SCT: Firme el duopolio

De pronto parecería que el ingeniero Carlos Slim está dejando ser profeta en su tierra, mientras que lo es con intensidad ascendente en otros países. Cuarenta y ocho horas después de haber recibido aquí un duro golpe (la negativa del gobierno mexicano a que ofrezca televisión de paga) la presidenta de la República argentina le concedió una deferencia: aceptó que el hombre más rico del mundo fuera su anfitrión en México, aun antes que su homólogo mexicano, el presidente Calderón.

Acaso no haya relación alguna entre los hechos, pero aparecen ligados al ocurrir en la escena pública. La presidenta Cristina Fernández pasó anteayer unas horas, antes de comenzar su visita oficial a nuestro país, como invitada del empresario cuya presencia en televisión restringida se frena aquí. Al proceder de ese modo el gobierno mexicano contraviene su propia política al respecto, uno de cuyos componentes es la promoción de la competencia. Mientras menos oferentes de servicios en las telecomunicaciones haya, peor para el público, que depende del duopolio que domina esos territorios.

El año pasado era tan clara la actitud de la secretaría de Comunicaciones y transportes en beneficio del negocio del señor Azcárraga respecto de la telefonía móvil, que no vacilé en atribuir un nuevo significado a la T de la sigla que define a la secretaría en aquel entonces encabezada por Juan Molinar Horcasitas. Quería decir, según mi interpretación, simple y sencillamente Televisa: SCTelevisa, Pero en los tiempos de Dionisio Pérez Jácome, sin perder ese significado tal vez lo completa o alterna con otro. Ahora la T parece querer decir taimada. Al menos esa es la actitud que define a esa dependencia frente la petición de Telmex para que su título de concesión sea modificado y pueda esa empresa, antaño monopólica en la telefonía fija, ingresar en otras telecomunicaciones.

Durante más de un año la SCT ofreció la callada por respuesta a esa petición de la empresa telefónica del grupo Carso. Fue preciso que la afectada acudiera a los tribunales para reclamar el amparo de la justicia federal frente a ese silencio. Telmex obtuvo satisfacción en su queja ante la justicia federal, que ordenó a la secretaría responder a la quejosa en un plazo perentorio, de quince días en la más amplia de las interpretaciones. Telmex apoyó su requerimiento en la conformidad que, según la interesada, se había desprendido del mutismo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en cuyo caso procedió la afirmativa ficta, esa figura jurídica que protege a los particulares frente a la abulia o el tortuguismo de las autoridades. Significa en este caso la aceptación tácita de que Telmex estaba calificado para obtener la modificación de su título de concesión, dictamen que serviría de base ara la decisión de la secretaría.

Mas la Cofetel alega que no hay tal afirmativa ficta porque no abordó el caso, y hasta pretende ahora darle vida propia a ese trámite, ante la secretaría de la Función pública y eventualmente convertirlo en asunto penal, para que se determine con qué objeto el expediente respectivo de hizo perdidizo hasta desembocar en la afirmativa ficta, por no haber respuesta al pedido de Telmex que pronto cumplirá tres años de haber sido iniciado. En una respuesta informal y tardía, la Cofetel asegura que no habría aprobado la solicitud de Telmex porque esa empresa no cumple los requisitos del Acuerdo de convergencia.

La taimada secretaría de Comunicaciones alega lo mismo: “entre los requisitos establecidos en el acuerdo de convergencia que no han sido satisfechos, destaca el estar al corriente en las obligaciones de su título de concesión, entre las que se encuentran la entrega de información suficiente a la autoridad y la provisión de calidad para lograr una eficiente interconexión a terceros”.

La SCT fue taimada por lo menos en dos momentos o de dos maneras. Por un lado, la autoridad está obligada a verificar que la concesionaria se apegue al título que le permite operar, independientemente de ulteriores propósitos. Si la SCT ha sido omisa en la inspección debida, ha actuado taimadamente, para dejar que Telmex acumule faltas que se esgrimen para evitar que entre a nuevas áreas de telecomunicaciones. Si, como alega la propia secretaría están en curso varios procedimientos sancionatorios contra Telmex por esas infracciones, le hubiera resultado muy sencillo responder, después del 18 de diciembre de 2009, cuando Telmex acudió ante la SCT, que su solicitud era improcedente precisamente por las violaciones que ambas partes estaban ventilando. Pero no lo hizo así. Taimada, la SCT dejó correr 17 meses para producir una respuesta que pudo emitir de inmediato. Si la hubiera hecho conocer al interesado, Telmex habría estado en situación de colmar sus propias deficiencias y no permitir que se acumularan, en caso contrario, las razones ahora aducidas.

Con falsa buena disposición, pues sólo enuncia una verdad al margen de su propia voluntad, la taimada SCT afirma al público que Telmex no debe preocuparse por su negativa, pues puede iniciar un nuevo procedimiento. También puede, digo por mi parte, presentarse de nuevo ante la justicia federal a abrir nuevos litigios, cuyo abuso es reprochado a los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Sin duda Telmex lo hará. Por lo pronto, sin embargo, ha resentido perjuicios mayúsculos, pues sus acciones en el mercado bursátil cayeron 6.44 por ciento, merma considerable para una sola jornada, que puede repetirse.

Democracia, ese estorbo

Movidos por un sentido de urgencia que por primera vez los anima, los presidentes nacionales de los tres partidos mayores convinieron en explorar una agenda común para la elección de Gobernador en Michoacán y hasta aventuraron la peregrina idea de lanzar un candidato común allí mismo.

Esta última propuesta es una anécdota destinada a morir en breve plazo. Pero en su fondo se advierte una aspiración autoritaria, una concepción pervertida de la democracia electoral y del juego de partidos, como elementos estorbosos para la solución de los grandes problemas. La propuesta aprovecha el bien ganado desprestigio de los partidos para convertirlos en meras correas transmisoras de decisiones tomadas fuera de la política formal.

La iniciativa de candidato común, que en la práctica sería único, surgió del sector privado michoacano, a quien como a todos preocupa la creciente inseguridad pública, en una entidad donde son vastos los alcances de la delincuencia organizada, y las limitaciones de los gobiernos para enfrentarla. Aunque La familia michoacana, la más poderosa expresión del crimen organizado en la entidad se halla en aparente receso, quizá descabezada, otras bandas disputan entre sí y causan miedo en las poblaciones, aunque también suscitan prácticas de autodefensa como ocurre en la Meseta Purépecha. 

Pero el razonamiento que asocia la creciente violencia criminal con la necesidad de no agitar a la sociedad con la disputa electoral hubiera podido aplicarse, acaso son razón sobradamente mayor, en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Durango, que renovaron gobiernos el año pasado. Especialmente en la primera entidad, donde la sustracción de zonas y actividades al Estado ha sido patente, el razonamiento de los empresarios michoacanos hubiera sido de aplicarse. Máxime que la inseguridad llegó al punto de que el candidato priísta fue asesinado en víspera de la elección y hubo de reemplazarlo su hermano, que según las apariencias no se repone todavía de la sorpresa que le asestó la vida al conducirlo al palacio de Gobierno, y ejercer funciones para las que no estaba preparado.

Pero el sector privado escogió a Michoacán para el experimento de que alguno de los suyos gobierne directamente, no a través de personeros como no es infrecuente que ocurra, sin pasar por el trámite de disputar el cargo en elecciones. El proyecto deja de lado el derecho de los ciudadanos de optar por programas y personas contrastantes, y reserva esa función, la de seleccionar al Gobernador, en manos de un breve club formado por los dirigentes nacionales y locales de los partidos y la cúpula empresarial, también la nacional y la de las entidades donde esa iniciativa prosperara.

Para hacer posible la candidatura común se requiere, y no hay necesidad de que sus promotores lo expresen, que la ostente una persona ajena a los partidos, situada por encima de ellos. En Michoacán la iniciativa ha incluido nombres de empresarios conspicuos o líderes de organismos privados que parten del supuesto de que ellos sí son capaces de gobernar, a diferencia de los políticos a los que caracterizan como ineptos en el mejor de los casos o francamente corruptos, en el peor y más frecuente de esos casos. Tienen a cambio mejores figuras que ofrecer, como la de Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis que a su éxito empresarial añade otros intereses, como el de haberse posgraduado en universidades como Harvard y Cambridge y favorecer iniciativas culturales como el festival de cine de Morelia y, más recientemente, la exhibición de Presunto culpable, una decisión riesgosa que, además todo resulto también un buen negocio.

Los más vigorosos oponentes al proyecto de un candidato único, no partidario son precisamente quienes buscan que sus partidos los postulen. En cada uno de los tres partidos involucrados hay aspirantes que librarían una buena contienda electoral y gobernarían conforme a la agenda común que, esa sí, podría ser admitida por todos, porque constituiría una plataforma, una base a la que cabría agregar propuestas personales y partidarias propias.

El viernes apenas se registró como precandidato en el PRD el más completo de los aspirantes, el que mejor aseguraría la posibilidad de un tercer Gobierno de ese color. Enrique Bautista es un empresario agropecuario desde antes de entrar en la política. Ha sido diputado local y federal, ha trabajado en el Gobierno michoacano al lado de Cuauhtémoc y de Lázaro Cárdenas, y de Leonel Godoy. No obstante la claridad de su propuesta y de su trayectoria, o por ella misma, tiene que superar los enconos de las corrientes a las que importan más sus propios intereses que los del partido y el estado.

En el PRI se opondría a una candidatura en que su partido postule a un candidato que no sea un militante el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo. Es la tercera vez que ocupa esa presidencia municipal y ha sido el único priísta capaz de ganar elecciones relevantes en el periodo ya prolongado de su declinación en esa entidad.

Tampoco estarían a favor de una candidatura única los miembros del PAN que desde hace meses buscan ser propuestos por su partido. Luisa María Calderón ha de calcular, supongo, que por sí solos ella y su partido pueden gobernar la tierra de su familia. Y su principal oponente, el senador Marko Cortés se ha mostrado capaz de lidiar contra lo que juzga intento de imposición de la hermana del Presidente. Si contra ese poderoso obstáculo ha querido luchar, más lo haría contra la extravagante iniciativa empresarial.

Peña Nieto y los órganos electorales

El entramado aun no se aprieta con el último hilo, pero podemos ya sentir su textura: Enrique Peña Nieto domina los órganos electorales, que le han urdido una coraza mucho antes de que se inicie el proceso electoral. Esa labor anuncia la que se proponen realizar a favor del gobernador mexiquense tanto el consejo general del IFE como la sala superior del Tribunal electoral del poder judicial de la Federación el año próximo. 

Si algún mérito hay que reconocerle a Peña Nieto, o a quien lo asesore o maneje, es su capacidad de establecer estrategias a mediano y a largo plazo. En septiembre pasado, por ejemplo, aprovechó a plenitud los resquicios que abre el Código electoral frente a la prohibición de difundir propaganda personalizada. Pueden hacerla los integrantes de los poderes públicos, federales o locales, con motivo de sus informes anuales de labores. Deben limitarse, sin embargo, a un lapso determinado antes y después y a un entorno geográfico específico, el del territorio donde realizan sus funciones.

Peña Nieto emprendió una colosal campaña de difusión, dentro del tiempo permitido, pero no respetando las fronteras. Contrató con doce televisoras la difusión de ¡tres mil quinientos spots! sobre su quinto informe. Los mensajes se emitieron de Sonora a Yucatán y no sólo en el estado de México. La difusión de su figura y de párrafos de sus discursos, así como de los actos donde dice cumplir sus compromisos de campaña, ha sido un modo reiterado de ser del gobernador, y es uno de los factores que explica el que vaya en punta entre los preferidos para ser candidato del PRI y luego presidente de la república según las mediciones demoscópicas. Es altamente probable que se pusiera en aprietos a quienes en las encuestas se inclinan por el mexiquense, si se les pregunta por qué, y todavía más si conocen su desempeño en la entidad que gobierna.

Pero se ha construido una imagen poderosa a fuerza de dinero y televisión, que no es lo mismo pero es igual según la dialéctica del trovero cubano. Por eso el lanzamiento de su campaña en torno al quinto informe. El PAN se quejó ante el IFE y el organizador de las elecciones cohonestó en la práctica los hechos del gobernador. Inconforme ese partido, acudió al tribunal federal de elecciones, ante el cual el PRI le opuso una intensa labor de cabildeo. El acto más relevante de esa fase de la estrategia fue la cena o comida o reunión para tomar el te a que convocó, en su propia casa, la presidenta del principal órgano de la justicia electoral, María del Carmen Alanís. Asistieron en representación directa de Peña Nieto y su partido, los diputados Sebastián Lerdo de Tejada y Luís Videgaray (que ahora coordina una campaña de la que preferiría haber sido el centro): un consejero electoral, Marco Antonio Baños y un aspirante a serlo, Enrique Ochoa, uno de los varios candidatos impulsados por Alanía para ocupar vacantes del IFE. 

Puesta al descubierto esa reunión por Roberto Zamarripa, subdirector editorial de Reforma, se esperaba que la magistrada se excusara de participar en la sesión en que se resolviera el caso de Peña Nieto y sus tres mil quinientos spots. Pero qué va, con la aquiescencia de todos sus compañeros participó en la sesión y hasta fue ponente en las conclusiones del tribunal sobre el caso: el gobernador fue declarado inocente, libre de culpa, y se ordenó al IFE castigar a las televisoras que, generosas o manirrotas y excesivas como son, fueron más allá de las órdenes de inserción pagadas por el estado de México y propagaron por doquier la amena imagen del sucesor de Arturo Montiel, su tío.

En el penúltimo capítulo de esta serie, anteayer el consejo general del IFE, que renguea a falta de tres de sus miembros, no designados todavía por la Cámara de diputados, que desde octubre es omisa también a este respecto, acato la resolución del tribunal, que le ordenó sancionar a las doce televisoras (si son tantas es porque dependen o son repetidoras, salvo una que otra excepción, de las integrantes del duopolio). Blandiendo la ley, con gesto fiero y rigor savonarolesco, la cúpula electoral castigó a las concesionarias de televisión ¡con una amonestación!. Se había propuesto aplicarles una multa de más de quince millones de pesos, un monto mayor que el que habían ganado, para impedir que se haga buen negocio violar la legalidad, como ocurre cuando la sanción es menor que la ganancia obtenida de mal modo. Pero como hay un número par de consejeros, por la falta de los tres que la negligencia de san Lázaro no ha nombrado, se produjo un empate. En otra ronda de votación, el consejero presidente Leonardo Valdez mudó el parecer inicialmente expresado y votó por la estremecedora reprimenda. Al parecer pretendió sólo desempatar la votación e impedir que se empantane el funcionamiento del órgano electoral. Pero mostró de ese modo una volubilidad que inquieta a los observadores de cómo cumple el IFE sus responsabilidades.

Los dos siguientes pasos son previsibles: el PAN y acaso el PRD también, se inconformarán ante la resolución favorable a las televisoras. Y cuando la queja llegue al tribunal demos por hecho (el precedente autoriza a conjeturarlo) que la amonestación será validada por la sala superior. Y entonces se completará la operación: se vulnera la ley, se obtiene provecho político de esa conducta y allí están los órganos electorales para generar impunidad. Es un pésimo augurio para lo que ocurrirá a partir de octubre, cuando arranque el proceso electoral.

Violar tantito la constitución

En su Artículo 37 la Constitución establece que se pierde la ciudadanía mexicana, entre otras causas, “por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión permanente”. El jueves pasado el secretario de Seguridad Pública recibió una condecoración de la Policía Nacional de Colombia (un reconocimiento al mérito) de manos del presidente Francisco Santos, lo que da idea de la relevancia de la distinción. No contaba con la autorización congresional por lo que claramente se colocó en la hipótesis de la pérdida de la ciudadanía.

Con banalidad, la mayoría priísta en la Cámara de diputados estimó que no era para tanto, que sólo se violó un poquito la Constitución, o que hay textos cuya vulneración es más grave que otros, y pasó por alto el incidente. No dejó de poner en vergüenza al secretario predilecto del Presidente quien, si quiere gloriarse de la admiración que suscita en la Policía colombiana, tendrá que rehacer el camino: solicitar el permiso de la Permanente (o del Congreso si aguarda a septiembre) y, previa devolución del reconocimiento indebidamente aceptado, aceptarlo de nuevo y poder usar la expresión metálica de ese reconocimiento.

El permiso fue solicitado el miércoles previo a la recepción de la medalla, unas horas antes de que ocurriera el acto protocolario en Bogotá. Pero además de haberlo pedido a última hora, quiso trampearse al no fijar la fecha del acto diplomático, a fin de ocultar que el acto volitivo de aceptación había ya ocurrido. Por ello, la Comisión Permanente le dio un trato convencional a la solicitud y la remitió a comisiones. Es probable que, de explicarse la premura, se hubieran obviado los trámites y la autorización se hubiera extendido a tiempo que García Luna recibiera la condecoración sin problema alguno. En cambio, una semana después, ayer, la Permanente sobreseyó el caso. Dio por inválida la petición porque se refería a un hecho consumado, y dio vuelta a la hoja. 

Las bancadas del PRI y el PAN adujeron argumentos baladíes en pro y en contra. Los tricolores, que dieron un portazo en la cara a García Luna, le perdonaron la vida. Debieron iniciar el procedimiento consecuente con la clara disposición constitucional. En defensa del secretario García Luna, en cambio, los panistas argumentaron que no se trataba de una condecoración sino de un reconocimiento y por lo tanto no se requería pedir permiso y hasta hubo un exceso al hacerlo. Es claro, apenas se consulta el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que condecoración es “acción y efecto de condecorar” y que este verbo significa “darle honores” a una persona. Eso fue, entre policías, lo que ocurrió hace una semana.

Aunque los legisladores no tomen a pecho el texto constitucional, mucha gente se conduce conforme a él. Con algunas excepciones, no hay sesión de las cámaras o de la Permanente donde no se expidan autorizaciones para aceptar o usar condecoraciones o, lo que es materialmente más importante para los interesados, para prestar “servicios oficiales” a un Gobierno extranjero, so pena de perder la ciudadanía. Las embajadas en México se aseguran de que sus futuros empleados cuenten con el permiso constitucional antes de iniciar una relación laboral o de prestación de servicios profesionales. El Artículo 37 es respetado por la generalidad de las personas: les importa mantener la ciudadanía.

El proceder de García Luna no es trivial. Muestra la percepción que tiene de sí mismo. Se siente por encima de la ley. Una vez que fue clara la precariedad de su posición ante el reconocimiento colombiano, pretendió remediar el desacato arguyendo que sólo mantenía “en custodia” la medalla correspondiente. No sólo por encima de la Constitución se piensa el Secretario, sino también por encima de los gobernados, a quienes supone retrasados mentales. La violación constitucional se produjo desde el momento mismo en que aceptó ser condecorado por la Policía nacional colombiana. Es la aceptación sin permiso lo condenable. Tener en custodia la pieza metálica puede significar un tardío acto de discreción y anunciar que no será usada. Pero ya es suya; la aceptó, la recibió y se ufanó de hacerlo. 

Quizá en algo tiene razón García Luna, si mi suposición de que nos cree retrasados mentales corresponde con la percepción que tiene de nosotros. Sólo siendo retrasados mentales nos resulta admisible la terquedad presidencial de mantenerlo en un cargo que requiere una sólida conciencia de respeto a la ley. No sólo a partir del 8 de mayo en que Javier Sicilia demandó la renuncia del Secretario de Seguridad Pública. Mucho antes se ha ofrecido sobrada evidencia de que cumplir la ley no es el fuerte de García Luna. Lo muestra su biografía profesional, desde sus años en la naciente Policía Federal preventiva, en la Agencia Federal de Investigación y en la Secretaría de que es ahora titular.

Casualmente, el mismo día en que el Poder legislativo admitió que García Luna violara la Constitución, sin consecuencia alguna, apareció un nuevo cable de los difundidos por WikiLeaks (difundido en México por La Jornada). Cuando apenas cumplía su tercer mes como secretario, en febrero de 2007, ofreció sin cortapisas a Michel Certoff, entonces secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos: “libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública”... Y le “expresó su esperanza” de que esa Secretaría “pueda ayudarle a establecer programas para asegurar la integridad” de sus agentes.

Las otras elecciones

El proceso electoral del Estado de México atrae la atención de la opinión pública participante por razones explicables. Las más perceptibles son, por un lado, que contiende sin contender el gobernador Enrique Peña Nieto y, por otra parte, que Andrés Manuel López Obrador necesita probar que la movilización directa de los ciudadanos, con él mismo a la cabeza, puede contrarrestar una campaña poderosa en dinero y difusión.

Es preciso, sin embargo, que consideremos que en julio mismo hay jornadas electorales también en Coahuila y Nayarit. Sus resultados tendrán un efecto más allá de los linderos de esas entidades. Aunque se aprecian altas posibilidades de que el PRI, que gobierna ambos estados, los conserve bajo su control, eventualmente puede ocurrir el triunfo de la oposición.

En ambos lugares se frustró la coalición que habían anunciado el PAN y el PRD como parte de su política de alianzas, exitosa en 2010, pero que comenzó a naufragar apenas se inauguró este año electoral. Ni en Guerrero ni en Baja California Sur se reeditó esa unión partidaria, aunque el candidato del PAN guerrerense declinó a última hora concluir la búsqueda del voto y pidió a sus partidarios votar por el priísta postulado por el PRD. En Baja California Sur de la alianza se pasó a la contienda áspera debido a que el PAN acogió -y con él alcanzó la victoria- a un fallido candidato perredista.

En Nayarit el fracaso de la coalición PAN-PRD, programada con mucha anticipación ha significado un fuerte golpe de la corriente Nueva Izquierda, pues se calculó que juntos los dos partidos llevarían al Gobierno a Guadalupe Acosta Naranjo, uno de los principales dirigentes del chuchismo. Rota la alianza, el candidato del PRD no sólo tiene, a solas, escasas posibilidades de triunfar, sino que acaso quede en tercer lugar. Paradójicamente, causaría ese desairado desenlace una compañera de bancada de Acosta Naranjo en la fracción perredista en San Lázaro, Marta Elena García. Ella es esposa de Antonio Echevarría, que en 1999 ganó la Gubernatura sostenido por una amplia alianza opositora al PRI, partido a que había pertenecido largo tiempo. Ya Gobernador, se afilió al PAN y acaso por tomar esa opción no consiguió que cristalizaran las aspiraciones de su esposa, de ser candidata a sucederlo. Recuperado Nayarit para el PRI hace seis años, hace dos la señora García fue elegida diputada federal por el PRD. Su activismo en ese partido fue exitoso y resultó precandidata, misma condición que tenía Acosta Naranjo. En la contienda interna por la candidatura, el PAN hizo suya su aspiración y adquirió con ese gesto tal fuerza que Acción Nacional terminó inscribiéndola en el proceso electoral fuera de la coalición. Todavía se estimaba posible que una encuesta a realizarse mañana dijera la última palabra, respecto de la alianza y la candidatura, pero el PRD escogió no llegar ya a ese punto. De manera que el PRI, que padeció desfiguros internos, que no alteraron la postulación del alcalde de Tepic, Roberto Sandoval, se beneficiará de la presentación de dos candidatos que reñirán entre sí más que frente al tricolor.

En Coahuila el PRD iba a adherirse al PAN, no tanto a coaligarse con él, dada su debilidad. El PRI postula a Rubén Moreira, diputado federal y hermano de Humberto Moreira, su antecesor, líder nacional del partido, todo lo cual lo dota de las mayores posibilidades de triunfo. Su principal contendiente es el senador Guillermo Anaya, compadre del presidente Calderón que, aun antes de serlo gozaba de fortuna política: fue elegido Diputado local en 1997, Diputado federal tres años después y Alcalde de Torreón en 2003.

La izquierda, que antes y después de la efusión cardenista de 1988 cuenta con escasos adeptos en esa entidad, no los multiplicará sino al contrario, pues presenta dos candidaturas, reflejo del fenómeno que nacionalmente protagonizan los seguidores y los antagonistas de Andrés Manuel López Obrador. El PRD, que va a solas, presenta como candidato, como muy tenues posibilidades de figurar, al ex diputado local y ex regidor del Ayuntamiento de Parras Genaro Fuantos Sánchez. Mayor número de votos tendrá el candidato de Convergencia y el Partido del Trabajo, Jesús González Schmall, quien por segunda vez va en pos de la Gubernatura. Lo hizo en 1993, cuando el candidato priísta triunfador fue Rogelio Montemayor. Postulado por una coalición de pequeños partidos, en que los más visibles fueron el PRD, el Verde y el ya extinto Demócrata Mexicano, el ex secretario general del PAN, precandidato presidencial en ese partido, obtuvo en su inicial incursión coahuilense sólo el 2.3% de los votos. Es posible que duplique ese porcentaje ahora, impedido para crecer por la polarización, de ya larga data y agudizada ahora, entre el PRI y el PAN.

Acción Nacional quedó muy lastimado por el triunfo de Humberto Moreira, que Jorge Zermeño, candidato panista y ahora embajador en Madrid, disputó aun en el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Por esa causa, Moreira fue un ácido crítico de Vicente Fox y de Felipe Calderón, a quien todavía semanas antes de pedir licencia para encabezar el PRI reprochaba el escaso apoyo que las fuerzas federales ofrecieron a su gobierno ante la creciente inseguridad pública. Como muchos gobernadores priístas Moreira pretendió escoger tras esa coartada su propia incapacidad para preservar la tranquilidad de sus gobernados, muchos de los cuales anticipan que la postulación de Rubén Moreira significa más de lo mismo.

Migración y xenofobia

El 10 de mayo murió violentamente Isaac Echinedu Nwachakwa, nigeriano residente en México donde había formado una familia con una señora mexicana. Ese día, tras celebrar a su esposa por el Día de las Madres, Echinedu buscaba un taxi en la calzada de Tlalpan, cuando lo abordaron miembros de la Policía Auxiliar, de la patrulla 73-003. Se ignora la causa por la que, súbitamente, lo golpearon con sus armas de cargo y luego huyeron no sin haber despojado a su víctima de algunas pertenencias. 

 

Echinedu fue atendido allí mismo por paramédicos que lo hicieron recuperar el sentido. Pero quizá con la sensación de pavor que le había causado la tunda recién recibida y suponiendo que aun estaban allí sus agresores, el ciudadano nigeriano echó a correr por esa vía de alta circulación y un automóvil lo atropelló y lo privó de la vida.

Supongo que técnicamente, y aun humanamente es difícil imputar la muerte de esta persona directamente a los policías auxiliares. Ese extremo se determinará ante el Ministerio Público, y ante la propia Secretaría de Seguridad capitalina, de la que depende la Policía Auxiliar. No cabe ninguna duda en cambio, respecto del maltrato que sin causa, asestaron esos presuntos agentes de la autoridad a un persona dedicada a la vida familiar y productiva (era un pequeño comerciante).

El sábado pasado una treintena de migrantes africanos se reunió ante la columna de la Independencia en protesta contra esta cruel agresión. Han constituido un comité ciudadano en defensa de los naturalizados afromexicanos. Su presidente, Wilner Metelus, suscribió una carta donde se expresa su indignación. Además de referir lo ocurrido a Eichenedu, afirma que “Isaac no cometió ningún delito, era un gran trabajador, insultado por la Policía por el color de su piel.

“Yo me pregunto si aquí en México está prohibido subirse a un taxi o ser negro. Hubo testigos y video -de las cámaras de vigilancia de la zona- de ese acto racista. El pueblo mexicano está harto de esos actos. Queremos que los encargados del sistema de justicia actúen para que triunfe la ley y que los agresores vayan a la cárcel.

“El Comité ciudadano de defensa de los naturalizados afromexicanos pide la inmediata intervención del jefe de Gobierno del D.F. Marcelo Ebrard en este asunto. Es una vergüenza que esto pase en la Ciudad de México. Si no hay una respuesta sobre el caso estamos dispuestos a llevar este asunto ante la Corte Internacional. Ya no queremos más sangre en este País”.

Ese acontecimiento figura en el escenario público cuando están circulando los resultados de la encuesta organizada por el Consejo Nacional Contra la Discriminación, y en medio de los escándalos de corrupción criminal que afectan al Instituto Nacional de Migración. La endeble condición de los migrantes, principalmente centro y sudamericanos, pero también procedentes de otros países, nos interpela desde esos acontecimientos para que la sociedad y las instituciones de Gobierno den una respuesta, sin eludir la terrible realidad de que somos al mismo tiempo actores y víctimas.

Los gobiernos federal y estatales, ya no se diga los municipales, han demorado en cobrar conciencia de la nueva movilidad social que afecta a nuestro País. En apariencia somos el gozne entre el cinturón mesoamericano, que no ha podido remediar todavía los estragos de sus enfrentamientos civiles, que acentuaron su pobreza estructural, y los Estados Unidos que si bien ha dejado de ser el paraíso terrenal que se imagina el mundo subdesarrollado al sur de su frontera, cuenta todavía con oportunidades de trabajo de que carecen sus vecinos, y que son sumamente apetecibles.

En México la corrupción administrativa es proverbial. Como lo muestra la también reciente encuesta de Transparencia internacional, los pagos ilegales por hacer o no hacer constituyen una pesada carga para la sociedad y una fuente de ingresos adicionales al personal público de los tres niveles de Gobierno. La función migratoria, desde que estaba a cargo de una pequeña dependencia en la Secretaría de Gobernación, fue siempre notoria por su proclividad a extorsionar a los extranjeros, aun los que contaran con la documentación que acreditara su legal permanencia en nuestro País. También se cobraba por dotar a los carentes de esa documentación.

La creciente complejidad del fenómeno migratorio ha multiplicado las posibilidades de la exacción, hasta llegar a prácticas abiertamente criminales, como la entrega de personas que deberían ser deportadas a bandas delincuenciales que cobran rescate por la libertad de las víctimas. Lo sabe ahora el secretario de Gobernación, tras realizar una gira por la frontera sur, puerta olvidada por la administración, pared porosa que permite el paso de quienes quieren llegar a la tierra prometida, pero también lo franquea a los tratantes de personas y a las pandillas que, desalojadas de sus países de origen buscan asentarse en cualquier territorio, aquí o en los Estados Unidos, donde por la vía que sea consigan hacer valer sus intereses.

En vez de ser parte del modo positivo con que se encare al fenómeno migratorio, el INM se ha convertido, en su deterioro creciente, en factor problemático que agrava ese fenómeno. Los remedios anunciados o practicados hasta ahora, como la rotación de mandos, son meramente cosméticos. Es preciso convocar a la construcción de una nueva autoridad, con servicio civil de carrera. Buenas voluntades no faltan, como lo prueban los activistas civiles por los derechos humanos de los migrantes.

Minas de carbón, al olvido

Aunque los deudos de las víctimas del desastre minero del 19 de febrero de 2006, especialmente los agrupados en la organización denominada Familia Pasta de Conchos, han impedido que el olvido sepulte la memoria de los suyos, como hicieron los escombros con sus cuerpos, persiste el riesgo de que la tragedia del tres de mayo, donde murieron 14 personas, se convierta en un expediente cerrado, gracias a las habilidades propagandísticas del secretario del Trabajo, Javier Lozano. 

Ocurrido el nuevo infortunio en un momento especialmente delicado para su futuro político, pues se trata de uno de los siete aspirantes a la candidatura presidencial del PAN, Lozano dio muestra de una diligencia y una sensibilidad que no suelen formar parte de su idiosincracia. Desdeñoso y aun antagónico con quienes insisten en rescatar los cuerpos de 63 mineros (únicamente los cuerpos de dos fueron recuperados el día mismo de la tragedia en 2006), al punto de que ha disputado aun con un relevante miembro de su partido (que, dicho sea de paso, tendría más méritos partidarios y personales para figurar en la liza interna), el senador Ricardo García Cervantes, se ocupó directamente del rescate de los 14 mineros del pocito desastrado al comienzo de este mes.

Convenientemente comunicado cada uno de sus pasos a través de Twitter, pretendió (y tal vez logró) ocultar que la irresponsabilidad de su dependencia (y puesto que es su titular, la suya propia) contó entre los factores que provocaron el derrumbe y la muerte en el pocito 3 de la empresa BIMSA. Su presencia allí me recordó la de José Antonio Zorrilla, director federal de Seguridad, que presidió el funeral del periodista Manuel Buendía, por cuyo homicidio fue años más tarde sentenciado. 

Una adecuada inspección del trabajo, simplemente ajustada a la ley laboral y a las normas específicas, que revisara la aplicación de medidas de seguridad industrial, hubiera alertado sobre la necesidad de suspender las labores de esos establecimientos, la mina 8 de Pasta de Conchos y el pocito tres. Se habría evitado que en el primer caso el deterioro de la infraestructura de protección, y su ausencia en el segundo, completaran el efecto causado por la acumulación de gas metano (igualmente prevenible de contarse con los mecanismos legales). Como si esa negligencia de la secretaría del trabajo fuera inocua, Lozano pretendió cargar la responsabilidad a la Secretaría de Economía (que otorga las concesiones) y en el gobierno estatal, ejercido a la distancia por Humberto Moreira, desde su oficina principal en el PRI. 

Luego, apareció como el benefactor de las familias damnificadas, anunciando que se pagarían las indemnizaciones respectivas, y disponiendo el cierre del pocito dañado y dos más de la empresa infractora. Hecho lo cual, dio por concluido el caso y retornó a sus banalidades electorales.

Es preciso que los deudos reciban el trato humano y jurídico adecuado, asistidas por personas solidarias con ellas. Especialmente urge atender al jovencito que trabajaba en el sitio de la tragedia sin poder ser contratado, debido a su minoría de edad, y necesitado de cuidado especial. Perdió un brazo y se necesita dotarlo de una prótesis o de las nuevas destrezas que su baldamiento requiere. El caso no puede ser cerrado, No se puede volver la página y simplemente esperar a que un día, más o menos próximo, un nuevo infortunio se cierna sobre los mineros de la región carbonífera de Coahuila, hasta ahora jalonada por matanzas producidas por el gas grisú, con consecuencias agravadas por errores o negligencias humanas.

Se precisa ir más allá, recomponer la explotación carbonífera de suerte que sea una actividad industrial segura y productiva en vez de fuente de dolor en resignadamente esperado y sufrido por los mineros, y causado por los explotadores del mineral y de la gente. Es preciso impedir que la escasa rentabilidad de los pocitos sea posible por los magros salarios pagados a personas a las que resulta imposible negarse a trabajar sin prestaciones.

Si los responsables de la economía y la regulación minera en general, y de la carbonífera en particular contaran ya no digamos con visión de estadista, que es mucho pedir, sino al menos con elemental información histórica, sabrían la enorme importancia que la industria del carbón tuvo en la construcción de los crecientes espacios comunes que llevaron a la Unión Europea, esa genial idea integradora vigente a pesar de sus peripecias actuales.

De saberlo, establecerían una política integral para la industria del carbón, en donde ahora hay no sólo campo para la muerte sino también para la corrupción A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad no sujeta sus compras de carbón (utilizadas en sus plantas termoeléctricas de Nava sino que compra la producción a través de un oneroso mecanismo de intermediación que forma parte del Gobierno estatal, se halla en un conflicto por haber pactado una adquisición hasta por doscientos millones de pesos a una empresa prácticamente desconocida, y probablemente inexistente, constituida sólo para beneficiarse de un mercado cerrado que abren voluntades políticas susceptibles de ser convenientemente aceitadas. En la columna Capitanes de la sección de Negocios del Grupo Reforma (viernes 20 de mayo) se da cuenta de la peculiar asignación de una compra por aquel volumen acordada por la CFE (una empresa de clase mundial) a un negocito cuyo capital social es de sólo 50 mil pesos, acaso mera fachada de otra avecindada en Nuevo León.

Hijos de Peña Nieto

No es un libro para lanzar revelaciones sacudidoras. Pero contiene algunas. Y a otras les da un relieve que hasta ahora no alcanzaron. Por ejemplo, la confesión de Enrique Peña Nieto a Rafael Loret de Mola sobre dos hijos tenidos fuera de matrimonio. “Uno murió de cáncer: el otro vive”. Su primera esposa Mónica Pretelini lo sabía. Y eso agrió su relación con su marido, quien admite también que las crecientes diferencias con la madre de los hijos habidos en ese matrimonio, “tenían un fundamento: mis infidelidades, arrastro esta debilidad desde muy joven”.

 

Ese testimonio directo del Gobernador mexiquense al novelista (cuyas ficciones políticas y revelaciones de alcoba han tenido gran éxito) fue recogido por el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, director de la revista quincenal emeequis, autor de la semblanza sobre Peña Nieto que forma parte del libro Los suspirantes 2012, que está comenzando a circular.

Fue presentado el lunes pasado en un hotel capitalino. La idea de Jorge Zepeda Patterson, el ex director de El Universal que hace seis años coordinó una obra semejante, era que la presentación corriera a cargo de tres de los protagonistas del libro. En términos prácticos el número se redujo a uno. Josefina Vázquez Mota mostró que es una rigurosa cumplidora de compromisos, por lo menos los de esta índole, y acudió puntual a la presentación, que aprovechó para abundar en su intención de alcanzar la candidatura presidencial de su partido, aunque el presidente Calderón, de quien fue colaboradora, haya manifestado inequívocamente que su favorito es el secretario de Hacienda Ernesto Cordero. En un primer momento, Manlio Fabio Beltrones había aceptado ser uno de los presentadores pero la fecha acordada se topó con la celebración de su aniversario de boda. El diez de mayo se cumplieron treinta y dos años de su casamiento con Silvia Sánchez, madre de Sylvana, su única hija, que ya hizo abuelo al líder senatorial, pues ya es madre de Sylvana Escudero Beltrones. El padre, como se sabe, es uno de los más prominentes diputados del Partido Verde.

Había aceptado también integrar la terceta de presentadores Marcelo Ebrard. Cumplió menos que a medias su compromiso. Un acontecimiento insólito lo entretuvo fuera de la capital y apenas pudo dedicar cinco minutos a la presentación del libro. Volvía de Ecatepec de Morelos, en el estado de México. Fue allí uno de los protagonistas del mayor acto de unidad de que han sido capaces los dirigentes perredistas. Aunque el simbolismo se concentró en la presencia, por primera vez juntos en un escenario desde 2005, de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, también adquirió sentido en la misma dirección la presentación de Ebrard, que ya no tan a la sorda contiende con López Obrador por la candidatura presidencial que ha de resolverse a fin de año. Igualmente cobró importancia el que el éxito de la convocatoria correspondiera Alejandro Encinas, cuya estatura política ha crecido en el último decenio y dista mucho de la que tenía en 1993, cuando por primera vez recorrió el Estado de México en busca del voto ciudadano.

No menor importancia tenía que sobre el mismo templete convivieran, sin ánimo rijoso, la dupla que dirige el PRD, Jesús Zambrano y Dolores Padierna. Nadie supone que sus querellas serán depuestas a partir de ese lunes emblemático. Pero mostraron su conciencia de que deben atenuar asperezas si quieren encabezar un proyecto político que tenga sentido institucional y que responda a las aspiraciones de cada uno de ellos, manifestadas desde hace más de un cuarto de siglo. 

Demorado, presuroso, pero contento, así llegó Ebrard a la presentación del libro del que es uno de los protagonistas. Los suspirantes incluye a tres miembros del PRI, los ya citados Peña Nieto y Beltrones y Beatriz Paredes, cuya alineación con el primero la ha conducido al extremo de aceptar ser coordinadora de campaña de Erubiel Ávila… en el municipio de Naucalpan, lo cual indica que se sujetará a las órdenes del coordinador general Luis Videgaray, que está al frente de una campaña aunque no hubiera participado nunca en otra, pues en 2009 fue elegido diputado por la vía plurinominal. Y estará también a las órdenes de Miguel Ángel Osorio, ex gobernador de Hidalgo y fiel servidor de Elba Ester Gordillo, con quien la tlaxcalteca tiene entablado un pleito que no encontrará jamás mediador que lo mitigue.

Por cierto que Lydia Cacho, autora de la semblanza de la ex presidenta del PRI revela que el pasado rural de la ex gobernadora de Tlaxcala fue más la expresión de una gana que una realidad. No fue una muchacha campesina que se abría paso entre el machismo campirano, sino que vivió una cómoda vida urbana hasta que dio en hacer política en su estado natal, donde su padre había sido Senador.

Por el PAN figuran en el libro coordinado por Zepeda Patterson la mencionada y puntual Josefina Vázquez Nava, el persistente Santiago Creel y el secretario de Hacienda Ernesto Cordero. Por el PRD aparecen los consabidos López Obrador y Ebrard.

Del secretario de Hacienda dice el periodista Luis Miguel González (director editorial del diario especializado El Economista, cuya fundación fue alentada por el Gobierno para hacer contrapeso a El Financiero, cuya talante no gustaba en Hacienda) que “es como un libro en edición rústica, lleno de números y gráficos” Añade que “le cuesta trabajo la comunicación masiva. Lo suyo es la argumentación en corto”.

De AMLO dice Jorge Zepeda que va por la revancha, junto con una Morena.

Eugenio Hernández

Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas hasta el fin del año pasado, ha sido uno de los peores responsables del Poder Ejecutivo en esa entidad, lo que ya es decir. Y medido con sus contemporáneos, se contaría asimismo entre los peores gobernadores de la generación elegida en 2004. Y mire usted que en ella figuran Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera, Ismael Hernández, Jesús Aguilar Padilla y José Reyes Baeza. Y sin embargo, Eugenio Hernández ha sido gratificado por su partido. Será secretario técnico del Consejo Político Nacional.

Los ciudadanos comunes y corrientes encontramos difícil explicar esa grave contradicción. En vez de premiar a un gobernante que entrega malas cuentas, un partido auténticamente preocupado por el bienestar general debería no digo que iniciar un juicio político en su contra, algo que ni sus opositores hacen (por negligencia o por temor) sino al menos depositarlo en la sima del olvido. O si se quiere una metáfora menos solemne, imponerles la regla de que el que ya bailó, que se siente. Un partido que tomara a pecho sus principios, además, se apartaría de un gobernante que fue desleal, pues en la elección presidencial de 2006 dirigió su poder electoral a favorecer a un adversario y no a su propio candidato, según fue público y notorio. Y medible con estadísticas electorales.

Pero Hernández no se sentará ni será abominado como se hace con los traidores. Al contrario, será una figura eminente en el equipo de otro ex Gobernador -éste elegido en 2005- Humberto Moreira, que en materia de seguridad (la pública callejera, y la industrial en la región carbonífera) no tuvo nada bueno que dejar a sus gobernados. Así, una primera explicación, al nombramiento de Hernández, es la simpatía de su amigo Moreira, la similitud de sus situaciones, su identidad de intereses. Sería una explicación goethiana; es decir, relacionada con las afinidades electivas.

Una explicación apta para el momento en que se produce su incorporación al equipo de Moreira es su reconocida aptitud para la manipulación electoral, lo que permitió que Tamaulipas ganara el título de estado más priísta de la República. El galardón se lo otorgó Consulta Mitovsky al examinar la evolución del voto priísta, que en sexenios anteriores al de Hernández había caído hasta debajo del 50%. En 2006 la elección presidencial mostró un descenso todavía más pronunciado, pues Roberto Madrazo sólo obtuvo el 27.4% de los votos. Pero ese no fue fracaso de Hernández, sino un éxito, una demostración de su fuerza. Tuvo capacidad para dirigir el sufragio priísta hacia el PAN y por eso Felipe Calderón ganó ese estado. Hernández se había comprometido a obrar en tal dirección en acuerdos con Elba Ester Gordillo y con el secretario de Comunicaciones de Fox, Pedro Cerisola.

Pero en el manejo de sus propias elecciones, Hernández se mostró más priísta que cualquiera. De las 43 alcaldías en disputa en la elección de 2007, su partido ganó 34, y Acción Nacional sólo 8 (y una solitaria el PRD). Su dominio fue más patente en la elección legislativa. Aplastó a la oposición en los 19 distritos electorales locales, “carro completo” al modo antiguo. El PAN y el PRD tuvieron acceso a la Cámara de Diputados sólo por la vía de la representación proporcional: ocho y dos legisladores, respectivamente.

Se creería que las condiciones electorales cambiarían radicalmente en los años recientes, en la medida en que creció la delincuencia y fue haciéndose notoria la incapacidad de las autoridades de todo nivel para frenar a las bandas criminales que, enfrentadas entre sí o haciendo cada una de ellas sus afrentosos negocios por su lado, minaron la institucionalidad local. Pero no fue así. El PRI ganó la Gubernatura con un porcentaje de votos (61.58) aun mayor que el obtenido seis años atrás por Hernández mismo (58.9). Y eso que el candidato vencedor sólo pudo hacer campaña durante cuarenta y ocho horas, o menos.

En los antecedentes de ese hecho radica otra eventual explicación al nombramiento de Hernández. Tiene que ver con el derecho penal, no con el electoral. Hace casi once meses, el 28 de junio del año pasado fue muerto a balazos, a pesar del blindaje de su vehículo y la protección de su escolta, el candidato al Gobierno, Rodolfo Torre Cantú. Durante los seis meses en que todavía permaneció en el cargo, Hernández nada hizo porque se averiguara la causa y los causantes del crimen, que hoy sigue sin ser resuelto, no obstante que el Gobernador elegido en vez del finado es su propio hermano, Egidio Torre Cantú.

Si ni siquiera pudo mostrar interés y eficacia en un caso escandaloso (por el nivel político de la víctima) y cercano al partido oficial (basta recordar la indignación expresada entonces por la presidenta priísta Beatriz Paredes), menos hizo el ahora secretario técnico del consejo político nacional a favor de sus gobernados. 

Me pregunto si el arropamiento a Hernández por Moreira obedece a su eficacia para convertir a Tamaulipas en el infierno que hoy viven los habitantes de esa entidad, vivan en grandes ciudades o en pequeños villorios, o los pasajeros que transitan por sus caminos. El Ejército se ha hecho cargo de la seguridad pública. Y llegó para quedarse. Anteayer la legislatura local autorizó al Gobierno a ceder a la Defensa Nacional un predio de cuarenta hectáreas (primero de tres comprometidos), destinados a cuarteles. Ese es el modo en que el Gobierno federal enfrenta la vulnerabilidad institucional local, que es la herencia de Hernández.

Unidad en el PRD

Claro que las diferencias en el PRD no desaparecieron mágicamente el lunes por la tarde. Por supuesto que por ahora es sólo una imagen, cuando más un símbolo. Pero la presencia de Cuauhtémoc-Andrés Manuel López Obrador juntos, en convivencia cordial, puede significar no sólo el fortalecimiento de la campaña de Alejandro Encinas, que ejerció su capacidad de convocatoria para reunirlos, sino también el aligeramiento del espeso ambiente interno que padece el Partido de la Revolución Democrática. La presencia en el mismo acto de Marcelo Ebrard añade un factor positivo a la esperanza perredista de restaurar la unidad, o al menos de retornar a la tensa coexistencia de sus corrientes sin que necesariamente riñan entre sí.

 

Cárdenas se abstuvo de apoyar a López Obrador en la contienda presidencial de 2006 y, por añadidura, aceptó de Vicente Fox un nombramiento sin contenido al que precisamente renunció tras los comicios de julio de aquel año. Tal actitud del fundador del PRD los distanció y generó acritudes entre sus partidarios que, como suele ocurrir, son más hostiles entre sí que quienes los encabezan.

La brecha que se abrió entre los dos ex candidatos presidenciales perredistas los hizo olvidar las tareas que habían emprendido en común. Si bien López Obrador no contó entre los apoyadores de Cárdenas en 1988, poco después del fraude electoral se sumó al Frente Democrático Nacional y con su apoyo fue candidato a Gobernador en Tabasco, en noviembre de ese mismo año. Cárdenas lo apoyó entonces, como lo haría también en 1994, cuando López Obrador padeció su propio fraude orquestado por Roberto Madrazo en su beneficio, así como en las movilizaciones que protagonizó el que ya era líder del perredismo tabasqueño. 

A su vez, López Obrador fue un activista de Cárdenas en su segunda postulación. En actitud recíproca, a partir de un entendimiento profundo que va más allá de las conveniencias inmediatas, a que ambos son refractarios, Cárdenas estuvo con López Obrador en la contienda interna por la cual llegó a la presidencia del partido. Había concluido ya la etapa de los liderazgos naturales, en que no era necesaria una disputa por la dirección perredista, que habían ocupado, sin discrepancia alguna, Cárdenas mismo y Porfirio Muñoz Ledo. 

Como líder del partido, López Obrador lo dotó de eficacia suficiente para ganar en 1997 la mayor bancada legislativa con que hasta entonces había contado la izquierda (sólo superada en número por la que, a causa del efecto López Obrador se formó en las elecciones de 2006), y la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Exageraría quien dijera que López Obrador hizo a Cárdenas ganar una elección por primera vez desde la que en 1980 lo convirtió en Gobernador de Michoacán. Se combinaron felizmente la reputación de Cárdenas y la eficacia del partido encabezado por el tabasqueño. Se ofrecieron a su vez apoyo recíproco para la operación del 2000, en que Cárdenas aspiró por tercera vez a la Presidencia y López Obrador fue candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sus diferencias aparecieron y fueron ensanchándose ante la decisión de Cárdenas, prontamente declinada, de buscar una cuarta postulación presidencial. Era tal el peso que dentro del PRD había ganado López Obrador que Cárdenas mismo comprendió la inutilidad de contender en su contra en un proceso interno. Pero quedó sembrada una semilla de discordia que se concretó cuando Cárdenas apoyó a Jesús Ortega en la disputa interna contra Marcelo Ebrard (que era el candidato de López Obrador) por la candidatura al Gobierno capitalino. Y la zanja abierta entre ambos se amplió, como queda dicho, en la campaña presidencial de hace cinco años.

Pero Encinas tendió puentes por encima de esa brecha y Cárdenas y López Obrador los utilizaron. Cada uno en su momento había reconocido los méritos personales y políticos de Encinas y lo incorporaron a su gabinete. Cárdenas lo nombró Secretario del Medio Ambiente. Y López Obrador de Desarrollo Económico. Encinas no vaciló en aceptar una disminución formal de su rango cuando el tabasqueño lo designó Subsecretario de Gobierno, de donde después ascendió a secretario y quedó en situación de reemplazar a su jefe cuando éste fue desaforado. Como gobernante interino durante la crisis del segundo semestre de 2006, Encinas combinó con fortuna su adhesión a López Obrador y su apego a la legalidad en el ejercicio de sus responsabilidades. Dirá que eso es mentira quien recuerde el plantón de Reforma, que tanto enardeció los ánimos de importantes segmentos de la población. Pero Encinas no podía dispersar por la fuerza a quienes protestaban contra el fraude electoral, por ser contrario a sus convicciones y porque, ejerciendo la ley, resolvió el dilema tomando uno de sus extremos: respetó la libertad de reunión por encima de la de tránsito. Discutible la opción, acaso, pero netamente legal.

López Obrador impulsó la candidatura de Encinas en el Estado de México. Más de una vez la premura con la que su ex jefe toma decisiones o las da a conocer, lo puso en aprietos. Lo último que podría admitir, porque no corresponde con la realidad, es que carece de voluntad y es manejado por López Obrador. Cuando éste pidió licencia al PRD (que por lo visto ha dejado ya de tener vigencia) pretendió que Encinas, sobre la marcha, de modo inconsulto, lo siguiera. Pero Encinas se negó.

No queda duda de que el PRD acompañará unido a su candidato a Gobernador. Es preciso que aproveche para más este impulso unitario.

Pachuca no es basurero

Ante el imperativo cierre del Bordo Poniente, el principal basurero del DF, situado en un rincón de Nezahualcóyotl, el Gobierno capitalino anda en busca de un nuevo depósito para sus desechos. Y no ha hallado mejor destino que el municipio de La Reforma, conurbado (conurbadísimo, si cabe el superlativo) a Pachuca. A pesar de que reina todavía confusión al respecto, el Gobierno del Estado debería oponerse a que la capital hidalguense se convierta en tiradero del Distrito Federal. Y como, al contrario, el gobernador Francisco Olvera ha dicho que si el servicio se paga no hay porqué el municipio directamente involucrado no lo acepte, los pachuqueños y mineralenses deberían expresar su oposición a semejante despropósito.

Durante siglos, tierras hoy de Hidalgo han servido para recibir las aguas negras que expulsa la Ciudad de México. Durante décadas y décadas los cultivos del distrito de riego No 2 han sido alimentados desde las presas Endhó y Requena (no lejos de Tula de Allende), punto final del gran canal de desagüe (o los nombres modernos que hoy lo designan) que saca la suciedad producida por la digestión de la mayor concentración urbana del país. El líquido procedente de ese drenaje se utilizó sin ningún tratamiento durante muchos años, y con alguno imperfecto en etapas recientes, para regar los plantíos de alfalfa y de hortalizas cuyos productos consume el mercado local. Se ha pagado así el costo de una relación colonial entre la metrópoli y sus regiones subordinadas.

Pachuca en particular ha sido maltratada en sentido semejante, en su caso por la explotación minera. Desde la etapa colonial y hasta hace no muchos años, los desechos industriales resultantes del beneficio (así se llama el proceso de separación de los metales del mineral extraído de los túneles) se acumularon en los extremos de la capital hidalguense. Constituyeron, en los puntos de salida a la ciudad de México y hacia Tulancingo, lomeríos que fueron parte del paisaje. Tan era así, que ni el gobierno ni la sociedad reparó nunca en el daño ambiental que esos desperdicios significaban para la población Se trataba de tierra susceptible de convertirse en polvo con partículas metálicas minúsculas que a su vez circulaba en el aire respirado por los lugareños. El cianuro que daba una coloración gris a las pequeñas dunas es también un factor contaminante cuyos efectos no han sido investigados suficientemente. 

Con suprema irresponsabilidad, que corrió parejas con el afán mercantil de los dueños del futbol profesional pachuqueño, el estadio y sus instalaciones aledañas, donde juegan los Tuzos, se erigió sobre jales. Supongo que se realizaron las obras de reforzamiento necesarias, porque de lo contrario un mal día esa enorme construcción puede deslizarse por fallas en sus cimientos. Eso, al margen del daño que inhalar cianuro produzca a jugadores y espectadores.

Aunque en algún momento, hace medio siglo, aproximadamente, se intentó reexplotar los jales, pues su contenido tenía ya nuevos usos rentables, y había progresado la tecnología para procesarlos, hoy todavía no se resuelve qué hacer con esos montículos, cuyo allanamiento daría a la compañía minera Real del Monte y Pachuca los rendimientos que ya no obtiene de la explotación minera, agotada por ahora. Convertir las superficies libradas de los jales en fraccionamientos sería un enorme negocio inmobiliario si con irresponsabilidad semejante a la que autorizó a construir el estado Hidalgo se otorgaran permisos para habitarlos.

Y ahora viene la basura capitalina. Pachuca y el Mineral de la Reforma tienen ya problemas con la suya propia. El depósito del Huixmí, en las goteras de la capital hidalguense, ya dio de sí y se ha habilitado una tercera etapa que lo coloca en situación frágil. También se repletó el de La Reforma. Ha circulado la idea, sin concreción todavía, de constituir un gran basurero metropolitano, que recoja los desechos pachuqueños y de los municipios vecinos, incluido el de La Reforma, que es más que vecino. Uno pasa de un municipio a otro sin enterarse; ambos constituyen una unidad urbana que permite hablar del proyecto que el Gobierno del DF quiere poner en práctica como si su destino fuera Pachuca misma. 

En febrero el Ayuntamiento de La Reforma firmó un convenio con la empresa Tecnoazul, filial de la falsa cooperativa Cruz Azul (que en realidad es un negocio particular de la familia Álvarez) para la extracción de un combustible útil para la producción cementera a partir de la basura. Sería prudente esperar resultados de ese convenio, con el que ese gobierno municipal pretende resolver el problema de los desechos y al mismo tiempo ganar dinero, antes de embarcarse en la recepción de la inmensa masa que le llegará de la Ciudad de México. 

El Gobierno del DF enfrenta una necesidad a plazo perentorio. Hace bien, por consecuencia, en tratar de persuadir a los gobiernos de los municipios a los que remitirá su basura. Queda en manos de esos gobiernos actuar con responsabilidad frente a sus gobernados y no tomar decisiones que repercuten de modo inmediato en la vida cotidiana y pueden tener efectos trascendentes.Es verdad que el pragmatismo financiero que fuerza a la obtención de ingresos y ganancias se impone como un implacable modo de vivir y de gobernar. Pero ha de impedirse que la siempre lastimada sociedad hidalguense pague con su salud y su dignidad el negocio que hagan sus autoridades. El gobernador Olvera ve bien que los ayuntamientos ganen dinero de ese modo.

Constitución y derechos humanos

El viernes pareció disiparse el riesgo de que presiones del fundamentalismo católico impidieran la aprobación de la reforma constitucional en derechos humanos. Reunidos en Veracruz los presidentes de las legislaturas estatales, convocados por el diputado Eduardo Andrade, que encabeza la veracruzana, se estableció el consenso de impulsar el visto bueno de los congresos locales a esa reforma.

La Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad incluyó entre sus reclamos urgentes dicha aprobación, lo que suponía derrotar el cabildeo que en sentido contrario realizaban grupos ultramontanos que al no poder impedir la magna operación reformadora en el Congreso de la Unión, buscaron estorbar el curso que debe seguirse en los estados hasta conseguir el voto de “la mayoría” de las legislaturas locales. Hasta antes de la reunión del segundo foro de presidentes de las legislaturas de los estados, habían aprobado la reforma los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, México, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

Continúa ejerciéndose presión sobre las restantes legislaturas, especialmente las correspondientes a entidades gobernadas por Acción Nacional. A diferencia de la campaña que el año pasado reformó las constitucionales locales para consagrar en ellas el derecho a la vida, preámbulo a legislación penal muy restrictiva en materia de reproducción y opciones sexuales, en esta ocasión los legisladores priístas no se han sometido o aliado a los panistas, que llevaron la conducción de aquel proceso, notoriamente impulsado desde un motor central.

El conservadurismo católico se sintió especialmente ofendido porque en el artículo primero de la Constitución, reformado, se garantiza a las personas elegir, entre otros derechos, la preferencia sexual que les plazca. Cuando el texto se aprobó en el Senado, en marzo reciente, un grupo de legisladores panistas fracasó en su intento de suprimir tal derecho. Visitantes a la cámara que los apoyaban se manifestaron en contra de ese contenido de la reforma, alegando que con ello se alienta el libertinaje sexual y se induce a la práctica del aborto. Se ha pretendido después refinar ese argumento absurdo, alegando que con el conjunto de enmiendas el Estado mexicano pierde soberanía. Aluden a la obligación (que queda explícita en el texto constitucional y está vigente aun cuando no se la hubiera inscrito en la carta magna), de respetar los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales sobre la materia. Ciertamente, ese es uno de los aspectos medulares de la reforma, que ayudará a vencer la renuencia pueblerina a aplicar esa legislación internacional.

La búsqueda de un nuevo estatuto para los derechos humanos en la Constitución o, como se decía en la retórica priísta de antaño, de elevarlos “a rango constitucional” se inició hace mucho tiempo, desde que Santiago Creel era secretario de Gobernación y Francisco J. Paoli subsecretario de Desarrollo Político. Los grupos civiles que lo promovían tuvieron que recoger los restos de los anteproyectos elaborados entonces e insistir en sucesivas legislaturas su aprobación. Tan complicado fue el proceso que la Cámara de diputados se ocupó tres veces del tema, por desacuerdos con el Senado. Finalmente se impuso el consenso laboriosamente conseguido y la reforma fue enviada en marzo mismo a los congresos locales, donde no se han apresurado a considerarla.

Más claramente en la etapa del predominio priísta, pero aun ahora, las legislaturas locales no toman a pecho su papel en el proceso de reforma constitucional. Solía procederse mecánicamente a aprobarla pero con parsimonia que nadie reprochaba. Se llegó a extremos como el de cometer aprobaciones sólo en el papel, cuando las legislaturas estaban en receso. Para no tener que interrumpirlo materialmente, es decir para no reunir a los diputados, se emitía una convocatoria, se levantaba el acta de una sesión que no había ocurrido y listo, el trámite estaba concluido y enviado al Congreso federal para que allí se realizara el cómputo y se declarara reforma la Constitución.

Salvo un caso reciente, que adquiere nuevo interés por la nueva posición de su protagonista, no recuerdo ningún voto en contra de una reforma constitucional (por lo cual los cabilderos que suponemos ahora fallidos pretendían realizar una verdadera hazaña). Entre septiembre y octubre de 2007 se efectuó el recorrido de la reforma a la carta magna en materia electoral lograda poco antes El gobernador Humberto Moreira, actuando sin embozo como jefe de sus diputados, se adelantó a decir que la legislatura local no aprobaría la reforma y así ocurrió. Su posición fue inocua en términos prácticos, porque todas las demás legislaturas obraron en sentido contrario. Pero el desplante del Gobernador, aunque no quedaran claros sus móviles, sirvió para mostrar el férreo control político que ejercía en su entidad (y que lo ha llevado a imponer como su sucesor a su hermano Rubén) sino a mostrar su credo en materia electoral, relevante ahora que encabeza al PRI.

Alegó Moreira que la reforma ofendía a los estados por permitir a una autoridad electoral federal entrometerse en las elecciones estatales, que los gobernadores pretenden controlar directamente. El fondo de la reforma consistió, como se sabe, en modificar de raíz el régimen de la comunicación electoral, sacando la propaganda de los partidos del comercio en los medios electrónicos y en otorgar al IFE el manejo de los tiempos respectivos.

De la marcha al movimiento.

La Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad a que convocó el poeta Javier Sicilia, inmediatamente arropado por organizaciones y dirigentes civiles, es un hito en la historia mexicana. La inspiraron el dolor y la indignación, pero va camino de superar esas emociones para convertirse en un vasto y activo movimiento que dé cauce a la protesta expresada en Cuernavaca; primero, en el camino de esa ciudad a la de México, y en la Plaza de la Constitución. Este vasto espacio para la congregación ciudadana ha sido testigo de la reunión de muchedumbres que en diversos momentos de la historia decidieron no someterse al autoritarismo, y al contrario, avanzar en la búsqueda de libertad, justicia y democracia.

Lo ocurrido allí el domingo pasado, semejante a otras manifestaciones multitudinarias difiere de ellas porque se colocó la simiente para la movilización de la sociedad. Los participantes, fatigados por la caminata, doloridos por las causas que los condujeron a ella, sonrientes a pesar de ella porque se vieron en múltiples espejos y supieron que no están solos sino que comparten impulsos y avizoran metas comunes, no volvieron a su casa después de la intensa jornada dominical de nuevo a la rutina de la impotencia. Encontraron juntos que pueden ejercer un poder, y se disponen a utilizarlo para que México no siga siendo escenario de matanzas que generan desasosiego y terror.

Un medidor de la importancia de la marcha y el comienzo de la movilización es la reacción del Gobierno y de sus voceros. Estos últimos no pudieron descalificar la iniciativa de Sicilia por un pudor elemental, pues no se puede negar al padre de un muchacho asesinado que proteste airado por ese crimen y sintetice en su expresión el hartazgo, el “estamos hasta la madre” de una enorme porción de la sociedad mexicana. Pero después del éxito de la marcha y los atisbos de la movilización se dedicaron a demeritarlas. Utilizan para ello argumentos banales, como que la mofa de no se llenó el Zócalo, hasta señalamientos irresponsables y graves, calumniosos, de que la sonora crítica al Gobierno, y en particular al presidente Calderón surgieron del crimen organizado o por lo menos causaron en su seno regocijo. Se acusó a los organizadores de poblar artificialmente la marcha al dar cabida a grupos que persiguen fines propios y se montaron en la protesta generada por el dolor. Se ha dicho, en fin, que Sicilia ha sido rebasado, como si el acompañamiento que lo rodea le regateara un liderazgo que es indisputable. A él mismo se le achacó faltar a los consensos en su demanda de que renuncie el Secretario de Seguridad Pública, que no fue consultada con otros organizadores de la caminata y se convirtió en una cortina de humo.

Pienso que ocurrió lo contrario. Estoy seguro de que exigir el retiro de Genaro García Luna no fue la ocurrencia de un desinformado. El pedido buscó medir la reacción gubernamental en términos reales, más allá de la retórica, y cumplió su papel. A pesar de que el propio Presidente se abrió al diálogo, y seguramente lo habrá, hasta este momento el Gobierno elude sus responsabilidades y no ofrece respuesta alguna a las exigencias de los marchistas.

Sicilia no demandó la salida de cualquier funcionario. Se le reprocha no haber fijado su atención en los altos mandos militares, el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Francisco Saynes, secretarios de la Defensa y de la Marina, tan responsables, dicen los defensores de García Luna, como este mismo de la política de seguridad pública. Entiendo por qué Sicilia mencionó únicamente a dicho secretario: porque si bien los tres funcionarios mencionados yerran en el combate al crimen organizado que se les ordenó emprender, la conducta personal de García Luna lo hacen sujeto de una crítica que va más allá del análisis para lindar con la denuncia. No sólo debería abandonar su cargo, sino responder penalmente a innumerables señalamientos.

Al defender la actuación del Secretario de Seguridad Pública el Gobierno asumió con mayor claridad que nunca su plena identificación con ese funcionario, y disminuyó el valor de su aceptación al diálogo. No digo que éste carezca de importancia. Pero quienes acudan a él deberán tener presente que el Gobierno reprobó el examen de congruencia al que lo sometió el poeta que organizó la marcha.

La marcha se tornó movilización y ésta será movimiento, a partir del pacto nacional que firmarán el mayor número de organizaciones civiles el diez de junio en Ciudad Juárez, negro emblema de la violencia criminal y la inseguridad ciudadana. Con Sicilia presentaron y promueven las propuestas que son la médula del Pacto: el obispo de Saltillo, don Raúl Vera, único miembro del Episcopado que parece vivir en la realidad y reaccionar ante ella para modificarla y prestigiados activistas, como Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Rogelio Gómez Hermosillo, los padres Gonzalo Ituarte y Miguel Concha. Muchas otras personas, especialmente las que desde el primer momento rodearon en Cuernavaca al poeta, y las que desde la inmensa geografía del dolor nacional vinieron a sumarse a la marcha, serán sin duda promotores de la movilización, antes y después de la firma del pacto.

El documento respectivo consta de tres partes: Razones y urgencia; visión común con exigencias mínimas y compromisos; y (acciones) para iniciar el camino. La primera es un diagnóstico que parte y concluye de considerar que México vive una emergencia nacional, la segunda se integra con seis exigencias, a las que se ha llamado ejes, que no pueden ser entendidas a plenitud sin su vínculo con la primera y la tercera partes. Esta señala los primeros pasos y el calendario en que se producirán.

Las exigencias se emiten en primera persona de plural, y de modo reiterativo: exigimos verdad y justicia; exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; exigimos combatir la corrupción y la impunidad; exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; exigimos atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; y exigimos democracia participativa.

Para la satisfacción de estas exigencias los organizadores del movimiento proponen constituir, de inmediato, “espacios de reflexión y acción colectiva nacional”, donde no sólo se discutan las propuestas del pacto sino se vislumbren otras nacidas del contacto con realidades vastas y diferentes. Con miras a la firma del pacto en Ciudad Juárez, se integrarán comisiones de verificación y sanción para cada uno de los seis ejes. Por ejemplo, en el último de ellos la comisión respectiva dará cuenta de cómo responde la Cámara de Diputados al emplazamiento de que “a más tardar en dos meses”, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado, que establece la consulta popular, la iniciativa legislativa (sic, por ciudadana), las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes”.

Luego del 10 de junio vendrá el diálogo con el Gobierno. Éste ya lo había practicado con “la sociedad civil” en sus Diálogos por la Seguridad. Pero nunca llamó a ellos a las organizaciones de derechos humanos que constituyen la médula del nuevo movimiento, sin invitados cómodos se requerirán en el Gobierno disposiciones de ánimo que no se conocen y no se han practicado.

El presidente Calderón, si como es debido participará en el diálogo público demandado por el movimiento por la paz, deberá atemperar sus tensiones. Durante su visita a Nueva York, cuando un dirigente de migrantes auguró que la guerra contra la delincuencia organizada no será ganada por nadie, Calderón se encrespó porque el diagnóstico no concuerda con el suyo.

Al volver, incurrió en desmesura e inexactitudes al compararse con Winston Churchill. Éste asumió la jefatura del Gobierno británico en mayo de 1940, nueve meses después de iniciada la guerra, de modo que tuvo que encabezar una lucha en términos que no obedecían a su concepción del enfrentamiento con Hitler, enemigo algo superior a ‘El Chapo’ Guzmán. Ufano sin causa aparente, ante un público cautivo (los delegados de su Gobierno) Calderón se ve victorioso en la lucha contra el crimen como Churchill triunfó contra el nazismo. La comparación puede implicar un augurio desastroso: después de la victoria, en 1945, Churchill y su partido fueron derrotados en las urnas.

Valiente, amenazada, asilada.

Marisol Valles García vive en algún lugar de Texas, probablemente cerca de El Paso, en espera de que un juez de Migración decida si otorga el asilo que ha demandado, temerosa de que se cumplan amenazas contra su propia vida o la de su familia.

El caso de Marisol Valles García es único y, paradójicamente, uno de los muchos que están pendientes de resolución en Estados Unidos. Miles de personas han cruzado la frontera, desde Ciudad Juárez, en espera de que se les autorice radicar de aquel lado, porque la vida se les ha tornado imposible. De esa oleada de nuevos migrantes, no pocos quieren que se les conceda asilo, porque no están motivados por el vago temor que todos padecemos por la inseguridad que hierve en torno nuestro, sino por un miedo específico. En este grupo de personas hay periodistas y activistas que han recibido amenazas debido a su labor. Y no quieren permanecer impávidas en espera de que los amagos se conviertan en agresiones.

Pero la situación de Marisol es peculiar. Fue secretaria de Seguridad Pública en un municipio cercano a Ciudad Juárez, en cuyo ejercicio duró poco más de cuatro meses. Fue un lapso suficiente para que se percatara de la naturaleza de su cargo y de los riesgos que envolvía. No los ignoraba, propiamente, pero una cosa es saber de ellos y otra vivirlos directamente.

A diferencia de su enorme vecino, el municipio de Juárez, el más densamente poblado de Chihuahua (347 personas por kilómetro cuadrado), en el que lleva el nombre del revolucionario magonista Praxedis G. Guerrero vive poca gente. Poco más de diez mil personas en un territorio de 800 kilómetros cuadrados da una densidad de apenas 12.9 personas por kilómetro cuadrado, conforme al censo de 2010, Acaso por esa circunstancia, su escasa población, y por su proximidad a Estados Unidos (colinda con condados texanos al norte y al oriente) se ha convertido en territorio de enfrentamiento entre bandas. La violencia es tal que los jefes policiacos no duran mucho en su encargo. A los más de ellos en la década reciente los han matado. A Jesús Manuel Holguín lo degollaron en 2008 y mostraron en público su cabeza.

Por eso nadie quería encabezar la Policía en el Municipio hasta que aceptó hacerlo Marisol Valles García. Nacida en Juárez en 1969, estudiante de criminología, empezó sus labores el 20 de octubre del año pasado. Todo el mundo se hizo lenguas de su valentía, cualidad que en efecto la caracteriza. El semanario Newsweek la incluyó en alguna de sus ediciones de fin de año entre las 150 mujeres que han sacudido al mundo. Con la jefa policiaca norteña figuraron dos mexicanas más, Lydia Cacho y Salma Hayek.

Entusiasmada con su nueva responsabilidad, y sensible al apoyo que sentía tener fuera de su municipio, la Secretaria de Seguridad Pública hizo planes y comenzó a ponerlos en práctica: engrosó con mujeres las escuálidas filas de la corporación a su cargo, compuesta de sólo 19 elementos y resolvió no enfrentar el narcomenudeo, función propia de la Policía estatal y de la Federal o el Ejército, cuyos elementos fugazmente aparecían por la remota cabecera municipal.

Pese a tal decisión, fue amenazada una y otra vez, hasta que se convenció de que no eran sólo palabras. Al comienzo de marzo de este año, poco después de cumplir cuatro meses en el cargo, decidió retirarse. Pidió permiso al Ayuntamiento para ausentarse unos días, con el fin de procurar cuidados médicos a su hijo, que apenas tiene un año. Debía volver el lunes siete de marzo a las ocho de la mañana. Cuando una hora después no se presentaba aún, el alcalde José Luis Guerrero de la Peña ordenó “darla de baja” como se procede contra un oficial administrativo. Con su torpe criterio burocrático, el Presidente municipal dejó en estado de indefensión a su Secretaria de Seguridad, de la que había recibido noticia de sus amagos. Tal vez el Alcalde resolvió cortar la relación con la valiente mujer para que las amenazas no lo alcanzaran a él también.

Aunque poco después se tuvo vaga noticia del paradero de Marisol, sólo ahora ha hecho una presentación pública. El atareado delegado de la Comisión estatal de derechos humanos en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, estaba al tanto de los trámites para conseguir asilo, y para ofrecerle apoyo moral, necesario en este trance.

Una estación local de televisión de El Paso, afiliada a la cadena ABC News, la entrevistó el miércoles. Marisol se franqueó con el reportero. Le confesó su miedo, el de antes y el de ahora, pues por la noche, mientras era la jefa de la Policía Municipal en su insomnio se preguntaba cuándo vendrían por ella. La tensión se hizo insoportable cuando las amenazas incluyeron a su familia, y a su bebé. Entonces resolvió irse.

“La verdad es que nunca esperé que las cosas se pusieran tan feas, quizá fui demasiado ingenua”, dijo a su entrevistador. Ahora sabe que no debió confiar en el imperio de la ley. No en Ciudad Juárez y su gran entorno, al que pertenece el municipio que hoy carece de jefatura policiaca, pues no se ha encontrado una nueva Marisol que acepte el cargo. Quizá el próximo diez de junio, cuando los organizadores de la Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad se reúnan en aquella ciudad mártir, Marisol acepte ofrecer su testimonio, que representaría el de ese gran sector de damnificados por la violencia, los que han tenido que abandonar un País que no les garantiza seguridad.

Vacante en cofetel.

En línea con una abulia que lo ha caracterizado y llega a extremos riesgosos, como los empates en la Suprema Corte, el presidente Calderón ha dejado un puesto vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El lunes concluyó el periodo para el que fue nombrado Rafael del Villar, y el Ejecutivo se fue de viaje sin designar a quien lo reemplace. Es probable que lo haga en las próximas horas. Pero también es posible que, con buena o mala fe (como él dice de sus críticos) mantenga vacante el sillón para que, en caso de que las votaciones se dividan el presidente Mony de Swan ejerza su voto de calidad.

A pesar de que las telecomunicaciones son de primera importancia en la economía y el desarrollo social del País, y de la multitud de litigios que las caracterizan, Calderón ha sido omiso o lento en colmar la vacante que dejó hace cerca de un año Gabriela Hernández. Como si el asunto no fuera relevante, no hay titular de la Subsecretaría de Comunicaciones desde entonces. Ahora parece que será nombrado un responsable, pero la demora en hacerlo podría reproducirse en el caso de la Cofetel.

Del Villar vivió un periodo corto en ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue nombrado comisionado de la Cofetel en mayo de 2006 por el presidente Fox, pero no pudo asumir entonces su cargo porque tanto él como el abogado Gonzalo Martínez Pous, igualmente designado entonces, fueron objetados por el Senado. Frente a ese obstáculo, Fox nombró a dos comisionados más Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca.

Martínez Pous y Del Villar se inconformaron con la objeción senatorial por la vía del amparo, juicio que dos años después de iniciado fue resuelto en su favor. Los comisionados Ruiz Vega y González Abarca quedaron desplazados por mandamiento judicial y sus lugares ocupados por los quejosos triunfantes. Su llegada a la Cofetel fue mal recibida por el presidente del organismo, el ex senador Héctor Osuna, que había tenido la inverecundia de forzar su propio nombramiento en pago del empeño que como presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado hizo a favor de las reformas legales a las que por economía de esfuerzo se llamó Ley Televisa. Es que mientras litigaban su cargo en la Cofetel Del Villar y Martínez Pous fueron subsecretario y director jurídico de la SCT, cuando el secretario era Luis Téllez, el primero en admitir desde el Gobierno que los órganos reguladores habían sido cooptados por los sujetos regulados. De modo que por esa causa, y sobre todo por diferir respecto de los intereses a proteger, Osuna malquería a Téllez y viceversa, al punto de que quizá Osuna ordenó interferir el teléfono del Secretario y lograr con eso ponerlo en evidencia.

(Sin embargo, se acusó a la entonces recién despedida subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro de haberlo hecho y se le abrieron averiguaciones previas. Ha salido avante de procesos resultantes de acusaciones hechas directamente por la SCT, su antigua casa de trabajo, por la sencilla razón de que no sólo no mandó hacer las grabaciones sino que pretendió entregar una copia de ellas al propio Presidente de la República).

Esa animosidad entre Osuna y Téllez quedó clara cuando fueron conocidas expresiones digamos que ingratas del Secretario contra el presidente del órgano regulador, al hacerse pública la grabación de conversaciones telefónicas de Téllez con varios interlocutores, Ese desnudamiento se sumó a otra revelación que hacía poco había trascendido en el programa de Carmen Aristegui: cuando estaba a punto de ser nombrado por Calderón, y mientras descansaba en el Caribe con su familia y amigos, dejó conectado su teléfono a otro que sirvió de grabadora y recogió una entretenida conversación en que Téllez hablaba de los ex presidentes López Portillo y Salinas de Gortari. De este último, el ahora director de la Bolsa Mexicana de Valores dijo, literalmente, que se había robado media partida secreta. Todo eso reunido hizo que su posición fuera insostenible y Calderón lo despidió para dar lugar a Juan Molinar.

Quizá también por la misma razón, Osuna dejó su cargo el año pasado y fue nombrado en su lugar Mony de Swan, asesor estrella de Molinar. Ni el presidente Calderón ni el Secretario de Comunicaciones vacilaron en infringir la ley al designar a De Swan, que incumplía el principal requisito de ingreso al órgano de gobierno de la Cofetel: contar con reconocimiento por su trayectoria en materia de telecomunicaciones. Y aun lo pusieron a la cabeza de la Comisión apenas una semana después de su llegada.

Del Villar y De Swan divergieron en varios momentos, especialmente al acordarse la licitación 21. Del Villar votó en contra del dictamen que adjudicó un buen segmento del espectro radioeléctrico a Nextel (a causa de su original asociación con Televisa) con una minoría de votos. Por ese motivo, y pese al reconocimiento de su calidad como economista en materia de telecomunicaciones, no fue confirmado en su cargo como pudo hacerlo Calderón.

Al parecer, por la información que se desliza desde la casa presidencial, se busca sustituir a Del Villar con Alexis Milmo, coordinador de asesores de la oficina de la Presidencia. Apenas tiene unos meses en el cargo (pues reemplazó a Antonio Vivanco Casamadrid al ser éste designado director de la CFE) y ya se le estaría asignando un nuevo destino. Como es economista, del Itam y de Yale, acaso ignore que debe poseer calificaciones técnicas de las que carece.