Derechos humanos: reforma torcida

La asombrosa y deplorable decisión de un poder del Estado de desembarazarse de una facultad conferida por la Constitución, decisión admitida en la reforma sobre derechos humanos que la Cámara de Diputados aprobó anteayer antes de entrar en receso, fue un mal paso que, como suele ocurrir, condujo a otro de mayor gravedad.

A la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia les pesaba como una losa una atribución que les permitía investigar las violaciones graves a garantías individuales. Mostraban renuencia cada vez que se invocaba el artículo 97 constitucional que le asignaba esta facultad excepcional, más cercana al papel de un indagador ministerial que al estrictamente jurisdiccional, su razón de ser. Por esas reticencias, a lo largo del Siglo XX sólo se produjeron dos aplicaciones de esa norma excepcional, y cuatro más en la primera década de este siglo. Independientemente de su resultado, las indagaciones mostraban la posibilidad de que un poder del Estado desplegara su señorío en beneficio de los derechos humanos.

La voluntaria renuncia de la Corte a una atribución señera condujo al Congreso a llevar esa facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o más exactamente, a su consejo consultivo, un órgano creado en la ley orgánica de la CNDH con un propósito por entero diferente, y al que habría que habilitar, luego de desnaturalizarlo, para que pueda encargarse de “desarrollar y desahogar” investigaciones constitucionales que por el solo hecho de ser efectuadas por un apéndice de un órgano constitucional autónomo pierden la prestancia y el peso institucional que les confería su realización por el tribunal constitucional. Si un valor tenían las indagaciones realizadas conforme al artículo 97 constitucional, ello se debía a la fuerza ética de los juzgadores del más alto nivel institucional. Ejercida en un lugar distinto de la Corte, más valiera que la facultad desaparezca o sea parte de las atribuciones propias de la CNDH, no de su consejo consultivo, o de un Ministerio Público reforzado cuando dependa de una fiscalía general autónoma cuyo titular sea nombrado por el Congreso, no por el Ejecutivo.

Como su nombre lo indica, el consejo consultivo de la CNDH es una decena de ciudadanas y ciudadanos que cuentan con prestigio en el ámbito de su actividad y gozan de reputación, que les permite opinar con amplitud y solidez de criterio en casos a los que discrecionalmente los convoca el ombudsman, que puede atender o no las opiniones del consejo. El carácter ornamental que en situación extrema llega a tener el consejo se mostró hace dos años, cuando el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, no juzgó oportuno consultarlo antes de presentar una acción de inconstitucionalidad sobre legislación del Distrito Federal que afectaba positivamente los derechos humanos de los capitalinos.

Si no se corrige la flamante reforma, que tiene que ser aprobada aun por el Senado, los miembros del consejo consultivo quedarán investidos de un carácter legal que quizá no les cuadre, y requeridos de competencias profesionales distintas de las que las condujeron a ese encargo ad honorem. Su nueva función demanda un conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico, y si bien es cierto que en la actual integración del consejo hay abogados, algunos de ellos merecedores de gran consideración social como Patricia Kurczyn Villalobos, Miguel Carbonell, Rafael Estrada Michel y Ricardo Sepúlveda, también es cierto que hay consejeras que profesan disciplinas ajenas al derecho, como la doctora en Sicología Graciela Rodríguez (que encabezó la facultad correspondiente en la UNAM) y la actuaria Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, que aunque dirigió la unidad de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación carece de formación jurídica. No le hacía falta para pertenecer al consejo en su actual configuración. Es de dudarse que no la requiera la diversa índole que ahora asumirá ese órgano.

Cuando la Corte desplegó la facultad que le confería el 97, encabezaron las indagaciones directamente miembros del pleno, ministros del propio tribunal, o éste las confió a magistrados, expertos en todos los casos en derecho penal, y los más de ellos con experiencia en actividades ministeriales o en la justicia ordinaria. Con la atribución a que nos referimos se despoja a la indagación mencionada no sólo de prestancia social sino también de certidumbre profesional.

Ya antes la Corte había logrado que se la librara de otro fardo, a juicio de algunos de sus integrantes, o de una facultad indispensable para asegurar la libertad de sufragio.. Sobre el razonamiento (o el pretexto) de que el Instituto y el Tribunal federales electorales se encargan ya de esa tarea a partir de 1996, se suprimió la posibilidad de que la Corte investigara violaciones graves al voto público, Ahora el propio tribunal, con el auxilio de un Poder Legislativo que probablemente no se percató del paso que daba, abdicó de un deber, se cercenó una atribución que le daba majestad.

La errática y accidentada reforma en materia de derechos humanos de que forma parte esta aberración es rica en avances y logros, aun respecto a la propia CNDH. Pero la afea, es más que una verruga en su rostro dotar a un cuerpo no preparado para ese efecto una misión exigida hasta que se establezca un régimen de plena legalidad y de confianza social en las investigaciones del ministerio público, que de ser eficaz y respetable haría innecesarios los órganos de derechos humanos.

Moreira, líder priísta

Emilio Gamboa aceptó dirigir, se supuso que sólo durante unos meses, el sector popular del PRI en el entendido de que sería sólo una estación de paso hacia la presidencia nacional del PRI, que ejercería cuando concluyera, en marzo, el periodo para el que fue elegida Beatriz Paredes. Pero anteayer martes, en la oficina misma que ocupa ya no a título provisional, el ex secretario privado de Miguel de la Madrid se sumó a la candidatura del gobernador Humberto Moreira, que será el único aspirante a encabezar el PRI en los próximos cuatro años, incluido el tan remoto y ya próximo 2012.

El partido que se muestra como imbatible de cara al proceso electoral de ese año, ha comenzado a vivir de nuevo la uniformidad que resulta de una conducción superior, acatada por todos, como la ejercida durante décadas por el Presidente de la República. Cuando ese partido perdió el Poder Ejecutivo y con él la posición angular que regulaba el funcionamiento del PRI, se hizo necesario que el liderazgo nacional priísta se disputara entre representantes de polos de influencia y de poder diferentes. De ese modo, en 2002 contendieron por la presidencia nacional Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, acompañados respectivamente, como candidatos a secretarios generales, por Javier Guerrero y Elba Ester Gordillo. Diestro en el manejo de elecciones cuyo resultado modelaba de antemano, Madrazo se impuso a Paredes, y aunque ella denunció las triquiñuelas que gobernadores amigos del tabasqueño –como José Murat, de Oaxaca—perpetraron en su contra, se avino a la derrota, en espera de tiempos mejores.

Esos llegaron cinco años después, cuando la elección de nuevos liderazgos se realizó ya no en consulta abierta sino con delegados en una asamblea nacional, la cuarta extraordinaria. Esta vez, su compañero de fórmula era un hombre de poder, Jesús Murillo Karam, y no sólo un militante aguerrido como el coahuilense Guerrero. La tlaxcalteca venció al sinaloense Enrique Jackson, que había sido un poderoso líder senatorial en el primer sexenio del gobierno panista, y a quien acompañó como candidata a la secretaría general la diputada quintanarroense Sara Latife Ruiz.

En la integración de la fórmula ganadora se advirtió por vez primera la influencia del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Aunque Murillo Karam contaba con una personalidad y una trayectoria propias, especialmente a partir de su paso por la Gubernatura de Hidalgo, su inclusión en la fórmula encabezada por Beatriz Paredes obedeció a su vínculo con Peña Nieto. El hidalguense había sido pieza determinante en la elección del mexiquense, dos años atrás, cuando había surgido entre ellos una relación que se ha mantiene desde entonces.

Después de esas experiencias de elegir dirigentes del partido (o al candidato presidencial) entre más de un aspirante, que reflejaron y causaron divisiones internas, el PRI resolvió volver a la antigua fórmula del candidato de unidad, lo que fue posible por el creciente poder interno de Peña Nieto, que buscó asumir un papel determinante en la renovación del liderazgo priísta. De allí resultó la sorpresiva decisión del gobernador de Coahuila de anticipar el fin de su sexenio y presentarse como candidato a suceder a Paredes. Si hubo resistencia de la propia Beatriz y de Manlio Fabio Beltrones, entre quienes se había dibujado el ascenso de Emilio Gamboa, esa reticencia ha quedado anulada. Moreira será el próximo líder nacional priísta. No habrá ni siquiera ilusos que vean en la participación misma un mérito, o mañosos que busquen negociar una posición menor aspirando al cargo principal.

A pesar de esa certidumbre, Moreira hará campaña de enero al comienzo de marzo. Para ello en las próximas semanas pedirá licencia a su cargo de gobernador, y será reemplazado por un interino, lo que a su vez hará menos ostentosa la elección del diputado Rubén Moreira, hermano del para entonces ya líder nacional priísta, como candidato a Gobernador (a menos que los apoyos a quien todavía lo es se hayan condicionado a que deponga su decisión de hacerse suceder por su propio hermano).

Humberto Moreira, profesor normalista, ha recorrido una carrera política breve, casi toda desarrollada en Coahuila, si bien trabajó entre 1988 y 1994 como mando medio en la Secretaría de Educación pública. Allí fue, entre otros cargos, secretario particular de Gilberto Guevara Niebla, subsecretario de Educación básica. De regreso en su tierra, fue secretario de Educación con el gobernador Rogelio Montemayor y luego alcalde de Saltillo, de donde pasó en 2005 al Gobierno del Estado, al que llegó en elecciones muy competidas en que su adversario panista fue Jorge Zermeño, actual embajador en Madrid.

El antipanismo virulento ha sido una característica de Moreira. Ha sido crítico ácido del presidente Calderón, en especial por su estrategia contra el crimen organizado. Pero en ese mismo terreno de la seguridad pública no ha sido un gobernante eficaz. Durante su quinquenio se han multiplicado las desapariciones de personas, algunas de ellas secuestradas en busca de una ganancia económica, pero las más sin que se conozca reclamo alguno de sus captores, sin que se sepa quiénes son y, por ende, sin que se castigue a los perpetradores ni se localice a las víctimas.

Los añorantes del priísmo, que lo supongan renovado por que sus figuras refulgentes en los próximos años son menores de cincuenta años, contarán con la biografía de Moreira y de Peña Nieto como insumos imprescindibles para su reflexión.

Corte incompleta

Si la historia se repitiera mecánicamente, sólo con distintos protagonistas, en febrero próximo el Senado elegirá a la magistrada Lilia Mónica López Benítez como ministra de la Suprema Corte de Justicia, como estuvo a punto de ocurrir ayer. Pero la insensibilidad de los senadores panistas, apoyo de la actitud semejante del presidente Calderón, impidió que el máximo tribunal quedara por completo integrado. Subsistirá, por lo tanto, el hueco dejado el 19 de septiembre por el fallecimiento del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, vacante que ha causado ya 15 empates en la primera sala, según advirtió el 29 de noviembre su presidente, Arturo Zaldívar. El que haya diez ministros y no once en el pleno abre el riesgo formal de que no pudiera designarse nuevo presidente de ese tribunal el próximo 3 de enero, si hubiera cinco votos a favor de un candidato e igual número a favor de otro.

Ayer acudieron a hablar ante el pleno senatorial las tres integrantes de la terna enviada por el presidente Calderón tan pronto como el ministro Zaldívar reveló el grave inconveniente de que haya un número par en la sala diseñada para cinco miembros. Fueron escuchadas las magistradas Elvia Rosa Díaz de León, Lilia Mónica López Benítez y Andrea Zambrana Castañeda. Sus discursos completaron la imagen que un buen número de senadores se habían ya formado sobre su perfil y sus propósitos, pues fueron recibidas en comisiones el jueves pasado (y los legisladores panistas les habían pedido presentarse ante su fracción días atrás).

Fue claro que las palabras de la magistrada López Benítez fueron bien recibidas por la mayoría de sus escuchas, que aplaudieron las definiciones de la candidata que reúne experiencia y frescura, pues si bien ha servido al Poder Judicial federal durante un cuarto de siglo (veinte años menos que la magistrada Díaz de León) expuso una visión moderna del tribunal constitucional del que aspira a ser parte y que a su juicio debe abrirse al derecho convencional; es decir, a los tratados internacionales que son parte de la legislación mexicana.

La recepción dada a sus palabras, que confirmó la reacción de los senadores que la escucharon el jueves, se reflejó en la votación. Ella obtuvo 73 votos, lejos de los 48 depositados a favor de Díaz de León, y los solitarios dos de Zambrana Castañeda. Con ser muchos, fueron insuficientes pues se requerían 82, dado que se hallaba el Senado casi completo, pues estaban presentes 123 de los 128 integrantes de esa cámara. Conforme a un acuerdo suscrito ex profeso, se realizó una segunda ronda, en que la magistrada López Benítez avanzó un voto, la ocupante del segundo lugar permaneció en 48 votos y los dos de la tercera desaparecieron, convertido uno en el agregado a la candidata más votada y en abstención el otro.

Puesto que no se logró la elección, se informará al Ejecutivo el resultado para que presente una nueva terna. De ese modo se repetirá un episodio que ya conoció el Senado, y en el que participó en semejantes condiciones a las de ahora la magistrada Díaz de León, que por ese motivo insistió ayer en que era la segunda ocasión en que se dirigía al pleno. Pudo decir también que era la tercera vez, siempre con resultado adverso, que se presentaba como candidata a cargos que el Senado decide, pues aspiró a ser magistrada del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 27 de noviembre de 2003 el Senado programó la elección de dos integrantes del pleno. El primer caso no ofrecía duda. Encabezaba la terna el director del departamento de derecho del ITAM, José Ramón Cossío, cuya aspiración a ser ministro era conocida y aceptada, pues legítimamente él mismo la había expresado o dado a entender con claridad. El presidente Fox predispuso su elección colocando en la terna a dos juristas de mérito pero sin la dimensión pública de quien a la postre fue elegido. Lo fue de modo arrollador, pues de los 92 senadores presentes se inclinaron por él 84, mientras que los ocho restantes se dividieron entre las otras candidatas.

No se produjo un resultado así de rápido y contundente en el segundo caso. En la primera vuelta el ex presidente del Tribunal Federal Electoral, José Luis de la Peza obtuvo 42 votos, la magistrada Margarita Luna Ramos, 37, y su colega Elvia Rosa Díaz de León, doce. Sin mayoría calificada, hubo de citar a una nueva sesión, el 2 de diciembre, para saldar la situación. No fue posible hacerlo, porque si bien casi se duplicó la votación a favor de Luna Ramos (72 votos) y creció la de Díaz de León hasta 45, todo en ello en perjuicio de De la Peza, que terminó con sólo seis, ninguno de ellos llegó al tope demandado. De esa suerte, el presidente Fox envió en febrero siguiente, de 2004, una nueva terna, en que prevaleció el nombre de Margarita Luna Ramos, suponemos que por ser la que mayor votación obtuvo y a la postre fue elegida ministra.

Si no quiere de nuevo ser insensible, Calderón tendría que hacer lo mismo, y al integrar la nueva terna incluir en ella sólo a la magistrada López Benítez. Se remediaría así, aunque con tardanza, el problema generado por la imposibilidad de que ayer fuera elegida una nueva ministra. De no acatar una consigna, los senadores panistas hubieran debido sumarse a la mayoría, que con amplitud reflejaba el espíritu prevaleciente en el Senado. Si Calderón padece igual empecinamiento dentro de algunas semanas y presenta una terna que no genere asentimiento, él mismo podrá cubrir, a solas, la vacante. Esperemos que no se trate de eso.

La Virgen y los poderes

Sólo faltó un militar (el comandante de la primera región militar, por ejemplo) para que en torno de la Virgen de Guadalupe se reunieran los poderes que hacen política en nombre de esa principalísima advocación de la Madre de dios según el credo católico. El motivo fue la entrega de la primera fase de la Plaza Mariana, un conjunto de obras en forma de cruz que incluye un centro de evangelización, un columbario, un museo interactivo, un mercado y un centro de salud. Estas dos últimas instalaciones, que servirán a los vecinos de la zona independientemente de su credo, serán las últimas en terminarse y entrarán en servicio avanzado el año próximo.

Presidió la ceremonia inaugural el cardenal arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y los convidados principales fueron el jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, presidente del grupo Carso, que ha donado la construcción, y Olegario Vázquez Raña, cabeza del Grupo empresarial Ángeles, que domina crecientemente la industria de hospitales, y opera un segmento importante de la hotelería y de los medios de comunicación. Esto último lo hace a través de Grupo Imagen, propietario de un canal de televisión, muchas emisoras radiofónicas y un diario, que conserva el nombre del fundado por Rafael Alducin en 1917. Vázquez Raña (llamado familiarmente sólo por su primer nombre por el arzobispo) se encargó de la cimentación. Dijo Rivera Carrera: “después de haber llegado a los acuerdos con el Gobierno de la capital, tuvimos la fortuna de que la compañía de Olegario empezara los cimientos y ahí están, a 36 metros, muchos trabajos, muchos sudores, muchas fatigas”.

Debido a la sobresaliente presencia de su propietario, Excélsior dedicó el viernes 10 dos planas en su primera sección (no en la sección Comunidad, reservada para los temas citadinos) a la conclusión de la primera fase y el comienzo de la segunda. La nota referida al acto explicó que en ese momento “se destensaban (sic, en vez de distendían) meses de alejamiento entre el jefe de Gobierno y el cardenal Norberto Rivera”

El prelado ha sido un agrio crítico de la legislación que despenalizó la interrupción prematura del embarazo hasta la duodécima semana, y la reforma al Código Civil que mudó la definición de matrimonio para que no fuera entre un hombre y una mujer sino entre dos personas, lo que permite el casamiento entre individuos del mismo sexo. Directamente el cardenal, y con mayor encono su vocero, el padre Hugo Valdemar, a través del semanario Desde la fe y en conferencias de prensa, se ha condenado ese modo de gobernar de Ebrard. De más está decir que en la contienda legal del jefe de gobierno con el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez su hermano en el Episcopado está inequívocamente de su parte.

La fiesta mariana, en vísperas de la gran concentración humana del día doce, fue aprovechada por Rivera Carrera y por Ebrard no sólo para emitir señales de cordialidad recíproca sino para hacer ver que, en la contienda interna del PRD por la candidatura presidencial, el favor de la Iglesia católica está con el actual y no con el anterior jefe de Gobierno del DF. Era obligado a referirse a Andrés Manuel López Obrador, con quien Rivera Carrera mantuvo una relación tersa, porque el Gobierno capitalino donó el 8 de abril de 2003 los treinta mil metros cuadrados de la Plaza mencionada. Pero el cardenal y el gobernante únicamente lo aludieron, hablando del Gobierno de entonces. En esa omisión el cardenal incluyó el olvido de la presencia de López Obrador en la Casa del peregrino, en esa misma zona, inaugurada apenas cuatro días después de la asunción del jefe de Gobierno, el 9 de diciembre de 2000.

La nota que relata lo acontecido el jueves pasado refiere que “estaban hombro con hombro, incluso Norberto Rivera palmeó el hombro izquierdo del más visible candidato de la izquierda mexicana a la Presidencia de la República”. ¿Ebrard es el más visible candidato de la izquierda mexicana? ¿No ese sitio le corresponde por ahora a López Obrador? Trastrocar el orden en que los ha situado la opinión pública no es un desliz del reportero. Parece corresponder a una estrategia. Ayer lunes, por ejemplo, en el noticiario matutino de Televisa se planteó que los candidatos más viables para el 2012 son Enrique Peña Nieto, Santiago Creel y Ebrard, descartando prematuramente al ex jefe de Gobierno.

La Plaza Mariana está superando un notorio retraso. El diseñador del proyecto, arquitecto Javier Sordo Madaleno calculó en mayo de 2006, ya con una demora encima, que la construcción concluiría unos 24 meses después. Pero diversos obstáculos impidieron que las obras comenzaran. Ya para entonces había sido “resuelto” uno de esos problemas: el predio donado por López Obrador incluía una zona ocupada por comerciantes que resistieron legalmente ser desplazados, hasta que lo fueron por la fuerza el 4 de enero de 2006. Se les arrinconó en un espacio callejero por cuya precariedad reciben una ayuda de la delegación Gustavo A. Madero. Se les ofreció un mercado nuevo, incluido en el proyecto pero del que apenas existe la horadación para los cimientos.

La dificultad mayor era financiera. Sólo este año entró a enfrentarlo el presidente del grupo Carso, cuyo yerno Fernando Romero se ha hecho cargo de la consumación del proyecto. Está previsto instalar 100 mil urnas funerarias en el columbario, que ya se están vendiendo pero los ingresos no han sido suficientes, porque son menos de lo calculado.

Negligencia en comercio exterior

La promoción del comercio exterior parece importar poco al Gobierno federal. Mantuvo acéfalo durante cuatro meses el fideicomiso Proméxico, que al margen de la ley debe ocuparse de esa urgente tarea, y persiste en su igualmente ilegal propósito de reducir las dimensiones del Banco Nacional respectivo, hasta hacerlo desaparecer.

En ese panorama, y con ese propósito, crecen las tensiones internas en Bancomext, convertido en una suerte de “casa chica” de Nacional Financiera, pues su director general y una docena de directores generales adjuntos desempeñan la misma función en ambas instituciones, con detrimento de la atención que cada una de ellas reclama, especialmente el banco especializado, al que los gobiernos panistas han pretendido extinguir.

En este momento, un amago en apariencia menor, casi meramente anecdótico, es la piedra de toque del enfrentamiento entre la dirección del banco y el comité sindical. El episodio que ahora mencionaré es parte de una deliberada política de desdén a la gestión sindical, para privar a quienes la ejercen de su papel de representación, y con ello para disminuir el efecto que surta en Bancomext la creación de una federación sindical de la banca de desarrollo.

La dirección del banco que presumiblemente promueve el comercio exterior ha pedido al comité del sindicato un local en el edificio de la propia institución que la agrupación gremial ha ocupado durante un cuarto de siglo, con el asentimiento tácito de siete directores que en ese lapso con mejor o peor suerte, con mayor o menor atención al desarrollo de la institución han pasado por ahí. Ciertamente, el sindicato dispone de su propio domicilio, pero la relación bilateral del día con día se ha manejado desde los años ochenta desde una pequeña oficina en que despacha el minúsculo comité sindical. La dirección del banco reclama ese espacio como si lo necesitara, cuando es evidente lo contrario, tanto por la reducción de tareas que atosiga a esa institución en beneficio de Proméxico, como por el ausentismo de los directores, el general y los adjuntos, que casi no utilizan sus oficinas y las salas de consejo y de reuniones dado que prefieren despachar en Nacional Financiera.

El acontecimiento en apariencia menudo forma parte de un panorama que revela la concepción de los gobiernos panistas sobre la banca de desarrollo, a la que buscan eliminar o minimizar en beneficio de la banca privada, que ya muy gordas utilidades obtiene con una práctica abusiva en la que la clientela paga por dar su dinero a administrar, en vez de que los bancos resarcieran la disponibilidad de los recursos de ahorradores, depositantes e inversionistas con intereses pasivos que no sean ridículos. En una cuenta cuyo saldo promedio es de 43 mil pesos recibí un abono de tres pesos por intereses durante el mes de noviembre.

En el Gobierno de Fox se deslizó la idea de fundir Nacional Financiera y Bancomext. No llegó a concretarse ninguna iniciativa legal en tal dirección, pues debido a que ambas instituciones fueron creadas por sendas leyes, la modificación de sus objetivos y su estructura reclama la intervención del Congreso. Al contrario, en agosto de 2004 la Cámara de Diputados resolvió explícitamente, en un punto de acuerdo suscrito por la mayoría, que no se avanzaría en explorar la conversión de dos bancos en uno.

Ante la perspectiva de fracasar en el terreno legislativo, el Gobierno de Calderón buscó actuar en el campo de los hechos consumados. El primero de diciembre de 2006, al mismo tiempo que lo ratificaba como director de Nacional Financiera, designó a Mario Laborín Gómez director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. El significado de ese nombramiento fue encarado por la Cámara de Senadores, que en marzo de 2007 reiteró la reticencia que tres años antes había expresado su colegisladora, al acordar su rechazo a cualquier iniciativa de fusión.

En respuesta, el Gobierno acudió de nuevo a los hechos consumados, aunque violaran la Ley. Creó el fideicomiso Proméxico, al que se le atribuyeron funciones propias del banco, sin modificar su ley orgánica. Luego de vacilaciones que llevaron a enmendar el decreto de creación de ese fideicomiso en febrero de 2008, se arrancaron funciones a Bancomext, sin importar que a sus directivos se les pueda imputar el incumpliendo de la legislación que rige a la institución. En vez del Banco, Proméxico se encarga ahora de promover el comercio exterior y atraer la inversión extranjera. Su primer director, Bruno Ferrari, fue ascendido en julio pasado al gabinete como secretario de Economía, ciertamente no por su buen desempeño al frente del organismo que usurpa tareas de Bancomext. Sin quererlo el propio Gobierno reveló cuán inocuo es Proméxico que lo mantuvo sin director hasta el 24 de noviembre pasado, en que fue designado para encabezarlo el ingeniero Carlos Guzmán Bonfil.

En ambas cámaras del Congreso las fracciones del PRI han presentado iniciativas para crear un Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Pero no ha prosperado su trámite legislativo. Mientras tanto, Bancomext languidece en un proceso de deterioro deliberado que incluye el menoscabo de la relación bilateral, en actitudes a las que no es ajeno el director general Héctor Rangel Domene, que hace dos años sustituyó a Laborín. El propio director general (que antes lo fue de Bancomer, donde también trabajó su antecesor) y los doce directores adjuntos que sirven a dos amos, quedan mal con uno, al que se proponen suprimir.

Plaza Mariana… el milagro continúa

A ciento cincuenta años de la promulgación de la Ley sobre Libertad de Cultos –recordada el miércoles cinco en la Cámara de Diputados—las creencias religiosas tienen una fuerte repercusión en la vida pública. Un confuso credo, el de Nazario Moreno, su fundador, está en la base de la creación de La Familia Michoacana, que esta semana ensombreció la vida de ciudades y villorrios de esa entidad al resistir el embate de las Fuerzas Armadas que la persiguen. Otra fe, más clara y vigorosa, la predicada por la Iglesia católica mostró su capacidad de persistir e influir sobre la sociedad en un simbólico acto en la Basílica de Guadalupe, donde según reza la propaganda del cementerio que es parte fundamental de la Plaza Mariana, el milagro continúa.

Otros milagros, aunque no de carácter religioso, se producen también en el Congreso festejante de la reforma de Juárez que, conforme a la noción popular, volvería a morirse si al revivir contemplara el vuelo de las sotanas en animados convivios con magnates y políticos en ascenso. El más notorio de esos milagros al parecer fue obrado por la Secretaría de Hacienda, que con ofertas imposibles de resistir hizo mudar el voto de un número clave de senadores que con su volubilidad impidieron una nueva Ley Federal de Competencia. De esa manera, en un enfrentamiento que va más allá del natural antagonismo entre legisladores de distintas fracciones, una partida entre suspirantes presidenciales, Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, se resolvió a favor del panista, que con destreza parlamentaria realizó una faena que debe ser reconocida por su adversario Felipe Calderón, en cuyo provecho fue ejecutada.

Un conjunto de reformas a la regulación de la economía, conocido como “ley antimonopolios” fue aprobado por consenso de todos los grupos en la Cámara de Diputados. En la de Senadores, sin embargo, se enmendó y adicionó la minuta recibida de San Lázaro. La principal de esas modificaciones, promovidas por razones de fondo y coyunturales por el líder de la bancada priísta y presidente de la mesa directiva, recibió por ello el nombre de “ley Beltrones”. Se trataba de fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica, convirtiéndola de organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía en un órgano descentralizado con autonomía y cuyos integrantes fueran nombrados por el Ejecutivo pero, a diferencia de lo que ahora ocurre, confirmados por el Senado.

El fundamento de la enmienda es sano, pues se impide o dificulta que el Presidente haga miembros de esa comisión a quienes sólo su voluntad decida, lo que induce al amiguismo como en una comisión de corte jurídico semejante, la de Telecomunicaciones, acaba de ocurrir con la designación de un presidente que no cubría los requisitos de ley pero satisfacía la condición que es divisa de la actual administración: es amigo del Secretario de Comunicaciones que a su vez lo es del Presidente de la República.

De haberse aprobado la modificación beltroniana (una de seis propuestas, entre las cuales sobresalen también las severas penas aplicables a las prácticas monopólicas, que en efecto las hagan disuasivas), el Senado donde suele ser dominante la voluntad del autor tendría en los dos años siguientes una nueva fuente de poder, de cogobierno, pues los próximos integrantes de la Comisión de Competencia Económica sólo podrían ser nombrados mediante el acuerdo de Calderón y Beltrones, facultad invaluable para un político que, como el sonorense, requiere hacerse notar como capaz de gobernar, en beneficio de sus aspiraciones presidenciales.

El martes pasado la reforma Beltrones fue aprobada en lo general, por una estrecha minoría, de sólo dos votos: 555 contra 53. La discusión en lo particular fue evitada por el PAN mediante la salida de sus senadores, que rompieron el quórum y aplazaron para el jueves ese debate. Mediante el milagro referido, la voluntad de una docena de legisladores fue remodelada. Y las seis enmiendas de inspiración beltroniana fueron rechazadas. El marcador del martes se transformó el jueves en uno de sentido contrario: 62 contra 52. Los 53 votos panistas se reforzaron con 4 del Partido Verde, 3 de Convergencia y 2 del PT. El senador Pablo Gómez, del PRD, denunció que “el Gobierno ganó de manera sucia. Ofreció a algunos, a través de la Secretaría de Hacienda, inversiones en ciertos municipios, y a otros les garantizó la venta de medicamentos al Seguro Social por parte de algunas farmacias”.

Se creó con ese resultado una excepcional situación legislativa. La minuta senatorial fue remitida a los diputados para que confirmen su inicial aprobación, pero lleva en blanco los artículos que fueron objetados por el PAN y su flamante compañía. El hecho práctico es que no habrá en este periodo, que termina el miércoles próximo, una ley contra los monopolios, de suerte que los que dominan amplios espacios de la economía mexicana, y logran con ello que los consumidores paguen tarifas y precios excesivos, seguirán gozando de esa situación.

El grupo senatorial priísta, de ese modo derrotado, reprochó a Calderón su incongruencia, ya que como candidato presidencial postuló la autonomía de órganos como la Cofeco y ofreció blindarlos “contra tentaciones de amiguismos, componendas, corruptos e incapaces para ocupar el cargo de comisionados”, que es el criterio con que Beltrones procedió. Y a favor de la intervención senatorial, el candidato presidencial panista había sostenido que “la ratificación de los comisionados por el Senado no implica invadir la esfera del Ejecutivo federal ni adoptar un sistema parlamentario, sino un esquema de balance y transparencia que garantiza decisiones que respondan a un punto de vista estrictamente técnico y objetivo”. Calderón olvidó esas nociones al remitir un proyecto que no las recogía y que, por haber sido así aprobado en San Lázaro, quisieron priístas y perredistas enmendar en Xicoténcatl.

Calderón recibió noticias de ese lance parlamentario en Cancún, donde encabezaba las reuniones cumbres sobre cambio climático y mientras tenía dirigida principalmente su atención en el combate contra La Familia Michoacana. Según informó el vocero presidencial Alejandro Poiré el jueves, una operación de fuerzas federales iniciada la víspera en busca de dirigentes de esa banda delictiva, fue resistida por ésta y suscitó enfrentamientos en doce municipios, incluido el de la capital. Se produjeron 19 recios combates que atemorizaron a la población especialmente en Apatzingán y comunidades cercanas, donde la acción militar y policíaca continuaba el viernes, y alteraron la vida ordinaria incluso en ciudades remotas, a las que dejaron de correr los autobuses que salen de Morelia. El saldo de las varias escaramuzas, que supusieron el uso de helicópteros artillados por parte del gobierno, era hasta ese momento de once personas muertas: cinco policías federales, tres presuntos delincuentes y tres civiles, dos de ellos menores de edad. Se presume que uno de los bandoleros muertos sea Nazario Moreno, conocido por su hipocorístico, El chayo, que dio a La Familia Michoacana un carácter tenebroso, de secta mística y banda criminal que recluta a sus adeptos entre adictos rehabilitados.

El contexto en que se lanzó esta batida, a cuatro años exactos del comienzo, en esa misma entidad, de las operaciones militares contra la delincuencia organizada, tiene un marcado tinte político, según lo describe la Secretaría de seguridad pública al dar cuenta de sus acciones contra La familia michoacana. Esa autoridad insiste, aunque la justicia federal ha dicho lo contrario, que los alcaldes y funcionarios detenidos en mayo de 2009 favorecían a esa banda. Sus sesgadas opiniones, sin embargo, se verán reforzadas cuando se ahonde en la atroz circunstancia de que aparezca en la nómina de una escuela del municipio de Arteaga uno de los jefes de La Familia, Servando Gómez, apodado La tuta, que en efecto fue maestro, ya no cobra y sin embargo permanece en la lista del personal empleado por la secretaría de educación pública estatal y es, por ese motivo, miembro de la sección doce del SNTE, cuya dirección ha sido tradicionalmente opuesta al liderazgo institucional y es, al contrario, uno de los baluartes de la CNTE.

De los milagros marianos, que corresponden más al cielo que a la tierra, nos ocuparemos después.

Nueva ministra

Ayer comparecieron ante las comisiones senatoriales que preparan el nombramiento de una nueva ministra de la Suprema Corte, las tres candidatas presentadas por el Presidente de la República. Se prevé, en consecuencia, que el Senado esté en condiciones de votar la designación el martes próximo, un día antes de que comience el receso legislativo.

 

Al recibir a las candidatas los senadores vencieron la tentación de devolver la terna al Presidente, molestos por el breve lapso que el Ejecutivo les concedió en los hechos para elegir a la nueva integrante del máximo tribunal, que reemplazará a don José de Jesús Gudiño, muerto el 19 de septiembre. Dos meses y medio después remitió el Presidente la terna respectiva, que también incomodó a miembros del Senado porque al estar integrada sólo por mujeres el Ejecutivo estrechó el espacio deliberativo de quienes deben escoger un miembro de la cúpula del Poder Judicial donde no hay cuotas de género. La intención, plausible de suyo, de ampliar el número de sitiales ocupado por mujeres (ahora hay dos ministras de un total de 11) quedó desmejorada, a juicio de algunos senadores por el carácter impositivo de la planilla.

El Senado cubrirá la vacante del ministro Gudiño, eligiendo entre las magistradas de circuito Elvia Díaz de León Hers, Lilia Mónica López Benítez y Andrea Zambrana Castañeda. La terna, según se sabe extraoficialmente, porque el Ejecutivo se abstiene de informar al Senado qué criterios lo llevaron a integrarla de esa manera, fue compuesta por la Presidencia a partir de una lista de ocho precandidatos preparada en la Corte, una vez que Calderón accedió a proponer sólo a personal perteneciente a la carrera judicial. Gudiño Pelayo estaba en esa condición, y se ha estilado mantener el equilibrio establecido desde la configuración de la actual Corte, en 1995, en que haya juzgadores profesionales y juristas procedentes de otros ámbitos de la práctica jurídica.

Circula en el ambiente judicial la impresión de que el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia sugirió al Presidente privilegiar la propuesta de la magistrada Díaz de León, lo que Calderón habría aceptado, de suerte que esa candidatura tendría un sello doblemente presidencial. Se requiere desplegar esa característica ante los senadores para paliar el inconveniente que afecta a la magistrada Díaz de León, que es el pertinaz rechazo que ha padecido en procedimientos anteriores. Fue parte de la terna presentada por el presidente Fox en 2003 para sustituir a don Juventino Castro y Castro, y el Senado a la postre eligió a la ministra Margarita Luna Ramos. Fue asimismo candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006, y el Senado escogió a Manuel González Oropeza. Tampoco prosperaron sus intentos de ser fiscal de delitos electorales en la PGR y directora del Instituto Federal de Defensoría Jurídica. Sólo cuando la decisión correspondió a la Suprema Corte, se le nombró miembro del Consejo de la Judicatura Federal. En vez de premiar su tenacidad (o la de su promotor) el Senado tendría que reparar en las circunstancias por las que legislaturas anteriores no la eligieron. Aunque tampoco está previsto que los senadores exploren el terreno en que las candidatas ha actuado para tener elementos “para mejor proveer”, es seguro que se les haga llegar información sobre el desempeño profesional de cada quien. Con ese insumo, más la entrevista y el examen de la hoja de vida de las candidatas, así como el conocimiento de las necesidades específicas de la Corte el Senado está en situación de hacer la mejor elección.

Contará a favor de la magistrada tenida como favorita su larga experiencia en la administración de justicia. La situación contraria es la de Andrea Zambrana Castañeda, que es la de más reciente ingreso a la magistratura. Antes de ser integrante de un tribunal de circuito (lo que ocurrió apenas en 2008) su desempeño principal fue de secretaria de estudio y cuenta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Si bien ganó su plaza de magistrada en un concurso cerrado, obra en su contra el que no haya sido antes juez y carezca, por lo tanto de la experiencia que el desempeño de esa función otorga.

Cuenta con ella, en cambio, la candidata López Montiel, que muestra el perfil más completo de los que debe examinar el Senado. Antes de ser abogada se graduó en la Escuela Nacional de Maestros y fue profesora de banquillo. En esa etapa dio cuenta de su incesante afán de aprender, pues cursó en Madrid, Técnica Educativa y Cine Didáctico. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional, y maestra y doctora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en cuyo último grado obtuvo mención honorífica. Ha cursado un gran número de especialidades que dan cuenta de la variedad de sus intereses. Además de los estudios propiamente jurídicos (que la han llevado a las universidades españolas de Salamanca y Alicante) así como en México al ITAM, la Universidad Panamericana, ha realizado un curso sobre equidad de género en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y de redacción avanzada, informática jurídica, matemáticas, y derechos humanos en varias instituciones.

Ingresó a la Judicatura Federal en 1986 como oficial judicial y luego fue actuaria y secretaria, Ascendió a juez de distrito en 1994 y a magistrada en 2000. Sin perder esa categoría desde enero pasado es secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación en el Consejo de la Judicatura Federal.