viernes, 30 de septiembre de 2011

Lorenzo Meyer, absuelto

Lorenzo Meyer es una de las figuras más completas y respetadas de la esfera pública mexicana. Ha hecho una carrera académica digna de reconocimiento dondequiera, por el rigor de su investigación y la penetración de sus análisis. Hace poco más de veinte años resolvió emplear semejantes instrumentos, así como una escritura accesible, a la práctica del periodismo. Como lo saben bien los lectores del Grupo Reforma, su columna de los jueves aborda los más relevantes temas de la actualidad y los examina, sin pedantería ninguna, desde el ángulo de las ciencias sociales. Pero eso no obsta para que asuma una posición propia, nunca neutra. Como ciudadano, es pública su identificación con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, a la que tiene pleno derecho.

El doctor Meyer (que obtuvo ese grado, así como la licenciatura en el Colegio de México, y un posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago), salió avante hace un mes de un litigio civil por daño moral, a que lo arrastraron Carlos Martín, director del diario Milenio, y esa publicación. El juez trigésimo primero de lo civil en el Distrito Federal sentenció que “las pruebas no permiten declarar procedente la acción”, por lo que absolvió “a los demandados de todas las prestaciones”. El juzgador habla en plural porque junto con el académico y periodista la acción civil pretendió alcanzar a la emisora MVS, donde se transmitió el episodio que, sin mencionarlo siquiera, irritó a Marín y lo hizo demandar a Meyer después de un ridículo afán de exhibirlo obligándolo a disculparse públicamente para no ser llevado a los tribunales.

El 21 de junio del año pasado, cercana ya la jornada electoral en Oaxaca, Carmen Aristegui difundió una grabación en que el gobernador Ulises Ruiz formulaba una reprimenda a Raúl Castellanos, su antiguo jefe de prensa, comisionado a la sazón con el candidato priísta Eviel Pérez Magaña. Colérico, Ruiz se extrañaba de que en Milenio se hubiera hecho una entrevista a Gabino Cué, lo que en apariencia contravenía acuerdos entre el Gobierno oaxaqueño o su partido y ese diario y su extensión televisiva.

Como todos los lunes, acompañaban a la periodista tres de los intelectuales que con mayor información y conocimiento examinan el entorno: Denise Dresser, Sergio Aguayo y el propio Meyer. Al concluir la grabación, los participantes en la mesa comentaron lo escuchado. Meyer se limitó a decir que en revelaciones de esa naturaleza, que mostraban la relación del poder y alguna prensa: “salen nombres de periódicos, de órganos periodísticos”.

Marín ni siquiera fue aludido. Sí lo fue el órgano periodístico de la familia González de Monterrey, pero sólo aludido, es decir no mencionado por su nombre. La bravata de Marín, el pedir que Meyer se pusiera de rodillas para pedirle perdón, se convirtió efectivamente en demanda judicial cuando el politólogo, historiador, internacionalista y periodista rehusó de manera expresa disculparse ante el presunto agraviado.

Meyer contó con la eficaz defensa de la doctora Perla Gómez, experta no sólo en la legalidad que rige ese genero de conflictos, sino también una especialista en encontrar el perfil acosador de demandas como esta y otras que ha atendido. Ha de decirse también que, siendo una relevante académica en varios temas, entre ellos el derecho a la información, la doctora Gómez es también una hábil postulante, capaz de conducirse con éxito en los vericuetos de los juzgados. El hecho es que, como queda dicho arriba, el 29 de agosto pasado concluyó el caso con una sentencia absolutoria. La emisora MVS fue exonerada, y es de gran importancia señalarlo, porque de haber procedido en sentido contrario, habría incurrido en censura a sus colaboradores, que tienen derecho a su propia opinión.

Es posible que los demandantes apelen la sentencia que les fue adversa y el juicio continúe en segunda instancia. Pero por lo pronto, un mes más tarde parecen haberse allanado con la resolución judicial. Sería deseable que así permaneciera, aunque el ardor con que Marín adoptó la defensa de su honor impide considerar este margen.

Desde que el presidente Miguel de la Madrid hizo reformar el Código Civil, en 1982, al comienzo de su mandato, para incluir el daño moral como atentado a la reputación y el buen nombre de las personas, han menudeado las demandas por ese concepto. Las más de la veces nacieron de la mala fe, del afán de meter en honduras judiciales a quienes, como los periodistas afectados, debieran dedicar su tiempo, sus recursos y su energía al cuidadoso ejercicio de su profesión y no a encontrar la manera de eludir añagazas. No faltó el ánimo mercenario, cuyo propósito era obtener de jueces venales indemnizaciones cuyo monto no guarda relación alguna con la honra que se pretender hacer brillar.

Por fortuna, en mayo de 2006 la asamblea legislativa emitió una ley supletoria de la barbaridad contenida en el Código Civil. Su extensa denominación iluminas las zonas de la vida ciudadana a que se refiere: Es la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. Se enumeran así bienes jurídicos que forman parte de la personalidad; es decir, del patrimonio espiritual de cada quien, aun el susceptible de ser tasado pecuniariamente pero sin dar lugar a los abusos. Las inercias y los intereses de una porción de la judicatura capitalina han impedido aplicar la nueva ley a cabalidad, en provecho de pícaros que han hecho durar juicios hasta por siete años.

jueves, 29 de septiembre de 2011

Beatriz Paredes

Anda de buenas Beatriz Paredes en estos días. Su amigo y jefe político Enrique Peña Nieto la ungió ya como candidata del PRI al Gobierno capitalino. Y ayer la Suprema Corte dejó viva una, y con ella las 18 reformas a constituciones estatales de tono conservador que sólo fueron posibles por la actitud omisa, o cómplice de una mujer que pasaba por liberal y mostró que no lo es.

Elegida presidenta de su partido tras el desastre electoral de 2006, Beatriz Paredes aparecía como una de las figuras decisivas en el rumbo del PRI y aun del País. Cuando muy tempranamente se esbozaron las posibilidades presidenciales de esa organización, figuró en el horizonte una triada que la incluía sin duda en ese rango, junto con Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. Pero, a pesar de haber conducido una victoriosa campaña electoral en 2009, la ex gobernadora de Tlaxcala no perseveró y rindió sus armas ante el Gobernador del Estado de México, del que se convirtió más que en aliada en subordinada. Por instrucciones suyas firmó en octubre de 2009 un acuerdo con el PAN para asegurar que no hubiera coaliciones de ese partido con el resto de la oposición. Peña Nieto necesitaba estar seguro -lo estuvo de todos modos, por otras vías -de que la sucesión en su estado no se convertiría en un obstáculo para su promoción presidencial.

El pacto no funcionó al final, por la volubilidad del presidente Calderón, pero el documento quedó como prueba de que el Gobierno federal panista y el del Estado de México y los dirigentes de sus respectivos partidos actuaban de consuno a favor de Peña Nieto. Al firmar el acuerdo, y al mantenerlo en secreto, Beatriz Paredes quedó exhibida como mera pieza del mecanismo que haría Presidente al mexiquense.

Con notoria prematurez, Peña Nieto no actúa sólo como el Gran elegido sino que comenzó a hacerlo como Gran elector. En pago a favores recibidos dio su voto a Paredes para que sea la candidata priísta al Gobierno de la Ciudad de México. Tras esa decisión del mexiquense se asoma la soberbia de que generará en provecho de su partido un “efecto Peña Nieto” como el que provocaron en su oportunidad Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. La popularidad de cada uno, independientemente del resultado formal de sus elecciones, fue un impulso poderoso a otras candidaturas, ya sea a cargos legislativos o al Gobierno de la capital, que Santiago Creel disputó muy cerradamente a López Obrador hace once años.

Beatriz Paredes ya intentó gobernar a la Ciudad de México. Hace cinco años sufrió una derrota aplastante a manos de Marcelo Ebrard, que obtuvo más de dos votos por cada uno de los ganados por la después lideresa priísta; los porcentajes fueron 46.37 versus 21.58. Vamos, aun Demetrio Sodi, candidato del PAN, superó a la priísta al obtener el 27% de los sufragios. Un tercer lugar, con tales diferencias, resultaba del “efecto Madrazo”, que también cayó a esa posición inédita. Pero la derrota implicaba asimismo la fragilísima estructura partidaria y también la reiteración del persistente ánimo de rechazo al PRI que en elecciones locales había ya golpeado a Alfredo del Mazo y a Jesús Silva-Herzog Flores, así como a decenas de candidatos a diputados federales y locales y delegados o jefes delegacionales.

La organización priísta en la Ciudad de México ha empeorado desde entonces. Está dividida y la porción mayor milita en la oposición interna a Beatriz Paredes. En este momento el priísmo capitalino está acéfalo y, en preparación a la decisión peñista de hacer Jefa de Gobierno a la ex lideresa nacional priísta, lo encabeza como delegado especial el senador Jesús Murillo Karam, perteneciente al más estrecho círculo de Peña Nieto, en cuya elección hace seis años fue figura relevante. Pero requerirá un gran esfuerzo para al menos desarticular el antiparedismo, ya no digamos para levantar una estructura formal que apoye con éxito a la temprana candidata del ex Gobernador mexiquense.

A la satisfacción de saberse ya ungida, Beatriz Paredes acaso agregó ayer un respiro de alivio al terminar el debate en la Suprema Corte de Justicia. Ella no era parte del asunto a resolver, pero sí lo fue en la creación de las condiciones que provocaron la acción de inconstitucionalidad que se ventiló en ese tribunal del lunes al miércoles.

Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, el conservadurismo social, encabezado por los obispos y el Partido Acción Nacional, emprendió una estrategia para impedir que una reforma liberal y moderna de ese alcance se multiplicara en las entidades. Para ello dieron en reformar las constitucionales locales a fin de inscribir en ellas el derecho a la vida desde la concepción. Los legisladores panistas no hubieran sido suficientes para construir este blindaje. Se sumaron a ellos, con fervor semejante al de los blanquiazules, diputadas y diputados priístas que hubieran debido actuar de otra manera de haber contado con un liderazgo que, por un lado, evidenciara el carácter de la maniobra y, por otro, hiciera valer principios éticos en defensa de los derechos de las mujeres, una causa a la que siempre se supuso estaban afiliados ese partido y su presidenta.

La Corte discutió si la reforma de marras, en Baja California, era conforme a la Constitución de la República. Siete ministros resolvieron que no se apega a ella, y cuatro votaron en sentido contrario. Pero se requerían ocho votos para derogarla, y por lo tanto la adición conservadora queda vigente.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Militares en Baja California.

Como si el Secretario de Gobierno de Baja California fuera un subordinado suyo, a quien reprendió en público, el general Alfonso Duarte levantó una sanción contra el funcionario civil, a quien había prohibido el ingreso a instalaciones militares. La reprimenda estaba fuera de lugar, ajena a toda ley, y por ello mismo el perdón extendido a Cuauhtémoc Cardona carece de sentido. O subraya la subordinación de la autoridad civil a la militar en aquella entidad.

La noche del Grito, mientras conversaba en la recepción oficial del festejo con el gobernador José Guadalupe Millán, el general Duarte vio de lejos a Cardona, que es secretario general de Gobierno desde que Francisco Blake Mora dejó el cargo el año pasado para convertirse en secretario de Gobernación. Duarte hizo venir ante sí al número dos de la jerarquía política y administrativa del Estado, y como si tratara de un pupilo en falta, al mismo tiempo que lo delataba ante el Gobernador le espetó sus defectos: grosero, borracho e irrespetuoso, a quien por lo mismo no quería ver jamás en oficinas bajo su mando. La grabación que captó el episodio muestra a un Cardona sumiso, a quien también se le ordenó retirarse, y a un Gobernador silencioso, acaso pasmado por el tono y el contenido del ex abrupto del jefe de la 2ª. Región Militar.

Éste disfruta de una muy buena reputación por su combate al narcotráfico, que emprendió desde que fue comandante de la zona militar con sede en Mexicali. Pero ninguno de sus lauros lo autoriza a invadir esferas de acción civiles. Según Duarte, Cardona llegó tarde a la fiesta militar por los Niños Héroes, a pesar de que estaba investido con la representación de Osuna, y cuando llegó mostraba evidencia de estar ebrio.

Una conducta como la descrita por Duarte es, sin duda, merecedora de un reproche oficial, que sólo puede ser formulado por su jefe, el Gobernador que, en cambio, cohonestó su comportamiento. Repuesto ya del susto por el regaño del general Duarte, Osuna emitió horas después un comunicado en que confirmaba en su cargo a Cardona, aunque lo obligó a demandar disculpas.
El Gobernador había pasado ya por una circunstancia semejante, en que él mismo fue obligado a rendir cuentas ante el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, que lo hizo comparecer en su oficina a propósito de una sonora denuncia formulada por un antecesor de Duarte al frente de la segunda región militar, el general Sergio Aponte Polito.

Llegado a Tijuana en 2006, en uno de los peores momentos de la inseguridad tijuanense, Aponte Polito emprendió labores por sí mismo, sin ocuparse demasiado de coordinarlas con las autoridades locales. Como si el Ejército fuera autoridad ministerial o policiaca, y no elemento de apoyo a quienes en efecto la ostentan, estableció un contacto directo con la población. Generó un mecanismo de denuncia ciudadana que era, al mismo tiempo, una promesa y un reproche. Se ofrecía un número telefónico y se instaba al público: Llame. Nosotros sí vamos.

Esa forma de obrar permitió al general Aponte no sólo realizar un activismo que se hizo notorio, sino tomar conocimiento directo de la actuación de autoridades locales en la materia, especialmente la Procuraduría estatal de justicia, a cargo entonces como ahora de Rommel Moreno. Ante acusaciones genéricas del comandante militar, el jefe del Ministerio Público le pidió en público pormenores. Y vaya que los recibió. Un buen número de funcionarios de la Procuraduría, incluida una asesora del propio titular, fueron señalados por el dedo admonitorio de Aponte Polito. Fue la suya una voz que clamaba en el desierto. El procurador Moreno desestimó las acusaciones. Si acaso provocó la renuncia de alguno de los funcionarios mencionados por el militar, pero ninguno recibió sanción alguna.
La denuncia del general Aponte Polito no adquirió tampoco formalidad alguna. Constó en una extensa carta dirigida al diario El mexicano. Lo más que se hizo fue atenuar las tensiones provocadas por la requisitoria del militar entre éste y el Gobierno local, haciendo salir de Tijuana al comandante castrense. El gobernador Osuna tuvo que acudir al llamado del general Galván para explicar lo ocurrido. Aponte Polito, por su parte, fue nombrado presidente del Tribunal Superior Militar.

En su carta, como en la conducta de Duarte, Aponte se arrogaba una cierta autoridad, al menos de supervisión, sobre las autoridades civiles. En eso radica la porción más preocupante de esos episodios, que no son por cierto comparables estrictamente por la diversidad de las circunstancias. Pero ambos revelan una sensación de superioridad que riñe con la sujeción del Ejército a normas específicas, que deben ser acatadas, so riesgo de incurrir en descontroles de mayor trascendencia.

No se ha explicado suficientemente, por ejemplo, de dónde partió la orden de allanar el domicilio de Jorge Hank Rohn, al inicio de una acción que terminó mal para la procuración de justicia. Fue inequívoca la participación de tropas militares en el asalto a la casa del empresario de casinos. Entraron en ella sin orden de cateo ni de aprehensión y fingieron flagrancia para introducirse al recinto privado. Luego de la exoneración de Hank debimos conocer la suerte jurídica de los allanadores, que lejos de cumplir su deber incurrieron en delitos. La libertad de acción que al hacerlo mostraron es indicativa de una situación peligrosa, que es la sujeción del Gobierno civil a requerimientos militares superiores.

martes, 27 de septiembre de 2011

Tolerancia y derecho a la vida.

Medio millar de diputados locales suponen, o se les hace decir, que las resoluciones de las legislaturas estatales a que pertenecen, son definitivas e irrevocables. Anteayer demandaron de la Suprema Corte “pleno respeto a la libertad de configuración legislativa” que dicen haber practicado al incorporar “a nuestras constituciones locales el derecho a la vida de todo ser humano desde su inicio en la concepción y fecundación”.

Es seguro que los 468 legisladores estatales de todos los partidos que firman este llamado al máximo tribunal de la república, saben que en último término la validez de sus actos está sujeta al control constitucional, susceptible de ser ejercido por varios medios y órganos del poder judicial federal. Y sin embargo, blandiendo una presunta obediencia a la voluntad popular, se sumaron a las presiones sobre la Corte, que ayer comenzó a resolver dos acciones de inconstitucionalidad, cuyo resultado puede ser la supresión de declaraciones sobre la vida incorporadas a constituciones estatales.

Se comprende, y es usual que cuando está a debate judicial un asunto de trascendencia, se expresen opiniones en pro y en contra, y hasta se perciban tomas de posición organizadas en favor de una u otra posible resolución del pleno. Pero la campaña propagandística que a últimas fechas se ha sostenido para inclinar la voluntad de la Corte a favor de textos que plasmaron convicciones morales surgidas de una doctrina religiosa, y no principios jurídicos, como es propio de una república laica, ha sido particularmente insistente y pesada, en el sentido de que la suscriben personas e instituciones de gran relieve en la vida social mexicana.

Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Mexicana, y la Arquidiócesis de México emitieron un mensaje titulado “La vida, don precioso que debemos proteger”, y sumaron a él la firma de prelados de confesiones religiosas cristianas distintas de la católica. De ese modo, una representación de asociaciones religiosas no numerosas pero algunas de ellas dotadas de influencia política, adoptó una posición conjunta con la Iglesia católica, expresión común que es infrecuente percibir en asuntos de espiritualidad y trascendencia. Obispos del Patriarcado ortodoxo de Antioquia, el Patriarcado ecuménico de Constantinopla, Iglesia ortodoxa de América, Iglesia Maronita, Iglesia Nacional Presbiteriana, la Metodista, la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Pentecostales, agregan su voz a la de la jerarquía católica con la intención de inclinar el ánimo de los ministros hacia la posición demandada por la cúpula episcopal y por el Partido Acción Nacional, cuyas bancadas en el Congreso de la Unión emitieron también mensajes en la misma dirección.

Esta posición conjunta revela ahora de modo formal, aunque se conocieran claramente sus perfiles, la campaña de reforma a las constituciones locales que alcanzó a modificar 18 de esos documentos en que se expresa la soberanía local. Fue una respuesta concertada ante la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Corte respecto de las reformas penal y de salud que establecieron en el Distrito Federal el derecho de interrumpir el embarazo antes de la duodécima semana y la institucionalización de las atenciones requeridas por la mujeres que deciden colocarse en tal situación.

El intenso conservadurismo católico, expresado en legisladores de todos los partidos, no emprendió reformas a los códigos penales en materia de aborto. Escogió la vía de hacer constitucional el derecho a la vida, de modo que cualquier intento de despenalizar el aborto chocara con esa barrera insuperable. En dos casos personas e instituciones que percibieron en esas reformas conculación de los derechos de las mujeres, consiguieron impulsar acciones de inconstitucionalidad que ahora se ventilan en la Corte. El ponente en los dos casos, referidos a las legislaturas de Baja California y San Luís Potosí es el ministro Fernando Franco que ha sido a su vez objeto de una campaña de desprestigio personal, en que lo menos que le endilga es ser enemigo de la vida.

Ayer comenzó a discutirse el caso de Baja California, cuya acción de inconstitucionalidad fue presentada por el ombudsman de esa entidad federativa. El ministro Franco resumió que entre varios, hay dos temas fundamentales a dilucidar: por un lado, determinar “si la Constitución federal y los tratados internacionales pertinentes le otorgan jurídicamente el carácter de individuo o persona al concebido desde el momento de la concepción, fecundación y lo reputan como nacido para todos los efectos legales correspondientes”. Y, segundo, si no es así, es decir si “el producto de la concepción no se reputa constitucionalmente como persona humana en el sentido normativo” hay que establecer “si ese carácter le puede ser reconocido…por el orden jurídico de una entidad determinada”.

La discusión no es simplona, como pretenden los detractores de la posición esbozada por un ministro que, por otra parte, es partidario del derecho a la vida (como lo son todas las personas con un mínimo de sensatez). No se trata de despenalizar el aborto, o de aplicarle nuevas sanciones. No está a discusión ninguna reforma a códigos penales, sino si el blindaje construido por el conservadurismo social (con el Episcopado y el PAN a la cabeza) es acorde con la Constitución federal o es expresión de un credo muy respetable en sí mismo, pero que no puede convertirse en norma jurídica que, además, no sea impugnable.

lunes, 26 de septiembre de 2011

49 cadáveres.

Agradezco a lectores y editores su comprensión por mi ausencia, así como sus mensajes de solidaridad.

Ante la osadía de bandas criminales capaces de asesinar a 49 personas en sólo dos días y, lo más grave, dispersar sus cuerpos en la vía pública de la conurbación Veracruz-Boca del Río, la única reacción gubernamental admisible era una inmediata operación ministerial y policiaca que contenga esa porción de la delincuencia y le evite cometer más delitos. Pero el neófito Gobernador de Veracruz, en vez de cumplir su deber, se limitó a transmitir en Twitter recados escandalosos por su carácter elemental. Casi felicitó a los autores del desafío y casi culpó a las víctimas, porque habían escogido el camino del mal, que sólo tiene dos salidas, la muerte o la prisión. Y para colmo, negó que además de los 35 cuerpos inicialmente exhibidos haya habido 14 más al día siguiente.

Por lo pronto, los criminales que mostraron su capacidad homicida siguen recorriendo la misma senda sin que se aproximen a ninguno de los dos extremos a que se limita la prédica de Javier Duarte de Ochoa. Y es que la averiguación ministerial se contentó con identificar a las víctimas y a comprobar su pertenencia a bandas delincuenciales. Tan satisfecho estaba el Gobernador que el primer día, cuando “sólo” habían aparecido 35 cuerpos los citó como muestra de que en su estado se combate a la delincuencia. A menos que haya tenido un traspié y las víctimas, de aquella tanda y probablemente la segunda también, fueron ultimados por la fuerza pública (único modo en que puede comprenderse el que esa matanza sea considerada como eficaz medida de seguridad), Duarte de Ochoa no parece tener idea de lo que ocurre en su entorno. De allí el desmentido que emitió el viernes, negando que a la suma inicial se hubieran agregado nuevas muertes. No fueron, ciertamente, conducidos a un lugar muy visible, sino que se les dejó en varios puntos del puerto. Pero su muerte y el hallazgo de los cadáveres eran, el viernes después del desmentido, una realidad inequívoca.

Duarte de Ochoa es un político neófito, escogido por su único jefe, Fidel Herrera sólo para tener cubiertas las espaldas. El actual Gobernador, que el lunes pasado cumplió apenas 38 años, carece de experiencia y de tacto político. Después de obtener sus títulos académicos, como economista y abogado, sólo tuvo desempeños subalternos con Herrera: fue su secretario particular la última vez en que éste fue diputado, en la LVII Legislatura, de 1997 a 2000. Años más tarde, ya gobernador, Herrera lo hizo subsecretario de Finanzas y luego titular de esa Secretaría. En ninguno de los dos cargos perseveró, pues el Gobernador lo condujo a la Cámara de diputados, donde apenas cubrió un periodo ordinario, ya que fue lanzado a la Gubernatura. Contó durante su campaña con auxilios financieros ostensibles del Gobernador, que con tal de asegurar el triunfo de su partido no vaciló en dejar en la penuria a las finanzas estatales, afectadas por déficit voluminosos que se cubrieron, como en otras entidades regidas por gobernadores manirrotos, acudiendo al crédito bancario y a la bursatilización de las participaciones federales, lo que equivale a hipotecar el tesoro público estatal.

Herrera heredó a su pupilo no sólo esa desvastada economía gubernamental, sino también una creciente inseguridad. Veracruz ha padecido épocas de acusada criminalidad, ejercida por bandas a cuyos jefes las autoridades temían y con las que entraban en connivencia. En un juego verbal que alude al conocido conjunto cubano de música tropical, circuló impunemente durante años la Sonora Matancera, Los cacicazgos reinantes en distintas porciones de la entidad basaron su poder en el uso de la horca y el cuchillo, es decir en la supresión de la vida de quienes se oponían a ese imperio de la ilegalidad.

Pero la conversión de México en mercado de drogas, la posición geográfica de la entidad en la ruta de Centroamérica a los Estados Unidos, y la fragilidad de las instituciones así como la corrupción de no pocos funcionarios permitieron que en Veracruz todo abuso y todo crimen fuera posible. En la tortuosa ruta de los migrantes, algunos lugares veracruzanos se convirtieron en parajes infernales. Si algo caracterizó al Gobierno de Herrera, fue la penetración de la delincuencia. El propio Gobernador fue señalado como partícipe de acuerdos por los cuales Los Zetas se asentaron en su territorio, a través de una suerte de sucursal local conocida como La compañía.

Los 35 cuerpos del primer día mostraron la crueldad extrema de sus asesinos. No fueron muertos a balazos sino asfixiados y tundidos con brutalidad. Firmó el mensaje adosado al crimen colectivo el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ya en agosto de 2007, a la mitad del sexenio de Herrera, ese grupo se había manifestado, con mensajes que como La familia michoacana un año atrás, buscaban presentarse como limpiadores de la sociedad, es decir como asesinos de delincuentes.

Por supuesto, no era una acrisolada conciencia ética la que conducía a sus líderes y miembros a practicar operaciones de limpieza social. Son tan criminales como sus víctimas, pero quizá produjeron en el Gobierno estatal la perversa ilusión de que alguien hiciera el trabajo que con apego a la ley están las autoridades obligadas a desempeñar.

De varias maneras, Herrera sigue gobernando. El procurador Reynaldo Escobar era el secretario de Gobierno en el sexenio anterior. Fue, en su nuevo carácter, uno de los anfitriones del encuentro de procuradores y presidentes de tribunales, testigos accidentales de la violencia veracruzana.

martes, 13 de septiembre de 2011

Cordero, locuaz y silencioso

Una vez libre de su responsabilidad como Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero renunció al cargo que desempeñó durante dos años ocho meses, algo que universalmente le era solicitado. No quedará librado a sus propias fuerzas. Indebidamente, el comité panista en el Distrito Federal le prestó sus instalaciones en la colonia Roma. No había hecho con ningún otro de los aspirantes, y eso significa una ventaja leve o intensa en un acto que puede resultar costoso. Si bien el de anteayer no es exactamente equiparable al destapamiento de Josefina Vázquez Mota, esta pagó con sus propios recursos su inicio de campaña, aunque haya quedado disfrazado por el de gestión de cuentas como jefa del grupo parlamentario blanquiazul en San Lázaro. Tampoco Santiago Creel empezó su recorrido en una instalación oficial, ni del Congreso, ni del partido. Cordero lo hizo porque tal vez busque significarse como un aspirante que no se mide con el mismo rasero que los demás.

Dos compañeros suyos en el gabinete, Heriberto Félix Guerra y Alonso Lujambio, renunciaron a su aspiración de ser postulados por su partido. Javier Lozano que tanto se ha caracterizado por su autoritarismo se quedó en la Secretaría del Trabajo y desde allí acompañará a Cordero en su puja por ser lo que hizo Felipe Calderón en 2005.

De modo que quedan en la palestra (así llaman al gimnasio en el norte de Italia) los legisladores con licencia Creel y Vázquez Mota. Es de cuidar que el poblano, antiguo militante priísta, no aproveche su cargo en el gabinete para apuntalar las finanzas de Cordero.

El ex Secretario de Hacienda entró en una nueva etapa de su breve carrera política, la primera que le supone contender contra adversarios, ya sea en elecciones constitucionales, ya en la contienda interna panista. Hasta ahora su avance político ha dependido de sólo una voluntad, la de Felipe Calderón, ya sea cuando éste buscó ser candidato del PAN, ya cuando enfrentó a Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo en la pugna constitucional de 2006. Su falta de experiencia en estas lides puede ser un peso difícil de sobrellevar.

Sus primeros andares no han sido afortunados. Dejemos de lado su vínculo con Miguel Ángel Yúnez y con Fernando Larrazabal. El domingo mismo ante un apoyo notorio de políticos importantes de su partido, se mostró novato en el habla. La oratoria no es aquello que más le enseñaron, o que con mayor provecho estudió en el ITAM y en la escuela de Economía de la Universidad de Yale, ni entre los corrillos de los militantes primerizos en Acción Nacional. Sus discursos iniciales particularmente el del domingo lo revelaron neófito. Y también machista.

Con una metáfora en desuso que ya ni en el PRI se estila, habló de apretarse bien los pantalones (pero no lo dijo ya como Secretario de Hacienda y respecto de mermas en el poder adquisitivo de la población como lo hicieron antecesores suyos) Su metáfora es machista. Habló de apretarse los pantalones como sinónimo de valentía, de fajárselos bien. Es una obvia alusión al pensamiento primitivo que atribuye sólo a los varones y ni de lejos a las mujeres, el valor como prenda personal y menos aún como un rasgo del carácter femenino. No discutiremos aquí, porque sería perder el tiempo la frecuencia y la intensidad con que las mujeres son valientes, a diferencia de los varones, a los que se puede imputar, a menudo, incapacidad de enfrentar circunstancias adversas.

Por lo demás, con bravatas no es conveniente enfrenar al PRI, el de antes o el de hoy.

Al propio Cordero se le puede calificar como carente de ese atributo, la valentía. No obstante que apenas el 7 de agosto fue recibido en Monterrey, en triunfo, por el Alcalde de la capital regiomontana, se abstuvo de manifestarle solidaridad una vez que el comité nacional panista lo urgió a pedir licencia en el Gobierno Municipal a fin de facilitar las indagaciones que tanto la procuración de justicia local, como la dirección nacional del PAN, cada una en su esfera, han emprendido respecto de los casinos de la zona metropolitana de Monterrey.

Menos todavía que la semana pasada Cordero se mostró solidario con Larrazabal. Fue más obvio su silencio ahora porque su responsable de comunicación (que demostró ser lo contrario) lo cobijó en el mutismo que Cordero ha elegido como única manera de no quedar involucrado en un asunto que puede tener graves implicaciones.

Es posible que Cordero quede en disputa con Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel Miranda, únicamente, si como parece el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez se retira de la contienda. Una señal de que puede hacerlo es el pedido que le formuló el gobernador de Guanajuato, José Manuel Oliva (su colega y correligionario en el estricto sentido de la expresión, porque ambos se ubican a la derecha de la derecha de su partido) Al principio de la refriega electoral las identidades ideológicas de Oliva y González Márquez los aproximaron al punto de que pareció apoyo del guanajuatense al Gobernador de Jalisco. Pero no sólo no ocurrió así, sino que Oliva se convirtió en propagandista de Cordero, como se percibió anteayer domingo. Oliva quiere que su compañero jalisciense se ausente de la contienda interna. Si eso significa abandono del sector que sigue a González Márquez, éste tendrá en efecto que cancelar la búsqueda de su postulación.

En consecuencia Cordero quedará sólo frente a aspirantes distantes de Calderón, que al actuar por su cuenta pueden derrotarlo, una u otro.

lunes, 12 de septiembre de 2011

Gabinete tecnocrático

Ernesto Cordero ha quedado reducido a una condición inequívoca. Ya no es secretario de Hacienda sino sólo candidato a la postulación presidencial. Legisladores con licencia dos de sus contendientes, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, sólo queda el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez como aspirante que al mismo tiempo cuenta para su promoción con los recursos políticos y financieros que les aporta su cargo. No será muy cruda, pero por primera vez Cordero vivirá a la intemperie o para decirlo en el lenguaje evangélico, en “las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes”.

A su renuncia, y la del secretario de Salud siguió un breve reajuste ministerial. En el nuevo gabinete, se acentuó más que nunca la doble característica que ha identificado al equipo de Calderón: impera la tecnocracia y priva la cercanía con quien es ahora el Presidente, pues casi todos han trabajado desde hace una década a su lado, y los más de ellos lo han hecho sólo con él. Tales rasgos quizá favorezcan la coherencia interna del gobierno pero al mismo tiempo lo encierran en una burbuja.

Todos los involucrados se graduaron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y siguieron estudios superiores en universidades norteamericanas. Se les imprimió así una visión unilateral de las cosas del gobierno y de la realidad que desde allí buscan modelar. Salvo José Antonio Meade, que a su licenciatura en economía en el ITAM agrega una en derecho, obtenida en la Universidad Nacional, todos los demás están troquelados en un molde que los asemeja tanto que la interlocución que practiquen equivaldrá a una serie de monólogos al cabo de los cuáles cada quién pensará, admirativamente: “¡qué inteligente es fulana o fulano. Piensa lo mismo que yo”.

También el doctor José Ángel Córdova pasa a un terreno escabroso, el de la contienda electoral en Guanajuato. Ya hemos recordado que hace seis años su paisano Javier Usabiaga dejó la Secretaría de Agricultura para encaminarse al gobierno de su estado y no libró el escollo que significa la derecha extrema en el panismo guanajuatense. El riesgo de Córdova es mayor ahora, pues algunos grupúsculos ultramontanos han de cubrir su nariz para no oler el azufre que emana de la condición demoníaca que le atribuyen. Y es que la mayor parte de los dilemas entre su credo religioso y la norma que estaba obligado a acatar se resolvieron a favor de ésta, como corresponde a una república laica, con una sociedad cuyos enclaves modernos y abiertos tienden a crecer, a pesar de todo.

La designación de su sucesor provocará más de un enarcamiento de cejas. No un médico sino un economista, Salomón Chertorivsky, encabezará en el tramo final de este gobierno la Secretaría de Salud. Una tradición ha hecho que sea un profesional de la medicina quien asuma la titularidad de este ministerio. Fue más breve la que confería, casi por necesidad, a un ingeniero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la de obras públicas. Y ambas se interrumpieron, pues las costumbres son como los zapatos: duran hasta que se rompen.

Ya había sido secretario de salud un abogado, José Antonio González Fernández, durante el año final del gobierno de Ernesto Zedillo. De habérsele requerido mostrar los títulos que lo acreditaban, habría aducido su experiencia en esa oficina, como subsecretario de regulación sanitaria, y su trabajo al frente del ISSSTE, cuyos servicios médicos reclaman una visión semejante a la de la SSA. Cherterovsky era hasta ahora director del Seguro Popular, ese polémico y ambiguo mecanismo que opera sobre la estructura institucional y física de la Secretaría de Salud. A ella tenía acceso, sin pasar por el filtro burocrático del Seguro Popular, toda persona necesitada de atención médica que no contara con la medicina institucionalizada.

Meade (se pronuncia mid) vuelve a la Secretaría de Hacienda después de un breve lapso en la Secretaría de Energía. También fue corta su estancia en la Subsecretaría de Hacienda, pero desde hace diez años actúa en las inmediaciones de ese ministerio: Banrural, Financiera rural, Consar, Seguros y Fianzas. De esa suerte no le es ajeno el trabajo que ahora le impone obligaciones inmediatas y pesadas. La próxima semana ha de explicar y defender ante el Congreso el paquete fiscal cuya presentación fue el último acto (no vamos a decir que el canto del cisne, que podría ser) de Cordero. Encabezará también, en consecuencia, las negociaciones con legisladores, sujeta cada parte a sus propios intereses antes que al general.

Jordi Herrera ha trabajado en la oficina adjunta a la de Calderón, como secretario particular, en varias ocasiones, desde que su jefe presidió el Partido Acción Nacional. Luego, a la cercanía ha agregado un nivel jerárquico que resulta más de la confianza que de la competencia: fue subsecretario de energía con Calderón y ahora dirige una de las empresas de PEMEX, la dedicada al gas y la petroquímica básica.

Otra característica de los nuevos funcionarios es su versatilidad, el que sean llamados a distintos menesteres cuando apenas acaban de sentarse en la silla precedente. Ese es el perfil de Alejandro Poiré, nuevo director del CISEN, a quien han hecho saltar de un lugar a otro. Se genera así una paradoja: se le busca por sus aptitudes, que no le alcanza el tiempo de desplegar a plenitud, con cargo al rendimiento. Mientras no se ofrezca otra cosa, reemplazará a Guillermo Valdez, que volverá a las encuestas, donde ha sido útil.

domingo, 11 de septiembre de 2011

Contra la violencia, cada uno a su modo

Cada quien enfrenta la violencia y la inseguridad de modos distintos. Unos son eficaces, es decir aminoran o suprimen esos flagelos de la sociedad. Otros son ineficaces, al punto de que logran un efecto contrario al que proclaman.


Un día como hoy, el once de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile agredieron con saña a su propia población, para derribar a un régimen elegido constitucionalmente y que fue convalidado en el Parlamento por la segunda fuerza política de ese país, que se avino al resultado de las urnas. Pero la presión castrense indujo a esa fuerza a volverse contra sí misma, y a sumarse el vano intento de destruir al enemigo interno. La capacidad destructiva de los militares no logró, sin embargo, arrancar la raíz de la democracia electoral chilena. Retrasó, eso sí, casi dos décadas de vida civilizada, y consiguió establecer reglas que siguen vigentes en perjuicio de la sociedad. Chile tiene el peor sistema de financiar la educación pública superior, que excluye de sus beneficios a buena parte de la juventud. Durante diecisiete años la dictadura asesinó e hizo desaparecer a cientos de miles de chilenos, y a otra amplia porción le negó el derecho de vivir en su propio suelo.

El once de septiembre de 2001 la violencia, letal e inesperada, cayó desde lo alto sobre los símbolos del poder norteamericano. Dos aviones destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York, y uno más intentó destruir el Pentágono, el principal centro del mando bélico de Estados Unidos. Inmediatamente perdieron la vida en esos atentados tres mil personas, pero la secuela mortal de los ataques se multiplicó muchas veces. En encolerizada protesta por esta agresión en su propio suelo, la primera padecida por Estados Unidos, y alegando que habían perdido la vida personas inocentes, lo que era verdad y reclamaba justicia, Washington buscó procurársela de propia mano. Lanzó una desproporcionada ofensiva contra Afganistán, suponiendo que de ese modo castigaría a al Qaeda, el grupo terrorista dirigido por Osama bin Laden, a quien imputó la agresión. Años después, motivado por razones que nada, o poco, tienen que ver con la derrota del terrorismo, el presidente Bush invadió Iraq, donde si bien acabó con la dictadura de Saddam Hussein, no logró establecer la democracia, ni siquiera al modo en que se practica en Estados Unidos. Ha logrado, en aquellos lejanos parajes, causar la muerte de cientos de miles de personas, a las que ni siquiera cuenta con precisión, pues de trata de muertos nativos, cuyas vidas carecen de importancia desde la visión de Washington.

¿El despliegue militar norteamericano hizo disminuir el peligro terrorista, aunque su costo fuera alto? No. Apenas hace unos meses Washington localizó, no en Afganistán o Iraq, a los que devastó con ese propósito, sino en Paquistán, su aliado, a Bin Laden. Lo mató en su céntrico refugio y lanzó su cadáver al mar. No lo condujo a un tribunal de crímenes contra la humanidad, pues la medida justiciera, única que diferenciaría de fondo al verdugo de la víctima, colocaría al jefe terrorista, pariente de la casa real saudita, cuyos miembros son a su vez socios en los negocios petroleros de los Bush, en un escaparate peligroso, ideal para la propaganda norteamericana.

La persecución a Bin Laden, y su muerte ahora, no ha hecho disminuir el peligro terrorista. Y en cambio la guerra en su contra empobreció a la mayor parte de la sociedad norteamericana. Los despliegues de tropas han sido costosísimos. Bush decidió que los pagaran los más pobres así como el desequilibrio de las finanzas públicas y con esas actitudes dejó a su sucesor Barack Obama una herencia envenenada.

No contra un enemigo externo, proveniente no de un Estado agresor o contra el que requiramos prevenirnos, el Gobierno federal mexicano libra desde hace cinco años una compleja guerra, orientada en sus inicios a disminuir la presencia del narcotráfico, aminorar su poder de fuego y a evitar el consumo de drogas ilegales en nuestro País. Nadie puede alegar, en abono de la estrategia gubernamental,, que esos objetivos hayan sido alcanzados. Ni siquiera nos hemos aproximado a ellos. Y eso no obstante el Estado persiste en su combate armado a la delincuencia organizada, cuyo mal radica no en que se trate de dar en el blanco sólo a balazos, y no mediante otras tácticas, sino en que el enfrentamiento de ese modo lograría derrotar a las bandas delincuenciales quien sabe cuándo y con qué costos.

Desde distintos miradores y a partir de diversos intereses se ha instado al presidente Calderón a reconocer el fracaso de su modo de lucha y, por lo tanto, a modificarlo. Se ha negado a hacerlo, alegando que no se le ha presentado ninguna alternativa digna de consideración. Y aunque ha aceptado dialogar sobre el tema, parte de la base de que no hay más ruta que la suya. Y no sólo rechaza o desdeña las vías alternas, sin conocerlas a fondo ni evaluarlas, sino que genera un clima institucional agresivo contra los otros poderes, como si éstos actuaran fructuosamente sólo cuando le dan la razón.

Cada quien enfoca como puede la lucha contra la violencia y la inseguridad. Calderón lo hace mudando de domicilio al vocero de su gobierno en la materia, y reclamando a los diputados un gasto crecientemente mayor para las instituciones de procuración y de seguridad pública. Claro que algunas veces esas oficinas pueden ufanarse de logros: no carece de importancia desmantelar la red de telecomunicaciones de Los Zetas en Veracruz, como lo hizo la Armada el jueves pasado, lance en que además logró capturas, lo que no suele ocurrir en episodios como ese. Pero esa es una excepción que confirma la regla, no la regla misma.

Por la ineficacia del sistema para enfrentar la violencia y la inseguridad, han engrosado las capas de inconformes en distintas zonas geográficas y sociales. Proliferan los centros de derechos humanos que concentran su labor en ese terreno, con peligro de sus miembros. Como lo hizo doña Rosario Ibarra de Piedra hace tres décadas y media, cuando transformó sin olvidarlo, su dolor de madre lacerada por la desaparición de su hijo Jesús, en acción colectiva radical, ahora en otras condiciones se multiplican los centros patrocinados por deudos de víctimas, que no se resignan a que sus reclamos sean arrinconados en oscuras oficinas.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, se caracteriza por su activismo social en ese terreno. Aprovecha para ello el doble papel que la historia ha deparado a la UNAM. Como vasta comunidad académica. pertenece a la sociedad civil, y es, al mismo tiempo, parte del Estado mexicano, como órgano constitucional autónomo. Eso le ha permitido producir una iniciativa imantada, a la que se adhieren instituciones y corrientes sociales que comprenden el papel de la mayor casa de estudios superiores en el País El Rector animó la realización de una conferencia internacional sobre seguridad y justicia y democracia, de la cual surgieron unos elementos para la construcción de una política de estado en esa materia, que el propio funcionario ha presentado en diversos escenarios, siempre con aquiescencia, aunque en algunos casos se le ha regateado valor y eficacia.

Por su parte, el Movimiento Nacional para la Paz con Justicia y Dignidad ha concretado sus propuestas y dialogado con los poderes del Estado, en reuniones donde no ha faltado la expresión de reticencias. Pero son más los signos positivos que permitirán florecer a esas iniciativas. Se percibió claramente que así será, en la reunión del jueves pasado en la rectoría de la UNAM. Con amplio propósito incluyente, que no ha sido el de la Secretaría de Gobernación, y menos aún con el afán de instigar a unas agrupaciones contra otras, la Universidad Nacional presentó su documento, mecedor de atención más profunda en las instituciones del Estado, a más de 25 organizaciones civiles, muy activas en ese campo.

Luego de participar en esa presentación, el movimiento inspirado por Javier Sicilia se echó a andar de nuevo. Esta vez recorre los caminos del sur. Hoy domingo transita de Guerrero a Oaxaca, donde las víctimas de la violencia y sus familias, requieren el consuelo llevado antes al norte. En Oaxaca, Chiapas y Veracruz los pacifistas abrazarán a los migrantes perseguidos por (casi) todos.

viernes, 9 de septiembre de 2011

Ebrard; equívocos y pretextos

Marcelo Ebrard cesó a Martí Batres por expresiones que nunca fueron dichas por el ya ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, el líder de Alianza Social, una de las corrientes del PRD, ni siquiera mencionó el nombre de su hasta entonces jefe, y menos aun acompañado de descalificaciones insultantes. El propio Ebrard, o quien le comunicó lo dicho por Batres el viernes pasado, no podrían aducir una prueba, simplemente porque no la hay. Es imposible probar lo que no ocurrió.

Si obró de buena fe, quien dio cuenta a Ebrard del dicho atribuido a Batres, tal vez confundió la declaración de este, expresada en términos generales, con la opinión más específica manifestada por Dolores Padierna, secretaria general del partido al que todos ellos pertenecen. Ella sí fue explícita en deplorar lo ocurrido, y el daño que a sí mismo se había inferido el jefe de Gobierno, desde su perspectiva de dirigente de otra corriente perredista y número dos del partido.

Sí es verdad que el joven ex funcionario expresó su desacuerdo con el saludo que Ebrard, pues lo consideró una incongruencia. Lo fue en efecto, pues hasta hace unas semanas el Jefe de Gobierno había rehusado estrechar la mano del presidente Calderón, pues el partido a cuya postulación presidencial aspira lo ha declarado ilegítimo. Lo hizo el máximo órgano de Gobierno del PRD en 2006, y no ha habido modificación a esa postura. Hace unas semanas Ebrard estuvo presente en una sesión del Consejo nacional de seguridad pública, encabezada por Calderón. Pero cuando llegó la despedida y el Presidente estrechaba una a una la mano de los gobernadores, el del Distrito Federal se apresuró a salir y no dio ocasión a que Calderón “se tomara la foto” con él.

Ahora hizo deliberadamente lo contrario. Por supuesto que el hecho en sí mismo carece de importancia. Pero constituye un símbolo, que acerca a Ebrard a Calderón y lo aleja de una porción relevante del PRD que mantiene la posición radical del congreso de ese partido. El presidente de esa organización, Jesús Zambrano, y el propio Ebrard justifican la presencia y el saludo a Calderón en una razón que es por lo menos insuficiente, o distinta del móvil que condujo al gobernante de la Ciudad de México a proceder como lo hizo.

La reunión de marras no fue un acto institucional. No se rindió allí el quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República. Éste había sido presentado la víspera, conforme a la norma constitucional, por escrito y ante el Congreso de la Unión, en la apertura de sus sesiones ordinarias. Calderón ha estilado, desde que se modificó el precepto que rige aquella sesión, organizar un ceremonia que tiene relieve político pero ningún sustento legal, un acto de relaciones públicas en que habla ante un auditorio cómodo, no el turbulento de la Cámara de Diputados en que parte de la oposición al Ejecutivo lo interrumpía pretendiendo interpelarlo. El 2 de septiembre, como ha ocurrido antes, Calderón habló de corrido, sólo interrumpido por aplausos.

Siendo un acto informal, una reunión de amigos, Ebrard no estaba obligado a asistir, si persistiera en la actitud que observó expresamente a lo largo de casi cinco años. Alega que si lo hizo fue porque además de encabezar un gobierno local, en este momento ocupa la presidencia de un órgano también informal, sin base jurídica, que es la Conferencia nacional de gobernadores. Cada uno de ellos fue invitado a título personal, por lo que no necesitaban ser representados.

El hecho es que, por un equívoco o a partir de un pretexto, Ebrard despidió a Batres, en el primer episodio de la sucesión en el Gobierno capitalino, fenómeno que corre y correrá en paralelo con la presidencial. Del resultado de ésta; es decir, de quién sea el candidato a la Presidencia se derivará, conforme a la lógica política, quién sea el candidato a mantener al PRD y sus partidos acompañantes en el Gobierno capitalino. Si la elección interna se realiza conforme a lo pactado, y a fin de que nadie gane todo o pierda todo, habrá un acuerdo, no necesariamente explícito, para distribuir el poder, obviamente si la izquierda consigue retenerlo.

Otra cosa será si se revienta el débil lazo que mantiene juntas a las corrientes perredistas. De haber dos candidatos presidenciales, ninguno de los cuales tendría posibilidades de victoria, pues sólo unida tendría la izquierda margen para alcanzarla, el mismo escenario se reproduciría en la capital. Enfrentadas entre sí, ninguna de las corrientes prevalecería sobre otra. Sólo compartirían la derrota.

López Obrador y Ebrard se empeñan por no reflejar entre sí los antagonismos que bullen en las filas de sus partidarios. El ex jefe de Gobierno evitó hacer del despido de Batres un casus belli y Ebrard negó que apartar de sí a Batres significara un desafió a López Obrador o hasta una ruptura con él. Si esta se produce, no será por ahora.

Ebrard compuso su gabinete no conforme a un pacto con su predecesor sino, como hicieron sus dos antecesores (a pesar de que ellos tenían fuerza personal para obrar con mayor libertad), para reconocer la existencia de corrientes que necesitan ser equilibradas por una voluntad concertadora. Corre el riesgo de que ese frágil equilibrio en que ha sustentado su gobierno se altere ahora. Eso le restaría capacidad de maniobra para gobernar durante el breve lapso en que permanecerá al frente del Gobierno y sobre todo para apuntalar sus posibilidades de ser candidato.

jueves, 8 de septiembre de 2011

Cordero: secretario o presidenciable

Hoy será presentado a la Cámara de Diputados el paquete que contiene los criterios generales de política económica para el año próximo y los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos. La documentación ha sido preparada en la Secretaría de Hacienda bajo la dirección de Ernesto Cordero, que como hizo el año pasado, primero que vivió al frente de esa Secretaría, entregará personalmente el instrumento donde se define la política fiscal. Como hizo el 14 de septiembre de 2010, ha de acudir después a San Lázaro para explicar en vivo los contenidos del paquete. Asimismo, a lo largo de octubre y la primera quincena de noviembre debe encabezar las negociaciones con los grupos parlamentarios con miras a la votación en cada una de las cámaras.

Sin embargo, puesto que aspira a ser candidato presidencial de su partido, es posible que Cordero ya no está en su oficina cuando se cumpla ese calendario, incluido el día de hoy, si es que presentara su renuncia en la noche del miércoles 7, mientras se escriben estas líneas. Puede ser también que continúe en su cargo a lo largo de todo el cronograma, habiendo abandonado su aspiración presidencial. Su futuro inmediato está amenazado por vicisitudes que podrían dejarlo sin ninguna opción, es decir sin su actual cargo en el Gobierno y sin la postulación a que aspira.

Como preprecandidato no tiene delante de sí un camino allanado por el simple hecho de ser ostensiblemente el aspirante a quien apoya el Presidente de la República. Calderón refrendó esa actitud en su favor la semana pasada, cuando hizo que Alonso Lujambio, el otro secretario de Estado, dependiente suyo, que permanecía en la búsqueda de la postulación, renunciara a su empeño. Por ser un novato en la vida pública, que sólo ha tenido tres cargos relevantes en la administración pública federal (subsecretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Social y ahora responsable de las finanzas nacionales), es una figura poco reconocida por el público. Y como tampoco ha colocan muy por debajo de los dos legisladores que se mueven en busca de ser postulados, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel. Últimamente parece haber incrementado sus posibilidades, pero si los sondeos se realizan entre los simpatizantes del PAN sus resultados son inocuos, porque en febrero ganará la candidatura quien haya tenido más votos entre los miembros de ese partido, activos y adherentes.

Para colmo, el azar ha militado contra su aspiración presidencial. Hace exactamente un mes, el 7 de agosto fue recibido con gran alborozo en Monterrey por la corriente que domina al PAN en Nuevo León. Le alzaron los brazos en señal anticipada de triunfo el alcalde capitalino Fernando Larrazabal, que antes lo fue en el municipio vecino de san Nicolás, y Zeferino Salgado que reemplazó en aquel cargo a Larrazabal y ahora es delegado de la SCT en aquella entidad. La algarabía de entonces se ha trocado en pesar para los dirigentes del grupo San Nicolás, encabezado por una triada compuesta por esos dos ex alcaldes y por Raúl Gracia Guzmán, amigo personal de Felipe Calderón, que los indujo al apoyo manifiesto y entusiasta a Cordero, que no ocultaba su satisfacción por la bienvenida que le prodigaron. Hoy, debido a la crisis política en que ha devenido la de seguridad, a Salgado se le recuerda haber recibido el préstamo de un helicóptero de Juan José Rojas Cardona, oscuro personaje de gran presencia en la industria de los juegos de azar. Y Larrazabal está en tal predicamento, que acaso a esta hora ha solicitado licencia a su cargo, como se lo pidió con cierto ánimo de exigencia el comité nacional del PAN.

Esa súbita caída en desgracia del Alcalde regiomontano ha servido para que Cordero muestre un lado oscuro de su talante Ahora reniega del apoyo del grupo san Nicolás y, como dice el dicho, si ha visto a Larrazabal, no se acuerda. En vez de hacerle una seña de solidaridad, se ha sumado a la demanda del sector panista que urge a su más notorio partidario en Nuevo León a hacer mutis. Es una actitud reprobable desde cualquier ética y riñe también con la estética, pues se ve feo que pretenda desconocer su nexo con Larrazabal, cuya evidencia plástica, por casualidad, recorre en estos días toda la república porque figura en la portada de la revista Proceso, el semanario de mayor presencia nacional.

Si Calderón y Cordero resuelven mantener a este último en Hacienda, hasta que el 15 de noviembre sea aprobado el presupuesto de egresos, última fase del correspondiente proceso legislativo, la aspiración presidencial de Cordero puede sufrir mella por el encontronazo con la fracción priísta, que no recibirá de buen modo a quien ha iniciado acciones legales en torno al endeudamiento del Gobierno de Coahuila, que durante cinco años fue encabezado por Humberto Moreira, su actual líder.

Por otro lado, la situación económica y financiera de las principales potencias, salvo China, está sujeta a una fragilidad inestable que afecta inevitablemente a México. El propio Cordero ha reconocido una cierta desaceleración de la economía mexicana, a diferencia del artificial optimismo a que están obligadas las autoridades responsables de la economía nacional. Pero no podría ocultar lo evidente: si la producción de bienes y servicios en Estados Unidos ha reducido su velocidad y puede llegar al estancamiento y a la recesión, es imposible que sus efectos no se trasladen a México, dos terceras partes de cuyo comercio transcurren en el mercado norteamericano.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Agarrar y sacar delincuentes

De nuevo el Presidente ha expresado su hartazgo ante decisiones que estorban a su administración. En diálogo con ciudadanos, en un tono más que coloquial, hizo una generalización insostenible, en cualquiera de los dos extremos por los que se la examine “No es porque la traiga contra los jueces, pero ya también empieza uno a cansarse, porque uno los agarra, los agarra y los agarra y los sacan, los sacan y los sacan”.

Rotundamente no corresponde a la verdad el que con frecuencia la Policía Federal, la ministerial o las fuerzas militares (Ejercito y Marina) “agarran” a criminales, es decir los capturan. Lo contrario es más frecuente. Un ejemplo a la mano, presente asimismo en la conversación electrónica que el Ejecutivo sostuvo con algunos de sus gobernados, es el de Néstor Moreno Díaz, prófugo de la justicia que disfrutó de la lenidad que conduce a la impunidad durante más de un año. Afirmar en su caso que la PGR lo “agarró” una y otra vez, o que lo intentó siquiera, es falso.

Moreno Díaz fue durante al menos una década beneficiario de la negligencia de las autoridades encargadas de investigar conductas indebidas en la administración pública. En 1998 fue inhabilitado por un periodo de diez años por una falta administrativa sin trascendencia Y sin embargo, continuó prestando servicios en la Comisión Federal de Electricidad, siempre en ascenso. En aquel año era coordinador de transmisión y transformación y un decenio después, precisamente el periodo en que no debía trabajar para la CFE (ni para ninguna otra oficina del sector público federal) había llegado al lugar número dos de la jerarquía directiva del organismo público Debió ser muy competente en su desempeño profesional o formar parte de una red de apoyos e impulsos mutuos; sólo así se explican su permanencia y su trayectoria.

En agosto del año pasado una información del diario texano The Houston Chronicle permitió saber que en San Diego, California, se ventilaba un proceso contra la empresa Azunza, por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esa compañía, mediante intermediarios que también estaban siendo enjuiciados, obtuvo contratos en la CFE por cuantías enormes. La dimensión de las ganancias obtenidas en el trato con el organismo mexicano era tal que permitió el pago de comisiones por cerca de tres millones de dólares a un solo funcionario.

Se trataba de Moreno Díaz. La información precisaba que Azunza entregó al número dos de la CFE un yate valuado en un millón ochocientos mil dólares, un automóvil Ferrari, cuyo precio ronda los trescientos mil dólares, y depósitos en cuentas personales del funcionario y de su familia por más de setecientos mil dólares. No era un chisme, no una conjetura, no el resultado de una investigación periodística que debía ser confirmado por la justicia. Era simplemente el reporte de diligencias que avanzaban en los tribunales norteamericanos.

Si la Secretaría de la Función Pública o la Procuraduría General de la República reaccionaron al respecto, lo hicieron con lentitud. Se permitió además a Moreno Díaz manejar su situación conforme a sus intereses. Se le autorizó una licencia para atender el asunto y el 15 de septiembre se le pidió o se aceptó su renuncia. No fue despedido, pero parecía inminente una acción ministerial en su contra. Sólo la hubo ¡un año después Y el resultado de ella es que, por lo menos al mediodía del martes seis de septiembre, Moreno Díaz se halla prófugo de la justicia. Probablemente ha escapado al extranjero de donde será en extremo difícil hacerlo volver. Si se confirman los cargos en su contra, tendrá dinero suficiente para pagar asistencia jurídica que lo mantenga a salvo.

Hay que decir, en honor de la verdad, que la antigua contraloría federal, llamada hoy secretaría de la Función Pública investigó los bienes del ex director de operaciones. Halló una diferencia descomunal entre sus ingresos legales y declarados y su fortuna: treinta y tres millones de dólares. Esa opulencia permite suponer que el soborno de Azunza fue sólo un episodio menor en la vida de Moreno Díaz, y que conductas semejantes ha de haberlas repetido una y otra vez. A pesar de eso, sólo fue detenido el sábado. Pero Moreno Díaz estaba informado de la perezosa averiguación en su contra, y oportunamente, hace un mes, el tres de agosto obtuvo la suspensión provisional de cualquier mandamiento judicial para detenerlo. Por eso la jueza Taissia Parcero ordenó su libertad unas horas después de su captura. Y aunque más tarde el juez Jesús Fraustro Macarino informó que había negado la suspensión definitiva y por lo tanto ya era lícito detener al inculpado, éste se había puesto fuera del alcance de la justicia. Se le detuvo el tres de septiembre en el aeropuerto de Toluca. Es probable que desde allí o de otra terminal aérea haya huido del país.

Así que mucho entusiasmo, mucha dedicación para “agarrarlo”, no hubo. No se le capturó una y otra vez. Y, por lo contrario, sólo una vez “lo sacaron”. Es preciso investigar la indolencia del juez que demoró en notificar que había quedado sin efectos la suspensión que protegía a Moreno Díaz Pero también es necesario descubrir la trama de intereses que le permitió prosperar en la CFE. El momento es propicio. En marzo el director de ese organismo bajo tres presidentes, Alfredo Elías Ayub fue relevado por Antonio Vivanco, que coordinaba a los asesores presidenciales, y debe limpiar la casa Así no se podrá culpar a los jueces por las omisiones propias.

martes, 6 de septiembre de 2011

Cordero: malas compañías

Candoroso o carente de escrúpulos, Ernesto Cordero está dispuesto a recibir toda clase de apoyos, aun los menos recomendables, con tal de ser candidato presidencial del PAN. El 17 de junio recibió en Palacio Nacional a 70 alcaldes panistas y cuatro diputados locales de la misma filiación. Viajaron desde Veracruz a verlo, traídos a este acto de cargada política que parecía exclusivo del PRI, por Miguel Ángel Yunes, el ex director del ISSSTE y candidato derrotado por Javier Duarte, hoy gobernador de esa entidad. Aunque era obvio que su visita en la sede del Poder Ejecutivo obedecía al propósito de expresar al Secretario de Hacienda su simpatía como aspirante a la postulación presidencial, Cordero los atendió acompañados por personal bajo sus órdenes, en una deliberada confusión de sus papeles de miembro del Gabinete federal y precandidato.

Unas semanas más tarde, Cordero viajó a Monterrey dentro de su gira de proselitismo. Allí fue recibido, el 7 de agosto, por el alcalde de esa ciudad, Fernando Larrazabal y el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, Zeferino Salgado. El primero de ellos, está hoy envuelto en un grave conflicto político penal, la crisis del juego en Nuevo León. Por su parte, Yunes, una y otra vez señalado con evidencias documentales de conductas públicas ilícitas, se lió en una reyerta con Elba Ester Gordillo, su antigua protectora, en que ambos sacaron sus trapitos al sol. La presidenta del Sindicato Magisterial podría proveer a Cordero de suficiente información sobre Yunes. Imagino que el Secretario de Hacienda mantiene buena comunicación política con ella. ¿O no la profesora, aunque distanciada del Presidente, apoya en la contienda por la Gubernatura de Michoacán a Luisa María, la hermana de Felipe Calderón?

Larrazabal y Salgado forman parte de la neocúpula, como llaman en Monterrey a la triada que desplazó del mando panista a los grupos tradicionales. El tercer miembro de ese núcleo, y quien organizó el apoyo del Alcalde y el Director del centro SCT al Secretario de Hacienda es Raúl Gracia Guzmán, que es una suerte de delegado presidencial en Nuevo León. Aunque se desempeña en una posición en apariencia menor, miembro del Consejo Estatal de la Judicatura, participa en decisiones relevantes y protesta contra medidas que lesionan a su grupo. Tuvo una diferencia, por ejemplo, con Fernando Canales Stelzer, secretario del Ayuntamiento de San Pedro, por el despido de un funcionario amigo de Gracia Guzmán. El episodio es parte de las permanentes tensiones entre los grupos que se disputan el poder panista en aquella entidad. Quizá haya sido el propio Gracia Guzmán, para no contaminar a su candidato con el pleito interno, quien le haya sugerido que antes de participar en el mitin que le prepararon sus cofrades Larrazabal y Salgado se reuniera con la paleocúpula; Alejandra Sada, José Luis Coindreau, Fernando Margain y el mencionado Canales Stelzer, hijo de quien ha sido el único gobernador panista en Nuevo León y fue en el Gobierno de Vicente Fox secretario de Economía y de Energía.

Gracia Guzmán y Calderón fueron diputados en la LVIII Legislatura, en que el ahora Presidente de la República coordinó a la fracción panista. De ese vivero Calderón ha nutrido su equipo: cuatro secretarios de Estado, dos de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake, una de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y quien era su suplente y ahora es titular de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, formaron parte de esa Legislatura. De allí provinieron también el primer secretario particular de Calderón, César Nava, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y el embajador Emilio Goicoechea. Otros varios legisladores son delegados de la Secretaría de Estado, y otros representantes informales del Presidente.

Ese es el caso de Gracia Guzmán. Con Larrazabal y Salgado forman el grupo san Nicolás (la neocúpula), que domina en el PAN estatal y en ese Municipio, donde se le conoce como la Santísima Trinidad. Larrazabal y Salgado fueron presidentes municipales de esa demarcación, y los sucedió Miguel Ángel García Domínguez, ahora secretario de Desarrollo Humano en la Alcaldía de Monterrey, cuyo nombre ha salido a relucir con motivo de presuntas negociaciones entre ese Gobierno local y dueños de casinos irregulares, que después entregaron dinero a Manuel Jonás Larrazabal, actualmente arraigado mientras la Procuraduría Estatal consigue formularle una acusación que lo haga procesar penalmente.

No es la primera vez que miembros de ese grupo se ven mezclados en tratos turbios con la industria del juego. Cuando Salgado fue alcalde de san Nicolás aceptó recibir en comodato un helicóptero de parte de la empresa Entretenimiento de México, SA de CV, propiedad de Juan José Rojas Cardona, a quien se denomina “el Zar de los Casinos” en la zona metropolitana de Monterrey. Fue tal el escándalo por ese préstamo de uso, que el Ayuntamiento de San Nicolás fue obligado a devolver la aeronave. (Proceso, 4 de septiembre).

No obstante haber protagonizado ese episodio (o por eso mismo), Rojas Cardona se dice víctima de extorsiones. La semana pasada participó en un foro organizado por diputados que dan seguimiento al problema de los casinos, en función del incendio deliberado del Royale, que provocó la muerte de 52 personas. Rojas Cardona “acusó a gobiernos municipales y al estatal, que encabeza Rodrigo Medina, de fomentar la corrupción en contra de los empresarios de esa industria (Reforma, 3 de septiembre).

lunes, 5 de septiembre de 2011

Reyes del juego

Corregir el desorden que priva en la industria del juego debe ser una de las consecuencias del crimen colectivo en un casino regiomontano y sus derivaciones políticas. La situación jurídica de los “desplumaderos” requiere un abordamiento de frente y a fondo, que incluya un eficaz mecanismo de supervisión y vigilancia. Ha de evitarse con ello la situación, entre ridícula y patética, de una autoridad federal que ignora quién opera una casa de juego donde se privó de la vida a 52 personas, la mayor parte de las cuales estaban allí por su gana de divertirse y acometer la imposible hazaña de ganar más dinero del que pierde. Pero otra porción de las víctimas, 14 de 52, eran empleados sin garantías laborales, que ni siquiera recibieron pago por sus últimos días de trabajo.

Es inadmisible que el secretario de Gobernación informe, de acuerdo con los precarios datos que conoce, que la empresa permisionaria del casino incendiado es Atracciones y Emociones, SA de CV, y que ignore que de tiempo atrás esta sociedad anónima ya no opera el lugar que resultaría afectado. Al parecer hay una disputa no por la titularidad del permiso, que sólo puede ser dilucidada por quien la otorgó, sino por la capacidad de mantener abierto el establecimiento y beneficiarse con las ganancias, que conlleva el riesgo de padecer extorsiones, cualquiera que sea su origen.

Los permisos fueron expedidos por razones políticas a miembros eminentes de grupos de poder, o a los propios grupos. En los años noventa fueron beneficiados por autoridades priístas Rodrigo Aguirre Vizzuet, en pago parcial a la deuda política que el presidente Carlos Salinas tenía con su padre Ramón Aguirre Velásquez, uno de los integrantes de la familia feliz constituida alrededor de Miguel de la Madrid, a la que también perteneció Salinas. A su vez, Jorge Hank Rohn recibió en herencia el hipódromo de Tijuana, de donde partió para establecer su vasto negocio de juegos, previo aprovechamiento indebido de los terrenos en torno a ese estadio que nunca debieron servir a otros fines.

En la década siguiente los beneficiarios fueron núcleos de poder como Televisa y como la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), cuyos intereses se intersectan y combinan. Es grotesco ver cómo entre cuestionamientos al modo en que se maneja la industria del juego, y se informa de las secuelas procesales y políticas del incendio criminal del 25 de agosto, Televisa inserta los anuncios de sus propios casinos, bajo la denominación de Play City.

La alta concentración de los permisos en empresas como las mencionadas en las líneas anteriores se ha visto acentuada por la expansión de Codere (Compañía de recreativos), una empresa española que ahora domina las apuestas en nuestro País. Como parte de la reconquista española, mostrada por la creciente presencia de inversionistas de ese origen en la banca, la construcción de infraestructura y la energía, también ha llegado a México la empresa dominante del juego en España.

También en ese País la influencia política es determinante de los negocios del azar (que en sí mismos nada tienen de azarosos, porque sus propietarios llevan siempre las de ganar). Codere se constituyó en 1980 mediante la asociación de las familias Martínez Sanpedro y Franco. A esta última pertenecían los nietos del dictador muerto cinco años atrás, modelador de un sistema político de transición que de muchos modos continuaba vigente. Joaquín y Jesús Franco se dedicaban a la fabricación de “máquinas de ocio” y José Antonio y Javier Martínez Sanpedro a la apertura de las primeras casas de juego autorizadas en España. Los Franco salieron pronto de la sociedad, lo que probablemente indica que sólo vendieron sus influencias para la fundación de una empresa que en los aires de modernización y libertad que soplaron al establecerse la monarquía constitucional pronto prosperó. Tras su establecimiento en Madrid, el negocio se expandió por Cataluña primero y después por toda España. Luego sus intereses desembarcaron en Argentina y Colombia, Brasil, Panamá y Uruguay.

En México, Codere se asoció con el Grupo Caliente, de Hank Rohn, y la CIE dirigida por Alejandro Soberón, empresa que a través de Ocesa controla la mayor parte del entretenimiento y los espectáculos en México. Su vínculo con sus socios mexicanos se fortaleció tanto que los mexicanos quedaron reducidos a la minoría. El año pasado, Codere adquirió dos terceras partes (67.3% exactamente) de Caliente. Hank Rohn tuvo que dar ese paso debido a su irrefrenable endeudamiento, un pasivo de 171 millones de dólares que fue absorbido por el consorcio adquiriente. La directora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello averiguó que ese peso muerto fue generado por “la enorme nómina que Jorge Hank ubicó en los centros de apuesta de Caliente, armada a base de compromisos y compadrazgos”.

Actualmente está en trámite en la Comisión Federal de Competencia la autorización para que Codere haga crecer su participación en la empresa operadora del Hipódromo de las Américas (y casas de apuestas Sport Books y Yaks). Actualmente posee el 49% de las acciones de CIE Las Américas, al 84.8%. Es de suponer que para otorgar o negar su anuencia a esta expansión del grupo español la Cofeco cuente con mejor información de la que yace en los archivos de Bucareli.

¿Es pertinente, o dañina o inocua la españolización de la industria del juego? Sería conveniente que se trace al respecto un criterio oficial explícito.

domingo, 4 de septiembre de 2011

NL: ¡que se vayan todos!

Una regla inflexible, con muy pocas excepciones, es que quienes pretenden defender su reputación en los tribunales arrastran ya mala fama o mala conciencia. En general, acuden a la justicia para obtener certificados de honradez quienes carecen de ella. Ese es el caso de Manuel Jonás Larrazabal, quien denunció por difamación a quienes hicieron conocer su manía de cobrar dinero en casinos, todavía no se sabe por qué concepto.

Tras haber pretendido resguardar su honra a través de su abogado, Larrazabal acudió personalmente a la Procuraduría a ratificar su denuncia. Lo hizo, pero después se convirtió en imputado. Ahora está arraigado en la instalación que para ese efecto mantiene el Ministerio Público en el Centro de Monterrey. A partir precisamente de los videos y fotografías difundidos por los diarios del Grupo Reforma, se investiga a qué titulo recibió en varias ocasiones dinero en efectivo en casinos regiomontanos. Y se indagará también el que acudiera a una de esas casas de juego sólo cinco días después de que los operadores de ese establecimiento fueran intimidados con violencia para persuadirlos de pagar protección.

Tal vez lo hicieron, y Larrazabal habría sido el cobrador. Él insiste en lo que todo el mundo considera una patraña: que se dedica al comercio de productos de origen oaxaqueños, que es el suyo propio, y que fue captado por las cámaras que lo denuncian, en el acto de cobrar el aprovisionamiento de queso y de mezcal. No hay seña de que se dedicara a ese giro mercantil. Sí la hay de que miente: dijo en su denuncia que siempre ha trabajador con apego a la ley. Hay evidencia, en cambio, de que la violó más de una vez al recibir sueldos en el Ayuntamiento regiomontano, durante varias administraciones, sin devengarlos. Era aviador y dos veces lo hicieron aterrizar.

Ahora está arraigado, y convive con los presuntos incendiarios del Casino Royale, la secuela de cuya quemazón está haciendo que la crisis de violencia e inseguridad que vive Nuevo León en general y principalmente la región metropolitana de Monterrey desde hace siete años se convierta en crisis política. Es probable que también sea alojado en ese centro el agente de la Policía estatal detenido como partícipe de la banda que prendió fuego a aquel casino y con ello asesinó a 52 personas.

A causa de la conducta de su hermano, está en entredicho el alcalde de la capital, Fernando Larrazabal, que pretendió distanciarse de su familiar, renegando de él, como si casi no lo conociera, siendo que le presta una casa donde reside habitualmente. Es verdad que no existe el delito de fraternidad incómoda y no hay derecho a extender al Presidente Municipal la responsabilidad penal en que incurra un miembro de su familia. Pero sus contradicciones y titubeos lo han colocado en posición frágil, al punto de que se han multiplicado las voces, incluidas algunas de su propio partido, que le demandan que se vaya, que pida licencia al menos durante el tiempo en que se esclarezca la posición de su hermano. Y la suya propia, porque puede conjeturarse que los cobros realizados por Manuel Jonás eran hechos en beneficio de Fernando, para que la autoridad municipal no estorbara el funcionamiento de las casas de apuestas afectadas.

En cambio, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, que padeció meses atrás una asedio difuso que anunciaba su renuncia un día sí y otro también, parecía consolidado con la eficacia con que sus colaboradores en materia de seguridad y de procuración de justicia hallaron en brevísimo plazo a algunos de los incendiarios y asesinos del 25 de agosto. Se habían reunido varios hechos venturosos para la identificación y localización de los responsables. A la fortuna de contar con videograbaciones que mostraban a los presuntos homicidas al llegar al Royale y antes, al surtirse del combustible que utilizarían allí, se agregó la pericia de los investigadores. Huellas de los bandoleros fueron buscadas en el registro respectivo de la Procuraduría estatal y eso permitió la aprehensión de los responsables. Los cinco detenidos confesaron su participación en los sucesos, y fueron mostrados a la opinión pública. Si bien faltan detenciones, se proclamó que el caso estaba resuelto.

Pero se trata sólo de una apariencia. En la misma noche del grave suceso, Medina distribuyó culpas entre las instancias municipales y las federales, que las tienen. Pero pronto salió a la luz el papel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyos fallos permiten funcionar a los casinos que nacen o caen en la ilegalidad. Y ese tribunal depende del Ejecutivo, que designa a sus magistrados. Por otro lado, si los cinco capturados no fueron consignados ante un juez, síno que sólo se demandó su arraigo, es porque no puede formularse contra ellos una acusación sólida, susceptible de ser aceptada por la justicia. Y para colmo, la Policía Federal detuvo a un agente estatal de seguridad, lo que despierta dudas sobre la integridad de la corporación a que pertenece.

Quizá por esos indicios sobrevino el jueves el demoledor juicio de los principales empresarios de Monterrey sobre el decepcionante desempeño de los gobernantes locales. El lunes, algunos de los hombres de empresa que emitieron su veredicto habían sido recibidos por el presidente Calderón, que con tal de escucharlos aplazó el compromiso anunciado de recibir, de manos del rector José Narro Robles, la aportación de la UNAM para revisar la estrategia de combate al crimen organizado. Era urgente para Calderón encontrarse con los líderes empresariales a los que no vio durante su breve visita del viernes anterior a Monterrey.

Tal vez en esa reunión quedó claro a los líderes regiomontanos el estado de la cuestión. El hecho es que por lo menos tres de ellos produjeron días después su agrio juicio sobre sus autoridades locales. La ocasión para hacerlo fue la entrega del premio que lleva el nombre de don Eugenio Garza Sada. El orador fue el ingeniero José Antonio Fernández, presidente de FEMSA, el consorcio que si bien perdió el control de su división cervecera, ha prosperado sostenidamente como embotellador de Coca-Cola y como propietario de la cadena de misceláneas OXXO, diseminadas en todo el país.

No se limitó a recordar las virtudes humanas y empresariales de Garza Sada, líder de una comunidad industriosa y pujante, víctima él de una crisis de violencia armada que el Estado mexicano tardó en aplacar. Ni se redujo a enumerar los méritos de los premiados. Era ineludible que se expresara sobre la inseguridad creciente, sobre todo porque hablaba en el Tecnológico, que ha sufrido en carne propia los funestos yerros del embate contra la delincuencia organizada. De modo que no se anduvo con ambages:

“Hay que decirlo con todas sus letras: las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno de Nuevo León han tenido un desempeño evidentemente insatisfactorio y decepcionante”, dijo. Agregó que “si la realidad no es peor es sólo porque los delincuentes interpretan que no les conviene”. Y dictaminó contundente: “No hay control sobre la plaza”

Y si bien en tono autocrítico se preguntó por las omisiones de las familias, los maestros, los empresarios y los medios de comunicación en la génesis de la actual realidad, insistió en las responsabilidades gubernamentales: “¿Qué hicieron o dejaron de hacer nuestros gobernantes para fomentar un ambiente de impunidad y de corrupción, un sistema de procuración y administración de justicia tan tortuoso y corrupto?”

El presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, que no obstante las tribulaciones de sus empresas conserva autoridad moral en la vida social de Nuevo León, expresó su acuerdo pleno con Fernández. Y Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios fue aún más allá: “La autoridad no ha cumplido, la autoridad estatal y municipal no ha cumplido. No es que no está cumpliendo. Ya no cumplió”.

Es decir, no se trata de darles una nueva oportunidad, de renovar la exigencia. Eso no se ha dicho con todas sus letras pero sí entre líneas. Deben marcharse los funcionarios desidiosos o incapaces, y con mayor razón los que se benefician de la complicidad con delincuentes e infractores. Ni el priísta que gobierna el estado ni el panista que encabeza el Ayuntamiento regiomontano han podido, en esta crisis y muchos episodios precedentes, satisfacer las demandas ciudadanas. Que se vayan.