Interés público y veracidad.

La Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió el siete de abril una sentencia llamada a tener importancia capital en la práctica del asedio judicial contra periodistas, para evitarlo o para hacerle frente. Revocó la resolución de primera instancia de la Juez 54º Civil, que había expresado una inadmisible e insostenible doctrina sobre el interés público y por ello condenado a un grupo de cuatro periodistas a satisfacer la demanda de personas y empresas que se consideraron dañados moralmente por información publicada en diversos medios sobre el otorgamiento irregular de contratos en Pemex.

La sala de apelación, además, estableció el criterio de veracidad como excluyente de responsabilidad, aunque lo haya hecho en términos discutibles. En fin, los magistrados Alicia Pérez de la Fuente, José Luis Castillo Lavín y Martha Lucía Elizondo Téllez fijaron la prevalencia sobre el artículo 1916 del Código Civil, de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vda Privada, el Honor y la propia Imagen del Distrito Federal (LRCPDVPHPIDF). Esta es la norma aplicable a los casos en que se alega daño a la reputación inferido por medio de la prensa, porque esa fue la explícita intención del legislador.

La sentencia de segunda instancia que comentamos (conste que conjugo el verbo comentar, en vez de usar la manida expresión “en comento” a que se inclinan con demasiada frecuencia abogados y jueces) cierra un juicio iniciado el 13 de abril de 2009 por tres empresas y sus accionistas en lo individual contra Miguel Badillo, por sí mismo y como director del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, SA de CV, editora de las revistas Contralínea y Fortuna; las reporteras Nancy Paola Flores Nandes y Ana Lilia Pérez Mendoza, y el cartonista David Antonio Manrique Ramírez. El caso fue concluido en primera instancia a principios de enero pasado. La responsable de resolverlo fue la jueza Jazzmin Aloson Tolámatl. Hizo tan mal su trabajo que la sala de apelación no juzgó conveniente devolverle el expediente para que emitiera una nueva resolución, sino que en plenitud de jurisdicción lo hizo ella misma. En su sentencia, además de atender razonamientos de fondo, los magistrados hicieron bien las cuentas algo en que también falló la juzgadora, y determinaron que había prescrito la acción contra el dibujante Manrique Ramírez, pues su trabajo impugnado apareció en la revista Fortuna en marzo de 2007 y la demanda respectiva se presentó en abril de 2009, veinticinco meses después, más allá del término permitido por la LRCPDVPHPIDF

La Jueza 54 había incurrido en un dislate mayúsculo al considerar, sobre razonamientos tan torpes que enternecían, que “las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público”. En sentido contrario, la sala sostuvo que los textos periodísticos considerados agraviantes son de interés nacional porque los demandantes “hacen negocios con Petróleos mexicanos, empresa del estado mexicano, propiedad de todos los mexicanos, y por lo mismo involucra los recursos de la nación, derivados de negocios obtenidos de las licitaciones que ambas partes tienen por ciertas”.

Con amabilidad rayana en la lenidad, la sala llamó “infortunada” la expresión de la juzgadora sobre lo que es y no de interés público. Califica la sentencia también de “desacertada”, “dada la trascendencia de una indebida licitación de la naturaleza y monto económico como es la que nos ocupa, que implica en su caso irregularidad en el manejo de los recursos del erario público, esto es por el solo hecho de tratarse de recursos de la nación atañe al interés público, aunado a que se trata de una información periodística veraz y lícita…es una información verídica al haber sido extraída de fuentes confiables que sustentan dicha información, ya que solamente se transmitió el resultado de investigaciones periodísticas, según las fuentes aportadas por la parte demandada, de las consideradas no confidenciales, en base al derecho a la secrecía en algunos casos en que se solicitó confidencialidad…por lo que debieron necesariamente valorarse las fuentes que se señalaron por la parte demandada para demostrar la veracidad de la información, amén de que para los efectos de acreditamiento del daño y su vinculación entre el ataque y la propia afectación nociva, tratándose en el caso del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión en términos de lo previsto por el artículo 5º. de la (LRCPDVPHPIDF), pues en el caso concreto no hubo ataque a la vida privada de los coactores ni abuso de la información y por ende no es de alegarse afectación alguna”

En cuanto al criterio de veracidad, a través del cual se establece la licitud de una publicación o su contrario, la sala si bien reprendió a la jueza por no analizar “los elementos de convicción aportados por la parte demandada”, se enredó al presentar su propia posición y produjo un galimatías en que, sin embargo son rescatables estas líneas: “para que un reportaje periodístico sea considerado ‘veraz’ es necesario que se demuestre que el trabajo realizado tenga sustento en la realidad, es decir que sus fuentes de información existen, que no son falsas, inexistentes o inventadas, lo que se logra acreditado que realizaron un razonable ejercicio de…corroboración sobre los hechos informados”.

Es deseable que Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, hostigados en los tribunales obtengan otros resultados como este.

Valle de Chalco.

Afectados una vez más por inundaciones, vecinos del Valle de Chalco protagonizan, para su mal, un acaso paradigmático de lo que son la política y la Administración pública cuando usan a la gente pobre en vez de realmente servirla.

El domingo en la madrugada, fuertes lluvias (semejantes a las que en la víspera cayeron sobre la Ciudad de México) causaron la rotura del bordo del río La Compañía. Las aguas negras que eran contenidas por el bordo tuvieron libre flujo y se derramaron sobre las casas de más de trescientas familias y llegaron hasta la autopista México-Puebla, cuyo tránsito se interrumpió durante varias horas, hasta que concluyeron las tareas de limpieza necesarias para dejar funcionando normalmente esa concurrida vía.

Muchas de las familias dañadas por la inundación dominical padecieron una semejante en febrero del año pasado. Y un número menor, pero no por ello menos importante, habían sufrido estragos semejantes hace ya más de una década, en 2000. En ambos momentos se anunciaron obras que impedirían la repetición del suceso, avisos que como es obvio resultaron contradichos por la realidad.

Valle de Chalco nació con mal fario porque fue producto de la rapacidad y no de la planeación urbana en las inmediaciones de la Ciudad de México, necesaria para desfogar la altísima concentración humana y vehicular en el Distrito Federal. El presidente Carlos Salinas practicó la lenidad que ha sido la norma en esos casos con los invasores y defraudadores que venden terrenos en espacios faltos de servicios urbanos. Y después de que cientos de miles de personas se habían asentado en la zona para satisfacer su necesidad de vivienda, sin remediar las carencias urbanas, Salinas propició la conversión de esa comarca en un municipio, donde se aplicaron algunas de las recetas del programa nacional de solidaridad. Ese proyecto no era, como lo decía su propaganda, “una nueva manera de hacer las cosas”. Era más de lo mismo: la explotación política de la pobreza, la creación de un escenario para mostrar resultados conseguidos en forma tan artificiosa que tan pronto como se fue Salinas desaparecieron. Todavía pudieron los lugareños contar con un momento más de distinción, cuando el próximo santo Juan Pablo II los visitó para ilustrar su contacto con los más pobres.

Los fraudes así encimados han ido mostrando sus efectos al correr del tiempo. El sobrepoblamiento ha generado una demanda de agua que a su vez condujo a la sobreexplotación de los mantos acuíferos con daño a la textura y densidad del suelo. Entre otras consecuencias de tal alteración ocurrió que el canal La compañía, que debía servir como vía para el desagüe empezó a dejar de cumplir su función pues su curso se invirtió. Ello produjo la inundación del año pasado. Entonces se resolvió construir un túnel, en un nivel inferior al alterado canal, para suplir su funcionamiento. La obra, que implica una planta de bombeo, fue inaugurada apenas hace cinco semanas. En su discurso inaugural el presidente Felipe Calderón fue contundente: “Estamos haciendo una obra enorme que evitará y terminará con las inundaciones del río La compañía en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Solidaridad”. Se percató de inmediato que había incurrido en un error y corrigió al recordar que Valle de Chalco ha recuperado su nombre actual después de que la demagogia priísta lo denominó Solidaridad.

Calderón insistió en el carácter definitivo de la obra: “Con eso vamos a evitar las inundaciones”. Y recordó, como algo que pertenecía francamente al pasado, que el año anterior había platicado “con la gente de las colonias El Molino, San Isidro, Avándaro, tanto en Ixtapaluca como en Valle de Chalco”.

Los colonos de San Isidro han sido dañados dos veces por las inundaciones. Muchos de ellos estaban apenas estrenando mobiliario, pagado con los auxilios del Gobierno estatal, que demoraron en llegar. Y ahora de nuevo esos muebles están echados a perder.

La fractura del canal fue causada por una suma de factores evitables. Por un lado, se acumuló basura en el cauce del canal, la que tiran los habitantes y la que depositan allí los concesionarios que prestan el servicio de limpia a los ayuntamientos de la comarca, que quieren minimizar sus costos deshaciéndose de los desechos tan pronto como pueden, sin depositarlos en la forma prevista por la ley. El personal de Conagua, que opera el túnel de un mes de vida, debió retirar la basura o abrir las rejillas para que esos desechos no impidieran el ingreso del agua caída en exceso. Así lo reconoció el propio director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege.

No es banal señalar que una vez más, cuando se ve en el aprieto de hablar sin un guión preparado por sus asesores, el gobernador Enrique Peña Nieto muestra sus limitaciones para articular una frase completa. Y cuando lo consigue, corona su expresión con un verbo hechizo, como taponear, mismo que fue recogido por la versión ofrecida a la prensa por su oficina. Peña Nieto, hay que apreciarlo, estuvo el domingo y el lunes en el teatro de los acontecimientos, ofreció una ayuda de veinte mil pesos a cada familia afectada, y se reunió con miembros del gabinete federal en la Secretaría de Gobernación. El propósito fue formar un grupo de trabajo que coordine las acciones del Gobierno estatal y el de la República.

Esperemos que ese grupo de trabajo identifique las zonas frágiles en el nuevo túnel y en el viejo canal. Los vallechalquenses merecen seguridad.

Multar a los gigantes.

Supongo que si una encuesta midiera el efecto público de la multa de doce mil millones de pesos impuesta la semana pasada a Telcel por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la mayor parte de los consultados aplaudiría la medida. Sin considerar el contexto, vista la decisión administrativa en sus aparentes propios méritos, parece plausible. E independientemente de la base legal en que se asienta (se aplica la regla de la contumacia sin que Telcel hubiera sido multada antes por el motivo alegado ahora), el monto fijado, inimaginable para el común de los mortales, parece una medida audaz y justiciera: ¡hasta que alguien pone orden en las telecomunicaciones!, se exclamaría. Y como buena parte del público tiene motivos de queja por el deplorable servicio de esa empresa telefónica, se declararía satisfacción general por la sanción multimillonaria, aunque ella no provenga de una querella de la clientela de Telcel sino de sus competidores, Axtel entre ellos, cuya victoria no redundará cuando se consume, en bien del público, ni en cuanto a calidad en el servicio ni en la tarifa pactada.

Para evaluar con justeza la decisión de la Cofeco haya que examinar su fondo, su forma y su momento. En noviembre de 2006 la Cofeco accedió a investigar denuncias de competidores de Telcel, por actuaciones de las que a la postre sólo una quedó acreditada: prácticas monopólicas relativas al mercado de interconexión para la terminación de llamadas en telefonía móvil. Eso quiere decir que las empresas que solicitan tal servicio a Telcel no tienen alternativa, y por ello la empresa que ahora es propiedad de América Móvil fija las tarifas.

La sanción fue acordada el 7 de abril pero comunicada a Telcel una semana después, el viernes 15 por la mañana. La afectada la comunicó, como es su deber, a la Bolsa Mexicana de Valores. No he encontrado más comunicación oficial sobre el tema que la expedida por Telcel. La Cofeco ha preferido guardar silencio, lo que ha dado lugar a conjeturas y rumores que puedan ser fácilmente refutados por el organismo público. Así, por ejemplo, fuentes de la Cofeco dijeron a Reforma que “la dimensión de esta multa no es tan extraordinaria al ponderarla por el número de usuarios de telefonía celular en el país, pues equivale a 130 pesos por cada uno de los 91 millones de clientes”. El usar parámetros inconexos entre sí resulta absurdo. Tiene sentido comparar, y aun fijar una sanción respecto de los ingresos o las utilidades de la empresa multada, o mejor todavía respecto de la ganancia derivada de la infracción a la ley que de ese modo se castiga, para que no obtenga provecho de un abuso.

El modo en que se logró el acuerdo en la Cofeco será sin duda uno de los flancos débiles de la resolución que Telcel aprovechará al defenderse ante los tribunales (si el recurso de reconsideración ante la propia Cofeco es desechado o contestado negativamente). Ocurrió en esa comisión algo tan peculiar y grave como en la Cofetel al adjuicarse a Nextel-Televisa la licitación 21. En la sesión del siete de abril, dos de los cinco comisionados Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores Barnés, votaron en contra. Uno más, José Agustín Navarro, se abstuvo. Y dos se inclinaron por aplicar la multa: Rodrigo Morales y Eduardo Pérez Mota, presidente de la Cofeco. Puesto que con su propio voto se produjo el empate, el asunto debió quedar por lo menos aplazado hasta nueva consideración. Pero Pérez Mota utilizó el voto de calidad con el que la cabeza de un organismo resuelve una votación pareja, y lo emitió, obviamente en igual sentido que su voto original. Dada la importancia del asunto, lo mejor hubiera sido continuar la discusión, para ver si el abstencionista era persuadido por los argumentos del pro y el contra, o el cambio de parecer de alguno de los demás comisionados. Al no haberse logrado consenso en tema tan delicado, que forzó al presidente al feo procedimiento de emitir dos votos, se abonó la igualmente fea apariencia de la sanción.

Ésta puede ser modificada en el curso de los años en que Telcel se defienda de ella. La Cofeco sostiene mal ante los tribunales sus decisiones. Cobra a la postre cifras mucho menores que las fijadas originalmente, porque suele exagerar en los montos sancionatorios, probablemente con fines propagandísticos. Cuando el proceso acabe, ya nadie se acordará que la Cofeco actuó como caballero andante en defensa de su dama (que no es la clientela de los celulares), adarga en mano.

Porque al parecer el propósito era causar un efecto de opinión pública justamente ahora, a la mitad de la guerra entre los mastodontes de las telecomunicaciones, que contienden en diversas arenas, una de las cuales es Cofeco, donde hay manifiesta inclinación por los intereses de Televisa. Se le han aprobado adquisiciones de cableras y telefónicas sin considerar su posición hegemónica en la televisión de paga y en las telecomunicaciones en general. El golpe político contra Grupo Carso (propietario de América Móvil, propietario a su vez de Telcel será eficaz porque un órgano público refuerza de ese modo los alegatos propagandísticos de las empresas que disputan con Telcel y Telmex las tarifas de interconexión, ocultando que se debaten intereses financieros y no de servicio al público

Porque si no tiene sesgo político esta medida, es de esperarse que, por ejemplo, la secretaría de Gobernación multe a las televisoras al menos por abusar del tiempo dedicado a publicidad comercial, abuso productivo si los hay.

Edomex: 2011 no es 1993.

Luis Felipe Bravo Mena y Alejandro Encinas fueron candidatos a la Gubernatura del Estado de México. Lo serán de nuevo en el proceso que culmina el próximo tres de julio. Hace 18 años las condiciones de la competencia electoral era todavía más adversas que las vigentes hoy. Aunque el PRI había perdido en aquel entonces ya dos gubernaturas, en Baja California (1989) y Chihuahua (1992), era impensable que baluartes del priísmo más vetusto pudieran caer, vencidos por la oposición. De allí que a nadie sorprendiera el triunfo de Emilio Chuayfett, que no concluyó su periodo, pues en 1995 fue llamado por el presidente Zedillo para sustituir a Esteban Moctezuma en la Secretaría de Gobernación.

Ciertamente, en 1988 la hegemonía priísta había sufrido una fuerte sacudida. No ocurrió en el Estado de México lo que el Frente Democrático Nacional logró en Michoacán y el Distrito Federal, de donde surgieron los cuatro primeros senadores de la oposición. Pero en Guerrero, Baja California y la entidad mexiquense la votación adversa al PRI estuvo a punto de engrosar la bancada senatorial cardenista, y no pocos distritos fueron ganados por mayoría en la contienda por integrar la Cámara de diputados.

Tan estremecido e irritado quedó Salinas por las victorias y los avances de la oposición, que castigó a los gobernadores que no fueron capaces de hacerlo triunfar y permitieron en cambio que sus adversarios alcanzaran posiciones en el Congreso, que los castigó en cuanto pudo. De esa manera Mario Ramón Beteta, que había sido impuesto por el presidente Miguel de la Madrid al grupo Atlacomulco, fue desplazado, y en su lugar llegó a la Gubernatura Ignacio Pichardo Pagaza. Era a él a quien buscaban reemplazar Bravo Mena y Encinas.

El primero se hallaba en el comienzo de su carrera política. Después de ser intelectual orgánico al servicio de organismos empresariales, se aventuró a la política electoral en Naucalpan, donde crecía la presencia panista. En 1982 fue un distrito de ese municipio el primero en contar, por mayoría, con un diputado miembro de Acción Nacional. Todavía en ese año el arrollador aparato priísta era capaz de ganar de todas, todas, y sólo perdió uno de los trescientos distritos federales. En 1990 Naucalpan era un espacio promisorio para el PAN, y Bravo Mena fue su candidato a la alcaldía. No la alcanzó, pero quedó situado para ser incluido al año siguiente en la lista de candidatos plurinominales. Era, en consecuencia, diputado cuando en 1993 aspiró a la Gubernatura. Lo más importante de su carrera vino después: senador, presidente de su partido durante seis años, embajador en la Santa Sede, secretario particular del presidente Calderón. Por cierto que al anunciar su reemplazo por Roberto Gil Zuarth, el Ejecutivo dijo que Bravo Mena se dedicaría a labores de consultoría, cuando que era notoria la intención de su partido de hacerlo retornar a las lides electorales mexiquenses. Es llamativo que nadie ponga en cuestión si cumple los requisitos para ser elegible, siendo que físicamente su domicilio estuvo en Roma hasta hace cuatro años, un lapso menor del reclamado por la legislación local.

Encinas tenía también un breve trayecto en la política electoral. Había sido diputado por primera vez en 1985, y retornado a la Cámara en 1991, de modo que se codeaba en san Lázaro con su contrincante panista. Pero su militancia política y sindical, en el estado de México, abarcaba más de una década. Miembro del Partido Comunista Mexicano fue partícipe, y promotor, de los varios momentos de ensanchamiento de la izquierda. Fue de ese modo dirigente del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. Adviértase que ese recorrido no indica volubilidad sino congruencia, porque se trata del mismo partido, con diferentes denominaciones y militancias de mayor grosor cada vez. Como economista graduado en la UNAM, antes de ser candidato a gobernador había sido profesor y funcionario en la Universidad Autónoma de Chapingo, la antigua Escuela Nacional de Agricultura, y dirigente sindical del personal académico de esa institución. De esa época data su arraigo en Texcoco, y a cuyo domicilio corresponde su credencial de elector.

Como es bien conocido, después de la campaña mexiquense Encinas trabajó en la ciudad de México. Es acaso el único perredista que ha ocupado cargos de primer nivel en más de un Gobierno de esa filiación. Con Cárdenas y Rosario Robles fue secretario del Medio Ambiente, y con López Obrador secretario de Fomento Económico, subsecretario y secretario de Gobierno. Al ser desaforado Andrés Manuel López Obrador ocupó su lugar en la Jefatura de Gobierno. Contendió por la presidencia del PRD frente a Jesús Ortega, que después de un largo y rasposo litigio se quedó con el cargo. Encinas por su parte fue elegido diputado en 2009 y hasta hace dos semanas encabezaba la fracción perredista en esa cámara.

Rehusó ser candidato de la alianza PAN-PRD, y también de otra coalición en que faltara su partido. Consiguió su propósito y el jueves pasado quedó registrada la alianza PRD-PT-Convergencia, que el 7 de mayo lo inscribirá como candidato. Bravo Mena será el del PAN, y ambos enfrentarán a la poderosa maquinaria electoral del PRI-Gobierno estatal. Ninguno de los dos debería ser objetado por el tiempo de su residencia, pues el requisito legal no estipula que ésta se configure “inmediatamente” antes de la elección. Como la oriundez, la residencia ganada no se pierde.

De la desaparición a la fosa clandestina.

Hasta el sábado a mediodía se han encontrado 145 cadáveres en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Pero el número de muertos en la región debe ser mucho mayor, si se considera que 350 personas han solicitado examen de ADN a fin de que se coteje con el de los cuerpos encontrados, y que en la Central de Autobuses de Matamoros yacen 400 maletas abandonadas, cuyos propietarios no las han reclamado.

Y es que el horror de los cementerios que arrojan cada día más y más cadáveres fue precedido por las tragedias, denunciadas por familiares de personas que cruzaban San Fernando para llegar a la frontera, y que no llegaron a su destino. Algunas de estas denuncias son antiguas: datan de febrero, de abril, de octubre de 2010. Otras son más recientes, de marzo pasado. Pero ninguna fue atendida, ni en los lugares de donde partieron quienes después serían víctimas, ni en Tamaulipas, en cuyas carreteras se produjo la desaparición. No únicamente los deudos de los afectados fueron desatendidos. Los procuradores de varias entidades, lugar de origen de los viajes interrumpidos, tampoco recibieron respuesta de las autoridades tamaulipecas.

Esa indolencia no es privativa de esa entidad. Ante las varias formas de privación ilegal de la libertad que se asesta a cientos, miles de personas, nadie en ningún Gobierno se conmueve. Y por lo tanto nadie, en ningún Gobierno actúa para localizar a los desaparecidos. Ese es el caso, prototípico, desgarrador, de Ascensión Candia, cuyo hijo Emmanuel, de 18 años, salió de su casa en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Iba a comprar un refresco para cenar. Y nunca más volvió. Se supo que él y cinco muchachos más (peones de albañil, ayudantes de albañil, uno vendedor de ropa) fueron subidos a una camioneta y a un automóvil por un grupo de hombres con armas largas. A sus familias les costó trabajo denunciar la desaparición. En la Policía Municipal se les dijo que “mejor nos regresáramos a la casa, que dejáramos las cosas en paz, porque había sido un levantón. En el Ministerio Público la respuesta fue que “no nos podían ayudar porque no había elementos” y que de plano “los diéramos por muertos”.

Luego pasó el tiempo: “Esperábamos que vinieran a preguntarnos cómo habían sido las cosas, qué había pasado, si habían tenido problemas antes, si algún familiar se dedicaba a algo malo… Pero nunca hubo preocupación de nada” . Y tampoco se averiguó la causa de su muerte: los cuerpos de los seis levantados aparecieron bajo un puente, “uno sobre otro, vestidos con shorts y playera, atados de pies y manos, con pelotas de goma dentro de la boca, sujetas por una venda”. (Reforma, 15 de abril)

La impunidad que beneficia a los perpetradores de desapariciones auspicia la práctica de ese delito y su frecuente secuela, el homicidio, de que es abrumadora muestra lo que ocurre en San Fernando. En agosto del año pasado en ese mismo municipio fueron hallados los cadáveres de 72 migrantes, que desde Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala viajaban hacia la frontera con Estados Unidos. En las fosas halladas en abril aparecieron sobre todo mexicanos, no todos los cuales pretendían internarse en territorio norteamericano, sino adquirir en alguna ciudad de aquel lado vehículos de modelo viejo, desechados y por ello a buen precio.

Así fue asesinado, hace muchos años, Antonio Vargas Hernández, pachuqueño, miembro de la generación 1960 de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. En aquel entonces la CNC ofrecía permisos especiales para importar vehículos de trabajo y él viajó a Matamoros con la ilusión de encontrar en Bronwsville una camioneta pick up con que realizar uno de los muchos sueños con que se entusiasmaba. Lo mataron para despojarlo del dinero con el que haría su compra. Nunca se realizó indagación alguna sobre ese homicidio.

Ese caso particular, y el conocimiento histórico, permiten saber que la violencia criminal en Tamaulipas ha resultado de la complicidad entre delincuentes y autoridades, que hasta brindaban consideraciones a los jefes de la mafia que al paso de los años se convirtió en eje de la delincuencia organizada. Juan Nepomuceno Guerra, uno de esos practicantes de negocios ilícitos (contrabando de alcohol a Estados Unidos durante la Prohibición, de drogas en sentido inverso después) creó la banda originalmente conocida como cártel de Matamoros, en cuya ampliación cambió de nombrar para llamarse cártel del Golfo.

La presencia ni siquiera disfrazada del crimen organizado en Tamaulipas se acrecentó durante el Gobierno de Manuel Cavazos Lerma, del grupo de amigos del presidente Carlos Salinas, y durante el siguiente, encabezado por Tomás Yarrington, y el siguiente, el de Eugenio Hernández, que está de regreso de unas prolongadas vacaciones después de haber entregado el Gobierno estatal a Egidio Torre Cantú.

Éste llegó a la Gubernatura porque su hermano Rodolfo, que era el candidato del PRI a ese puesto, fue asesinado el 28 de junio del año pasado, unos días antes de las elecciones. Apenas hubo tiempo para registrar al actual Gobernador a fin de que el PRI no perdiera esa plaza. Pero como tampoco lo hizo su antecesor, Torre Cantú no gobierna. Al contrario, parece pasmado ante las evidencias o las intuiciones del poder que privó de la vida a su hermano en un crimen que después de nueve meses permanece impune.

Podría ocurrir lo mismo con las matanzas de San Fernando, la descubierta en agosto y la de hora. Para dar la impresión que no sería así, la procuradora Marisela Morales, informó del caso el miércoles pasado. No tiene idea siquiera de la comarca a que se refiere. Llamó “poblado” a San Fernando, municipio que según el censo 2010 tiene 58 mil habitantes, de los cuales 30 mil viven en la cabecera municipal, del mismo nombre. Anunció que se ha detenido a 17 personas, a las que no se consignó ante la justicia penal sino sólo se les arraigó, situación jurídica que el Ministerio Público solicita cuando carece de evidencia sólida sobre las imputaciones que pretende hacer. Y anunció la identificación de cuatro presuntos delincuentes más, por cuya cabeza ofreció recompensas millonarias. Por información que conduzca a la localización, detención y/o aprehensión de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, ‘El Ardilla’, y Omar Martín Estrada Luna, ‘El kilo’, la PGR pagará hasta quince millones de pesos. Hasta diez por Román Ricardo Palomo Rincones, ‘El Coyote’. Y hasta cinco por Saraí Fabiola Díaz Arroyo, ‘La Muñeca’. ‘El Kilo’ salió ayer mismo de esta oferta, pues su captura fue anunciada por el almirante Saines, secretario de Marina.

La Procuradora también dio cuenta de la detención, sin precisar su situación jurídica, de 16 miembros de la Policía Municipal de San Fernando, “quienes presuntamente colaboraban dando protección al grupo delictivo denominado ‘Los Zetas’ y que encubrieron a los responsables que perpetraron el multihomicidio”.

Las detenciones fueron practicadas por militares, cuya presencia aumentó en Tamaulipas a raíz de la matanza de agosto, y crecerá aún más en estos días. La actuación castrense ha generado actos doblemente reprobables como el ataque a la familia Almanza Salazar, ocurrido hace un año, donde murieron a balazos dos niños, luego de lo cual se montó un escena para exculpar al Ejército. El miércoles pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una queja sobre hechos producidos el 1º de marzo anterior, en que las víctimas fueron agentes de la Policía Municipal de Nuevo Laredo, dos de ellas mujeres, una de las cuales resultó herida.

De acuerdo con la Comisión Civil local de Derechos Humanos que presentó la queja, los oficiales de la dirección de seguridad ciudadana resguardaban una propiedad asegurada por la PGR. Sin causa aparente, militares que circulaban en una camioneta pick up dispararon contra la patrulla donde se hallaban los agentes municipales y en la cual buscaron alejarse del tiroteo. Los miembros del Ejército continuaron disparando y una de las policías municipales quedó herida. En ese momento el agente que manejaba detuvo la patrulla, bajó del vehículo, pidió a los militares que dejaran de disparar y les informó de su compañera herida. Los soldados comprobaron que así era, y se retiraron en sentido opuesto al que siguió la patrulla hasta llegar a un hospital para la atención de la víctima.

Como lo enseña la detención de los agentes de San Fernando, las corporaciones municipales están bajo sospecha. Quizá igual motivo causó el atentado en Nuevo Laredo. Sea de ello lo que fuere, las autoridades aparecen como parte del problema, no de la solución a las tribulaciones tamaulipecas.

Aplazada reforma laboral

Nadie puede asegurar que la reforma laboral pripanista ha muerto. Lo que sí puede decirse es que se halla en terapia intensiva y se prohíben visitas.

Varios factores se conjugaron para impedir que las enmiendas a la Ley Federal del Trabajo iniciadas por la fracción priísta en la Cámara de Diputados, con su mismísimo coordinador Francisco Rojas a la cabeza, se procesaran con velocidad parlamentaria inusual y fueran aprobadas en este mismo periodo. Se intentó hacerlo pero el apresuramiento con que se pretendió dictaminar el proyecto contó entre las causas que forzaron a frenarlo. Aunque para mitigar el amargo sabor de la frustración se promete ahora aprobar la reforma en un periodo extraordinario (imposible en torno de los procesos electorales estatales del tres de julio o en septiembre próximo, cuando comience el penúltimo periodo de sesiones de la actual Legislatura.

Considerada un tesoro del nacionalismo revolucionario, la Ley Federal del Trabajo fue objeto de muchas reformas a lo largo de sus ochenta años de vigencia. Pero el PRI se cuidó de mantener el espíritu tutelar de los trabajadores que campeó en el debate sobre el artículo 123 en el Constituyente de Querétaro. Es que, junto con ese espíritu, la ley laboral contiene ingredientes de control administrativo sobre los sindicatos que favorecieron el corporativismo gremial que fue uno de los pilares del sistema autoritario.

Una vez que se produjo la alternancia, el Gobierno derechista de Acción Nacional sintió que había llegado el momento de hacer valer sus convicciones sobre el mundo laboral. El presidente Fox ya había sido explícito en esa dirección cuando designó secretario del Trabajo a un antiguo dirigente patronal, Carlos Abascal (impulsor desde la Coparmex de una “nueva cultura laboral”), quien preparó un proyecto de reformas que impugnado por el PRD no logró el franco asentimiento del PRI. De modo que la “Ley Abascal” murió años antes que su propio autor.

El secretario Javier Lozano se propuso el mismo objetivo que su antecesor. Pero no logró tampoco persuadir a los priístas de acompañarlo en ese lance. De modo que transcurrieron cuatro años completos en simples escarceos sobre la materia. En diciembre pasado, sorprendentemente el grupo parlamentario priísta decidió tomar el asunto en sus manos y elaboró un anteproyecto que, muy parecido al del PAN, pretendía ostentar su sello propio. Lo dio a conocer a agrupaciones patronales, cuyos abogados realizaron muchas observaciones en pos de la flexibilización de los contratos laborales, sobre la base del lema liberal de que lo importante es la creación de empleos aunque no se asegure la calidad de los mismos.

El proyecto resultante, apadrinado directamente por Rojas, fue presentado a la Cámara el 10 de marzo. Iba a ser dictaminado de inmediato, sobre todo cuando Lozano, olvidado por un momento de que ya no es priísta, lo saludó con beneplácito y le otorgó su bendición. Tereso Medina, presidente de la Comisión del Trabajo, que elaboraría el dictamen, pretendió saltarse las trancas, pero fue advertido por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, secretario del Trabajo, en el ya remoto tiempo en que fue miembro del PRI, de las violaciones parlamentarias en que el coahuilense Medina incurría, y tuvo que retomarse el ritmo pausado que establece el régimen interno de la Cámara.

Eso permitió que se expresaran objeciones a la iniciativa Rojas. La principal fue la de Andrés Manuel López Obrador, que acudió a la Cámara y fue recibido por el presidente de su mesa directiva. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demandó abrir audiencias para escuchar pareceres diferentes sobre el proyecto. Lo mismo hicieron, al cabo de manifestaciones de protesta, los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores, cuyo dirigente principal, Francisco Hernández Juárez, impidió que se dictaminara la iniciativa.

El diputado Medina se vio obligado a decir que las audiencias se realizarán en mayo, por lo que antes no habrá dictamen ni discusión en el pleno. No sirvió para alterar esa decisión la extraña y desesperada maniobra panista anunciada por su coordinadora Josefina Vázquez Mota, de hacer suya la iniciativa Rojas y con el voto blanquiazul asegurar su aprobación.

Su posición fue recibida con grosera indiferencia en la bancada priísta, cuya conducta en este punto se rige por la coyuntura de la sucesión presidencial. Rojas había desestimado la iniciativa de reforma hacendaria enviada desde el Senado para su procesamiento en San Lázaro, obligada cámara de origen cuando se trata de materias fiscales. Además de hacer saber que el proyecto que ostentaba el sello de Manlio Beltrones no tendría destino entre los diputados priístas, Rojas lanzó su iniciativa labora, que apareció así en la mesa como una pieza de cambio. El chalaneo entre los dos grupos priístas en el Congreso anuló los dos proyectos, independientemente de sus méritos o deméritos. Ninguno de los dos dirigentes parlamentarios ganará el lauro de una victoria parlamentaria propia.

Rojas gestiona los intereses de Enrique Peña Nieto en la Cámara, por lo que no podía permitir que Beltrones ganara presencia con su concepción de un nuevo régimen fiscal. Para anular su tentativa de brillar en el ámbito hacendario, no vaciló en sacrificar la reforma laboral, dejando en la estacada a Lozano y a la bancada panista.

Nadie puede en este momento recitar un réquiem por ese intento de modificar la Ley del Trabajo. Pero tal vez caiga en la congeladora.

¡Basta de violencias!

Se equivoca el presidente Calderón al demandar que la sociedad grite su ¡ya basta! a la delincuencia, en vez de enrostrarlo al Gobierno, a los funcionarios. Las bandas de criminales no son interlocutores de la sociedad. Son sus enemigos. No sabríamos, además, a quién dirigir esa exigencia. Los criminales no tienen rostro. Y no podemos, los ciudadanos, demandarles una conducta ética, apegada al derecho, siendo que precisamente han traspasado las barreras morales y jurídicas que permiten la convivencia.

Gritar ¡Ya basta! A la delincuencia sería clamar en el desierto. Nadie nos haría caso, y no tendríamos modo de forzar una respuesta, porque nada tenemos en común con quienes han hecho de la violencia un modo de vida. De los criminales nada podemos esperar, sólo temer su acción.

En cambio, con toda legitimidad los ciudadanos podemos exigir a los gobiernos (federal, estatales, municipales) que cese la generalizada impunidad que es caldo de cultivo de la delincuencia. Con los gobernantes los gobernados tenemos una relación claramente establecida. Somos interlocutores. Sabemos quiénes son y qué responsabilidades asumieron al ser elegidos o aceptar los cargos a fueron designados. El ¡Ya basta! Implica una exigencia doble. Por un lado, que cese la abulia, la incompetencia o la corrupción que impiden frenar a los delincuentes. Y, por otra parte, que se escoja una estrategia de combate al crimen organizado que alcance realmente sus objetivos y no sólo implique altos costos para la sociedad. La guerra contra las bandas del narcotráfico se inició con el propósito de reducir el volumen del negocio que manejan. Es claro que ese objetivo no se ha logrado. Crece el consumo de drogas en México, y aumenta asimismo el trasiego de estupefacientes a través de nuestro territorio hacia los Estados Unidos. Frente a ese fracaso, el costo en vidas humanas suscitado por esa estrategia fallida crece cada día. Y eso, el aumento de la criminalidad, resulta de una deficiencia del Estado, de los gobiernos, el federal especialmente, puesto que ha desplegado fuerzas y recursos de su competencia. ¡Ya basta! De que la Policía preventiva sea incapaz de evitar delitos de enorme gravedad. ¡Ya basta! De que, cometidos esos ilícitos, no haya capacidad para castigar a sus autores. Ahora no se acusa a los funcionarios de empuñar las armas contra la población. Sí se le señala por su ineptitud para evitar que los delincuentes actúen con plena libertad. Sí se demanda que cuando haya funcionarios o miembros de las fuerzas armadas que atentan contra la población, sean castigados como todos queremos que se haga con los delincuentes vulgares.

Ese grito nace del temor de que la violencia incontenida crezca a niveles aterradores, como ocurre en Tamaulipas, donde cada día aumenta el número de personas asesinadas e inhumadas clandestinamente en fosas de mayor amplitud que el servicio forense del municipio de san Fernando, donde ya no caben los cuerpos rescatados de esos cementerios particulares. En Tamaulipas, hay que permanentemente recordarlo, la delincuencia se alimenta de la impunidad: hace ya más de nueve meses que fue asesinado el candidato del PRI al Gobierno del estado, hermano de quien finalmente ocupa ese cargo, y nada se sabe de los autores de ese crimen.

La violencia, insistamos, está directamente asociada a la impunidad. Por eso es exigible que el Gobierno del Distrito Federal acometa una averiguación a fondo, si rodeada de escrutinio ciudadano mejor, sobre los graves hechos ocurridos el lunes. Fueron golpeadas personas, varias de ellas en el desempeño de sus funciones como agentes policiacos, bomberos y periodistas. Cinco vehículos fueron quemados en la calle. Y acaso se atacó deliberadamente una instalación eléctrica subterránea en la ciudad de México que presumiblemente dio lugar a nuevos estallidos, todos los cuales pusieron en alto riesgo vidas y bienes.

La indagación sobre esos hechos debe determinar si constituyeron delitos, en cuyo caso deben establecerse responsabilidades y llevar a proceso a los inculpados. Los miembros del Sindicato mexicano de electricistas, en torno de cuya movilización se suscitaron los acontecimientos de que hablamos, alegan que los problemas en las instalaciones eléctricas derivan no de acción humana dolosa sino de la vejez de la red en el centro capitalino. Pero si se equivocan y se trata de sabotaje, quienes lo practicaron deben ser castigados, quienes quiera que ellos sean.

El hecho incontrovertible es que hubo violencia. Mucha gente, cuente o no con información del caso, culpa a los electricistas. Uno de los periodistas agredidos, Juan Carlos Santoyo, a quien expreso mi solidaridad por la agresión sufrida, denunció directamente a Martín Esparza, líder del SME por haber instigado el ataque de que fue víctima. Si la averiguación ministerial determinara que así fue, el dirigente y los autores materiales tendrían que pagar sus acciones. Al contrario, si el propio líder y sus compañeros fueron víctimas de provocadores, éstos deberán ser identificados y llevados a los tribunales.

La guía debe ser la estricta aplicación de la ley. No debe quedar duda de que se incrimina o se protege al SME por razones políticas. Si la dirección sindical hubiera optado por la acción directa, tendría que pagarlo. Pero igual debe ocurrir con quienes, infiltrados en las filas sindicales tuvieran la encomienda de practicar violencia para que la sociedad denueste a un gremio que debe perseguir sus fines por otros medios.