| La tensión entre los gobiernos de Francia y México llegó a un punto crítico al frustrarse el programa de actividades culturales mexicanas en aquel País y cuando las autoridades de las dos naciones cruzaron juicios y anuncios que empeoran la situación. El presidente Sarkozy ha hecho del proceso a su compatriota Florence Cassez un tema personal. Después de que en su visita a México introdujo el caso en una agenda que no lo incluía, recibió anteayer a los padres de la ciudadana francesa sentenciada a sesenta años de prisión por secuestro y otros delitos. Con ellos a sus flancos ofreció una conferencia de prensa en que, en su calidad de anfitrión y autor de la iniciativa del Año de México en Francia, anunció que ese proyecto se realizaría. Dijo que suspenderlo “sería una ofensa para el pueblo mexicano y, por lo tanto, una decisión perfectamente inoportuna y contraria para los dos pueblos”. Decidió proceder de ese modo después de conversar telefónicamente con la prisionera, quien le pidió mantener el programa. Quizá le sugirió, porque eso había declarado, que en las actividades se recordara su situación. Por eso Sarkozy dijo que el festival sería dedicado a Cassez. Dijo algo más el mandatario francés. Reveló que el presidente Felipe Calderón le escribió “que planeaba la transferencia de Florence Cassez”, cuya negativa actual es el punto de fricción del que partieron las actividades y declaraciones que han llevado a esta crisis a la relación bilateral. Salvo que el presidente francés haya llegado al extremo de mentir para justificar su posición, y no se haya ofrecido tal paso, será útil conocer el documento aludido, para saber qué condiciones cambiaron al punto de que ahora se rehúsa el traslado de la presa a su País de origen. El lunes por la tarde, sin referirse a ese apunte, el Gobierno mexicano canceló su participación en el conjunto de actividades programadas para este año. La Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó de inmediato con tono áspero. Tras explicar que la prisión de Cassez obedece a decisiones judiciales ajenas al Ejecutivo, la cancillería lamentó “que se pretenda vincular un caso exclusivamente penal con las relaciones entre dos naciones que han mantenido una larga historia de amistad y una profunda afinidad de valores”. Calificó como “realmente sorprendente que un Jefe de Estado tome una decisión de política exterior que afecta los vínculos entre dos pueblos y gobiernos en consulta con una persona condenada por la justicia mexicana por delitos de naturaleza particularmente grave”. Perturbado de ese modo el programa cultural, razonó la cancillería, el Gobierno mexicano canceló su participación en esas actividades, pues considera que “no existen las condiciones para que el Año de México en Francia se lleve a cabo de manera apropiada y que cumpla con el propósito para el que fue concebido”. La secretaría de Relaciones, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que las cosas cambien, pues no dio por definitiva su propia decisión. La dejó sujeta a la comprobación de que “existen las condiciones indispensables para el desarrollo” del proyecto suspendido, “conforme a los términos en que ambos gobiernos acordaron llevarlo a cabo”. Sarkozy no tiene confianza en los tribunales mexicanos, pero tampoco en los de su País. Está en curso un conflicto entre el Presidente y la judicatura francesa por un denuesto presidencial a la corporación judicial, a partir de una impopular decisión. El 3 de febrero Sarkozy criticó la libertad de un preso peligroso: Dijo que era un error dejar “salir de prisión a un individuo como el presunto culpable sin asegurar que tendría un seguimiento”, y anunció que “los que dejaron que esto ocurriera serán sancionados. Se trata del caso de un delincuente pertinaz que tras su liberación por otros delitos asesinó y descuartizó a una joven. El juez involucrado alega que su sentencia sí previó el seguimiento, pero no se aseguró de que su orden se cumpliera y en efecto el delincuente careció de la asesoría para su reinserción social. El responsable de esa omisión argumenta a su vez que por falta de recursos su servicio funciona mal, pues sólo dispone de 27 personas para asesorar y seguir a cuatro mil reos en libertad condicional. La censura presidencial fue acogida con malestar por los juzgadores que practicaron el jueves pasado “una huelga de togas” -sólo atendieron los casos impostergables-, y se concentraron en diversas ciudades de Francia para demandar del Presidente una disculpa que hasta ahora no ha ocurrido. La desconfianza de Sarkozy en la justicia mexicana tiene asidero. La captura de Florence Cassez y otros secuestradores se grabó para beneficio de la imagen pública de la Agencia Federal de Investigación y su jefe Genaro García Luna, ahora ascendido a Secretario de Seguridad Pública federal. La patraña arroja duda sobre la legalidad del proceso entero, pero no fue considerada por el tribunal que la semana pasada negó el amparo definitivo a Cassez, porque el video correspondiente no figuraba en el expediente sobre el que los magistrados se pronunciaron. Sí constaban en el juicio, sin embargo, otras deficiencias procesales. Tanto las víctimas como algunos testigos emitieron declaraciones y testimonios contradictorios. Se comprende que las personas secuestradas no tuvieran claridad respecto de lo que les sucedía, debido a la conmoción que padecían. Pero un testigo súbito dijo haber visto a Cassez espiando a su víctima en días en que la inculpada entonces se hallaba en Francia. |
miércoles, 16 de febrero de 2011
Crisis francomexicana
martes, 15 de febrero de 2011
Durango, santuario
La impunidad es un mal extendido por toda la república. Pero en Durango esa lacra adquiere honduras inadmisibles. El fiscal general del estado, Ramiro Ortiz Aguirre, dijo hace poco que en esa entidad “se secuestra hasta por una vaca”. Si lo comentara un ciudadano en una charla de café se comprendería una descripción así de cruda, muestra de una realidad frente a la que nada puede hacerse. Pero lo dijo el responsable de perseguir el delito, el Jefe del Ministerio Público. Lo dijo como quien ve llover y no se moja.
Practica lo que dice, además. Es decir, no se inmuta ante los secuestros. El 30 de septiembre pasado, cuando aún era procurador (se convirtió en Fiscal General el 15 de octubre siguiente), recibió en su oficina al Alcalde y al Síndico del municipio de Nuevo Ideal, que acompañaban a Hilda Valenzuela. Con el apoyo de los funcionarios, ella denunció el secuestro de su hermano, secuestrado una semana antes, el 23 de septiembre. Ella misma y su padre, Leopoldo Valenzuela Escobar, sabían donde estaba la víctima, por cuyo rescate pedían diez millones de pesos. “El Procurador le dice que no va a arriesgar a sus policías sin antes hacer una investigación. El Alcalde y el Síndico tratan de convencerlo, pero Ramiro Ortiz los corre: ¿Qué no entienden?, les gritó mientras se retiraba” (Proceso, 13 de febrero).
Minutos después del secuestro, Valenzuela Escobar y su hija pidieron auxilio en el retén de 20 soldados que está a un paso de la refaccionaria de don Polo, como se conoce al padre de la víctima, de igual nombre y llamado Leo. Los soldados no hicieron caso. Nadie se haría cargo del asunto, ni autoridades locales ni federales. Peor aún: el Ministerio Público local hizo saber a los secuestradores las diligencias que don Polo realizaba para rescatar a su hijo. Policías judiciales levantaron a varios de los señalados por el angustiado padre, para extorsionarlos: “Les dijeron que yo los había acusado, incluso les enseñaron el expediente”, dijo don Polo en la redacción de la revista Proceso, en la ciudad de México, el lunes 30 de enero. Uno de los secuestradores, vecino y conocido de la familia Valenzuela, se quejó: “don Polo nos está echando de cabeza”, y aclaró que se lo habían informado “en la Procuraduría”. En la redacción del semanario, al relatar esta parte, don Polo anticipó: “¿Entienden lo que quieren esos desgraciados? Lo que quieren es que me den en la madre…, que me maten Y muerto, se acaba todo”.
El viernes 4, don Polo fue asesinado. “Venimos por ti, compa’, gritaron los hombres vestidos como soldados mientras con los cuernos de chivo le apuntaban… Él se quiso defender, sacó su pistola, pero los tiros de los AK-47 lo abatieron. Murió minutos después de llegar al hospital.”. Valenzuela Escobar se convirtió así en otro justiciero ejecutado. Como doña Josefina Reyes y doña Marisela Escobedo, en Chihuahua, era un buscador de justicia al que mataron para frenar la indagación sobre su hijo, de quien no supo más a pesar de que pagó medio millón de pesos, y que hasta la fecha no aparece.
Al fragor de las campañas por la gubernatura duranguense, el año pasado, el candidato de la coalición opositora, José Rosas Aispuro Torres denunció repetidamente la complicidad del gobernador Ismael Hernández Deras con la criminalidad a que le tocaba combatir. No habló sólo de negligencia o incapacidad para enfrentar a homicidas y secuestradores que proliferaban en el estado, sino directamente de asociación con ellos. Con base, según dijo, en testimonios de personas secuestradas y dejadas en libertad tras el pago de un rescate, dinero de ese modo obtenido se aplicó a la campaña de Jorge Herrera Caldera, que venció al denunciante y es ahora el gobernador. Hernández Deras se indignó tanto con el señalamiento del candidato opositor que, concluido el proceso electoral lo demandó civilmente por daño moral. Lo hizo cómodamente, ante la justicia local, para asegurarse un fallo favorable.
Su sucesor y heredero no muestra mayor aptitud ni disposición para contener la violencia criminal en esa entidad. Al comienzo de este año un comando de sesenta hombres asaltó la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de El Mezquital. Los invasores, en represalia porque algunos de ellos fueron perseguidos por los lugareños tras cometer un asesinato allí mismo el 28 de diciembre, incendiaron cuarenta viviendas, veintisiete vehículos y una escuela. No se sabe nada hoy mismo, de los delincuentes que obraron de esa brutal manera, a pesar de que el traslado de esa cantidad de personas armadas no debería pasar inadvertido. Sólo la semana pasada, cuarenta días después de la infame tropelía, el Gobernador estuvo en Tierras Coloradas, para anunciar la reconstrucción de las casas destruidas. Ese es, dijo autocomplacido, “el lado bueno” del suceso atroz.
Herrera Caldera estuvo en El Mezquital sólo unas horas. De haber prolongado su estancia, se hubiera tal vez topado con un tiroteo en la comunidad de San Manuel, apenas a 25 kilómetros de Tierras Coloradas. Al parecer se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales, que causó una gran matazón. Se difundió inicialmente la noticia de que había veinte personas asesinadas. Pero hasta ahora la cifra se ajustó a la baja. Con imprecisiones, la fiscalía a cargo de Ortiz Aguirre reporta que fueron siete u ocho. Ha de suponerse que la disminución del número de víctimas hace menos importante el acontecimiento. Los violentos, en ese santuario que es Durango, gozan de impunidad de todas maneras.
Practica lo que dice, además. Es decir, no se inmuta ante los secuestros. El 30 de septiembre pasado, cuando aún era procurador (se convirtió en Fiscal General el 15 de octubre siguiente), recibió en su oficina al Alcalde y al Síndico del municipio de Nuevo Ideal, que acompañaban a Hilda Valenzuela. Con el apoyo de los funcionarios, ella denunció el secuestro de su hermano, secuestrado una semana antes, el 23 de septiembre. Ella misma y su padre, Leopoldo Valenzuela Escobar, sabían donde estaba la víctima, por cuyo rescate pedían diez millones de pesos. “El Procurador le dice que no va a arriesgar a sus policías sin antes hacer una investigación. El Alcalde y el Síndico tratan de convencerlo, pero Ramiro Ortiz los corre: ¿Qué no entienden?, les gritó mientras se retiraba” (Proceso, 13 de febrero).
Minutos después del secuestro, Valenzuela Escobar y su hija pidieron auxilio en el retén de 20 soldados que está a un paso de la refaccionaria de don Polo, como se conoce al padre de la víctima, de igual nombre y llamado Leo. Los soldados no hicieron caso. Nadie se haría cargo del asunto, ni autoridades locales ni federales. Peor aún: el Ministerio Público local hizo saber a los secuestradores las diligencias que don Polo realizaba para rescatar a su hijo. Policías judiciales levantaron a varios de los señalados por el angustiado padre, para extorsionarlos: “Les dijeron que yo los había acusado, incluso les enseñaron el expediente”, dijo don Polo en la redacción de la revista Proceso, en la ciudad de México, el lunes 30 de enero. Uno de los secuestradores, vecino y conocido de la familia Valenzuela, se quejó: “don Polo nos está echando de cabeza”, y aclaró que se lo habían informado “en la Procuraduría”. En la redacción del semanario, al relatar esta parte, don Polo anticipó: “¿Entienden lo que quieren esos desgraciados? Lo que quieren es que me den en la madre…, que me maten Y muerto, se acaba todo”.
El viernes 4, don Polo fue asesinado. “Venimos por ti, compa’, gritaron los hombres vestidos como soldados mientras con los cuernos de chivo le apuntaban… Él se quiso defender, sacó su pistola, pero los tiros de los AK-47 lo abatieron. Murió minutos después de llegar al hospital.”. Valenzuela Escobar se convirtió así en otro justiciero ejecutado. Como doña Josefina Reyes y doña Marisela Escobedo, en Chihuahua, era un buscador de justicia al que mataron para frenar la indagación sobre su hijo, de quien no supo más a pesar de que pagó medio millón de pesos, y que hasta la fecha no aparece.
Al fragor de las campañas por la gubernatura duranguense, el año pasado, el candidato de la coalición opositora, José Rosas Aispuro Torres denunció repetidamente la complicidad del gobernador Ismael Hernández Deras con la criminalidad a que le tocaba combatir. No habló sólo de negligencia o incapacidad para enfrentar a homicidas y secuestradores que proliferaban en el estado, sino directamente de asociación con ellos. Con base, según dijo, en testimonios de personas secuestradas y dejadas en libertad tras el pago de un rescate, dinero de ese modo obtenido se aplicó a la campaña de Jorge Herrera Caldera, que venció al denunciante y es ahora el gobernador. Hernández Deras se indignó tanto con el señalamiento del candidato opositor que, concluido el proceso electoral lo demandó civilmente por daño moral. Lo hizo cómodamente, ante la justicia local, para asegurarse un fallo favorable.
Su sucesor y heredero no muestra mayor aptitud ni disposición para contener la violencia criminal en esa entidad. Al comienzo de este año un comando de sesenta hombres asaltó la comunidad de Tierras Coloradas, en el municipio de El Mezquital. Los invasores, en represalia porque algunos de ellos fueron perseguidos por los lugareños tras cometer un asesinato allí mismo el 28 de diciembre, incendiaron cuarenta viviendas, veintisiete vehículos y una escuela. No se sabe nada hoy mismo, de los delincuentes que obraron de esa brutal manera, a pesar de que el traslado de esa cantidad de personas armadas no debería pasar inadvertido. Sólo la semana pasada, cuarenta días después de la infame tropelía, el Gobernador estuvo en Tierras Coloradas, para anunciar la reconstrucción de las casas destruidas. Ese es, dijo autocomplacido, “el lado bueno” del suceso atroz.
Herrera Caldera estuvo en El Mezquital sólo unas horas. De haber prolongado su estancia, se hubiera tal vez topado con un tiroteo en la comunidad de San Manuel, apenas a 25 kilómetros de Tierras Coloradas. Al parecer se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales, que causó una gran matazón. Se difundió inicialmente la noticia de que había veinte personas asesinadas. Pero hasta ahora la cifra se ajustó a la baja. Con imprecisiones, la fiscalía a cargo de Ortiz Aguirre reporta que fueron siete u ocho. Ha de suponerse que la disminución del número de víctimas hace menos importante el acontecimiento. Los violentos, en ese santuario que es Durango, gozan de impunidad de todas maneras.
lunes, 14 de febrero de 2011
Derechos humanos en el DF
Por razones de seguridad nacional, según adujo, la Secretaría de Marina rehusó aceptar dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se refieren a la actuación de la Armada en la investigación y localización del capo del narcotráfico Arturo Beltrán Leyva. En esas operaciones perdieron la vida dos personas por entero ajenas a la persecución y al delincuente mismo. El rechazo de las recomendaciones fue objetado por un sector de la opinión pública y por organismos civiles nacionales y extranjeros. Finalmente, Marina dio marcha atrás, y las aceptó. Es mejor para todos que así sea.
En contraste con esa flexibilidad, el Gobierno de la Ciudad de México reafirmó el viernes, al vencer el plazo para dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre la Supervía Poniente, su rechazo al primer punto recomendatorio, consistente en suspender la obra. La Administración capitalina se empeña en un proyecto que si bien, en la lógica del tránsito rodado, busca resolver los problemas de aglomeración de vehículos, con su cauda de pérdida de tiempo y contaminación, lo hace a costos sociales muy altos, que se acentúan por el modo autoritario en que se resolvió llevar adelante el proyecto.
En otro contraste con la actitud del Gobierno de la Ciudad de México, el grupo constructor que erige un edificio en la calle de Pedregal, en las Lomas de Chapultepec, decidió suspender durante un mes las obras respectivas. Desde que se pretendió erigir allí, muy cerca de la Fuente de Petróleos, la torre del Bicentenario, el proyecto ha suscitado la oposición del vecindario, por diversas razones. El grupo Danhos desistió de construir la mencionada torre y en cambio edifica una obra de menores dimensiones cuyo efecto en la zona sea menor del inicialmente calculado. El grupo consiguió todas las autorizaciones del caso, incluida la de Bellas Artes para intervenir, sin destruirla, una obra apreciable desde el punto de vista de los expertos, debida al arquitecto Vladimir Kaspe. La oposición vecinal ha quedado reducida, a través de un diálogo auspiciado por las autoridades delegaciones y centrales, al eventual problema de circulación que los residentes y visitantes del nuevo edificio pueden provocar. Sin tener obligación legal para ello, sino como señal de respeto a los eventuales afectados, la empresa ha ordenado a su costa, un estudio de vialidad y mientras se realiza ha determinado suspender los trabajos de construcción.
En cambio, el Gobierno de la Ciudad sigue sordo a escuchar razones y al responder a la CDHDF insiste en que es imposible jurídicamente la suspensión pues se han contraído obligaciones que la Administración no puede dejar de cumplir. Es preciso recordar aquí que están en curso varios juicios, de amparo y de nulidad, que eventualmente pueden terminar en fallos adversos a las autoridades e incluir mandamientos judiciales para suspender las obras. Ante una decisión judicial firme el Gobierno tendría que acatarla y por la fuerza de la resolución jurisdiccional desaparecería el pretexto de su imposibilidad jurídica.
Se dirá, entonces, que en ello radica la diferencia: que el Gobierno cumpliría una disposición de los tribunales que sea inatacable, pero no está en obligación de hacer lo mismo con el documento de la CHDF, que no es vinculatorio. Una interpretación sistemática de la legislación puede conducir a una conclusión distinta. El estatuto de Gobierno del DF (una suerte de constitución local, a falta de una verdadera, pero que es el ordenamiento jurídico con primacía en la ciudad) establece entre los principios estratégicos del Gobierno local (Artículo 12, Fracción VIII), “la observancia, respeto y atención a recomendaciones de las autoridades y en general servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, respecto de los derechos humanos que establece el orden jurídico mexicano”.
Una vez que se haga del dominio público la respuesta del Gobierno capitalino será necesario examinarla con detenimiento. Por ahora cabe reflexionar en el efecto adverso que la Administración de la ciudad ha buscado generar en torno de la CDHDF. En evidente consonancia, funcionarios gubernamentales y agrupaciones civiles (cuyos dirigentes no parecen percatarse de que la oposición a la Supervía los beneficia también, porque un fundamento principalísimo de la recomendación es el daño al derecho a un ambiente sano, de que son titulares todos los que viven y circulan en la ciudad) concentran su atención en deturpar al ombudsman capitalino, que vela también por sus derechos.
Un grupo de cien personas con presencia pública, por su creatividad artística y su labor intelectual dirigió al Gobierno de la ciudad, un pedido que el destinatario desestimó. De ese documento cabe rescatar la apreciación que los firmantes hacen de los organismos de derechos humanos: “Las autoridades… se ven tentadas a descalificar y hacer caso omiso de sus recomendaciones: ese actuar es torpe y… no hace más que provocar daños mayores. Por el contrario, cuando se respeta a los organismos de derechos humanos se evitan conflictos sociales mayores y se robustece la credibilidad de los gobernantes”. Los solicitantes invocan congruencia en el Jefe Marcelo Ebrard, de quien valoran “su actuación en pro de los derechos de diversas minorías (y) el interés que ha manifestado en foros internacionales hacia el problema del cambio climático” por lo que esperan que respete la defensa pacífica del medio ambiente.
En contraste con esa flexibilidad, el Gobierno de la Ciudad de México reafirmó el viernes, al vencer el plazo para dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre la Supervía Poniente, su rechazo al primer punto recomendatorio, consistente en suspender la obra. La Administración capitalina se empeña en un proyecto que si bien, en la lógica del tránsito rodado, busca resolver los problemas de aglomeración de vehículos, con su cauda de pérdida de tiempo y contaminación, lo hace a costos sociales muy altos, que se acentúan por el modo autoritario en que se resolvió llevar adelante el proyecto.
En otro contraste con la actitud del Gobierno de la Ciudad de México, el grupo constructor que erige un edificio en la calle de Pedregal, en las Lomas de Chapultepec, decidió suspender durante un mes las obras respectivas. Desde que se pretendió erigir allí, muy cerca de la Fuente de Petróleos, la torre del Bicentenario, el proyecto ha suscitado la oposición del vecindario, por diversas razones. El grupo Danhos desistió de construir la mencionada torre y en cambio edifica una obra de menores dimensiones cuyo efecto en la zona sea menor del inicialmente calculado. El grupo consiguió todas las autorizaciones del caso, incluida la de Bellas Artes para intervenir, sin destruirla, una obra apreciable desde el punto de vista de los expertos, debida al arquitecto Vladimir Kaspe. La oposición vecinal ha quedado reducida, a través de un diálogo auspiciado por las autoridades delegaciones y centrales, al eventual problema de circulación que los residentes y visitantes del nuevo edificio pueden provocar. Sin tener obligación legal para ello, sino como señal de respeto a los eventuales afectados, la empresa ha ordenado a su costa, un estudio de vialidad y mientras se realiza ha determinado suspender los trabajos de construcción.
En cambio, el Gobierno de la Ciudad sigue sordo a escuchar razones y al responder a la CDHDF insiste en que es imposible jurídicamente la suspensión pues se han contraído obligaciones que la Administración no puede dejar de cumplir. Es preciso recordar aquí que están en curso varios juicios, de amparo y de nulidad, que eventualmente pueden terminar en fallos adversos a las autoridades e incluir mandamientos judiciales para suspender las obras. Ante una decisión judicial firme el Gobierno tendría que acatarla y por la fuerza de la resolución jurisdiccional desaparecería el pretexto de su imposibilidad jurídica.
Se dirá, entonces, que en ello radica la diferencia: que el Gobierno cumpliría una disposición de los tribunales que sea inatacable, pero no está en obligación de hacer lo mismo con el documento de la CHDF, que no es vinculatorio. Una interpretación sistemática de la legislación puede conducir a una conclusión distinta. El estatuto de Gobierno del DF (una suerte de constitución local, a falta de una verdadera, pero que es el ordenamiento jurídico con primacía en la ciudad) establece entre los principios estratégicos del Gobierno local (Artículo 12, Fracción VIII), “la observancia, respeto y atención a recomendaciones de las autoridades y en general servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, respecto de los derechos humanos que establece el orden jurídico mexicano”.
Una vez que se haga del dominio público la respuesta del Gobierno capitalino será necesario examinarla con detenimiento. Por ahora cabe reflexionar en el efecto adverso que la Administración de la ciudad ha buscado generar en torno de la CDHDF. En evidente consonancia, funcionarios gubernamentales y agrupaciones civiles (cuyos dirigentes no parecen percatarse de que la oposición a la Supervía los beneficia también, porque un fundamento principalísimo de la recomendación es el daño al derecho a un ambiente sano, de que son titulares todos los que viven y circulan en la ciudad) concentran su atención en deturpar al ombudsman capitalino, que vela también por sus derechos.
Un grupo de cien personas con presencia pública, por su creatividad artística y su labor intelectual dirigió al Gobierno de la ciudad, un pedido que el destinatario desestimó. De ese documento cabe rescatar la apreciación que los firmantes hacen de los organismos de derechos humanos: “Las autoridades… se ven tentadas a descalificar y hacer caso omiso de sus recomendaciones: ese actuar es torpe y… no hace más que provocar daños mayores. Por el contrario, cuando se respeta a los organismos de derechos humanos se evitan conflictos sociales mayores y se robustece la credibilidad de los gobernantes”. Los solicitantes invocan congruencia en el Jefe Marcelo Ebrard, de quien valoran “su actuación en pro de los derechos de diversas minorías (y) el interés que ha manifestado en foros internacionales hacia el problema del cambio climático” por lo que esperan que respete la defensa pacífica del medio ambiente.
domingo, 13 de febrero de 2011
¿Por qué no se va García Luna?
En momentos en que plantear preguntas al presidente Calderón es no sólo políticamente incorrecto sino un delito de lesa majestad, cabe sin embargo reiterar las interrogaciones sobre su apoyo irrestricto, que más parece dependencia, a Genaro García Luna. Tan solidario es el Ejecutivo con el secretario de Seguridad Pública que está resuelto a pagar el costo de un severo conflicto internacional con tal de mantener incólume la autoridad de quien aparece como su subordinado.
Carecen de razones jurídicas las funcionarias francesas que han reaccionado con virulencia ante una decisión judicial, ajena a la Presidencia, que confirmó la sentencia de sesenta años, por el delito de secuestro, impuesta a la ciudadana francesa Florence Cassez. Con dureza verbal la ministra de Relaciones Exteriores Michél Alliot-Marie, y en los hechos, al cancelar una exposición de José Guadalupe Posada, la alcaldesa de Lille, Martine Aubry -que es la vez dirigente del Partido Socialista francés y precandidata presidencial- han externado juicios sumarios sobre el Gobierno Mexicano. Y la primera reacción que en México provoca una actitud como la suya es la defensa de la tribu, de su independencia, de su rechazo a la injerencia externa, sobre todo cuando proviene de una República que envió varias veces sus tropas a invadir a la nuestra, y hasta instauró un régimen imperial espurio en nuestro suelo.
Pero de igual modo en que la cancillería mexicana ha pedido al Gobierno de París que no sobredimensione el caso de Florence Cassez, y con ello ponga en riesgo el Año de México en Francia, que está comenzando, y acaso otros aspectos de la relación, también hemos de moderar nuestra hipersensibilidad. Faltan razones en Francia para cuestionar a la administración de justicia mexicana. Pero la lenidad que beneficia al ahora titular de la seguridad pública federal ha alimentado la suspicacia extranjera sobre el fallo que angustia a la sentenciada y a sus padres e irrita al gobierno francés.
Ha quedado claro allá que la Agencia Federal de Investigación fingió ante la televisión el arresto de la señora Cassez el 9 de diciembre de 2005. La simulación, reconocida formalmente por el Gobierno Mexicano, el montaje de un espectáculo para forjar la fama de la corporación que se ufanaba de compararse con el FBI y Scotland Yard y asegurar el destino político de su jefe, el mismo Genaro García Luna que es hoy el zar policiaco mexicano, infectó al proceso contra Cassez, si no en general el seguido contra la banda de secuestradores a la que ella pertenecía según la sentencia que es hoy la verdad legal. No sólo se pasó por alto, en el Gobierno y en la opinión pública de México la gravedad de la puesta en escena que puso en duda la acusación, sino que García Luna medró políticamente con ella.
Aun con merma de su crédito (que va a la baja según mediciones de su popularidad), el presidente Calderón puede tomar dos medidas que atenúen la tensión diplomática con Francia. Tiene bases legales para disponer el traslado de la sentenciada a una prisión francesa. Si bien una comisión binacional estudió esa posibilidad y con fundamento en sus reflexiones Calderón cerró la puerta al envío de la presa a su patria el 22 de junio de 2009, esa decisión puede ser revertida. Hacerlo no interferiría en la esfera de acción judicial porque una vez cerrado el caso ante los tribunales, la ejecución de la sentencia corresponde al Poder Ejecutivo. Es una práctica corriente que, en canje de reos o con la remisión unilateral de algunos, México acceda a que extranjeros sentenciados aquí cumplan su condena en su País de origen. Para fundar que esa costumbre se aplicara al caso de Florence Cazzez el Gobierno francés invocó el tratado de Estrasburgo. Base legal no falta, pues, y a su aplicación ayuda el sentido liberal de la política de ejecución de penas, que favorece la proximidad del sitio donde se compurga la sanción con la residencia de la familia de los sentenciados.
También podría Calderón tomar una decisión extrema, que denotara una desautorización aunque fuera tardía al proceder que tanto indigna con razón a los franceses. París bien vale un despido, el del secretario de Seguridad Pública, creador y destructor de la AFI, de la que sólo queda el nombre con el que se encubre la denominación legal de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Procuraduría General de la República. García Luna creó tal monstruo que él mismo se encargó de desmantelarla para dar lugar a su nueva criatura, la Policía Federal, una corporación que cotidianamente crece en volumen pero no en eficacia, como lo ejemplifica su actuación en Ciudad Juárez donde, no nos cansaremos de decirlo, es parte del problema y no de la solución.
Más que retórica sería ingenua la pregunta que inquiriera a Calderón la causa de su en apariencia indestructible relación con García Luna. Pero de todos modos la formuló, corriendo el riesgo de ofender la investidura presidencial, ultrasensible a los cuestionamientos públicos sobre asuntos delicados: ¿Por qué Calderón se ha puesto en las manos de García Luna? Hasta promueve una reforma constitucional que a la postre conduciría a que fuera ese funcionario el jefe de todas las fuerzas policiales en todo el País. La intención de que así sea es la denominación de mando único al intento, que por ahora se queda en ese nivel, de que en cada entidad desaparezcan las corporaciones municipales o las dirija el jefe de la Policía estatal. De allí que parezca contradictorio o torpe proponer que haya 32 mandos únicos. Pero es que el siguiente obvio paso es que los mandos locales se sometieran al que sí sería, en verdad, mando único, el ejercido por García Luna.
Desde el comienzo de su Administración Calderón se puso en manos de las fuerzas armadas, así las castrenses como las policiales. Dado que propuso como acción central de su Gobierno la lucha contra la delincuencia organizada, asumió por un lado con énfasis escénico su condición de comandante supremo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina y construyó su propia Policía, la federal, que perdió su apellido original que la reservaba a cumplir funciones preventivas para convertirse en una corporación dotada legalmente para realizar también indagaciones y capturas antaño correspondientes a la policía que depende del Ministerio Público.
Si bien es ostensible y, más todavía, lucidora su relación con las fuerzas militares, al parecer hay en su seno señales de inconformidad o disgusto, por varias razones, entre ellas el contraste entre la relación que el Presidente guarda con la PF y con la corporación castrense: “Como afrenta acude personalmente o envía altos representantes a las honras fúnebres de policías caídos, qué bueno. Acude él a pomposas ceremonias al cuartel general de la Policía federal, donde llena de elogios a esa corporación que siente suya. En cambio, se ignora cuántos militares han caído, sus grados y circunstancias, dicen que 200. ¿Le es vergonzante?
“No se realizan honras fúnebres para los militares que dieron sus vidas, nadie conoció sus nombres, no hubo banderas nacionales en sus ataúdes como en los de los policías, no hubo reconocimientos ni se consoló a sus familias. La historia no los registrará. ¿Por qué? ¿Le avergüenza la milicia y opta por acurrucarse en la policía que siente suya?” (La Jornada, 22 de enero).
Quien formula esas preguntas es el general Jorge Carrillo Olea. Salido de su cargo de Gobernador de Morelos a los cuatro años, en medio de un escándalo, perdió su prestigio político y disminuyó el brillo de la reputación como funcionario que con su trabajo se había labrado. Ignoro si tiene crédito o presencia en el ámbito militar, pero es indudable que tiene información sobre lo que ocurre en filas.
Dice también, como señal de que Calderón no vela por el bienestar de sus tropas sino sólo de sus mandos, que los “escalafones están terriblemente atascados con generales (más de 655 en 2010) y almirantes (207 en 1997), de 197 mil pesos mensuales, a partir de enero con un bono de riesgo. ¡Un millón cada seis meses!”.
Sea o no cierta la denuncia de Carrillo Olea, es claro que Calderón goza su condición de comandante supremo. Disfruta ataviarse con ropa militar y el jueves pasado se divirtió con las vastas maniobras que la Fuerza Aérea realizó en el campo militar de santa Gertrudis, en Chihuahua, el estado de mayor letalidad criminal.
Carecen de razones jurídicas las funcionarias francesas que han reaccionado con virulencia ante una decisión judicial, ajena a la Presidencia, que confirmó la sentencia de sesenta años, por el delito de secuestro, impuesta a la ciudadana francesa Florence Cassez. Con dureza verbal la ministra de Relaciones Exteriores Michél Alliot-Marie, y en los hechos, al cancelar una exposición de José Guadalupe Posada, la alcaldesa de Lille, Martine Aubry -que es la vez dirigente del Partido Socialista francés y precandidata presidencial- han externado juicios sumarios sobre el Gobierno Mexicano. Y la primera reacción que en México provoca una actitud como la suya es la defensa de la tribu, de su independencia, de su rechazo a la injerencia externa, sobre todo cuando proviene de una República que envió varias veces sus tropas a invadir a la nuestra, y hasta instauró un régimen imperial espurio en nuestro suelo.
Pero de igual modo en que la cancillería mexicana ha pedido al Gobierno de París que no sobredimensione el caso de Florence Cassez, y con ello ponga en riesgo el Año de México en Francia, que está comenzando, y acaso otros aspectos de la relación, también hemos de moderar nuestra hipersensibilidad. Faltan razones en Francia para cuestionar a la administración de justicia mexicana. Pero la lenidad que beneficia al ahora titular de la seguridad pública federal ha alimentado la suspicacia extranjera sobre el fallo que angustia a la sentenciada y a sus padres e irrita al gobierno francés.
Ha quedado claro allá que la Agencia Federal de Investigación fingió ante la televisión el arresto de la señora Cassez el 9 de diciembre de 2005. La simulación, reconocida formalmente por el Gobierno Mexicano, el montaje de un espectáculo para forjar la fama de la corporación que se ufanaba de compararse con el FBI y Scotland Yard y asegurar el destino político de su jefe, el mismo Genaro García Luna que es hoy el zar policiaco mexicano, infectó al proceso contra Cassez, si no en general el seguido contra la banda de secuestradores a la que ella pertenecía según la sentencia que es hoy la verdad legal. No sólo se pasó por alto, en el Gobierno y en la opinión pública de México la gravedad de la puesta en escena que puso en duda la acusación, sino que García Luna medró políticamente con ella.
Aun con merma de su crédito (que va a la baja según mediciones de su popularidad), el presidente Calderón puede tomar dos medidas que atenúen la tensión diplomática con Francia. Tiene bases legales para disponer el traslado de la sentenciada a una prisión francesa. Si bien una comisión binacional estudió esa posibilidad y con fundamento en sus reflexiones Calderón cerró la puerta al envío de la presa a su patria el 22 de junio de 2009, esa decisión puede ser revertida. Hacerlo no interferiría en la esfera de acción judicial porque una vez cerrado el caso ante los tribunales, la ejecución de la sentencia corresponde al Poder Ejecutivo. Es una práctica corriente que, en canje de reos o con la remisión unilateral de algunos, México acceda a que extranjeros sentenciados aquí cumplan su condena en su País de origen. Para fundar que esa costumbre se aplicara al caso de Florence Cazzez el Gobierno francés invocó el tratado de Estrasburgo. Base legal no falta, pues, y a su aplicación ayuda el sentido liberal de la política de ejecución de penas, que favorece la proximidad del sitio donde se compurga la sanción con la residencia de la familia de los sentenciados.
También podría Calderón tomar una decisión extrema, que denotara una desautorización aunque fuera tardía al proceder que tanto indigna con razón a los franceses. París bien vale un despido, el del secretario de Seguridad Pública, creador y destructor de la AFI, de la que sólo queda el nombre con el que se encubre la denominación legal de la Policía Federal Ministerial, adscrita a la Procuraduría General de la República. García Luna creó tal monstruo que él mismo se encargó de desmantelarla para dar lugar a su nueva criatura, la Policía Federal, una corporación que cotidianamente crece en volumen pero no en eficacia, como lo ejemplifica su actuación en Ciudad Juárez donde, no nos cansaremos de decirlo, es parte del problema y no de la solución.
Más que retórica sería ingenua la pregunta que inquiriera a Calderón la causa de su en apariencia indestructible relación con García Luna. Pero de todos modos la formuló, corriendo el riesgo de ofender la investidura presidencial, ultrasensible a los cuestionamientos públicos sobre asuntos delicados: ¿Por qué Calderón se ha puesto en las manos de García Luna? Hasta promueve una reforma constitucional que a la postre conduciría a que fuera ese funcionario el jefe de todas las fuerzas policiales en todo el País. La intención de que así sea es la denominación de mando único al intento, que por ahora se queda en ese nivel, de que en cada entidad desaparezcan las corporaciones municipales o las dirija el jefe de la Policía estatal. De allí que parezca contradictorio o torpe proponer que haya 32 mandos únicos. Pero es que el siguiente obvio paso es que los mandos locales se sometieran al que sí sería, en verdad, mando único, el ejercido por García Luna.
Desde el comienzo de su Administración Calderón se puso en manos de las fuerzas armadas, así las castrenses como las policiales. Dado que propuso como acción central de su Gobierno la lucha contra la delincuencia organizada, asumió por un lado con énfasis escénico su condición de comandante supremo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina y construyó su propia Policía, la federal, que perdió su apellido original que la reservaba a cumplir funciones preventivas para convertirse en una corporación dotada legalmente para realizar también indagaciones y capturas antaño correspondientes a la policía que depende del Ministerio Público.
Si bien es ostensible y, más todavía, lucidora su relación con las fuerzas militares, al parecer hay en su seno señales de inconformidad o disgusto, por varias razones, entre ellas el contraste entre la relación que el Presidente guarda con la PF y con la corporación castrense: “Como afrenta acude personalmente o envía altos representantes a las honras fúnebres de policías caídos, qué bueno. Acude él a pomposas ceremonias al cuartel general de la Policía federal, donde llena de elogios a esa corporación que siente suya. En cambio, se ignora cuántos militares han caído, sus grados y circunstancias, dicen que 200. ¿Le es vergonzante?
“No se realizan honras fúnebres para los militares que dieron sus vidas, nadie conoció sus nombres, no hubo banderas nacionales en sus ataúdes como en los de los policías, no hubo reconocimientos ni se consoló a sus familias. La historia no los registrará. ¿Por qué? ¿Le avergüenza la milicia y opta por acurrucarse en la policía que siente suya?” (La Jornada, 22 de enero).
Quien formula esas preguntas es el general Jorge Carrillo Olea. Salido de su cargo de Gobernador de Morelos a los cuatro años, en medio de un escándalo, perdió su prestigio político y disminuyó el brillo de la reputación como funcionario que con su trabajo se había labrado. Ignoro si tiene crédito o presencia en el ámbito militar, pero es indudable que tiene información sobre lo que ocurre en filas.
Dice también, como señal de que Calderón no vela por el bienestar de sus tropas sino sólo de sus mandos, que los “escalafones están terriblemente atascados con generales (más de 655 en 2010) y almirantes (207 en 1997), de 197 mil pesos mensuales, a partir de enero con un bono de riesgo. ¡Un millón cada seis meses!”.
Sea o no cierta la denuncia de Carrillo Olea, es claro que Calderón goza su condición de comandante supremo. Disfruta ataviarse con ropa militar y el jueves pasado se divirtió con las vastas maniobras que la Fuerza Aérea realizó en el campo militar de santa Gertrudis, en Chihuahua, el estado de mayor letalidad criminal.
viernes, 11 de febrero de 2011
Ciudad Juárez: crimen sobre crimen.
Mujeres y hombres valientes y tenaces han pugnado porque se haga justicia en casos de que fueron víctimas, y han conseguido que su activismo tenga amplias repercusiones nacionales. La señora Isabel Miranda de Wallace, y los señores Eduardo Gallo y Alejandro Martí son ejemplares. En otros casos, en cambio, la búsqueda de justicia ha generado nuevos delitos, a manera de castigos para quienes se empeñan en hacer que las policías trabajen y conduzcan a los perpetradores a la prisión.
En este momento está en curso una honda y peligrosa tragedia. El lunes 7 fueron levantadas 3 personas en un poblado de valle de Juárez, en la conurbación de Ciudad Juárez. Se trata de Malena Reyes Salazar y su hermano Elías, así como la esposa de este, Luisa Ornelas. Los dos primeros son hermanos de Josefina Reyes Salazar y Rubén de los mismos apellidos, quienes fueron ultimados el año pasado. La primera se había significado por su lucha por los derechos humanos, a raíz de los embates sufridos por sus hijos Miguel Ángel y Julio César. Josefina fue asesinada el 3 de enero de 2010 y Rubén en agosto siguiente.
Un hijo de doña Josefina, Juan Manuel había sido asesinado en 2009, mientras que su hermano Miguel Ángel había desaparecido un año atrás, y cuando reapareció fue acusado por miembros del Ejército de pertenecer a una banda de narcotraficantes y al parecer se halla sometido a juicio desde noviembre de 2009, sin que su madre recibiera nunca la información ministerial respectiva.
El levantón en curso contra los Reyes Salazar fue atestiguado por la madre de las víctimas, Sara Salazar, que ha padecido la pena de que su familia quede devastada por homicidios y la actual desaparición forzada. La casa de otra de sus hijas, Ruth, fue recientemente incendiada.
Por las amenazas que doña Josefina recibió como preámbulo a su asesinato, parece claro que la intención es impedir el activismo de las víctimas, atemorizándolas o simplemente quitándolas de en medio. Ella había integrado un comité de derechos humanos, que se ocupaba de denunciar la muerte de personas ajenas a la familia, como Saúl Becerra y la desaparición de Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. Las denuncias sobre esos casos, y las relativas a los amagos en su contra fueron desestimadas tanto por la procuraduría general de la república como por la fiscalía local, que tampoco se muestran interesadas en determinar el paradero de los actuales desaparecidos.
Otra cadena de infortunios familiares ha surgido a raíz del asesinato de una joven, madre a los 16 años, ultimada por su pareja, Sergio Barraza, el tristemente célebre homicida dejado en libertad por tres jueces que ahora viven un intenso cuestionamiento, aunque su sentencia de libertad fue revocada por otro tribunal que mantiene viva una orden de aprehensión contra Barraza. La madre de la primera víctima, Rubí Marisol Frayre, doña Marisela Escobedo, fue a su vez asesinada el 16 de diciembre pasado, como castigo a sus empeños por hacer que el homicida de su hija fuera detenido. El crimen que privó de la vida a doña Marisela fue al mismo tiempo un desafío, pues fue realizado en pleno centro de la ciudad de Chihuahua, virtualmente a las puertas del palacio de Gobierno, como si los asesinos tuvieran conciencia de que nada les pasará. Como las de la familia Reyes Salazar, sus denuncias, y los informes conseguidos por ella a falta de la eficiencia policiaca, fueron desestimadas por la Fiscalía general chihuahuense. De modo que tras la muerte de su madre, nuevos amagos ahora dirigidos a sus hijos Eduardo Alejandro y Juan Manuel y la triste convicción de que nada se haría para impedir que se hicieran efectivos, los condujo a exiliarse más allá de la frontera.
Pero el hostigamiento relacionado con el primer delito no se detuvo ahí. La maderería propiedad de José Monge Amparán, compañero de vida de doña Marisela, fue incendiada. Tras ese acto criminal un hermano del propietario, Manuel, fue levantado y horas después su cadáver fue hallado en las inmediaciones de la ciudad. Habrá quienes miren estas muertes con la naturalidad de quien suma decesos sólo para efectos estadísticos. Pero hay mucho más en esos delitos, una malévola tendencia del crimen organizado a no permitirse el hostigamiento por los deudos, sabedores de que si alguna persecución puede ser eficaz es la emprendida o impulsada por los familiares, pues la que correspondería realizar a las autoridades puede ser frenada mediante la corrupción.
La corrupción explica en amplia medida la ineficacia. El estado de Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez concentraron el año pasado una altísima proporción de la violencia homicida en todo el País, y no hay indicios de que la situación se alivie. Al contrario, en la población fronteriza resulta estéril la nueva estrategia, una más, puesta en práctica a partir de la presencia masiva de la Policía Federal. No acaba de entenderse que esa corporación es más parte del problema que de la solución. Sus miles de efectivos dispersos en la ciudad son incapaces de impedir el tránsito de bandas armadas que a la vista de todos perpetran asesinatos o secuestros y levantones. Más todavía, la escasa disciplina o la corrupción hace que cuando sus agentes actúan lo hagan en perjuicio de la autoridad o de personas inocentes. Un miembro de la escolta del alcalde de Ciudad Juárez fue asesinado y el munícipe objeto de burla y hostigamiento. Para sólo citar la cuota de febrero, tres jóvenes fueron asesinados el sábado pasado.
En este momento está en curso una honda y peligrosa tragedia. El lunes 7 fueron levantadas 3 personas en un poblado de valle de Juárez, en la conurbación de Ciudad Juárez. Se trata de Malena Reyes Salazar y su hermano Elías, así como la esposa de este, Luisa Ornelas. Los dos primeros son hermanos de Josefina Reyes Salazar y Rubén de los mismos apellidos, quienes fueron ultimados el año pasado. La primera se había significado por su lucha por los derechos humanos, a raíz de los embates sufridos por sus hijos Miguel Ángel y Julio César. Josefina fue asesinada el 3 de enero de 2010 y Rubén en agosto siguiente.
Un hijo de doña Josefina, Juan Manuel había sido asesinado en 2009, mientras que su hermano Miguel Ángel había desaparecido un año atrás, y cuando reapareció fue acusado por miembros del Ejército de pertenecer a una banda de narcotraficantes y al parecer se halla sometido a juicio desde noviembre de 2009, sin que su madre recibiera nunca la información ministerial respectiva.
El levantón en curso contra los Reyes Salazar fue atestiguado por la madre de las víctimas, Sara Salazar, que ha padecido la pena de que su familia quede devastada por homicidios y la actual desaparición forzada. La casa de otra de sus hijas, Ruth, fue recientemente incendiada.
Por las amenazas que doña Josefina recibió como preámbulo a su asesinato, parece claro que la intención es impedir el activismo de las víctimas, atemorizándolas o simplemente quitándolas de en medio. Ella había integrado un comité de derechos humanos, que se ocupaba de denunciar la muerte de personas ajenas a la familia, como Saúl Becerra y la desaparición de Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. Las denuncias sobre esos casos, y las relativas a los amagos en su contra fueron desestimadas tanto por la procuraduría general de la república como por la fiscalía local, que tampoco se muestran interesadas en determinar el paradero de los actuales desaparecidos.
Otra cadena de infortunios familiares ha surgido a raíz del asesinato de una joven, madre a los 16 años, ultimada por su pareja, Sergio Barraza, el tristemente célebre homicida dejado en libertad por tres jueces que ahora viven un intenso cuestionamiento, aunque su sentencia de libertad fue revocada por otro tribunal que mantiene viva una orden de aprehensión contra Barraza. La madre de la primera víctima, Rubí Marisol Frayre, doña Marisela Escobedo, fue a su vez asesinada el 16 de diciembre pasado, como castigo a sus empeños por hacer que el homicida de su hija fuera detenido. El crimen que privó de la vida a doña Marisela fue al mismo tiempo un desafío, pues fue realizado en pleno centro de la ciudad de Chihuahua, virtualmente a las puertas del palacio de Gobierno, como si los asesinos tuvieran conciencia de que nada les pasará. Como las de la familia Reyes Salazar, sus denuncias, y los informes conseguidos por ella a falta de la eficiencia policiaca, fueron desestimadas por la Fiscalía general chihuahuense. De modo que tras la muerte de su madre, nuevos amagos ahora dirigidos a sus hijos Eduardo Alejandro y Juan Manuel y la triste convicción de que nada se haría para impedir que se hicieran efectivos, los condujo a exiliarse más allá de la frontera.
Pero el hostigamiento relacionado con el primer delito no se detuvo ahí. La maderería propiedad de José Monge Amparán, compañero de vida de doña Marisela, fue incendiada. Tras ese acto criminal un hermano del propietario, Manuel, fue levantado y horas después su cadáver fue hallado en las inmediaciones de la ciudad. Habrá quienes miren estas muertes con la naturalidad de quien suma decesos sólo para efectos estadísticos. Pero hay mucho más en esos delitos, una malévola tendencia del crimen organizado a no permitirse el hostigamiento por los deudos, sabedores de que si alguna persecución puede ser eficaz es la emprendida o impulsada por los familiares, pues la que correspondería realizar a las autoridades puede ser frenada mediante la corrupción.
La corrupción explica en amplia medida la ineficacia. El estado de Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez concentraron el año pasado una altísima proporción de la violencia homicida en todo el País, y no hay indicios de que la situación se alivie. Al contrario, en la población fronteriza resulta estéril la nueva estrategia, una más, puesta en práctica a partir de la presencia masiva de la Policía Federal. No acaba de entenderse que esa corporación es más parte del problema que de la solución. Sus miles de efectivos dispersos en la ciudad son incapaces de impedir el tránsito de bandas armadas que a la vista de todos perpetran asesinatos o secuestros y levantones. Más todavía, la escasa disciplina o la corrupción hace que cuando sus agentes actúan lo hagan en perjuicio de la autoridad o de personas inocentes. Un miembro de la escolta del alcalde de Ciudad Juárez fue asesinado y el munícipe objeto de burla y hostigamiento. Para sólo citar la cuota de febrero, tres jóvenes fueron asesinados el sábado pasado.
jueves, 10 de febrero de 2011
Carmen Aristegui
Carmen Aristegui prefirió la rescisión de su contrato profesional con MVS, la empresa radiofónica de la familia Vargas, antes que deponer su dignidad personal y profesional leyendo un texto de disculpa que ella no había escrito ni suscribirá. Después el concesionario pretendió justificar lo que fue un despido (colocar a la periodista ante un falso dilema, pues sólo había un término a elegir) acusándola de infringir el código de ética (que, por cierto, ella propuso y la emisora aceptó) por presentar un rumor como noticia.
Sin duda, eso no hizo Carmen Aristegui. Partió de un hecho noticioso (el escándalo en la Cámara de diputados por la colocación de un mensaje provocador en que se implica que el Presidente Calderón es un bebedor), y ella lo situó en contexto y extrajo de él una conclusión. Dijo que el rumor sobre el etilismo presidencial estaba muy extendido, como lo está, lo que podía comprobarse en las redes sociales a que se atienen y de que tanto gustan el propio Ejecutivo y sus colaboradores. Y preguntó por qué desde la Presidencia no se emitía un comunicado que saliera al paso del rumor. Fue claramente un comentario editorial, lícito en el formato del programa que sostenía, con éxito creciente, desde hace poco más de dos años. Ni presentó al público como una novedad, ni mucho menos afirmó, que el Presidente bebe.
Carmen estuvo dispuesta, cuando se le comunicó que su dicho se había percibido como una ofensa, a disculparse por ella, por el agravio que hubiera resentido el afectado, ya que la intención de su programa es informar y analizar los hechos y no ofender nunca a nadie, ni al Presidente de la República ni a radioescucha alguno. Pero se le exigió desmentirse a sí misma, como un modo de aliviar la irritación causada por sus palabras. Se le demandó una reacción sólo explicable cuando se ha roto un tabú, cuando se ha cometido una irreverencia, cuando se ha incurrido en blasfemia.
Ordenar la salida de Carmen Aristegui es, conforme al diagnóstico famoso, más que un crimen una estupidez. Fue una decisión en la que todos pierden y sólo ganan los que deseen quitarse el estorbo de una emisión radiofónica fresca, cada vez más oída cuanto más certeros eran sus enfoques, en que se practicaba el lema adoptado por la concesionaria cuando convino con la periodista la creación y conducción de un programa diario de información y análisis: libre como el viento, libre como nunca antes, en clara alusión al despido de Carmen de XEW. Ganan asimismo los mezquinos que paladean la derrota de una forma de periodismo que están imposibilitados para ejercer. Gana el autoritarismo que somete la opinión diferente y que sostiene que la figura presidencial debe estar en un nicho inalcanzable donde no lo roce la realidad, ya no digamos con sus hechos brutales sino ni siquiera con lo que se dice en la calle.
La digna mujer y excepcional periodista dio a conocer ayer su posición. Con juicio atinado, que es su forma de ser, situó el problema de su despido en un ámbito más amplio, el del riesgo que para la democracia y la competencia económica deriva de que el presidencialismo, tan venido a menos para bien, disponga todavía de instrumentos que le permiten mantener en vilo a empresarios que no se avienen a sus propósitos e intereses. Varias resoluciones en materia de radio y televisión, y en el más dilatado ámbito de las telecomunicaciones, que MVS ha promovido desde hace años dependen de una decisión presidencial, pues se han cubierto los requisitos y satisfecho las condiciones legales. Carmen denunció, en consecuencia, que un asunto jurídico sea convertido en asunto político por la discrecionalidad que puede ejercer el Presidente.
También recordó que el periodista mexicano que sobresale en la televisión norteamericana, Jorge Ramos, preguntó a bocajarro al presidente Fox, haciéndose eco de un rumor relacionado con una presunta adicción presidencial si tomaba Prozac. Sorprendido por la franqueza del interrogante, Fox contestó de inmediato y sin ambages con un no rotundo. No se declaró agraviado, ni pidió eliminar esa parte de la grabación. Simplemente aprovechó la ocasión para salir al paso de un rumor, que importa como parte de las percepciones con que una sociedad pretende explicarse su entorno.
La periodista tendió la mano a la empresa para revertir los afectos de lo ocurrido, que se manifiestan además de expresiones callejeras de descontento, en una ruidosa conversación colectiva a través de las redes sociales, donde priva la exigencia de que el programa vuelva a su normalidad, con Carmen Aristegui a la cabeza. Pidió sólo el resarcimiento de su fama pública mediante dos pasos, el primero retirar formalmente el comunicado en que se le señala como transgresora, y el segundo emitir otra posición en sentido contrario, donde se valore su integridad ética y profesional.
La familia Vargas, propietaria de MVS queda de esa manera en posición de deshacer el entuerto. No se trata de borrar lo acontecido, extremo imposible, sino de sacar provecho de él, en vez de sólo perjuicios. Esa familia, sobresaliente en el medio radiofónico donde priva la mediocridad, tuvo la claridad para saber, hace dos años, el valor social y comercial de contar con la personalidad de Carmen Aristegui al frente de su emisión matutina. Puede ahora refrendar el juicio sobre la condición profesional de la periodista aceptando su condición. Quedará fortalecida ante el público y, en consecuencia, ante el Gobierno y los intereses que pretenden, con éxito, someterlo.
Sin duda, eso no hizo Carmen Aristegui. Partió de un hecho noticioso (el escándalo en la Cámara de diputados por la colocación de un mensaje provocador en que se implica que el Presidente Calderón es un bebedor), y ella lo situó en contexto y extrajo de él una conclusión. Dijo que el rumor sobre el etilismo presidencial estaba muy extendido, como lo está, lo que podía comprobarse en las redes sociales a que se atienen y de que tanto gustan el propio Ejecutivo y sus colaboradores. Y preguntó por qué desde la Presidencia no se emitía un comunicado que saliera al paso del rumor. Fue claramente un comentario editorial, lícito en el formato del programa que sostenía, con éxito creciente, desde hace poco más de dos años. Ni presentó al público como una novedad, ni mucho menos afirmó, que el Presidente bebe.
Carmen estuvo dispuesta, cuando se le comunicó que su dicho se había percibido como una ofensa, a disculparse por ella, por el agravio que hubiera resentido el afectado, ya que la intención de su programa es informar y analizar los hechos y no ofender nunca a nadie, ni al Presidente de la República ni a radioescucha alguno. Pero se le exigió desmentirse a sí misma, como un modo de aliviar la irritación causada por sus palabras. Se le demandó una reacción sólo explicable cuando se ha roto un tabú, cuando se ha cometido una irreverencia, cuando se ha incurrido en blasfemia.
Ordenar la salida de Carmen Aristegui es, conforme al diagnóstico famoso, más que un crimen una estupidez. Fue una decisión en la que todos pierden y sólo ganan los que deseen quitarse el estorbo de una emisión radiofónica fresca, cada vez más oída cuanto más certeros eran sus enfoques, en que se practicaba el lema adoptado por la concesionaria cuando convino con la periodista la creación y conducción de un programa diario de información y análisis: libre como el viento, libre como nunca antes, en clara alusión al despido de Carmen de XEW. Ganan asimismo los mezquinos que paladean la derrota de una forma de periodismo que están imposibilitados para ejercer. Gana el autoritarismo que somete la opinión diferente y que sostiene que la figura presidencial debe estar en un nicho inalcanzable donde no lo roce la realidad, ya no digamos con sus hechos brutales sino ni siquiera con lo que se dice en la calle.
La digna mujer y excepcional periodista dio a conocer ayer su posición. Con juicio atinado, que es su forma de ser, situó el problema de su despido en un ámbito más amplio, el del riesgo que para la democracia y la competencia económica deriva de que el presidencialismo, tan venido a menos para bien, disponga todavía de instrumentos que le permiten mantener en vilo a empresarios que no se avienen a sus propósitos e intereses. Varias resoluciones en materia de radio y televisión, y en el más dilatado ámbito de las telecomunicaciones, que MVS ha promovido desde hace años dependen de una decisión presidencial, pues se han cubierto los requisitos y satisfecho las condiciones legales. Carmen denunció, en consecuencia, que un asunto jurídico sea convertido en asunto político por la discrecionalidad que puede ejercer el Presidente.
También recordó que el periodista mexicano que sobresale en la televisión norteamericana, Jorge Ramos, preguntó a bocajarro al presidente Fox, haciéndose eco de un rumor relacionado con una presunta adicción presidencial si tomaba Prozac. Sorprendido por la franqueza del interrogante, Fox contestó de inmediato y sin ambages con un no rotundo. No se declaró agraviado, ni pidió eliminar esa parte de la grabación. Simplemente aprovechó la ocasión para salir al paso de un rumor, que importa como parte de las percepciones con que una sociedad pretende explicarse su entorno.
La periodista tendió la mano a la empresa para revertir los afectos de lo ocurrido, que se manifiestan además de expresiones callejeras de descontento, en una ruidosa conversación colectiva a través de las redes sociales, donde priva la exigencia de que el programa vuelva a su normalidad, con Carmen Aristegui a la cabeza. Pidió sólo el resarcimiento de su fama pública mediante dos pasos, el primero retirar formalmente el comunicado en que se le señala como transgresora, y el segundo emitir otra posición en sentido contrario, donde se valore su integridad ética y profesional.
La familia Vargas, propietaria de MVS queda de esa manera en posición de deshacer el entuerto. No se trata de borrar lo acontecido, extremo imposible, sino de sacar provecho de él, en vez de sólo perjuicios. Esa familia, sobresaliente en el medio radiofónico donde priva la mediocridad, tuvo la claridad para saber, hace dos años, el valor social y comercial de contar con la personalidad de Carmen Aristegui al frente de su emisión matutina. Puede ahora refrendar el juicio sobre la condición profesional de la periodista aceptando su condición. Quedará fortalecida ante el público y, en consecuencia, ante el Gobierno y los intereses que pretenden, con éxito, someterlo.
miércoles, 9 de febrero de 2011
Sindicatos magisteriales
Fue otorgado el registro, y la toma de nota de su dirección, al Sindicato independiente de trabajadores de la educación de México. Es un nuevo intento por minar el poderío del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). No tenemos necesidad de esperar que se implante en el gremio magisterial para medir la importancia o inocuidad de su presencia. Multiplicar las agrupaciones sindicales no necesariamente es el mejor camino para enfrentar, si de eso se trata, a un grupo político dominante. Al contrario, la diversificación de vías de acción contra la facción hegemónica resulta, en el mejor de los casos, en el surgimiento de focos de inquietud pero no genera peligro real para el funcionamiento del SNTE, porque la organización presidida por Elba Ester Gordillo mantiene la titularidad de las condiciones generales de trabajo del gigantesco agrupamiento magisterial.
Desde su fundación hace casi setenta años, dicho sindicato se constituyó en una corporación adosada al aparato partidista electoral del Gobierno. Fue pilar de la Federación de sindicatos de trabajadores al servicio y del Estado y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Ha sido un sindicato vertical y autoritario manejado por sucesivos hombres fuertes que desde allí se abrieron camino para una carrera política personal. Ese fue el caso de Jesús Robles Martínez, Manuel Sánchez Vite y Carlos Jonguitud, por poner sólo unos ejemplos. Los tres fueron senadores de la República y los dos últimos gobernaron sus estados, Hidalgo y San Luis Potosí respectivamente. El hidalguense presidió, además, el comité nacional del PRI.
Jonguitud fue depuesto en un golpe de mano incruento apenas llegó al Gobierno Carlos Salinas, necesitado de una base política propia dada la precariedad de su elección como Presidente. El dirigente potosino enfrentaba ya, desde una década atrás, el activismo de un sector disidente que fue reprimido por la fuerza, la propia del sindicato a través de golpeadores y matones, y la gubernamental. Acaba de recordarse, al cumplirse el 30 de enero treinta años del grave suceso, el asesinato del profesor Misael Núñez, ejemplo al mismo tiempo de la acción disidente y de la forma extrema de encararla.
Salinas no acudió a la disidencia para eliminar a Jonguitud, sino que de su propio entorno hizo surgir a quien lo reemplazara, Elba Ester Gordillo, que en 1989 fue elevada a la condición caciquil que se arrebataba al ex Gobernador de San Luis Potosí. Ella se había hecho notar como dirigente de la sección 36 del SNTE, correspondiente al Valle de México (excluido el DF), a la que pertenecía Misael Núñez. Personal cercano a Gordillo fue imputado por ese asesinato, si bien nunca se le fincaron a ella responsabilidades penales. Sus allegados, presos en un penal mexiquense, recibieron la oportunidad de fugarse y el crimen quedó impune. Ese fue uno de los títulos por los que Salinas la escogió para encabezar al entonces menos poderoso que hoy gremio magisterial, en una etapa que se ha prolongado ya por más de tres décadas. En ese periodo, Gordillo ha sido secretaria general y manejadora de sus sucesores en el mismo cargo, hasta que la fatigó la simulación y resolvió figurar abiertamente en el primer plano para lo cual creó la presidencia del sindicato, que ejerce ad vitam.
Los comités de lucha de la disidencia que afloró en 1979 se organizaron en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que con suerte cambiante, casi siempre adversa se empeña en la proeza de disputar desde dentro el mando sindical al grupo de Gordillo. La imposibilidad de cumplir esa meta la ha conducido al pasmo o al mero activismo contestatario en determinados casos. Lo más que ha logrado es contar con la mayoría en un puñado de secciones cuyos comités procuran labrarse una autonomía que se estrella, en casos extremos, con el centralismo establecido en el estatuto, con base en el cual la dirección nacional constriñe y castiga a las secciones que buscan su independencia.
Algunas corrientes opuestas a tal centralismo han optado, en vez de combatirlo desde dentro como hace la CNTE, por integrar agrupaciones sindicales propias. Algunas han prosperado al socaire de coyunturas políticas, como el Sindicato de trabajadores de la educación de Tabasco, surgido en 2004 como parte de la disputa de Gordillo y Roberto Madrazo. También se creó un sindicato estatal en Baja California, a partir de la sección 37, pero los remanentes fieles a Gordillo no cesan de disputarle la interlocución laboral, ahora condicionada a la alianza política de Gordillo con el PAN.
En el ámbito nacional ha habido también intentos. Los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional consiguieron agruparse en un sindicato propio, pero su fuerza no alcanza para contender con la sección 11 por la titularidad de las condiciones generales de trabajo (el contrato colectivo en el ámbito burocrático). Tampoco ha podido siquiera pretenderlo el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación, a cuya cabeza figura Carlos Jonguitud Carrillo, lo que revela más un ánimo restaurador que un propósito de renovación. El nuevo sindicato independiente, de aliento priísta, cuya dirección contó en las filas de Gordillo, figura ya en el ámbito legal pero sus márgenes de acción son limitados o al menos sujetos a la capacidad que las autoridades de la SEP resuelvan imprimirle como gestores de trámites de sus afiliados, no más. No constituye peligro para Gordillo.
Desde su fundación hace casi setenta años, dicho sindicato se constituyó en una corporación adosada al aparato partidista electoral del Gobierno. Fue pilar de la Federación de sindicatos de trabajadores al servicio y del Estado y de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Ha sido un sindicato vertical y autoritario manejado por sucesivos hombres fuertes que desde allí se abrieron camino para una carrera política personal. Ese fue el caso de Jesús Robles Martínez, Manuel Sánchez Vite y Carlos Jonguitud, por poner sólo unos ejemplos. Los tres fueron senadores de la República y los dos últimos gobernaron sus estados, Hidalgo y San Luis Potosí respectivamente. El hidalguense presidió, además, el comité nacional del PRI.
Jonguitud fue depuesto en un golpe de mano incruento apenas llegó al Gobierno Carlos Salinas, necesitado de una base política propia dada la precariedad de su elección como Presidente. El dirigente potosino enfrentaba ya, desde una década atrás, el activismo de un sector disidente que fue reprimido por la fuerza, la propia del sindicato a través de golpeadores y matones, y la gubernamental. Acaba de recordarse, al cumplirse el 30 de enero treinta años del grave suceso, el asesinato del profesor Misael Núñez, ejemplo al mismo tiempo de la acción disidente y de la forma extrema de encararla.
Salinas no acudió a la disidencia para eliminar a Jonguitud, sino que de su propio entorno hizo surgir a quien lo reemplazara, Elba Ester Gordillo, que en 1989 fue elevada a la condición caciquil que se arrebataba al ex Gobernador de San Luis Potosí. Ella se había hecho notar como dirigente de la sección 36 del SNTE, correspondiente al Valle de México (excluido el DF), a la que pertenecía Misael Núñez. Personal cercano a Gordillo fue imputado por ese asesinato, si bien nunca se le fincaron a ella responsabilidades penales. Sus allegados, presos en un penal mexiquense, recibieron la oportunidad de fugarse y el crimen quedó impune. Ese fue uno de los títulos por los que Salinas la escogió para encabezar al entonces menos poderoso que hoy gremio magisterial, en una etapa que se ha prolongado ya por más de tres décadas. En ese periodo, Gordillo ha sido secretaria general y manejadora de sus sucesores en el mismo cargo, hasta que la fatigó la simulación y resolvió figurar abiertamente en el primer plano para lo cual creó la presidencia del sindicato, que ejerce ad vitam.
Los comités de lucha de la disidencia que afloró en 1979 se organizaron en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que con suerte cambiante, casi siempre adversa se empeña en la proeza de disputar desde dentro el mando sindical al grupo de Gordillo. La imposibilidad de cumplir esa meta la ha conducido al pasmo o al mero activismo contestatario en determinados casos. Lo más que ha logrado es contar con la mayoría en un puñado de secciones cuyos comités procuran labrarse una autonomía que se estrella, en casos extremos, con el centralismo establecido en el estatuto, con base en el cual la dirección nacional constriñe y castiga a las secciones que buscan su independencia.
Algunas corrientes opuestas a tal centralismo han optado, en vez de combatirlo desde dentro como hace la CNTE, por integrar agrupaciones sindicales propias. Algunas han prosperado al socaire de coyunturas políticas, como el Sindicato de trabajadores de la educación de Tabasco, surgido en 2004 como parte de la disputa de Gordillo y Roberto Madrazo. También se creó un sindicato estatal en Baja California, a partir de la sección 37, pero los remanentes fieles a Gordillo no cesan de disputarle la interlocución laboral, ahora condicionada a la alianza política de Gordillo con el PAN.
En el ámbito nacional ha habido también intentos. Los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional consiguieron agruparse en un sindicato propio, pero su fuerza no alcanza para contender con la sección 11 por la titularidad de las condiciones generales de trabajo (el contrato colectivo en el ámbito burocrático). Tampoco ha podido siquiera pretenderlo el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores al Servicio de la Educación, a cuya cabeza figura Carlos Jonguitud Carrillo, lo que revela más un ánimo restaurador que un propósito de renovación. El nuevo sindicato independiente, de aliento priísta, cuya dirección contó en las filas de Gordillo, figura ya en el ámbito legal pero sus márgenes de acción son limitados o al menos sujetos a la capacidad que las autoridades de la SEP resuelvan imprimirle como gestores de trámites de sus afiliados, no más. No constituye peligro para Gordillo.
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