó “que se pretenda vincular un caso exclusivamente penal con las relaciones entre dos naciones que han mantenido una larga historia de amistad y una profunda afinidad de valores”. Calificó como “realmente sorprendente que un Jefe de Estado tome una decisión de política exterior que afecta los vínculos entre dos pueblos y gobiernos en consulta con una persona condenada por la justicia mexicana por delitos de naturaleza particularmente grave”. Perturbado de ese modo el programa cultural, razonó la cancillería, el Gobierno mexicano canceló su participación en esas actividades, pues considera que “no existen las condiciones para que el Año de México en Francia se lleve a cabo de manera apropiada y que cumpla con el propósito para el que fue concebido”. La secretaría de Relaciones, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que las cosas cambien, pues no dio por definitiva su propia decisión. La dejó sujeta a la comprobación de que “existen las condiciones indispensables para el desarrollo” del proyecto suspendido, “conforme a los términos en que ambos gobiernos acordaron llevarlo a cabo”. Sarkozy no tiene confianza en los tribunales mexicanos, pero tampoco en los de su País. Está en curso un conflicto entre el Presidente y la judicatura francesa por un denuesto presidencial a la corporación judicial, a partir de una impopular decisión. El 3 de febrero Sarkozy criticó la libertad de un preso peligroso: Dijo que era un error dejar “salir de prisión a un individuo como el presunto culpable sin asegurar que tendría un seguimiento”, y anunció que “los que dejaron que esto ocurriera serán sancionados. Se trata del caso de un delincuente pertinaz que tras su liberación por otros delitos asesinó y descuartizó a una joven. El juez involucrado alega que su sentencia sí previó el seguimiento, pero no se aseguró de que su orden se cumpliera y en efecto el delincuente careció de la asesoría para su reinserción social. El responsable de esa omisión argumenta a su vez que por falta de recursos su servicio funciona mal, pues sólo dispone de 27 personas para asesorar y seguir a cuatro mil reos en libertad condicional. La censura presidencial fue acogida con malestar por los juzgadores que practicaron el jueves pasado “una huelga de togas” -sólo atendieron los casos impostergables-, y se concentraron en diversas ciudades de Francia para demandar del Presidente una disculpa que hasta ahora no ha ocurrido. La desconfianza de Sarkozy en la justicia mexicana tiene asidero. La captura de Florence Cassez y otros secuestradores se grabó para beneficio de la imagen pública de la Agencia Federal de Investigación y su jefe Genaro García Luna, ahora ascendido a Secretario de Seguridad Pública federal. La patraña arroja duda sobre la legalidad del proceso entero, pero no fue considerada por el tribunal que la semana pasada negó el amparo definitivo a Cassez, porque el video correspondiente no figuraba en el expediente sobre el que los magistrados se pronunciaron. Sí constaban en el juicio, sin embargo, otras deficiencias procesales. Tanto las víctimas como algunos testigos emitieron declaraciones y testimonios contradictorios. Se comprende que las personas secuestradas no tuvieran claridad respecto de lo que les sucedía, debido a la conmoción que padecían. Pero un testigo súbito dijo haber visto a Cassez espiando a su víctima en días en que la inculpada entonces se hallaba en Francia.

Durango, santuario

La impunidad es un mal extendido por toda la república. Pero en Durango esa lacra adquiere honduras inadmisibles. El fiscal general del estado, Ramiro Ortiz Aguirre, dijo hace poco que en esa entidad “se secuestra hasta por una vaca”. Si lo comentara un ciudadano en una charla de café se comprendería una descripción así de cruda, muestra de una realidad frente a la que nada puede hacerse. Pero lo dijo el responsable de perseguir el delito, el Jefe del Ministerio Público. Lo dijo como quien ve llover y no se moja.

Practica lo que dice, además. Es decir, no se inmuta ante los secuestros. El 30 de septiembre pasado, cuando aún era procurador (se convirtió en Fiscal General el 15 de octubre siguiente), recibió en su oficina al Alcalde y al Síndico del municipio de Nuevo Ideal, que acompañaban a Hilda Valenzuela. Con el apoyo de los funcionarios, ella denunció el secuestro de su hermano, secuestrado una semana antes, el 23 de septiembre. Ella misma y su padre, Leopoldo Valenzuela Escobar, sabían donde estaba la víctima, por cuyo rescate pedían diez millones de pesos. “El Procurador le dice que no va a arriesgar a sus policías sin antes hacer una investigación. El Alcalde y el Síndico tratan de convencerlo, pero Ramiro Ortiz los corre: ¿Qué no entienden?, les gritó mientras se retiraba” (Proceso, 13 de febrero).

Minutos después del secuestro, Valenzuela Escobar y su hija pidieron auxilio en el retén de 20 soldados que está a un paso de la refaccionaria de don Polo, como se conoce al padre de la víctima, de igual nombre y llamado Leo. Los soldados no hicieron caso. Nadie se haría cargo del asunto, ni autoridades locales ni federales. Peor aún: el Ministerio Público local hizo saber a los secuestradores las diligencias que don Polo realizaba para rescatar a su hijo. Policías judiciales levantaron a varios de los señalados por el angustiado padre, para extorsionarlos: “Les dijeron que yo los había acusado, incluso les enseñaron el expediente”, dijo don Polo en la redacción de la revista Proceso, en la ciudad de México, el lunes 30 de enero. Uno de los secuestradores, vecino y conocido de la familia Valenzuela, se quejó: “don Polo nos está echando de cabeza”, y aclaró que se lo habían informado “en la Procuraduría”. En la redacción del semanario, al relatar esta parte, don Polo anticipó: “¿Entienden lo que quieren esos desgraciados? Lo que quieren es que me den en la madre…, que me maten Y muerto, se acaba todo”.

El viernes 4, don Polo fue asesinado. “Venimos por ti, compa’, gritaron los hombres vestidos como soldados mientras con los cuernos de chivo le apuntaban… Él se quiso defender, sacó su pistola, pero los tiros de los AK-47 lo abatieron. Murió minutos después de llegar al hospital.”. Valenzuela Escobar se convirtió así en otro justiciero ejecutado. Como doña Josefina Reyes y doña Marisela Escobedo, en Chihuahua, era un buscador de justicia al que mataron para frenar la indagación sobre su hijo, de quien no supo más a pesar de que pagó medio millón de pesos, y que hasta la fecha no aparece.

Al fragor de las campañas por la gubernatura duranguense, el año pasado, el candidato de la coalición opositora, José Rosas Aispuro Torres denunció repetidamente la complicidad del gobernador Ismael Hernández Deras con la criminalidad a que le tocaba combatir. No habló sólo de negligencia o incapacidad para enfrentar a homicidas y secuestradores que proliferaban en el estado, sino directamente de asociación con ellos. Con base, según dijo, en testimonios de personas secuestradas y dejadas en libertad tras el pago de un rescate, dinero de ese modo obtenido se aplicó a la campaña de Jorge Herrera Caldera, que venció al denunciante y es ahora el gobernador. Hernández Deras se indignó tanto con el señalamiento del candidato opositor que, concluido el proceso electoral lo demandó civilmente por daño moral. Lo hizo cómodamente, ante la justicia local, para asegurarse un fallo favorable.

Su sucesor y heredero no muestra mayor aptitud ni disposición para contener la violencia criminal en esa entidad. Al comienzo de este año un comando de sesenta hombres asaltó la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de El Mezquital. Los invasores, en represalia porque algunos de ellos fueron perseguidos por los lugareños tras cometer un asesinato allí mismo el 28 de diciembre, incendiaron cuarenta viviendas, veintisiete vehículos y una escuela. No se sabe nada hoy mismo, de los delincuentes que obraron de esa brutal manera, a pesar de que el traslado de esa cantidad de personas armadas no debería pasar inadvertido. Sólo la semana pasada, cuarenta días después de la infame tropelía, el Gobernador estuvo en Tierras Coloradas, para anunciar la reconstrucción de las casas destruidas. Ese es, dijo autocomplacido, “el lado bueno” del suceso atroz.

Herrera Caldera estuvo en El Mezquital sólo unas horas. De haber prolongado su estancia, se hubiera tal vez topado con un tiroteo en la comunidad de San Manuel, apenas a 25 kilómetros de Tierras Coloradas. Al parecer se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales, que causó una gran matazón. Se difundió inicialmente la noticia de que había veinte personas asesinadas. Pero hasta ahora la cifra se ajustó a la baja. Con imprecisiones, la fiscalía a cargo de Ortiz Aguirre reporta que fueron siete u ocho. Ha de suponerse que la disminución del número de víctimas hace menos importante el acontecimiento. Los violentos, en ese santuario que es Durango, gozan de impunidad de todas maneras.

Derechos humanos en el DF

Por razones de seguridad nacional, según adujo, la Secretaría de Marina rehusó aceptar dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se refieren a la actuación de la Armada en la investigación y localización del capo del narcotráfico Arturo Beltrán Leyva. En esas operaciones perdieron la vida dos personas por entero ajenas a la persecución y al delincuente mismo. El rechazo de las recomendaciones fue objetado por un sector de la opinión pública y por organismos civiles nacionales y extranjeros. Finalmente, Marina dio marcha atrás, y las aceptó. Es mejor para todos que así sea.

En contraste con esa flexibilidad, el Gobierno de la Ciudad de México reafirmó el viernes, al vencer el plazo para dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre la Supervía Poniente, su rechazo al primer punto recomendatorio, consistente en suspender la obra. La Administración capitalina se empeña en un proyecto que si bien, en la lógica del tránsito rodado, busca resolver los problemas de aglomeración de vehículos, con su cauda de pérdida de tiempo y contaminación, lo hace a costos sociales muy altos, que se acentúan por el modo autoritario en que se resolvió llevar adelante el proyecto.

En otro contraste con la actitud del Gobierno de la Ciudad de México, el grupo constructor que erige un edificio en la calle de Pedregal, en las Lomas de Chapultepec, decidió suspender durante un mes las obras respectivas. Desde que se pretendió erigir allí, muy cerca de la Fuente de Petróleos, la torre del Bicentenario, el proyecto ha suscitado la oposición del vecindario, por diversas razones. El grupo Danhos desistió de construir la mencionada torre y en cambio edifica una obra de menores dimensiones cuyo efecto en la zona sea menor del inicialmente calculado. El grupo consiguió todas las autorizaciones del caso, incluida la de Bellas Artes para intervenir, sin destruirla, una obra apreciable desde el punto de vista de los expertos, debida al arquitecto Vladimir Kaspe. La oposición vecinal ha quedado reducida, a través de un diálogo auspiciado por las autoridades delegaciones y centrales, al eventual problema de circulación que los residentes y visitantes del nuevo edificio pueden provocar. Sin tener obligación legal para ello, sino como señal de respeto a los eventuales afectados, la empresa ha ordenado a su costa, un estudio de vialidad y mientras se realiza ha determinado suspender los trabajos de construcción.

En cambio, el Gobierno de la Ciudad sigue sordo a escuchar razones y al responder a la CDHDF insiste en que es imposible jurídicamente la suspensión pues se han contraído obligaciones que la Administración no puede dejar de cumplir. Es preciso recordar aquí que están en curso varios juicios, de amparo y de nulidad, que eventualmente pueden terminar en fallos adversos a las autoridades e incluir mandamientos judiciales para suspender las obras. Ante una decisión judicial firme el Gobierno tendría que acatarla y por la fuerza de la resolución jurisdiccional desaparecería el pretexto de su imposibilidad jurídica.

Se dirá, entonces, que en ello radica la diferencia: que el Gobierno cumpliría una disposición de los tribunales que sea inatacable, pero no está en obligación de hacer lo mismo con el documento de la CHDF, que no es vinculatorio. Una interpretación sistemática de la legislación puede conducir a una conclusión distinta. El estatuto de Gobierno del DF (una suerte de constitución local, a falta de una verdadera, pero que es el ordenamiento jurídico con primacía en la ciudad) establece entre los principios estratégicos del Gobierno local (Artículo 12, Fracción VIII), “la observancia, respeto y atención a recomendaciones de las autoridades y en general servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, respecto de los derechos humanos que establece el orden jurídico mexicano”.

Una vez que se haga del dominio público la respuesta del Gobierno capitalino será necesario examinarla con detenimiento. Por ahora cabe reflexionar en el efecto adverso que la Administración de la ciudad ha buscado generar en torno de la CDHDF. En evidente consonancia, funcionarios gubernamentales y agrupaciones civiles (cuyos dirigentes no parecen percatarse de que la oposición a la Supervía los beneficia también, porque un fundamento principalísimo de la recomendación es el daño al derecho a un ambiente sano, de que son titulares todos los que viven y circulan en la ciudad) concentran su atención en deturpar al ombudsman capitalino, que vela también por sus derechos.

Un grupo de cien personas con presencia pública, por su creatividad artística y su labor intelectual dirigió al Gobierno de la ciudad, un pedido que el destinatario desestimó. De ese documento cabe rescatar la apreciación que los firmantes hacen de los organismos de derechos humanos: “Las autoridades… se ven tentadas a descalificar y hacer caso omiso de sus recomendaciones: ese actuar es torpe y… no hace más que provocar daños mayores. Por el contrario, cuando se respeta a los organismos de derechos humanos se evitan conflictos sociales mayores y se robustece la credibilidad de los gobernantes”. Los solicitantes invocan congruencia en el Jefe Marcelo Ebrard, de quien valoran “su actuación en pro de los derechos de diversas minorías (y) el interés que ha manifestado en foros internacionales hacia el problema del cambio climático” por lo que esperan que respete la defensa pacífica del medio ambiente.

¿Por qué no se va García Luna?

En momentos en que plantear preguntas al presidente Calderón es no sólo políticamente incorrecto sino un delito de lesa majestad, cabe sin embargo reiterar las interrogaciones sobre su apoyo irrestricto, que más parece dependencia, a Genaro García Luna. Tan solidario es el Ejecutivo con el secretario de Seguridad Pública que está resuelto a pagar el costo de un severo conflicto internacional con tal de mantener incólume la autoridad de quien aparece como su subordinado.

Carecen de razones jurídicas las funcionarias francesas que han reaccionado con virulencia ante una decisión judicial, ajena a la Presidencia, que confirmó la sentencia de sesenta años, por el delito de secuestro, impuesta a la ciudadana francesa Florence Cassez. Con dureza verbal la ministra de Relaciones Exteriores Michél Alliot-Marie, y en los hechos, al cancelar una exposición de José Guadalupe Posada, la alcaldesa de Lille, Martine Aubry -que es la vez dirigente del Partido Socialista francés y precandidata presidencial- han externado juicios sumarios sobre el Gobierno Mexicano. Y la primera reacción que en México provoca una actitud como la suya es la defensa de la tribu, de su independencia, de su rechazo a la injerencia externa, sobre todo cuando proviene de una República que envió varias veces sus tropas a invadir a la nuestra, y hasta instauró un régimen imperial espurio en nuestro suelo.

Pero de igual modo en que la cancillería mexicana ha pedido al Gobierno de París que no sobredimensione el caso de Florence Cassez, y con ello ponga en riesgo el Año de México en Francia, que está comenzando, y acaso otros aspectos de la relación, también hemos de moderar nuestra hipersensibilidad. Faltan razones en Francia para cuestionar a la administración de justicia mexicana. Pero la lenidad que beneficia al ahora titular de la seguridad pública federal ha alimentado la suspicacia extranjera sobre el fallo que angustia a la sentenciada y a sus padres e irrita al gobierno francés.

Ha quedado claro allá que la Agencia Federal de Investigación fingió ante la televisión el arresto de la señora Cassez el 9 de diciembre de 2005. La simulación, reconocida formalmente por el Gobierno Mexicano, el montaje de un espectáculo para forjar la fama de la corporación que se ufanaba de compararse con el FBI y Scotland Yard y asegurar el destino político de su jefe, el mismo Genaro García Luna que es hoy el zar policiaco mexicano, infectó al proceso contra Cassez, si no en general el seguido contra la banda de secuestradores a la que ella pertenecía según la sentencia que es hoy la verdad legal. No sólo se pasó por alto, en el Gobierno y en la opinión pública de México la gravedad de la puesta en escena que puso en duda la acusación, sino que García Luna medró políticamente con ella.

Aun con merma de su crédito (que va a la baja según mediciones de su popularidad), el presidente Calderón puede tomar dos medidas que atenúen la tensión diplomática con Francia. Tiene bases legales para disponer el traslado de la sentenciada a una prisión francesa. Si bien una comisión binacional estudió esa posibilidad y con fundamento en sus reflexiones Calderón cerró la puerta al envío de la presa a su patria el 22 de junio de 2009, esa decisión puede ser revertida. Hacerlo no interferiría en la esfera de acción judicial porque una vez cerrado el caso ante los tribunales, la ejecución de la sentencia corresponde al Poder Ejecutivo. Es una práctica corriente que, en canje de reos o con la remisión unilateral de algunos, México acceda a que extranjeros sentenciados aquí cumplan su condena en su País de origen. Para fundar que esa costumbre se aplicara al caso de Florence Cazzez el Gobierno francés invocó el tratado de Estrasburgo. Base legal no falta, pues, y a su aplicación ayuda el sentido liberal de la política de ejecución de penas, que favorece la proximidad del sitio donde se compurga la sanción con la residencia de la familia de los sentenciados.

También podría Calderón tomar una decisión extrema, que denotara una desautorización aunque fuera tardía al proceder que tanto indigna con razón a los franceses. París bien vale un despido, el del secretario de Seguridad Pública, creador y destructor de la AFI, de la que sólo queda el nombre con el que se encubre la denominación legal de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Procuraduría General de la República. García Luna creó tal monstruo que él mismo se encargó de desmantelarla para dar lugar a su nueva criatura, la Policía Federal, una corporación que cotidianamente crece en volumen pero no en eficacia, como lo ejemplifica su actuación en Ciudad Juárez donde, no nos cansaremos de decirlo, es parte del problema y no de la solución.

Más que retórica sería ingenua la pregunta que inquiriera a Calderón la causa de su en apariencia indestructible relación con García Luna. Pero de todos modos la formuló, corriendo el riesgo de ofender la investidura presidencial, ultrasensible a los cuestionamientos públicos sobre asuntos delicados: ¿Por qué Calderón se ha puesto en las manos de García Luna? Hasta promueve una reforma constitucional que a la postre conduciría a que fuera ese funcionario el jefe de todas las fuerzas policiales en todo el País. La intención de que así sea es la denominación de mando único al intento, que por ahora se queda en ese nivel, de que en cada entidad desaparezcan las corporaciones municipales o las dirija el jefe de la Policía estatal. De allí que parezca contradictorio o torpe proponer que haya 32 mandos únicos. Pero es que el siguiente obvio paso es que los mandos locales se sometieran al que sí sería, en verdad, mando único, el ejercido por García Luna.

Desde el comienzo de su Administración Calderón se puso en manos de las fuerzas armadas, así las castrenses como las policiales. Dado que propuso como acción central de su Gobierno la lucha contra la delincuencia organizada, asumió por un lado con énfasis escénico su condición de comandante supremo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina y construyó su propia Policía, la federal, que perdió su apellido original que la reservaba a cumplir funciones preventivas para convertirse en una corporación dotada legalmente para realizar también indagaciones y capturas antaño correspondientes a la policía que depende del Ministerio Público.

Si bien es ostensible y, más todavía, lucidora su relación con las fuerzas militares, al parecer hay en su seno señales de inconformidad o disgusto, por varias razones, entre ellas el contraste entre la relación que el Presidente guarda con la PF y con la corporación castrense: “Como afrenta acude personalmente o envía altos representantes a las honras fúnebres de policías caídos, qué bueno. Acude él a pomposas ceremonias al cuartel general de la Policía federal, donde llena de elogios a esa corporación que siente suya. En cambio, se ignora cuántos militares han caído, sus grados y circunstancias, dicen que 200. ¿Le es vergonzante?

“No se realizan honras fúnebres para los militares que dieron sus vidas, nadie conoció sus nombres, no hubo banderas nacionales en sus ataúdes como en los de los policías, no hubo reconocimientos ni se consoló a sus familias. La historia no los registrará. ¿Por qué? ¿Le avergüenza la milicia y opta por acurrucarse en la policía que siente suya?” (La Jornada, 22 de enero).

Quien formula esas preguntas es el general Jorge Carrillo Olea. Salido de su cargo de Gobernador de Morelos a los cuatro años, en medio de un escándalo, perdió su prestigio político y disminuyó el brillo de la reputación como funcionario que con su trabajo se había labrado. Ignoro si tiene crédito o presencia en el ámbito militar, pero es indudable que tiene información sobre lo que ocurre en filas.

Dice también, como señal de que Calderón no vela por el bienestar de sus tropas sino sólo de sus mandos, que los “escalafones están terriblemente atascados con generales (más de 655 en 2010) y almirantes (207 en 1997), de 197 mil pesos mensuales, a partir de enero con un bono de riesgo. ¡Un millón cada seis meses!”.

Sea o no cierta la denuncia de Carrillo Olea, es claro que Calderón goza su condición de comandante supremo. Disfruta ataviarse con ropa militar y el jueves pasado se divirtió con las vastas maniobras que la Fuerza Aérea realizó en el campo militar de santa Gertrudis, en Chihuahua, el estado de mayor letalidad criminal.

Ciudad Juárez: crimen sobre crimen.

Mujeres y hombres valientes y tenaces han pugnado porque se haga justicia en casos de que fueron víctimas, y han conseguido que su activismo tenga amplias repercusiones nacionales. La señora Isabel Miranda de Wallace, y los señores Eduardo Gallo y Alejandro Martí son ejemplares. En otros casos, en cambio, la búsqueda de justicia ha generado nuevos delitos, a manera de castigos para quienes se empeñan en hacer que las policías trabajen y conduzcan a los perpetradores a la prisión.

En este momento está en curso una honda y peligrosa tragedia. El lunes 7 fueron levantadas 3 personas en un poblado de valle de Juárez, en la conurbación de Ciudad Juárez. Se trata de Malena Reyes Salazar y su hermano Elías, así como la esposa de este, Luisa Ornelas. Los dos primeros son hermanos de Josefina Reyes Salazar y Rubén de los mismos apellidos, quienes fueron ultimados el año pasado. La primera se había significado por su lucha por los derechos humanos, a raíz de los embates sufridos por sus hijos Miguel Ángel y Julio César. Josefina fue asesinada el 3 de enero de 2010 y Rubén en agosto siguiente.

Un hijo de doña Josefina, Juan Manuel había sido asesinado en 2009, mientras que su hermano Miguel Ángel había desaparecido un año atrás, y cuando reapareció fue acusado por miembros del Ejército de pertenecer a una banda de narcotraficantes y al parecer se halla sometido a juicio desde noviembre de 2009, sin que su madre recibiera nunca la información ministerial respectiva.

El levantón en curso contra los Reyes Salazar fue atestiguado por la madre de las víctimas, Sara Salazar, que ha padecido la pena de que su familia quede devastada por homicidios y la actual desaparición forzada. La casa de otra de sus hijas, Ruth, fue recientemente incendiada.

Por las amenazas que doña Josefina recibió como preámbulo a su asesinato, parece claro que la intención es impedir el activismo de las víctimas, atemorizándolas o simplemente quitándolas de en medio. Ella había integrado un comité de derechos humanos, que se ocupaba de denunciar la muerte de personas ajenas a la familia, como Saúl Becerra y la desaparición de Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. Las denuncias sobre esos casos, y las relativas a los amagos en su contra fueron desestimadas tanto por la procuraduría general de la república como por la fiscalía local, que tampoco se muestran interesadas en determinar el paradero de los actuales desaparecidos.

Otra cadena de infortunios familiares ha surgido a raíz del asesinato de una joven, madre a los 16 años, ultimada por su pareja, Sergio Barraza, el tristemente célebre homicida dejado en libertad por tres jueces que ahora viven un intenso cuestionamiento, aunque su sentencia de libertad fue revocada por otro tribunal que mantiene viva una orden de aprehensión contra Barraza. La madre de la primera víctima, Rubí Marisol Frayre, doña Marisela Escobedo, fue a su vez asesinada el 16 de diciembre pasado, como castigo a sus empeños por hacer que el homicida de su hija fuera detenido. El crimen que privó de la vida a doña Marisela fue al mismo tiempo un desafío, pues fue realizado en pleno centro de la ciudad de Chihuahua, virtualmente a las puertas del palacio de Gobierno, como si los asesinos tuvieran conciencia de que nada les pasará. Como las de la familia Reyes Salazar, sus denuncias, y los informes conseguidos por ella a falta de la eficiencia policiaca, fueron desestimadas por la Fiscalía general chihuahuense. De modo que tras la muerte de su madre, nuevos amagos ahora dirigidos a sus hijos Eduardo Alejandro y Juan Manuel y la triste convicción de que nada se haría para impedir que se hicieran efectivos, los condujo a exiliarse más allá de la frontera.

Pero el hostigamiento relacionado con el primer delito no se detuvo ahí. La maderería propiedad de José Monge Amparán, compañero de vida de doña Marisela, fue incendiada. Tras ese acto criminal un hermano del propietario, Manuel, fue levantado y horas después su cadáver fue hallado en las inmediaciones de la ciudad. Habrá quienes miren estas muertes con la naturalidad de quien suma decesos sólo para efectos estadísticos. Pero hay mucho más en esos delitos, una malévola tendencia del crimen organizado a no permitirse el hostigamiento por los deudos, sabedores de que si alguna persecución puede ser eficaz es la emprendida o impulsada por los familiares, pues la que correspondería realizar a las autoridades puede ser frenada mediante la corrupción.

La corrupción explica en amplia medida la ineficacia. El estado de Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez concentraron el año pasado una altísima proporción de la violencia homicida en todo el País, y no hay indicios de que la situación se alivie. Al contrario, en la población fronteriza resulta estéril la nueva estrategia, una más, puesta en práctica a partir de la presencia masiva de la Policía Federal. No acaba de entenderse que esa corporación es más parte del problema que de la solución. Sus miles de efectivos dispersos en la ciudad son incapaces de impedir el tránsito de bandas armadas que a la vista de todos perpetran asesinatos o secuestros y levantones. Más todavía, la escasa disciplina o la corrupción hace que cuando sus agentes actúan lo hagan en perjuicio de la autoridad o de personas inocentes. Un miembro de la escolta del alcalde de Ciudad Juárez fue asesinado y el munícipe objeto de burla y hostigamiento. Para sólo citar la cuota de febrero, tres jóvenes fueron asesinados el sábado pasado.

Carmen Aristegui

Carmen Aristegui prefirió la rescisión de su contrato profesional con MVS, la empresa radiofónica de la familia Vargas, antes que deponer su dignidad personal y profesional leyendo un texto de disculpa que ella no había escrito ni suscribirá. Después el concesionario pretendió justificar lo que fue un despido (colocar a la periodista ante un falso dilema, pues sólo había un término a elegir) acusándola de infringir el código de ética (que, por cierto, ella propuso y la emisora aceptó) por presentar un rumor como noticia.

Sin duda, eso no hizo Carmen Aristegui. Partió de un hecho noticioso (el escándalo en la Cámara de diputados por la colocación de un mensaje provocador en que se implica que el Presidente Calderón es un bebedor), y ella lo situó en contexto y extrajo de él una conclusión. Dijo que el rumor sobre el etilismo presidencial estaba muy extendido, como lo está, lo que podía comprobarse en las redes sociales a que se atienen y de que tanto gustan el propio Ejecutivo y sus colaboradores. Y preguntó por qué desde la Presidencia no se emitía un comunicado que saliera al paso del rumor. Fue claramente un comentario editorial, lícito en el formato del programa que sostenía, con éxito creciente, desde hace poco más de dos años. Ni presentó al público como una novedad, ni mucho menos afirmó, que el Presidente bebe.

Carmen estuvo dispuesta, cuando se le comunicó que su dicho se había percibido como una ofensa, a disculparse por ella, por el agravio que hubiera resentido el afectado, ya que la intención de su programa es informar y analizar los hechos y no ofender nunca a nadie, ni al Presidente de la República ni a radioescucha alguno. Pero se le exigió desmentirse a sí misma, como un modo de aliviar la irritación causada por sus palabras. Se le demandó una reacción sólo explicable cuando se ha roto un tabú, cuando se ha cometido una irreverencia, cuando se ha incurrido en blasfemia.

Ordenar la salida de Carmen Aristegui es, conforme al diagnóstico famoso, más que un crimen una estupidez. Fue una decisión en la que todos pierden y sólo ganan los que deseen quitarse el estorbo de una emisión radiofónica fresca, cada vez más oída cuanto más certeros eran sus enfoques, en que se practicaba el lema adoptado por la concesionaria cuando convino con la periodista la creación y conducción de un programa diario de información y análisis: libre como el viento, libre como nunca antes, en clara alusión al despido de Carmen de XEW. Ganan asimismo los mezquinos que paladean la derrota de una forma de periodismo que están imposibilitados para ejercer. Gana el autoritarismo que somete la opinión diferente y que sostiene que la figura presidencial debe estar en un nicho inalcanzable donde no lo roce la realidad, ya no digamos con sus hechos brutales sino ni siquiera con lo que se dice en la calle.

La digna mujer y excepcional periodista dio a conocer ayer su posición. Con juicio atinado, que es su forma de ser, situó el problema de su despido en un ámbito más amplio, el del riesgo que para la democracia y la competencia económica deriva de que el presidencialismo, tan venido a menos para bien, disponga todavía de instrumentos que le permiten mantener en vilo a empresarios que no se avienen a sus propósitos e intereses. Varias resoluciones en materia de radio y televisión, y en el más dilatado ámbito de las telecomunicaciones, que MVS ha promovido desde hace años dependen de una decisión presidencial, pues se han cubierto los requisitos y satisfecho las condiciones legales. Carmen denunció, en consecuencia, que un asunto jurídico sea convertido en asunto político por la discrecionalidad que puede ejercer el Presidente.

También recordó que el periodista mexicano que sobresale en la televisión norteamericana, Jorge Ramos, preguntó a bocajarro al presidente Fox, haciéndose eco de un rumor relacionado con una presunta adicción presidencial si tomaba Prozac. Sorprendido por la franqueza del interrogante, Fox contestó de inmediato y sin ambages con un no rotundo. No se declaró agraviado, ni pidió eliminar esa parte de la grabación. Simplemente aprovechó la ocasión para salir al paso de un rumor, que importa como parte de las percepciones con que una sociedad pretende explicarse su entorno.

La periodista tendió la mano a la empresa para revertir los afectos de lo ocurrido, que se manifiestan además de expresiones callejeras de descontento, en una ruidosa conversación colectiva a través de las redes sociales, donde priva la exigencia de que el programa vuelva a su normalidad, con Carmen Aristegui a la cabeza. Pidió sólo el resarcimiento de su fama pública mediante dos pasos, el primero retirar formalmente el comunicado en que se le señala como transgresora, y el segundo emitir otra posición en sentido contrario, donde se valore su integridad ética y profesional.

La familia Vargas, propietaria de MVS queda de esa manera en posición de deshacer el entuerto. No se trata de borrar lo acontecido, extremo imposible, sino de sacar provecho de él, en vez de sólo perjuicios. Esa familia, sobresaliente en el medio radiofónico donde priva la mediocridad, tuvo la claridad para saber, hace dos años, el valor social y comercial de contar con la personalidad de Carmen Aristegui al frente de su emisión matutina. Puede ahora refrendar el juicio sobre la condición profesional de la periodista aceptando su condición. Quedará fortalecida ante el público y, en consecuencia, ante el Gobierno y los intereses que pretenden, con éxito, someterlo.

Sindicatos magisteriales

Fue otorgado el registro, y la toma de nota de su dirección, al Sindicato independiente de trabajadores de la educación de México. Es un nuevo intento por minar el poderío del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). No tenemos necesidad de esperar que se implante en el gremio magisterial para medir la importancia o inocuidad de su presencia. Multiplicar las agrupaciones sindicales no necesariamente es el mejor camino para enfrentar, si de eso se trata, a un grupo político dominante. Al contrario, la diversificación de vías de acción contra la facción hegemónica resulta, en el mejor de los casos, en el surgimiento de focos de inquietud pero no genera peligro real para el funcionamiento del SNTE, porque la organización presidida por Elba Ester Gordillo mantiene la titularidad de las condiciones generales de trabajo del gigantesco agrupamiento magisterial.

Desde su fundación hace casi setenta años, dicho sindicato se constituyó en una corporación adosada al aparato partidista electoral del Gobierno. Fue pilar de la Federación de sindicatos de trabajadores al servicio y del Estado y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Ha sido un sindicato vertical y autoritario manejado por sucesivos hombres fuertes que desde allí se abrieron camino para una carrera política personal. Ese fue el caso de Jesús Robles Martínez, Manuel Sánchez Vite y Carlos Jonguitud, por poner sólo unos ejemplos. Los tres fueron senadores de la República y los dos últimos gobernaron sus estados, Hidalgo y San Luis Potosí respectivamente. El hidalguense presidió, además, el comité nacional del PRI.

Jonguitud fue depuesto en un golpe de mano incruento apenas llegó al Gobierno Carlos Salinas, necesitado de una base política propia dada la precariedad de su elección como Presidente. El dirigente potosino enfrentaba ya, desde una década atrás, el activismo de un sector disidente que fue reprimido por la fuerza, la propia del sindicato a través de golpeadores y matones, y la gubernamental. Acaba de recordarse, al cumplirse el 30 de enero treinta años del grave suceso, el asesinato del profesor Misael Núñez, ejemplo al mismo tiempo de la acción disidente y de la forma extrema de encararla.

Salinas no acudió a la disidencia para eliminar a Jonguitud, sino que de su propio entorno hizo surgir a quien lo reemplazara, Elba Ester Gordillo, que en 1989 fue elevada a la condición caciquil que se arrebataba al ex Gobernador de San Luis Potosí. Ella se había hecho notar como dirigente de la sección 36 del SNTE, correspondiente al Valle de México (excluido el DF), a la que pertenecía Misael Núñez. Personal cercano a Gordillo fue imputado por ese asesinato, si bien nunca se le fincaron a ella responsabilidades penales. Sus allegados, presos en un penal mexiquense, recibieron la oportunidad de fugarse y el crimen quedó impune. Ese fue uno de los títulos por los que Salinas la escogió para encabezar al entonces menos poderoso que hoy gremio magisterial, en una etapa que se ha prolongado ya por más de tres décadas. En ese periodo, Gordillo ha sido secretaria general y manejadora de sus sucesores en el mismo cargo, hasta que la fatigó la simulación y resolvió figurar abiertamente en el primer plano para lo cual creó la presidencia del sindicato, que ejerce ad vitam.

Los comités de lucha de la disidencia que afloró en 1979 se organizaron en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que con suerte cambiante, casi siempre adversa se empeña en la proeza de disputar desde dentro el mando sindical al grupo de Gordillo. La imposibilidad de cumplir esa meta la ha conducido al pasmo o al mero activismo contestatario en determinados casos. Lo más que ha logrado es contar con la mayoría en un puñado de secciones cuyos comités procuran labrarse una autonomía que se estrella, en casos extremos, con el centralismo establecido en el estatuto, con base en el cual la dirección nacional constriñe y castiga a las secciones que buscan su independencia.

Algunas corrientes opuestas a tal centralismo han optado, en vez de combatirlo desde dentro como hace la CNTE, por integrar agrupaciones sindicales propias. Algunas han prosperado al socaire de coyunturas políticas, como el Sindicato de trabajadores de la educación de Tabasco, surgido en 2004 como parte de la disputa de Gordillo y Roberto Madrazo. También se creó un sindicato estatal en Baja California, a partir de la sección 37, pero los remanentes fieles a Gordillo no cesan de disputarle la interlocución laboral, ahora condicionada a la alianza política de Gordillo con el PAN.

En el ámbito nacional ha habido también intentos. Los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional consiguieron agruparse en un sindicato propio, pero su fuerza no alcanza para contender con la sección 11 por la titularidad de las condiciones generales de trabajo (el contrato colectivo en el ámbito burocrático). Tampoco ha podido siquiera pretenderlo el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación, a cuya cabeza figura Carlos Jonguitud Carrillo, lo que revela más un ánimo restaurador que un propósito de renovación. El nuevo sindicato independiente, de aliento priísta, cuya dirección contó en las filas de Gordillo, figura ya en el ámbito legal pero sus márgenes de acción son limitados o al menos sujetos a la capacidad que las autoridades de la SEP resuelvan imprimirle como gestores de trámites de sus afiliados, no más. No constituye peligro para Gordillo.

Sudcalifornia panista

Con 40.35% de los votos, el PAN ganó anteayer la elección de Gobernador en Baja California con un candidato ajeno, el diputado federal Marcos Covarrubias, perredista hasta hace seis meses. Hace 18 años, en una operación semejante obtuvo un porcentaje de votación aún más alto que el que está por confirmarse, aunque entonces no pudo alcanzar el triunfo. En el resto de las jornadas electorales, Acción Nacional ha tenido una escuálida presencia, lo cual plantea la duda sobre su verdadera implantación en aquella entidad, pues en apariencia al menos se trata de un partido de influencia y presencia módicas, que sólo crecen cuando recibe aliento desde fuera.

Covarrubias no se marchó del PRD a solas, sino que llevó consigo a un cierto número de votantes y de candidatos, varios de los cuales triunfaron también. Por ello, el PAN tendrá el grupo parlamentario mayor en el Congreso local, y eventualmente puede contar con la mayoría. En los comicios del domingo los aspirantes apoyados por el PAN ganaron 9 de los 16 distritos, y probablemente sumen dos más bajo el sistema de representación proporcional, lo que hará once diputados, la mitad de los 22 que integran en total la legislatura. En la elección de Ayuntamientos no le fue bien, pues sólo ganó en Comundú, lo que ratifica la fuerza personal de Covarrubias en la jornada, pues él mismo fue ya Alcalde de esa población.

No es cierto que el PRI recuperara la segunda posición, pues salvo en una oportunidad no la ha perdido más que cuando se sitúa en la primera. En la retórica y en la propaganda príístas se subraya que si bien Ricardo Barroso Agramont no pudo alcanzar la Gubernatura, su partido desplazó al PRD del segundo lugar. Eso no es cierto en términos históricos. Lo que sí es verdad es que la diputada (con licencia) Estela Ponce, ganó de manera holgada el Gobierno Municipal capitalino, en La Paz. También logró el PRI cuatro diputaciones de elección directa. Con esas y las que le correspondan en el reparto proporcional será la segunda fuerza en Sudcalifornia.

El PRD sufrió un desastre, semejante sólo en cuanto a sus efectos prejuiciosos a los que causan los avatares climáticos en la comarca. Perdió la elección para Gobernador (y para colmo se quiso fingir el resultado contrario), con sólo 21.41% del total de los votos, lo que significa que alcanzó únicamente un voto por cada dos obtenidos por quien pudo ser su candidato. Triunfó en sólo dos distritos y será la tercera fuerza en la legislatura. Se quedó con sólo dos ayuntamientos, el de Mulegé y el de Los Cabos. Este bellísimo destino turístico seguirá siendo gobernador por el PRD, que al mando del Gobernador se empecinó en ganar aquí. Le iban en el empeño dos aspectos relevantes: el candidato es el hermano del propio gobernador Narcisó Agúndez Montaño, de nombre Antonio; y era menester que Leonel Cota, ahora del Panal, quedara derrotado, para enterrar por completo (al menos provisionalmente) su influencia en la política de Baja California sur, que vino sistemáticamente a menos.

Ya hemos recordado en este espacio la breve historia de Sudcalifornia, creado apenas bajo el Gobierno de Echeverría como estado libre y soberano. Tal como ocurrió en el vecino estado norteño, fue efímera la gloria del PRI como partido dominante, pues apenas le alcanzó para tres sexenios. En la primera jornada electoral, en 1976, la inexistencia de la oposición permitió que se atribuyera el 91.7 de los votos al candidato priísta Ángel César Mendoza Aramburu. Casi permaneció en ese nivel seis años después cuando el primo del primer Gobernador, Alberto Alvarado Aramburu llegó al 87% y hubo que reconocer o asignar al PAN el 4%. Un descenso aún más pronunciado se observó en 1987, aunque todavía Víctor Manuel Licéaga Rubial se impuso por 81.5% al candidato panista, que triplicó la votación alcanzada por su partido seis años atrás y llegó a 12.7%. Guillermo Mercado Romero padeció el gran susto de enfrentarse a una oposición súbitamente embarnecida, aunque luego quedaría claro que estaba sólo efímeramente embarnecida. Un priísta típico, Crisóforo Salido Almada, pretendió la candidatura del PRI, partido en que siempre había militado y ante la frustración de su propósito aceptó ser postulado por el PAN, al que produjo 42.07% de los votos, sólo diez puntos abajo del contendiente tricolor, que sumó el 52.3%.

Desde entonces el PRI no alza cabeza. En 1999 la decisión de Salido Almada fue adoptada también por Leonel Cota Montaño, quien curó su decepción de priísta postergado yéndose al PRD y abatiendo a sus desdeñadores con un abrumador 56.9%, casi 16% arriba del 37.4 logrado por el PRI. En 2005 el tricolor se mantuvo en ese nivel, con 36.1%, contra 45.4 del perredista ganador Agúndez Montaño. (Cifras de José Antonio Beltrán).

Aunque Jesús Ortega se hizo acompañar por Alberto Anaya, dirigente del PT, sobre el líder nacional perredista recáe la principal responsabilidad del desastre del PRD en Baja California Sur. Junto con el Gobernador actuó de modo que Covarrubias pasara de la mejor opción perredista a ser el candidato del PAN que aplastó a sus antiguos y ahora indeseables compañeros. Un mínimo pudor debió evitar que al anochecer del domingo, cuando la suerte estaba echada y se conocían por lo menos los esbozos de la escandalosa derrota sufrida, Ortega y Anaya alzaran los brazos de Luis Armando Díaz, que se proclamó ganador.