¡Ya basta!, pero sigue.

Mientras decenas de miles de personas proclamaban en las plazas públicas de casi todo el País su repudio a la violencia criminal, ésta siguió su curso, desatenta a la protesta ciudadana. Ochenta y siete personas perdieron la vida a manos de agresores, y engrosaron la vasta nómina de quienes han muerto en conexión con la delincuencia organizada en lo que va del sexenio.

En San Fernando, Tamaulipas, un lugar que perdió su sitio en la geografía económica donde brillaba por su producción rural, y lo ganó por los crímenes ocurridos en su territorio, hubo un nuevo hallazgo macabro. En agosto pasado se encontraron allí los cuerpos de 72 personas, migrantes centro y sudamericanos que fueron ultimados por móviles todavía no esclarecidos. En varias fosas, ahora sumaron 59 los cadáveres, que quizá sean los de pasajeros secuestrados en el autobús en que viajaban el 25 de marzo. Temerosas de la reacción internacional -que ha sido severa con México en foros de las Naciones Unidas en los días recientes-, las autoridades mexicanas se apresuraron a diagnosticar que esta vez no se trata de migrantes. Parecería que las alivia la oriundez mexicana de las víctimas. Si procedieran del exterior, sus gobiernos, aun los puestos en entredicho como el de Honduras ejercerían presión sobre el mexicano para que no cierre la indagación sin siquiera hacerla avanzar. Si los asesinados nacieron aquí, es poco probable que se condense una exigencia social suficiente para hacer que se muevan los mecanismos de indagación ministerial. En Tamaulipas, cuyo ex gobernador Eugenio Hernández aparece mencionado como alegre participante en el jolgorio de la toma de posesión del nuevo Gobernador de Quintana Roo, la eficacia de la procuración de Justicia es nula para todos. Hace ocho meses fue muerto a tiros el candidato priísta a Gobernador de esa entidad. Ni siquiera porque su hermano ejerce ahora esa responsabilidad ha sido posible esclarecer el crimen que arrebató la vida a Rodolfo Torre Cantú.

La vasta movilización del miércoles busca no sólo que se hagan luces sobre el homicidio de siete personas cuyos cadáveres fueron hallados el 28 de marzo en la conurbación de Cuernavaca. Se trata de reforzar, desde abajo, la exigencia social para que el Estado cumpla los deberes de que parece haber abdicado. Nadie culpa a los funcionarios de ser causantes directos de la muerte violenta. Hay autores de esos homicidios, que deben ser perseguidos, localizados, aprehendidos y sancionados. Pero es justa la indignación ciudadana contra los gobiernos de los tres niveles incapaces de impedir mediante la prevención que se cometan delitos, e incapaces de punir a los responsables. En la medida en que su abstención los hace cómplices, la demanda pública de justicia los iguala.

Además de su ineptitud, los funcionarios que deberían garantizar la tranquilidad ciudadana –que es un bien público cuya gestión es obligatoria para el Estado, como lo es el aprovisionamiento de agua o el servicio de educación básica y media- carecen también de sensibilidad. El zar policiaco mexicano, Genaro García Luna, hace cuentas alegres que lo eximen de responsabilidad. Fiado en la experiencia de ciudades norteamericanas y colombianas que padecieron gran violencia, calcula que la que aquí atosiga a los mexicanos empezará a ceder hacia 2015, pues se requieren siete años para que maduren las iniciativas de prevención y represión. Para esa fecha, si no ha sido procesado, el entonces ex Secretario disfrutará de los caudales de que se ha hecho en los fructíferos años en el servicio público. Aunque también podría ocurrir a este País la enorme desgracia de que ocupara todavía puestos de alta responsabilidad frente a la delincuencia. Ya probó sus capacidades de adecuación a circunstancias cambiantes cuando Transitó de la Policía Federal del tiempo de Zedillo a la Policía Judicial Federal de la era de Fox y a la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón.

Javier Sicilia, que por su condición pública previa y por ser padre de una de las víctimas del 28 de marzo, ha puesto el poder de su voz y de su pluma al servicio de una causa que le concierne pero lo rebasa. Encabezó la marcha de anteayer en Cuernavaca y presidirá el plantón instalado en el zócalo de esa ciudad hasta el miércoles próximo. Se espera que ese día trece hayan sido detenidos los ya inculpados asesinos de su hijo y seis personas más. De no ser así las pequeñas o multitudinarias expresiones de protesta se concentrarán en la Ciudad de México. Se trata de no incurrir en la desmovilización que siguió a las marchas ciudadanas de 1997, 2004 y 2008, motivadas también porque el execrable crimen organizado mató a jóvenes cuyas vidas eran tan valiosas como las de miles de víctimas por cuyo trágico destino nadie se ha movido.

El presidente Calderón convocó a Sicilia a Los Pinos, en horas previas a las marchas de anteayer. Si alguien supuso que ese encuentro atemperaría el rigor de la protesta del miércoles, se equivocó. El poeta en huelga no depuso la contundencia de su denuncia ni de su exigencia. Hemos de creer, en cambio, que Calderón ha aprendido a moderar sus reacciones frente a crímenes relevantes y en vez de condenar a sus víctimas, como hizo con las de Villas de Salvárcar, en enero del año pasado, ahora entiende la necesidad de padecer con los deudos, como lo ha hecho su esposa Margarita Zavala y, sobre todo, de asegurar que la participación federal en la investigación ministerial conduzca al resultado exigido.

Nuevos gobernadores.

El espectáculo circense montado en Chetumal para recibir al nuevo Gobernador de Quintana Roo tuvo el mérito de situar al ex presidente Carlos Salinas en el espacio que realmente le corresponde. Es una estrella del firmamento mediático, una figura de la farándula. Contó entre los invitados del joven Roberto Borge al lado de Don King, el promotor de boxeo; de Paulina Rubio y su marido Colate, de Juan Gabriel, de Onésimo Cepeda, y de Humberto Moreira, el pugilista que ocupa la principal oficina del PRI nacional.

El viernes 1º y el martes 5 de abril tomaron posesión los últimos mandatarios surgidos de las elecciones del ya remoto 2 de julio de 2010, así como los elegidos en los comicios del 31 de enero y el 7 de febrero recientes. Del remanente del año pasado asumieron sus cargos el primer día de este mes Francisco Olvera, que en Hidalgo sustituyó a Miguel Osorio Chong, y anteayer el segundo Borge en la todavía breve lista de quienes gobiernan en Chetumal (el primero, Miguel Borge, es su tío). El viernes tomó posesión en Guerrero Ángel Heladio Aguirre y el martes en Baja California Sur el neoneopanista Marco Covarrubias. Cada uno de esos relevos tuvo particularidades que examinar.

El nuevo Gobernador hidalguense no encabeza un nuevo Gobierno. Buena parte de su plantilla de colaboradores formaba parte del gabinete de quien testó en su favor. Se muestra así el compromiso continuista en que probablemente se basó su selección. Es notoria, en esa línea en que lo nuevo no es nuevo, sobresale la permanencia de Damián Canales en la Secretaría de Seguridad Pública. Esa materia es frágil en una entidad donde ‘Los Zetas’ se han establecido con toda ostentación, al punto de que en las goteras de la capital está abierta una capilla explícitamente donada por Heriberto Lazcano, el apócope de cuyo apellido se ha convertido en su mote: ‘El Lazca’. En ese ámbito, al menos, se ha cerrado la oportunidad de que la seguridad de los hidalguenses se garantice. No cabe, por supuesto, el alegato posible de que la persecución a los sicarios de ‘El Lazca’ es asunto federal. Lo es también local en la medida en que cometen homicidios, que son competencia del fuero común.

Otro lastre deberá ser llevado por Olvera, aunque haya sido producido por su antecesor. El servicio de una deuda que importa cuatro mil millones de pesos gravitará sobre las finanzas públicas con menoscabo de las obras y servicios que la población requiere. Mil quinientos millones de aquel total fueron contratados para pagar el extenso predio en que algún día (no sabemos si antes o después de que se inaugure el fallido arco en el Paseo de la Reforma que conmemorará los centenarios recordados el año pasado) Pemex construirá la refinería que ya en 2008 era urgente.

Aunque no podamos acallar del todo la sospecha de que lo hizo para menguar la influencia de Xóchitl Gálvez en los comicios municipales del próximo julio, Olvera tuvo la afortunada iniciativa de convocar a su antagonista en la elección a un diálogo que favorezca el clima de entendimiento necesario para gobernar una entidad que votó dividida en dos mitades. La candidata de la alianza Hidalgo nos une depuso sus querellas políticas con tal de conseguir que el Gobierno se aboque a temas que en su campaña ella comprobó que la sociedad reclama. Si Olvera no cumple lo conversado, ella pasará por ingenua, pero él merecerá calificaciones que por ásperas no es preciso escribir.

En Guerrero llegó a su fin el Gobierno de Zeferino Torreblanca, que echó a pique un proyecto de democratización que esperanzó a quienes lo eligieron. Lo reemplaza un priísta por dentro, perredista por fuera, que fue Gobernador interino nombrado a dedo. En su segundo debut, Aguirre puede mostrar una conversión genuina (como lo indica el nombramiento de un procurador como Alberto López Rosas, comprometido con la ley la democracia) o puede abandonarse a las inercias del poder al servicio de los intereses creados, como hizo él mismo, como han hecho sus antecesores.

En Baja California Sur comenzó una confusa segunda alternancia. La primera ocurrió hace doce años cuando el priísta Leonel Cota derrotó al PRI, al amparo del PRD, que lo acogió de tal forma que le confió su dirección nacional tras un breve lapso de militancia. Cota rompió con ese partido y en la mezcla de conveniencias de que formó parte su alejamiento del Gobernador (su primo a quien él mismo había colocado en el Poder Ejecutivo), un perredista también de última hora se asumió panista en el ultimísimo instante y logró a la Gubernatura. Lo rodearon anteayer cuatro miembros del gabinete panista: uno (el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora) con la representación presidencial; los tres restantes (Ernesto Cordero, Heriberto Félix, Javier Lozano) haciendo su propio trabajo preelectoral en días hábiles y con cargo al erario de la Federación.

El imberbe mozuelo elegido en Quintara Roo heredó junto con la Gubernatura que le dejó su hacedor Félix González Canto, una voluminosa deuda pública. Para enfrentarla Roberto Borge requeriría prácticas austeras a las que no mostró inclinación en su llegada a Chetumal, procedente de Cozumel. Hizo que se gastara un dineral en invitaciones a una variopinta multitud compuesta por gente de la farándula y del espectáculo político. Los más quizá preferirían haber ido a Cancún, pero algunos reaccionaron con cautela ante la reunión internacional sobre drogas allí reunida. Quizá tienen razón para no temer a Genaro García Luna, pero tal vez sí a la directora de la DEA.

Patrimonio natural de México.

Con el sarcasmo que fue una de sus armas, Carlos Monsiváis llamó “para documentar nuestro optimismo”, sección de su columna “¡Por mi madre bohemios!”, al registro de discursos y hechos que agobiaban al lector con la certidumbre de que íbamos de mal peor en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, pública y privada. Muy lejos de esa intención sarcástica y al contrario empleando la expresión en su sentido recto, me refiero hoy a un libro apropiado para documentar nuestro optimismo: Patrimonio cultural de México, Cien casos de éxito. Ciento cuarenta autores describieron y examinaron tal centenar de actos, hechos y momentos relativos a la conservación y restauración del entorno ambiental de los mexicanos.

Coordinaron la obra (preparada con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución) los investigadores Javier de la Maza y Carlos Galindo, así como quienes también se han dedicado y dedican al conocimiento científico pero han tenido y tienen relevantes responsabilidades institucionales; Julia Carabias, que fue secretaria del Medio ambiente y recursos naturales, y José Sarukhán, el sabio ex rector de la Universidad nacional, y actualmente cabeza de la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, Conabio.

La obra es magnífica por su apariencia y por su fondo. En la portada figura el Bosque de Pacho, del gran pintor José María Velasco, que tantos testimonios heredó a los mexicanos sobre el paisaje del altiplano decimonónico y hoy es, más que motivo para la añoranza, visión que estimula la voluntad de que nuestro País no se pierda en páramos inhóspitos donde se angoste, agoste y agote la vida. Decenas de fotografías, muchas de ellas desplegadas a doble página, ofrecen la referencia imagológica de los casos narrados por expertos y protagonistas de los cien casos de éxito mencionados en el título. Aunque no se diga expresamente, y a fuer de obra de científicos, no hay triunfalismo en la calificación del buen resultado que se aprecia en los relatos y análisis que constituyen un libro nada complaciente. Se sabe y se dice que no hay verdades definitivas en lo que hace a la conservación de especies y ambientes, pues los avances son reversibles y hay que pugnar de modo permanente para que no vayan hacia atrás.

Los coordinadores hallaron que la preservación del patrimonio natural de México ha resultado de la conjunción de tres factores: el conocimiento científico acumulado -en algunos casos desde hace más de un siglo- especialmente el obtenido por investigadores de instituciones académicas; la participación social, el activismo de agrupamientos de la sociedad civil que instan a eliminar riesgos para dicho patrimonio, o practican su defensa e intervienen en la gestión de los modos y formas de conservarlos; y el desarrollo institucional, sobre todo en tiempos recientes, en que los poderes federales y locales han emitido legislación y organizado instituciones para el ordenamiento ambiental. Agrego por mi parte el factor externo: la gestación y desarrollo del derecho ambiental internacional así como el funcionamiento de fondos, privados o públicos, de proyección mundial.

Aunque no haya sido escrito con esa intención -entre otros motivos porque la diversidad de autores implica pluralidad de enfoques y de énfasis- hay un hilo conductor a lo largo de la obra: la permanente pugna entre dos términos de un dilema que se ha mostrado falso: la disputa entre el desarrollo sustentable, respetuoso y acatador de las normas de la naturaleza, y el crecimiento salvaje, depredador que, involuntariamente o por explícito afán de ganancia pretende sobreponer sus metas a los de la conservación. Para dirimir en la práctica social esa disyuntiva ha sido precisa una intensa actividad estatal, pues en pocos ámbitos es tan evidente que dejadas en libertad las conveniencias del mercado a estas horas viviríamos en un desierto, en un ambiente continuamente empobrecido por la expoliación utilitaria y miope, incapaz de comprender que en materia de protección ambiental hay que proceder como dispuso Braudel estudiar la historia: con la mirada de Dios padre, es decir en plazos dilatados, no los de la brevedad de la vida humana.

La obra gira sobre un concepto ecológico: las áreas naturales protegidas (y sus modalidades, las certificadas y las comunitarias) y su instrumento jurídico, la Comisión nacional respectiva. Extender protección sobre un área natural, lo aprendemos en esta lectura, no significa congelar el tiempo ni sustraer la zona a la vida cotidiana. No significa clausurarla e impedir la acción humana en ella. Al contrario, en sus declaratorias predomina la idea de que la conservación favorezca al desarrollo de las personas, no sólo por el hecho mismo de mantener el patrimonio sino porque puedan en su seno realizarse actividades productivas condicionadas a la preservación y ésta a tales actividades, en una simbiosis deseable. Declarar la protección no consigue ponerla a salvo de la depredación: lo muestra la que don Miguel Ángel de Quevedo consiguió para el parque nacional de El Chico, en Hidalgo, donde la restricción legal y administrativa no obstruyó del todo la deforestación.

A menudo, las áreas naturales protegidas han surgido para encarar un conflicto social, pero a veces la declaratoria respectiva lo suscita. Se hace preciso, en unos y otros casos, establecer el equilibrio entre los intereses legítimos en presencia y el acotamiento y exclusión de los espurios.

Desaparecidos y muertos sin nombre.

Con justificada razón, el hallazgo de cadáveres con signos de tortura, hacinados en un vehículo, conmueve así sea por unas horas, unos días, a los miembros de una comunidad. Igualmente debería estrujarnos la noticia de desapariciones forzadas, o la noticia de que se multiplican los muertos sin nombre.

Entre las muchas deficiencias de la política mexicana sobre desapariciones forzadas, si es que hay algo que merezca la denominación de política al respecto, está la falta de coordinación entre autoridades sobre esa materia. La consecuencia inmediata es la carencia de información precisa, que debería ser la base para el combate de esa peste social que se intensifica entre nosotros. El irrespeto a la vida, la banalidad con que se nos educa respecto del valor de las libertades y los derechos humanos en general, hace que la desaparición de personas, forzada o involuntaria, no le importe a nadie.

Obligado al lenguaje diplomático, esta última afirmación ha sido expresada por el Grupo de trabajo sobre ese fenómeno lacerante (GTDFI), perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que al concluir su visita a México la semana pasada presentó sus observaciones preliminares, antecedente del reporte que deberá hacer conocer al comienzo del año próximo en Ginebra:

“El GTDFI observa que no existe una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. Pareciera no existir una coordinación vertical u horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales, así como tampoco entre las autoridades del mismo nivel de Gobierno”.

Un motivo obvio explica esa descoordinación: el Estado rehúsa incriminarse, se niega a admitir que, descontrolados o bajo su control, agentes suyos capturan a personas a las que no remiten al ministerio público, sino que las hacen desaparecer, como una forma de combate a la insurrección armada o como bárbaro método de investigación. Tampoco hay capacidades o voluntad para indagar el destino de quienes son hechos desaparecer por francos delincuentes, que se benefician de la complicidad práctica resultante de la omisión o la negligencia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha empezado a reunir información sobre formas diversas de desprecio a la vida. Ha hallado cifras que espeluznan: nueve mil personas (8,898) a partir de 2006, que murieron por violencia, accidentes o enfermedades, no han sido identificadas por ninguna autoridad, y suponemos que tampoco han sido reclamadas por nadie. En cambio, han sido reportadas como extraviadas o ausentes, en ese mismo periodo, más de 5,000 personas (5,392).

Es preciso que la CNDH afine este plausible esfuerzo de información precisando los casos en que se produce la ausencia. Del nombre del sistema que concentra los datos (Sistema de información nacional de personas extraviadas y fallecidas no identificadas) se desprende que no incluye los casos de desapariciones forzadas. Es una deficiencia que urge remediar, porque ese tipo de privación ilegal de la libertad va en aumento, y crecerá sin freno a partir de que se ignore su dimensión precisa.

El grupo de trabajo de la ONU aporta algunas cifras. Una, de carácter histórico, se refiere a una realidad que probablemente fue rebasada ya. Contando a partir de la primera visita que el Grupo hizo a México, en el ya remoto 1982, hace 29 años, se han abordado 412 casos. De ellos, 134 se aclararon por actividad gubernamental, 24 por información aportada por los denunciantes (lo cual quiere decir, suponemos, que los desaparecidos fueron hallados y restituidos a su entorno, o estaban sujetos a proceso). En 16 casos se interrumpió el abordamiento. Y no se han resuelto 238. Aunque esa cifra es mucho menor de la denunciada por agrupaciones buscadoras de justicia, que luchan por hacer que los desaparecidos sean presentados vivos (señaladamente el grupo Eureka, encabezado por doña Rosario Ibarra), es reveladora de la frecuencia y la facilidad con que el estado se deshace de quienes supone son sus enemigos.

Ya sobre los hechos actuales, el grupo de trabajo “recibió información diversa sobre el número de desapariciones forzadas. Mientras que las organizaciones civiles de derechos humanos reportaron que -de acuerdo con sus estimaciones- más de 3,000 personas habrían sido desaparecidas en el país desde el año 2006, la CNDH registró un aumento sostenido en el número de quejas sobre desapariciones forzadas, pasando de 4 quejas en el año 2006 a 77 en el año 2010”.

El documento del GTDFI aporta información importante que le fue provista por autoridades, militares y civiles, habitualmente renuentes ante instancias civiles mexicanas a reconocer casos de desaparición forzada. Por un lado, la secretaría de la Defensa nacional informó de un caso de ese género “en el que el personal responsable había sido sentenciado por la jurisdicción militar”. Por otra parte, al Grupo “se le informó acerca de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, en contra de funcionarios públicos, que se encuentran actualmente en proceso de apelación”.

Aun en el supuesto de que las estimaciones de organismos civiles son demasiado altas, y que el dato duro del que debamos partir sean las 77 quejas presentadas el año pasado en la CNDH, la cifra es demasiado abultada. No estamos en guerra contra un país extranjero, ni nos arremete un tsunami para que la gente desaparezca así nada más, sin que haya consecuencias.

Procuradoras de justicia.

Marisela Morales Ibáñez no sólo será la primera mujer el frente de la Procuraduría General de la República, sino también la primera persona que llega a la máxima posición en esa dependencia con carrera en el Ministerio Público. Sólo dos subprocuradores, Óscar Treviño Ríos en 1962 y Humberto Benítez Treviño en 1994, fueron ascendidos, pero a su primer cargo en la PGR arribaron desde ámbitos distintos a la procuración federal de Justicia.

Como miembros que son del gabinete, sobre todo antes de que fuera necesaria la ratificación senatorial de su nombramiento, los procuradores de la República contaban con la confianza política del Presidente, por encima de su aptitud técnica. Por eso uno de los signos del desempeño en la PGR ha sido la frecuencia con que mudan sus cabezas. Son excepcionales los casos de procuradores que cumplieron el sexenio del Presidente que los nombró: José Aguilar y Maya, bajo Ávila Camacho (y tres años más, con Ruiz Cortines), Francisco González de la Vega, con Alemán, Óscar Flores Sánchez, con López Portillo, y Sergio García Ramírez, con De la Madrid.

En cambio, casi todos los presidentes del medio siglo reciente debieron nombrar a más de un procurador. A veces, porque los nombraron gobernadores: López Mateos a Fernando López Arias en Veracruz, Díaz Ordaz a Antonio Rocha en san Luis Potosí. Las más de las veces, sin embargo, los titulares de la PGR tuvieron que irse por coyunturas políticas: por ejemplo, Julio Sánchez Vargas fue sustituido por Pedro Ojeda Paullada a raíz de la matanza del Jueves de Corpus Fue significativo que Salinas de Gortari designara cinco procuradores Enrique Álvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo, Diego Valadés, Benítez Treviño), señal inequívoca de la inestabilidad política de su sexenio. Por lo mismo, Zedillo tuvo a sus órdenes al panista Antonio Lozano y después a Jorge Madrazo. Fox designó asimismo a un par: el general Rafael Macedo de la Concha y a Daniel Cabeza de Vaca. Calderón había reemplazado en 2009 a Eduardo Medina Mora por Chávez Chávez (que había sido delegado de la PGR en Chihuahua, y procurador en esa misma entidad) y ahora se ha deshecho de ese “soldado de a pie”, como lo llamó en el momento de su designación el embajador Carlos Pascual, según supimos por WeakiLeaks.

Pionera en el ámbito federal, Marisela Morales Ibáñez ha sido antecedida por procuradoras locales, no en gran número, pues en ese ámbito como en otros de la política y la administración priva una reticencia sexista, aunque por supuesto el examen de su labor no necesariamente esté infectado por ese mismo defecto. La primera mujer que llegó a esa responsabilidad fue Victoria Adato Green, a quien el presidente Miguel de la Madrid nombró procuradora de Justicia de Distrito Federal. Si bien a la hora de su designación pertenecía al Poder Judicial (donde había sido jueza y magistrada), había ganado experiencia ministerial en la dependencia que dirigió de 1982 a 1985.

Su paso por la procuraduría capitalina quedó marcado por dos acontecimientos graves, en que mostró su incapacidad para asumir sus responsabilidades, y la dejadez con que actuaba. El primero fue el asesinato de Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984. Tratándose de un homicidio, su investigación correspondía al Ministerio Público local, pero la procuradora permitió que la Dirección Federal de Seguridad (a cuya cabeza estaba el propio verdugo de la víctima) se encargara de la indagación durante los primeros meses. Cuando el caso le fue entregado, ella consintió en que la averiguación se perdiera en banalidades y hasta en pistas que denigraban a Buendía, con el ruin ánimo de inferirle una segunda muerte.

Al año siguiente, el terremoto del 19 de septiembre dejó al descubierto la práctica de la tortura y la extorsión que, según era vox populi, caracterizaban a la Policía Judicial, dependiente de la Procuraduría. El sismo derruyó el edificio de esa dependencia, y cuando los rescatistas hicieron su benemérita labor hallaron seis cadáveres, maniatados y guardados en cajuelas de patrullas policíacas. Eran las atroces y diminutas celdas en que agentes judiciales encerraban a delincuentes a los que extorsionaban bajo la amenaza de prisión o deportación, pues los cuerpos hallados en los separos correspondían a colombianos llegados aquí a delinquir.

Tenía una peculiar concepción de la justicia. Según narró en sus memorias el presidente De la Madrid, ella le “contó que al hacer una revisión en los separos de la Procuraduría, encontró a un detenido gravemente golpeado: tenía las costillas rotas. Al verlo, preguntó quién lo había golpeado, y cuando le indicaron que había sido uno de los mismos agentes de la Procuraduría, dio instrucciones a otro elemento de la corporación para que en su presencia le rompieran las costillas a quien había golpeado al detenido”.

El hallazgo de los cadáveres hizo insostenible la posición de la procuradora Adato. De modo que De la Madrid le nombró ministra de la Corte en diciembre de 1985, para darle una salida airosa.

Quizá la primera procuradora estatal fue Patricia Pedrero Iduarte, nombrada por Roberto Madrazo en la necesidad de legitimar su Gobierno ganado a la mala a López Obrador en 1994. Ulises Ruiz nombró dos procuradoras, Lizbeth Caña y María de la Luz Candelaria, sobre todo la primera unidas a él en su autoritarismo. Y Patricia González, procuradora en Chihuahua hasta el año pasado, padece hoy quebrantos familiares por la violencia que, en su ámbito, no pudo frenar.

Acabar la violencia en Morelos.

Del vastísimo Estado de México, que se extendía casi de costa a costa, fueron desprendidos en el Siglo XIX los territorios que hoy son Guerrero, Hidalgo y Morelos, puestos bajo la protección de esos máximos héroes. El primero surgió a mediados de la centuria antepasada. Los dos últimos en 1869, creados por Benito Juárez.

Esas entidades están en el centro de la atención pública en estos días, por motivos distintos, pero también por el denominador común de la violencia criminal, esa que, con razón pero sin autoridad se nos pide a los periodistas condenar explícitamente. Hagámoslo así, sobre todo en este momento, porque hoy a Morelos toca el infortunio de que mucha gente viva el temor y el dolor que causa la muerte, sobre todo la que brota súbitamente, incomprensible y artera.

Temprano el lunes 28 fueron hallados en un automóvil con placas de Guerrero, abandonado en Temixco, municipio conurbado a Cuernavaca, los cadáveres de siete personas. Estaban “atados de pies y manos, presentaban huellas de tortura y asfixia”, según comunicó oficialmente la Procuraduría de Justicia local. Salvo una de las víctimas, todas fueron identificadas: Eran María del Socorro Estrada, de 44 años, empleada de un hotel; Álvaro Jaimes Aguilar, ex militar, empleado de seguridad privada; Jaime Gabriel Alejo Cadena, de 25 años, comerciante; Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, estudiantes de la Universidad Intercontinental, lo mismo que Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24 años.

Éste, los hermanos Romero y Jaime Gabriel eran desde niños amigos cercanos, crecieron en domicilios próximos y se habían reunido el domingo con Álvaro Jaimes, el tío de Julio y Luis Antonio. A algunos de ellos los habían asaltado delincuentes encapachados y dotados de armas largas, que los amenazaron con daños mayores si los denunciaban. Se sometieron al amago, pero no querían dejar allí las cosas. Buscaron la orientación de su familiar. A todos ellos los “levantaron” y asesinaron en las horas siguientes. No se sabe -es uno de los muchos enigmas de este crimen atroz- por qué sus cadáveres fueron hacinados con los de otras personas.

Adquirió relieve el nombre de una de las víctimas porque su padre es Javier Sicilia, un escritor laureado, activista de varias causas civiles, articulista del suplemento dominical de La Jornada semanal y de la revista Proceso. Cristiano profundo, como se ostenta sin fariseismo, ha fundado y dirigido dos revistas de espiritualidad: Ixtus y Conspiratio. La primera apareció de 1994 a 2007, y la segunda vive desde septiembre de 2009, el mismo año en que Sicilia obtuvo el Premio Nacional de Poesía por su libro Tríptico del desierto.

Todas las contribuciones periodísticas del poeta y narrador concluyen con un párrafo que podría parecer un inventario de causas perdidas. Cualquiera que sea el asunto que aborde Sicilia, termina así:

“Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz”.

La búsqueda de justicia en el caso de su propia pérdida no debe ser una de esas causas perdidas abanderadas por Javier Sicilia. Si su nombre resuena por sobre el del resto de los deudos de las víctimas de Temixco -cuya pesarosa angustia debe ser compartida por todos, pues sus muertos importan como Juan Francisco- es porque puede concitar en torno suyo una movilización que ya empezó a mostrarse y sea capaz de conducir no sólo a la solución de esta matanza sino a instaurar un ambiente de seguridad en Morelos, perdido hace mucho tiempo y cuya gravedad se ha acentuado en los años recientes.

El procurador de Justicia Pedro Luis Benítez, anunció el jueves que se han librado ya órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de ese crimen. Pero los alertó al describirlos como ex funcionarios públicos, “personal que estuvo involucrado en instituciones públicas” y que pueden ser “policías, agentes ministeriales o militares”.

Ese es un dato que explica en amplia medida el estallido de la violencia en Morelos: la confusión entre delincuentes y encargados de perseguir a los delincuentes. En tiempos del último Gobernador electo con la bandera del PRI, Jorge Carrillo Olea, quedó claro que era guarida de bandoleros la Policía Ministerial, cuyo director purga todavía hoy prisión por delitos cometidos y solapados. El jefe de la Unidad Antisecuestro era un secuestrador.

La alternancia en el Poder ejecutivo estatal no mejoró la seguridad. Al contrario, el frívolo gobernador Sergio Estrada Cajigal mantuvo relación cercana con la hija de Juan José Esparragoza, veterano capitán del narcotráfico, apodado ‘El Azul’, que se refugió en Cuernavaca desde los años noventa, como hizo también ‘El señor de los cielos’, Amado Carrillo. El suegro del gobernador, Enrique Batting, fue cesado como director del aeropuerto local por presuntas acciones de protección a delincuentes, que operaban a gusto en esa terminal aérea.

El sucesor de Estrada Cajigal, su correligionario y luego rival, Marco Antonio Adame, conservó como secretario de Seguridad Pública a Luis Ángel Cabeza de Vaca, pero tuvo que prescindir de él en mayo de 2009 cuando la Procuraduría General de la República lo acusó de recibir dinero de Arturo Beltrán Leyva a cambio de protección. En un intento de salvar las formas, el Secretario renunció horas antes de ser detenido por la Policía Federal Ministerial. Tuvo que renunciar también el procurador Francisco Coronado Rodríguez, si bien a él no se le abrió causa penal. Cabeza de Vaca, en cambio, fue primero arraigado y luego sometido a proceso, que lo mantiene preso en el penal de San José del Rincón, cercano a Tepic.

Tras perder la protección de tal jefe policiaco, Beltrán Leyva quedó expuesto a las indagaciones norteamericanas en México, y los servicios de la embajada lo ubicaron en un condominio de lujo en Cuernavaca. Allí fue sorprendido en diciembre de 2009 y ultimado en una escaramuza con infantes de Marina, poseedores de la información que el embajador Carlos Pascual entregara inicialmente al Ejército y trasladara después a La Marina, ante la abulia y la “aversión al riesgo” que el diplomático diagnosticó en los militares. De esas investigaciones brotó un dato profundamente inquietante: en una agenda del jefe del narco ultimado aparecía una línea con el número de una cuenta bancaria a nombre de Adame, el Gobernador. Se comprobó que la cuenta está abierta en Banamex y que su titular es la misma persona que ejerce el poder ejecutivo. No se sabe por qué figuraba entre la documentación de unos criminales.

Después de la caída de Beltrán Leyva se acentuó la violencia asociada al narcotráfico en Morelos, principalmente en la conurbación capitalina. Surgió una nueva organización delincuencial, el Cártel del Pacífico Sur, que se adjudicó varios tremebundos actos de ferocidad criminal. Con su participación o sin ella, no faltó mes del año pasado sin que ocurrieran acontecimientos estremecedores en Cuernavaca o sus alrededores. Resulta imposible en el reducido espacio de esta columna enumerar siquiera, ya no digamos reseñar y examinar, la multitud de crímenes a los que no ha seguido castigo alguno, probablemente porque ni siquiera se investigó nada. Sólo a título de lamentables ejemplos cabe recordar el incendio de varias casas y negocios cuyos propietarios no pagaron la extorsión exigida; los quince homicidios cometidos en Semana Santa; las seis víctimas de la colonia Lázaro Cárdenas, los tres colgados de un puente en autopista a Acapulco, sacados de la prisión de Xochitepec, a cuyo director lo mataron también después; los cadáveres encobijados y degollados que menudean; el hallazgo de dos narcofosas en Puente de Ixtla.

El primer trimestre de este año ha producido la muerte violenta de personas con vida pública: el Alcalde de Temoac, su hijo y un ayudante; y del dirigente estatal de la CTM. Aunque al calor de este homicidio se movió un sector de la población morelense, ha faltado la presión social necesaria para sacudir la abulia o castigar la complicidad gubernamental. Que el dolor de los deudos de los siete asesinados en Temixco se convierta en motor de esa movilización necesaria y urgente.

Primera procuradora federal.

No es banal preguntarse si la promoción de Marisela Morales Ibáñez de subprocuradora al rango inmediato superior se gestó en Washington. El grado de participación (no digo que de intromisión porque es permitida) del Gobierno de los Estados Unidos en los asuntos de Seguridad y procuración de Justicia es tan intenso, que así puede interpretarse el premio entregado hace tres semanas a la futura Procuradora General de la República –la primera mujer que ocupará ese cargo, una vez que el Senado apruebe su designación.

El 9 de marzo la entonces responsable de la SIEDO recibió de la secretaria de estado norteamericana Hillary Rodham Clinton la presea Mujeres con valor 2011. Si se considera quién fue la única otra latinoamericana galardonada en la Casa Blanca ese día, no será difícil concluir que había en la selección de las escogidas una intención política. Yoani Sánchez, la disidente cubana famosa por el manejo en La Habana de un blog opositor al Gobierno, fue considerada en la misma categoría que la subprocuradora mexicana.

Además de figurar en una imagen que dio la vuelta al mundo, entre la secretaria Clinton y la primera dama Michelle Obama, la funcionaria mexicana recibió juicios muy favorables a su personalidad y a su desempeño: “Ha mostrado un impulso inquebrantable para combatir al crimen organizado y la corrupción, (y ha mostrado también) dedicación valiente para la seguridad de la ciudadanía y los derechos humanos”. De allí que la Secretaria de Estado ratificara a la subprocuradora el compromiso de su Gobierno: “estaremos con ustedes, estaremos a su lado al tiempo que ustedes hacen todo lo posible para proteger al buen pueblo de México de la escoria de la criminalidad”.

Quien hasta ayer era su jefe, el procurador Arturo Chávez Chávez, sustentaba también un criterio laudatorio sobre la responsable de la Siedo. En noviembre del año pasado le reconoció “públicamente capacidad, entrega profesionalismo y valentía”. Dicho elogio, sin embargo, fue expresado en el marco de un acontecimiento que marcaba el fracaso de una de las mayores operaciones encargadas a esa subprocuraduría. Se trataba entonces de explicar por que casi todos los funcionarios michoacanos acusados de liga con el narcotráfico y detenidos con escándalo en mayo de 2009, fueron uno a uno saliendo en libertad. El hecho de que Chávez y Morales Ibáñez hayan quedado solidarios en el desenlace de un episodio que probó el uso político de la PGR obliga ver con cautela el nuevo nombramiento de la funcionaria.

No conoceremos la causa inmediata de la remoción de Chávez Chávez, pues el Presidente de la República puede relevar libremente a procurador (aunque para nombrarlo requiera el asentimiento senatorial). Pero los ciudadanos saben, desde su propio interés, que el funcionario debía haber sido cesado de tiempo atrás, debido a su incompetencia en los varios frentes que debe atender la jefatura del ministerio público federal. En el más importante de ellos no cabe duda que fue incapaz de contener a la delincuencia organizada, combatiéndola con el vigor y la determinación necesarios. Asociado a la estrategia publicitaria del secretario Genaro García Luna, que le impuso como jefe de la policía federal ministerial al almirante Wilfredo Robles, abrió el campo a la indagación de delitos a partir de testigos protegidos, y consintió en la utilización de varios de ellos con propósitos distintos de los propios de su oficina.

Debido a su nexo personal con Diego Fernández de Cevallos, el procurador infringió flagrantemente la ley a partir del secuestro del dirigente panista. En vez de perseguir el delito, se avino a la estrategia familiar de la víctima, lo que acaso es comprensible para recuperar con vida al capturado. Pero satisfacer una necesidad particular a cambio de una vulneración ostensible del orden jurídico muestra que Chávez Chávez entendía su función sin considerar los intereses generales.

De otras maneras, y aunque lo hiciera ostensiblemente en acatamiento a instrucciones presidenciales, el hasta ahora Procurador sesgó conforme a su propia visión del mundo el cumplimiento de la ley. Inició una acción de inconstitucionalidad contra la legislación civil del Distrito Federal que instauraba derechos en materia de opciones familiares (el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de parejas en esa condición puedan adoptar). Lo movió no una convicción jurídica, sino una ideológica, claramente derivada de la posición que en esa materia (como en el caso de la interrupción prematura del embarazo) mantiene la porción más conservadora del la Iglesia católica. Por eso su iniciativa judicial se estrelló contra el criterio jurídico de la Corte, donde no faltan los ministros conservadores y católicos que sin embargo no permiten que su credo interfiera en el ejercicio de sus responsabilidades.

En principio es aplausible que una mujer sea propuesta para ejercer por primera vez la Procuraduría de Justicia de la Federación. Como la propia Morales, en la PG han despachado, con suerte variopinta, subprocuradoras de distintas áreas. Importará que la condición femenina de la nueva titular se imponga sobre las rutinas del Ministerio Público en que la Procuradora se formó desde cargos de menor responsabilidad. Si la promoción resulta del avenimiento de la funcionaria a moldes antiguos e improductivos ningún motivo de satisfacción debe producir su situación de mujer. Ha habido procuradoras locales, aun en el DF, exitosas y fracasadas.