La marcha de los agravios.

Un domingo como hoy, hace cinco semanas, Javier Sicilia se hallaba en Manila, la capital de Filipinas, invitado por el Instituto Cervantes, que promueve la lengua española por todo el mundo y convoca a hacerlo a notables escritores. Sicilia lo es. Hace apenas dos años recibió el Premio Nacional de Poesía, una presea muy valiosa, que antes fue para Juan Bañuelos, José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, Coral Bracho y Hugo Gutiérrez Vega, entre otros.

El lunes 28 de marzo una noticia negra arrancó a Sicilia de la constructiva y placentera labor a que había sido llamado a aquel archipiélago del Pacífico. Su hijo Juan Francisco, Juanelo, había sido asesinado. Cuando pudo llegar, el poeta conoció los pormenores de la situación. Su hijo y tres de sus amigos y vecinos, a los que Javier Sicilia conocía de cerca, habían sido levantados en un bar de Cuernavaca en que terminaban su asueto dominical y junto con tres personas más fueron asesinados. Sus cadáveres se amontonaron en un vehículo que fue abandonado en el colindante municipio de Temixco.

Sicilia, que no ha sido hombre de silencios, ni como poeta se ha recogido en su constante diálogo con Dios, gritó en demanda de justicia. Y encontró que al conjuro de su voz resonaban innumerables ecos, no sólo de quienes se solidarizaron con él y los familiares de las otras víctimas, sino de los deudos de muchas otras personas asesinadas, desaparecidas, vejadas, abandonadas, desoídas en todo el País. La condensación de esos pesares, de esa indignación dio lugar a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que hoy concluye en la Ciudad de México, tras su inicio en Cuernavaca el jueves pasado.

Se unieron de inmediato a Sicilia, en su reclamo de justicia, los protagonistas de movimientos y acciones con los que se ha identificado. Como una nota singular en su ejercicio periodístico, invariablemente sus textos terminan con un alegato por demandas civiles antiguas o vigentes en su hora. En un ejemplo tomado al azar, cuando en junio de 2009 anunció que anularía su voto, como parte de un movimiento de reproche a los partidos políticos, en el párrafo final de su texto se leía como era y es usual: “Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca”.

Aludidos en esas líneas, los zapatistas se manifestaron ayer en San Cristóbal de las Casas. Su demanda y la de Sicilia no se ha satisfecho: los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que debieron ser la base para la reforma constitucional en materia indígena a que se comprometió el presidente Fox en el primer momento de la alternancia, siguen sin cumplirse. En cambio, los presos de Atenco y de la APPO fueron liberados y muchos de los integrantes de esos movimientos están en la marcha o en las marchas locales que se multiplican en este domingo. Ulises Ruiz sólo salió del Gobierno de Oaxaca al concluir su espurio mandato, pero lo hizo a golpe de votos, derrotado su autoritarismo por el empuje de la sociedad civil.

En torno de Sicilia y la marcha que encabeza se ha reunido un abigarrado conjunto de personas y agrupamientos. Se expresa así una suma de agravios, algunos de los cuales fueron conocidos y otros que brotaron a partir de la convocatoria misma. Surgieron de este modo a la luz pública madres llorosas cuyos hijos desaparecieron o fueron asesinados sin que nadie prestara atención a sus denuncias. Resumen en su quebranto el de las familias de los desaparecidos en San Fernando y en Durango cuyos cadáveres aparecen en fosas clandestinas. Antes de su asesinato, habían sido privados de su libertad, en cualquiera de sus modalidades: los levantaron delincuentes que después los ultimaron, los secuestraron otros bandoleros en demanda de una recompensa por un rescate imposible de pagar, los capturaron al margen de la ley agentes de la autoridad que no los consignaron a jueces que los procesaran. Nadie averiguó qué pasaba con esas personas cuyo destino se volvió incierto, ignorado su paradero por los suyos. Muchos de esos deudos se acercan hoy tímidos y temerosos a los servicios médicos forenses para identificar entre despojos congelados los que correspondan a sus familiares. El número de los reclamantes es mayor que el de los cadáveres hallados hasta ahora.

Esa vasta representación del dolor nacional protesta contra la violencia criminal, cualquiera que sea su origen, que los ha crucificado. Vienen de Sonora algunas madres, algunos padres de familia de los 49 niños que murieron quemados o asfixiados en la Guardería ABC en Hermosillo. Dentro de un mes, cuando se cumplan dos años de ese crimen imperdonable, esos deudos enjuiciarán a las autoridades que con sus omisiones y abusos construyeron el escenario en que sus hijos murieron. Comparten con Sicilia el supremo dolor que ni siquiera puede expresarse: Ha recordado el poeta que quien pierde a sus padres padece orfandad, y viudez quien se queda sin su compañero de vida. Pero no hay palabra que designe a quien pierde un hijo, así de contraria a la naturaleza es la muerte de quien debió en su momento enterrar a sus padres.

Están asimismo en la marcha, procedentes todos de Chihuahua, las familias Le Barón, Reyes Salazar, Escobedo. Sus casos son, si cabe, más graves que otros cualesquiera. Porque los muertos que lloran hoy, por cuya suerte protestan, pidieron justicia ante agravios previos, ante intentos por impedir que la impunidad fuera el desenlace de sus exigencias. Por añadidura, una operación canalla, que para difundirse requiere de plumas podridas, insiste en decir que los Reyes Salazar no defendían derechos humanos sino que son voceros de narcotraficantes. De la misma mano ha brotado la infamia que reduce el asesinato de Juan Francisco Sicilia y las seis personas con las que murió a un mero pleito de cantina.

Marchan al lado de Sicilia, o se unirán a su caravana la tarde de hoy en la Plaza de la Constitución, hombres de la Iglesia a que pertenece el poeta pero cuyas miserias ha denunciado. El padre Alejandro Solalinde trae, con su presencia, la de los migrantes centro y sudamericanos que antes de llegar a la tierra prometida tienen que cruzar el infierno mexicano. Indefensos y marginados, pueden desaparecer a miriadas, como de hecho ha ocurrido sin que la acción estatal sea eficaz para rescatarlos o castigar a sus captores. El obispo de Saltillo, don Raúl Vera, representa a su vez a otro género de asesinados, los que mueren por la negligencia combinada por la avaricia o la búsqueda del lucro a cualquier precio.

Había expresado su solidaridad con Sicilia ya antes del tres de mayo, en que el estallido de un pocito en la región carbonífera de Coahuila mató a 14 personas. Aunque esa comarca no pertenece ya a la Diócesis de la capital coahuilense, don Raúl no ha dejado de prestar su patrocinio a los deudos de otra explosión, la de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, que cobró la vida de 65 personas, cuyos cadáveres insepultos yacen bajo los escombros de una mina que trabajaba al margen de la ley no obstante pertenecer a un poderosos grupo económico.

La tragedia de Pasta de Conchos debió significar el límite de una situación insostenible, la de la explotación de carbón mineral en Sabinas y otros municipios coahuilenses. Es verdad que se trata de una las operaciones industriales de mayor riesgo (por la asociación del gas metano al carbón) que, sin embargo, puede ser controlado con adecuadas medidas de seguridad. Pero la impunidad que siguió al homicidio sirvió de aliciente a quienes explotan las minas al mismo tiempo que a los mineros.

Decenas de personas han muerto desde aquel infausto suceso. Ya eran infortunados por tener que aceptar condiciones laborales infames, en tiros abandonados, conocidos como pocitos de los que se puede arrancar mineral sólo a bajo costo. La inspección del trabajo, rala y casi ausente, finge no percatarse de lo que ocurre en esas horadaciones, todas tumbas en potencia. Por eso repugna la hipocresía del secretario Javier Lozano, colocado en primera fila ante las cámaras como si deplorara muertes que, entre otros factores, el cumplimiento de funciones de su secretaría pudo haber impedido.

Caso Sicilia: embrollos, no resultados.

La marcha nacional por la paz con justicia y dignidad, que se inició ayer en Cuernavaca y pernocta hoy en Topilejo, antes de ser el agrupamiento humano principal en la gran manifestación del domingo ocho en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, se gestó a partir del asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, ultimado con tres amigos y tres personas más el 28 de marzo. El tratamiento ministerial y judicial que las autoridades locales y federales están dando al caso muestra la urgencia de la movilización social que está en curso. Porque han transcurrido hasta el día de hoy treinta y ocho días del homicidio múltiple y lejos de resolver el enigma de esas muertes, las procuradurías, el Ejército y la Secretaría federal de Seguridad Pública embrollan el caso y disputan entre sí.

Apenas tres días después de hallados los cadáveres de las siete víctimas, y ante la presión social que comenzaba a delinearse, el procurador del Estado, Pedro Luis Benítez, anunció que había obtenido órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. No los identifico pero esbozó un trazo de su personalidad, habría pertenecido a instituciones públicas de seguridad, y eran ex militares o ex agentes policíacos.

Tres semanas más tarde, la Procuradora General de la República ofreció información que no cuadra con la anterior, como si los mandamientos de captura expedidos por jueces de Temixco y Xochitepec carecieran de valor formal y de exactitud. El 13 de abril, al calor de la indignación que crecía al encontrarse decenas y decenas de cadáveres en San Fernando, Tamps., la procuradora Marisela Morales anticipó el acuerdo que publicaría al día siguiente el Diario Oficial de la Federación. De buenas a primeras la PGR sabía que los presuntos autores de aquellos crímenes eran miembros del Cártel del Golfo Sur, Julio de Jesús Radilla, apodado El Negro, y José Luis Luquín, alias El Jabón. Por datos que conduzcan a su detención el acuerdo de la PGR ofrecía diez millones de pesos cada uno. El anuncio de Morales ocurrió ya tarde, después de las nueve de la noche del miércoles 13. Luego comprenderíamos la causa de la premura. Es que quizá en la PGR tenían conocimiento y quisieron anticiparse al anuncio que horas más tarde haría la Secretaría de la Defensa Nacional.

En efecto, el jueves 14 de abril la 24ª. Zona militar con sede en Cuernavaca presentó a un diverso presunto responsable. Miembros del Ejército encontraron en Temixco a un individuo golpeado y amordazado, cuya localización fue posible por una denuncia anónima. Habría sido detenido por una banda de delincuentes que luego de maltratarlo lo entregó del modo descrito a las autoridades castrenses, que dieron crédito a su confesión. El sujeto de marras, Rodrigo Elizalde Morán, El Chemis, ofreció un relato de los hechos que concluyeron con el asesinato de las siete personas el 28 de marzo, por entero distinto del configurado en la primera indagación hecha pública por la Procuraduría local. Y no era ninguna de las personas mencionadas por la procuradora Morales.

La Procuraduría local detuvo a su vez el 24 de abril a otras personas, no por cierto a aquellas contra las que había conseguido órdenes de aprehensión. Las capturó por hallarse en posesión de autos robados, pero ellos confesaron haber participado en el homicidio de los siete de Temixco.

El domingo primero de mayo, agentes de la Policía Federal, que estaba quedándose atrás en esta feria de confusiones, detuvo a Jesús Cárdenas Pérez, El Manos y César Arturo Galindo Pérez, El Guasón. También reconocieron haber participado en el asesinato múltiple del 28 de marzo. Asimismo, aceptaron pertenecer a la célula comandada por El Negro Radilla. Pero su versión de los hechos no coincide con las anteriormente difundidas por otros presuntos responsables.

Convertida en supervisora de la actuación militar, la Secretaría de Seguridad Pública anunció el miércoles 4 que Rodrigo Elizalde Morán, el individuo al que la Sedena adoptó como culpable, no lo es, y que los militares se dejaron engañar. “De acuerdo con las investigaciones que sus declaraciones (las de El Chemis) fueron una táctica de desinformación de la estructura criminal, cuyo objetivo era confundir a las autoridades y a la opinión pública”, se lee en un documento de la SSP federal (Reforma, 5 de mayo).

En suma, dos procuradurías y dos secretarías de estado han mostrado su interés activo por resolver el asesinato de Juan Francisco Sicilia, sus amigos Gabriel Alejo Cadena, Julio César Romero y Luis Antonio Romero, así como el de María del Socorro Estrada, Álvaro Jaime y Jesús Chávez, sin que ninguna de esas agencias ofrezca resultados creíbles y formales. Al contrario, cada una trabaja por su lado, y los informes públicos que ofrecen son ignorados y aún descalificados por otras. El resultado es la permanente impunidad.

Por eso es incomprensible el discurso que en defensa propia pronunció el miércoles el presidente Calderón, ante la marcha que comenzaría horas después. A menos que en las siguientes horas se haga un anuncio espectacular, no contradicho desde el gobierno mismo, que presente a los verdaderos presuntos asesinos, la manifestación ciudadana tendrá razón. Hay órdenes de aprehensión que no se han cumplido, y por la sucesión de acontecimientos posteriores ni siquiera son la guía para la indagación que las autoridades realizan cada una por su lado. El reclamo contra la impunidad, uno de los contenidos de la marcha, cobra pleno sentido.

Panistas no calderonistas.

Los secretarios de Estado incluidos en el septeto de aspirantes presidenciales del PAN deben su inclusión en ese reparto al presidente Calderón, de igual modo que de él recibieron lugar en el gabinete. Los tres restantes, en cambio, son independientes del huésped principal de Los Pinos, y aun guardan frente al Ejecutivo una distancia en algún caso agravada por la rispidez. Su posibilidad de contender por la postulación, y su eventual triunfo en la contienda interna estarán marcados por la actitud que Calderón mantenga frente a ellos, y dependerán del método de selección del candidato, que no será inocuo ni neutral sino que conllevará una carga que evidenciará las preferencias presidenciales.

Josefina Vázquez Mota ya tiene más de un decenio en la política, y la mayor parte lo ha vivido en el primer plano. Llegó al gabinete presidencial antes que Calderón mismo, pues el presidente Fox la nombró Secretaria de Desarrollo Social en diciembre de 2000, mientras que Calderón sólo fue incorporado al equipo presidencial como secretario de Energía tres años más tarde. Cuando Calderón fue postulado a la Presidencia, su predecesor procuró mantener sobre él, quien no había sido su favorito, una influencia cercana, y comisionó a Vázquez Mota para coordinar la campaña del candidato. Estaba en los planes de Calderón atribuir esa responsabilidad a su amigo Juan Camilo Mouriño, pero no pudo rechazar a la ex Secretaria y por ello tuvo que hacer convivir a dos coordinadores, que no siempre armonizaron sus acciones.

Por su servicio en la campaña, debió nombrar a Vázquez Mota secretaria, pero no la asignó a la Sedesol, que ya era terreno conocido, ni a Economía a la que su preparación profesional pudo orientarla. Le encargó, más que encabezar las funciones sustantivas de la SEP, para lo cual carecía de experiencia y probablemente de interés, mantener la relación con el sindicato magisterial, o mejor dicho con su presidente Elba Ester Gordillo, factor esencial para el arribo de Calderón. Con ese título la lideresa buscó sobreponerse a la secretaria, consiguió que se le reservaran zonas de acción propia (la Subsecretaría de Enseñanza básica, administrada por su yerno, por citar sólo un ejemplo conspicuo) y anduvo en permanente búsqueda de nuevos gajes para su sindicato, vale decir que para ella misma. La tensión que de ese modo fue creada condujo al retiro de Vázquez Mota, ocurrido en un ambiente espeso, reflejado en la actitud de la dimitente, que no pudo y seguramente no quiso ocultar la frustración de que se le postergara.

Aunque no se la envió a “las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes”, su candidatura a diputada y el encargo de coordinar a los legisladores en San Lázaro no la compensó de aquella derrota política. Por eso ha buscado afirmarse como aspirante presidencial, aunque para ello tuviera que generar otro factor de discordia al rehusar la candidatura al Gobierno mexiquense. No es adversaria de Calderón, pero tampoco es su carta predilecta.

Menos aún lo es el senador Santiago Creel, que hace seis años renunció a la Secretaría de Gobernación para ser candidato presidencial, conforme al designio visible del presidente Fox. Calderón estaba en campaña desde un año atrás, cuando renunció a la Secretaría de Energía, y logró vencer en la elección interna al favorito de Los Pinos. La disputa por la candidatura fue todo menos armoniosa, y su desenlace ahondó el antagonismo entre Creel y Calderón. Éste no pudo evitar la inclusión de su contendiente en la planilla senatorial ni su nombramiento como coordinador de los senadores blanquiazules (porque la designación corrió a cargo de Manuel Espino, presidente del partido). Pero tan pronto pudo, lo despojó de esa responsabilidad que recayó en Gustavo Madero, y ese despido ahondó las diferencias entre ambos. Paradójicamente, Creel ha sabido aprovechar la independencia que involuntariamente le confirió Calderón y ha podido circular libremente en su tarea parlamentaria, en los espacios públicos y en el seno del partido. Tal autonomía explica en buena medida el que permanentemente figure a la cabeza de las preferencias electorales medidas por las encuestas. Si como es evidente Calderón no permitirá que Creel sea candidato, tendrá que emplearse a fondo, porque el Senador no abandonará el campo y será difícil de vencer.

La aspiración del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez -ex miembro del Partido Demócrata Mexicano, que fue brazo electoral de los sinarquistas- representa la querella interna entre los integristas y los liberales en Acción Nacional. Su ubicación en la extrema derecha del partido, si bien genera preocupación y rechazo en los panistas de centro, le otorga ventaja en la contienda interna porque recoge las pulsaciones del conservadurismo católico, que todavía en amplia medida determina el curso de la política panista.

A pesar de que a veces aparece sólo como un político “ocurrente”, que se divierte generando pequeños o grandes escándalos, su personalidad misma, y lo que representa le confieren posibilidades de victoria en la liza interna. No es precandidato de relleno ni meramente testimonial. Quien así lo piense, recuerde el modo, sorpresivo sólo en apariencia, en que tal segmento panista derrotó al centrismo católico de Gabriel Jiménez Remus en 1994 y se apoderó de la estructura del partido en Jalisco, y cómo lo hizo también en Guanajuato.

El pragmatismo calderonista podría caer en la tentación de inclinarse a ese extremo.

El PAN se mueve.

Afectado por la ruptura de su alianza con el PRD sobre todo en el Estado de México, pero también en Nayarit y Coahuila, Acción Nacional se dispone a ganar tiempo respecto de la elección presidencial del año próximo. Es el primer partido no en formalizar, porque dista de abrir su proceso interno, sino en reconocer públicamente a todos sus aspirantes a la candidatura principal del año próximo. Y realiza labores de limpieza y de advertencia con el mismo propósito.

En esto último consiste la expulsión definitiva (ahora ya sólo impugnable ante instancias externas como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) de Manuel Espino, que encabezó al panismo de 2002 a 2007, en que fue echado de la presidencia por el calderonismo. Es el primer jefe nacional panista al que se despide con cajas destempladas (referencia a los tambores sin tensar que tocan durante la degradación de un mando militar), si bien cuatro líderes renunciaron al partido en desacuerdo con lo que ocurría en él. José González Torres, Efraín González Morfín, Pablo Emilio Madero y Carlos Castillo Peraza -tres de los cuales, salvo el último, fueron asimismo candidatos presidenciales) significaron con su partida una crítica recia al PAN que dirigieron. Antes de que Espino actuara de esa manera, el presidente Felipe Calderón y sus operadores en el partido se anticiparon y le dieron con la puerta en la cara.

De modo extremo y con rigor excesivo, la expulsión de Espino es una alerta a los panistas incómodos con el liderazgo que desde Los Pinos ejerce sobre el partido el Presidente de la República. Allí se ha determinado quiénes contiendan, al menos en la primera etapa, y se buscará asimismo asegurar el resultado de la contienda interna, a fin de evitar que triunfe en ella un aspirante contrario al Presidente. Calderón mismo se impuso como candidato a despecho de la voluntad de Fox y notoriamente quiere precaverse de enfrentar un resultado semejante.

Forman el elenco de presidenciables cuatro miembros del gabinete de Calderón: los secretarios Ernesto Cordero, Heriberto Félix, Javier Lozano y Alonso Lujambio; dos legisladores, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel; y un gobernador, Emilio González Márquez. Otros como él, Marco Antonio Adame y Juan Manuel Oliva habían expresado su deseo de contender, pero declinaron para fortalecer al jalisciense, que tantas semejanzas tiene con ambos, o se les dijo en Los Pinos que bastaba con un Gobernador colocado en la liza.

Así como se achicó la lista -Gustavo Madero había hablado de hasta diez aspirantes- es seguro que el reparto se reduzca aún más con el solo correr del tiempo, con el reconocimiento de las posibilidades de cada quien, con la voluntad presidencial y con las alianzas que se forjen entre los propios participantes en el proceso. Por ejemplo, es anticipable que el secretario del trabajo, no obstante tenerse a sí mismo como “el gallo”, o “el mero mero”, en lo que todo el mundo sabe que es sólo broma, declinará a favor de Cordero, el Secretario de Hacienda, creyente como muchos de que hacia allá apunta la voluntad presidencial.

Con todo y ser el más antiguo miembro del gabinete entre los cuatro presidenciables que están en esa condición, Lozano tiene escasas posibilidades de representar al PAN en la pugna por la Presidencia. Es de todos los aspirantes el único que fue miembro del PRI antes de su conversión al panismo, y aunque cada vez se aflojan más los principios y las actitudes del PAN ante esa antigua militancia (el año pasado sostuvo la candidatura de antiguos priístas en por lo menos siete entidades), no son pocos los que, como González Márquez ante ciertas preferencias sexuales sienten “asquito” por los antiguos tricolores. Aun si pasara la aduana interior, el secretario del Trabajo sería un candidato impresentable por su belicosidad.

Cordero y Heriberto Félix fueron designados para sus responsabilidades actuales el mismo día, el miércoles 5 de diciembre de 2009. A diferencia de quienes anunciaron desde entonces el destapamiento del secretario de Hacienda, en este lugar se dijo el 13 de ese mismo mes, que “si hubo el miércoles pasado un lanzamiento a la contienda de 2012, su protagonista fue el hasta ese momento subsecretario para la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía”, el sinaloense miembro de la familia Clouthier por haber sido yerno de Maquío. Lo dije basado en el “entusiasmo con que su ascenso al primer nivel del Gobierno fue saludado por la Concamin, la Concanaco y la Coparmex” que según sus propias palabras “representan a dos millones 983 mil unidades empresariales”. Esos organismos de la Iniciativa Privada auguraron que “con el mismo empeño y dedicación” con que actuó en Economía, Heriberto Félix “sabrá dar desde su nueva posición en la secretaría de Desarrollo Social lo mejor de sí mismo por el bien de México”. No sobra decir que, salvo Lozano -que perdió como candidato priísta a diputado en un estado priísta- Félix es el único Secretario de Estado con experiencia electoral. Fue candidato al Gobierno de Sinaloa en 2004 y casi venció a su oponente Jesús Aguilar.

Alonso Lujambio está construyendo su aspiración mostrando que sabe leer y escribir, algo imprescindible para un Secretario de Educación pero no frecuente en los liderazgos panistas. Es ciertamente un profesor, que concentra su atención en la historia del partido, para denotar que recuperaría la tradición de los intelectuales católicos que fundaron el PAN. (Mañana seguiremos con el tema).

Sabato: nunca más.

El domingo murió uno de los últimos hombres universales que ha parido madre alguna. Ernesto Sabato (él escribía su nombre sin acento, a pesar de que editores y lectores esdrujulizamos su apellido, tal vez por razones fonéticas) estaba por cumplir cien años. Había nacido el 24 de junio de 1911, en la misma provincia de Buenos Aires desde la cual se marchó en su despedida. Será recordado, más que como un notable escritor, merecedor de los premios mayores de la lengua española, por su condena a la dictadura militar que asoló a su patria de 1976 a 1983. Presidió la Comisión Nacional de Desaparecidos instituida cuando retornó la democracia, nombrado por el presidente Alfonsin, y él mismo escribió el resumen del estremecedor informe que fue la base para procesar a los altos jefes del Ejército y la Marina, enjuiciamiento ejemplar, porque no lo ha conseguido ningún País que sobrevive a sus dictadores.

Dueño de varios talentos y pasiones, fue formado en las ciencias exactas, la física y las matemáticas, en que se desempeño de modo sobresaliente. Fue también dibujante y pintor, y practicó el boxeo. Militó en el partido comunista argentino, del que se apartó no sin denunciar al estalinismo, cuando esa práctica no era común. Su vida literaria conoció fortuna desde el comienzo. Su primer libro, Uno y el universo, mereció premios y lo instaló en la vida literaria, a la que fue reticente. Aunque el domingo por la noche se le rindió tributo en la Feria del Libro bonoaerense, con cuya clausura coincidió su muerte, prefirió que se le velara en el club del barrio donde vivió sus últimos años y en que jugaba dominó, para que lo acompañaran sus vecinos. Se aproximó al grupo de la revista Sur, en que reinaban Victoria y Silvina Ocampo, así como Adolfo Bioy Caceres y Jorge Luis Borges. Esa editorial públicó El túnel, su primera novela.

A esa siguieron otras que también gozaron de reputación mundial, como Sobre héroes y tumbas, y Abbadón. Aunque Sabato abandonó pronto esa vertiente de la escritura, la de ficcionista, su prestigio alcanzó para que se le discerniera en 1984 el Premio Cervantes, que se insiste en considerar el Nobel de lengua española (y que fue también otorgado a Gonzalo Rojas, el poeta chileno muerto una semana antes que el narrador argentino).

El abandono de su militancia comunista no significó perder sus ideales políticos. Proclamaba una suerte de socialismo con libertad, o un liberalismo político con acento justiciero. Esa difícil posición lo condujo a deslices que lo convirtieron en protagonista de encendidas polémicas, o en blanco de acusaciones, alguna de las cuales lo siguió hasta hoy. Antiperonista como Borges, sirvió a la “revolución liberadora”, como se llamó al golpe militar de 1955 promovido por la Iglesia y los grandes propietarios rurales. Hasta se hizo cargo, como interventor gubernamental, de alguna publicación. No demoró mucho en alejarse de ese Gobierno. Todavía unos años después, sin embargo, en una carta al Che Guevara, comparó esa “revolución liberadora” con la encabezada por Fidel Castro. La equiparación ofendió al médico argentino que en ese momento era todavía ministro de industria en La Habana, antes de lanzarse a su gran empresa fallida, la de la liberación latinoamericana. Su respuesta a Sabato, sin embargo, si bien fue enérgica estaba impregnada del respeto que merecía la acrisolada ética pública del escritor.

El golpe militar de 1976 dejó a Sabato en un gran predicamento. Aceptó reunirse el 19 de mayo de 1976, junto con Borges y otros intelectuales, con el general Jorge Rafael Videla, líder del sangriento cuartelazo. Aunque después reconoció que había cometido un error, lo explicó recordando que consultó el paso con intelectuales cercanos que lo aprobaron, y que el asalto al poder de los militares parecía poner fin al funesto régimen de Isabelita Perón en que prosperó la Alianza argentina anticomunista, y a dos meses del comienzo del Proceso, como llamó la cúpula militar a su intento de transformar a la Argentina, y aún no mostraba del todo sus macabros perfiles. Sabato, además, aprovechó el almuerzo con Videla para abogar por algunos desaparecidos, lo que no dejó de hacer durante la dictadura, ya desde la trinchera de enfrente. Por eso el presidente Alfonsín le pidió encabezar la Comisión Nacional de Desaparecidos, que realizó la más extensa y detenida investigación sobre las víctimas del despotismo militar.

Su texto, en el prólogo al informe de la Comisión, concluye con una moderada esperanza:

“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976, y servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos hicieron trágicamente famosos en el mundo civilizado”.

Su prólogo generó una polémica, porque Sabato equiparó a la violencia guerrillera con el terrorismo de Estado, como causantes del dolor que vivió Argentina en aquel septenio horroroso. Su acendrado humanismo logró, sin embargo, que la discusión fuera superada y permitiera proclamar la paz con justicia -dos valores sabatianos- en que la República argentina se empeña en vivir ahora y los próximos años

Procuraduría del Contribuyente.

Después de un largo y tortuoso camino se aproxima la entrada en funciones de la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente. Por lo pronto, el Senado eligió el jueves pasado a la abogada Diana Rosalía Ladrón de Guevara como primera titular de ese organismo. Dispone del breve lapso de ciento veinte días para organizar la Procuraduría, ardua labor que incluye la integración del órgano de Gobierno y del cuerpo de asesores, que deberán ser reclutados conforme a las normas del servicio civil de carrera.

La ley que creó la Prodeco fue iniciada por el Presidente Fox en 2003, pero el Senado introdujo a su proyecto modificaciones que insatisficieron al Ejecutivo. Por lo tanto, combatió por diversas vías las normas que contradecían su propósito. La principal se refirió al mecanismo de designación de quien encabezará la Procuraduría. La iniciativa presidencial pretendió que se tratara de un nombramiento directo del Presidente, conforme a la pauta que rige a los altos funcionarios de Hacienda. Finalmente, el Legislativo logró establecer una fórmula de colaboración de Poderes, semejante a la que permite nombrar a los ministros de la Suprema Corte. El Ejecutivo propone una terna y el Senado elige al titular.

La ley respectiva fue aprobada por el Congreso en abril de 2006 y publicada en septiembre siguiente. La conclusión de los litigios constitucionales llegó por fin en septiembre de 2009 y desde entonces estaba pendiente la presentación de la terna, que finalmente ocurrió el 12 de abril pasado.

La integraron un miembro del sector privado (el responsable de enlace legislativo de la Asociación Mexicana de Bancos), José Miguel Domínguez, la académica Gabriela Ríos Granados (coordinadora del área fiscal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional) y la magistrada Bernal, que resultó elegida por una amplia mayoría. Se comprende que haya sido así por la vastedad de su experiencia en material fiscal. La ley demanda que quien encabece la Procuraduría la tenga al menos por cinco años, término cumplido cabalmente por la nueva funcionaria.

La Procuradora tiene una singular biografía de servicio público. Abogada por la Universidad Iberoamericana, ingresó al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, donde fue responsable de publicaciones, antes de ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le bastaron tres años como Secretaria de Estudio y Cuenta (en la segunda sala) para merecer su primer nombramiento en la Judicatura Federal: Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa. Siete años después ascendió a Magistrada, rango que ejerció en dos tribunales colegiados, administrativo uno y laboral el otro. En total, trece años en la administración de Justicia.

Su trayectoria se modificó en 1997. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, elegido jefe de Gobierno del Distrito Federal en julio de ese año, la nombró en diciembre Delegada en Iztacalco. En aquél entonces los responsables del Gobierno delegacional eran nombrados, no elegidos. En el 2003, ya incorporada al Partido de la Revolución Democrática, fue elegida Diputada federal por mayoría en el vigésimo Distrito capitalino. Fue secretaria de la Comisión de Hacienda y vocera de su grupo en esa materia.

El Senado la eligió el 30 de marzo de 2006 Magistrada de la sexta sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como hoy se denomina el órgano en que comenzó su trayecto público. Ahora ha sido elegida Procuradora por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de una reelección.

Conforme a la ley que la creó, la Procuraduría debe “garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir Justicia en materia fiscal”. Es un órgano de estructura jurídica y objetivos sociales análogos a los de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor y la de Defensa del Trabajador (Profedet). Se asemeja asimismo, y confiamos en que su labor la supere, a la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La nueva Procuraduría debe ofrecer asesoría, defensa y representación a los contribuyentes, especialmente los que no puedan pagar los servicios de los onerosos despachos de abogados que consiguen devoluciones multimillonarias de impuestos. Para atender a los que más lo necesiten, la Prodeco sólo representará a los causantes cuyos asuntos no importen más del equivalente a treinta veces el salario mínimo en el DF elevado al año.

Asimismo, la Procuraduría recibirá quejas sobre trato impropio del personal de Hacienda. Esa responsabilidad se expresa diciendo que la nueva oficina deberá promover que la actuación de los funcionarios fiscales se base en el respeto y la equidad. A fin de no agotarse en la atención casuística, la Prodeco emitirá recomendaciones a las autoridades hacendarias. Y se dedicará también al estudio, enseñanza y difusión de los principios y criterios fiscales.

Además de su titular, la Procuraduría contará con un órgano de Gobierno integrado por seis consejeros independientes. Serán nombrados por el Presidente de la República y provendrán de instituciones académicas, asociaciones profesionales vinculadas con el ramo tributario y de organismos de representación empresarial. El Senado acertó al designar a la procuradora Bernal Ladrón de Guevara, que deberá enfrentar un reto inicial de organizar la Prodeco y luego el permanente de proteger a los contribuyentes indefensos. El órgano de Gobierno que la acompañe en sus comienzos debe ser tan solvente como ella.

Pintito.

Con los tres días de reclusión a que estuvo sometida Paula Cussi, Emilio Azcárraga Jean se libró de un riesgo cuya inminencia duraba ya más de cuatro años. Al desistirse la última esposa de su padre del juicio civil que había entablado en enero de 2007, el presidente de Televisa consolidó su condición de accionista mayoritario de las empresas del Grupo Televisa, que la señora Encarnación Presa Matute (nombre civil de Paula Cussi) había puesto en entredicho.

Para el rápido logro de su propósito, Azcárraga Jean contó con el auxilio del Ministerio Público y la Administración de Justicia de la capital. Ignoro si directamente se lo brindaron el procurador Miguel Ángel Mancera y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Elías Azar. Pero es público que se interesaron personalmente en el asunto y pasaron por alto, si no es que propiciaron, violaciones a la ley. O facilitaron su amañada aplicación en provecho de Azcárraga Jean.

Paula Cussi reclamó en el juicio que súbitamente se resolvió en su perjuicio la semana pasada, que se calculara de modo adecuado la sexta parte de la herencia testada por Emilio Azcárraga Milmo, con quien mantuvo una relación de más de veinte años, porción que había sido mermada por maniobras que atribuyó a los albaceas de esa sucesión. Pretendía mucho más que eso. Demandó que se declarara la nulidad de un acuerdo adoptado por la asamblea de accionistas efectuada el 30 de mayo de 1997, cuya consecuencia fue que disminuyera el monto del 16.66666% que fue voluntad de Azcárraga Milmo dejar a la que técnicamente es su viuda (pues aunque vivían separados a la hora en que El Tigre murió, su matrimonio estaba vigente). En consecuencia, demandaba también la nulidad “de todos los actos y acuerdos adoptados por la asamblea o fuera de ella, con posterioridad a la fecha de celebración” de la misma, y que se restituyeran “las cosas al estado que guardaban” antes de dicha reunión de accionistas.

“En otras palabras –interpretó Jenaro Villamil en su libro El sexenio de Televisa—Cussi litiga para que se declare nulo el acto original que le permitió a Azcárraga Jean tomar el control de la compañía y realizar todas las operaciones posteriores, incluyendo la reestructuración de la deuda que tenían Grupo Televicentro y Grupo Alameda, la venta de participación accionaría del 40.5% que Televisa tenía en la empresa satelital Panamsat, así como la incorporación posterior del Grupo Inbursa, de Carlos Slim, en el fideicomiso de control del grupo Televicentro, con 25% de las acciones” (Slim había entrado en Televisa en apoyo de Azcárraga Jean, momento que se antoja remoto a la luz de las escaramuzas entre esos magnates de las telecomunicaciones).

La base para la acción de Paula Cussi fue el testamento de Azcárraga Milmo, otorgado el 18 de enero de 1996. La herencia comprendía, principalmente, las acciones de El Tigre en tres de las compañías que integran el vasto consorcio conocido sintéticamente como Televisa: Grupo Televicentro, Grupo Triple C, y Grupo Televisa. El testamento dividía en seis partes ese capital, destinadas a sus cuatro hijos y a las dos mujeres con las que compartió los últimos años de su vida. Debían recibirlas: Alejandra Patricia y Ariana Cristina Azcárraga de Surmont, las hijas mayores; Carla Laura Magdalena y Emilio Azcárraga Jean, así como Adriana Abascal, con quien vivía a la hora de su muerte, y Paula Cussi, con quien permaneció casado hasta el final. En el testamento le fue trasladada, además, la propiedad de los automóviles Rolls Royce, Bentley y BMW 750 y un palco en el Estadio Azteca. Previamente, Paula Cussi había recibido de su esposo un patrimonio inmobiliario y accionario, que incluía un diez por ciento de las acciones de Grupo Televisa, que antes del litigio vendió a Azcárraga Jean en 45 millones de dólares.

La prolongada relación de Paula Cussi y Azcárraga Milmo se inició en los setenta, relatan Claudia Fernández y Andrew Paxman en El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa: “Su relación con Nadine estaba llegando a su fin y Emilio comenzó a dejarse ver en público con una mujer mucho más joven. Emilio la había detectado en la pantalla chica varios años antes, cuando daba los reportes del tiempo y leía los horóscopos para Jacobo Zabludovsky. Se trataba de Encarnación Presa Matute, hija de un empresario inmigrante español…

“Esta esbelta y atractiva rubia, veinte años menor que Emilio, demostró ser mucho más que cualquiera otra conquista. Era una mujer con voz fuerte, opiniones sólidas y mente inquisitiva. En muchos aspectos se convirtió en alma gemela, además de amante, de Emilio (quien) había comenzado a ampliar su círculo social conociendo a artistas, escritores, intelectuales y empresarios extranjeros. Paula se adaptó de inmediato. La joven desarrolló un vívido interés por las bellas artes y alentó a Emilio a patrocinar a varios pintores mexicanos. Tras la muerte de su padre, Emilio le pidió a Paula que se fuera a vivir con él, en una casa en la esquina de Shakespeare y Lafayette, en la colonia Anzúres. Paula y Emilio comenzaron a viajar juntos al extranjero. Desarrollaron amistad con gente… como George Rosenthal, un corredor de bienes raíces en Los Ángeles, que los ayudó a encontrar una casa en las colinas de Hollywood”.

Impaciente porque el juicio civil se desperezaba lentamente, la viuda de Azcárraga Milmo cometió en diciembre un error estratégico. Denunció penalmente, por falsedad en declaraciones judiciales, a los albaceas. Se habían contradicho respecto del uso de recursos de la sucesión que administraban para el pago de deudas personales de Azcárraga Milmo, de lo que dependía el monto de la herencia y por ende el de la sexta parte que corresponde a Cussi. Cuatro meses después, la averiguación correspondiente no se ha integrado y por lo tanto los denunciados no han sufrido molestia alguna. En cambio, la denunciante fue a su vez denunciada el 16 de marzo y su caso fue tratado con celeridad: antes de un mes se emitió orden de aprehensión en su contra, que se hizo efectiva el lunes pasado, cuando la demandante en el juicio civil acudía a una diligencia en ese proceso.

No había sido advertida de que era objeto de una averiguación previa. Se pretendió notificarla en el domicilio de sus abogados, comunicado para ese propósito exclusivamente para recibir notificaciones en el juicio civil. De modo que una pequeña turba de agentes judiciales del DF, sin ostentar vestimenta que los acreditara como tales y sin mostrar el mandamiento judicial, la detuvieron y trasladaron de inmediato al reclusorio de Santa Martha Acatitla. Al cumplirse el término de 72 horas fijado por la ley, la juez del caso determinó que no había elementos para proceder en su contra y decretó su libertad, que debió cumplirse incondicionalmente. Pero Azcárraga Jean aprovechó para obtener ventaja. A instancias del magistrado Elías Azar, que encabeza el Poder Judicial capitalino, sus abogados acudieron al Centro de Justicia Alternativa y obtuvieron allí el desistimiento de las acciones civiles ejercidas por la señora que estaba en prisión a poco de cumpirse el decimocuarto aniversario de la muerte de su esposo, ocurrida el 16 de abril de 1997. Ese arbitraje hubiera procedido en otro momento procesal, pero no cuando la demandante estaba sometida a reclusión, lo que constituye una presión que vicia notoriamente su voluntad. Por eso Reforma pudo anunciar el fin de esos acontecimientos diciendo: “Doblan a Cussi”.

Ese discutible pero eficaz triunfo de Azcárraga Jean cierra el largo ciclo en que los Emilio Azcárraga concentraron en sus manos el control de la televisión abierta. Al inaugurarse en México ese medio electrónico, el primero de ellos, Azcárraga Vidaurreta, era sólo titular de una de las tres concesiones otorgadas por el presidente Alemán, a través de su empresa Televimex. Cuando instó a los otros concesionarios a fusionarse en Telesistema Mexicano, Azcárraga Vidaurreta quedó a la cabeza de la nueva empresa, como su hijo lo haría al integrarse Televisa en 1972, al eliminarse la competencia que hacía a Telesistema la regiomontana Televisión Independiente de México, propiedad del Grupo Alfa.

Luego, aún a costa de endeudarse, desplazó a su hermana Laura y a sus sobrinos Fernando Díez Barroso y Alejandro Burillo y a sus amigos Rómulo O Farrill y Miguel Alemán. Ahora Azcárraga Jean, quitada Paula Cussi del camino lo controla todo. Hijo de El Tigre, pintito.

El pasado presente

En abril de 1997, hizo catorce años en el mes que terminó ayer, murió Emilio Azcárraga Milmo. Estaba afectado por un cáncer meses atrás, por lo que en marzo presentó públicamente, en la pantalla del Canal dos, a su hijo Emilio Azcárra Jean, como su sucesor. Él se refugió en su yate Eco. Así narran sus últimos días sus biógrafos Claudia Fernández y Andrew Paxman:

“Mientras era atendido por los oncólogos del Gamma Knife Institute de la Universidad de Miami. Adriana Abascal se convirtió en su compañera permanente y también su jefa de personal de facto. Era ella la que en gran medida determinaba quién podía ser admitido en su yate. Su hijo y sus hijas lo visitaban con frecuencia, así como su asistente personal Gastón Melo. Guillermo Cañedo lo visitaba ocasionalmente, pero a partir del tres de marzo se dedicó de lleno a manejar Televisa y a asegurar a los inversionistas que la empresa estaba en manos seguras. Por supuesto, Adriana Abascal no admitió a bordo a Paula Cussi.

A finales de marzo, durante la Semana Santa, Emilio regresó brevemente a Los Ángeles, supuestamente para atención médica, pero su principal objetivo era ver en secreto y por última vez a Paula. El encuentro se llevó a cabo en la casa que solían compartir en Hollywood. Fue un encuentro tierno y emotivo. Emilio mencionó que la casa estaba igual que cuando había vivido en ella. Paula no había cambiado nada. ‘¿Por qué tendría que hacerlo?’, preguntó ella. ‘La hicimos juntos. Es hermosa’. Paula nunca volvió a ver a Emilio. La Abascal se enteró del encuentro y despidió a la empleada que había arreglado la cita.

De vuelta a bordo del Eco, Emilio recibió la visita de su hermana Carmela, la madre de Alejandro Burillo. Carmela se quedó varias semanas en Miami y pudo verlo siempre que Adriana consideraba que Emilio estaba en condiciones de recibir invitados. Su otra hermana Laura, madre de Fernando Díaz Barroso y a quien Emilio todavía debía 320 millones de dólares, no lo visitó. Carmela trató de persuadir a Laura de hacer a un lado sus resentimientos y visitar a su moribundo hermano, pero todo fue inútil.

En sus momentos de lucidez, Azcárraga todavía intentaba supervisar las decisiones clave que se relacionaban con Televisa. Realizó un gran esfuerzo por reconciliarse con sus hijas. Las mimó y les pidió perdón por no haber sido un mejor padre, por haber pasado demasiado tiempo edificando su imperio y tan poco tiempo en construir una familia. Llamó a su viejo amigo Guillermo Schulemburg, recién retirado abad de la Basílica de Guadalupe, para que lo acompañara, lo confesara y le diera la extremaunción.

El 14 de abril, Carmela Azcárraga de Burillo lo visitó por última vez. Para entonces, don Emilio se estaba rindiendo. Físicamente estaba devastado, había perdido el cabello y se encontraba confinado en una cama. Su valet inglés lo vestía y lo alimentaba.

Sus momentos de lucidez eran escasos, pero se las arregló para murmurar unas palabras a Carmela: ‘Estoy contento porque me voy a reunir con Gina’.

Un cuarto de siglo después de anunciar a México la muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, Jacobo Zabludovsky daba la misma noticia acerca de su hijo. Era la noche del 16 de abril y una lluvia fuera de temporada se abatía sobre la Ciudad de México.

‘Los que trabajamos en Televisa estamos de luto’, dijo Zabludovsky. Se mostró un largo documental mostrando la vida y obra del patrón, incluyendo varios videoclips de don Emilio que nunca se habían presentado al público. Los espectadores vieron a un líder vigoroso, a un orador imponente y a un hombre con gran sentido del humor. Se recibió una carta de condolencias del presidente Zedillo en que se refería a Azcárraga como ‘un gran empresario con una trayectoria en el mundo de la comunicación y el entretenimiento artístico y deportivo, que dio prestigio internacional a México’.

Las palabras que cerraban el reportaje eran de don Emilio, tomadas de un videoclip de los ochenta: ‘Todos vamos a acabar un día. No tiene remedio. Pero algunas cosas sí quedan de las gentes cuando se van’

Cuando Jacobo mencionó a los que habían sobrevivido a don Emilio, incluyó a ‘su esposa’, sin dar un nombre; pareció no estar seguro de si la viuda legal era Paula o Adriana. Hubo otras dudas. Nadie tenía la certeza del lugar donde había nacido, así que muchos medios optaron por decir que en la Ciudad de México. Surgieron rumores de que justo antes de la muerte de Azcárraga, el Eco había sido llevado a aguas internacionales para evitar los requisitos estadounidenses del certificado de defunción, los cuales estipulan la causa del fallecimiento. Este hecho motivó especulaciones de que le habría aplicado la eutanasia; es decir que El Tigre, incapaz de evitar la muerte de Gina, de su hija Paulina, de Othón, Réne y Guillermo, había insistido en controlar su propia muerte”.