Constitución y derechos humanos

El viernes pareció disiparse el riesgo de que presiones del fundamentalismo católico impidieran la aprobación de la reforma constitucional en derechos humanos. Reunidos en Veracruz los presidentes de las legislaturas estatales, convocados por el diputado Eduardo Andrade, que encabeza la veracruzana, se estableció el consenso de impulsar el visto bueno de los congresos locales a esa reforma.

La Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad incluyó entre sus reclamos urgentes dicha aprobación, lo que suponía derrotar el cabildeo que en sentido contrario realizaban grupos ultramontanos que al no poder impedir la magna operación reformadora en el Congreso de la Unión, buscaron estorbar el curso que debe seguirse en los estados hasta conseguir el voto de “la mayoría” de las legislaturas locales. Hasta antes de la reunión del segundo foro de presidentes de las legislaturas de los estados, habían aprobado la reforma los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, México, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

Continúa ejerciéndose presión sobre las restantes legislaturas, especialmente las correspondientes a entidades gobernadas por Acción Nacional. A diferencia de la campaña que el año pasado reformó las constitucionales locales para consagrar en ellas el derecho a la vida, preámbulo a legislación penal muy restrictiva en materia de reproducción y opciones sexuales, en esta ocasión los legisladores priístas no se han sometido o aliado a los panistas, que llevaron la conducción de aquel proceso, notoriamente impulsado desde un motor central.

El conservadurismo católico se sintió especialmente ofendido porque en el artículo primero de la Constitución, reformado, se garantiza a las personas elegir, entre otros derechos, la preferencia sexual que les plazca. Cuando el texto se aprobó en el Senado, en marzo reciente, un grupo de legisladores panistas fracasó en su intento de suprimir tal derecho. Visitantes a la cámara que los apoyaban se manifestaron en contra de ese contenido de la reforma, alegando que con ello se alienta el libertinaje sexual y se induce a la práctica del aborto. Se ha pretendido después refinar ese argumento absurdo, alegando que con el conjunto de enmiendas el Estado mexicano pierde soberanía. Aluden a la obligación (que queda explícita en el texto constitucional y está vigente aun cuando no se la hubiera inscrito en la carta magna), de respetar los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales sobre la materia. Ciertamente, ese es uno de los aspectos medulares de la reforma, que ayudará a vencer la renuencia pueblerina a aplicar esa legislación internacional.

La búsqueda de un nuevo estatuto para los derechos humanos en la Constitución o, como se decía en la retórica priísta de antaño, de elevarlos “a rango constitucional” se inició hace mucho tiempo, desde que Santiago Creel era secretario de Gobernación y Francisco J. Paoli subsecretario de Desarrollo Político. Los grupos civiles que lo promovían tuvieron que recoger los restos de los anteproyectos elaborados entonces e insistir en sucesivas legislaturas su aprobación. Tan complicado fue el proceso que la Cámara de diputados se ocupó tres veces del tema, por desacuerdos con el Senado. Finalmente se impuso el consenso laboriosamente conseguido y la reforma fue enviada en marzo mismo a los congresos locales, donde no se han apresurado a considerarla.

Más claramente en la etapa del predominio priísta, pero aun ahora, las legislaturas locales no toman a pecho su papel en el proceso de reforma constitucional. Solía procederse mecánicamente a aprobarla pero con parsimonia que nadie reprochaba. Se llegó a extremos como el de cometer aprobaciones sólo en el papel, cuando las legislaturas estaban en receso. Para no tener que interrumpirlo materialmente, es decir para no reunir a los diputados, se emitía una convocatoria, se levantaba el acta de una sesión que no había ocurrido y listo, el trámite estaba concluido y enviado al Congreso federal para que allí se realizara el cómputo y se declarara reforma la Constitución.

Salvo un caso reciente, que adquiere nuevo interés por la nueva posición de su protagonista, no recuerdo ningún voto en contra de una reforma constitucional (por lo cual los cabilderos que suponemos ahora fallidos pretendían realizar una verdadera hazaña). Entre septiembre y octubre de 2007 se efectuó el recorrido de la reforma a la carta magna en materia electoral lograda poco antes El gobernador Humberto Moreira, actuando sin embozo como jefe de sus diputados, se adelantó a decir que la legislatura local no aprobaría la reforma y así ocurrió. Su posición fue inocua en términos prácticos, porque todas las demás legislaturas obraron en sentido contrario. Pero el desplante del Gobernador, aunque no quedaran claros sus móviles, sirvió para mostrar el férreo control político que ejercía en su entidad (y que lo ha llevado a imponer como su sucesor a su hermano Rubén) sino a mostrar su credo en materia electoral, relevante ahora que encabeza al PRI.

Alegó Moreira que la reforma ofendía a los estados por permitir a una autoridad electoral federal entrometerse en las elecciones estatales, que los gobernadores pretenden controlar directamente. El fondo de la reforma consistió, como se sabe, en modificar de raíz el régimen de la comunicación electoral, sacando la propaganda de los partidos del comercio en los medios electrónicos y en otorgar al IFE el manejo de los tiempos respectivos.

De la marcha al movimiento.

La Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad a que convocó el poeta Javier Sicilia, inmediatamente arropado por organizaciones y dirigentes civiles, es un hito en la historia mexicana. La inspiraron el dolor y la indignación, pero va camino de superar esas emociones para convertirse en un vasto y activo movimiento que dé cauce a la protesta expresada en Cuernavaca; primero, en el camino de esa ciudad a la de México, y en la Plaza de la Constitución. Este vasto espacio para la congregación ciudadana ha sido testigo de la reunión de muchedumbres que en diversos momentos de la historia decidieron no someterse al autoritarismo, y al contrario, avanzar en la búsqueda de libertad, justicia y democracia.

Lo ocurrido allí el domingo pasado, semejante a otras manifestaciones multitudinarias difiere de ellas porque se colocó la simiente para la movilización de la sociedad. Los participantes, fatigados por la caminata, doloridos por las causas que los condujeron a ella, sonrientes a pesar de ella porque se vieron en múltiples espejos y supieron que no están solos sino que comparten impulsos y avizoran metas comunes, no volvieron a su casa después de la intensa jornada dominical de nuevo a la rutina de la impotencia. Encontraron juntos que pueden ejercer un poder, y se disponen a utilizarlo para que México no siga siendo escenario de matanzas que generan desasosiego y terror.

Un medidor de la importancia de la marcha y el comienzo de la movilización es la reacción del Gobierno y de sus voceros. Estos últimos no pudieron descalificar la iniciativa de Sicilia por un pudor elemental, pues no se puede negar al padre de un muchacho asesinado que proteste airado por ese crimen y sintetice en su expresión el hartazgo, el “estamos hasta la madre” de una enorme porción de la sociedad mexicana. Pero después del éxito de la marcha y los atisbos de la movilización se dedicaron a demeritarlas. Utilizan para ello argumentos banales, como que la mofa de no se llenó el Zócalo, hasta señalamientos irresponsables y graves, calumniosos, de que la sonora crítica al Gobierno, y en particular al presidente Calderón surgieron del crimen organizado o por lo menos causaron en su seno regocijo. Se acusó a los organizadores de poblar artificialmente la marcha al dar cabida a grupos que persiguen fines propios y se montaron en la protesta generada por el dolor. Se ha dicho, en fin, que Sicilia ha sido rebasado, como si el acompañamiento que lo rodea le regateara un liderazgo que es indisputable. A él mismo se le achacó faltar a los consensos en su demanda de que renuncie el Secretario de Seguridad Pública, que no fue consultada con otros organizadores de la caminata y se convirtió en una cortina de humo.

Pienso que ocurrió lo contrario. Estoy seguro de que exigir el retiro de Genaro García Luna no fue la ocurrencia de un desinformado. El pedido buscó medir la reacción gubernamental en términos reales, más allá de la retórica, y cumplió su papel. A pesar de que el propio Presidente se abrió al diálogo, y seguramente lo habrá, hasta este momento el Gobierno elude sus responsabilidades y no ofrece respuesta alguna a las exigencias de los marchistas.

Sicilia no demandó la salida de cualquier funcionario. Se le reprocha no haber fijado su atención en los altos mandos militares, el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Francisco Saynes, secretarios de la Defensa y de la Marina, tan responsables, dicen los defensores de García Luna, como este mismo de la política de seguridad pública. Entiendo por qué Sicilia mencionó únicamente a dicho secretario: porque si bien los tres funcionarios mencionados yerran en el combate al crimen organizado que se les ordenó emprender, la conducta personal de García Luna lo hacen sujeto de una crítica que va más allá del análisis para lindar con la denuncia. No sólo debería abandonar su cargo, sino responder penalmente a innumerables señalamientos.

Al defender la actuación del Secretario de Seguridad Pública el Gobierno asumió con mayor claridad que nunca su plena identificación con ese funcionario, y disminuyó el valor de su aceptación al diálogo. No digo que éste carezca de importancia. Pero quienes acudan a él deberán tener presente que el Gobierno reprobó el examen de congruencia al que lo sometió el poeta que organizó la marcha.

La marcha se tornó movilización y ésta será movimiento, a partir del pacto nacional que firmarán el mayor número de organizaciones civiles el diez de junio en Ciudad Juárez, negro emblema de la violencia criminal y la inseguridad ciudadana. Con Sicilia presentaron y promueven las propuestas que son la médula del Pacto: el obispo de Saltillo, don Raúl Vera, único miembro del Episcopado que parece vivir en la realidad y reaccionar ante ella para modificarla y prestigiados activistas, como Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Rogelio Gómez Hermosillo, los padres Gonzalo Ituarte y Miguel Concha. Muchas otras personas, especialmente las que desde el primer momento rodearon en Cuernavaca al poeta, y las que desde la inmensa geografía del dolor nacional vinieron a sumarse a la marcha, serán sin duda promotores de la movilización, antes y después de la firma del pacto.

El documento respectivo consta de tres partes: Razones y urgencia; visión común con exigencias mínimas y compromisos; y (acciones) para iniciar el camino. La primera es un diagnóstico que parte y concluye de considerar que México vive una emergencia nacional, la segunda se integra con seis exigencias, a las que se ha llamado ejes, que no pueden ser entendidas a plenitud sin su vínculo con la primera y la tercera partes. Esta señala los primeros pasos y el calendario en que se producirán.

Las exigencias se emiten en primera persona de plural, y de modo reiterativo: exigimos verdad y justicia; exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; exigimos combatir la corrupción y la impunidad; exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; exigimos atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; y exigimos democracia participativa.

Para la satisfacción de estas exigencias los organizadores del movimiento proponen constituir, de inmediato, “espacios de reflexión y acción colectiva nacional”, donde no sólo se discutan las propuestas del pacto sino se vislumbren otras nacidas del contacto con realidades vastas y diferentes. Con miras a la firma del pacto en Ciudad Juárez, se integrarán comisiones de verificación y sanción para cada uno de los seis ejes. Por ejemplo, en el último de ellos la comisión respectiva dará cuenta de cómo responde la Cámara de Diputados al emplazamiento de que “a más tardar en dos meses”, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado, que establece la consulta popular, la iniciativa legislativa (sic, por ciudadana), las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes”.

Luego del 10 de junio vendrá el diálogo con el Gobierno. Éste ya lo había practicado con “la sociedad civil” en sus Diálogos por la Seguridad. Pero nunca llamó a ellos a las organizaciones de derechos humanos que constituyen la médula del nuevo movimiento, sin invitados cómodos se requerirán en el Gobierno disposiciones de ánimo que no se conocen y no se han practicado.

El presidente Calderón, si como es debido participará en el diálogo público demandado por el movimiento por la paz, deberá atemperar sus tensiones. Durante su visita a Nueva York, cuando un dirigente de migrantes auguró que la guerra contra la delincuencia organizada no será ganada por nadie, Calderón se encrespó porque el diagnóstico no concuerda con el suyo.

Al volver, incurrió en desmesura e inexactitudes al compararse con Winston Churchill. Éste asumió la jefatura del Gobierno británico en mayo de 1940, nueve meses después de iniciada la guerra, de modo que tuvo que encabezar una lucha en términos que no obedecían a su concepción del enfrentamiento con Hitler, enemigo algo superior a ‘El Chapo’ Guzmán. Ufano sin causa aparente, ante un público cautivo (los delegados de su Gobierno) Calderón se ve victorioso en la lucha contra el crimen como Churchill triunfó contra el nazismo. La comparación puede implicar un augurio desastroso: después de la victoria, en 1945, Churchill y su partido fueron derrotados en las urnas.

Valiente, amenazada, asilada.

Marisol Valles García vive en algún lugar de Texas, probablemente cerca de El Paso, en espera de que un juez de Migración decida si otorga el asilo que ha demandado, temerosa de que se cumplan amenazas contra su propia vida o la de su familia.

El caso de Marisol Valles García es único y, paradójicamente, uno de los muchos que están pendientes de resolución en Estados Unidos. Miles de personas han cruzado la frontera, desde Ciudad Juárez, en espera de que se les autorice radicar de aquel lado, porque la vida se les ha tornado imposible. De esa oleada de nuevos migrantes, no pocos quieren que se les conceda asilo, porque no están motivados por el vago temor que todos padecemos por la inseguridad que hierve en torno nuestro, sino por un miedo específico. En este grupo de personas hay periodistas y activistas que han recibido amenazas debido a su labor. Y no quieren permanecer impávidas en espera de que los amagos se conviertan en agresiones.

Pero la situación de Marisol es peculiar. Fue secretaria de Seguridad Pública en un municipio cercano a Ciudad Juárez, en cuyo ejercicio duró poco más de cuatro meses. Fue un lapso suficiente para que se percatara de la naturaleza de su cargo y de los riesgos que envolvía. No los ignoraba, propiamente, pero una cosa es saber de ellos y otra vivirlos directamente.

A diferencia de su enorme vecino, el municipio de Juárez, el más densamente poblado de Chihuahua (347 personas por kilómetro cuadrado), en el que lleva el nombre del revolucionario magonista Praxedis G. Guerrero vive poca gente. Poco más de diez mil personas en un territorio de 800 kilómetros cuadrados da una densidad de apenas 12.9 personas por kilómetro cuadrado, conforme al censo de 2010, Acaso por esa circunstancia, su escasa población, y por su proximidad a Estados Unidos (colinda con condados texanos al norte y al oriente) se ha convertido en territorio de enfrentamiento entre bandas. La violencia es tal que los jefes policiacos no duran mucho en su encargo. A los más de ellos en la década reciente los han matado. A Jesús Manuel Holguín lo degollaron en 2008 y mostraron en público su cabeza.

Por eso nadie quería encabezar la Policía en el Municipio hasta que aceptó hacerlo Marisol Valles García. Nacida en Juárez en 1969, estudiante de criminología, empezó sus labores el 20 de octubre del año pasado. Todo el mundo se hizo lenguas de su valentía, cualidad que en efecto la caracteriza. El semanario Newsweek la incluyó en alguna de sus ediciones de fin de año entre las 150 mujeres que han sacudido al mundo. Con la jefa policiaca norteña figuraron dos mexicanas más, Lydia Cacho y Salma Hayek.

Entusiasmada con su nueva responsabilidad, y sensible al apoyo que sentía tener fuera de su municipio, la Secretaria de Seguridad Pública hizo planes y comenzó a ponerlos en práctica: engrosó con mujeres las escuálidas filas de la corporación a su cargo, compuesta de sólo 19 elementos y resolvió no enfrentar el narcomenudeo, función propia de la Policía estatal y de la Federal o el Ejército, cuyos elementos fugazmente aparecían por la remota cabecera municipal.

Pese a tal decisión, fue amenazada una y otra vez, hasta que se convenció de que no eran sólo palabras. Al comienzo de marzo de este año, poco después de cumplir cuatro meses en el cargo, decidió retirarse. Pidió permiso al Ayuntamiento para ausentarse unos días, con el fin de procurar cuidados médicos a su hijo, que apenas tiene un año. Debía volver el lunes siete de marzo a las ocho de la mañana. Cuando una hora después no se presentaba aún, el alcalde José Luis Guerrero de la Peña ordenó “darla de baja” como se procede contra un oficial administrativo. Con su torpe criterio burocrático, el Presidente municipal dejó en estado de indefensión a su Secretaria de Seguridad, de la que había recibido noticia de sus amagos. Tal vez el Alcalde resolvió cortar la relación con la valiente mujer para que las amenazas no lo alcanzaran a él también.

Aunque poco después se tuvo vaga noticia del paradero de Marisol, sólo ahora ha hecho una presentación pública. El atareado delegado de la Comisión estatal de derechos humanos en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, estaba al tanto de los trámites para conseguir asilo, y para ofrecerle apoyo moral, necesario en este trance.

Una estación local de televisión de El Paso, afiliada a la cadena ABC News, la entrevistó el miércoles. Marisol se franqueó con el reportero. Le confesó su miedo, el de antes y el de ahora, pues por la noche, mientras era la jefa de la Policía Municipal en su insomnio se preguntaba cuándo vendrían por ella. La tensión se hizo insoportable cuando las amenazas incluyeron a su familia, y a su bebé. Entonces resolvió irse.

“La verdad es que nunca esperé que las cosas se pusieran tan feas, quizá fui demasiado ingenua”, dijo a su entrevistador. Ahora sabe que no debió confiar en el imperio de la ley. No en Ciudad Juárez y su gran entorno, al que pertenece el municipio que hoy carece de jefatura policiaca, pues no se ha encontrado una nueva Marisol que acepte el cargo. Quizá el próximo diez de junio, cuando los organizadores de la Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad se reúnan en aquella ciudad mártir, Marisol acepte ofrecer su testimonio, que representaría el de ese gran sector de damnificados por la violencia, los que han tenido que abandonar un País que no les garantiza seguridad.

Vacante en cofetel.

En línea con una abulia que lo ha caracterizado y llega a extremos riesgosos, como los empates en la Suprema Corte, el presidente Calderón ha dejado un puesto vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El lunes concluyó el periodo para el que fue nombrado Rafael del Villar, y el Ejecutivo se fue de viaje sin designar a quien lo reemplace. Es probable que lo haga en las próximas horas. Pero también es posible que, con buena o mala fe (como él dice de sus críticos) mantenga vacante el sillón para que, en caso de que las votaciones se dividan el presidente Mony de Swan ejerza su voto de calidad.

A pesar de que las telecomunicaciones son de primera importancia en la economía y el desarrollo social del País, y de la multitud de litigios que las caracterizan, Calderón ha sido omiso o lento en colmar la vacante que dejó hace cerca de un año Gabriela Hernández. Como si el asunto no fuera relevante, no hay titular de la Subsecretaría de Comunicaciones desde entonces. Ahora parece que será nombrado un responsable, pero la demora en hacerlo podría reproducirse en el caso de la Cofetel.

Del Villar vivió un periodo corto en ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue nombrado comisionado de la Cofetel en mayo de 2006 por el presidente Fox, pero no pudo asumir entonces su cargo porque tanto él como el abogado Gonzalo Martínez Pous, igualmente designado entonces, fueron objetados por el Senado. Frente a ese obstáculo, Fox nombró a dos comisionados más Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca.

Martínez Pous y Del Villar se inconformaron con la objeción senatorial por la vía del amparo, juicio que dos años después de iniciado fue resuelto en su favor. Los comisionados Ruiz Vega y González Abarca quedaron desplazados por mandamiento judicial y sus lugares ocupados por los quejosos triunfantes. Su llegada a la Cofetel fue mal recibida por el presidente del organismo, el ex senador Héctor Osuna, que había tenido la inverecundia de forzar su propio nombramiento en pago del empeño que como presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado hizo a favor de las reformas legales a las que por economía de esfuerzo se llamó Ley Televisa. Es que mientras litigaban su cargo en la Cofetel Del Villar y Martínez Pous fueron subsecretario y director jurídico de la SCT, cuando el secretario era Luis Téllez, el primero en admitir desde el Gobierno que los órganos reguladores habían sido cooptados por los sujetos regulados. De modo que por esa causa, y sobre todo por diferir respecto de los intereses a proteger, Osuna malquería a Téllez y viceversa, al punto de que quizá Osuna ordenó interferir el teléfono del Secretario y lograr con eso ponerlo en evidencia.

(Sin embargo, se acusó a la entonces recién despedida subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro de haberlo hecho y se le abrieron averiguaciones previas. Ha salido avante de procesos resultantes de acusaciones hechas directamente por la SCT, su antigua casa de trabajo, por la sencilla razón de que no sólo no mandó hacer las grabaciones sino que pretendió entregar una copia de ellas al propio Presidente de la República).

Esa animosidad entre Osuna y Téllez quedó clara cuando fueron conocidas expresiones digamos que ingratas del Secretario contra el presidente del órgano regulador, al hacerse pública la grabación de conversaciones telefónicas de Téllez con varios interlocutores, Ese desnudamiento se sumó a otra revelación que hacía poco había trascendido en el programa de Carmen Aristegui: cuando estaba a punto de ser nombrado por Calderón, y mientras descansaba en el Caribe con su familia y amigos, dejó conectado su teléfono a otro que sirvió de grabadora y recogió una entretenida conversación en que Téllez hablaba de los ex presidentes López Portillo y Salinas de Gortari. De este último, el ahora director de la Bolsa Mexicana de Valores dijo, literalmente, que se había robado media partida secreta. Todo eso reunido hizo que su posición fuera insostenible y Calderón lo despidió para dar lugar a Juan Molinar.

Quizá también por la misma razón, Osuna dejó su cargo el año pasado y fue nombrado en su lugar Mony de Swan, asesor estrella de Molinar. Ni el presidente Calderón ni el Secretario de Comunicaciones vacilaron en infringir la ley al designar a De Swan, que incumplía el principal requisito de ingreso al órgano de gobierno de la Cofetel: contar con reconocimiento por su trayectoria en materia de telecomunicaciones. Y aun lo pusieron a la cabeza de la Comisión apenas una semana después de su llegada.

Del Villar y De Swan divergieron en varios momentos, especialmente al acordarse la licitación 21. Del Villar votó en contra del dictamen que adjudicó un buen segmento del espectro radioeléctrico a Nextel (a causa de su original asociación con Televisa) con una minoría de votos. Por ese motivo, y pese al reconocimiento de su calidad como economista en materia de telecomunicaciones, no fue confirmado en su cargo como pudo hacerlo Calderón.

Al parecer, por la información que se desliza desde la casa presidencial, se busca sustituir a Del Villar con Alexis Milmo, coordinador de asesores de la oficina de la Presidencia. Apenas tiene unos meses en el cargo (pues reemplazó a Antonio Vivanco Casamadrid al ser éste designado director de la CFE) y ya se le estaría asignando un nuevo destino. Como es economista, del Itam y de Yale, acaso ignore que debe poseer calificaciones técnicas de las que carece.

Respuestas a la marcha.

El Gobierno ofreció en menos de veinticuatro horas, tres respuestas distintas a la Marcha Nacional por una Paz con Justicia y Dignidad. El domingo mismo, apenas concluida la enorme manifestación en el Zócalo, la Secretaría de Gobernación expresó respeto por los participantes, pero insistió en la prevalencia de la estrategia nacional de seguridad. Lo hizo en un boletín apresurado, que contenía mentiras, como la de asegurar que las fuerzas armadas no generan violencia y construyen, en cambio, instituciones locales capaces de garantizar la tranquilidad ciudadana. A la mañana siguiente, el propio presidente Felipe Calderón manifestó compartir algunos planteamientos de la Marcha e invitó a sus organizadores a un diálogo en que le expresaran sus razones y oyeran las del Gobierno.

En ninguna de esas respuestas se enfrentó, y ni se aludió siquiera a ella, la petición de Javier Sicilia de despedir al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. En la tercera contestación gubernamental a la magna movilización del domingo, el vocero Alejandro Poiré defendió explícitamente a García Luna, y le prodigó elogios. Con esa triple respuesta quedó claro el sentido de la demanda específica de Sicilia. De no haberla formulado, el Gobierno se habría quedado en el plano convencional, previsible, de admitir sin aceptar los móviles y los propósitos de la marcha. En cambio, con una exigencia que no podía ser eludida se forzaba al Gobierno a no pretender la ambigüedad. Inequívocamente, el Gobierno no envió a la sociedad reunida en la Plaza de la Constitución (y la que se manifestó también en el resto de la República y aun en el extranjero) un mensaje de insensibilidad.

García Luna se queda en su cargo. Y en esa función acudió a una reunión en Ciudad Juárez, el lunes mismo, no obstante que en ese punto se condensan buen número de las prácticas que hacen razonable la solicitud de que se le despida. El propio secretario y el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, tuvieron la oportunidad de encarar al presidente municipal juarense, Héctor Murguía, cuya guardia de seguridad ha perdido un elemento, asesinado por un agente de aquella corporación, y que la semana pasada, en un nuevo incidente, les espetó una verdad de a kilo: ¡Por eso la gente los repudia! En declaraciones a los medios, el comisionado Rosas se había sentido autorizado a reprender a Murguía, con la insolencia de un funcionario federal designado que no entiende su diferencia con un Alcalde cuyo mandato deriva del voto ciudadano.

Poiré habló de un García Luna y una Policía Federal diferentes de las que actúan en la realidad, cuya imagen es positiva sólo en los sectores de la información comprometidos con los esfuerzos de relaciones públicas del secretario. Según el vocero, “si alguien ha impulsado incansablemente la formación de una Policía civil, profesional, apegada a la ley, bien equipada y con las capacidades de inteligencia que garanticen la seguridad de la población, es el ingeniero”.

Durante diez años, efectivamente, García Luna ha dirigido los procesos de organización de dos corporaciones policíacas. Ni a cuál ir de la Agencia Federal de Investigación, construida y destruida por él, y la Policía Federal. La AFI, su feudo durante el sexenio anterior, prolongó las prácticas que dieron atroz fama a la Policía Judicial Federal (la perjudicial por antonomasia). Los gobiernos de Francia y México mantienen en curso un conflicto nacido de un proceso judicial infectado en su origen por la detención, probablemente arbitraria y seguramente realizada con fines mediáticos, publicitarios, por la AFI. Ya en este sexenio, después de intentar arrebatarla a la Procuraduría General de la República para integrarla en un solo cuerpo con la PF, y ante el fracaso de su proyecto, procedió a desmantelarla. Hoy está en ruinas, aunque su rostro institucional, la Policía Federal Ministerial responde más a García Luna (sus dos últimos jefes son parte de su grupo) que a quienes encabezan la PGR.

Poiré alega que la “PF ha logrado la detención de muchos criminales, responsables algunos de ellos de los delitos que más nos duelen”. El vocero debería hablarnos no sólo de las capturas, menos de las necesarias por muchas que sean, sino de la suerte judicial de esos detenidos. Porque valorar la acción policíaca sólo es posible a la luz de las sentencias que recaigan sobre los aprehendidos.

El control de confianza en esa magnífica Policía (vista de ese modo por Poiré) ha mostrado de muchas maneras su falibilidad. Un ex comisionado de la propia Policía está en la cárcel por pretender apoderarse del botín de una banda a cuyos jefes debía aprehender. Otro fue asesinado por miembros de la propia corporación y fue sepultado con honores no obstante la evidencia de que mantenía ligas con el narcotráfico. Están sometidos a proceso la comandante Lorena González y otros miembros de la PF ejemplar (según Poiré) porque en un falso retén secuestraron a Fernando Martí, que luego fue asesinado. Dada la cercanía de la imputada con Rosas y el propio García Luna, la PF fabricó sus propios culpables, en un procedimiento paralelo destinado a librar a la señora González de las graves responsabilidades que se le atribuyen.

Es verdad que la PF ha pasado de tener sólo 6,500 integrantes a más de treinta y seis mil. Pero su crecimiento, y su costo, dista de ser proporcional a su eficacia. Si es verdad que todos esos agentes están “debidamente capacitados y certificados” falta aplicar esas calificaciones en la vida real.

Genaro García Luna.

Al comenzar su discurso ante la multitud reunida en la Plaza de la Constitución al cabo de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia demandó al presidente Calderón el despido de Genaro García Luna como señal de que había escuchado el mensaje de los ciudadanos que quieren vivir tranquilos.

No sorprende que se exigiera la renuncia del secretario de Seguridad Pública. En una larga jornada pletórica de símbolos, la mención a García Luna tuvo esa calidad. Es el prototípico funcionario que por acción y omisión ha contribuido al deterioro de la convivencia social y a la disminución (desaparición plena en no pocas comarcas del País) de una vida segura; es decir, a que falle la estrategia nacional contra el crimen organizado.

García Luna no ha servido a la sociedad, antes al contrario la agrede. La colosal fuerza armada que se le ha permitido reclutar -treinta y cinco mil agentes-, la Policía Federal, es en la mayor parte de los lugares donde actúa, parte del problema y no de la solución. Y el propio secretario García Luna lejos de garantizar con su desempeño el alcance de metas necesarias para la nación, mantiene bajo amenaza a una periodista que ha reunido vasta información sobre su conducta y su patrimonio, difícilmente conciliable con sus ingresos como servidor público.

Apenas, el miércoles pasado Anabel Hernández, la periodista autora de los libros Los cómplices del Presidente y Los señores del narco -donde García Luna figura en forma prominente reiteró una denuncia que había hecho pública en diciembre pasado, en la presentación de Los señores… en la feria del libro de Guadalajara. Esta vez lo hizo en el patio del ex domicilio principal del Senado, durante un foro en que se habló de la impunidad como aliciente de la delincuencia en perjuicio de la libertad de expresión. Puesto que ha presentado quejas ante las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal, cuenta con resguardo ofrecido por el Gobierno capitalino, pues la CNDH incurrió en la ingenuidad de demandar medidas cautelares a la autoridad federal, que sólo podría aplicarlas desde la Secretaría de Seguridad Pública. Haber aceptado esa aberración hubiera significado poner a la periodista a merced de su enemigo -García Luna la considera una suerte de vocera del crimen organizado. Con el mismo tino y la misma diligencia que ha obtenido información sobre el dinero de García Luna y sus vinculaciones con delincuentes, Hernández ha logrado saber que el Secretario urde cómo dañarla e impedir que siga trabajando en torno de ese tema. Se ha llegado a ese extremo una vez que fallaron las insinuaciones de que la periodista eligiera un exilio dorado.

Expresiones recientes de la actuación de la Policía Federal ocurrieron también la semana pasada. Por un lado, un comando de esa corporación entró en conflicto con la guardia del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, en que éste tuvo que intervenir en un áspero diálogo con el jefe de los agentes federales, que desdeñaba la autoridad del edil. Ya antes, en enero, un suceso con los mismos protagonistas había tenido un grave desenlace: un miembro de la escolta de Murguía fue asesinado por un agente de la Policía Federal.

En Cuernavaca, esa corporación detuvo a varios presuntos responsables del asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más. No son tan sólidos los indicios que aportó esa Policía, que el Ministerio Público pudiera consignarlos ante un juez, para que se les procese. A lo más que llegó con los elementos aportados por la PF fue a solicitar el arraigo. Y lo hizo sin reparar que ya se han girado otras órdenes de aprehensión por el mismo delito contra otras personas. Por su parte, y a fin de asegurar su preponderancia en ese caso de trascendencia nacional e internacional, la Secretaría de Seguridad pública actuó como supervisora del Ejército y calificó de maniobra de contrainformación de la delincuencia el haber puesto en manos de militares a otro presunto responsable de aquel crimen colectivo, capturado a su vez por delincuentes. Es decir, el Ejército quedó en ridículo para privilegiar una versión que nadie garantiza corresponda con la verdad. Y todavía hay quien acusa de ingratitud a Sicilia al demandar la renuncia de García Luna, no obstante que su gente avanza en el esclarecimiento del crimen que más le importa ahora. No puede haber ingratitud donde no hay favores, y menos cuando puede tratarse de encubrir a los verdaderos autores del homicidio múltiple.

Los motivos para demandar la separación de García Luna de su cargo llenarían un volumen completo. Desde antes de ser miembro del gabinete de Calderón fue señalado por cometer o encubrir actos delictuosos. Como funcionario medio de la Policía Federal Preventiva fue objeto de un señalamiento formal por gastos indebidos, y al convertirse en director de la Agencia Federal de Investigación se multiplicaron los casos en que solapó a agentes bajo su mando metidos en problemas serios, como el asesinato de Enrique Salinas de Gortari.

Ya como Secretario de Seguridad Pública, rodeado de un círculo de antiguos compañeros, ha sido errático en la organización de las oficinas a su cargo. Una razón de ese descontrol es el amiguismo, que ha derivado en mal fario en la jefatura de la Policía Federal, pues sus comisionados han sido asesinados o están preso. También lo está el comandante Javier Herrera Valles, que cometió el grave delito de denunciar a García Luna ante su jefe Calderón y por eso se le procesa.

PRD: Las reglas del juego.

Es difícil que en el PRD haya otros precandidatos presidenciales que los obvios: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Siendo aspirantes con poder propio, influirán de manera determinante en la fijación de las reglas para la selección de candidato en el proceso que desemboca en el 2012.

Ambos aspirantes han repetido una y otra vez que no habrá choque de trenes, porque acordaron hace tiempo que a la hora en que el partido escoja se atendrán a una regla aceptada por los dos: quien esté “mejor colocado en las encuestas” será el candidato. Ignoro si suscribieron un pacto, si hay una constancia escrita del acuerdo aunque no aparezcan en ella sus firmas, o si se trata de un arreglo “entre caballeros”, en que se confía que cada parte haga honor a su palabra.

Es difícil determinar el significado de la expresión clave. ¿Qué quiere decir “el que esté mejor ubicado en las encuestas”? Puede tener tantos sentidos como elementos entran en la definición. Es preciso establecer quién realiza las encuestas. Varias firmas levantan periódicamente sondeos en torno de la sucesión presidencial. ¿Se acudirá a esos resultados, o se encargará a esas u otras empresas el levantamiento de una medición especial? Esos ejercicios suelen preguntar sobre preferencias y rechazos, lo que en demoscopía electoral se llaman voto positivo y negativo. ¿Cómo se armonizan esos últimos factores? ¿Se concede el mismo valor a uno y otro? Por otro lado: ¿a quién se aplican las encuestas?, ¿al público en general, a los miembros del PRD con credencial e inscripción en el padrón, a quienes se presenten como simpatizantes?

Al parecer nadie se ha ocupado de especificar esas características ni de ahondar en ellas. A lo mejor se trata sólo de una fórmula dilatoria, una promesa vaga de que no habrá distanciamiento y ruptura hasta llegar al momento en que sea preciso, para cumplir los plazos legales, tomar decisiones impostergables. La fórmula no ha impedido que se achaque a López Obrador la anticipada e inexorable decisión de ser candidato, aunque las encuestas no lo favorecieran.

Sorprendió por eso que Ebrard aprovechara el aniversario del PRD para dejar al margen ese presunto mecanismo ya acordado y proponer nuevas normas para la selección del candidato. De manera unilateral quiere que haya dos debates entre los aspirantes, en octubre, y al mes siguiente una consulta pública. Aquellos servirían, en su concepto, “para que la gente sepa qué propone cada cual, qué significa cada cual”. Por su lado, en la consulta se preguntaría “a la opinión pública quién debería ser el candidato (de la izquierda) a la Presidencia de la República”.

Como todo el mundo sabe, son distintas una encuesta (lo que presuntamente estaba acordado) y una consulta (lo que el Jefe del Gobierno del DF propone ahora). Tal vez el propuesto cambio de método indique el que se ha llegado al punto en que las precandidaturas puedan coexistir sin evidenciar sus diferencias, sus aspiraciones y sus intereses. Independientemente de la respuesta que López Obrador dé a la propuesta de Ebrard (que no se conoce a la hora de escribir estas líneas), la pugna entre seguidores de uno y otro, las sospechas que expresan recíprocamente, los aprestos que en cada trinchera se adoptan ya, señalan que se ha entrado en la contienda interna, que durará medio año y puede ser muy intensa, fragorosa.

Aunque Ebrard habló de la candidatura de la izquierda, el foro en que lo hizo y su propia posición en ese espacio político indican que requiere aprovechar la coyuntura para ser el candidato perredista. Como se evidenció en el lugar preponderante que ha tenido a últimas fechas en reuniones partidarias, y fue muy ostensible el jueves pasado, está actuando como el líder mayor del perredismo, mientras que su oponente ni siquiera hace presencia en sus celebraciones. Es, según él mismo se ha definido, un militante con licencia, y no se produjo con nitidez el hecho a que condicionó su retorno al seno del partido que presidió de 1996 a 1999. Nueva Izquierda, la corriente que más abiertamente le es adversa, no perdió del todo su papel hegemónico en la dirección del partido. Pero las corrientes que simpatizan con el ex jefe de gobierno recuperaron en parte ese control. Llegado el caso, esa victoria parcial le permitiría volver al PRD sin perder cara, y para estar formalmente en posibilidad de contender con Ebard, con las reglas que presuntamente pactaron, con las que propone Ebrard, con las que sugiera el propio López Obrador o con las que atinen a establecer los órganos del partido. El ex candidato presidencial no puede prescindir de ser lanzado por su partido, pues el apoyo incondicional del PT y Convergencia sería insuficiente en la contienda presidencial. Como a Ebrard no le bastaría el del PRD solo.

Por ahora lo previsible es que de aquí a que se resuelva quién sea el candidato perredista, el partido continuará su ruta de deterioro, salvo en el caso del Estado de México. En Nayarit y Coahuila la ruptura de la coalición con el PAN lo deja librado a sus propias, exiguas fuerzas. En el primero de esos estados vive una circunstancia peculiarísima de la que podría obtener ventajas salvo porque se afectan los intereses de los chuchos: una diputada federal perredista es la candidata del PAN, y lo que el PRD tendría que hacer es reconstruir en beneficio de ella la alianza que se había concertado para provecho de Guadalupe Acosta Naranjo, cuarto lugar en la jerarquía de Nueva Izquierda.