Consultar, no golpear.

Cada vez con mayor frecuencia los gobiernos municipales encaran la oposición de sectores de la población a obras que las autoridades juzgan indispensables. Hasta hace no mucho tiempo el autoritarismo imperante permitía la adopción de decisiones unilaterales que la sociedad no tenía más que acatar. Eso no es posible en épocas en que la participación ciudadana se abre paso aunque sea en ámbitos restringidos y respecto de situaciones específicas. Ciertamente es difícil satisfacer a todos los ciudadanos, pues lo que para una porción de la sociedad puede ser una obra necesaria, otra la impugna por considerarla innecesaria o perjudicial.

No se trata de un problema insoluble. El mejor modo de emprender un proyecto de obra público es sometiéndolo a consulta en que participen las personas o grupos directamente afectados y el público en general. Es preciso, además, que los gobiernos municipales expliquen los fundamentos técnicos y financieros de sus proyectos, y los contrasten con el punto de vista enterado de los especialistas respectivos. No proceder de esa manera tensa la relación entre gobernantes y gobernados y lastra la generación de condiciones adecuadas para la convivencia.

En la ciudad de México se han planteado varios conflictos de esta índole. El más notorio de todos es la Supervía poniente, un proyecto severamente cuestionado social, técnica y financieramente, que se ha complicado por la renuencia de las autoridades a cumplir las formalidades de ley y, posteriormente, a aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente, la obra está suspendida en los tramos en que deben respetarse normas federales que no fueron atendidas de manera pertinente por la empresa que al obtener la ventajosa concesión ha reemplazado al gobierno capitalino, al mismo tiempo que cuenta con él. Un aspecto adyacente en este conflicto ha sido la eventual represión de manifestantes a manos de la fuerza pública.

Mucho peor es la situación que hace ya semana y media priva en Mérida a causa de la oposición de grupos ciudadanos a un paso a desnivel subterráneo en un punto de confluencia de tránsito rodado que genera estrangulamientos, característicos de las ciudades que rinden culto al automóvil. El gobierno priísta de la capital yucateca emprendió esa obra, tenida como innecesaria por sus objetores, sin someter su proyecto a la atención y consulta públicas.

El 4 de julio varios centenares de personas opuestas a la realización de tal obra estorbaron el movimiento de la maquinaria pesada que allí se emplea. Es una conocida y muy difundida práctica de resistencia civil ante la cerrazón de una autoridad.

La manifestación ciudadana fue súbitamente agredida por golpeadores que acudieron al lugar mediante una convocatoria expresa cuyo origen no se ha establecido pero que muy probablemente se halla en el gobierno municipal. Por lo pronto, uno de los dirigentes del grupo agresor, empleado del rastro meridano, fue despedido de su trabajo para facilitar, según se dijo, la averiguación sobre los hechos. Es la primera admisión de que el ataque, en el que resultaron muchas personas lesionadas, algunas de ellas de consideración, no fue espontáneo sino que obedeció a intereses identificables.

Por añadidura, la policía estatal se abstuvo de impedir la agresión contra los manifestantes.

La gobernadora Ivonne Ortega ha explicado que a su juicio era más conveniente la omisión policiaca, pues de lo contrario se hubieran desprendido daños superiores a los que se produjeron. Pero la explicación no satisface a los agredidos ni a una gran parte de la sociedad meridana.

El hecho en sí mismo, y la contumacia del ayuntamiento encabezado por la arquitecta Angélica Araujo, que persiste en construir el paso deprimido se han sumado a las tensiones que surcan a Yucatán y a su capital. Desde que el PRI recuperó el gobierno estatal que Acción Nacional ejerció durante seis años, y sobre todo a partir de que la administración municipal volvió a manos priístas después de varios trienios, se vive un clima de desazón que no se concentra sólo en los partidos involucrados, sino que se extienda al resto de la sociedad.

El ataque del cuatro de julio es visto y examinado desde miradores que lo caracterizan de modos radicalmente opuestos. Los gobiernos estatal y municipal, y los grupos sociales que los acompañan insisten en responsabilizar de los hechos al PAN y a agrupaciones cercanas a ese partido, mientras que del otro lado se aduce que el autoritarismo que la entidad y la capital han padecido por décadas es la causa del actual estado de ánimo.

Las organizaciones empresariales se han manifestado en contra de la obra y, por consecuencia y con mayor énfasis, indignadas por la represión practicada por grupos de golpeadores.

No se trató de un acto de autoridad en que se apela al uso legítimo de la fuerza pública, sino que fueron organizados y dejados sueltos grupos de golpeadores. Es grave la agresión en sí misma, pero quizá lo es más la decisión que revela haber acudido a halcones que pueden aparecer en cualquier otro momento, con grave quebranto de la democracia y la legalidad.

En el Distrito Federal el gobierno agranda o simula apoyos civiles a favor de sus decisiones.

En Mérida se llega al extremo de practicar la violencia en apariencia espontánea pero claramente originada en fuentes gubernamentales. Ese es un modo típico de actuación fascista. Es preciso salir al paso de esa fractura del orden legal.

Disfunción pública.

Hace medio siglo, cuando el Senado de la República era una casa de reposo de políticos en retiro, Vicente Lombardo Toledano se preguntaba qué hacer con esa cámara: ¿la cerramos, la vendemos, la rifamos? Una interrogación semejante cabría hacer respecto de la Secretaría de la Función pública (SFP), con el agravante de que cuando se pretendió poner fin a sus días, los legisladores rehusaron hacerlo. Y allí está, viendo pasar el tiempo. Sólo eso.

El miércoles pasado la Comisión permanente del Congreso de la Unión demandó de la PGR y de la SFP lo que ahora vemos como misión imposible en relación con las cuentas del ISSSTE, el órgano de pensiones y seguridad social del extenso personal burocrático federal.

El Poder Legislativo pidió a esas dependencias del Ejecutivo que “instrumenten de inmediato las acciones necesarias a fin de salvaguardar los recursos públicos que fueron destinados a dicho organismo descentralizado y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar y sancionar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar”.

Se ignora si la SFP acusó recibo del pedido del Congreso, que generalmente son inocuos (llamadas a misa, se les considera, porque las atiende quien quiere) y si respondió, no sabemos en qué términos. Pero ayer, como de paso, el titular de esa secretaría, Salvador Vega Casillas, arrojó un balde de agua fría sobre las pretensiones de información de los legisladores. Dijo que no practica auditorías y análisis a pedido, y menos aun sobre la gestión de nadie en particular.

Mañana sabremos si lo mismo respondió a la Permanente.

El resultado neto es que Miguel Ángel Yunes y Jesús Villalobos, a quienes Elba Ester Gordillo tiene en la mira por presuntos malos manejos en esa institución, pueden ya respirar tranquilos si es que el resuello se les había alterado. Nadie indagará entre los pliegues de la administración y las finanzas del ISSSTE, y por lo tanto a nadie se fincarán responsabilidades.

La SFP suele generar así el punto anticlimático de situaciones que escandalizan a la opinión pública. Ese ha sido el triste destino de sus tareas.

Si bien desde el Virreinato la Corona instauró un mecanismo de visitas a los administradores locales para medir su probidad, la tendencia patrimonialista de los gobernantes mexicanos no ha podido ser jamás contenida.

En los primeros tiempos de “la revolución hecha gobierno” se creó una Contraloría General de la República, de corta vida, y luego la peregrina misión de que desde el Ejecutivo se vigile al Ejecutivo fue arrinconada en covachas de segundo orden.

No iba mejor a la función fiscalizadora confiada por la Constitución al Congreso. Intentaba ejercerla desde la modesta Contaduría Mayor de Hacienda que no era, como su nombre daba a entender, una oficina del ministerio de finanzas.

Durante décadas se llegó al colmo de que el contador formalmente dependiente del legislativo era en los hechos una persona que gozaba de la confianza presidencial.

Como expresión burocrática de su proclama sobre la renovación moral de la sociedad, Miguel de la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría general de la Federación. Llamada después secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy es la inocua SFP, que incumple sistemáticamente sus funciones.

Después de la alternancia, el presidente Fox designó titular a una importante figura dentro de su partido, Francisco Barrio, que contaba con prestancia política propia. Pero lo reemplazó quien había estado siempre a su vera, Eduardo Romero, que sin proyección propia contaba al menos con el empaque jurídico que debería servir en su tarea. A su turno, Calderón nombró a su amigo y paisano Germán Martínez quien se retiró sin dejar huella a administrar el PAN. Legó el cargo a otro michoacano, carente como él de experiencia administrativa y ayuno por lo tanto de las capacidades para fiscalizar el desempeño público de las dependencias del Ejecutivo.

Vega Casillas está contagiado de la negligencia de su jefe y paisano Felipe Calderón. Así como él demora en publicar decretos sobre reformas cuya aprobación urgió al legislativo, o deja sin titular la subsecretaría comunicaciones de la SCT durante más de un año, así también Vega Casillas es tardo en la designación de sus colaboradores en puestos clave.

El 30 de mayo pasado, por ejemplo el diputado verde Pablo Escudero denunció una situación que no generó escándalo ni preocupación pese a su trascendencia.

En 30 dependencias gubernamentales, incluidas cuatro secretarías de estado, no hay contralor interno o, para decirlo con la formalidad del caso, titular del órgano interno de fiscalización. Se trata de las delegaciones de la SFP en las oficinas dependientes del Ejecutivo.

Falta ese funcionario, y por lo tanto es de suponerse disminuidas de calidad y autoridad las acciones de vigilancia en las secretarías de Hacienda, de Salud, de Gobernación y de Economía.

Y no los hay tampoco en organismos de tal relevancia como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración y Enajenación (el colosal depósito de los bienes que llegan al Ejecutivo por aseguramientos o decomisos) la Financiera Rural, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Si de suyo la fiscalización practicada desde dentro padece ineficacia porque el controlado y el contralor tienen el mismo jefe, la gravedad de ese defecto se abulta por abulias como la de Vega Casillas.

Así, nadie sacará en claro lo que pasa en el ISSSTE.

Expresión política nacional.

Enrique Peña Nieto es la Expresión Política Nacional. Las iniciales del nombre propio y las del movimiento que impulsará sus pretensiones son las mismas. Se ha entablado así, ya de plano, la contienda dentro del PRI. Mientras Manlio Fabio Beltrones propone aprobar primero el programa del partido y luego escoger el nombre, el peñismo obró en sentido contrario: primero el nombre y después el programa. El gobernador mexiquense está abiertamente en pos de la candidatura presidencial.

Lo ha estado, en realidad desde septiembre de 2005 cuando el sobrino de su tío lo reemplazó en la casa de gobierno de Toluca. No se ha recatado para convertir cada aparición suya, que menudean, como gobernador del estado, en un acto de promoción personal. Pero, entre socarrón y prudente, no ha admitido de modo expreso su aspiración. Sin duda trataba de evitar que se le endilgara la acusación de realizar actos anticipados de campaña. Tras su triunfo del tres de julio la arrogancia lo ha ganado. Ahora parece no importarle ese riesgo. En todo momento había remitido su definición, una definición obvia, al primer día en que deje de ser el gobernador. Entonces anunciará su decisión, había dicho. En realidad lo hizo el jueves pasado

Ese día reunió a sus partidarios más cercanos. No acudieron todos los que son (faltó, por ejemplo, Humberto Moreira) pero sí son todos los que estaban. Al desayuno en que se dio noticia sobre el movimiento que encabeza ya desde ahora el gobernador nada le faltó para ser una explícita fiesta de lanzamiento.

Si bien entre los concurrentes había jóvenes, políticos nuevos, imperaba la presencia del viejo PRI. Participación notoria tenían los emisarios del pasado, madracistas descobijados desde la derrota de 2006. Uno de ellos es el senador Carlos Jiménez Macías, al que también cabe identificar con la delegación oaxaqueña, cuya orfandad es más reciente, Allí estaban los íntimos de Ulises Ruiz, que con esa aportación busca revalidarse: el senador Adolfo Toledo, los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Héctor Pablo Ramírez Puga.

Quien formuló la lista de invitados pareció obrar guiado por una mentalidad escenográfica, El elenco era una suerte de mosaico representativo de la clase de PRI a que aspira a convocar Peña Nieto, políticos cortados por la misma tijera: Chon Orihuela, Manuel Añorve, que tras su victoria como alcalde de Acapulco no alza cabeza, ni frente a Gloria Guevara, la secretaria federal panista de Turismo. Había también quienes asistieron para favorecer su propia causa, sean peñistas o no. Un ejemplo vivo de esa actitud lo es el senador guanajuatense Juan Francisco Arroyo Vieyra, aspirante a la candidatura tricolor para el gobierno de Guanajuato.

Aunque estaba presente Luis Videgaray, el muy joven y fallido precandidato al gobierno, que formalmente encabezó una campaña como la que hubiera buscado para sí propio. Aunque estaban presentes los diestros operadores hidalguenses, en cuya acción descansa la eficacia del gobernador. Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio, hizo las veces de discreto anfitrión, o por lo menos de organizador, de “gente de casa” un diputado local que es la quintaesencia del priísmo mexiquense, ese del que los políticos locales no pueden ni quieren apartarse. Se trata de Jesús Alcántara, el segundo de ese nombre en la historia reciente del partido invencible en el Estado de México. Su nombre completo es Jesús Sergio Alcántara Núñez. Su biografía escueta lo presentaría como un hábil ganador de posiciones de elección popular. Fue alcalde de Acambay, diputado local dos veces por el distrito respectivo y módico diputado federal en la LX legislatura, la anterior a la presente.

Pero es parte de una familia poderosa e influyente. Su abuelo y tocayo, que calcó en menor escala el trayecto de Carlos Hank González, de quien era muy cercano, y probablemente socio, fue Jesús Alcántara Miranda. Como lo sería su nieto, ya rico fue presidente municipal de Acambay, en 1958, el mismo año en que el profesor lo era de Toluca. Construyó su bonanza en el transporte público, en las inmediaciones de su localidad y luego en el centro del país. Presidió el consejo de administración de Autotransportes Flecha Roja al mismo tiempo en que era diputado federal (dos veces: en 1979 y en 1985). Coronó su carrera política en el Senado, en el sexenio salinista.

Ya para entonces su hijo mayor, Roberto Alcántara Rojas iba haciéndose cargo de los negocios, con sus hermanos José Luis y Arturo. En esa época el patrimonio familiar visible se integraba ya con nuevas líneas de autobuses, beneficiarias del programa de modernización emprendido por Salinas, que trocó los vehículos vetustos de la abajeña Flecha Amarilla en las unidades comodísimas de Primera Plus, ETN y otras por el estilo. También ingresó a la transportación turística y hasta a la aérea, con Viva Aerobús.

El único traspié de un hombre próspero como Roberto Alcántara fue prontamente remediado con dinero público. Adquirió en 1992, en el bazar bancario abierto por Salinas, el Banco de Crédico y Servicios, Brancreser. Era utilizado, como otros varios, para financiar los negocios propios, a través de créditos quirografarios y préstamos cruzados. Cuando reventó esa situación generalizada en el nuevo sistema bancario recién privatizada, allí estaba el presidente Zedillo para sufragar los costos del fracaso. El Bancrecer en ruinas fue vendido por el Instituto de protección al ahorro bancario, que reemplazo al Fobaproa.

Por eso, primero el hombre.

El ISSSTE como botín.

A los protagonistas del escándalo en torno al ISSSTE le pasa lo que al soldado andaluz Fermín Trigueros, que según una coplilla popular española tenía tal fama de embustero que cuando fue decretada su muerte, y ya colocado en la fosa, saludó a los sepultureros que de todas maneras lo enterraron imaginando que también mentía al afirmar que estaba vivo. Y es que el descrédito de los mendaces consuetudinarios es tal, concluía el verso callejero, que afirmarán “que hay Dios y les dirán que mienten”.

 

Pero sólo a manera de hipótesis, demos por cierto que Elba Esther Gordillo pidió a Miguel Ángel Yunes, en enero o febrero de 2007 -él ha mencionado las dos fechas- en un hotel de San Diego, al que acudió devoto, una cuota de veinte millones de pesos cada mes. De la boca de Yunes sabemos que se negó a hacerlo. No sabemos, sin embargo, y es importante dilucidarlo, sea en la vía de los hechos o de la lógica política, qué pasó después.

Es de suponer que un colaborador del Presidente, designado apenas unas semanas atrás, estaba obligado a informar de la desmesurada pretensión de Gordillo, que había entablado relación con Calderón por lo menos desde septiembre de 2005 por mediación de Yunes, y que éste lo hizo. Debemos, en consecuencia, conjeturar que el Presidente quedó al tanto de la solicitud de la profesora. Una segunda alternativa es que, movido por la discreción, que ha de ser una de sus virtudes, Yunes guardó el atrevimiento de Gordillo en lo íntimo de su conciencia y únicamente lo dio a conocer el martes pasado, en una conferencia de prensa convocada a modo de respuesta de la que Gordillo había mantenido el miércoles anterior.

Si Calderón estuvo enterado, hemos de preguntarnos cuál fue su reacción. Tal vez felicitó a Yunes por la escrupulosa defensa que con su sola negativa hizo del patrimonio del ISSSTE. Quizá le pidió que, no en la medida planteada pero sí en otras dimensiones, accediera a lo pedido por la amiga de ambos, a fin de conservar vigente su voluntad de colaborar con el naciente Gobierno. O, plenamente solidario con su colaborador, acaso buscó a Gordillo y le aclaró que el pacto político que establecieron antes de la elección de julio de 2006 no incluía la disposición de recursos públicos en provecho de un partido que, por más simpático que resultara a Calderón, por el papel que había desempeñado en la trama para hacerlo sentarse en la silla presidencial, no era ni siquiera su propio partido.

Cualquier cosa que sucediera, lo ocurrido no alteró en nada el vínculo entre Gordillo y el Presidente. Tal como lo requería la situación, el Ejecutivo contó con la profesora y con Joel Ayala, dirigente de la federación burocrática tradicional, puesta en apuros por maniobras de Gordillo, para lograr la reforma al régimen de pensiones del personal público. En marzo del primer año completo de Gobierno, uno o dos meses después del encuentro de Gordillo y Yunes en San Diego, la dirigente magisterial aparecía como plena aliada de Calderón. Quizá era demasiado pronto en el ejercicio de su relación para dejarse manejar por el despecho, si ocurrió la negativa del director del ISSSTE, cuya posición política mejoró notablemente porque se le contó entre los hacedores de una reforma crucial para las finanzas públicas, según la versión del secretario de Hacienda Agustín Carstens.

La consecuencia política de aquella negativa, si la hubo, tampoco estorbó el trazo hacia el arreglo educativo que, según Calderón, explica la influencia de Gordillo en los nombramientos ejecutivos en áreas delicadas de su Gobierno. Si bien demoró hasta mayo de 2008, se firmó la Alianza para la Calidad de la Educación. No era el primer pacto que suscribían la Secretaría de Educación Pública y el SNTE. En 1992, el acuerdo para la modernización de la educación, fue convenido por el Gobierno federal con los gobiernos estatales y la participación del SNTE. Crecida la influencia de la lideresa, con Fox se suscribió también un pacto bilateral. Pero el de 2008, que está vigente, cuenta con una peculiaridad. El poder gordillista está de uno y otro lado de la mesa. Frente a la dirección magisterial se sienta, al lado del titular de la SEP, el subsecretario de educación básica, Fernando González Sánchez, yerno de la profesora.

En su descargo, Calderón alegó que no hizo más que refrendar acuerdos tomados entre Fox y Gordillo. Podía haber invocado también a Zedillo, que nombró en honor de su buen entendimiento con Elba Esther al profesor Bejamín González Roaro como subsecretario para la atención de los asuntos educativos en el DF. Y si bien Fox designó director del ISSSTE al propio González Roaro, el ingreso directo de Gordillo a la SEP carecía de antecedentes, Fue una franca cesión del Presidente a su aliada.

En ese avance de Gordillo es preciso reconocer la mirada estratégica que ha guiado los pasos de la lideresa magisterial. Ha tenido la habilidad de combinar sus logros tácticos con una visión de largo alcance. No fue casual, aunque todavía ignoramos cuál era su meta en ese terreno, que desde tiempo de Fox demandara contar con un delegado suyo en el ámbito de la seguridad pública. Lo fue primero Yunes, a quien sustituyó Campa. Calderón se ufanó ante León Krauze de no haber nombrado a un gordillista en reemplazo de Campa, cuando a éste lo despidió Genaro García Luna. Dejó de lado el hecho de que en la Lotería Nacional el compromiso con la profesora ha permanecido a través de tres directores, todos ellos leales a la profesora. Por su parte, Campa quedó atrapado entre dos factores que influyen poderosamente en el ánimo presidencial, el vínculo con su aliada (que aparentaba seguir siéndolo por lo menos hasta hace una semana y media) y el Secretario de Seguridad Pública, que cada vez más claramente se perfila como el Vladimiro Montesinos (el funesto consejero de Alberto Fujimori) de Calderón. Campa salió de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no lo reemplazo otro gordillista en bien de la relación del Presidente con su colaborador.

Tampoco influyó Gordillo en la designación de Jesús Villalobos López como director del ISSSTE cuando en febrero del año pasado, Yunes renunció al cargo. Aunque la sagacidad de Gordillo le habrá permitido percatarse de que Yunes procuraba sentar su propio poder en ese instituto, esperó a que llegara el momento de que un nuevo director general fuera nombrado por el Presidente y Villalobos, mero sustituto provisional por disposición interna en la institución, se marchara a su casa. Pero ese momento no llegó. Ignoramos, porque la franqueza con que habló la presidenta delante de la prensa el 29 de junio no abarcó todos los campos de su relación con Calderón ni entró en pormenores, si ha estado en negociaciones (de esas que según ella y Calderón no deben asombrar a nadie) con el Presidente para recuperar el dominio sobre el organismo de la seguridad social de los empleados público y si, habiéndolas, no han tenido un resultado favorable a ella.

Sea de ello como fuere, el hecho es que ella pretender recuperar su control sobre el ISSSTE o adquirirlo si es que no contaba con él gracias a la reciedumbre moral de Yunes. Como no es una luchadora atropellada, sino que le concede tiempo al tiempo, Gordillo ha ido emplazando sus piezas para actuar en firme. La Federación de sindicatos burocráticos por ella creada a partir de 2004 -construcción política que da nueva cuenta de sus estrategias de largo plazo- ha ido consolidando sus posiciones en la representación del personal público. Le hacía falta estar a la par que la FSTSE en los órganos de Gobierno del ISSSTE y sus filiales (principalmente Pensionisste). Lo consiguió jurídicamente pero Villalobos, que seguramente actúa de consuno con Yunes y con Calderón, estorba la consumación política del ascenso gordillista hacia el control del ISSSTE.

Por eso han crecido las presiones públicas de la Federación burocrática de Gordillo y del propio SNTE, dizque para aclarar las cuentas en la gestión de Yunes y su dependiente. No es que la transparencia sea preocupación vital para los líderes sindicales que dicen buscar rendición de cuentas. Lo que buscan es el despido del actual director y la toma de control del Instituto por Gordillo. En suma, lo que hoy ha separado a Gordillo y a Calderón, con la presencia de Yunes como un patiño en los libretos cómicos, es el ISSSTE como botín.

Inexactitudes presidenciales.

Como se dijo en este mismo lugar anteayer, era preciso que el presidente Calderón expresara su parecer en torno de las revelaciones de Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Hubiera sido mejor que, al dar a conocer su versión de los hechos, se hubiera producido con verdad. Y no lo hizo. Apesadumbra a quien respeta la institución republicana, aseverar llanamente que el presidente Calderón mintió. Digamos, en consecuencia, que dijo poca verdad. O la envolvió en circunloquios para no aceptar que cedió una parte de la Administración federal a una ciudadana particular (Gordillo lo es aunque tenga una intensa vida pública, y sean públicos asimismo los efectos de sus acciones) como consecuencia de haber entablado con ella un pacto político antes y no después de julio de 2006, una alianza para la calidad educativa. Un documento con ese nombre en efecto existe, pero no puede ser utilizado como disfraz del arreglo por el cual Gordillo contribuyó, de manera legal e ilegal, al resultado formal de la elección presidencial de 2006.

Gordillo no se refirió a la Alianza para la calidad de la educación, un ambiguo instrumento, entre laboral y académico, cuya instrumentación ha sido estorbada por los representantes magisteriales o manejada por ellos cuando se les ha permitido controlar algunos de sus aspectos. La firma de ese documento, que confunde la relación de trabajo entre el SNTE y la SEP (relación necesariamente bilateral) con indelegables decisiones de autoridad fue acompañada, y no se refirieron a ella Gordillo ni Calderón, con el nombramiento del yerno de la dirigente magisterial, y Fernando González Sánchez como subsecretario de educación básica y normal.

La mejor excusa aducida por el presidente Calderón en su entrevista con León Krauze (una presencia y una voz fresca que escapa al gastado estilo informativo de Televisa y sus filiales) es que no hizo más que respetar hechos consumados. Sin mencionar a Fox, sino sólo aludiéndolo, recordó que su antecesor (y también contribuyente a su victoria), recordó que Gordillo ya disfrutaba en ese tiempo de las prebendas que él no hizo más que reconocer y respetar. Es cierto que Benjamín González Roaro, ahora director de la Lotería Nacional conforme al pacto refrendado, antecedió a Yunes en la dirección del ISSTE. Pero no es verdad que hubiera un pariente tan cercano a Gordillo como su propio yerno en el encargo de dirigir la educación básica y normal.

El pacto que Calderón pretende le sirva de coartada, entre Gordillo y Fox no surgió de servicios prestados de modo expreso ni por el SNTE ni por el Panal, al primer Presidente panista, por la sencilla razón de que éste no existía aún y de que el primero formaba parte de la estructura priísta sin lugar a dudas. Fox ganó por circunstancias diferentes a las que prevalecían en 2006. El IFE del 2000, que había ganado respeto y credibilidad entre los ciudadanos era muy otro seis años más tarde. En 2003 había sido configurado, con miras de largo alcance, en acuerdo entre Gordillo y la bancada panista en san Lázaro. Por eso no fue casual que Luis Carlos Ugalde, presidente del órgano electoral, se apresurara a declarar ganador de la contienda a Felipe Calderón sin contar con atribuciones para hacerlo y al emitir un veredicto mucho antes de que la autoridad competente lo hiciera. Ese anuncio prematuro resultó de tal modo parte del paquete de servicios ofrecido por Gordillo a Calderón.

Es verdad, como adujo el Presidente entre las pruebas de su inocencia, que el Panal tenía su propio candidato presidencial. En efecto registró como tal a Roberto Campa. Pero fue público y notorio que el Panal instó a sus votantes a no sufragar en su favor, sino sólo por sus candidatos a legisladores. No hubo instrucción expresa, conocida, recuperable, para que votaran por Calderón y no por Campa. Pero el resultado de la operación evidenció su causa.

Que el pacto político se estableció antes de la elección y no después como pretende Calderón para no encarar la responsabilidad de haber contraído compromisos como contraprestación de su parte, se prueba también por la ostensible y conocida campaña de Gordillo en su favor y en contra de Roberto Madrazo, realizada entre gobernadores priístas, varios de los cuales se sumaron a la estrategia gordillista. Hay evidencia cierta de que al menos uno, Eugenio Hernández de Tamaulipas, obró con tal eficacia en el sentido acordado por Gordillo y Calderón, que mereció el agradecimiento expreso de Pedro Cerisola, antiguo compañero de gabinete del hoy presidente de la República.

Con sus propias palabras, es claro que la alianza por la calidad educativa suscrita por Calderón no se restringía al ámbito de la enseñanza. El Presidente dijo a León Krauze que la dicha ACE “implicó entre otras cosas, que se respetaran posiciones o perfiles que le habían sido reconocidos o negociados, no sé, desde la Administración anterior”. Calderón, sin embargo, no refutó la historia narrada por Gordillo para la génesis del acuerdo político, concertado antes de la jornada electoral.

De acuerdo con Gordillo, a ella no le quedó más remedio que pactar con Calderón. No podía ofrecerle la panoplia de sus recursos electorales a Roberto Madrazo, porque estaba interesada en que perdiera, no en hacerlo ganar. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, no aceptó ni siquiera conocer la oferta. La rechazó de plano en función de quien la presentaba. Sólo quedaba el candidato del PAN y con él, no con el Presidente electo, negoció Gordillo.

Las cosas como estaban.

Después de las elecciones del domingo, algunas cosas tienden a volver al estado en que se hallaban. Los ganadores, por supuesto, se disponen a asumir sus responsabilidades nuevas. Los suplentes de Eruviel Ávila, Rubén Moreira y Roberto Sandoval están ya en funciones, desde que ellos dejaron las alcaldías y la curul que ocupaban para buscar la candidatura primero y el Poder Ejecutivo después.

Junto con Ávila Villegas triunfó también Luis Videgaray, que a fines de marzo pidió licencia en San Lázaro para encabezar el comité estatal del PRI y coordinar la campaña del ex presidente municipal del antiguo San Cristóbal. En realidad estaba allí para que Ávila tuviera presente en todo momento que debe su postulación y debería su victoria a Enrique Peña Nieto, de quien Videgaray es colaborador favorito, hechura suya. Carente de toda experiencia en política electoral y no necesariamente apto para el trato con multitudes, Videgaray no fue encargado de esas tareas en función de sus aptitudes sino para evitar que Ávila comenzara más tempranamente de lo debido a construir su propio entorno de poder.

Concluida esa función, Videgaray volverá a la Cámara. Su posición como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una de las tres más poderosas en San Lázaro, quedó en préstamo en manos de Alfonso Navarrete Prida, sólo para asegurar que el puesto no sería usurpado por alguien ajeno al grupo de Peña Nieto. Por eso Videgaray encontrará libre el camino de regreso al Palacio Legislativo. Allí le espera el trabajo en torno del presupuesto federal para 2012, el último preparado por el secretario Ernesto Cordero. Es del mayor interés del gobernador mexiquense que Videgaray cuide que el plan de gasto del Gobierno federal para el año de elecciones corresponda a sus intereses y a ningunos otros. Videgaray ya rindió buenas cuentas en años precedentes y puede presumirse que se esmerará en presentar otras mejores todavía.

Quien asimismo debería tener allanada la senda del regreso a su curul y a la coordinación de la bancada perredista es Alejandro Encinas. Pero como retornará ensombrecido por la derrota, no falta ya quien busque aprovechar esa circunstancia adversa para mantenerlo al margen de las tareas legislativas, o como un legislador más. El oportunismo pretenderá hacerle pagar el resultado en las elecciones mexiquenses, a despecho de las loas que se le cantaron por haber conseguido “la unidad de la izquierda”. Con impudor, el jefe del Gobierno del DF le imputa la responsabilidad de la derrota luego de que se montó entusiasmado en esa candidatura. Es cierto que Ebrard contó entre los partidarios de la alianza, pero cuando se vio atrapado en la corriente contraria, hizo como si Encinas fuera capaz de derrotar a la imponente maquinaria priísta. Y ahora osa decir que Encinas se opuso a la coalición con el PAN, y “allí están los resultados”. Todos los impulsores de la candidatura de Encinas deberían asumir su responsabilidad en el desenlace, incluido Andrés Manuel López Obrador. Pero el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional cuenta en su favor el que no incurrió en doblez: nunca fue aliancista.

Al echar sobre Encinas el peso del resultado, Ebrard dista de hacer un mero comentario de banqueta. Se trata de una expresión que cuadra a la defensa de sus propios intereses. Uno de los suyos, Armando Ríos Piter, fue pescador afortunado en el río revuelto que significó la licencia de Encinas, así como la de Guadalupe Acosta Naranjo, que era el vicecoordinador. Ríos Piter, que tuvo la desmesura de pretender presidir el PRD y consiguió instalar en el gobierno de ese partido a una corriente propia de Ebrard, quedó al frente de los diputados perredistas, y ahora es renuente a que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Entre broma y veras, pero revelando su propia gana repitió un gracejo infantil para justificar la marginación de Encinas: “el que se fue a la villa perdió su silla”. En vez de simplemente retirarse, reconociendo que la eventualidad de un periodo de sesiones extraordinarias (en que el PRI lleve adelante su proyecto de reforma laboral) demanda en la conducción de su bancada una experiencia de que carece y que en cambio nutre al ex candidato mexiquense, busca medrar con la derrota ajena.

Si hubiera congruencia en el PRD en general, y en su fracción en San Lázaro, allanaría el camino de regreso a Encinas el que también querrá emprenderlo Acosta Naranjo. Una vez mostrada su inocuidad política en Nayarit, no le queda más recurso que volver a la Cámara, lo que hará sin que nadie erija obstáculos en su camino.

Queda en la incertidumbre el destino político inmediato de su otrora compañera de bancada y hasta el domingo pasado antagonista del chucho nayarita. Marta Elena García, que como candidata del PAN forjó una elevada votación que hubiera sido mayor, capaz de derrotar al PRI, era hasta antes de pedir licencia para esta aventura electoral, diputada en el grupo perredista. Hay por lo menos tres opciones para ella: no volver a San Lázaro, retornar a la fracción a que pertenecía, donde no le pondrán buena cara; y sumarse a la del PAN, que le daría la bienvenida.

Guillermo Anaya volverá sin problema al Senado. Pero dista de ser tan cierto el futuro de Luis Felipe Bravo Mena. Renunció a la secretaría privada del Presidente para realizar su segunda, empeorada campaña electoral mexiquense. No desplazará a Roberto Gil, que lo reemplaza. Podría volver al servicio exterior, pero allí andan con penurias.

Iguales Gordillo y Yunes.

El cruce de acusaciones entre Elba Ester Gordillo y su antiguo subordinado Miguel Ángel Yunes Linares no debe quedar en la reyerta, en el ajuste verbal de cuentas entre mafiosos. En su sesión de hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debería aprobar una petición explícita al órgano fiscalizador de la Federación para que realice una auditoría al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a la Lotería Nacional. Con una solicitud con carácter urgente supliría la indiferencia, el pasmo y la negligencia de la Secretaría de la Función Pública, que debería haberse interesado en indagar lo que ocurre en esas oficinas cuyo gobierno fue cedido por el presidente Calderón a la dirigente magisterial a cambio de su apoyo en las elecciones de 2006, que fue determinante para llevarlo a Los Pinos.

La semana pasada, al revelar el pacto político que la unió y la vincula todavía con Calderón, Gordillo se expresó desdeñosamente de Yunes Linares, su antiguo peón de estribo. Antes de cumplirse una semana, el ex director ofreció como su ex jefa una conferencia de prensa. La indiscreción más contundente que produjo fue que la propietaria del partido Nueva Alianza lo citó en la ciudad de San Diego, California, para instruirlo a fin de que extrajera de los recursos del Issste la suma de veinte millones de pesos ¡cada mes para el sostenimiento de su partido, que el año pasado se alió con el PAN para postular a Yunes Linares para la gubernatura de Veracruz

Yunes dijo haberse rehusado a acatar tal petición, expresada en febrero de 2007, apenas dos meses después de su toma de posesión al frente del ISSSTE. Si la petición se produjo, como es verosímil dado el tipo de trato celebrado entre Gordillo y Calderón, la negativa de Yunes Linares a satisfacerla no debe haber causado gran irritación en la profesora (que acaso recibió mejor respuesta en otro de los feudos que le fueron entregados por el Presidente), pues no rompió entonces con quien era director de aquella importante dependencia no por sus méritos propios (además de sus defectos muy conocidos, carecía de experiencia administrativa) sino en pago a los servicios de Gordillo.

No sabemos si Yunes miente en relación con la desmesurada demanda de Gordillo. Miente en cambio, sin lugar a dudas, cuando reniega de su subordinación a la lideresa. Revela su mendacidad su propio dicho de que acudió a verla a hotel en San Diego donde ella convalecía.

Si su nombramiento no habría sido gestionado por Gordillo, Yunes Linares no tenía que haber hecho la peregrinación emprendida por muchos en aquella época. Y es que le debía acatamiento. Gordillo fue su jefa cuando ambos fueron diputados, en la 59ª. Legislatura.

Ella coordinó por unos meses la fracción priísta y Yunes era uno de sus validos. Lo puso a presidir la Comisión de Puntos Constitucionales y a defender las posiciones de Gordillo, cuyo enfrentamiento con Roberto Madrazo se delineaba entonces (y al cual Yunes servía también como director jurídico del PRI).

Cuando el plan de Gordillo para aliarse al PAN (decisión que dio lugar a la efímera fracción elbiazul) fracasó, se constituyó un movimiento efímero llamado Fuerza Reformadora, compuesta por 61 priístas, uno de los cuales era Yunes.

Tras la expulsión de Gordillo, Yunes renunció al PRI y la profesora, que también tenía un pacto político con Fox, le consiguió acomodos en el sistema de seguridad pública. Juntos entablaron relación con Felipe Calderón, y de allí surgió su nombramiento al frente del ISSSTE y su candidatura al gobierno de Veracruz. La sostuvieron el PAN y el Panal.

La inverecundia de Gordillo y Yunes, cortados por la misma tijera en el PRI en que medraron, los lleva a considerar que, como son personas honorables, basta que nieguen las imputaciones que se lanzan para que queden respondidas. Lo hizo Yunes por la mañana de ayer, y Gordillo al atardecer, en que se limitó a calificar de “temerarias, frívolas y calumniosas” las afirmaciones de su ex protegido.

Éste pasó por alto el severo cuestionario que le asestó ayer mismo la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FDSSP). En un nuevo episodio de los embates –que aquí hemos reseñado– contra el director del ISSSTE, Jesús Villalobos, herencia de Yunes en ese instituto, esta vez las huestes gordillistas apuntaron hacia Yunes abiertamente.

Lo sometieron a un interrogatorio público que el ex valido de Elba Ester soslayó por completo. Tiene que ver con su propio manejo de recursos en el Instituto que dirigió, y en el desvío de recursos del mismo a Veracruz, en preparación de su candidatura. La FDSSP se refiere también al contrato del ISSSTE con Bestel, una filial de Televisa suscrito por Yunes poco antes de marcharse a Veracruz, que está impugnado por sus irregularidades. El cuestionario abunda en insinuaciones de corrupción, que deberán ser investigadas, más allá de los oscuros motivos que han producido esta reyerta.

Claramente involucrado por los dos contendientes de esta riña, el presidente Calderón no puede permanecer silencioso, como si el asunto no le concirniera. Gordillo, con quien se cruza cumplidos en asuntos magisteriales cada vez que pueden, ha revelado un pacto de largos alcances políticos, jurídicos y aun judiciales.

Calderón no puede validar con su silencio los dichos de su todavía aliada y su antiguo colaborador. Lo colocaron en situación incómoda, y quedará en entredicho si no explica pronto su propia posición.