La Virgen y los poderes

Sólo faltó un militar (el comandante de la primera región militar, por ejemplo) para que en torno de la Virgen de Guadalupe se reunieran los poderes que hacen política en nombre de esa principalísima advocación de la Madre de dios según el credo católico. El motivo fue la entrega de la primera fase de la Plaza Mariana, un conjunto de obras en forma de cruz que incluye un centro de evangelización, un columbario, un museo interactivo, un mercado y un centro de salud. Estas dos últimas instalaciones, que servirán a los vecinos de la zona independientemente de su credo, serán las últimas en terminarse y entrarán en servicio avanzado el año próximo.

Presidió la ceremonia inaugural el cardenal arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y los convidados principales fueron el jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, presidente del grupo Carso, que ha donado la construcción, y Olegario Vázquez Raña, cabeza del Grupo empresarial Ángeles, que domina crecientemente la industria de hospitales, y opera un segmento importante de la hotelería y de los medios de comunicación. Esto último lo hace a través de Grupo Imagen, propietario de un canal de televisión, muchas emisoras radiofónicas y un diario, que conserva el nombre del fundado por Rafael Alducin en 1917. Vázquez Raña (llamado familiarmente sólo por su primer nombre por el arzobispo) se encargó de la cimentación. Dijo Rivera Carrera: “después de haber llegado a los acuerdos con el Gobierno de la capital, tuvimos la fortuna de que la compañía de Olegario empezara los cimientos y ahí están, a 36 metros, muchos trabajos, muchos sudores, muchas fatigas”.

Debido a la sobresaliente presencia de su propietario, Excélsior dedicó el viernes 10 dos planas en su primera sección (no en la sección Comunidad, reservada para los temas citadinos) a la conclusión de la primera fase y el comienzo de la segunda. La nota referida al acto explicó que en ese momento “se destensaban (sic, en vez de distendían) meses de alejamiento entre el jefe de Gobierno y el cardenal Norberto Rivera”

El prelado ha sido un agrio crítico de la legislación que despenalizó la interrupción prematura del embarazo hasta la duodécima semana, y la reforma al Código Civil que mudó la definición de matrimonio para que no fuera entre un hombre y una mujer sino entre dos personas, lo que permite el casamiento entre individuos del mismo sexo. Directamente el cardenal, y con mayor encono su vocero, el padre Hugo Valdemar, a través del semanario Desde la fe y en conferencias de prensa, se ha condenado ese modo de gobernar de Ebrard. De más está decir que en la contienda legal del jefe de gobierno con el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez su hermano en el Episcopado está inequívocamente de su parte.

La fiesta mariana, en vísperas de la gran concentración humana del día doce, fue aprovechada por Rivera Carrera y por Ebrard no sólo para emitir señales de cordialidad recíproca sino para hacer ver que, en la contienda interna del PRD por la candidatura presidencial, el favor de la Iglesia católica está con el actual y no con el anterior jefe de Gobierno del DF. Era obligado a referirse a Andrés Manuel López Obrador, con quien Rivera Carrera mantuvo una relación tersa, porque el Gobierno capitalino donó el 8 de abril de 2003 los treinta mil metros cuadrados de la Plaza mencionada. Pero el cardenal y el gobernante únicamente lo aludieron, hablando del Gobierno de entonces. En esa omisión el cardenal incluyó el olvido de la presencia de López Obrador en la Casa del peregrino, en esa misma zona, inaugurada apenas cuatro días después de la asunción del jefe de Gobierno, el 9 de diciembre de 2000.

La nota que relata lo acontecido el jueves pasado refiere que “estaban hombro con hombro, incluso Norberto Rivera palmeó el hombro izquierdo del más visible candidato de la izquierda mexicana a la Presidencia de la República”. ¿Ebrard es el más visible candidato de la izquierda mexicana? ¿No ese sitio le corresponde por ahora a López Obrador? Trastrocar el orden en que los ha situado la opinión pública no es un desliz del reportero. Parece corresponder a una estrategia. Ayer lunes, por ejemplo, en el noticiario matutino de Televisa se planteó que los candidatos más viables para el 2012 son Enrique Peña Nieto, Santiago Creel y Ebrard, descartando prematuramente al ex jefe de Gobierno.

La Plaza Mariana está superando un notorio retraso. El diseñador del proyecto, arquitecto Javier Sordo Madaleno calculó en mayo de 2006, ya con una demora encima, que la construcción concluiría unos 24 meses después. Pero diversos obstáculos impidieron que las obras comenzaran. Ya para entonces había sido “resuelto” uno de esos problemas: el predio donado por López Obrador incluía una zona ocupada por comerciantes que resistieron legalmente ser desplazados, hasta que lo fueron por la fuerza el 4 de enero de 2006. Se les arrinconó en un espacio callejero por cuya precariedad reciben una ayuda de la delegación Gustavo A. Madero. Se les ofreció un mercado nuevo, incluido en el proyecto pero del que apenas existe la horadación para los cimientos.

La dificultad mayor era financiera. Sólo este año entró a enfrentarlo el presidente del grupo Carso, cuyo yerno Fernando Romero se ha hecho cargo de la consumación del proyecto. Está previsto instalar 100 mil urnas funerarias en el columbario, que ya se están vendiendo pero los ingresos no han sido suficientes, porque son menos de lo calculado.

Negligencia en comercio exterior

La promoción del comercio exterior parece importar poco al Gobierno federal. Mantuvo acéfalo durante cuatro meses el fideicomiso Proméxico, que al margen de la ley debe ocuparse de esa urgente tarea, y persiste en su igualmente ilegal propósito de reducir las dimensiones del Banco Nacional respectivo, hasta hacerlo desaparecer.

En ese panorama, y con ese propósito, crecen las tensiones internas en Bancomext, convertido en una suerte de “casa chica” de Nacional Financiera, pues su director general y una docena de directores generales adjuntos desempeñan la misma función en ambas instituciones, con detrimento de la atención que cada una de ellas reclama, especialmente el banco especializado, al que los gobiernos panistas han pretendido extinguir.

En este momento, un amago en apariencia menor, casi meramente anecdótico, es la piedra de toque del enfrentamiento entre la dirección del banco y el comité sindical. El episodio que ahora mencionaré es parte de una deliberada política de desdén a la gestión sindical, para privar a quienes la ejercen de su papel de representación, y con ello para disminuir el efecto que surta en Bancomext la creación de una federación sindical de la banca de desarrollo.

La dirección del banco que presumiblemente promueve el comercio exterior ha pedido al comité del sindicato un local en el edificio de la propia institución que la agrupación gremial ha ocupado durante un cuarto de siglo, con el asentimiento tácito de siete directores que en ese lapso con mejor o peor suerte, con mayor o menor atención al desarrollo de la institución han pasado por ahí. Ciertamente, el sindicato dispone de su propio domicilio, pero la relación bilateral del día con día se ha manejado desde los años ochenta desde una pequeña oficina en que despacha el minúsculo comité sindical. La dirección del banco reclama ese espacio como si lo necesitara, cuando es evidente lo contrario, tanto por la reducción de tareas que atosiga a esa institución en beneficio de Proméxico, como por el ausentismo de los directores, el general y los adjuntos, que casi no utilizan sus oficinas y las salas de consejo y de reuniones dado que prefieren despachar en Nacional Financiera.

El acontecimiento en apariencia menudo forma parte de un panorama que revela la concepción de los gobiernos panistas sobre la banca de desarrollo, a la que buscan eliminar o minimizar en beneficio de la banca privada, que ya muy gordas utilidades obtiene con una práctica abusiva en la que la clientela paga por dar su dinero a administrar, en vez de que los bancos resarcieran la disponibilidad de los recursos de ahorradores, depositantes e inversionistas con intereses pasivos que no sean ridículos. En una cuenta cuyo saldo promedio es de 43 mil pesos recibí un abono de tres pesos por intereses durante el mes de noviembre.

En el Gobierno de Fox se deslizó la idea de fundir Nacional Financiera y Bancomext. No llegó a concretarse ninguna iniciativa legal en tal dirección, pues debido a que ambas instituciones fueron creadas por sendas leyes, la modificación de sus objetivos y su estructura reclama la intervención del Congreso. Al contrario, en agosto de 2004 la Cámara de Diputados resolvió explícitamente, en un punto de acuerdo suscrito por la mayoría, que no se avanzaría en explorar la conversión de dos bancos en uno.

Ante la perspectiva de fracasar en el terreno legislativo, el Gobierno de Calderón buscó actuar en el campo de los hechos consumados. El primero de diciembre de 2006, al mismo tiempo que lo ratificaba como director de Nacional Financiera, designó a Mario Laborín Gómez director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. El significado de ese nombramiento fue encarado por la Cámara de Senadores, que en marzo de 2007 reiteró la reticencia que tres años antes había expresado su colegisladora, al acordar su rechazo a cualquier iniciativa de fusión.

En respuesta, el Gobierno acudió de nuevo a los hechos consumados, aunque violaran la Ley. Creó el fideicomiso Proméxico, al que se le atribuyeron funciones propias del banco, sin modificar su ley orgánica. Luego de vacilaciones que llevaron a enmendar el decreto de creación de ese fideicomiso en febrero de 2008, se arrancaron funciones a Bancomext, sin importar que a sus directivos se les pueda imputar el incumpliendo de la legislación que rige a la institución. En vez del Banco, Proméxico se encarga ahora de promover el comercio exterior y atraer la inversión extranjera. Su primer director, Bruno Ferrari, fue ascendido en julio pasado al gabinete como secretario de Economía, ciertamente no por su buen desempeño al frente del organismo que usurpa tareas de Bancomext. Sin quererlo el propio Gobierno reveló cuán inocuo es Proméxico que lo mantuvo sin director hasta el 24 de noviembre pasado, en que fue designado para encabezarlo el ingeniero Carlos Guzmán Bonfil.

En ambas cámaras del Congreso las fracciones del PRI han presentado iniciativas para crear un Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Pero no ha prosperado su trámite legislativo. Mientras tanto, Bancomext languidece en un proceso de deterioro deliberado que incluye el menoscabo de la relación bilateral, en actitudes a las que no es ajeno el director general Héctor Rangel Domene, que hace dos años sustituyó a Laborín. El propio director general (que antes lo fue de Bancomer, donde también trabajó su antecesor) y los doce directores adjuntos que sirven a dos amos, quedan mal con uno, al que se proponen suprimir.

Plaza Mariana… el milagro continúa

A ciento cincuenta años de la promulgación de la Ley sobre Libertad de Cultos –recordada el miércoles cinco en la Cámara de Diputados—las creencias religiosas tienen una fuerte repercusión en la vida pública. Un confuso credo, el de Nazario Moreno, su fundador, está en la base de la creación de La Familia Michoacana, que esta semana ensombreció la vida de ciudades y villorrios de esa entidad al resistir el embate de las Fuerzas Armadas que la persiguen. Otra fe, más clara y vigorosa, la predicada por la Iglesia católica mostró su capacidad de persistir e influir sobre la sociedad en un simbólico acto en la Basílica de Guadalupe, donde según reza la propaganda del cementerio que es parte fundamental de la Plaza Mariana, el milagro continúa.

Otros milagros, aunque no de carácter religioso, se producen también en el Congreso festejante de la reforma de Juárez que, conforme a la noción popular, volvería a morirse si al revivir contemplara el vuelo de las sotanas en animados convivios con magnates y políticos en ascenso. El más notorio de esos milagros al parecer fue obrado por la Secretaría de Hacienda, que con ofertas imposibles de resistir hizo mudar el voto de un número clave de senadores que con su volubilidad impidieron una nueva Ley Federal de Competencia. De esa manera, en un enfrentamiento que va más allá del natural antagonismo entre legisladores de distintas fracciones, una partida entre suspirantes presidenciales, Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, se resolvió a favor del panista, que con destreza parlamentaria realizó una faena que debe ser reconocida por su adversario Felipe Calderón, en cuyo provecho fue ejecutada.

Un conjunto de reformas a la regulación de la economía, conocido como “ley antimonopolios” fue aprobado por consenso de todos los grupos en la Cámara de Diputados. En la de Senadores, sin embargo, se enmendó y adicionó la minuta recibida de San Lázaro. La principal de esas modificaciones, promovidas por razones de fondo y coyunturales por el líder de la bancada priísta y presidente de la mesa directiva, recibió por ello el nombre de “ley Beltrones”. Se trataba de fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica, convirtiéndola de organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía en un órgano descentralizado con autonomía y cuyos integrantes fueran nombrados por el Ejecutivo pero, a diferencia de lo que ahora ocurre, confirmados por el Senado.

El fundamento de la enmienda es sano, pues se impide o dificulta que el Presidente haga miembros de esa comisión a quienes sólo su voluntad decida, lo que induce al amiguismo como en una comisión de corte jurídico semejante, la de Telecomunicaciones, acaba de ocurrir con la designación de un presidente que no cubría los requisitos de ley pero satisfacía la condición que es divisa de la actual administración: es amigo del Secretario de Comunicaciones que a su vez lo es del Presidente de la República.

De haberse aprobado la modificación beltroniana (una de seis propuestas, entre las cuales sobresalen también las severas penas aplicables a las prácticas monopólicas, que en efecto las hagan disuasivas), el Senado donde suele ser dominante la voluntad del autor tendría en los dos años siguientes una nueva fuente de poder, de cogobierno, pues los próximos integrantes de la Comisión de Competencia Económica sólo podrían ser nombrados mediante el acuerdo de Calderón y Beltrones, facultad invaluable para un político que, como el sonorense, requiere hacerse notar como capaz de gobernar, en beneficio de sus aspiraciones presidenciales.

El martes pasado la reforma Beltrones fue aprobada en lo general, por una estrecha minoría, de sólo dos votos: 555 contra 53. La discusión en lo particular fue evitada por el PAN mediante la salida de sus senadores, que rompieron el quórum y aplazaron para el jueves ese debate. Mediante el milagro referido, la voluntad de una docena de legisladores fue remodelada. Y las seis enmiendas de inspiración beltroniana fueron rechazadas. El marcador del martes se transformó el jueves en uno de sentido contrario: 62 contra 52. Los 53 votos panistas se reforzaron con 4 del Partido Verde, 3 de Convergencia y 2 del PT. El senador Pablo Gómez, del PRD, denunció que “el Gobierno ganó de manera sucia. Ofreció a algunos, a través de la Secretaría de Hacienda, inversiones en ciertos municipios, y a otros les garantizó la venta de medicamentos al Seguro Social por parte de algunas farmacias”.

Se creó con ese resultado una excepcional situación legislativa. La minuta senatorial fue remitida a los diputados para que confirmen su inicial aprobación, pero lleva en blanco los artículos que fueron objetados por el PAN y su flamante compañía. El hecho práctico es que no habrá en este periodo, que termina el miércoles próximo, una ley contra los monopolios, de suerte que los que dominan amplios espacios de la economía mexicana, y logran con ello que los consumidores paguen tarifas y precios excesivos, seguirán gozando de esa situación.

El grupo senatorial priísta, de ese modo derrotado, reprochó a Calderón su incongruencia, ya que como candidato presidencial postuló la autonomía de órganos como la Cofeco y ofreció blindarlos “contra tentaciones de amiguismos, componendas, corruptos e incapaces para ocupar el cargo de comisionados”, que es el criterio con que Beltrones procedió. Y a favor de la intervención senatorial, el candidato presidencial panista había sostenido que “la ratificación de los comisionados por el Senado no implica invadir la esfera del Ejecutivo federal ni adoptar un sistema parlamentario, sino un esquema de balance y transparencia que garantiza decisiones que respondan a un punto de vista estrictamente técnico y objetivo”. Calderón olvidó esas nociones al remitir un proyecto que no las recogía y que, por haber sido así aprobado en San Lázaro, quisieron priístas y perredistas enmendar en Xicoténcatl.

Calderón recibió noticias de ese lance parlamentario en Cancún, donde encabezaba las reuniones cumbres sobre cambio climático y mientras tenía dirigida principalmente su atención en el combate contra La Familia Michoacana. Según informó el vocero presidencial Alejandro Poiré el jueves, una operación de fuerzas federales iniciada la víspera en busca de dirigentes de esa banda delictiva, fue resistida por ésta y suscitó enfrentamientos en doce municipios, incluido el de la capital. Se produjeron 19 recios combates que atemorizaron a la población especialmente en Apatzingán y comunidades cercanas, donde la acción militar y policíaca continuaba el viernes, y alteraron la vida ordinaria incluso en ciudades remotas, a las que dejaron de correr los autobuses que salen de Morelia. El saldo de las varias escaramuzas, que supusieron el uso de helicópteros artillados por parte del gobierno, era hasta ese momento de once personas muertas: cinco policías federales, tres presuntos delincuentes y tres civiles, dos de ellos menores de edad. Se presume que uno de los bandoleros muertos sea Nazario Moreno, conocido por su hipocorístico, El chayo, que dio a La Familia Michoacana un carácter tenebroso, de secta mística y banda criminal que recluta a sus adeptos entre adictos rehabilitados.

El contexto en que se lanzó esta batida, a cuatro años exactos del comienzo, en esa misma entidad, de las operaciones militares contra la delincuencia organizada, tiene un marcado tinte político, según lo describe la Secretaría de seguridad pública al dar cuenta de sus acciones contra La familia michoacana. Esa autoridad insiste, aunque la justicia federal ha dicho lo contrario, que los alcaldes y funcionarios detenidos en mayo de 2009 favorecían a esa banda. Sus sesgadas opiniones, sin embargo, se verán reforzadas cuando se ahonde en la atroz circunstancia de que aparezca en la nómina de una escuela del municipio de Arteaga uno de los jefes de La Familia, Servando Gómez, apodado La tuta, que en efecto fue maestro, ya no cobra y sin embargo permanece en la lista del personal empleado por la secretaría de educación pública estatal y es, por ese motivo, miembro de la sección doce del SNTE, cuya dirección ha sido tradicionalmente opuesta al liderazgo institucional y es, al contrario, uno de los baluartes de la CNTE.

De los milagros marianos, que corresponden más al cielo que a la tierra, nos ocuparemos después.

Nueva ministra

Ayer comparecieron ante las comisiones senatoriales que preparan el nombramiento de una nueva ministra de la Suprema Corte, las tres candidatas presentadas por el Presidente de la República. Se prevé, en consecuencia, que el Senado esté en condiciones de votar la designación el martes próximo, un día antes de que comience el receso legislativo.

 

Al recibir a las candidatas los senadores vencieron la tentación de devolver la terna al Presidente, molestos por el breve lapso que el Ejecutivo les concedió en los hechos para elegir a la nueva integrante del máximo tribunal, que reemplazará a don José de Jesús Gudiño, muerto el 19 de septiembre. Dos meses y medio después remitió el Presidente la terna respectiva, que también incomodó a miembros del Senado porque al estar integrada sólo por mujeres el Ejecutivo estrechó el espacio deliberativo de quienes deben escoger un miembro de la cúpula del Poder Judicial donde no hay cuotas de género. La intención, plausible de suyo, de ampliar el número de sitiales ocupado por mujeres (ahora hay dos ministras de un total de 11) quedó desmejorada, a juicio de algunos senadores por el carácter impositivo de la planilla.

El Senado cubrirá la vacante del ministro Gudiño, eligiendo entre las magistradas de circuito Elvia Díaz de León Hers, Lilia Mónica López Benítez y Andrea Zambrana Castañeda. La terna, según se sabe extraoficialmente, porque el Ejecutivo se abstiene de informar al Senado qué criterios lo llevaron a integrarla de esa manera, fue compuesta por la Presidencia a partir de una lista de ocho precandidatos preparada en la Corte, una vez que Calderón accedió a proponer sólo a personal perteneciente a la carrera judicial. Gudiño Pelayo estaba en esa condición, y se ha estilado mantener el equilibrio establecido desde la configuración de la actual Corte, en 1995, en que haya juzgadores profesionales y juristas procedentes de otros ámbitos de la práctica jurídica.

Circula en el ambiente judicial la impresión de que el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia sugirió al Presidente privilegiar la propuesta de la magistrada Díaz de León, lo que Calderón habría aceptado, de suerte que esa candidatura tendría un sello doblemente presidencial. Se requiere desplegar esa característica ante los senadores para paliar el inconveniente que afecta a la magistrada Díaz de León, que es el pertinaz rechazo que ha padecido en procedimientos anteriores. Fue parte de la terna presentada por el presidente Fox en 2003 para sustituir a don Juventino Castro y Castro, y el Senado a la postre eligió a la ministra Margarita Luna Ramos. Fue asimismo candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006, y el Senado escogió a Manuel González Oropeza. Tampoco prosperaron sus intentos de ser fiscal de delitos electorales en la PGR y directora del Instituto Federal de Defensoría Jurídica. Sólo cuando la decisión correspondió a la Suprema Corte, se le nombró miembro del Consejo de la Judicatura Federal. En vez de premiar su tenacidad (o la de su promotor) el Senado tendría que reparar en las circunstancias por las que legislaturas anteriores no la eligieron. Aunque tampoco está previsto que los senadores exploren el terreno en que las candidatas ha actuado para tener elementos “para mejor proveer”, es seguro que se les haga llegar información sobre el desempeño profesional de cada quien. Con ese insumo, más la entrevista y el examen de la hoja de vida de las candidatas, así como el conocimiento de las necesidades específicas de la Corte el Senado está en situación de hacer la mejor elección.

Contará a favor de la magistrada tenida como favorita su larga experiencia en la administración de justicia. La situación contraria es la de Andrea Zambrana Castañeda, que es la de más reciente ingreso a la magistratura. Antes de ser integrante de un tribunal de circuito (lo que ocurrió apenas en 2008) su desempeño principal fue de secretaria de estudio y cuenta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Si bien ganó su plaza de magistrada en un concurso cerrado, obra en su contra el que no haya sido antes juez y carezca, por lo tanto de la experiencia que el desempeño de esa función otorga.

Cuenta con ella, en cambio, la candidata López Montiel, que muestra el perfil más completo de los que debe examinar el Senado. Antes de ser abogada se graduó en la Escuela Nacional de Maestros y fue profesora de banquillo. En esa etapa dio cuenta de su incesante afán de aprender, pues cursó en Madrid, Técnica Educativa y Cine Didáctico. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional, y maestra y doctora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en cuyo último grado obtuvo mención honorífica. Ha cursado un gran número de especialidades que dan cuenta de la variedad de sus intereses. Además de los estudios propiamente jurídicos (que la han llevado a las universidades españolas de Salamanca y Alicante) así como en México al ITAM, la Universidad Panamericana, ha realizado un curso sobre equidad de género en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y de redacción avanzada, informática jurídica, matemáticas, y derechos humanos en varias instituciones.

Ingresó a la Judicatura Federal en 1986 como oficial judicial y luego fue actuaria y secretaria, Ascendió a juez de distrito en 1994 y a magistrada en 2000. Sin perder esa categoría desde enero pasado es secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación en el Consejo de la Judicatura Federal.

Crisis existencial del PAN

Aunque el relevo en la dirección panista se saldó con sobresaltos llevaderos, la reunión del consejo nacional que eligió a Gustavo Madero y algunos hechos previos y posteriores dan cuenta de una crisis profunda, la que, hace muchos años, antes de que se propusiera ser a como diera lugar presidente de México, Felipe Calderón implicó que ocurriría si al ganar el gobierno los panistas perdían su partido. En los hechos el dilema se resolvió con una doble pérdida, pues no ejercen el gobierno ni mantienen la esencia de su organización.

Enorgullecíó al PAN durante largo tiempo la convicción, no lejana del fariseismo (el que da gracias a Dios por no ser como los otros), de su diferencia ética con el PRI, que fue su referente, el modo de ser al que no querían asemejarse de ninguna manera. El manejo del Revolucionario institucional por el Presidente de la república, por ejemplo, la sujeción del partido oficial al jefe del Estado era inadmisible. Y sin embargo, el PAN es dirigido hoy desde Los Pinos, como siempre.

Calderón nombró sin embozo a dos presidentes de su partido, a dedo, como en los viejos tiempos. Lo hizo también el sábado cuatro en la figura de Gustavo Madero, aunque en este caso jugó con dos cartas, para simular una contienda cuya mera apariencia quedó clara apenas se percibió que los consejeros adheridos al Presidente forman una amplia mayoría (los 129 que votaron por el triunfador y los 121 que lo hicieron por el candidato alterno, Roberto Gil). Se consolidó así la subordinación del partido a una sola voluntad, la del Presidente, cuya esposa quedó a cargo de supervisar en los hechos la consumación del designio.

A Manuel Espino le fue impedida la entrada a la reunión del consejo nacional, y se le puso en la deplorable situación de que lo echaran de la sede partidista empleados que hasta hace apenas tres años estuvieron a sus órdenes. No es el primer dirigente nacional que sale del PAN. Sí es el primero en ser expulsado. Su caso no estaba cerrado el sábado cuando sufrió esa vejación, pero se le obligó a asumir un hecho consumado, allí, en el partido de los abogados que todo los remitían al cumplimiento estricto de la ley. El partido, que poseía una notable capacidad de reflexión y discusión, no ha practicado una introspección que le permita averiguar por qué José González Torres, Efraín González Morfín, Manuel González Hinojosa, Pablo Emilio Madero y Carlos Castillo Peraza, que lo encabezaron (y tres de ellos fueron candidatos presidenciales) decidieron salir de sus filas. Algo debe haber perdido una organización que resulta repudiada al grado del abandono por quienes le dieron rumbo en por lo menos una cuarta parte de su existencia.

Esa fuga de corazones (órgano en este caso más sensible que el cerebro) quizá resulte de que el patrimonio ético del PAN ha sido dilapidado en el afán de llegar a la presidencia de la república y mantenerse en ella. El primero de diciembre corroboró esa pérdida el ex presidente Vicente Fox, quien sin ambages reconoció que puso el peso de su cargo para hacer que su partido se mantuviera en la Presidencia. El conductor del programa noticioso principal del Instituto mexicano de la radio, Mario Campos, entrevistó a Fox con motivo del décimo aniversario de su ingreso a Los Pinos. El periodista propuso explícitamente al ex presidente si había cargado los dados a favor de Calderón, y Fox admitió campanudamente haberlo hecho.

Se sabe que lo hizo. Lo expuso la timorata declaratoria de presidente electo extendida a Calderón por el Tribunal electoral del poder judicial de la Federación. Los magistrados de la sala superior se refirieron sólo a declaraciones de Fox, no a otros hechos sustantivos, y concluyeron que sus palabras “se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios”, pero no las descalificaron por entero, ya que en su opinión “no fueron determinantes para el resultado final”.

Otro es el juicio que el propio Fox mantiene sobre su intervención ilegal e ilegítima en los comicios de 2006. Apenas dos meses después de entregar la presidencia a Calderón, en febrero de 2007, Fox reconoció que había intentado descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador mediante el desafuero, momento en que reconoce haber perdido, pero “18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato”. En uno y otro momento Fox actuó al margen de la ley.

No es insólito que lo hiciera y además se ufane de ello. Él mismo llegó a la Presidencia de la república en amplia medida a través de una colosal infracción a las reglas electorales. No se ha puesto atención a esa grave circunstancia, porque afea la prodigiosa hazaña de haber derrotado al PRI por primera vez en una elección presidencial. La verdad es que, si no existiera en la legislación electoral una incomprensible desconexión entre los medios y el fin, Fox no debía haber llegado a Los Pinos. O debió irse cuando el Instituto Federal Electoral y el tribunal correspondiente probaron que su campaña se alimentó con un abundante financiamiento irregular, el que provino de los Amigos de Fox. El PAN y su entonces aliado el Partido Verde tuvieron que pagar una multimillonaria multa por haber faltado a la legalidad, pero fue una erogación que al menos los panistas pagaron con satisfacción porque no puso en cuestión el poder presidencial mismo. El fin justifica los medios, se ha llegado a decir para racionalizar esa trampa. Ese comportamiento, contrario a la ética humanista y cristiana del PAN es componente de su crisis.

Matar al mensajero

Julian Assanges, el joven director de WikieLeaks (o jefe de redacción, como él se presenta, en un intento de disminuir su presencia personal en un proyecto colectivo) amaneció esta mañana en una prisión londinense. El Gobierno sueco solicita su extradición y le fue negada la libertad provisional hasta que se resuelva el pedido de Estocolmo. Los delitos de que se le acusa conciernen a su vida personalísima: violación, acoso sexual y coerción, y el periodista australiano debe encarar su responsabilidad. Pero el que las conductas que se le achacan hubieran ocurrido en agosto y se le requiera en diciembre, cuando se halla en el centro de una tormenta de alcance mundial obligan a pensar que una motivación política induce su captura . En otra circunstancia sería exigible que una figura pública como él volviera a Suecia y resolviera de frente sus diferencias con las personas que lo acusan, con las que Assange asegura haber tenido una relación adulta, convenida, es decir con el consentimiento de ellas, que también admiten el consenso salvo en lo que hace a sus reticencias cuando Assanges quiso continuar el trato sexual sin contar con la protección debida.

El protagonista del más vasto escándalo político mundial teme que de Estocolmo, si la justicia británica acepta extraditarlo, se le conduzca a los Estados Unidos, donde se ha creado un ambiente extremadamente hostil en contra suya. La más rabiosa derecha norteamericana lo detesta en mayor medida aún que el Gobierno de Washington, y con la irracionalidad que es propia de esa posición ideológica propone que se le asesine: no que se le aplique la pena de muerte, después de un proceso, sino simple y llanamente que se le arrebate la vida, que un sicario o un desquiciado movido por la idea patriótica que anima a Sara Paley, la fundadora de ese Yunque norteamericano que es el Tea Party, lo balee en las calles como hizo Mark David Chapman a John Lennon hoy hace exactamente 30 años.

Arrestado como está en Londres y eventualmente sujeto a proceso, Assanges resulta un triunfador, porque al atraer sobre su persona las inquinas de los orígenes más diversos permite que la divulgación de documentos reservados continúe su curso. El papel de WikiLeaks se cumple así cabalmente. Su fundador atrae los rayos de la justicia y de las buenas conciencias, sin que se repare en que él no es la fuente de los documentos que ahora incomodan o inquietan a tantos, y tampoco es el eslabón final de la cadena para hacer conocer esos papeles. En buena hora, nadie ha movido un dedo para pretender que los periódicos donde desembocan las filtraciones dejen de hacerlo. Sería de ver que la justicia británica intente censurar a The Guardian, o la española a El País, o la de Alemania a Der Spiegel, o la francesa a Le Monde, o la de Estados Unidos a The New York Times.

En 1971, Daniel Ellsberg un funcionario del Departamento de Defensa norteamericano, percatado de las mentiras monumentales del Gobierno de Nixon para justificar su creciente participación en la Guerra de Vietnam, se jugó el todo por el todo y de manera anónima (sólo al cabo del tiempo sería descubierto) envió copia de un archivo completo sobre el tema a The Washington Post. Cuando este diario inició la publicación de “los papeles del Pentágono”, el Gobierno buscó impedir judicialmente que lo hiciera. Para evitar el silenciamiento otros diarios retomaron la publicación de esos documentos, que fue legitimada a la postre por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde se lee esta frase que podría inscribirse en las salas de redacción (o lo que reste de ellas) de todo el mundo: “Sólo una prensa libre y sin restricciones puede exponer efectivamente los engaños del Gobierno”.

Un moderno Ellsberg, o varios émulos de ese personaje reunieron y copiaron la documentación gubernamental que tanto ha dado que decir, y la remitieron a WikieLeaks. Y los cuatro diarios y la revista mencionados la pusieron a disposición de los lectores, en una nueva demostración, digámoslo de refilón, de la potencia que conservan y mantendrán por mucho tiempo los medios impresos. Se cumplió así, en esos extremos, el propósito del australiano al fundar su sitio en la red: “proteger a denunciantes, periodistas y activistas que cuenten con información relevante y quieran comunicarla al público”.

WikiLeaks está lejos de ser un mero intermediario, indolente e ingenuo, que simplemente corre traslado de sus mensajes. Verifica su origen, pasa por un apretado cedazo la información contenida en los documentos y luego los da a conocer íntegramente. No lo dice de modo explícito pero es indudable que se abstiene de divulgar información confidencial, secreta, que pudiera poner en riesgo a una nación o a individuos en particular. Cuando más, lo que hace es desenmascararlos, cuando se revela el trasfondo de las relaciones diplomáticas, que suelen estar envueltas en el papel de seda del doble lenguaje.

La prisión (en Londres, Estocolmo o Washington) no acallará a Assange. Se le ha cercado obturando sus fuentes de financiamiento y aún sus depósitos bancarios, y negándole acceso al servidor que ha utilizado. Pero ya se aprestan otros muchos centros de difusión, que cuentan con copia de los documentos de marras, a propagar el contenido de esos papeles. Su diseminación no afecta tanto al Gobierno de Washington (al que sí exhibió la difusión en julio de la cifra de bajas civiles en Afganistán) como a los gobiernos ante los cuales actúan los diplomáticos desenmascarados.

Jesús Ortega, ilegal

Hace un año, el Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que intentó en vano refundar a esa organización, determinó acortar el periodo en que Jesús Ortega sería presidente. En vez de concluir sus funciones en marzo, lo haría el cinco de diciembre. Le cuadrara o no esa decisión, Ortega se había avenido a acatarla. Pero el resultado de su estrategia electoral, las alianzas con el PAN en media docena de entidades, en tres de las cuales triunfó la coalición correspondiente le insufló nuevo aliento y resolvió mantenerse en su cargo hasta marzo próximo. Eso le permitirá no sólo conducir el proceso electoral de Guerrero y Baja California Sur, que están en curso, sino también el de Nayarit y sobre todo el del estado de México.

Sus opositores, sin embargo, aunque no pueden impedirlo conforme a la legalidad interna del partido, porque carecen de los votos suficientes en el consejo nacional, no están dispuestos a someterse a la voluntad de Ortega. Quieren que se vaya, inmediatamente. Por lo pronto, el domingo lo declararon presidente ilegal, espurio, a partir de la medianoche. Avisaron, además, que tomarían físicamente la sede del partido, hasta que se restaure la legalidad interna. También anunciaron que acudirán al Instituto Federal Electoral para solicitarle que tome nota de la infracción en que incurre Ortega y de su deposición. Difícilmente resolverán por esa vía sus diferencias. Por tratarse de un asunto claramente litigioso, después de exponerlo ante la Comisión de Garantías, el tribunal interno del partido, tendrían que acudir a la justicia electoral federal. Pero ese es un extremo al que no parecen dispuestos a llegar, porque no reconocen imparcialidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La actual fase de la crisis perredista, que va de tumbo en tumbo, se originó en marzo de 2008, cuando la elección entre Ortega y Alejandro Encinas no pudo culminar con un resultado admitido por todos. Al contrario, en el largo proceso postelectoral quedó claro que hubo irregularidades de una y de otra parte. Por ello, cuando el caso llegó al Trife, lo esperable era que se declarara inválida la elección a efecto de que los órganos internos convocaran a un nuevo proceso. Pero la Sala Superior del Trife decidió que Ortega había ganado y lo impuso en la presidencia. El prolongado litigio concluyó en noviembre de 2008, y seguiría por vías políticas hasta este momento de no ser que la elección de candidatos a diputados, el año pasado, permitió que Encinas obtuviera alguna compensación. Es ahora el coordinador de los diputados perredistas, desde donde mantiene una fría y mínima relación con el mando del partido.

Las corrientes antagónicas a Nueva Izquierda no dieron por concluido el episodio y aprovecharon la derrota del PRD en los comicios federales del año pasado y la debilidad del liderazgo que ese resultado reveló, para canjear, durante el congreso decembrino, su aprobación a reformas que se pretendían sirvieran para refundar el partido, a cambio de que se abreviara el término para el cual habían sido elegidos Ortega y la secretaria general, Hortensia Aragón. En febrero siguiente, ya en este año, el consejo político nacional formalizó aquel acuerdo del Congreso y con el avenimiento de Nueva Izquierda y sus aliados se fijó indudablemente el cinco de diciembre como fecha para una nueva elección. No la hubo, pero los adversarios de Ortega interpretan que éste debió marcharse anteayer.

A la fragilidad de Ortega en 2009 contribuyó de modo central la actitud de López Obrador, que no reconoció la designación del dirigente principal por el Trife y prácticamente, salvo contados casos, abandonó el partido durante el proceso electoral del año pasado. Reforzó su posición y su desavenencia con Ortega un nuevo fallo del Tribunal Federal Electoral, el que privó de la candidatura a jefa delegacional de Iztapalapa a Clara Brugada. En un episodio muy conocido por sus aspectos chuscos y vergonzosos, pero menos estudiado respecto de las capacidades de movilización de López Obrador. El vasto agrupamiento que encabeza hizo que al día de hoy Brugada gobierne la más extensa y poblada de las 16 delegaciones del Distrito Federal.

El éxito electoral de López Obrador en 2009, del que resultó ganancioso el Partido del Trabajo, con el consiguiente perjuicio para el PRD, se trocó en un resultado contrario en julio pasado. Mientras que Ortega predicó y practicó una política de alianza contra el PRI, López Obrador la objetó y militó en su contra. Las victorias de la coalición maldita por el ex candidato presidencial en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y el desempeño de sus candidatos en Durango e Hidalgo, donde no está dicha la última palabra, fortalecieron a Ortega, que por eso resolvió no citar a elecciones y mantenerse en su cargo hasta marzo, cuando se cumplen tres años de su cuestionada elección.


Las dos grandes tendencias que dominan la escena perredista: la de Nueva Izquierda y sus aliados, y la de López Obrador (el grupo de ocho corrientes que desconocieron la presidencia de Ortega) están trabados en un enfrentamiento sin solución aparente. El comité encabezado por Ortega expulsó la semana pasada al senador Tomás Torres, porque apoyó en Zacatecas al candidato de Ricardo Monreal, es decir del PRI. Una infracción semejante, hacer propaganda por otro partido en contienda con el PRD, ha cometido López Obrador. Pero los “Chuchos” se suicidarían si pretendieran sacar del partido a su principal activo político.