Coahuila: hermano Vs compadre.

Además de elegir Gobernador, en Coahuila se decidirá también el próximo domingo la integración de la legislatura local, compuesta por 16 diputados de mayoría y nueve de representación proporcional. En pos del Poder Ejecutivo contienden cuatro candidatos, de los que sólo dos alcanzarán votaciones significativas. Uno de ellos es Guillermo Anaya, sostenido por una peculiar coalición en que participan el PAN y un partido local, Unidad Democrática de Coahuila. Esta organización fue fundada por Evaristo Pérez Arreola, que cuando era comunista fundó el sindicalismo universitario en todo el país y en la UNAM en particular. Retirado después de muchos años de militancia en la izquierda, se radicó en Ciudad Acuña, su lugar de nacimiento, donde ganó la Alcaldía. Ahora dirige el partido su hijo –que en su nombre revela la antigua fe política de su padre- Evaristo Lenin Pérez Rivera.

Anaya ha sido alcalde de Torreón, diputado federal y actualmente senador, con licencia. El principal rasgo de su personalidad política, empero, no es su desempeño en esos cargos, sino el parentesco espiritual que mantiene con el presidente Felipe Calderón, de quien es compadre. Si se atiende al resultado de las encuestas (la de Covarrubias y asociados, por ejemplo) apenas obtendrá el segundo lugar en número de votos, pues las preferencias favorecen, en este mes de junio (como ha ocurrido desde enero) al candidato del PRI, Rubén Moreira. La diferencia es abismal, de tres a uno: elegirían al priísta 65%, mientras que sólo 22% votarán por el panista.

Moreira protagonizará el insólito caso de un hermano que reemplaza a otro en la Gubernatura. Es verdad que actualmente ejerce un interino, Jorge Torres, pero su interregno apenas disimula el hecho de que en 2005 fue elegido gobernador constitucional Humberto Moreira y en 2011 lo será su hermano. Nunca en la historia política de México había ocurrido algo semejante, salvo el caso de los hermanos Cravioto (Rafael, Simón y Francisco), en Hidalgo. Pero eso fue en el porfiriato.

En el siglo corrido desde que terminó ese prolongado ejercicio del poder personal, algunas familias surtieron de gobernadores a sus estados. En el propio Hidalgo, a la dinastía fundada por Javier Rojo Gómez pertenecieron su cuñado José Lugo Guerrero, su hijo Jorge Rojo Lugo y los primos de éste, Adolfo Lugo Verduzco y Humberto Lugo Gil. En Michoacán gobernaron el general Lázaro Cárdenas, su hermano Dámaso, su hijo Cuauhtémoc y su nieto Lázaro; en Guerrero los Rubén Figueroa, padre e hijo. Y en Puebla Maximino y Rafael Ávila Camacho. Eran hermanos, pero entre el gobierno de uno y otro mediaron diez años. Tampoco en el resto de los clanes gobernantes hubo sucesión continua entre parientes.

Para batir a Moreira iban a aliarse el PAN y el PRD, aunque éste iba en condición más de adherente que de aliado, dada su precaria posición electoral. Rota la coalición ya pactada, el candidato perredista Genaro Fuantos apenas alcanza uno por ciento de las preferencias en la encuesta de Covarrubias y asociados. Es el mismo porcentaje de Jesús González Schmall, presentado por Convergencia y el PT.

El duelo entre Moreira y Anaya no ha consistido en el cotejo de personalidades y programas. Cada uno de ellos ha sido expuesto por su adversario (o por su equipo) como indigno de confianza. Ha salido a la luz información relevante sobre las aficiones inmobiliarias del candidato panista, que adquirió en Chihuahua un rancho de agostadero pagando la décima parte de su valor, en una operación realizada por la señora Anaya (y no directamente por su esposo) y en que las vendedoras fueron militantes panistas torreonenses.

Ha sido más copiosa la información sobre manejos financieros irregulares de dos colaboradores del actual presidente nacional del PRI. Vicente Chaires y Javier Villarreal. Uno habría acrecentado su fortuna personal en forma súbita e inexplicable, pues sus cargos oficiales (siempre al lado de Moreira como su gente de mayor confianza) no habrían sido remunerados de tal forma que le permitieran ser propietario o socio de empresas de medios audiovisuales o de bienes raíces.

A última hora, en vísperas electorales, el delegado panista en Coahuila, senador Federico Doring, presentó nuevas acusaciones contra Villarreal, secretario ejecutivo del sistema local de administración tributaria. Este funcionario (que antes fue Secretario de Finanzas) habría colocado deuda pública con base en decretos de autorización legislativa apócrifos o inexistentes. Es el caso de un crédito por dos mil millones de pesos para la Comisión de Aguas y Saneamiento de Coahuila, y el de otro por la mitad de ese monto, mil millones de pesos “con el objeto de destinarlo a programas de inversión y de obra pública”, así en esos vagos términos. Como preámbulo a esos señalamientos, el secretario de Hacienda Ernesto Cordero hizo notar el abrumador endeudamiento del Gobierno del primer Moreira, que asciende a treinta mil millones de pesos.

Villarreal participó también, como testigo de honor, en la firma de contratos entre la Comisión Federal de Electricidad y la Promotora para el desarrollo minero de Coahuila. De los fondos de Prodemin, presuntamente creada para asegurar precios justos a los productores de carbón y seguridad industrial para los trabajadores mineros, el Gobierno de Humberto Moreira habría hecho desaparecer 762 millones de pesos, 472 de los cuales ingresaron a la Promotora entre 2006 y 2010 y el resto, 290, en lo que va de este año.

Complicaciones nayaritas.

El próximo domingo habrá en Nayarit comicios locales, para elegir a un gobernador (o gobernadora), 20 ayuntamientos y 18 diputados de mayoría. Fueron postulados cinco aspirantes a la gubernatura, no obstante lo cual sólo dos participan con verdaderas posibilidades de triunfo. Se trata de la candidata de Acción Nacional, diputada federal (con licencia) Marta Elena García, que figura en encuestas como la publicada por el diario Reforma el jueves pasado con el segundo lugar en preferencias: 33.5 por ciento. Y Roberto Sandoval, candidato del PRI (en coalición con el Verde y el Panal), alcalde de Tepic con licencia, por quien se inclinan 49.6 por ciento de los interrogados.

La diferencia parece suficientemente amplia como para tener tranquilo a Sandoval. Pero el 13 por ciento de los encuestados no dijo cuál era su preferencia y tres por ciento se manifestó indeciso. Reunidas esas categorías suman el 16 por ciento que separa a la aspirante panista del priísta. Por supuesto que no todos los que tienen pendiente resolver su dilema electoral, ni la totalidad de los que rehusaron responder se inclinará el domingo por García. Pero lo cierto es que, si el sondeo sirve como base para un pronóstico, el resultado será mucho más apretado de lo que hoy las cifras indican, y que cualquiera de esos candidatos puede triunfar.

Podría pensarse que por la fuerza del aparato priísta y el apoyo financiero del gobierno estatal Sandoval tiene asegurada la victoria. Pero habría que irse con cuidado ante esa afirmación. El alcalde de Tepic impuso su candidatura contra la voluntad de Ney González, el gobernador saliente, y esa actitud podría reflejarse en las urnas. También podría notarse en esa jornada la renuencia con que los senadores Gerardo Montenegro y René Mejía aceptaron que Sandoval ganara la candidatura a que ambos aspiraron. Ninguno se decidió a irse del PRI formalmente, pero no se percibe que trabajen con ardor y solidaridad partidaria a favor de quien los dejó atrás en la disputa interna.

En cambio, la diputada García llega al momento electoral en circunstancias que pueden serle favorables. Si bien el financiamiento público de Acción Nacional es exiguo, como lo ha sido su presencia electoral, ella misma ha estado en condiciones de recabar apoyos privados que impidieron que su campaña fuera menesterosa. Su marido, el ex gobernador Antonio Echevarría es presidente el poderoso consorcio Alica, y sus contactos con el sector adinerado de Nayarit pudieron ser útiles.

La postulación de García hizo culminar una breve aunque sinuosa carrera pública. Echevarría, su marido, fue miembro del PRI y tesorero de varios gobiernos de esa filiación. Abandonó ese partido en 1999 y apoyado por una vasta coalición ganó la gubernatura. La pareja se aproximó al PAN, uno de los partidos que postularon a Echevarría, pero los dos rompieron ácidamente con él cuando el comité nacional panista –encabezado a la sazón por Luis Felipe Bravo Mena– frenó la pretensión de que Marta Elena sucediera en el gobierno a Antonio, postulada por el PAN. Inspirada en el ejemplo de Marta Sahagún, la señora Echevarría quiso reemplazar a su marido en el palacio de gobierno y el PAN la atajó diciendo que, por “decoro político” no permitiría una sucesión conyugal. La cúpula panista designó entonces directamente a Manuel Pérez Cárdenas, un magnífico funcionario que se convirtió en mal candidato debido al reconcomio de los Echevarria contra el PAN y sólo alcanzó el seis por ciento de los votos en 2005. El PRI recuperó entonces el gobierno del estado.

Fuera del gobierno y alejados del PAN, los Echevarría se aproximaron a Andrés Manuel López Obrador. Seguramente influyeron también otros factores, pero su apoyo contó para que el candidato de la coalición “Por el bien de todos” alcanzara el mayor número de votos en Nayarit, y Felipe Calderón quedara en el extremo opuesto. El acercamiento al PRD valió a García que ese partido la postulara a una diputación federal en 2009. La gestión para enrolarla y para, ya en San Lázaro, hacer que presidiera la Comisión de Equidad de Género, estuvo a cargo de Guadalupe Acosta Naranjo.

Político de medio nivel, que alcanzó aun la presidencia del PRD sólo en razón de su pertenencia a Nueva Izquierda, Acosta Naranjo tiene en su tierra el nivel que le corresponde. Sin embargo, PAN y PRD convinieron en que fuera el candidato de la coalición que formarían. Sin embargo, García se inscribió en el proceso interno perredista para ser precandidata de la alianza que, a la postre, se frustró cuando se vinieron abajo las proyectadas para Coahuila y México. En esa contienda, García superó a Acosta, y el PAN, olvidado de los agravios que le infirió la exitosa diputada federal, y superada la coyuntura que antes la había estorbado (no sucederá en el gobierno a su marido) la hizo su candidata, y cifra en ella la única esperanza real de ganar una gubernatura el 3 de julio.

Acosta se quedó solo. El PT y Convergencia apoyan a otro candidato, Nayar Mayorquín, que ganará pocos votos, arrebatados a los que otro candidato perredista podría obtener. Un partido local de izquierda, el de la Revolución Socialista, postula a Donaciano Robles, con presencia aún menor. Si Acosta ejerciera un mínimo de congruencia y gallardía política, todavía hoy podría abandonar la contienda y pedir a sus seguidores que voten por la candidata del PAN. Al fin y al cabo, con ese partido ha estado a partir un piñón y la candidata fue miembro de la fracción de que fue vicecoordinador.

Santiago Creel.

Para nadie es noticia que el senador Santiago Creel aspira a la Presidencia de la República. Ha mostrado su voluntad de contender por segunda vez en pos del Poder Ejecutivo y constantemente hace acto de presencia en multitud de reuniones partidistas, especialmente las de carácter electoral. En ellas su apoyo suele ser bien recibido por los candidatos a cargos locales de elección. Ese activismo se ha visto recompensado por las respuestas que dan los panistas, militantes, adherentes y simpatizantes, a las encuestas cuyos resultados dio a conocer Creel como parte de su lanzamiento formal.

Se le anticiparon en expresiones como la que asumió el sábado pasado, los secretarios Ernesto Cordero y Alonso Lujambio. Grupos de panistas les manifestaron su apoyo y esa decisión les permitió avanzar levemente en su tardo tránsito hacia la elección interna, en que ninguno de los dos pasa del 8 por ciento de preferencias.

Sin embargo, Creel corría el riesgo de rezagarse o de hacer más lento su paso, en contraste con el crecimiento de las opiniones favorables ganadas por la diputada Josefina Vázquez Mota.

Frente a ese panorama, y antes de que sea explícito el estado de postración que padece su partido (como se verá en las elecciones del próximo domingo, donde si acaso se alza con un triunfo será con una candidata que pertenece a la bancada perredista en San Lázaro), Creel ha colocado una pica en Flandes.

Lo hizo con una declaración y con los datos que lo muestran a la cabeza entre sus compañeros panistas.

Fue notable también que alzaran la voz en su favor panistas notorios. No hay entre ellos ningún gobernador o ex presidente del partido, como en el caso de Cordero; ni una pariente cercana a la primera dama, como lo es la diputada local Mariana Gómez del Campo Zavala.

Pero no puede soslayarse la importancia de algunos de sus apoyantes. Dos de ellos sobresalen en la lista, y legitiman a Creel en una porción significativa del partido.

Se trata de Manuel Clouthier y de Julio Castillo, hijos respectivamente del Maquío (que de este modo se distancia formalmente de su cuñado Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social) y de Carlos Castillo Peraza, que no sólo fue líder nacional panista sino su ideólogo más escuchado después de los fundadores del partido.

Lo acompañan también ex colaboradores suyos en la Secretaría de Gobernación: José Luis Durán Reveles, ex alcalde de Naucalpan, ex candidato al gobierno mexiquense y que fue subsecretario encargado de medios; y Humberto Aguilar, subsecretario de Enlace Político, y compañero de Creel en el Senado de la Eepública.

Lo es también Federico Doring, el polémico denunciante que en combinación con Diego Fernández de Cevallos divulgó videos sobre corrupción en el PRD, para descarrilar la carrera de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente revela en Coahuila la corrupción de personas cercanas a Humberto Moreira, con lo que involucra al presidente nacional del PRI y a su hermano Rubén, pues la denuncia ocurre en el marco del proceso electoral que está por concluir.

Los apoyadores activos de Creel publicaron los resultados de cuatro encuestas hechas en domicilios, en marzo, mayo y junio de este año.

En todas ellas el ex secretario de Gobernación obtiene un alto grado de preferencias por encima del resto de aspirantes.

En sólo una, la realizada el mes pasado por Consulta Mitofsky, Josefina Vázquez Mota se halla cerca de Creel (con 37.4 y 29.1 de las preferencias).

Pero en el resto de los sondeos citados (levantados por Buendía, Laredo, Parametría y GEA-ISA), la diferencia es abrumadora a favor de Creel.

Puesto que el candidato presidencial será elegido en febrero próximo con el voto de los panistas, y si las tendencias continúan como hasta ahora (o mejoran a favor del senador capitalino, una vez hecha explícita su aspiración) puede conjeturarse válidamente que esta vez, a diferencia de 2005, alcanzará la postulación de su partido.

Pero se alza en su camino la oposición del presidente Calderón, con quien ha estado en pugna desde que fueron miembros del gabinete de Vicente Fox.

Su antagonismo se acendró cuando contendieron por la candidatura del PAN hace cinco años, en que Calderón venció a Creel.

En cuanto asumió la Presidencia el actual jefe de la administración federal ordenó el desplazamiento de Creel, que había sido nombrado coordinador del grupo blanquiazul en el Senado por Manuel Espino.

Éste, por cierto, podría sumarse a la postulación de Creel si logra revertir en el Tribunal Federal Electoral la expulsión que lo afecta, tal como consiguieron hacer en estos días Luis Armando Femat Reynoso y Adalberto Madero Quiroga, malquistos por diferentes razones con los mandos del panismo.

De obtener la candidatura presidencial, Creel vencería el sino adverso que ha pesado sobre él en elecciones directas.

No logró la jefatura de Gobierno del DF en 2000 y tampoco la postulación presidencial en 2005.

Y su triunfo interno podría convertirse en una severa derrota, pues como se barrunta por la marcha de la política en general y los aprestos del PRI y del PRD, Acción Nacional quedaría arrinconado en el tercer lugar, con severas repercusiones en la integración del Congreso.

Creel ingresó en la política partidaria por la vía del activismo civil.

Dio entonces muestra de una energía y una visión que se opacaron a su paso por la Secretaría de Gobernación, donde cometió dislates de gran trascendencia que lo colocaron en la orilla opuesta de la que recorrió como ciudadano, y a la que busca volver.

IFE, órgano regulador tomado.

El PRI y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión han convertido ya el Instituto Federal Electoral en un caso más de órgano regulador tomado por sujetos regulados. Lo mostraron sin embozo el jueves pasado y es de temerse que confirmen esa situación en la reunión del Consejo General que se efectuará hoy.

El PRI y la CIRT tienen objetivos en común, lo que los conduce a una estrategia también afín, para anular la independencia del IFE. Han emplazado sus piezas del modo más conveniente para su objetivo. El viernes subrayamos que los representantes del PRI y su sucursal verde en un comité clave son diputados miembros de la telebancada (como se llama a la fracción de las televisoras en las cámaras de diputados y de senadores) Andrés Massieu y Carlos Esteva. El PRI y la CIRT cuentan con el inequívoco apoyo y refuerzo de dos consejeros, Francisco Xavier Guerrero y Marco Antonio Baños. A sus votos se suma, cuando la ocasión lo demanda el de Macarita Elizondo.

Había que ver, oír o leer la reacción del consejero Guerrero, presidente del Comité de Radio y Televisión ante acuerdos que privilegian no a las televisoras sino a la competencia democrática, asumidos por mayoría de dos en ese grupo de trabajo. Los consejeros Alfredo Figueroa y Benito Nacif sacaron adelante una enmienda al reglamento de radio y televisión, que se discutirá hoy en el Consejo General. Se trata de acortar los plazos en que el IFE haga llegar a los concesionarios de radio y televisión los mensajes de los partidos durante la campaña electoral. Si se establece un término más breve –de 48 horas en vez de diez días conforme a la regla vigente– el debate entre partidos hará más viva la campaña, pues los participantes en las elecciones podrán reaccionar en corto plazo frente a propuestas o invectivas que sus antagonistas planteen. Ahora es imposible el diálogo a través de spots, pues cuando aparezca la reacción de un partido frente a otro habrá transcurrido tanto tiempo que la respuesta o contrapropuesta puede ya carecer de sentido.

La medida incomoda a la Cámara de la Industria de Radio y Televisión por varios motivos. No acaba de asimilar el papel del IFE como administrador de los tiempos del Estado en torno a las elecciones, y busca que aparezca como una intromisión en negocios privados y no como lo que es, el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de un órgano que, a diferencia de la Secretaría de Gobernación (administrador de ese tiempo fuera de las épocas electorales) se propone que la ley sea acatada. Por lo tanto, pretende que las normas del órgano regulador se sujeten a los requerimientos del sujeto regulado.

Guerrero asumió el papel de parte agraviada cuando sus compañeros Figueroa y Nacif formaron la mayoría para acordar la modificación al reglamento que deberá ser sometida hoy al Consejero General. Eso ocurrió al cabo de la sesión donde el comité de radio y televisión tomó sus acuerdos, en la madrugada del jueves. En ese caso la pinza del PRI y la CIRT no pudo apretar a los consejeros al punto de hacerlos mudar su parecer.

Horas después, en la sesión del Consejo General que entre otros temas se ocupó del proyecto de reglamento del derecho de replica, la pinza fue eficaz. Expresó el punto de vista del partido tricolor, en el colmo de la inverecundia (es decir, de la desvergüenza) el diputado Sebastián Lerdo de Tejada. Reproduciendo el argumento de la CIRT, señaló al IFE como invasor de esferas normativas ajenas, la del Congreso en particular. ¡Lo hizo un miembro de la Cámara de Diputados, cuya omisión ha sido la causa de que el IFE busque caminos alternativos, sujetos a la ley, para suplir la falta de cumplimiento de los legisladores a su obligación de regular en una ley el derecho de réplica

Por supuesto que los consejeros son libres de opinar y votar como mejor les parezca. Pero en el cumplimiento de sus responsabilidades deben dar prioridad al interés general sobre los intereses particulares, especialmente los de las televisoras. Los votos de Guerrero, Baños y Elizondo se orientan en sentido contrario. Sus argumentos coinciden –lo que es un modo benévolo de decirlo, porque podría conjeturarse que simplemente los repiten) con los de la CIRT y el PRI. Hoy volverán a privilegiar el interés político y pecuniario de los sujetos regulados en vez de favorecer la disputa política.

Tal vez la discusión de hoy se empate pues habrá tres votos en contra de enmendar el reglamento y probablemente tres (los de Figueroa y Nacif, y acaso el del presidente Leonardo Valdez).y por lo tanto la reforma quedará aplazada para nunca. La pinza apretará al IFE hasta paralizarlo.

El contubernio del PRI y la CIRT se expresa de varias otras maneras. No es casual que presida esa cámara Tristán Canales, que desempeñó cargos políticos y administrativos de alto relieve antes de ser vicepresidente de TV Azteca. Fue subsecretario de Gobernación bajo Patrocinio González Blanco Garrido, tío de Arely y Leopoldo Gómez, a quienes extiende la amistad política que lo une con su autoritario pariente. No obstante contar ya con Elizondo, Baños y Guerrero la dupla PRI-CIRT quiere afianza su mayoría y por eso se empeña en contar con dos consejeros más, Arely Gómez misma una de los dos. Ella se tiñó apenas de cierto tinte profesional en materia electoral cuando tuvo un paso opaco en la fiscalía de delitos electorales de la PGR. Pero no es su tenue experiencia, sino su parentesco con el vicepresidente de información de Televisa la que la llevará al IFE.

Cara a cara, las víctimas y el poder.

Algo cambió en la relación de gobernantes y gobernados el jueves 23 de junio, en el castillo de Chapultepec. Por primera vez en la historia estuvieron frente a frente, cara a cara, las víctimas y el poder. Un sistema político entre cuyos rasgos cuenta el desdén del Gobierno a los ciudadanos experimentó una mudanza cuyos alcances están todavía por definirse. Porque la reunión en la antigua residencia presidencial fue, al mismo tiempo, culminación y comienzo, logro y expectativa, exposición de agravios y avistamiento de remedios.

Javier Sicilia no logró que el presidente Calderón pidiera perdón a la nación como le demandó hacer. Calderón se parapetó en circunloquios para no ceder en ese momento central del diálogo con el Movimiento por la paz con justicia y dignidad. Reconoció la necesidad de hacerlo, pero en vez de dar el paso éticamente obligado: hacer lo que admitía como necesario y expresarlo sin ambages, aprovechó el requerimiento de Sicilia para reiterar su terco aferramiento a una estrategia probadamente fallida. En un desliz verbal aceptó sin querer su renuencia a pedir perdón: al contestar el reproche sobre la impertinencia de un desfile militar en Ciudad Juárez, a fines de mayo: “Lejos de mí intención el ofenderlos y ahí sí les pido, si es una ofensa para ustedes, me perdonen”. Ahí sí. En el planteamiento de fondo no.

El encuentro del jueves es el primero de los que el Movimiento por la paz sostendrá con los poderes de la Unión. Esa movilización ciudadana se propuso dialogar con el Estado, y está consiguiéndolo. Después de la cita con el Ejecutivo, se cumplirá la que el Congreso, a través de la Comisión Permanente, se ha mostrado abierta a establecer.

Y, aludido con severidad por las dos partes en el Castillo, la Suprema Corte venció sus últimas reticencias y anunció su disposición a recibir a las víctimas y a quienes han logrado hacerlas visibles y audibles. Tan torcido y atrasado es nuestro pacto entre poderes y ciudadanos que tenemos que festejar como un logro lo que debiera ser un uso normal, una costumbre establecida.

Pero lo festejamos, por su excepcionalidad.

Entre muchos rasgos que confirieron importancia al diálogo del jueves, el protagonismo de las víctimas y de los deudos es uno de los principales. Como ocurrió desde que Javier Sicilia se plantó en el centro de Cuernavaca a comienzos de abril, poco después del asesinato de su hijo Juan Francisco, y después a lo largo de sus caminatas y caravanas, su dolor, su indignación, su protesta han servido de imanes para atraer la exposición de tragedias semejantes a la suya. O peores, si cabe la gradación, porque el reclamo del poeta por el sacrificio de su hijo fue escuchado y presumiblemente se encamina hacia su desenlace judicial, el proceso y sentencia de quienes ultimaron a Juan Francisco. Pero en el resto de los casos la desatención, a menudo agresiva, la sordera de las autoridades han dado pábulo a la impunidad, han añadido ofensa al agravio.

Durante las tres horas del diálogo, veinte representantes del pesar y la impotencia expusieron sus propios casos y los de otros muchos que conocen o cuya representación se les ha confiado. En la narración de asesinatos y desapariciones invariablemente se incluía una denuncia por el desdén y la indiferencia de las autoridades a que los familiares de las víctimas acudieron. Además de relatar el caso de su hija Paloma, muerta en la ciudad de Chihuahua sin que en nueve años se haya hecho justicia, Norma Ledesma reprochó directamente a Calderón no haber recibido a Marisela Escobedo, que le solicitó audiencia directamente y en vez de recibir atención gubernamental fue asesinada en diciembre pasado mientras demandaba castigo para el asesino de su hija. La denuncia comprendió también a la Policía Federal, que recibió de Marisela Escobedo información para detener a quien mató a su hija, refugiado con ‘Los Zetas’ en Zacatecas. Esa corporación, ejemplar según Calderón, compuesta por héroes según su jefe Genaro García Luna, “protegió y sigue protegiendo” al asesino de Marisol Rubí Frayre.

Es de suponerse, si no está Calderón tan alejado de la realidad porque se le hurta esa información, que el Presidente tenía alguna noticia de los casos que escuchaba, porque los más de ellos fueron conocidos cuando sus relatores se incorporaron a la Caravana del consuelo, que recorrió tres mil kilómetros de Cuernavaca a Ciudad Juárez. Pero, sabedor de ellas o no, Calderón escuchó de modo directo esas cuitas profundas, que estremecen o desgarran. E invariablemente oyó también la imputación a la insensibilidad de funcionarios, los que él tiene a sus órdenes u otros: Araceli Rodríguez, madre de un agente de la Policía Federal desaparecido con otros compañeros en Michoacán, en un caso que la propia corporación quiso ocultar y rehúsa investigar, increpó a García Luna por facilitar equipo e instalaciones de su Secretaría para grabar una serie de televisión en vez de dedicarlos a la localización de su hijos y otros ofendidos, o la de sus verdugos.

Tras ese reproche cobró mayor fuerza su cuestionamiento a la estrategia contra la delincuencia organizada: “No es ético, no es justo, no es cristiano -dijo a Calderón, bautizado católico, practicante de esa fe- derramar tanta sangre, sembrar tanta desolación en el País y dejar intactos a los principales beneficiarios de la industria del narcotráfico”.

(Desde el Gobierno se insiste en la eficacia de la estrategia porque se detiene a jefes de banda buscados desde hace tiempo. El ejemplo más a la mano es el de José de Jesús, ‘El Chango’, Méndez, uno de los fundadores de ‘La Familia Michoacana’. Tras su captura Alejandro Poiré, vocero del Gobierno en materia de seguridad, y Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal, se ufanaron de la contundencia del golpe. Mencionaron desde desmantelamiento hasta destrucción de aquella peculiar banda. Prefirieron ignorar que, de ser verdadera su aseveración, la captura de ‘El Chango’ podría ser inocua en el fondo, porque el vacío que ya ahora deja ‘La Familia’ está siendo colmado por ‘Los Caballeros Templarios’).

En sus turnos, Javier Sicilia, alma y motor de esta movilización, fue de la denuncia severa, el cuestionamiento, sin ambages hasta un gesto de ternura, acaso incomprensible y hasta chocante a quienes se hallen lejanos de la religiosidad popular. Entregó a Calderón un escapulario y un rosario que le habían sido obsequiados o confiados para hacerlos llegar al Presidente. Son, ciertamente, objetos ajenos a la doctrina de la fe católica, más amuletos vinculados a la superstición que adminículos para la liturgia. Pero antes de ese acercamiento personal, antecedente de un abrazo que no llegó a consumarse, Sicilia había hecho admoniciones severas a Calderón:

“El problema es que usted presume que los malos están afuera y que los buenos están adentro. El problema es que usted se lanzó a la guerra con instituciones podridas, con instrumentos que no dan seguridad a la nación, con instituciones con altos grados de impunidad”.

Le dijo también que está “obligado a reconocer que la estrategia ha sido contraproducente. Miles de muertos, putrefacción de instituciones, fortalecimiento de cárteles, tal como lo dijo Obama cuando habló de su frustración. Señor Presidente: “¿Dónde están las ganancias de la estrategia? No hay un solo indicador que nos hable de la ruta correcta”. Y lo encajonó al preguntarle si “le cuesta trabajo reconocer que no se ha hecho nada o casi nada para desmontar la estructura de protección con la que cuentan los criminales? ¿Tiene algo que decir sobre la corrupción y el encubrimiento de funcionarios?”.

Calderón no tuvo respuesta a esos interrogantes. Su ánimo fue también de un extremo a otro. Se sintió compelido de abrazar a María Elena Herrera, madre de cuatro desaparecidos a los que nadie busca. Pero también manoteó en defensa de su estrategia. En ese punto se mostró como siempre inamovible.

Habrá que hacerlo moverse. Sicilia hizo propuestas concretas, y orilló a Calderón a aceptar una nueva reunión dentro de tres meses, con una comisión de seguimiento entretanto. El Movimiento por la paz con justicia y dignidad llegó a un punto alto de su misión. Pero está lejos de haberla concluido. Tiene que continuarla. Para ello requiere la tenacidad y constancia de que ya dio muestra, y del acompañamiento de todos los que creen en los valores que lleva su nombre.

La CIRT contra el IFE.

La Cámara de la Industria de Radio y Televisión vivió épocas doradas en su relación con el gobierno federal. En su seno se incubó la ley federal sobre la materia, que contrahecha y rengueante, está todavía en vigor. La CIRT tenía capacidad para imponer medidas, o para contener las que consideraba lesivas para los intereses de sus agremiados, aunque convinieran al interés nacional, en nombre del cual ahora se permiten cuestionar al Instituto Federal Electoral.

Aun bajo gobiernos en extremo autoritarios como el encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, la CIRT pudo negociar en su provecho la fijación de un gravamen que afectaría a las empresas concesionarias de un servicio público, que es el caso de sus afiliadas. Logró que la rudeza presidencial trocara el cobro en efectivo de ese impuesto por un pago en especie, es decir tiempo al aire, que nunca se aplicó a cabalidad. De esa negociación resultó el tiempo del Estado, una franja de que las autoridades pudieron disponer para la emisión de sus mensajes.

La omnipresente CIRT consiguió, después de tres décadas de precario funcionamiento de esa modalidad de difusión estatal, que la señora Marta Sahagún persuadiera a su fácilmente influible cónyuge de reducir ese tiempo del Estado. Pero algo permaneció, y ya en este sexenio, al lograrse la reforma constitucional en materia electoral, con la aquiescencia de los partidos de mayor participación electoral, el Estado confirió un uso nuevo y socialmente útil a esa franja del tiempo de los medios electrónicos, que funcionan mediante concesión federal y están obligados a ceder esa porción de su tiempo de transmisiones. No se trata de un robo a particulares como lo ha considerado el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas, sino del cumplimiento de una obligación fiscal, que si se cubriera en efectivo implicaría un alto ingreso al erario y un monto importante en las cuentas de los concesionarios, de cuyo pago se libran.

La reforma de 2007 estableció un nuevo sistema de radiodifusión en materia electoral. Sacó del comercio en los medios electrónicos la propaganda emitida por partidos (y cualquier persona, para evitar las simulaciones) y convirtió al Instituto Federal Electoral en el órgano administrador del tiempo del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Ahora la propaganda de los partidos en radio y televisión es cursada por el IFE a las empresas concesionarias, a cuya cámara esa modificación resultó repudiable. Por eso desde el comienzo de su aplicación el año pasado no ha dejado de oponerse a sus normas, alegando toda suerte de pretextos y aplicando una variedad de argucias. El IFE ha procurador ceñir a los concesionarios a las normas legales, pero debe primero combatir la obediencia a la CIRT de algunos consejeros y representantes de partidos en su Consejo General. Por eso a menudo las sanciones al incumplimiento de las normas legales han quedado anuladas, en el propio IFE. Y cuando avanzan, allí está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para remediar el daño.

Ahora la CIRT desarrolla una doble estrategia contra la autoridad electoral, centrada específicamente en su comité de radio y televisión. Por un lado, esa cámara ha obtenido o reforzado su representación en dicho comité. Lo hace a través de los partidos que le son afines, pero con personas estrechamente vinculadas a ella. El nuevo representante del Partido verde, es el diputado federal Carlos Esteva, que fue director jurídico de la Cámara hace diez años y consejero de la misma desde entonces (hasta 2009 en que ingresó a San Lázaro). Es más acusado el vínculo entre la CIRT y Andrés Massieu, diputado también que ahora representa al PRI. Fue el principal funcionario ejecutivo de la CIRT entre 2006 y 2009. Su llegada al comité encierra un significado profundo, pues su talante funcional e ideológico es enteramente opuesto al de Carlos Ortiz Tejeda, a quien Beatriz Paredes encargó representar al PRI y le dio amplia libertad de acción (o Carlos se la tomó), de tal modo que su criterio propio, el de hacer respetar la ley a los concesionarios rigió la presencia tricolor en el comité respectivo. Su amigo y paisano Humberto Moreira lo nombró presidente de la Comisión Nacional de Ideología, pero no llenó su hueco en el IFE con alguien que prolongara su presencia sino a quien la borrará inmediatamente.

La estrategia de la cámara se completa con la difusión de mentiras e inexactitudes sobre la coyuntura actual del IFE, caracterizada por la urgencia de emitir nuevas normas o reformar las existentes. Antes de que se inicie, la semana venidera, la veda de legislar en materia electoral (90 días antes del comienzo del proceso electoral, que se abre con octubre próximo, el IFE necesita armar el aparato reglamentario que aplicará durante ese proceso. “La modificación de los distintos reglamentos –explicó el IFE el domingo pasado– permitirá que el proceso electoral ocurra en un marco de mayor certeza y claridad para todos los actores políticos y los sujetos regulados”. En respuesta, esos “sujetos regulados” dijeron ayer que “el IFE se apresta a censurar a toda la radio y TV mexicana”. Lo hará, asegura la CIRT, “usurpando facultades del Congreso”.

Se refiere al derecho de réplica. El IFE se limitará a suplir una omisión del Congreso, no a usurpar sus funciones, para que el IFE pueda cumplir las suyas, conforme a disposición expresa del tribunal electoral. El Consejo General del Instituto sesionará el próximo lunes. Entonces seguiremos con este asunto.

No a un periodo extra.

La Comisión Permanente del Congreso no convocó al periodo de sesiones extraordinarias demandado por el Presidente Calderón la semana pasada. La pretensión del Ejecutivo era incumplible, salvo que hubiera pactado su realización con el PRI. Ya el miércoles anterior, cuando la Permanente no calificó la solicitud presidencial de urgente y obvia resolución para votarla ese mismo día, se esbozó una respuesta negativa. La oposición entera dio entonces una respuesta afirmativa, pero no dijo cuándo podrían realizarse las sesiones requeridas por Calderón.

Al remitirlo a comisiones, la Permanente hizo de dicho periodo algo impracticable. Aun si se hubiera convocado ayer, sin que estén listos los dictámenes relativos a los más importantes asuntos planteados por el Ejecutivo, la fecha de reuniones de las Cámaras habría tenido que situarse no para la semana próxima, antes de las elecciones locales en Coahuila, Hidalgo, México y Nayarit. El fragor de las campañas en los próximos días haría imposible una reunión legislativa de cualquier tipo. Y no se diga en los días de veda, los que corren del jueves 30 de junio a la jornada electoral: todo debate que se entablara entonces estaría infectado por la propaganda que ya no se puede realizar en cada una de esas entidades.

En esas condiciones puede darse por muerta, al menos en lo inmediato, la reforma política aprobada en el Senado y que la Cámara ya no alcanzó a discutir y menos a aprobar, salvo el improbable caso de que una cámara dominada por el peñismo se allanara acríticamente a la otra, controlada por el beltronismo. Al comenzar julio se inicia el periodo de veda para cualquier reforma legislativa en materia electoral que se pretenda esté en vigor con miras a la elección federal del año próximo. Las candidaturas independientes, por poner el ejemplo que más de bulto importa al sector participante de la sociedad, no serán posibles el año próximo.

La negativa del PRI a aceptar el pedido del Presidente fue ya explícita. La emitió primero Francisco Rojas, líder de los diputados, y la refrendó en la víspera de la sesión de la Permanente el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones. Es una de las raras ocasiones en que coinciden. Precisamente una de las varias causas por las que el periodo ordinario concluido en abril tuvo un final anticlimático, es el desacuerdo persistente entre ambos coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI. Los disensos entre ambos generan conductas que parecen propias de fracciones opuestas. Por ejemplo, el proyecto de reforma hacendaria, concebido e impulsado por Beltrones, naufragó rumbo a San Lázaro, donde los diputados priístas le hicieron el feo. En sentido contrario, el Senado envió el proyecto, ya incorporado a una minuta, sobre la reforma política, en la víspera de la clausura del periodo de sesiones ordinarias. Con ello se buscó que posiciones de Peña Nieto como la contrareforma demandada por el gobernador mexiquense para sobreponer la gobernabilidad de la Cámara de Diputados a la pluralidad de la representación no pudieran ser incorporadas al texto discutido en el Senado.

La reforma laboral, que importa al gobierno tanto como al PRI en San Lázaro, al grado de que ya había un acuerdo para aprobarla de prisa en abril, tampoco será posible antes de septiembre, y ya se verá si muda esa condición en el penúltimo periodo de sesiones de la actual legislatura. La comisión dictaminadora que se apresuraba a emitir su dictamen se vio súbitamente frenada por diversos factores. Por lo tanto, cesó sus trabajos y los condicionó a una consulta que ampliara los horizontes de la nueva ley laboral. Hasta se fijó fecha entonces, mediados de mayo. Pero el término se agotó y ahora la propia comisión ha citado a sus miembros para la primera semana de agosto. Si emitiera una semana después su dictamen, sería oneroso, innecesario y aun ridículo citar a sesiones extraordinarias en la segunda quincena del último mes del receso, cuando esté en puerta el periodo ordinario.

No habrá, pues, periodo que interrumpa el descanso de los legisladores. Y que no lo haya no será responsabilidad exclusiva de los miembros del Congreso.

Calderón fue instado a dar una seña de que su prisa por reformar leyes y aun la Constitución se extiende a todo el proceso legislativo, cuya fase última le concierne. El diputado Sebastián Lerdo de Tejada le pidió publicar 25 decretos sobre reformas ya cursadas por el poder legislativo que el Presidente mantiene sobre su escritorio o guardadas en un cajón. El Ejecutivo no acusó recibo de esa solicitud y por lo tanto no procesó la aparición en el Diario Oficial de ninguno de esos decretos, y menos propició una edición especial en que diera salida a todos de una sola vez.

De esa manera se comprobó que Calderón no buscaba un periodo extraordinario, solicitado en un momento político poco pertinente y sobre materias inabordables con prisa, sino la negativa del Congreso. Con ello el Presidente podría ostentarse ante la opinión pública como el poder dispuesto a las reformas que choca contra el legislativo que rehúsa acompañarlo en ese empeño.

Generar esa imagen de víctima de la negligencia legislativa fue rentable para Vicente Fox, no obstante que se documentó en su momento la sostenida colaboración que sus opositores le brindaron en las cámaras. Algo semejante espera Calderón, que de ese modo ocultaría sus propias abulias y escondería en qué medida sus notorias intemperancias dificultan los acuerdos que llevarían a reformas.

Acapulco: tirar el agua, la tina y el niño.

Un año después de su nombramiento como secretaria de Turismo, Gloria Guevara lanzó una iniciativa que el miércoles pasado debía llegar a un punto culminante. Se debería entonces escoger una nueva sede para el tianguis turístico mexicano. Esta acción comercial dejaría de realizarse en Acapulco, donde se efectuó durante 36 años, para hacerse itinerante.

El golpe que eso significaba para “el paraíso del Pacífico” fue recibido, como es comprensible, con gran disgusto por las autoridades de Guerrero y las municipales más directamente afectadas. Se trató, además, de un golpe artero, anunciado precisamente en el momento del relevo gubernamental en el Estado. Acaso se calculó que la confusión que suele generar un cambio de gobierno, agregada a la rivalidad del gobernador Ángel Aguirre y el alcalde Manuel Añorve –vencedor y vencido en la contienda por la gubernatura– contribuirían a que la decisión fuera ciertamente no asimilada con júbilo, pero admitida con mero alzamiento de hombros.

Pero no fue así. Tanto Aguirre como Añorve, y los prestadores de servicios en el puerto y playas aledañas, protestaron por la decisión de la secretaria de Turismo, bisoña en materia política, pues hasta marzo de 2010, cuando asumió su responsabilidad pública, era ejecutiva principal de Sabre Travel Network, la agencia de reservaciones más solicitada en México, que maneja 7 de cada 10 de esas operaciones en nuestro país.

El presidente municipal de Acapulco no se contentó con sólo expresar su inconformidad y disgusto. Amén de proferir juicios agrios acerca del gobierno federal panista tuvo el acierto de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviniera en el asunto. Inició una controversia constitucional, un recurso que asiste a los municipios contra medidas del gobierno federal y consiguió no sólo que el tribunal mayor aceptara aplicar ese medio de control constitucional, sino mucho más: el tres de junio la ministra Olga Sánchez Cordero otorgó al ayuntamiento acapulqueño, conforme a su pedido, la suspensión provisional en tanto se resuelve la cuestión de fondo. De ese modo, fue imposible cumplir la convocatoria lanzada por la secretaría de Turismo. Según esa convocatoria, el 15 de junio se anunciaría el próximo destino del Tianguis, de entre los 18 gobiernos estatales que solicitaron la sede. Se quedaron a la espera de la decisión, pues Acapulco seguirá siendo asiento de ese mercado, este año y quizá el próximo, si es que para entonces no se ha resuelto la controversia.

Demasiado tarde, por hallarse frente a un hecho consumado, 19 gobiernos organizados por Turismo para ese efecto publicaron el viernes pasado un mensaje en que manifiestan su incomodidad por la admisión de la controversia y el que conlleve la suspensión. Demandaron del máximo tribunal una pronta resolución de fondo. Sería extraño que su llamado surtiera efectos. La Corte suele invocar al tiempo para que acuda en su auxilio, y es parsimoniosa en el abordamiento de casos peliagudos. Tiene, además, una carga de trabajo abundante que la fuerza a resolver los litigios conforme a prioridades en que cuenta el turno de ingreso del expediente al tribunal. No parece que la iniciativa de la secretaria Guevara pueda consumarse en breve lapso.

Dos clases de argumentos, a cuál más falaz, se han esgrimido para privar a Acapulco de un acontecimiento mercantil que es, después de 36 años de realización anual, parte de su fisonomía. Uno de ellos no suele decirse en voz alta, porque expresarlo significa para el gobierno federal pegarse un balazo en el pie, es decir autoagredirse o por lo menos autocriticarse. Se trata de la inseguridad prevaleciente en el puerto, que se manifiesta en multitud de asesinatos, los más de ellos consumados con extrema crueldad, que causan pavor en algunas porciones de la población acapulqueña pero a otra, y a un buen número de visitantes, los tiene sin cuidado, para bien y para mal. Es cierto que los visitantes de la pasada Semana Santa fueron sobre todo mexicanos, pero los niveles de ocupación resultaron entonces satisfactorios. Se castigaría de ese modo la incapacidad local de garantizar la seguridad de los visitantes, como si fuera dable ofrecerla en otros lugares del país.

Los motivos que se aducen en público no son justificación suficiente. Se dice que otros “destinos” turísticos –como se les llama con ánimo metafísico– merecen la promoción que año con año recibe Acapulco, que ha gozado de ese privilegio por demasiado tiempo. Y que el tianguis languidecía en ese puerto. El diario Reforma publicó información que puede apuntalar esa decisión, pues el mercado acapulqueño declinó entre 2008 y 2010 de manera evidente. En el primero de esos dos años acudieron 1,183 compradores y sólo 850 el año pasado. Y de 30 países la cifra se redujo a 18 entre un año y otro. Pero habría que considerar qué repercusión tuvo en ese efecto la crisis económica mundial, que hizo decaer la actividad turística por doquiera.

Aun si fueran ciertas las razones de una y otra clase, al despojar a Acapulco de una situación que lo beneficia (sin perjuicio del turismo en general), la actitud de la secretaría de Turismo se asemeja a la estolidez de quien después de bañar a un niño y ver el agua sucia, derrama el líquido, arroja la tina y tira el niño mismo. Acapulco necesita mejores servicios en todos los órdenes, sobre todo en cuanto a la seguridad. Hasta ahora no basta el patrullaje militar en las calles. Se precisan acciones eficaces.

Pablo González Casanova.

El Consejo Universitario de la UNAM otorgó el doctorado honoris causa al doctor Pablo González Casanova. Si algún defecto tiene la distinción es su tardanza. Es verdad que la institución le confirió simultáneamente, en un acto singular, el emeritazgo como profesor y como investigador, en 1984.

Pero el que ahora reciba, cuando se cierren los festejos por el centenario de la UNAM, la mayor distinción que ésta puede acordar, corona una vida entera dedicada a la enseñanza, la investigación, la administración universitaria y, por encima de todo, a la reflexión crítica.

Don Pablo cumplió 89 años el 11 de febrero pasado. Nació en Toluca, hijo de Pablo González Casanova, un lingüista sobresaliente, de la generación de quienes, amén de rendir homenaje a las culturas prehispánicas, ponderaron el valor de los pueblos indígenas del presente, su habla y su cultura.

Formado como historiador en la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México, González Casanova se convirtió a la sociología durante sus estudios de doctorado en la Universidad de París, donde al mediar el siglo pasado, vivió una época pródiga en el debate intelectual, cuya animación ha sido un rasgo eminente de su labor académica y política.

Director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en 1957, un lustro después de fundada esa institución, la renovó por entero.

Los ocho años en que la dirigió don Pablo fueron definitorios del rumbo que cursaría ese plantel.

Promovió un plan de estudios en que a partir de un tronco común de dos años, basado en las teorías económica, política y social (y su respectivo desenvolvimiento histórico) los estudiantes cursaban sus especialidades: ciencias políticas y administración pública, diplomacia (más tarde relaciones internacionales), periodismo y sociología.

Impulsó a no pocos profesores a prepararse en el extranjero y los incorporó a la planta docente de la escuela, como había hecho con quienes se formaron fuera de México antes de que él dirigiera la facultad. Contribuyó centralmente a instaurar un clima de discusión racional que propició el respeto a las diversas posiciones, en años en que debido entre otras causas a la Revolución Cubana, la vida pública y la académica tendieron a la polarización.

Sus inmediatos sucesores, Enrique González Pedrero y Víctor Flores Olea consolidaron las iniciativas que don Pablo desplegó.

Profesor él mismo, sus cursos de sociología de México culminaron al publicar, apenas concluida su gestión como director, “La democracia en México”, obra señera si las hay, que marca el nacimiento de la sociología política mexicana.

Fue el primer estudio sistemático sobre la estructura del poder, basado en la investigación empírica y animado por una teoría crítica. En él figuran aportaciones como la del colonialismo interno, sin la cual no se explica el funcionamiento del sistema mexicano.

Consolidado su prestigio como sociólogo, fue a partir de 1966 director del Instituto de Investigaciones Sociales.

Al terminar el rectorado de Javier Barros Sierra, González Casanova fue elegido para sucederlo.

Aunque no concluyó su cuatrienio, en el breve lapso que la dirigió la Universidad quedó marcada por dos instituciones que respondían a la necesidad de modernizar la enseñanza y de no excluir de la educación superior a quienes ya no podían ser incorporados a sus beneficios por la propia UNAM y el resto del sistema universitario público.

Fueron creados el Colegio de Ciencias y Humanidades, cuya enseñanza del bachillerato amplió las posibilidades de la ya entonces centenaria Escuela Nacional Preparatoria; y el Sistema de Universidad Abierta, conforme al modelo de formación a distancia que estaba ya en vigor en otros países en que se respetaba el acceso a la Universidad como un derecho humano.

Una conjunción de factores externos e internos generaron a lo largo de 1972 un clima hostil contra la universidad, concretado en la agresión perpetrada por dos delincuentes (Mario Falcón y Miguel Castro Bustos) que con ostensible apoyo político externo invadieron la torre de la Rectoría, en espera de que su principal ocupante llamara al Gobierno federal a resolver el problema creado por el propio Gobierno federal.

Don Pablo rehusó hacerlo y continuó rigiendo a la Universidad sobre la base de que la sede del rector es sólo un espacio hueco sin la presencia de su titular.

Por añadidura, se consumaron entonces empeños del personal académico y administrativo que reclamaron con una huelga la firma de un contrato colectivo de trabajo y el reconocimiento de sus organizaciones sindicales.

La ley no lo permitía entonces y don Pablo propuso, con el aval del Consejo Universitario, una solución académica, no laboral, a la representación de los trabajadores, que éstos rechazaron.

En noviembre de aquel infausto año don Pablo renunció a su cargo, dimisión que le fue aceptada un mes después.

A diferencia de otros rectores que renunciaron a partir de conflictos y abandonaron la Universidad, don Pablo siguió presente en ella.

Al mismo tiempo, en las dos décadas recientes, amén de una sostenida reflexión teórica, ha tomado posición ante fenómenos que reclaman la práctica de una democracia universal no excluyente, especialmente respecto de los pueblos indios y el zapatismo armado que les dio voz.

Estudioso de la sociología de la explotación, no renuncia a la búsqueda de la justicia social y de un nuevo paradigma teórico. En ese doble ámbito, es la suya la voz más autorizada. Así lo reconoce su casa.

Prensa en los tribunales.

Abundan los litigios civiles por presuntas lesiones a una imagen, a una reputación, al honor. Los más de ellos son promovidos, paradójicamente, por personas en cuyo patrimonio no pesa particularmente su buen crédito público. El gobernador Mario Marín se dio el lujo de demandar por daño moral al periodista Jorge Meléndez. Otras veces se reclama de periodistas como Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo rectificar informaciones verídicas que los afectados juzgan causantes de perjuicio. Está en la Suprema Corte, en espera de que se le aplique la sabia definición de que los funcionarios están sujetos al escrutinio público en mayor medida que las personas privadas, el caso de la Sosa Nostra, litigio que ha durado ya seis años.

También en el máximo tribunal aguarda ser abordado el conflicto legal entre el diario La Jornada y la revista mensual Letras Libres. Me parece de especial relieve este caso por su excepcionalidad. El uso, y el abuso de los instrumentos legales para defender el buen nombre de las personas proviene de ámbitos ajenos al periodismo, y ha dado lugar a una forma extrema de limitación a las libertades de información y de expresión, que es el acoso judicial. Pero cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.

La pieza de acusación es un artículo de Fernando García Ramírez, a la sazón subdirector de Letras libres, la revista dirigida por Enrique Krauze, en marzo de 2004. El texto partía de un diferendo entre La Jornada y el famoso juez español Baltasar Garzón, que enero anterior había viajado a México para una diligencia en el proceso de extradición a que estaban sujetas varias personas señaladas como integrantes de ETA, el grupo terrorista (no hay posibilidad de eludir esa calificación) que por décadas ha tratado de conseguir mediante la violencia lo que militantes vascos por la democracia han conseguido por la vía electoral, la vía pacífica. Ante informaciones aparecidas sobre ese momento procesal en La Jornada, incluida la presencia aquí del combatiente juzgador, Garzón lamentó la “manipulación informativa” que conducía a presentar “como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista que tantas muertes ha causado y que tanto dolor ha llevado y lleva a muchos hogares españoles y de otras nacionalidades”.

Años atrás, Fernando Savater había denunciado un reportaje sobre ETA, aparecido en ese diario diciendo que “es difícil encontrar una celebración más partidista y mendaz de un País Vasco afortunadamente imaginario” como el contenido de esa pieza periodística. Naturalmente, La Jornada publicó esas opiniones sobre su trabajo: la de Savater en su suplemento La Jornada semanal de 13 de junio de 1997 y la de Garzón el 31 de enero de 2004.

Además de aducir esos argumentos de autoridad, García Ramírez pretendió que La Jornada había ocultado un convenio con Gara, un diario de Batasuna, cercano a ETA, a diferencia del anuncio de sendos acuerdos con The Independent y Le Monde. Luego, hizo de inquisidor al recordar que Josetxo Zaldúa, el influyente coordinador general de información de La Jornada, tiene abiertos en España dos procesos por terrorismo (que, digo por mi parte, el Estado español no ha querido llevar adelante, porque es pública y notoria la presencia del periodista en México).

El texto de García Ramírez apareció bajo el título de “Complicidad del terror”, que resumía con justeza la posición y los argumentos del autor. Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual “la prensa se combate con la prensa”, en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia, tan endeble en nuestro país. Presentó una denuncia penal y una demanda civil, la primera contra el autor y la segunda contra la casa editora de Letras libres.

Para bien, la vertiente penal quedó cancelada por la derogación de los delitos de difamación y calumnia. Subsiste el litigio civil, a pesar de que se inició antes de la aparición de la Ley para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, de mayo de 2006, y se invocó al iniciarlo el riesgoso y represor tratamiento que en 1982 le dio el Código Civil.

Tras un fatigoso recorrido por diversas instancias, incluidas las de la justicia de amparo, la Suprema Corte de Justicia atrajo el conflicto de La Jornada y Letras libres, en enero pasado. Entró en una lista de espera que demanda paciencia en los interesados, pues ha ocurrido que otro caso, el de Gerardo Sosa contra Alfredo Rivera, atraído también por ese tribunal se programó una y otra vez sin que se discutiera, y cuando ocurrió fue devuelto el proyecto de sentencia para la preparación de otro. Es entendible que un hombre carente de escrúpulos como el que domina la Universidad pública de Hidalgo actúe de esa manera. No se comprende que lo haya hecho La Jornada, que necesita como del aire para respirar las libertades que resultarían conculcadas con un fallo adverso a Letras Libres.

Ya está dicho: La prensa se combate con la prensa.

Operación Conago 1: rápida y estéril.

Un muchacho transitaba el martes por la colonia San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, cuando fue víctima de la Operación Conago 1, una iniciativa propagandística acordada por la Conferencia Nacional de Gobernadores y más que entusiastamente promovida y encabezada por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Un grupo de policías uniformados lo copó, lo acusó sin más averiguación de ser distribuidor de marihuana y ante la imposibilidad del joven agredido de pagar por su libertad la “mordida” que se le exigía, fue trasladado al Ministerio Público. Allí permaneció cuarenta y ocho horas, plazo en que su familia y sus amigos reunieron no los quince mil pesos que se le demandaron para no consignarlo ante un juez, sino “sólo” diez mil. En los separos de la agencia en que pasó dos días infernales, detenido sin causa, esta víctima del empeño gubernamental en pro de la seguridad pública convivió con media docena de muchachos que habían sido arrestados en los días anteriores en circunstancias similares a las suyas.

El viernes, en el balance casi final de esta extraña operación policíaca, que se inició el lunes pasado y termina a la medianoche de este domingo, se dijo que hasta ese día habían sido detenidos mil 700 personas por diversos delitos. No sé qué proporción de esas capturas son como la descrita en el párrafo anterior. No puedo, en consecuencia, suponer que la espectacular movilización de uniformados en todo el país se caracterizó por violaciones a los derechos humanos. Pero queda claro que no se distinguió por su eficacia. Mil setecientas detenciones en 4 días en las 32 entidades de la república dan un promedio de trece diarias, que no es para enorgullecer a nadie, pues ha de ser menor al número de remisiones al Ministerio Público que se practican en días normales, no marcados por el despliegue de esta operación.

Convertido en émulo de Genaro García Luna, y tal vez en reminiscencia de sus días como Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Ebrard convenció a los gobernadores de lanzar esta operación. Su propósito consiste en… cumplir la ley, pues las autoridades locales tienen la responsabilidad de combatir los delitos en que esta semana concentraron su atención las corporaciones de Policía Preventiva y Ministerial en todo el País: robo de vehículos, a transporte y pasajeros, desalentar la comercialización de autopartes robadas, recuperar automotores con reporte de robo en todo el país, combatir el secuestro, detener a los probables responsables que tengan pendiente el cumplimiento de una orden judicial, desarticular bandas criminales y verificar los carros con vidrios polarizados y sin placas en toda la república.

La Conago resultó de una iniciativa de gobernadores priístas que, al mismo tiempo, en 2001 y ante el triunfo de Vicente Fox, se descubrieron parte de la oposición y dueños de un poder propio, no el vicario que detentaban durante los años de la Presidencia monárquica. Se reunieron en Mazatlán en agosto de 2001. En julio siguiente, esta vez en Cancún y con la presencia de los gobernadores perredistas (o que habían sido postulados por ese partido) se formalizó la Conferencia Nacional de Gobernadores. Es un instrumento político, no jurídico, pues para efectos legales la relación del Gobierno federal se entabla con cada uno de los estatales. Pero es un factor de presión, particularmente en lo que hace a la distribución de los recursos públicos, recaudados en abrumadora proporción por la hacienda federal. En buena medida por la acción de la Conago los excedentes petroleros, que sobre todo en el sexenio foxista enriquecieron el erario público en grados no conocidos ni siquiera cuando fue necesario “administrar la abundancia”, fueron a dar a los gobiernos estatales, que los dilapidaron, dispusieron de ellos para fines propios y fortalecieron su poder para modelar resultados electorales.

Carente como es de personalidad jurídica, la Conago no tiene sede permanente y se reúne en lugares distintos cada vez. La encabeza un presidente, que se designa en forma rotativa. En su 41º reunión ordinaria, efectuada en Monterrey hace tres semanas, el 27 de mayo, asumió la Presidencia el jefe de Gobierno del DF que, a diferencia de su predecesor (que no tomaba en serio a la conferencia y solía hacerse representar por su Secretario de Gobierno), Ebrard es un activo participante en esa agrupación. Con mayor razón lo hace ahora, en que la encabeza.

La operación Conago 1 sería innecesaria y redundante si los gobiernos que la emprendieron cumplieran de modo cotidiano sus deberes. Tienen la responsabilidad de perseguir los delitos del fuero común en su ámbito territorial, y cuando hay necesidad de participar en tal persecución a otros gobiernos, se utilizan instrumentos de colaboración de manera casuística. Adicionalmente, están obligados a coordinar sus recursos y esfuerzos a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero viene bien a Ebrard obtener una proyección nacional, además de la que ha procurado alcanzar como apoyador de candidaturas en las elecciones locales del año pasado y las del presente. Está en plena disputa por la candidatura de esa entelequia que se llama “la izquierda”, con Andrés Manuel López Obrador. Horas antes de que comenzara la Operación en que participan trescientos diez mil policías (casi diez veces más que el número a las órdenes de García Luna), el Jefe del Gobierno capitalino se reunió con la plana mayor de Nueva Izquierda, la principal corriente del PRD, que le esbozó su apoyo que se consumará en el momento procesal oportuno. De tal suerte que así como es imposible deslindar la reunión de los alcaldes veracruzanos con el Secretario de Hacienda con la promoción de la candidatura de Ernesto Cordero, tampoco puede creerse que la innecesaria concertación policíaca interestatal, auspiciada por Ebrard es ajena a sus intereses personales.

Por eso, porque la lucha contra la inseguridad ha estado marcada por motivos ajenos al deber legal de contener la violencia (Calderón buscaba asentarse en su silla cuando inició su guerra contra la delincuencia organizada), ese combate muestra a menudo su esterilidad. Es verdad que las fuerza públicas federales exhiben con frecuencia sus logros, como la detención de Edgar Huerta Montiel, ex militar apodado “El Huache”, que se reconoció autor de acciones que condujeron, el año pasado y éste, a la matanza de migrantes centro y sudamericanos y otras personas en San Fernando. Pero esos logros no afectan la estructura de la delincuencia organizada, como se percibe con la violencia desplegada en Monterrey y su zona conurbada el miércoles pasado. Si la gravedad de esa jornada se midiera sólo por el número de muertes con violencia, habría motivo de alarma, pues nunca antes había llegado a 33 la cifra de personas ultimadas en sólo 24 horas, más de una por hora. Pero el episodio fue todavía más alarmante porque en esa suma de víctimas quedaron incluidos dos miembros de la escolta del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Apodados “El Cabrito” y “El Negro”, el día mismo de su asesinato hubo reticencia para dar a conocer sus nombres. Pero después han sido identificados como José Antonio Cerda y Juan Manuel García, respectivamente.

La sola ejecución de dos guardianes del Gobernador tenía relevancia. Pero la acrecentaron la crueldad con que después de asesinados fueron descuartizados y el mensaje dirigido al Ejecutivo local, en que le imputan complicidad con los Zetas. Todavía más: fueron entregados al grupo criminal que los ultimó por agentes de la Policía Municipal de Zuazua, que están ya detenidos.

No es posible negar la trascendencia de que grupos armados lleguen tan cerca de un Gobernador (ya mataron hace un año en Tamaulipas a un candidato a serlo) y de que lo acusen tan expresamente, por más que los señalamientos carezcan de valor ético, político y jurídico por provenir de una banda delincuencial. Pero tampoco puede negarse su creciente peligrosidad.

Mientras escribo estas líneas, Morelia está invadida de fuerzas militares y policíacas locales y federales, que ofrecen seguridad a los asistentes al estadio Morelos, donde se inauguró el torneo Sub-17. Pero ninguna de esas fuerzas pudo evitar el amenazante aviso emitido por los bandoleros que incendiaron vehículos en las inmediaciones de Pátzcuaro, no más como acto de presencia.

Gordillo va por el ISSSTE.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) “registra un grave desfalco financiero y serios problemas en su operación”, consistentes en “déficit de médicos y enfermeras, desabasto de medicamentos, falta de equipo y desatención en clínicas y hospitales”, todo ello oculto por una “administración opaca y corrupta que no rinde cuentas”.

Esas graves afirmaciones las hizo apenas anteayer la Federación de Sindicatos de Servidores públicos, una poderosa organización gremial que no está dirigida por políticos radicales enemigos del gobierno. Esa federación forma parte del imperio de la profesora Elba Ester Gordillo.

Pero como también la dirección del Issste le fue cedida para que la ejerciera por interpósita persona (su valido Miguel Ángel Yunes Linares), esta descripción de lo que ocurre en el Instituto y el pertinaz ataque que la Fedessp ha dirigido contra su director general Jesús Villalobos López fuerza a preguntarse por la situación política en el órgano de seguridad social del personal público.

El actual director es una personalidad afín, y amigo personal de Yunes. Éste lo designó director de finanzas y acomodó las disposiciones internas para que el titular de ese cargo supliera en sus ausencias al director general.

En febrero del año pasado Yunes Linares renunció a su elevada posición para ser candidato al gobierno de Veracruz y Villalobos López lo sustituyó automáticamente. Apenas en febrero de este año, sin embargo, fue designado formalmente director general.

Villalobos desempeñó con tachas responsabilidades en Hacienda y en la PGR. Durante algunos meses de 2006 colaboró con el después fallido candidato veracruzano como director de administración del Sistema nacional de seguridad pública, de que Yunes era secretario ejecutivo.

Es de suponerse que en el sistema de lealtades que rige la actividad pública como norma suprema (gobiernen la república el PRI o el PAN), Villalobos López estaba obligado a mantenerla frente a Yunes y a través suyo a Gordillo.

Pero ha habido demasiado dinero suelto en el Issste y tal vez el director general no cumplió requerimientos de sus jefes. Quizá se independizó por decisión propia o desde la Presidencia de la República se le instruyó a hacerlo. Por consecuencia, cayó de la gracia de la profesora, que lanzó en su contra a su propia central burocrática.

Como parte de su pleito con Roberto Madrazo, en diciembre de 2003 el sindicato magisterial abandonó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Arrastró consigo a otras agrupaciones que en febrero siguiente constituyeron la Fedessp, que desde entonces no ha hecho más que prosperar, con mengua de la presencia política de la Fstse.

Tan decaída se halla la antaño poderosa federación burocrática, que su líder Joel Ayala, que en tiempos de bonanza fue diputado federal y senador, sólo alcanzó en 2009 una diputación local en el DF.

Y si bien se le puso a la cabeza de la breve representación priísta en la Asamblea Legislativa, era tan precaria e inocua su posición en una fracción dividida (como lo está todo el PRI en la ciudad de México), que eligió retirarse. Pidió licencia y se refugió en la Fstse, donde administra el empobrecimiento de esa central.

En cambio la Fedessp ha crecido y ganado legalidad y capacidad de representación. Le fue concedido registro sindical, en actos que la misma Suprema Corte avaló (a partir del hecho de que el propio tribunal consideró posible la existencia de más de una federación como contraparte del gobierno federal). Entre sus éxitos se cuentan la habilitación legal para tener lugares en la junta directiva del Issste y sus filiales (Fovissste, Pensionissste, etc.). Pero Villalobos López no ha accedido a que la Fedessp asuma tal representación, y en mayo pasado esa negativa fue el motivo o el pretexto para un primer embate de la federación gordillista contra un funcionario presuntamente de la misma filiación.

Luego la actitud de la Fedessp ha subido de tono. Denunció un desfalco por ocho mil millones de pesos, en que insiste a pesar de que directivos del Instituto explicaron, muy por encima, que esa enorme cifra, otorgada al Issste en 2007 con motivo de la reforma del régimen de pensiones (que ahora la propia Fedessp cuestiona), se aplicó en partidas anuales, durante 2007, 2008 y 2009. Alegaron esos funcionarios que la enorme cifra se aplicó a equipamiento de unidades médicas, obras nuevas, conservación y mantenimiento de las ya existentes y “un poquito” a compra de medicamentos.

Pero la Fedessp no está satisfecha con esa magra explicación y en un mensaje fechado anteayer pide al Congreso de la Unión que haga comparecer a Villalobos López para que “rinda cuentas y responsada por una administración que está poniendo nuevamente en riesgo el futuro de nuestro Instituto”

En diciembre pasado renunció el director de finanzas del Issste, Antonio Guzmán Naucout. No se aclaró si fue removido o si se retiró por no avalar el sospechoso manejo de ingentes sumas de dinero en esa institución.

Los miembros de las comisiones de salud y seguridad social en las dos cámaras, pero también la Secretaría de la Función Pública no pueden pasar por alto las denuncias de la federación gordillista. Aunque las impulse una motivación política (su necesidad de recuperar un territorio probablemente perdido), la grave situación descrita por la Fedessp obliga al Congreso y al Ejecutivo a actuar. Pero no para que las cosas sigan igual con beneficiarios diferentes.

Valor entendido o provocación.

Estaba previsto un lugar para la procuradora Marisela Morales en la conferencia de prensa en que ayer el presidente Calderón solicitó a la Comisión Permanente convocar a un periodo de sesiones extraordinarias. Pero la titular de la PGR no llegó. Acaso la asaltó el rubor-temor de enfrentarse a la prensa tras el fracaso de su intento de procesar a Jorge Hank. O dirigía en su oficina los preparativos para apelar la resolución de una jueza federal que deja al Ministerio Público Federal en ridículo. O se aprestaba para la reunión con periodistas que se efectuó ayer mismo en la tarde para hablar de esa apelación, más que de los sucesos que la hacen necesaria.

Su ausencia sirvió para vincular la sorpresiva solicitud presidencial con el desenlace del sainete en que se convirtió la captura del hijo menor de Carlos Hank González.

De inmediato supuse que la libertad de Hank (aunque formalmente no dependa de Los Pinos) había sido parte de una negociación, en que la aportación priísta sería aceptar el llamado a las sesiones extraordinarias.

Supuse que solicitar la reunión del Congreso sin convenirlo antes con el PRI sería un acto de provocación o ingenuidad en que Calderón no se permitiría incurrir. La sesión de la Permanente, en que dijeron sí pero no cuándo, pareció confirmar esa impresión inicial.

Se trataría, entonces, de un valor entendido en que Calderón y las fracciones priístas en el Congreso buscarían aparecer ante la opinión pública como sensibles a sus demandas de que se apruebe la legislación atorada en abril, al concluir las sesiones ordinarias.

El Presidente insta a reunirse, los legisladores aceptan y todos esperan que con esa vana respuesta el público quede satisfecho.

Sobre todo quienes reclaman la aprobación de la reforma política, que está sujeta a término: si en la segunda quincena de junio los diputados no la aprueban, o le hacen enmiendas que haga necesaria su devolución al Senado, parte principal de su contenido, que un sector de la sociedad juzga urgente (las candidaturas independientes, por ejemplo) no podrán ser aplicado el año próximo.

Es que al comenzar julio se inicia la veda legislativa en materia electoral, pues dentro del año previo a la jornada electoral no es dable practicar modificación alguna a la legislación comicial.

Si no es un valor entendido, un acuerdo para echar aceite sobre olas encrespadas, entonces se trata de una irresponsable provocación del Presidente.

A sabiendas de que no es posible el periodo extra sin la aquiescencia priísta, debió considerar si su relación con el partido al que el suyo desplazó de la Presidencia en 2000 es en este momento la óptima como para permitir consensos entre ambos. No parece que lo sea.

Además de la captura de Hank y la denuncia penal panista contra el asistente más cercano a Humberto Moreira (acciones de las que se puede sustraer como si le fueran ajenas), han enturbiado el clima político el juicio sumario que inopinadamente pronunció en Stanford contra un sistema político que no de desvaneció en el aire, muchos de cuyos elementos tienen vigencia hoy y en que el partido tricolor era pieza fundamental junto con la presidencia exacerbada.

(Hagamos notar, de paso, que el relato que pretendió ser conmovedor de cómo él no renunció a sus ideales sino que luchó hasta cristalizarlos, incurrió en dos omisiones: el tributo rendido a su padre no incluyó la porción final de su biografía: su renuncia al PAN porque ya no era el partido en que militó durante cuarenta años.

Igualmente omitió decir que el cambio democrático, en cuyo logro fue protagonista su partido, requirió también el concurso de la izquierda y que las matanzas cometidas por el sistema autoritario tuvieron como blanco principal a militantes de esa corriente histórica)

Si no hay valor entendido, Calderón quiso pasarse de listo al pedir que se convoque a sesiones extraordinarias. Si las hay, podrá arrogarse el mérito de haberlas impulsado.

Si no las hay, quedara claro ante la opinión pública que los remisos y renuentes son los opositores, principalmente el PRI, saldo extremadamente valioso en vísperas electorales: que se sepa qué partido es insensible a los reclamos de la sociedad que el presidente panista, en cambio, recoge puntualmente (aunque de manera tardía).

Pero los priístas no se dejaron sorprender.

Sin atizar el fragor de la actual contienda política (de mayor amplitud que la electoral que termina en 18 días), y sin caer en el garlito de aparecer como los villanos de esta historia, tomaron la palabra al Presidente, pero condicionaron su aceptación plena.

En voz del diputado Sebastián Lerdo de Tejada pidieron una prenda de buena fe, que es al mismo tiempo un reproche y una denuncia: que el Ejecutivo haga publicar en el Diario Oficial 25 decretos que el Congreso le ha enviado y el Presidente guarda en su cajón.

Por lo pronto, en los hechos la Permanente dijo no al pedido presidencial.

En vez de considerar la solicitud como asunto de urgente y obvia resolución, fue enviada a comisiones, para que sea dictaminada.

En esa labor, se requerirá averiguar el estado que guarda la tramitación de los asuntos que Calderón buscó ventilar.

En el supuesto que todo estuviera listo para discusión, es decir que hubiera dictámenes aprobados en sus propias comisiones (supuesto que no corresponde a la realidad) la Permanente convocaría al periodo extraordinario el próximo miércoles, 22 de junio, tal vez demasiado tarde para las porciones más urgentes de la reforma política.

El secretario de Moreira.

¿Llevaría Vicente Chaires Yáñez una doble vida? En horas hábiles sería, como era público y sabido, colaborador cercano a Humberto Moreira. Y en horas robadas al reposo, dedicaría su tiempo a negocios particulares, tan productivos que le permitieron adquirir hace dos años cuatro radiodifusoras (tres de ellas de fidelidad modulada) y una estación televisora. Y adentrarse a través de por lo menos dos empresas, en el mercado inmobiliario de San Antonio, Texas.

Podría tratarse de un homónimo. A lo mejor le pasa lo que a Humberto y Rubén Moreira, que figuran, el primero, como presidente de la compañía Moreira &Sons Transportation, Inc, registrada en California. Y el segundo como vicepresidente de Family Cake Co. Inc. Pero no es el caso de Chaires Yáñez. Se trata inequívocamente de la misma persona que ha acompañado al profesor Humberto Moreira, hoy presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a lo largo de su carrera. Fue su secretario particular desde que a mediados de los noventa fue delegado en Coahuila del Instituto Nacional de Educación de Adultos, cuando fue secretario de Educación bajo el gobernador Enrique Martínez y cuando fue alcalde de Saltillo. Convertido Moreira en gobernador y luego en líder nacional priísta, Chaires Yáñez se ha encargado de la administración, del gobierno estatal y del comité nacional priísta. Durante casi un año, de marzo de 2010 a marzo pasado, actuó como secretario de operación y administración del Ejecutivo del estado. El cargo implica dirigir al personal del despacho del gobernador, así como las áreas de relaciones públicas, de seguridad inmediata del Ejecutivo (su escolta o cuerpo de guaruras) y del cuerpo de guardias del palacio de gobierno. Desde hace tres meses figuraba en la página del PRI apenas dos sitios debajo de Moreira mismo, dato indicador de su cercanía, pero su nombre desapareció de ese lugar. Lo borraron después de que los diarios del Grupo Reforma dieron a conocer la prosperidad del asistente de Moreira.

Ayer, a partir básicamente de esa información, el partido Acción Nacional lo denunció ante la PGR por medio del senador capitalino Federico Döring, el mismo discutido político a quien se confió exhibir los videos en que dirigentes del PRD o funcionarios cercanos a Andrés Manuel López Obrador aparecieron recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada, uno de los corruptores más señalados en México, donde contender por los primeros lugares no es empeño sencillo.

Es claro que la denuncia panista se inscribe en el marco de la contienda electoral en Coahuila, donde el hermano del gobernador con licencia, Rubén Moreira, es el candidato del PRI (aliado con el Panal y el Partido Verde) y el del PAN es el senador Guillermo Anaya, compadre de grado del presidente Calderón.

También se enmarca en la integración de un paisaje político donde aparezcan en plenitud los pasivos del régimen autoritario priísta, ya sean los encarnados en personas como Jorge Hank Rohn (libre pero retenido en Baja California), ya sean los de carácter sistémico como los descritos por Calderón en su discurso del domingo en la universidad californiana de Stanford.

En 2009, mientras Chaires Yáñez era secretario de administración del gobierno estatal, constituyó la empresa Supermedios de Coahuila, integrada por el canal 22 de Piedras Negras, anunciada como el Super Channel, acaso porque su señal alcanza a Eagle Pass, del otro lado de la frontera. En esa misma ciudad, el grupo encabezado por el colaborador de Moreira adquirió dos estaciones de radio XHRE-FM y XHSL-FM; en Ciudad Acuña la XHHAC, y en Saltillo, la XESJ-AM. Las emisoras de FM (las tres primeras) se cotizan muy alto en el mercado de concesiones radiofónicas, cuyo trasiego sólo es posible con autorización gubernamental.

El año pasado Chaires Yáñez integró las empresas inmobiliarias Procom Marketing, Vicap Global Investments y Transnational Construction & Real State Co, con sede en San Antonio Texas. Es probable que en estas compañías tenga como socios a Rodolfo Cámara, que según el senador Döring representa en McAllen al gobierno de Coahuila para asuntos migratorios, y a Rubén Flores Jr., un abogado con residencia en San Antonio, que expresamente figura en las empresas de bienes raíces de que Chaires Yáñez es gerente y cuyo domicilio fiscal es el mismo de Flores.

De la averiguación previa que el PAN espera se desprenderá la verdadera naturaleza del papel de Chaires Yáñez. No sería extraño que de un equipo de gobierno priísta se desprendieran negocios particulares. Los miembros de ese partido se han inclinado a la especulación con tierras, y más recientemente también a los medios de comunicación. Sonadísimos han sido los casos de Miguel Alemán, Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. El primero hizo su fortuna, desde los años treinta, cuando ya figuraba de modo relevante en la política, fraccionando tierras en Morelos, el DF y el Estado de México.

Y luego, al iniciarse la televisión en nuestro país, se las arregló para que andando el tiempo su hijo y tocayo apareciera como accionista de Telesistema mexicano. Echeverría se quedó, a través de prestanombres, con lo que fue la cadena García Valseca, y adquirió propiedades en Morelos y Quintana Roo. Y Salinas cuidó de tener intereses en TV Azteca, que él privatizó y fue adquirida por Ricardo Salinas con un crédito de Raúl Salinas de Gortari, y luego estableciendo sus propios medios impresos.

O sea que la cabra tira al monte, aunque se disfrace con atavíos de modernidad.

Reforma a derechos humanos.

Concluyó la reseña de la reforma constitucional sobre derechos humanos, el Congreso declaró el 1º de junio que se había reunido el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas, necesario para reformar la Constitución. El decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial el viernes pasado.

Como en otros casos, el Poder Legislativo dispone de un año para emitir la ley reglamentaria del nuevo artículo 29, relativo a la suspensión del ejercicio de los derechos humanos y sus garantías.

El artículo 33 experimentó un vuelco que deja de lado la xenofobia. Asegura a los extranjeros (a los que ya no se califica de perniciosos) el derecho de audiencia previo a su eventual expulsión, que se practicará de acuerdo con una ley también por emitir, y ya no con base en resoluciones administrativas arbitrarias como la que afectó, por poner sólo un ejemplo, al ciudadano colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas. En mayo de 2009 fue entregado al Gobierno de Bogotá señalado por sus ligas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dos años después se determinó la infracción en que incurrió el Gobierno mexicano. No hubiera podido ser deportado en las deplorables condiciones en que se le echó, de haber estado en vigor la nueva regulación en esta materia. También se extiende un plazo de un año al legislador para reglamentar la nueva norma. Es deseable que el Congreso se apresure a elaborarla, porque mientras eso ocurra seguirá vigente el anacrónico procedimiento actual.

La modificación al artículo 89, que contiene las facultades del Ejecutivo, incluye entre los principios en que debe fundarse la política exterior que está su cargo establecer, el de “respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.

El artículo 97 sufrió una poda en mi opinión lamentable. A petición de la propia Suprema Corte de Justicia, ese tribunal perdió su facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales. Conforme al razonamiento que en el pasado reciente condujo a que se le eximiera de investigar los casos de violación del voto público, porque el IFE y el tribunal federal electoral ejercen esa función, ahora se trasladó aquélla capacidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para hacer efectivo este traslado de responsabilidades, se requiere también adecuar la ley de ese organismo, lo que añade un punto más en la delicada agenda de la LVI legislatura que, so pena de hacer nugatoria la reforma que ahora se festeja, debe completarla con la legislación secundaria correspondiente.

En consonancia con esa atribución, la CNDH recibe un nuevo instrumento para no formular llamados a que las autoridades concernientes no respondan. Como se dice ahora en una expresión pobre que se puso de moda en este y otros caso, se “dotó de dientes” a la Comisión. Sus resoluciones no pierden el carácter, limitado por la índole misma del organismo, que no pertenece al ámbito jurisdiccional, de meras recomendaciones no vinculatorias; es decir, que no obligan a la autoridad a la que se dirigen. Para evitar las elusiones y evasiones de los sujetos a quienes recomienden alguna medida la Comisión Nacional y sus similares en las entidades federativas, se establece un mecanismo que si bien es potestativo, servirá para forzar a los violadores de derechos humanos a enfrentar sus responsabilidades. El nuevo artículo 102 determina que las autoridades sujetas a recomendaciones de la CNDH y las comisiones estatales no podrán simplemente negarse a aceptar tales resoluciones sino que deberán “fundar, motivar y hacer pública su negativa”. Si bien el principio de fundar y motivar existe desde siempre en el artículo 16 de la Constitución, es útil que se le reitere de modo específico en este contexto. De estar vigente esta máxima jurídica, el jefe del Gobierno del Distrito Federal no hubiera podido simplemente decir que no a la recomendación de la comisión local respectiva destinada a suspender la supervía, la gran avenida que presuntamente hará fluido el paso del poniente al sur de la Ciudad de México, entre Santa Fe y La Magdalena Contreras.

Además, las autoridades remisas pueden ser llamadas (no deben serlo, porque la facultad es discrecional, no obligatoria), por el Senado, la Permanente en los recesos y las legislaturas locales “para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. La CNDH gana, además, la facultad de formular recomendaciones en materia laboral, que le estaba vedada, como siguen estándolo los asuntos electorales y jurisdiccionales. Por virtud de una adición al artículo 105, la Comisión Nacional recibió asimismo otra facultad relevante, la de poder entablar ante la Suprema Corte controversias constitucionales contra leyes y tratados que violen los derechos humanos consignados en la Constitución y los tratados internacionales. Las comisiones locales podrán hacerlo en contra de legislación de ese mismo carácter expedida por los congresos estatales o la asamblea legislativa del Distrito Federal.

Se dispone en esta reforma, en fin, que los titulares de la Comisión Nacional y las de las entidades federativas, así como los integrantes de sus consejos consultivos serán elegidos conforme a un procedimiento “de consulta pública, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley”, por lo que habrá que legislar también sobre este punto.

Si el Congreso federal y las legislaturas locales asumen su responsabilidad, consumarán una muy útil reforma.