PAN-PRD: otras alianzas.

Con la presentación del informe final, que incluye los resultados definitivos, ayer concluyó el proceso de consulta en el Estado de México acerca de la alianza convenida, en principio, por Acción Nacional y el PRD. Esos partidos pidieron a Alianza Cívica y a Propuesta Cívica organizar ese ejercicio para conocer la opinión de los militantes y simpatizantes de esas formaciones políticas sobre la coalición que estiman necesaria para lograr la alternancia en una entidad que sufre gran atraso político por el dominio no sólo de un partido sino de un grupo dentro de ese partido.

Desde el mirador logístico y civil la consulta ocurrida el domingo pasado fue satisfactoria. Con escasos recursos fue posible instalar en la vasta geografía mexiquense casi un millar de mesas electorales, a las que acudieron cerca de 250 mil personas, que en una amplia mayoría votaron por el sí. La proporción fue de cuatro por uno: casi doscientos mil por la afirmativa contra casi cincuenta mil por la negativa. Movilizar a esa cantidad de ciudadanos, aparte los organizadores de la consulta, resultó un ejercicio de democracia participativa exitoso.

Alianza cívica, Propuesta cívica y el Consejo ciudadano de la consulta cumplieron a cabalidad la encomienda que los partidos les confiaron. Toca ahora a los partidos, en sus propios ámbitos adoptar las posiciones que la relación de fuerzas interna haga posibles. La conferencia de prensa efectuada ayer no era el espacio propicio para ese efecto, sobre todo porque se expresaba sólo una visión del conflicto que vive el PRD, y fue fácil embatir contra la otra visión que no tenía posibilidad de manifestarse.

A pesar de signos que hacia allá apuntan, no está dicho en definitiva que no cuajará la coalición en que se empeñaron las direcciones nacionales y estatales de PAN y PRD. Habrá que esperar, por lo tanto, el desenlace formal de la situación. Puede anticiparse, sin embargo, que si el PAN y el PRD en vez de coaligarse acuden a la elección de julio con candidato propio, abonarán el campo para que una vez más el PRI alcance la victoria, y el Gobernador saliente se afiance en su aspiración presidencial.

Mientras tanto, en dos entidades más donde también habrá elecciones para Gobernador en julio, las alianzas avanzan, aunque no sin tropiezos por lo que hace al PRD. En Coahuila, por ejemplo, la dirección estatal de ese partido, junto con las de Acción Nacional y Unidad democrática de Coahuila solicitaron registro para la coalición Por un Coahuila libre y seguro. Sin embargo, el dirigente del consejo estatal (órgano diferente del comité respectivo) impugnó esa petición, y con ello al menos estorbará que se concrete la alianza. Ésta, sin embargo, es necesaria para que el PRD participe en la contienda. A causa de su debilidad creciente, que lo llevó a perder su registro para participar en comicios locales, ha tenido que aceptar el papel no de aliado sino de adherente. Se ha reducido al tamaño del tercer partido de esta coalición, UCD, nacido en Ciudad Acuña como una iniciativa personal de Evaristo Pérez Arreola, dirigente del sindicato del personal administrativo de la UNAM, que al jubilarse se retiró a su ciudad natal de la que fue Alcalde.

El candidato de esa alianza es el panista Guillermo Anaya, senador por mayoría, y compadre del presidente Felipe Calderón. Ganó su escaño en Xicoténcatl de manera muy holgada: más de cien mil votos sobre el PRI, que obtuvo la Senaduría de minoría. Pero la fuerza del PAN en 2006 se debió al efecto Calderón. Dos años después, en los comicios locales, el poder de la familia Moreira se desplegó al punto de casi volver al carro completo en la elección legislativa (el PRI ganó 18 de los veinte distritos electorales) y el mayor número de municipios desde que el PAN se había vuelto competitivo y ganado, por ejemplo, la Alcaldía de Torreón, que está de nuevo en manos priístas. Como se sabe, ahora el candidato del tricolor en Rubén Moreira, hermano del presidente nacional del PRI, que pidió licencia para que medie un cierto lapso y no sea tan ostensible la transmisión del mando de un hermano a otro.

A diferencia de Coahuila, en Nayarit el pacto entre PAN y PRD se fabricó en torno de un candidato perredista, con Acción Nacional como adherente. Pero podría fracasar si prosperan las tensiones dentro del segundo de esos partidos, y también las que no se finiquitaron en el PRI. Los partidos principales (y el pequeño Partido de la Revolución Socialista) convinieron en que el candidato sea Guadalupe Acosta Naranjo. Pero ha surgido una singular oposición a su candidatura, con la que tiene que lidiar para consumar su propósito.

Lo encara su compañera de bancada Marta Elena García de Echevarría. Su esposo fue Gobernador en 1999, arropado por una ancha coalición con la que venció al PRI, su partido de toda la vida. A poco andar en su Gobierno perdió su condición de aliancista y enfrentó la oposición de algunos de sus apoyadores, no del PAN a que se afilió. Su esposa pretendió que ese partido la postulara para reemplazar a su marido. Al no conseguirlo, se sumó al PRD, que en 2009 la hizo diputada federal y ahora, con el visto bueno de los grupos contrarios a los chuchos, podría poner en aprietos a Acosta Naranjo. Eso, sin contar con la resaca del proceso interno priísta. El alcalde Roberto Sandoval se registró como candidato único, pero los senadores Raúl Mejía y Gerardo Montenegro no quedaron satisfechos y acaso alguno buscará ser postulado por un sector de la oposición.

No al comercio electoral electrónico.

Por fin la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo de intelectuales y periodistas contra la reforma constitucional que impide el comercio electoral en los medios electrónicos. El amparo fue solicitado en diciembre de 2007, poco después de concluido el proceso correspondiente. Ha transcurrido tanto tiempo que por lo menos uno de los quejosos –Héctor Aguilar Camín—ya olvidó la fecha de la reforma. Cree que ocurrió en 2008, acaso confundiendo ese año con la reforma al código electoral que fue posible tras la operación constitucional. Pero él mismo y sus cofirmantes impugnaron las enmiendas constitucionales, no las de la ley secundaria respectiva.

La Corte no resolvió el fondo del asunto que, en mi opinión, no toca a la libertad de expresión como sostienen los quejosos, sino a la libertad de comercio, porque no impide a nadie expresarse en materia electoral. Sólo prohíbe a los partidos contratar espacios en radio y televisión, como lo hicieron desde que en 1996 su prosperidad financiera les permitió pagar los elevados costos de tal tipo de emisión. A fin de evitar el fraude a la ley, que en qué consistiría, que intermediarios adquieran esos espacios vedados a los partidos, la reforma constitucional amplió universalmente los sujetos impedidos: nadie puede pagar por aparecer haciendo propaganda en los medios electrónicos. Lo que vemos actualmente todas las noches (por ejemplo Enrique Peña Nieto figurando en los noticieros hasta cuando estornuda) es una infracción a dicha disposición constitucional.

Tal reforma dio lugar al establecimiento de un nuevo modelo de comunicación en el ámbito electoral, previsto en el código respectivo y a cargo del IFE. Parte de ese modelo es un complicado mecanismo de programación y monitoreo de la propaganda electoral que se aplicó por primera vez en la elección federal de 2009, y en las estatales de ese año y los dos siguientes. A pesar de que los comicios se rigen por ordenamientos propios de cada jurisdicción, el IFE participa en los procesos locales en vista de que regir la radio y la televisión es competencia federal. Ese mecanismo ha sido objeto de señalamientos e impugnaciones , de distinta gravedad, que deben ser corregidos. A causa de esas deficiencias, la televisoras abultan los errores o peripecias del órgano electoral, de cuya función regular rara vez se ocupan, pues está en su interés mostrar cuán inconveniente es un modelo de radio y televisión que les ha significado una merma multimillonaria en sus ingresos (ciertamente compensada con creces, a dos por uno, por el incremento de los que el Poder Ejecutivo les prodiga para la propaganda presidencial).

Eso es en realidad lo que estaba en juego en la debate constitucional llevado a la Corte. No hay violaciones a la libertad de expresión. Lo han probado en su práctica profesional cotidiana al menos la tercera parte de los quejosos, participantes profesionales en emisiones de radio y televisión, que no han sido objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa por abordar asuntos electorales. No han requerido, por lo tanto, acudir a los tribunales a denunciar violaciones a su libertad de expresión.

Una jueza federal desechó la demanda de amparo por notoria improcedencia, al considerar que ese juicio de garantías no alcanza a proteger a los ciudadanos contra reformas constitucionales. Los quejosos lograron que la Corte atrajera el caso en octubre de 2008, y en enero pasado ese máximo órgano judicial se dispuso a resolverlo. Pero no consiguió hacerlo, por un empate. Había entonces una vacante y se produjo un empate, no sobre si había violaciones a la libertad de expresión, extremo al que no se llegó, sino sobre la procedencia (en el sentido de pertinencia, no de origen) del amparo. Cinco ministros sostuvieron que la Corte no puede revisar las reformas constitucionales, pues de hacerlo se situaría por encima del poder reformador, integrado por el Congreso federal y los estatales (es decir la representación popular) y cinco más opinaron que sí debe y puede hacerlo, pero que el amparo no es la vía adecuada para hacerlo. Ya antes el propio tribunal constitución había dicho lo mismo respecto de la acción de inconstitucionalidad que enderezaron los partidos Convergencia y Nueva Alianza.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo es del mismo parecer que los del segundo grupo y deshizo con su voto el empate. De esa manera se confirmó el desechamiento dictado por la jueza en el comienzo de esta peripecia. Es previsible que la Corte atraiga la multitud de juicios semejantes, más de doscientos, que están sin resolverse en última instancia. La mayor parte de ellos fueron iniciados por el Consejo coordinador empresarial y los centros patronales con que funciona la Confederación Patronal de la República Mexicana.

De haberse pronunciado la Corte en sentido contrario, por lo pronto los intelectuales y periodistas que demandaron el amparo hubieran quedado investidos de un extraño privilegio. Serían una especie de dueños de una patente que les permitiría comprar espacios vedados al resto de los ciudadanos, pues el amparo no surte efectos universales. Aun si el privilegio se extendiera después a resto de los quejosos no dejaría de producirse una situación extraña, pues como dijo el nuevo ministro, estarían vigentes dos constituciones, una para los más y otra para los menos.

Esta resolución aligerará la presión sobre los legisladores a los que los afectados instan a reformar la reforma.

De Atlacomulco a Ecatepec.

Desde que el general Wenceslao Labra, nacido en Zumpango, fue el Gobernador cardenista del Estado de México (y salvo el caso del doctor Gustavo Baz, que por su trayectoria se cocía aparte y no hizo política para ser Gobernador en 1957), el PRI no había hecho candidato a nadie nacido en municipios del valle de México.

Ungió, ciertamente a varios aspirantes nacidos en el Distrito Federal (Jorge Jiménez Cantú, Mario Ramón Beteta y Emilio Chuayffet), pero el resto de los gobernadores nacieron en el valle de Toluca, señaladamente en Atlacomulco, que por ser mata de esa clase de políticos afortunados dio lugar a la denominación célebre: Isidro Fabela Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín, Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, fueron naturales de aquel municipio. De Toluca son Alfredo del Mazo González e Ignacio Pichardo Pagaza. Carlos Hank González nació en Santiago Tianguistenco. Y Alfredo Zárate Albarrán, cuyo asesinato en 1942 abrió el paso a los atlacomulquenses, había nacido en Temascaltepec.

Eruviel Ávilla Villegas es el primer candidato priísta nacido en un municipio del oriente mexiquense, en el antiguo San Cristóbal Ecatepec, convertido por la liturgia patriótica en Ecatepec de Morelos, porque el Siervo de la nación fue fusilado en lo que sería después territorio de esa demarcación en 1814. Él mismo ha narrado que la decisión de Peña Nieto en su favor ocurrió durante una prolongada cena el viernes. A la mañana siguiente, los aprestos a favor de Alfredo del Mazo Maza, alcalde de Huixquilucan fueron interrumpidos y en su lugar se dio a conocer su declinación a competir por la candidatura. Ya lo habían hecho los diputados Luis Videgaray y Ernesto Nemer. Y también la alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares, que con su breve autopostulación no es que tuviera un arranque feminista ni un intento de insubordinación. Se trató de recordar al Gobernador que los presidentes municipales del Valle de México, que recuperaron para el PRI ayuntamientos relevantes en manos de la oposición esperaban su oportunidad para cargos mayores.

Ávila Villegas ganó primero al PAN y después al PRD la Alcaldía del municipio donde nació el 1º de mayo de 1969. Mientras fue un polvoso enclave industrial (Tulpetlac, Santa Clara y Xalostoc fueron asiento de pequeñas, medianas y aun grandes empresas metalmecánicas), y después de su conversión en un gigantesco dormitorio, Ecatepec fue Gobernado por priístas del estilo de Vicente Coss Ramírez, dirigente transportista que dos veces encabezó el cabildo, con una diferencia de veinte años, lo que indica la longevidad de su dominio. Hoy mismo, su hijo Vicente Coss Tirado es diputado federal por uno de los distritos del propio Ecatepec. Otro lo es Alfredo Torres, hijo del ex Alcalde del mismo nombre con quien Ávila Villegas tuvo su primer cargo público: secretario del Ayuntamiento de 1994 a 1997, cuando frisaba los treinta años.

Como integrante de ese grupo político, Ávila Villegas fue elegido diputado local por primera vez en 1997. Desde la Legislatura vio cómo su partido perdía por primera vez la Alcaldía a manos del panista Agustín Hernández Pastrana. Beneficiario del efecto Fox, ese Presidente Municipal vacunó a Ecatepec contra la tentación de elegir de nuevo a un miembro del PAN. Su defecto menor fue asignarse un descomunal salario, de más de cuatrocientos mil pesos al mes. Se convirtió de ese modo en el mejor propagandista del candidato del PRI que aspiraba a sucederlo, el propio Ávila Villegas. Éste había sido, en los años previos, subsecretario de Gobierno para la región de Nezahualcóyotl, designado por el gobernador Arturo Montiel, que lo apoyó en su segunda exitosa empresa electoral. Al concluirla, Peña Nieto lo hizo dirigente estatal del PRI, de donde volvió a la Cámara local y de nuevo a la Alcaldía que en 2006 había sido ganada por José Luis Gutiérrez Cureño, del PRD.

La consuetudinaria división de este partido favoreció la victoria de Eruviel Ávila, que ganó con amplitud mayor esa vez que seis años atrás, cuando se impuso a la candidata perredista Marcela González Salas. En 2009, el ahora candidato a Gobernador alcanzó 282, 875 votos, el 52.10% del total. La candidata de la coalición PRD-PT, Maribel Álva Olvera, ocupó el segundo lugar en la contienda, con 139,738 votos y el PAN se quedó con sesenta mil votos.

Ese fue, probablemente, un argumento a favor del escogido. Aunque no se repitiera mecánicamente el apoyo electoral que recibió hace dos años, es de suponerse que cuenta con una base de un cuarto de millón de votos, que no es mal comienzo para un proceso que se anunció muy competida, salvo que la oposición acudiera dividida a los comicios.

Menos densidad que los números tuvo acaso la consideración de que Ávila Villegas podría ser persuadido de marcharse del PRI en caso de que el escogido por Peña Nieto fuera su pariente Del Mazo. El Alcalde de Ecatepec repitió un día sí y otro también que no se apartaría del PRI en ninguna circunstancia. Pero tanta insistencia en cantar su lealtad al partido en que ha hecho su carrera pudo despertar sospechas de que tal vez hiciera lo contrario y así como Mario López Valdez en Sinaloa, o José Rosas Aispuru en Durango, transitaron a la oposición luego de que su partido los postergó, Eruviel Ávila proveyera al PAN y al PRD de la candidatura que les hace falta para completar la operación política que sus mandos nacionales y estatales iniciaron meses atrás y el domingo recibió el aval de una porción del electorado.

Desaparecidos ante la ONU.

Está en curso la visita a México del Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU. El pleno del grupo, integrado por cinco miembros, celebró aquí su nonagésima tercera sesión, del 14 al 18 de marzo, y a partir de entonces, y hasta el próximo jueves, tres de sus integrantes permanecen en nuestro País. Al cabo de su misión aquí el Grupo emitirá un informe al Consejo de derechos humanos de la ONU, del que depende, que lo incluirá en la evaluación a presentarse en 2012 sobre ese atroz fenómeno que crece entre nosotros como una plaga sin que haya nada que lo impida.

El Grupo de trabajo fue creado en 1980, para ocuparse de la desaparición forzada de personas, una de las características más crueles de las sociedades autoritarias y de menor desarrollo político. Para infortunio nuestro, México ha caído en esa categoría y por eso el Grupo se hizo invitar por el Gobierno. Su papel consiste en averiguar in situ la situación de esa peculiar e inadmisible forma de privar ilegalmente de la libertad a una persona. Para imponerse de las condiciones prevalecientes, el Grupo o sus delegados se han reunido con autoridades y grupos civiles directamente interesados en la materia, ya sea compuestos por familiares de desaparecidos o agrupaciones que luchan por su presentación.

La composición del Grupo de trabajo es pluricultural: su presidente-relator es Jeremy Sarkin, de Sudáfrica, y sus miembros, Oliver de Frouville, de Francia: Jazminska Dzumhur, de Bosnia; Osmán El-Hajje, de Líbano, y Ariel Dultzin, de Argentina. Los tres últimos realizan en estos días sus últimos encuentros y presentarán su visión preliminar el jueves próximo, inmediatamente antes de retornar a Ginebra.

Si bien el Grupo está obligado, conforme al protocolo, a agradecer la recepción que les ha sido ofrecida por el Gobierno, de sus funcionarios han escuchado -según las comunicaciones oficiales, por ejemplo el boletín número cien de la Secretaría de Gobernación- versiones idílicas de lo que acontece en esa materia en nuestro País. Se atienden las denuncias, se realizan las investigaciones; en suma, se cumple la ley. En fuerte contraste con esas afirmaciones, los expertos han de haber escuchado relatos impregnados de dolor de los deudos de los desaparecidos. Son variadas las circunstancias en que los suyos han sido privados de la libertad, pero a todas las preside un dato común: los gobiernos federal y estatales nada hacen para hallar a los desaparecidos, cuyo cautiverio, en el caso de que se hallen con vida, se extiende por largos periodos, de hasta cuatro y cinco años. No se indaga el paradero de quienes se esfumaron, aunque no sea infrecuente que haya información sobre el momento en que fueron detenidos y sobre quienes perpetraron la captura y la posterior desaparición.

La negligencia de las autoridades parte de un criterio principal, que es negarse a admitir que en la mayor parte de los casos se trata de desapariciones forzadas en su sentido jurídico estricto; es decir la practicada por agentes del Estado, que por lo mismo gozan de impunidad. Esa falta de castigo no es privilegio exclusivo de esos perpetradores, sino que beneficia a la mayoría de quienes cometen cualquier clase de delito. Pero lo que en esos casos es abulia, irresponsabilidad, en el de las desapariciones forzadas se convierte no sólo en complicidad sino hasta en coautoría.

La negativa gubernamental a ocuparse de ese delito de lesa humanidad llega al extremo de encubrir no sólo a quienes practican al día de hoy tales desapariciones. Se extiende la protección a quienes en el pasado las ejecutaron. El caso de Rosendo Radilla ilustra a la perfección la renuencia del Estado Mexicano, independientemente de los partidos que ejerzan el Poder Ejecutivo, para acatar el derecho en este campo. En noviembre de 2009 se condenó al Estado Mexicano a indagar y reparar el daño sufrido por Rosendo Radilla, un dirigente social que había sido Alcalde de su municipio, en el estado de Guerrero. En agosto de 1974, en presencia de su hijo entonces menor fue detenido por miembros del Ejército que lo llevaron preso sin acusación expresa, acaso por su militancia política. No se le sometió a proceso y nunca más se supo de él. Fue imposible, mientras perduró el régimen autoritario del partido que gobernaba en Guerrero y en el País, iniciar siquiera una averiguación penal común y corriente. El caso fue llevado después al ámbito internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia hace 18 meses y el Gobierno federal no ha sido capaz de ejecutarla. Apena que entre los factores de esa inexcusable dilación cuente la actitud de la Suprema Corte de Justicia de nuestro País, que siempre que puede muestra su renuencia a acatar el derecho internacional de los derechos humanos como parte de nuestro régimen jurídico.

Esas reticencias sirven de escudo para que no se investigue el creciente número de desapariciones, que se han universalizado y no comprenden sólo a militantes políticos. Autoridades estatales y federales persisten en tipificar como secuestros lo que son desapariciones forzadas, pues no se demanda el pago de ninguna cantidad por el rescate de las víctimas. En el caso de dos miembros del EPR desaparecidos pronto hará cuatro años, un juez federal dictó una resolución de amparo que reclama la presentación con vida de esas víctimas de desaparición forzada. La majestad de ese recurso de protección, tan cantada en la retórica oficial, ha sido burlada.

Solidaridades profesionales.

Horas después de la espectacular firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, dos acontecimientos ponen a prueba la firmeza y congruencia de ese instrumento, y el interés y la capacidad de sus suscriptores para mejorar la práctica periodística. Por un lado, el conductor de un programa de entretenimiento de Televisa Monterrey fue asesinado y su cadáver hallado dos veces, una de ellas reportada por el medio a que pertenecía la víctima. Por otra parte, uno de los diarios signatarios del Acuerdo mencionado, que está en la mira del gobernador Zeferino Torreblanca, que dispara a menudo contra él balazos verbales, fue objeto de una grave amenaza, que obligó al cierre de su redacción en Acapulco.

Bajo la égida de Televisa, que lanzó el año pasado la Iniciativa México, la segunda edición de ese magno montaje de propaganda y relaciones públicas se concentrará ahora en establecer pautas de conducta periodística, que parezcan autorregulación ética. Se refiere a la violencia que se abate sobre México y su abordamiento por los medios. Su punto de partida es un diagnóstico que contradice la visión gubernamental sobre la estrategia contra la delincuencia organizada. Si bien hemos sabido por boca del presidente Obama que el presidente Felipe Calderón padece frustración ante el fortalecimiento de las bandas delincuenciales, las más de las veces la retórica oficial se ufana del éxito de ese combate. A pesar de que el propio Calderón saludó entusiasmado la firma del Acuerdo, es probable que no haya reparado en afirmaciones como las siguientes, cuyo alcance expresamente rechazaría: “El poder intimidatorio y corruptor criminal se ha constituido en una amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan nuestra vida democrática” y “la delincuencia y el terror que ha logrado propagar amenaza ya en algunos lugares del País las libertades fundamentales del País”. Admitir que así significa que el Gobierno ha perdido capacidad de hacer regir la ley regionalmente, y Calderón ha alegado reiteradamente que no hay un solo punto en el País donde no prive el Estado de derecho.

A partir de supuestos de esa índole, el Acuerdo consta de diez criterios editoriales para informar sobre la violencia, generada por las bandas criminales, no por el activismo militar en su contra, iniciado por el Presidente tan pronto comenzó su sexenio. No nos detengamos ahora en la polémica que necesariamente causa la génesis de los combates armados que todos los días tienen lugar en nuestro País. Hagámoslo en algunos de los criterios propuestos para informar sobre la tal violencia (no para contenerla, como algunos exagerados y entusiastas firmantes del documento dijeron en sus ediciones y emisiones, pues frenar la violencia no es función de los medios sino sólo del Estado, que dispone del monopolio de la fuerza legítima para ese efecto).

El criterio número dos del Acuerdo ordena a sus signatarios “no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”. No veo conforme a qué lógica alguien puede comprometerse a no realizar acciones no surgidas de su voluntad, que por ello mismo están fuera de su control. Quizá el noticiario matutino de Televisa Monterrey el jueves pasado se convirtió en “vocero involuntario” del crimen organizado cuando sus cámaras mostraron un mensaje de bandoleros dejado junto al cadáver de José Luis Cerda, protagonista para su mal de una macabra historia una de cuyas porciones fue difundida al aire.

José Luis Cerda, conocido como ‘La Gata’ (más un apodo que un nombre artístico) era uno de los participantes de El club, “un programa de concursos, chistes picantes y baile”, según lo describe La Jornada. De lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche Televisa Monterrey produce esa emisión típica de su franja de entretenimiento. Cerda, un ex adicto rehabilitado o en proceso de hacerlo, fue “levantado” la noche del jueves, al salir de la televisora. Lo acompañaban su primo y un fotógrafo llegado de Monclava para hacerle una entrevista.

Los tres fueron asesinados. Y sus cadáveres localizados a la mañana siguiente. El noticiero dio cuenta del hallazgo, en vivo, por lo que incluyó un mensaje mural junto al sitio donde yacía Cerda, información sin la cual la cobertura hubiera sido insuficiente pues habría sido imposible entender el suceso como parte de las batallas entre ‘Los Zetas’ y el cártel del Golfo: “ya no sigan cooperando con ‘Los Zetas’. Atte. CDG, saludos arquitecto, el número)”. La transmisión fue interrumpida por la amable petición de un agente policiaco, que alegó la eventual llegada de un comando armado. No era una corazonada, sino un aviso: el policía estaba al tanto de lo que pasaría enseguida. Efectivamente, un grupo de matones se apoderó del cuerpo de Cerda, ante la mirada impasible de agentes municipales y ministeriales que daban cuenta del hallazgo. Poro después la emisión se reanudó, para informar sobre el robo del cadáver. Finalmente éste fue encontrado una vez más horas después.

Aunque no se trate de un miembro de la redacción de Televisa Monterrey, sino de su sección de entretenimiento, tan cercana a aquella, no parece que ante su desaparición funcionara un protocolo de seguridad como el que el Acuerdo dispone para proteger a periodistas y reporteros. Cerda era un hombre que daba la cara, que salía en pantalla en un programa cuya descripción recuerda el de Paco Stanley, asesinado en la Ciudad de México, y a cuyo crimen se dio el carácter de ataque a un hombre público, un hombre de los medios.

Por mi parte, lamento ese triple asesinato y expreso mi condolencia a los deudos de esas víctimas y a la empresa para la que trabajaba Cerda. Supongo que un mínimo acto de solidaridad se hará expreso en los medios que firmaron el acuerdo apenas en la víspera del intolerable crimen. Yo lo hago no obstante no pertenecer al acuerdo por un implícito acuerdo de voluntades: no fui invitado a suscribirlo y no lo firmaría, no a causa de sus preceptos, casi todos ellos compartibles, sino por sus motivaciones y consecuencias. Se trata de un proyecto excluyente, diseñado para marginar a la prensa sospechosa de, conforme al primer criterio editorial, no “tomar postura en contra”, de no “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, como si fuera necesario hacerlo explícito, como si no se diera por sentado en el ejercicio de una profesión de carácter público e influencia social.

Espero que la solidaridad preconizada en el noveno criterio editorial se exprese prontamente ante los sucesos que afectan a El sur, un diario firmante del acuerdo. Ese periódico guerrerense, con oficinas en Chilpancingo y Acapulco, ha sido objeto de diversos ataques de variada especie, incluyendo una andanada de balazos contra sus instalaciones en el puerto y una aprehensión (disfrazada de mera presentación) que privó de libertad por unas horas, ilegalmente, a su director Juan Angulo.

Al mediodía del viernes pasado una voz femenina dejó a la telefonista del diario en Acapulco la amenaza de un atentado que se consumaría a las catorce horas. No se produjo ningún ataque, pero es probable que el amago fuera mucho más que una broma. En el contexto de los días recientes puede ser un anuncio realmente ominoso. El gobernador Zeferino Torreblanca, que el próximo jueves concluirá su Administración, está dedicando casi todos sus discursos de despedida a difamar a aquel periódico. Entre insultos propios del autoritarismo, ha montado un relato, a partir de un hecho falso, que de paso le sirva para ocultar uno de sus más notorios casos de corrupción. Asegura, contra toda verdad, que El sur pretendió cobrar 800 mil pesos cada mes al Gobierno, a través de un convenio de publicidad. Con sus habilidades profesionales de contador, Torreblanca calcula que en los seis años de su Gobierno habría tenido que erogar sesenta millones de pesos, que se ahorró al rechazar las pretensiones de un periódico. Concluye que con ese monto podría haber comprado dos helicópteros. Y anuncia, con pretendido humor, que al efectivamente adquirido por su Gobierno lo denominará El Sur.

Dicha nave, que no ha servido al propósito sanitario para el que fue adquirida, y que hubiera permitido salvar innumerables vidas a través de la Secretaría de Salud, quedó al servicio del Gobernador y de sus amigos, uno de los cuales lo usó para romper un récord de esquí acuático.

Crucial domingo mexiquense.

Pasado mañana, domingo 27, será una fecha crucial en el proceso político del Estado de México, la entidad más poblada del País, la que cuenta con mayor representación política en el Congreso (40 de los 300 diputados de mayoría), donde los tres partidos mayores han tenido fuerte presencia en la legislatura local y los gobiernos municipales, y que es gobernada por el aspirante a quien encuestas y conjeturas sitúan como el más aventajado en la carrera presidencial.

Por un lado, dentro de 48 horas se revelará el nombre del candidato priísta a la Gubernatura. El domingo se abre (y en la práctica se cerrará también) el registro de precandidatos y se ha anticipado, como señal del control que Enrique Peña Nieto ejerce sobre el procedimiento interno, que sólo se inscribirá un aspirante quien, por lo tanto y sin necesidad de elección interna, será proclamado candidato de unidad. El propio Gobernador ungió a cinco validos suyos a que figuraran como pretendientes a la postulación. Eran dos alcaldes (Alfredo del Mazo, de Huixquilucan y Eruviel Ávila, de Ecatepec), dos diputados (uno local, Ernesto Nemer, y otro federal, Luis Videgaray), y el líder estatal del PRI (Ricardo Aguilar). A última hora, la alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares, tuvo el arrebato feminista de querer participar pero fue acallada de inmediato.

De los corrillos palaciegos se difundió la especie de que Del Mazo se inscribirá pasado mañana y los demás, al abstenerse, declinarán en su favor. (Al mediodía del jueves ya lo habían hecho Videgaray y Nemer). Peña Nieto habrá privilegiado así el núcleo familiar y de poder de que es parte, en vez de optar por un político hechura suya, como Videgaray o alguien, como Ávila, dotado de personalidad y patrimonio político propio (ha ganado dos veces la Alcaldía del Municipio más grande de la República, la primera vez antes de que Peña figurara en el panorama y la segunda desposeyendo de ella al PRD).

Por otro lado, el domingo se efectuará la consulta ciudadana que avale si el PAN y el PRD se coaligan para presentar un candidato con un programa común. Los comités nacionales y los estatales de ambos partidos se han inclinado por la respuesta afirmativa. Pero como en el perredismo esa posición ha sido causa (una más) de discordia interna, las direcciones estatales resolvieron que sean los miembros o simpatizantes más interesados los que determinen si sus partidos se alían para participar en los comicios del dos de julio, o si caminan a solas o en otra compañía. Si la mayoría de quienes acudan a votar pasado mañana dice no a la alianza, el PAN participará en soledad en el proceso, mientras que el PRD quedará en posición de unirse al PT y a Convergencia, como lo hizo con variada fortuna en las dos elecciones federales más recientes (2006 y 2009) y en casi todos los procesos locales durante ese periodo.

Si los votantes dicen sí a la coalición, PAN y PRD darán paso a sus procedimientos internos para la designación del candidato, fase delicada y difícil de la construcción de una alianza. Su eficacia será menor si el aspirante postulado pertenece a un partido, pues el otro quedará en calidad de adherente y no de aliado. Por ello tendrá que explorarse durante abril la pertinencia de un ciudadano que no sea panista o perredista, pues el mejor situado entre ellos, Alejandro Encinas, ha dicho y redicho que no será candidato del PAN, es decir de la coalición que se definirá el próximo domingo.

Para dotar de confiabilidad a la consulta, PAN y PRD resolvieron no organizarla por sí mismos, sino que solicitaron hacerlo a Alianza Cívica y a Propuesta Cívica, dos asociaciones ciudadanas con indiscutibles títulos democráticos. Con acusado sentido de la oportunidad política, Sergio Aguayo, que figuró entre los fundadores de la primera de esas organizaciones y actualmente preside la segunda, condicionó su aceptación a que se concertara un compromiso de los convocantes en torno de un tema toral para la democracia. De esa manera, Gustavo Madero y Jesús Ortega se comprometieron el 17 de marzo a “impulsar de manera permanente… la creación de un solo mecanismo de análisis de riesgo y protección” a periodistas y defensores de derechos humanos, en que participen “de manera permanente las organizaciones civiles que han impulsado el tema”.

Alianza cívica instalará mil mesas en lugares públicos en todo el territorio mexiquense, en número proporcional a la concentración demográfica municipal. Se distribuirán 350 boletas por mesa (es decir un total de 350 mil) y habrá un remanente conforme la demanda lo requiera. Los votantes se identificarán con su credencial de elector en que se pruebe que residen en el Estado de México. La convocatoria se dirigió a todos los ciudadanos, por lo cual podrá votar quien quiera, pero se harán constar circunstancias que indiquen la presencia dirigida de ciudadanos, ya sea por su número o por que sean trasladados colectivamente, u otras circunstancias que denoten que los ciudadanos no actúan espontáneamente. Las irregularidades serán conocidas por un Consejo ciudadano encabezado por Sergio Aguayo (y del que me honro en formar parte, debido a mi antigua convicción de que la alianza de PAN y PRD es un ariete indispensable para derribar la hegemonía priísta, tan ilegalmente sostenida en entidades como México).

Alianza cívica difundirá resultados preliminares el propio domingo por la noche. Los definitivos serán anunciados el miércoles siguiente por el Consejo ciudadano.

Nociva reforma laboral

Aun con la oposición de miembros de su fracción en la Cámara de Diputados, y en alianza con el grupo parlamentario panista, el PRI busca sacar adelante, cuanto antes, una reforma laboral elaborada por abogados patronales que obligaron a mudar el parecer de los legisladores del tricolor. Al proceder de esa manera, y a pesar de que se le llena la boca hablando de modernización, el partido que emitió y reformó una Ley Federal del Trabajo que no dejaba a la simple fuerza del mercado las relaciones laborales, fomentará el capitalismo salvaje en esa materia.

En el sexenio pasado Acción Nacional presentó un proyecto de legislación laboral que no fue apoyado por el PRI no porque sus principios lo impidieran, sino por mera conveniencia coyuntural y debido a las divisiones internas del partido. También se abstuvo de compartir la nueva versión reformadora patrocinada por el secretario Javier Lozano, cuya concepción del mundo del trabajo dista de la posición sostenida por el fallecido Carlos Abascal, algo matizada por su convicción humanista, ausente en la actuación del ex priísta que abriga la ilusión de ser candidato del PAN a la Presidencia de la República.

En diciembre pasado, por efecto de alguna negociación cuyos términos no han quedado claros todavía, la fracción priísta elaboró su propia propuesta de reforma. Y antes que someterla al conocimiento y estudio de los trabajadores (como corresponde al espíritu de la legislación laboral vigente ocho décadas), la hizo revisar por los abogados de las cámaras patronales y el Consejo Coordinador Empresarial. De esa consulta resultó un adefesio contrario a las mínimas garantías de los asalariados, que con el pretexto de crear empleos flexibiliza al extremo las relaciones laborales, haciendo legales prácticas contrarias a la ley, que ya han precarizado los empleos.

A diferencia del proyecto presentado en diciembre por el mismo grupo priísta, el que ahora está a punto de convertirse en norma está suscrito por el coordinador de la fracción tricolor Francisco Rojas, para que se aprecie su fuerza y la voluntad de hacerlo salir adelante. El responsable de procesarlo en San Lázaro es un típico representante del corporativismo sindical, Tereso Medina, que preside la Comisión de Trabajo en la Cámara. En una metamorfosis no extraña al funcionamiento de ese género de sindicalismo, Rojas pasó en los años noventa de ser inspector del trabajo y procurador de la defensa de los trabajadores (una función administrativa, dependiente del gobierno de Coahuila) a dirigente de la federación local cetemista, al mismo tiempo que lo es de un sindicato nacional de industria, la metalmecánica.

Presentado el proyecto el diez de marzo, se intentó dictaminarlo en comisiones a la semana siguiente. Tan apresurada fue esa pretensión que se atropelló la regulación del procedimiento parlamentario (como lo denunció Porfirio Muñoz Ledo) y tuvo que aplazarse la cita a la comisión dictaminadora. Eso ha permitido que se expresen opiniones que van de la preocupación a la indignación, aun dentro de la fracción priísta. Habrá que encontrar el significado de la posición que a ese respecto adoptó el dirigente de los trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, pero por lo pronto hay que registrarla. Voluble militante del PRI, que ha sido legislador local y federal adherido a los grupos del Panal y del partido Verde y hoy ha sido recibido de nuevo en el seno del tricolor, Espino Arévalo es uno de los dirigentes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, escisión de la federación burocrática priísta, la FSTSE, organizada en 2004 por la lideresa magisterial Elba Ester Gordillo.

Si la impugnación expresada por el dirigente gordillista refleja la de su líder, es de esperar que se plantee un diferendo protagonizado por la cúpula que rodea a Rojas, y en este caso al diputado Medina, por una parte; y por la otra los adeptos de la dirigente magisterial, que los hay en todas las fracciones. Aun si no es así, diputados pertenecientes al mundo laboral, como Francisco Hernández Juárez se manifiestan contrarios a la reforma. La Unión Nacional de Trabajadores, cuyo líder principal lo es Hernández Juárez, realiza el día de hoy marchas al palacio legislativo para apoyar la posición de su dirigente.

Un grupo de entidades civiles, organizaciones de derechos humanos, se ha dirigido a los coordinadores parlamentarios para demandar la cancelación del proyecto de reforma laboral. Lo hacen, por primera vez en la historia, con una perspectiva humanista, en que los derechos de los trabajadores son considerados como derechos humanos. Demandan congruencia entre lo que se legisle y los principios que la Organización Internacional del Trabajo ha convertido en convenios. En especial desearían ver en una reforma laboral, distante de la que se busca aprobar a las carreras, nociones como la del Trabajo Decente, que es fuente de dignidad personal y de paz en la comunidad.

Arturo Alcalde, uno de los propugnadores más tenaces del respeto a los trabajadores encuentra entre los defectos sobresalientes de la reforma en curso la forma en que regula el subcontratismo (outsourcing) así como “los salarios mínimos caídos limitados a un año, en lugar de modificar el sistema de justicia para que los juicios duren…aproximadamente tres meses” y no se cargue “a los trabajadores una tardanza imputable al Estado”. Con ello “se abarata el despido injustificado y se lesiona la integralidad de las instituciones del derecho del trabajo”.

Presencia y ausencia de Pascual

El embajador Carlos Pascual se va pero se queda. Su renuncia o despido no surtirá efectos inmediatos. Su jefa, la secretaria Hillary Clinton dijo el sábado haber pedido a Carlos (así, con sólo el nombre, en señal de familiaridad) permanecer en su puesto hasta que sea acreditado quien lo reemplace, para asegurar una “tersa transición”.

Eso puede significar un lapso largo, de meses quizá. El presidente Obama tardó cinco meses en designarlo embajador en México, y su aprobación en el Senado demoró dos más, de suerte que sólo en julio de 2009 quedó listo el nombramiento que debe haber ocupado la atención presidencial a partir de enero en que tomó posesión o quizá antes todavía.

También se queda Pascual de otra manera. El encargado de negocios, John Feeley, que no asumirá formalmente las funciones del embajador porque éste permanecerá en sus oficinas, llegó con Pascual.

Y aunque es un diplomático de carrera, parece claro que el sello que el embajador ambiguo (pues se va pero se queda) se imprimió en la gestión de su segundo a bordo. Basta ver las comunicaciones firmadas por Feeley, y conocidas también por las filtraciones de WikieLeaks para apreciar la sintonía de ambos funcionarios o el mirador que compartían para examinar los sucesos y a las personas en México.

También se queda, aun cuando Pascual se marche, la agenda que había recibido instrucciones de consumar o que él había propuesto al Departamento de Estado.

La secretaria la sintetizó el sábado, al anunciar el retiro de Pascual. La enumeración podría ser interpretada de dos manera, no excluyentes. Por un lado, hacer ver la satisfacción de Washington ante el desempeño del embajador, por la amplitud de los asuntos en que estaba involucrado y el avance conseguido en su desarrollo; y por otro lado insinuar la banalidad del Presidente de México que pidió la salida del embajador por los juicios que expresó acerca de él mismo y de las fuerzas armadas.

La seguridad, se infiere de la nota de la secretaria Clinton, era sólo uno de los temas de que se ocupaba Pascual.

La secretaria dedicó amplio espacio a valorar y aplaudir la gestión de Pascual, a quien atribuye metafóricamente los atributos de dos profesiones:

“Durante el pasado año y medio, el embajador Pascual ha sido arquitecto y abogado de la relación EU-México, promoviendo con efectividad las políticas de Estados Unidos en nombre del presidente y de este gobierno. Ha colaborado sin descanso con sus contrapartes mexicanas para poner los cimientos de un mercado transfronterizo de energía renovable, abrir negociaciones sobre el manejo de las reservas de petróleo y gas que abarcan territorio mexicano y estadounidense, y construir una nueva estrategia fronteriza para fomentar el comercio y detener tráficos ilícitos. Carlos ha comprometido también a empresas estadounidenses y mexicanas en construir mercados que han ayudado a hacer de México el destino número dos de las exportaciones de Estados Unidos.

“El embajador Pascual ha trabajado con el gobierno mexicano para integrar los derechos humanos en nuestras respectivas políticas y compromisos; también ha coadyuvado a realizar las conexiones humanas y culturales que apuntalan la amistad entre el pueblo de México y el de Estados Unidos.

Carlos colaboró con sus contrapartes en ir más allá del enfoque original de la Iniciativa Mérida, de desmantelar a los cárteles al de construir instituciones para el imperio de la ley en México y comprometer a la sociedad civil mexicana en procurar su seguridad. Estos vínculos, cultivados y fortalecidos durante su gestión, servirán a ambas naciones durante décadas.

“Dentro del gobierno estadounidense, Carlos adoptó un enfoque integral, de todo el gobierno, para atender una de nuestras relaciones bilaterales más importantes, ganando el respeto y colaboración de nuestro servicio exterior, nuestras fuerzas armadas y nuestras agencias encargadas de aplicar la ley. El Presidente y yo le estamos particularmente agradecidos por sus esfuerzos por sostener el ánimo y la seguridad del personal estadounidense a raíz de las trágicas balaceras en las que murieron cuatro personas de nuestra familia ampliada el año pasado en México”.

Más allá de la partida de Pascual, cualquiera que sea el momento próximo o remoto en que ocurra, será preciso examinar algunos puntos de esa agenda, como su contribución a “construir instituciones para el imperio de la ley en México”. Esa es, en tiempos normales una tarea reservada a los poderes mexicanos.

Pero al ocuparse de ese y otros asuntos semejantes, el embajador norteamericano no era un entrometido, como pretendieron serlo o lo fueron anteriores representantes de su país en México. No hay intrusión cuando el propio Presidente de la República auspició sus actividades en materia netamente local, como la seguridad pública en Ciudad Juárez.

Si bien la difusión de los informes reservados a través de WikieLeaks irritó particularmente a Calderón, como dijo en público por lo menos en dos ocasiones, ante periodistas, algo en su relación personal con el embajador se había descompuesto con anterioridad. En mayo pasado un incidente menor (guiños entre Pascual y el gobernador Peña Nieto) en la reinauguración de la planta Ford hizo que el Presidente omitiera el nombre de Pascual en el exordio de su discurso.

El embajador no tenía afanes de poder, como los que Vasconcelos identificó en Morrow en tiempos del maximato y lo llevaron a considerarlo un procónsul. A Pascual se le franqueó la puerta y entró.

Dos perredismos

Aunque el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que encabeza Andrés Manuel López Obrador aparece como organización al margen de los partidos, es inequívoca la presencia en su seno de miembros de los que lo postularon a la Presidencia de la República en 2006. Aunque la mayor parte de los integrantes de Morena sean apartidistas, es de suponer que una amplia porción practican la doble lealtad, a Morena y, respectivamente al PRD, PT y Convergencia. Esa dualidad se revela y refleja en los legisladores (el principal de los cuales es Alejandro Encinas, líder del grupo parlamentario perredista en San Lázaro) que acudieron este domingo a la presentación del nuevo proyecto de nación elaborado por políticos e intelectuales que perseveran en su cercanía y apoyo al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal. Puede asegurarse, por lo tanto, que en Morena hay un perredismo, el sector lopezobradorista de ese partido.

Sin que recíprocamente existiera el propósito de estorbarse, ese perredismo participó en una reunión en fecha ya proverbial, próxima al 21 de marzo, tanto como la que ocurre en el otoño en torno del 20 de noviembre, y en la víspera había comenzado la sesión del consejo político nacional del PRD, su máxima autoridad, De ese modo coexistieron en el tiempo, aunque no en el espacio, dos expresiones, dos modos de ser del partido, con fuertes contradicciones entre sí, con intensos antagonismos de sus fuerzas principales.

Con la elección de Jesús Zambrano como presidente del PRD se consolida el predominio de Nueva Izquierda en el control de los aparatos partidarios. Salvo brevísimos interregnos, desde 1996 no ha faltado un miembro de esa corriente en la dupla que dirige el partido. Sus tres o cuatro líderes principales han sido secretarios generales, y dos de ellos, los chuchos que dan nombre al grupo, fueron por fin elegidos presidentes. Zambrano estará acompañado por su archiadversaria Dolores Padierna, secretaria general que explícitamente anunció que hará contrapeso a las decisiones del presidente.

El predominio de Nueva Izquierda en la organización perredista comenzó con la negociación a que arribaron en 1996 López Obrador y Ortega. Eran contendientes por la presidencia, aquel con mayor posibilidad que éste de ganarla. Conforme a una de sus tácticas más fructíferas, cuando esa corriente se encuentra en desventaja, Ortega declinó a favor del tabasqueño y consiguió de esa manera el segundo puesto en el partido, que en cierto modo se convirtió en el primero porque a López Obrador la burocracia le estorbaba y delegó en Ortega su conducción. Cuando después de una doble elección Amalia García fue elegida en 1999, Zambrano fue el secretario general. En 2002, Rosario Robles ganó tan de calle la elección que uno de los dirigentes de los grupos que la apoyaba, Raymundo Cárdenas, quedó a cargo de la secretaría general pero a poco se fue, por decisión propia, y lo reemplazó el ahora senador Carlos Navarrete.

Su presencia en el comité nacional ejemplifica como en ningún otro caso cómo la rivalidad entre dos corrientes y sus personeros pueden inferir daños profundos al partido. Después de un sostenido hostigamiento a Rosario Robles, que no se detenía ante nada, y por la conjunción de otras circunstancias, Rosario tuvo que marcharse. Navarrete siguió siendo secretario en el interinato de Leonel Godoy. Cuando su tocayo Leonel Cota fue elegido presidente con el auspicio de López Obrador, se aceptó que la secretaría general continuara siendo patrimonio de los Chuchos, esta vez con Guadalupe Acosta Naranjo en ese lugar. En marzo de 2008, ante las vicisitudes de la elección que enfrentó a Ortega y Encinas, Acosta Naranjo asumió la presidencia interina. De modo que desde ese entonces Nueva Izquierda preside sin interrupción al partido, para desesperación de quienes le imputan una relación con el PAN y el Gobierno Federal que contradice abiertamente el acuerdo del congreso general perredista de no reconocer como legítima la presidencia de Felipe Calderón.

Zambrano y Dolores Padierna gastarán buena parte de la energía que debería dedicar a reposicionar a su partido en querellas interiores. Es remota la posibilidad de que las depongan en aras de la mejor suerte del conjunto. Su enfrentamiento es de tal naturaleza y de tal magnitud, concierne a cuestiones tan profundas, que si pudieran sus respectivas corrientes se exterminarían, serían excluidas del partido. No les es posible y por lo tanto deben coexistir, aunque a partir de ahora en condiciones cada vez más delicadas, porque el espacio para el enfrentamiento es la cabeza del comité nacional.

Hubo un tercer candidato entre Zambrano y Padierna. Su postulación quizá apostaba a que el repudio recíproco entre ambos fuera tan intenso que les fuera aceptable una tercería, un arreglo en que las dos posiciones extremas quedaran anuladas. El cálculo fue erróneo y el tercero en discordia quedó con un palmo de narices, aunque no fue inocua su presencia. Puesto que fue lanzado por Marcelo Ebrard, la alianza de éste con el Foro Nuevo Sol de Amalia García significó el alejamiento de esta corriente respecto de los Chuchos.

Mientras el domingo por la mañana soplaban de nuevo los aires del futuro anunciado por López Obrador, que consolida por ello su condición de dirigente principal de la izquierda (pues cuenta con cuadros propios amén de los correspondientes a sus partidos), Ebrard sufriría por la noche la derrota de su intento de convertirse en supremo hacedor de decisiones en el PRD.

¿Inocente o culpable?

El 3 de octubre de 2007 el presidente Calderón informó, ufano, de un suceso ocurrido tres días atrás:

“El viernes pasado fueron detenidos, entre muchos que se han detenido este año, la verdad ya perdí la cuenta, dos de los delincuentes más peligrosos y de los más importantes de América Latina. Una es la famosa Reina del Pacífico, o del sur, Sandra Ávila Beltrán, y otro es un colombiano, Juan Diego Espinosa Martínez”.

Al emitir así un dictamen que se basaba sólo en información sesgada de sus colaboradores, el Presidente de la República actuaba según la pauta establecida por la Procuraduría General de la República o, con aún mayor énfasis, por la Secretaría de Seguridad Pública, de la que depende la Policía Federal. El veredicto presidencial fue no sólo ilegal y apresurado, sino erróneo. En diciembre pasado Sandra Ávila Beltrán, motejada la reina del Pacífico por el gobierno (y no reina del sur, título que corresponde a una novela de Arturo Pérez Reverte), quedó absuelta de los delitos por los cuales se le encausó a partir de octubre de 2007, poco después de su detención. Los jueces no hallaron sólida la acusación de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero que se le imputaron. En rigor tendría que haber sido puesta en libertad hace tres meses. Pero se la mantuvo en prisión porque está abierta otra causa penal en que es protagonista, la relativa a un pedido de extradición proveniente de la justicia norteamericana. No importa que ya se hayan emitido resoluciones contrarias a su remisión a Estados Unidos, porque no se acredita que ella sea la mujer acusado ante los tribunales de aquel lado de la frontera. Únicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores se empecina en obtener la autorización para extraditarla.

En vez de que, por la naturaleza del procedimiento cuyo desenlace aguarda, Ávila Beltrán hubiera sido trasladada del reclusorio femenil de Santa Marta a un recinto carcelario administrativo, hace tres semanas, el 28 de febrero, se la trasladó a un penal de mediana seguridad, el de San José del Rincón, cerca de Tepic, Nayarit. Esa penitenciaría se ha convertido en una prisión de reos con alguna significación política. Allí fueron llevados, por ejemplo, los ciudadanos oaxaqueños que cayeron en una redada practicada en noviembre de 2006 por la policía del gobernador Ulises Ruiz. Allí fueron llevados también, en mayo de 2009, los alcaldes y funcionarios estatales y municipales de Michoacán, acusados por nexos con el narcotráfico y aprehendidos con violencia innecesaria y riesgosa. En uno y otro caso las personas injustamente presas fueron devueltas a prisiones de su lugar de origen y luego exoneradas por la simple razón de que no cometieron los delitos que se les imputaron.

Espinosa Martínez, el presunto traficante colombiano apodado El Tigre detenido junto con Ávila Beltrán, fue también absuelto pero la justicia norteamericana había tenido éxito y fue extraditado el 3 de enero de 2009. En Estados Unidos se le sentenció ya a seis años de prisión. Si el juicio de extradición a Sandra Ávila se resolviera en su favor y quedara libre, habría ya pagado lo que no debe con tres años y medio de prisión injusta.

¿Dónde radica la dolencia del sistema de procuración e impartición de justicia que infiere daños a presos que deberían estar libres? Cuando una persona como La Reina del Pacífico es exonerada hemos de admitir que lo fue porque es inocente. O si complicamos el razonamiento, podemos explicarnos el resultado en función de la destreza profesional de sus defensores. O bien porque el Ministerio Público elaboró deficientemente la acusación o porque los juzgadores, de primera y de segunda instancia instauraron impropiamente el proceso respectivo. Y si unos y otros actuaron de ese modo, la siguiente pregunta es si lo hicieron por ineptitud y negligencia o por bien aceitada mala fe, con errores deliberados, para propiciar la libertad de los imputados debido a fallas procesales de mínima importancia pero gran eficacia.

Acaba de ser liberado, después de cuatro años de estar prófugo y tres más prisionero, Moisés Arenas Jiménez. Estaba condenado a 46 años y medio de reclusión acusado de participar en el homicidio de dos agentes de la Policía Federal Preventiva en el poblado de san Juan Ixtayopan, delegación de Tláhuac. En un episodio que todavía hoy sigue siendo oscuro, el 23 de noviembre de 2004 una embravecida multitud retuvo y linchó a tres personas, a las que tenían por plagiarios en grado de tentativa. Dos de las víctimas fueron incineradas todavía con vida. No en ese momento, nadie en flagrancia porque si se hubiera intentado hacerlo el tumulto habría adquirido una magnitud todavía más grave, decenas de personas fueron detenidas, más para satisfacer el apetito social de vindicación ante un suceso intolerable que por razones sostenibles en un juzgado. Cabe recordar que por la misma causa, la exacerbada opinión pública, fueron removidos de sus cargos el comisionado de la Policía Federal Preventiva, almirante José Luis Figueroa, y el secretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

Entre otros, se libró orden de aprehensión contra Arenas Jiménez no obstante que se probó que se hallaba lejos del ataque directo a los agentes, y no lo instigó. Hoy está libre porque el magistrado de la apelación, J. Guadalupe Luna Altamirano no encontró en la acusación ni en la sentencia inicial “ni siquiera un indicio” de su responsabilidad penal. Está libre, pero no a salvo del estigma.

El embajador revalidado.

El embajador Carlos Pascual vive una situación dual, que no parece afectar su trabajo. Ha sido repudiado públicamente por el presidente Calderón, que le aplica la “ley del hielo” y demandó su remoción. Pero cuenta con el aval de la canciller Patricia Espinosa, obligada a atemperar la impertinencia presidencial. En medio de esa contradicción, el diplomático se desplaza con toda naturalidad en sus quehaceres, a pesar de que la malquerencia de Calderón se ha diseminado a las cámaras del Congreso.

Oficialmente no es verdad que el Presidente mexicano planteara al norteamericano el retiro de Pascual. Pero la versión es creíble a la luz de las afirmaciones públicas, nada desembozadas, de Calderón, irritado por los juicios que acerca de él mismo, el Ejército y la política de Seguridad pública expresó el diplomático, y que fueron reveladas por WikiLeaks. Al hacer saber su opinión sobre Pascual, Calderón quedó en situación desairada y colocó al embajador en posición incómoda de la que éste ha buscado salir.

En Bruselas, el miércoles pasado, la secretaria Espinosa Castellano declaró a Inder Bugarini, corresponsal europeo de Reforma que “la embajada, incluyendo al embajador Pascual, mantiene una relación fluida, funcional y permanente con todas las instancias” . No de modo tan explícito repitió ese juicio al día siguiente, cuando compareció ante el pleno del Senado de la República. La síntesis de esa situación es como sigue: sólo el presidente está enojado con el embajador, no el resto del Gobierno federal.

Para no incomodar a Calderón, o quizá a pedido suyo, la Cámara americana de Comercio los invitó a participar en su reunión anual pero por separado. Calderón acudió a la inauguración y Pascual a la clausura. Se adujo un motivo formal para explicar la ausencia del embajador en el primer día. Tuvo que viajar a Ciudad Juárez, al cumplirse un año del asesinato de tres personas vinculadas con el consulado norteamericano en esa frontera. Los presuntos homicidas habían sido identificados y aprehendidos en días recientes, con puntualidad pertinente para la recordación. Cayeron en operaciones armonizadas, de uno y otro lado de la línea fronteriza, por autoridades de los dos países.

Pascual aprovechó su estancia en aquella ciudad para mostrar que, aun si se le hubiera cancelado todo acceso al Gobierno federal, la distribución del poder, diversidad de autoridades, le permite tener contacto con funcionarios diferentes de los que normalmente mantienen relación con un diplomático. Visitó al alcalde Héctor Murguía ante el cual refrendó su compromiso de apoyar a “los juarenses para que puedan tener un estado de derecho que sea real”.

Al parecer, la influencia de Pascual ante el municipio juarense no se limita a expresiones que pueden ser tildadas de impertinentes (porque una lectura posible de sus frases es que implican una crítica a la acción federal que no ha conseguido la vigencia real del estado de derecho). No había sido ajeno a la designación de Julián Leyzaola, el militar que asumió la dirección de la policía en Ciudad Juárez, precedido de una reputación de gran dureza, ganada en su similar gestión en Tijuana, que lo mismo se orientó a luchar exitosamente contra las repercusiones locales del crimen organizado que contra personas inocentes.

El embajador había visitado antes a Ciudad Juárez. En aquel entonces, mediados del año pasado, no había caído de la gracia presidencial. Se desplazaba –hemos insistido aquí en esa actitud—como una suerte de supervisor de las acciones federales para combatir el crimen organizado. Quizá esa circunstancia había surgido porque en febrero del año pasado el presidente Calderón pidió a la secretaria de Seguridad interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, ayuda de los servicios de Inteligencia de El Paso para combatir al crimen organizado. Esos eran días de especial sensibilidad presidencial respecto de Ciudad Juárez, tras el asesinato de un grupo de jóvenes en Villas de Salvárcar que Calderón se había apresurado a dictaminar como resultado de querellas entre delincuentes.

Ya desde un año atrás la diplomacia norteamericana se ocupaba de seguir los acontecimientos en ciudad Juárez. De nuevo a través de WikiLeaks se ha sabido que en enero de 2009 el cónsul norteamericano en aquella ciudad, Raymond McGrath apreciaba que la lucha entre las bandas de Sinaloa y de Juárez por el control del mercado y las rutas juarenses era cómoda para el Ejército. El representante norteamericano fue más allá, al insinuar que “a las fuerza armadas les gustaría ver triunfar” al Cártel del Pacífico, o de Sinaloa, organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

En otra muestra de su activismo al margen de los canales diplomáticos, el embajador Pascual envió una carta al gobernador panista en Baja California, J. Guadalupe Osuna, en donde reconoce su apoyo a la empresa gasera Sempra, que está en el centro de una polémica y aun de un conflicto entre autoridades. El Ayuntamiento –con mayoría priísta- de Ensenada, en cuya jurisdicción se levantó la empresa, pretendió clausurar sus operaciones por razones de seguridad basándose en la violación a ordenamientos municipales. Los gobiernos federal y del Estado reaccionaron en sentido contrario, y eso motivó la comunicación de Pascual al Ejecutivo.

Por todo lo anterior era comprensible que la figura y la posición de Pascual fueron mencionadas en la comparecencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante el pleno del Senado el jueves pasado. Toda la oposición cuestionó en general la política exterior de la actual Administración. Lo hizo en especial la senadora priísta Rosario Green, compañera de la ahora canciller en un tramo de las carreras de ambas, y su jefe en los años finales del Gobierno priísta. Mientras la secretaria Green se desempeñaba a la cabeza de la diplomacia mexicana entre 1998 y 2000, Patricia Espinosa era directora de organismo y mecanismos regionales para América Latina. Tuvo entonces como principal responsabilidad preparar la primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno de esta región y la Unión Europea.

A partir de ese conocimiento previo, hubiera sido en extremo importante el diálogo entre las dos diplomáticas. El formato de la comparecencia lo impidió, y permitió a la actual canciller eludir buena parte de las preguntas de su predecesora, pues en treinta minutos (que naturalmente se prolongaron con la aquiescencia de la mesa directiva) tuvo que responder a los cuestionamientos de seis senadores, representantes de las fracciones parlamentarias que tienen presencia senatorial. Rosario Green planteó, en general la “pérdida de espacios y el deterioro de nuestras relaciones con países con los que antes sosteníamos vínculos entrañables”, y ella misma respondió que la única explicación posible es la falta de voluntad política y el desdén del titular del Ejecutivo frente a los asuntos internacionales”.

Naturalmente, la secretaria Espinosa negó tal pérdida de la diplomacia mexicana. Adujo en su favor el éxito de la Cumbre sobre el Cambio Climático, realizada en diciembre pasado, a la que también acudió en su peregrina explicación de la ausencia de Calderón y ella misma en la toma de posesión de la presidenta de Brasil, Dilma Russeff. Ese y otros temas recibieron atención lateral en la comparecencia, donde el cogollo estaba en la relación con los Estados Unidos. La oposición criticó la tibia reacción mexicana sobre la introducción ilegal de armas a México por una agencia norteamericana (la operación Rápido y furioso) y sobre los vuelos de aviones no tripulados que registran desde muy alto lo que ocurre a ras del suelo mexicano. La canciller, como había explicado la víspera el vocero de Seguridad Pública Alejandro Poiré, dijo que el Gobierno mexicano no sólo sabía de tales vuelos, sino que sólo se producían a petición suya. Ponderó la utilidad de ese mecanismo de inteligencia en la lucha contra la delincuencia organizada y por lo tanto rechazó que se tratara de una violación a la Soberanía Nacional.

“La coyuntura actual -dijo—debemos verla en el marco de una relación amplia y sólida con Estados Unidos… No podemos negar que existen (situaciones) irritantes, que existen ahora como han existido en el pasado o que existen situaciones difíciles”. Nada dijo sobe Pascual, a pesar de insistentes preguntas. Pero ya lo había revalidado en Bruselas.

Edomex: funcionarios activistas

En reunión de gabinete celebrada el martes 19 de octubre pasado, el Gobierno del Estado de México se transformó en maquinaria electoral. Cada colaborador de primer nivel del gobernador Enrique Peña Nieto fue designado responsable del activismo electoral en los 45 distritos electorales de la entidad. Hasta ese día, para efectos de la tarea gubernamental propiamente dicho, la entidad se hallaba dividida en 16 regiones, cada una de las cuales había sido confiada a un secretario de cada ramo administrativo.

Por ejemplo, en esta inicial división del trabajo, al secretario de Trabajo, Fernando Maldonado se le había asignado la quinta región, con sede en Cuautitlán Izcalli.

Pero a partir de octubre, con vistas al proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo, se trasladó a ese funcionario a, extremo opuesto del estado. Se le adscribió a tres distritos, los número 27, con cabecera en Chalco y 28 con cabecera en Amecameca, amén del distrito 16, con cabecera en Atizapán de Zaragoza.

Maldonado, por su parte, se hizo apoyar por sus colaboradores, los subsecretarios y los responsables de órganos pertenecientes al sector laboral, como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (que se ocupa de los conflictos de trabajo del personal público) y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dedicada a la justicia laboral general.

Al presidente de este último organismo, José Bernardo García Cisneros le corresponde controlar, entre otros municipios, el muy poblado Valle de Chalco (que próximamente mudará su nombre por el de Valle de Xico). Ha de haber tomado con mucho interés esta comisión, pues tiene experiencia en materia electoral, a diferencia de lo que le ocurre en su encomienda permanente, pues no sabe mucho de derecho del trabajo.

Fue secretario técnico de la Comisión estatal electoral, y cuando ésta se transformó en Instituto electoral del estado de México, le tocó ser secretario administrativo y después consejero electoral.

No completó el periodo para el que había sido electo, porque entre bromas y veras, el presidente de ese instituto, José Juan Gómez Urbina lo acusó (junto con otro consejero) de haber solicitado o recibido soborno de la empresa Cartonera plástica a fin de influir para que le asignara el pedido de urnas y mamparas para la elección de 2005, en que Peña Nieto alcanzó la gubernatura.

Fue obligado a renunciar a causa de esa denuncia. García Cisneros presidía la comisión de adquisiciones y licitación y la que se adjudicó a la empresa sobornada se basó en cotizaciones exageradas, en comparación con las que fueron por otros institutos electorales.

Fue virtualmente destituido, pues. Pero no se fue con las manos vacías. Le correspondió una indemnización de tres millones trescientos mil pesos. Su desempleo fue breve, pues Peña Nieto lo designó procurador de la defensa del trabajo y más tarde presidente del órgano de justicia laboral, en que ahora se encuentra.

Muy ufano acudió hace poco a una reunión de organización y activismo electoral, acompañado por el alcalde Luis Enrique Martínez Ventura. Pero para su mala fortuna, su presencia en esa reunión, en que sin lugar a dudas, de modo explícito dijo que ejercía la “responsabilidad que nos entrega el señor gobernador para representarlos aquí políticamente”. Fue captada por una cámara de video.

El documento respectivo fue hecho llegar a los partidos opositores que trabajan en un proceso de alianza, que lo presentaron anteayer ante los medios. Arengó a los activistas presentes, funcionarios municipales, diciendo que el PRI debe ganar la próxima elección estatal, “pero queremos también el 2012, pero para llegar allá debemos dar el ejemplo, la pauta, el triunfo que nos sirva de plataforma de lanzamiento para que Enrique Peña Nieto pueda aspirar a la candidatura presidencial”.

García Cisneros describió los pasos a dar con vistas a la elección de julio próximo: “Los buscarán a ustedes el día, de hoy, el día de mañana, para que nos acompañen a recorrer todo el territorio, cada sección, para que la conozcan, para que conozcan a la gente, para que ustedes sean el enlace con ellos”.

Anunció también que irían entregando los “los apoyos que el gobernador del estado da a los vecinos de este lugar, aquellas despensas, aquellas credenciales, aquellas tarjetas de apoyo a las mujeres trabajadoras, a las mujeres embarazadas, a las gentes de la tercera edad, las despensas alimentarias, las despensas del Centenario.

Todo ello habremos de irlo entregando casa por casa, zona por zona, seccional por seccional, en forma personal y directa por cada uno de ustedes y por las gentes de la secretaría del Trabajo que son los representantes, precisamente, del gobierno del estado en este lugar”

Estableció que el reto no es ganar la elección, “esta ganado el municipio”, afirmó después de dar cifras sobre la elección más reciente. “Nuestro reto –anunció– será duplicar esta votación”.

Es bien conocida la práctica priísta de aprovechar recursos públicos para ganar elecciones. Pero pocas veces la oposición cuenta con una prueba documental tan elocuente como este video donde García Cisneros, en vez de emitir laudos en su función formal, ocupa su tiempo de trabajo en organizar la votación a favor del PRI, enumerando los programas sociales que deben ser usados como instrumentos de proselitismo. Los laxos tribunales electorales, que aducen con frecuencia falta de elementos probatorios no podrá eludir la fuerza, de este documento, que por lo pronto es indicio de delitos.

Miguel Ángel Osorio Chong

El gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong presentó el lunes su último informe. El 1º. de abril será sustituido por Francisco Olvera Ruiz, quien debe el cargo a su antecesor, que lo escogió aunque enojara con ello al resto de los aspirantes, particularmente diputados federales cuya carrera –al menos así lo imaginaron ellos– los hacía candidatos más viables.

Osorio Chong se despidió con un fiestón. Buscó hacer que su adiós fuera conocido en toda la república, pero el Instituto Federal Electoral se lo impidió, porque el gobernador saliente infringía la ley. Con un boato que caracterizó a su gobierno, había pagado en los canales de televisión abierta de alcance nacional multitud de mensajes en que se ufana de haber hecho historia. Pero violó con ello la disposición del código electoral que limita la propaganda relativa a los informes anuales de funcionarios elegidos a la región que les incumbe (el estado de Hidalgo en este caso). Por eso, ante una queja del PRD la comisión respectiva del órgano electoral federal determinó suspender la difusión de los autoelogiosos mensajes de Osorio Chong, dispuesto a gastar, “ya de últimas”, unos cien millones de pesos en los miles de spots contratados para aparecer en el periodo autorizado, de siete días previos y cinco posteriores a su informe.

La presencia más conspicua –más notoria aún que la de Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, saludados hasta casi romper el aplausómetro del lienzo charro pachuqueño, el lugar escogido por el gobernador para echar manganas y piales políticos– fue la de la profesora Elba Ester Gordillo. Su silla estaba en la primera fila frente a la tribuna desde donde la saludó su antiguo pupilo. La flanquearon nadie menos que Humberto Moreira, el flamante presidente del PRI –partido del que la lideresa magisterial fue echada hace seis años– y Francisco Rojas, líder de la bancada tricolor en San Lázaro, cargo que durante unos meses de 2003 ostentó la propia Gordillo.

Allí y entonces trabaron conocimiento Osorio Chong y la profesora. Él formó parte de la burbuja que rodeaba a la coordinadora legislativa, que sólo permaneció en el cargo de septiembre a diciembre, antes de ser defenestrada a causa de su rivalidad con Roberto Madrazo, en aquel tiempo dirigente nacional del PRI, y sustituida por Emilio Chuayfett. Al quedar excluida del liderazgo en San Lázaro, Gordillo determinó que algunos de sus fieles se distanciaran del PRI hasta el punto de abandonarlo años después, y otros permanecieran en el tricolor, practicando una doble lealtad.

Osorio quedó en esta segunda condición, y así fue elegido candidato a gobernador, que en febrero de 2005 venció por amplio margen a José Guadarrama, el ex priísta que fue presentado por el PRD. El triunfador obtuvo entonces 369 mil 719 votos, el 51.8 por ciento, mientras que su antiguo correligionario logró 206 mil 540, el 29.5 por ciento.

Al año siguiente la antigua querella de Madrazo y Gordillo llegó a su crisis final, al cabo de un ciclo que comenzó en 2002 con su alianza para gobernar al PRI. Madrazo fue candidato presidencial y Gordillo perdió la secretaría general del partido y su pertenencia al mismo. Además de fundar el suyo propio, el Panal, la lideresa magisterial maldijo a su enemigo y contribuyó a hacer realidad su propio nefasto augurio. Madrazo no sólo perdió vergonzosamente la elección de 2006, sino quedó en tercer lugar. A esa magna derrota contribuyó eficazmente la dueña del Panal, no sólo con manipulación de votos en las urnas, y no sólo recomendando a sus votantes hacerlo por Felipe Calderón y no por su candidato propio, Roberto Campa, sino maniobrando para que gobernadores priístas adictos a ella restaran apoyo a Madrazo, aunque ello implicara una traición a su partido.

Esa consigna se cumplió puntualmente en Hidalgo. Madrazo obtuvo ciento treinta mil votos menos que los logrados el año anterior por Osorio Chong. Quedó 15 mil votos abajo de Felipe Calderón y fue sepultado por los 385 mil 750 de Andrés Manuel López Obrador, 150 mil más que los 236 mil del candidato priísta. A pesar de que la maniobra consistía en sólo golpear al aspirante presidencial (pues el número de votos por candidatos priístas al Senado y a San Lázaro fue superior a los alcanzados por Madrazo), las postulaciones tricolores en la elección legislativa también resintieron el daño: el ex gobernador Jesús Murillo Karam fue superado por Guadarrama y fue sólo senador por minoría, y el PRI perdió dos de los siete distritos federales en disputa entonces. Que hubo en 2006 una orientación de la cúpula priísta en Hidalgo contra su propio candidato presidencial quedó probado en la elección de 2009, en que el PRI recuperó su condición de partido hegemónico capaz de ganar las siete curules. El peso priísta se aligeró de nuevo en la elección local del año pasado, pese a los inocultables apoyos gubernamentales de todo género, debido al empuje de la candidatura opositora. De todos modos, el nivel del voto priísta (alrededor de 440 mil votos) en 2010 subrayó que miles de priístas no votaron por Madrazo cuatro años antes, no sólo por preferir una candidatura alterna sino en acatamiento de instrucciones de arriba.

El vínculo entre Gordillo y Osorio se ha fortalecido en los años recientes. El Panal es, en Hidalgo, aliado del PRI, a diferencia de otros estados, Puebla por ejemplo, en que se coaliga con el PAN, allí para hacer triunfar a otro discípulo de la profesora, Rafael Moreno Valle, presente en la fiesta pachuqueña también.

Adicciones en aumento

La lucha a balazos contra el narcotráfico empezó en la segunda semana de la actual administración. En cambio apenas este siete de marzo, cuando faltan veintiún meses –del total de 72 meses de que consta un sexenio– para que termine este lapso presidencial, se formalizó lo que debería constituir el núcleo de ese combate. Ese día fueron creados por decreto presidencial la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Centro Nacional contra las Adicciones.

Esa demora en atender uno de los orígenes del descomunal negocio que es la venta de drogas ilegales, ilustra y explica el fracaso de la estrategia de la guerra contra las bandas que trafican con estupefacientes.

El consumo de enervantes ha crecido 14 por ciento en los seis años que van de 2002 a 2008, años en que se levantaron las más recientes encuestas nacionales de adicciones.

El periodo comprende los dos primeros años de este gobierno, que eligió como vía contra el narcotráfico el combate armado, que descansa en el Ejército y la Marina –instituciones destinadas constitucionalmente a otros propósitos– en vez de pugnar con toda suerte de recursos por evitar el crecimiento del consumo, es decir del mercado.

Durante décadas la coartada del gobierno mexicano (ejercido por priístas o panistas) fue que Estados Unidos era responsable del comercio de drogas ilegales porque allí se practica el mayor consumo del mundo.

Se repitió, y todavía Calderón la ha utilizado, la fácil fórmula de decir que de aquel lado de la frontera está la alberca y de este lado sólo el trampolín. Si se deseca la piscina, implicaba el razonamiento, perdería sentido la plataforma de lanzamiento.

En la comodidad de esa explicación el gobierno mexicano descuidó el combate a las adicciones. Lo redujo casi a la condición de lucha altruista, realizada por personas de buena voluntad o de personalidades insatisfechas que buscaban aparecer en los medios como benefactoras de jóvenes que caían en las garras del vicio. Por esa lenidad México se transformó de puente entre productores sudamericanos y consumidores norteamericanos, y de exportador de su propia producción, en una zona de consumo creciente.

En vez de destinar sumas multimillonarias al combate armado contra bandas de presencia generalizada en la república, que adquieren cada día mayor capacidad de fuego y hasta de convocatoria social, el gobierno del presidente Calderón debió invertir en una política de salud pública que frenara el consumo. Visto aun con la frialdad del cálculo financiero, es más barato frenar las adicciones que pelear a balazos contra los proveedores de cada vez mayor número de adictos.

La semana pasada fueron presentados los números de la Encuesta nacional contra las adicciones. Son estremecedores: “en los grupos de 12 a 17 años es comparativamente mayor (hasta en 30 por ciento) la exposición a la oportunidad de consumirlas y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha crecido en los últimos seis años hasta cerca del 50 por ciento.

Asimismo, la edad de inicio del consumo de drogas se ha adelantado hasta 18 y 20 por ciento, respectivamente para hombres y mujeres, y estas últimas duplicaron su participación en el consumo”.

Un día antes de presentar la encuesta, el secretario de Salud, que una semana atrás había anunciado la creación de la Comisión y el Centro contra las Adicciones, dijo que “se ha duplicado el consumo de cocaína en los últimos seis años y ha crecido en 50 por ciento el consumo de mariguana”.

Lo dijo ante los conscriptos y voluntarias del Servicio Militar Nacional a los que se capacita para prevenir adicciones, como si fuera un ejercicio de mero voluntarismo, en el que basta “echarle ganas” para aprender algunos rudimentos en esa materia.

Si en vez de disminuir el negocio de los narcotraficantes crece, queda de manifiesto la inutilidad de la lucha armada que tan costosa ha resultado. Más de treinta y cuatro mil personas han muerto en esa ruda pelea, en cualquiera de sus modalidades: la que libran entre si por el dominio de un mercado cada vez más apetitoso las bandas delincuenciales, y la que enfrenta a tropas militares y policiales contra aquellas bandas.

Aun si adoptáramos el punto de vista salvaje que juzga benevolentemente la violencia entre delincuentes (para que se acaben entre si) y restáramos los asesinatos y ejecuciones entre las bandas, queda un remanente muy oneroso de muertes de agentes de la autoridad y de personas que ni son bandoleros y soldados o policías. Estamos en presencia de una operación deficitaria en que los resultados son magros y el costo especialmente elevado.

El simple contraste de las cifras oficiales sobre muertes causadas por violencia asociada al crimen organizado y el incremento del consumo debería mover a una reflexión colectiva, o al menos en el gobierno, respecto de la pertinencia de la estrategia.

Pero cuando Calderón convocó a los diálogos sobre seguridad pública que presumiblemente servirían para revisar su estrategia sólo buscaba ratificación a sus criterios y no opiniones críticas que lo orillaran a mudarlos.

Al contrario, se ha reforzado la participación de militares en ese combate, ya sea directamente o a través de los secretarios de seguridad pública en los estados y en los municipios.

A partir del pedido que algún gobernador hiciera a la Sedena para que recomendara un militar retirado a fin de ocupar esa función, se ha pasado a ordenar a militares retirados, como si estuvieran activos, que acepten responsabilizarse de tareas policiales.