Eugenio Hernández

Eugenio Hernández, gobernador de Tamaulipas hasta el fin del año pasado, ha sido uno de los peores responsables del Poder Ejecutivo en esa entidad, lo que ya es decir. Y medido con sus contemporáneos, se contaría asimismo entre los peores gobernadores de la generación elegida en 2004. Y mire usted que en ella figuran Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera, Ismael Hernández, Jesús Aguilar Padilla y José Reyes Baeza. Y sin embargo, Eugenio Hernández ha sido gratificado por su partido. Será secretario técnico del Consejo Político Nacional.

Los ciudadanos comunes y corrientes encontramos difícil explicar esa grave contradicción. En vez de premiar a un gobernante que entrega malas cuentas, un partido auténticamente preocupado por el bienestar general debería no digo que iniciar un juicio político en su contra, algo que ni sus opositores hacen (por negligencia o por temor) sino al menos depositarlo en la sima del olvido. O si se quiere una metáfora menos solemne, imponerles la regla de que el que ya bailó, que se siente. Un partido que tomara a pecho sus principios, además, se apartaría de un gobernante que fue desleal, pues en la elección presidencial de 2006 dirigió su poder electoral a favorecer a un adversario y no a su propio candidato, según fue público y notorio. Y medible con estadísticas electorales.

Pero Hernández no se sentará ni será abominado como se hace con los traidores. Al contrario, será una figura eminente en el equipo de otro ex Gobernador -éste elegido en 2005- Humberto Moreira, que en materia de seguridad (la pública callejera, y la industrial en la región carbonífera) no tuvo nada bueno que dejar a sus gobernados. Así, una primera explicación, al nombramiento de Hernández, es la simpatía de su amigo Moreira, la similitud de sus situaciones, su identidad de intereses. Sería una explicación goethiana; es decir, relacionada con las afinidades electivas.

Una explicación apta para el momento en que se produce su incorporación al equipo de Moreira es su reconocida aptitud para la manipulación electoral, lo que permitió que Tamaulipas ganara el título de estado más priísta de la República. El galardón se lo otorgó Consulta Mitovsky al examinar la evolución del voto priísta, que en sexenios anteriores al de Hernández había caído hasta debajo del 50%. En 2006 la elección presidencial mostró un descenso todavía más pronunciado, pues Roberto Madrazo sólo obtuvo el 27.4% de los votos. Pero ese no fue fracaso de Hernández, sino un éxito, una demostración de su fuerza. Tuvo capacidad para dirigir el sufragio priísta hacia el PAN y por eso Felipe Calderón ganó ese estado. Hernández se había comprometido a obrar en tal dirección en acuerdos con Elba Ester Gordillo y con el secretario de Comunicaciones de Fox, Pedro Cerisola.

Pero en el manejo de sus propias elecciones, Hernández se mostró más priísta que cualquiera. De las 43 alcaldías en disputa en la elección de 2007, su partido ganó 34, y Acción Nacional sólo 8 (y una solitaria el PRD). Su dominio fue más patente en la elección legislativa. Aplastó a la oposición en los 19 distritos electorales locales, “carro completo” al modo antiguo. El PAN y el PRD tuvieron acceso a la Cámara de Diputados sólo por la vía de la representación proporcional: ocho y dos legisladores, respectivamente.

Se creería que las condiciones electorales cambiarían radicalmente en los años recientes, en la medida en que creció la delincuencia y fue haciéndose notoria la incapacidad de las autoridades de todo nivel para frenar a las bandas criminales que, enfrentadas entre sí o haciendo cada una de ellas sus afrentosos negocios por su lado, minaron la institucionalidad local. Pero no fue así. El PRI ganó la Gubernatura con un porcentaje de votos (61.58) aun mayor que el obtenido seis años atrás por Hernández mismo (58.9). Y eso que el candidato vencedor sólo pudo hacer campaña durante cuarenta y ocho horas, o menos.

En los antecedentes de ese hecho radica otra eventual explicación al nombramiento de Hernández. Tiene que ver con el derecho penal, no con el electoral. Hace casi once meses, el 28 de junio del año pasado fue muerto a balazos, a pesar del blindaje de su vehículo y la protección de su escolta, el candidato al Gobierno, Rodolfo Torre Cantú. Durante los seis meses en que todavía permaneció en el cargo, Hernández nada hizo porque se averiguara la causa y los causantes del crimen, que hoy sigue sin ser resuelto, no obstante que el Gobernador elegido en vez del finado es su propio hermano, Egidio Torre Cantú.

Si ni siquiera pudo mostrar interés y eficacia en un caso escandaloso (por el nivel político de la víctima) y cercano al partido oficial (basta recordar la indignación expresada entonces por la presidenta priísta Beatriz Paredes), menos hizo el ahora secretario técnico del consejo político nacional a favor de sus gobernados. 

Me pregunto si el arropamiento a Hernández por Moreira obedece a su eficacia para convertir a Tamaulipas en el infierno que hoy viven los habitantes de esa entidad, vivan en grandes ciudades o en pequeños villorios, o los pasajeros que transitan por sus caminos. El Ejército se ha hecho cargo de la seguridad pública. Y llegó para quedarse. Anteayer la legislatura local autorizó al Gobierno a ceder a la Defensa Nacional un predio de cuarenta hectáreas (primero de tres comprometidos), destinados a cuarteles. Ese es el modo en que el Gobierno federal enfrenta la vulnerabilidad institucional local, que es la herencia de Hernández.

Unidad en el PRD

Claro que las diferencias en el PRD no desaparecieron mágicamente el lunes por la tarde. Por supuesto que por ahora es sólo una imagen, cuando más un símbolo. Pero la presencia de Cuauhtémoc-Andrés Manuel López Obrador juntos, en convivencia cordial, puede significar no sólo el fortalecimiento de la campaña de Alejandro Encinas, que ejerció su capacidad de convocatoria para reunirlos, sino también el aligeramiento del espeso ambiente interno que padece el Partido de la Revolución Democrática. La presencia en el mismo acto de Marcelo Ebrard añade un factor positivo a la esperanza perredista de restaurar la unidad, o al menos de retornar a la tensa coexistencia de sus corrientes sin que necesariamente riñan entre sí.

 

Cárdenas se abstuvo de apoyar a López Obrador en la contienda presidencial de 2006 y, por añadidura, aceptó de Vicente Fox un nombramiento sin contenido al que precisamente renunció tras los comicios de julio de aquel año. Tal actitud del fundador del PRD los distanció y generó acritudes entre sus partidarios que, como suele ocurrir, son más hostiles entre sí que quienes los encabezan.

La brecha que se abrió entre los dos ex candidatos presidenciales perredistas los hizo olvidar las tareas que habían emprendido en común. Si bien López Obrador no contó entre los apoyadores de Cárdenas en 1988, poco después del fraude electoral se sumó al Frente Democrático Nacional y con su apoyo fue candidato a Gobernador en Tabasco, en noviembre de ese mismo año. Cárdenas lo apoyó entonces, como lo haría también en 1994, cuando López Obrador padeció su propio fraude orquestado por Roberto Madrazo en su beneficio, así como en las movilizaciones que protagonizó el que ya era líder del perredismo tabasqueño. 

A su vez, López Obrador fue un activista de Cárdenas en su segunda postulación. En actitud recíproca, a partir de un entendimiento profundo que va más allá de las conveniencias inmediatas, a que ambos son refractarios, Cárdenas estuvo con López Obrador en la contienda interna por la cual llegó a la presidencia del partido. Había concluido ya la etapa de los liderazgos naturales, en que no era necesaria una disputa por la dirección perredista, que habían ocupado, sin discrepancia alguna, Cárdenas mismo y Porfirio Muñoz Ledo. 

Como líder del partido, López Obrador lo dotó de eficacia suficiente para ganar en 1997 la mayor bancada legislativa con que hasta entonces había contado la izquierda (sólo superada en número por la que, a causa del efecto López Obrador se formó en las elecciones de 2006), y la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Exageraría quien dijera que López Obrador hizo a Cárdenas ganar una elección por primera vez desde la que en 1980 lo convirtió en Gobernador de Michoacán. Se combinaron felizmente la reputación de Cárdenas y la eficacia del partido encabezado por el tabasqueño. Se ofrecieron a su vez apoyo recíproco para la operación del 2000, en que Cárdenas aspiró por tercera vez a la Presidencia y López Obrador fue candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sus diferencias aparecieron y fueron ensanchándose ante la decisión de Cárdenas, prontamente declinada, de buscar una cuarta postulación presidencial. Era tal el peso que dentro del PRD había ganado López Obrador que Cárdenas mismo comprendió la inutilidad de contender en su contra en un proceso interno. Pero quedó sembrada una semilla de discordia que se concretó cuando Cárdenas apoyó a Jesús Ortega en la disputa interna contra Marcelo Ebrard (que era el candidato de López Obrador) por la candidatura al Gobierno capitalino. Y la zanja abierta entre ambos se amplió, como queda dicho, en la campaña presidencial de hace cinco años.

Pero Encinas tendió puentes por encima de esa brecha y Cárdenas y López Obrador los utilizaron. Cada uno en su momento había reconocido los méritos personales y políticos de Encinas y lo incorporaron a su gabinete. Cárdenas lo nombró Secretario del Medio Ambiente. Y López Obrador de Desarrollo Económico. Encinas no vaciló en aceptar una disminución formal de su rango cuando el tabasqueño lo designó Subsecretario de Gobierno, de donde después ascendió a secretario y quedó en situación de reemplazar a su jefe cuando éste fue desaforado. Como gobernante interino durante la crisis del segundo semestre de 2006, Encinas combinó con fortuna su adhesión a López Obrador y su apego a la legalidad en el ejercicio de sus responsabilidades. Dirá que eso es mentira quien recuerde el plantón de Reforma, que tanto enardeció los ánimos de importantes segmentos de la población. Pero Encinas no podía dispersar por la fuerza a quienes protestaban contra el fraude electoral, por ser contrario a sus convicciones y porque, ejerciendo la ley, resolvió el dilema tomando uno de sus extremos: respetó la libertad de reunión por encima de la de tránsito. Discutible la opción, acaso, pero netamente legal.

López Obrador impulsó la candidatura de Encinas en el Estado de México. Más de una vez la premura con la que su ex jefe toma decisiones o las da a conocer, lo puso en aprietos. Lo último que podría admitir, porque no corresponde con la realidad, es que carece de voluntad y es manejado por López Obrador. Cuando éste pidió licencia al PRD (que por lo visto ha dejado ya de tener vigencia) pretendió que Encinas, sobre la marcha, de modo inconsulto, lo siguiera. Pero Encinas se negó.

No queda duda de que el PRD acompañará unido a su candidato a Gobernador. Es preciso que aproveche para más este impulso unitario.

Pachuca no es basurero

Ante el imperativo cierre del Bordo Poniente, el principal basurero del DF, situado en un rincón de Nezahualcóyotl, el Gobierno capitalino anda en busca de un nuevo depósito para sus desechos. Y no ha hallado mejor destino que el municipio de La Reforma, conurbado (conurbadísimo, si cabe el superlativo) a Pachuca. A pesar de que reina todavía confusión al respecto, el Gobierno del Estado debería oponerse a que la capital hidalguense se convierta en tiradero del Distrito Federal. Y como, al contrario, el gobernador Francisco Olvera ha dicho que si el servicio se paga no hay porqué el municipio directamente involucrado no lo acepte, los pachuqueños y mineralenses deberían expresar su oposición a semejante despropósito.

Durante siglos, tierras hoy de Hidalgo han servido para recibir las aguas negras que expulsa la Ciudad de México. Durante décadas y décadas los cultivos del distrito de riego No 2 han sido alimentados desde las presas Endhó y Requena (no lejos de Tula de Allende), punto final del gran canal de desagüe (o los nombres modernos que hoy lo designan) que saca la suciedad producida por la digestión de la mayor concentración urbana del país. El líquido procedente de ese drenaje se utilizó sin ningún tratamiento durante muchos años, y con alguno imperfecto en etapas recientes, para regar los plantíos de alfalfa y de hortalizas cuyos productos consume el mercado local. Se ha pagado así el costo de una relación colonial entre la metrópoli y sus regiones subordinadas.

Pachuca en particular ha sido maltratada en sentido semejante, en su caso por la explotación minera. Desde la etapa colonial y hasta hace no muchos años, los desechos industriales resultantes del beneficio (así se llama el proceso de separación de los metales del mineral extraído de los túneles) se acumularon en los extremos de la capital hidalguense. Constituyeron, en los puntos de salida a la ciudad de México y hacia Tulancingo, lomeríos que fueron parte del paisaje. Tan era así, que ni el gobierno ni la sociedad reparó nunca en el daño ambiental que esos desperdicios significaban para la población Se trataba de tierra susceptible de convertirse en polvo con partículas metálicas minúsculas que a su vez circulaba en el aire respirado por los lugareños. El cianuro que daba una coloración gris a las pequeñas dunas es también un factor contaminante cuyos efectos no han sido investigados suficientemente. 

Con suprema irresponsabilidad, que corrió parejas con el afán mercantil de los dueños del futbol profesional pachuqueño, el estadio y sus instalaciones aledañas, donde juegan los Tuzos, se erigió sobre jales. Supongo que se realizaron las obras de reforzamiento necesarias, porque de lo contrario un mal día esa enorme construcción puede deslizarse por fallas en sus cimientos. Eso, al margen del daño que inhalar cianuro produzca a jugadores y espectadores.

Aunque en algún momento, hace medio siglo, aproximadamente, se intentó reexplotar los jales, pues su contenido tenía ya nuevos usos rentables, y había progresado la tecnología para procesarlos, hoy todavía no se resuelve qué hacer con esos montículos, cuyo allanamiento daría a la compañía minera Real del Monte y Pachuca los rendimientos que ya no obtiene de la explotación minera, agotada por ahora. Convertir las superficies libradas de los jales en fraccionamientos sería un enorme negocio inmobiliario si con irresponsabilidad semejante a la que autorizó a construir el estado Hidalgo se otorgaran permisos para habitarlos.

Y ahora viene la basura capitalina. Pachuca y el Mineral de la Reforma tienen ya problemas con la suya propia. El depósito del Huixmí, en las goteras de la capital hidalguense, ya dio de sí y se ha habilitado una tercera etapa que lo coloca en situación frágil. También se repletó el de La Reforma. Ha circulado la idea, sin concreción todavía, de constituir un gran basurero metropolitano, que recoja los desechos pachuqueños y de los municipios vecinos, incluido el de La Reforma, que es más que vecino. Uno pasa de un municipio a otro sin enterarse; ambos constituyen una unidad urbana que permite hablar del proyecto que el Gobierno del DF quiere poner en práctica como si su destino fuera Pachuca misma. 

En febrero el Ayuntamiento de La Reforma firmó un convenio con la empresa Tecnoazul, filial de la falsa cooperativa Cruz Azul (que en realidad es un negocio particular de la familia Álvarez) para la extracción de un combustible útil para la producción cementera a partir de la basura. Sería prudente esperar resultados de ese convenio, con el que ese gobierno municipal pretende resolver el problema de los desechos y al mismo tiempo ganar dinero, antes de embarcarse en la recepción de la inmensa masa que le llegará de la Ciudad de México. 

El Gobierno del DF enfrenta una necesidad a plazo perentorio. Hace bien, por consecuencia, en tratar de persuadir a los gobiernos de los municipios a los que remitirá su basura. Queda en manos de esos gobiernos actuar con responsabilidad frente a sus gobernados y no tomar decisiones que repercuten de modo inmediato en la vida cotidiana y pueden tener efectos trascendentes.Es verdad que el pragmatismo financiero que fuerza a la obtención de ingresos y ganancias se impone como un implacable modo de vivir y de gobernar. Pero ha de impedirse que la siempre lastimada sociedad hidalguense pague con su salud y su dignidad el negocio que hagan sus autoridades. El gobernador Olvera ve bien que los ayuntamientos ganen dinero de ese modo.

Constitución y derechos humanos

El viernes pareció disiparse el riesgo de que presiones del fundamentalismo católico impidieran la aprobación de la reforma constitucional en derechos humanos. Reunidos en Veracruz los presidentes de las legislaturas estatales, convocados por el diputado Eduardo Andrade, que encabeza la veracruzana, se estableció el consenso de impulsar el visto bueno de los congresos locales a esa reforma.

La Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad incluyó entre sus reclamos urgentes dicha aprobación, lo que suponía derrotar el cabildeo que en sentido contrario realizaban grupos ultramontanos que al no poder impedir la magna operación reformadora en el Congreso de la Unión, buscaron estorbar el curso que debe seguirse en los estados hasta conseguir el voto de “la mayoría” de las legislaturas locales. Hasta antes de la reunión del segundo foro de presidentes de las legislaturas de los estados, habían aprobado la reforma los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, México, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

Continúa ejerciéndose presión sobre las restantes legislaturas, especialmente las correspondientes a entidades gobernadas por Acción Nacional. A diferencia de la campaña que el año pasado reformó las constitucionales locales para consagrar en ellas el derecho a la vida, preámbulo a legislación penal muy restrictiva en materia de reproducción y opciones sexuales, en esta ocasión los legisladores priístas no se han sometido o aliado a los panistas, que llevaron la conducción de aquel proceso, notoriamente impulsado desde un motor central.

El conservadurismo católico se sintió especialmente ofendido porque en el artículo primero de la Constitución, reformado, se garantiza a las personas elegir, entre otros derechos, la preferencia sexual que les plazca. Cuando el texto se aprobó en el Senado, en marzo reciente, un grupo de legisladores panistas fracasó en su intento de suprimir tal derecho. Visitantes a la cámara que los apoyaban se manifestaron en contra de ese contenido de la reforma, alegando que con ello se alienta el libertinaje sexual y se induce a la práctica del aborto. Se ha pretendido después refinar ese argumento absurdo, alegando que con el conjunto de enmiendas el Estado mexicano pierde soberanía. Aluden a la obligación (que queda explícita en el texto constitucional y está vigente aun cuando no se la hubiera inscrito en la carta magna), de respetar los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales sobre la materia. Ciertamente, ese es uno de los aspectos medulares de la reforma, que ayudará a vencer la renuencia pueblerina a aplicar esa legislación internacional.

La búsqueda de un nuevo estatuto para los derechos humanos en la Constitución o, como se decía en la retórica priísta de antaño, de elevarlos “a rango constitucional” se inició hace mucho tiempo, desde que Santiago Creel era secretario de Gobernación y Francisco J. Paoli subsecretario de Desarrollo Político. Los grupos civiles que lo promovían tuvieron que recoger los restos de los anteproyectos elaborados entonces e insistir en sucesivas legislaturas su aprobación. Tan complicado fue el proceso que la Cámara de diputados se ocupó tres veces del tema, por desacuerdos con el Senado. Finalmente se impuso el consenso laboriosamente conseguido y la reforma fue enviada en marzo mismo a los congresos locales, donde no se han apresurado a considerarla.

Más claramente en la etapa del predominio priísta, pero aun ahora, las legislaturas locales no toman a pecho su papel en el proceso de reforma constitucional. Solía procederse mecánicamente a aprobarla pero con parsimonia que nadie reprochaba. Se llegó a extremos como el de cometer aprobaciones sólo en el papel, cuando las legislaturas estaban en receso. Para no tener que interrumpirlo materialmente, es decir para no reunir a los diputados, se emitía una convocatoria, se levantaba el acta de una sesión que no había ocurrido y listo, el trámite estaba concluido y enviado al Congreso federal para que allí se realizara el cómputo y se declarara reforma la Constitución.

Salvo un caso reciente, que adquiere nuevo interés por la nueva posición de su protagonista, no recuerdo ningún voto en contra de una reforma constitucional (por lo cual los cabilderos que suponemos ahora fallidos pretendían realizar una verdadera hazaña). Entre septiembre y octubre de 2007 se efectuó el recorrido de la reforma a la carta magna en materia electoral lograda poco antes El gobernador Humberto Moreira, actuando sin embozo como jefe de sus diputados, se adelantó a decir que la legislatura local no aprobaría la reforma y así ocurrió. Su posición fue inocua en términos prácticos, porque todas las demás legislaturas obraron en sentido contrario. Pero el desplante del Gobernador, aunque no quedaran claros sus móviles, sirvió para mostrar el férreo control político que ejercía en su entidad (y que lo ha llevado a imponer como su sucesor a su hermano Rubén) sino a mostrar su credo en materia electoral, relevante ahora que encabeza al PRI.

Alegó Moreira que la reforma ofendía a los estados por permitir a una autoridad electoral federal entrometerse en las elecciones estatales, que los gobernadores pretenden controlar directamente. El fondo de la reforma consistió, como se sabe, en modificar de raíz el régimen de la comunicación electoral, sacando la propaganda de los partidos del comercio en los medios electrónicos y en otorgar al IFE el manejo de los tiempos respectivos.

De la marcha al movimiento.

La Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad a que convocó el poeta Javier Sicilia, inmediatamente arropado por organizaciones y dirigentes civiles, es un hito en la historia mexicana. La inspiraron el dolor y la indignación, pero va camino de superar esas emociones para convertirse en un vasto y activo movimiento que dé cauce a la protesta expresada en Cuernavaca; primero, en el camino de esa ciudad a la de México, y en la Plaza de la Constitución. Este vasto espacio para la congregación ciudadana ha sido testigo de la reunión de muchedumbres que en diversos momentos de la historia decidieron no someterse al autoritarismo, y al contrario, avanzar en la búsqueda de libertad, justicia y democracia.

Lo ocurrido allí el domingo pasado, semejante a otras manifestaciones multitudinarias difiere de ellas porque se colocó la simiente para la movilización de la sociedad. Los participantes, fatigados por la caminata, doloridos por las causas que los condujeron a ella, sonrientes a pesar de ella porque se vieron en múltiples espejos y supieron que no están solos sino que comparten impulsos y avizoran metas comunes, no volvieron a su casa después de la intensa jornada dominical de nuevo a la rutina de la impotencia. Encontraron juntos que pueden ejercer un poder, y se disponen a utilizarlo para que México no siga siendo escenario de matanzas que generan desasosiego y terror.

Un medidor de la importancia de la marcha y el comienzo de la movilización es la reacción del Gobierno y de sus voceros. Estos últimos no pudieron descalificar la iniciativa de Sicilia por un pudor elemental, pues no se puede negar al padre de un muchacho asesinado que proteste airado por ese crimen y sintetice en su expresión el hartazgo, el “estamos hasta la madre” de una enorme porción de la sociedad mexicana. Pero después del éxito de la marcha y los atisbos de la movilización se dedicaron a demeritarlas. Utilizan para ello argumentos banales, como que la mofa de no se llenó el Zócalo, hasta señalamientos irresponsables y graves, calumniosos, de que la sonora crítica al Gobierno, y en particular al presidente Calderón surgieron del crimen organizado o por lo menos causaron en su seno regocijo. Se acusó a los organizadores de poblar artificialmente la marcha al dar cabida a grupos que persiguen fines propios y se montaron en la protesta generada por el dolor. Se ha dicho, en fin, que Sicilia ha sido rebasado, como si el acompañamiento que lo rodea le regateara un liderazgo que es indisputable. A él mismo se le achacó faltar a los consensos en su demanda de que renuncie el Secretario de Seguridad Pública, que no fue consultada con otros organizadores de la caminata y se convirtió en una cortina de humo.

Pienso que ocurrió lo contrario. Estoy seguro de que exigir el retiro de Genaro García Luna no fue la ocurrencia de un desinformado. El pedido buscó medir la reacción gubernamental en términos reales, más allá de la retórica, y cumplió su papel. A pesar de que el propio Presidente se abrió al diálogo, y seguramente lo habrá, hasta este momento el Gobierno elude sus responsabilidades y no ofrece respuesta alguna a las exigencias de los marchistas.

Sicilia no demandó la salida de cualquier funcionario. Se le reprocha no haber fijado su atención en los altos mandos militares, el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Francisco Saynes, secretarios de la Defensa y de la Marina, tan responsables, dicen los defensores de García Luna, como este mismo de la política de seguridad pública. Entiendo por qué Sicilia mencionó únicamente a dicho secretario: porque si bien los tres funcionarios mencionados yerran en el combate al crimen organizado que se les ordenó emprender, la conducta personal de García Luna lo hacen sujeto de una crítica que va más allá del análisis para lindar con la denuncia. No sólo debería abandonar su cargo, sino responder penalmente a innumerables señalamientos.

Al defender la actuación del Secretario de Seguridad Pública el Gobierno asumió con mayor claridad que nunca su plena identificación con ese funcionario, y disminuyó el valor de su aceptación al diálogo. No digo que éste carezca de importancia. Pero quienes acudan a él deberán tener presente que el Gobierno reprobó el examen de congruencia al que lo sometió el poeta que organizó la marcha.

La marcha se tornó movilización y ésta será movimiento, a partir del pacto nacional que firmarán el mayor número de organizaciones civiles el diez de junio en Ciudad Juárez, negro emblema de la violencia criminal y la inseguridad ciudadana. Con Sicilia presentaron y promueven las propuestas que son la médula del Pacto: el obispo de Saltillo, don Raúl Vera, único miembro del Episcopado que parece vivir en la realidad y reaccionar ante ella para modificarla y prestigiados activistas, como Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Rogelio Gómez Hermosillo, los padres Gonzalo Ituarte y Miguel Concha. Muchas otras personas, especialmente las que desde el primer momento rodearon en Cuernavaca al poeta, y las que desde la inmensa geografía del dolor nacional vinieron a sumarse a la marcha, serán sin duda promotores de la movilización, antes y después de la firma del pacto.

El documento respectivo consta de tres partes: Razones y urgencia; visión común con exigencias mínimas y compromisos; y (acciones) para iniciar el camino. La primera es un diagnóstico que parte y concluye de considerar que México vive una emergencia nacional, la segunda se integra con seis exigencias, a las que se ha llamado ejes, que no pueden ser entendidas a plenitud sin su vínculo con la primera y la tercera partes. Esta señala los primeros pasos y el calendario en que se producirán.

Las exigencias se emiten en primera persona de plural, y de modo reiterativo: exigimos verdad y justicia; exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; exigimos combatir la corrupción y la impunidad; exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; exigimos atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; y exigimos democracia participativa.

Para la satisfacción de estas exigencias los organizadores del movimiento proponen constituir, de inmediato, “espacios de reflexión y acción colectiva nacional”, donde no sólo se discutan las propuestas del pacto sino se vislumbren otras nacidas del contacto con realidades vastas y diferentes. Con miras a la firma del pacto en Ciudad Juárez, se integrarán comisiones de verificación y sanción para cada uno de los seis ejes. Por ejemplo, en el último de ellos la comisión respectiva dará cuenta de cómo responde la Cámara de Diputados al emplazamiento de que “a más tardar en dos meses”, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado, que establece la consulta popular, la iniciativa legislativa (sic, por ciudadana), las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes”.

Luego del 10 de junio vendrá el diálogo con el Gobierno. Éste ya lo había practicado con “la sociedad civil” en sus Diálogos por la Seguridad. Pero nunca llamó a ellos a las organizaciones de derechos humanos que constituyen la médula del nuevo movimiento, sin invitados cómodos se requerirán en el Gobierno disposiciones de ánimo que no se conocen y no se han practicado.

El presidente Calderón, si como es debido participará en el diálogo público demandado por el movimiento por la paz, deberá atemperar sus tensiones. Durante su visita a Nueva York, cuando un dirigente de migrantes auguró que la guerra contra la delincuencia organizada no será ganada por nadie, Calderón se encrespó porque el diagnóstico no concuerda con el suyo.

Al volver, incurrió en desmesura e inexactitudes al compararse con Winston Churchill. Éste asumió la jefatura del Gobierno británico en mayo de 1940, nueve meses después de iniciada la guerra, de modo que tuvo que encabezar una lucha en términos que no obedecían a su concepción del enfrentamiento con Hitler, enemigo algo superior a ‘El Chapo’ Guzmán. Ufano sin causa aparente, ante un público cautivo (los delegados de su Gobierno) Calderón se ve victorioso en la lucha contra el crimen como Churchill triunfó contra el nazismo. La comparación puede implicar un augurio desastroso: después de la victoria, en 1945, Churchill y su partido fueron derrotados en las urnas.

Valiente, amenazada, asilada.

Marisol Valles García vive en algún lugar de Texas, probablemente cerca de El Paso, en espera de que un juez de Migración decida si otorga el asilo que ha demandado, temerosa de que se cumplan amenazas contra su propia vida o la de su familia.

El caso de Marisol Valles García es único y, paradójicamente, uno de los muchos que están pendientes de resolución en Estados Unidos. Miles de personas han cruzado la frontera, desde Ciudad Juárez, en espera de que se les autorice radicar de aquel lado, porque la vida se les ha tornado imposible. De esa oleada de nuevos migrantes, no pocos quieren que se les conceda asilo, porque no están motivados por el vago temor que todos padecemos por la inseguridad que hierve en torno nuestro, sino por un miedo específico. En este grupo de personas hay periodistas y activistas que han recibido amenazas debido a su labor. Y no quieren permanecer impávidas en espera de que los amagos se conviertan en agresiones.

Pero la situación de Marisol es peculiar. Fue secretaria de Seguridad Pública en un municipio cercano a Ciudad Juárez, en cuyo ejercicio duró poco más de cuatro meses. Fue un lapso suficiente para que se percatara de la naturaleza de su cargo y de los riesgos que envolvía. No los ignoraba, propiamente, pero una cosa es saber de ellos y otra vivirlos directamente.

A diferencia de su enorme vecino, el municipio de Juárez, el más densamente poblado de Chihuahua (347 personas por kilómetro cuadrado), en el que lleva el nombre del revolucionario magonista Praxedis G. Guerrero vive poca gente. Poco más de diez mil personas en un territorio de 800 kilómetros cuadrados da una densidad de apenas 12.9 personas por kilómetro cuadrado, conforme al censo de 2010, Acaso por esa circunstancia, su escasa población, y por su proximidad a Estados Unidos (colinda con condados texanos al norte y al oriente) se ha convertido en territorio de enfrentamiento entre bandas. La violencia es tal que los jefes policiacos no duran mucho en su encargo. A los más de ellos en la década reciente los han matado. A Jesús Manuel Holguín lo degollaron en 2008 y mostraron en público su cabeza.

Por eso nadie quería encabezar la Policía en el Municipio hasta que aceptó hacerlo Marisol Valles García. Nacida en Juárez en 1969, estudiante de criminología, empezó sus labores el 20 de octubre del año pasado. Todo el mundo se hizo lenguas de su valentía, cualidad que en efecto la caracteriza. El semanario Newsweek la incluyó en alguna de sus ediciones de fin de año entre las 150 mujeres que han sacudido al mundo. Con la jefa policiaca norteña figuraron dos mexicanas más, Lydia Cacho y Salma Hayek.

Entusiasmada con su nueva responsabilidad, y sensible al apoyo que sentía tener fuera de su municipio, la Secretaria de Seguridad Pública hizo planes y comenzó a ponerlos en práctica: engrosó con mujeres las escuálidas filas de la corporación a su cargo, compuesta de sólo 19 elementos y resolvió no enfrentar el narcomenudeo, función propia de la Policía estatal y de la Federal o el Ejército, cuyos elementos fugazmente aparecían por la remota cabecera municipal.

Pese a tal decisión, fue amenazada una y otra vez, hasta que se convenció de que no eran sólo palabras. Al comienzo de marzo de este año, poco después de cumplir cuatro meses en el cargo, decidió retirarse. Pidió permiso al Ayuntamiento para ausentarse unos días, con el fin de procurar cuidados médicos a su hijo, que apenas tiene un año. Debía volver el lunes siete de marzo a las ocho de la mañana. Cuando una hora después no se presentaba aún, el alcalde José Luis Guerrero de la Peña ordenó “darla de baja” como se procede contra un oficial administrativo. Con su torpe criterio burocrático, el Presidente municipal dejó en estado de indefensión a su Secretaria de Seguridad, de la que había recibido noticia de sus amagos. Tal vez el Alcalde resolvió cortar la relación con la valiente mujer para que las amenazas no lo alcanzaran a él también.

Aunque poco después se tuvo vaga noticia del paradero de Marisol, sólo ahora ha hecho una presentación pública. El atareado delegado de la Comisión estatal de derechos humanos en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa, estaba al tanto de los trámites para conseguir asilo, y para ofrecerle apoyo moral, necesario en este trance.

Una estación local de televisión de El Paso, afiliada a la cadena ABC News, la entrevistó el miércoles. Marisol se franqueó con el reportero. Le confesó su miedo, el de antes y el de ahora, pues por la noche, mientras era la jefa de la Policía Municipal en su insomnio se preguntaba cuándo vendrían por ella. La tensión se hizo insoportable cuando las amenazas incluyeron a su familia, y a su bebé. Entonces resolvió irse.

“La verdad es que nunca esperé que las cosas se pusieran tan feas, quizá fui demasiado ingenua”, dijo a su entrevistador. Ahora sabe que no debió confiar en el imperio de la ley. No en Ciudad Juárez y su gran entorno, al que pertenece el municipio que hoy carece de jefatura policiaca, pues no se ha encontrado una nueva Marisol que acepte el cargo. Quizá el próximo diez de junio, cuando los organizadores de la Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad se reúnan en aquella ciudad mártir, Marisol acepte ofrecer su testimonio, que representaría el de ese gran sector de damnificados por la violencia, los que han tenido que abandonar un País que no les garantiza seguridad.

Vacante en cofetel.

En línea con una abulia que lo ha caracterizado y llega a extremos riesgosos, como los empates en la Suprema Corte, el presidente Calderón ha dejado un puesto vacante en el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. El lunes concluyó el periodo para el que fue nombrado Rafael del Villar, y el Ejecutivo se fue de viaje sin designar a quien lo reemplace. Es probable que lo haga en las próximas horas. Pero también es posible que, con buena o mala fe (como él dice de sus críticos) mantenga vacante el sillón para que, en caso de que las votaciones se dividan el presidente Mony de Swan ejerza su voto de calidad.

A pesar de que las telecomunicaciones son de primera importancia en la economía y el desarrollo social del País, y de la multitud de litigios que las caracterizan, Calderón ha sido omiso o lento en colmar la vacante que dejó hace cerca de un año Gabriela Hernández. Como si el asunto no fuera relevante, no hay titular de la Subsecretaría de Comunicaciones desde entonces. Ahora parece que será nombrado un responsable, pero la demora en hacerlo podría reproducirse en el caso de la Cofetel.

Del Villar vivió un periodo corto en ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fue nombrado comisionado de la Cofetel en mayo de 2006 por el presidente Fox, pero no pudo asumir entonces su cargo porque tanto él como el abogado Gonzalo Martínez Pous, igualmente designado entonces, fueron objetados por el Senado. Frente a ese obstáculo, Fox nombró a dos comisionados más Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca.

Martínez Pous y Del Villar se inconformaron con la objeción senatorial por la vía del amparo, juicio que dos años después de iniciado fue resuelto en su favor. Los comisionados Ruiz Vega y González Abarca quedaron desplazados por mandamiento judicial y sus lugares ocupados por los quejosos triunfantes. Su llegada a la Cofetel fue mal recibida por el presidente del organismo, el ex senador Héctor Osuna, que había tenido la inverecundia de forzar su propio nombramiento en pago del empeño que como presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado hizo a favor de las reformas legales a las que por economía de esfuerzo se llamó Ley Televisa. Es que mientras litigaban su cargo en la Cofetel Del Villar y Martínez Pous fueron subsecretario y director jurídico de la SCT, cuando el secretario era Luis Téllez, el primero en admitir desde el Gobierno que los órganos reguladores habían sido cooptados por los sujetos regulados. De modo que por esa causa, y sobre todo por diferir respecto de los intereses a proteger, Osuna malquería a Téllez y viceversa, al punto de que quizá Osuna ordenó interferir el teléfono del Secretario y lograr con eso ponerlo en evidencia.

(Sin embargo, se acusó a la entonces recién despedida subsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro de haberlo hecho y se le abrieron averiguaciones previas. Ha salido avante de procesos resultantes de acusaciones hechas directamente por la SCT, su antigua casa de trabajo, por la sencilla razón de que no sólo no mandó hacer las grabaciones sino que pretendió entregar una copia de ellas al propio Presidente de la República).

Esa animosidad entre Osuna y Téllez quedó clara cuando fueron conocidas expresiones digamos que ingratas del Secretario contra el presidente del órgano regulador, al hacerse pública la grabación de conversaciones telefónicas de Téllez con varios interlocutores, Ese desnudamiento se sumó a otra revelación que hacía poco había trascendido en el programa de Carmen Aristegui: cuando estaba a punto de ser nombrado por Calderón, y mientras descansaba en el Caribe con su familia y amigos, dejó conectado su teléfono a otro que sirvió de grabadora y recogió una entretenida conversación en que Téllez hablaba de los ex presidentes López Portillo y Salinas de Gortari. De este último, el ahora director de la Bolsa Mexicana de Valores dijo, literalmente, que se había robado media partida secreta. Todo eso reunido hizo que su posición fuera insostenible y Calderón lo despidió para dar lugar a Juan Molinar.

Quizá también por la misma razón, Osuna dejó su cargo el año pasado y fue nombrado en su lugar Mony de Swan, asesor estrella de Molinar. Ni el presidente Calderón ni el Secretario de Comunicaciones vacilaron en infringir la ley al designar a De Swan, que incumplía el principal requisito de ingreso al órgano de gobierno de la Cofetel: contar con reconocimiento por su trayectoria en materia de telecomunicaciones. Y aun lo pusieron a la cabeza de la Comisión apenas una semana después de su llegada.

Del Villar y De Swan divergieron en varios momentos, especialmente al acordarse la licitación 21. Del Villar votó en contra del dictamen que adjudicó un buen segmento del espectro radioeléctrico a Nextel (a causa de su original asociación con Televisa) con una minoría de votos. Por ese motivo, y pese al reconocimiento de su calidad como economista en materia de telecomunicaciones, no fue confirmado en su cargo como pudo hacerlo Calderón.

Al parecer, por la información que se desliza desde la casa presidencial, se busca sustituir a Del Villar con Alexis Milmo, coordinador de asesores de la oficina de la Presidencia. Apenas tiene unos meses en el cargo (pues reemplazó a Antonio Vivanco Casamadrid al ser éste designado director de la CFE) y ya se le estaría asignando un nuevo destino. Como es economista, del Itam y de Yale, acaso ignore que debe poseer calificaciones técnicas de las que carece.