SonreISSSTE

El asunto no es cosa de risa, pero para examinarlo conviene establecer la diferencia entre sonreír y reír, y especialmente reír de alguien. Es temprano para determinar si en el conflicto, que no es risible, entre el presidente Calderón y su aliada Elba Ester Gordillo, quién reirá mejor porque lo hará al último. En este momento parece que la derrotada es la presidenta nacional del SNTE y propietaria del partido Nueva Alianza. Pero es habilidosa y experimentada y en cualquier momento puede hacer que la situación del ISSSTE, que hoy disminuye su vasto poder, se torne su contrario.

La relación entre Calderón y Gordillo es compleja, porque concierne a varias parcelas del poder administrativo y político. Incluyó en beneficio de la lideresa magisterial la entrega de la dirección del ISSSTE, que ella encargó a Miguel Ángel Yunes. Pero a pesar de la importancia de esa institución, no es la zona gubernamental más importante con cuyo manejo pagó el Presidente los servicios que le permiten ser llamado así, prestados por Gordillo y su equipo magisterial-electoral. La dirigente mantiene a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, más allá de quien ostente la titularidad, a dos hombres de su estricta confianza, su yerno uno de ellos. Pero, amén de otros cargos en la propia SEP, y el control de mecanismos de tomas de decisión, el sistema educativo mexicano resiente la gran influencia sindical, porque la mayor parte de los secretarios estatales de educación fueron designados por el sindicato, es decir Gordillo, o bien independientemente de su origen están adosados a los designios de la lideresa.

Ese (como el de la Lotería Nacional) es un territorio intocado, sometido inequívocamente al gordillismo. Cuando se hizo evidente un conflicto entre la secretaria Josefina Vázquez Mota y Gordillo, Calderón optó por ésta y despidió a quien ahora se perfila como notoria opción electoral de su partido. El sucesor de la Diputada-precandidata, que también aspira a la candidatura presidencial se cuida en exceso. Y ya se sabe que para ejercer un mando administrativo de alto nivel es preciso contar con una cierta dosis de arrojo.

Pero en el ISSSTE las cosas cambiaron. Calderón aprovechó la coyuntura en que Yunes fue a encontrarse con la derrota veracruzana, para retomar el control de la institución que provee seguridad social a los empleados públicos. Permitió a Yunes designar a su sucesor, y sólo un año después, cuando se aseguró de que Jesús Villalobos estaría a su servicio y no al de Gordillo, lo ratificó y lo mantiene no obstante el asedio a que lo tiene sometido la central burocrática que es otro bastión de Gordillo.

El distanciamiento de Calderón y la profesora pasa también por el coqueteo del Panal con el PRI, con miras a las elecciones presidenciales. A nadie sorprende, nadie desconoce la doble cara que en esta materia muestra Nueva Alianza en elecciones estatales: ahora se alía con el PAN (como en Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Veracruz) ahora entrega sus favores al PRI (como en Hidalgo y México). Pero una cosa es hacerlo en comicios locales y otra muy diferente alinearse con el PRI en la elección de Presidente de la República. El mismo papel determinante, con los mismos instrumentos, que el Panal tuvo en 2006 a favor de Calderón, podría tenerlo en provecho de Enrique Peña Nieto. Esa determinación, aunque apenas esté esbozada, escuece el ánimo de Calderón. Ante esa raspadura, Gordillo ha querido administrar un bálsamo a su socio. Y ningún terreno mejor para hacerlo que Michoacán, donde la candidatura de Luisa María Calderón será presentada por el PAN y el Panal.

También ha bajado de tono la impugnación a Villalobos en el ISSSTE. Todavía dirigentes de la Federación Democrática de Sindicatos del Servicio Público envían de tanto en tanto a representados suyos a que muestren al director general su rechazo. Pero lo hacen con desgano y sin ánimo de cumplir su amenaza principal, que es la de tomar las instalaciones centrales. El riesgo de Villalobos, a quien ostensiblemente apoya Calderón, ha cesado. Y ello le permite ignorar los reclamos de información de sus impugnadores, y echar a andar programas nuevos que hagan olvidar las carencias, deficiencias e irregularidades que padece el personal público, destinatario de los servicios de esa institución.

Al comenzar agosto Villalobos visitó el Hospital regional Adolfo López Mateos. Lo acompañaron su familia y principales colaboradores. Su propósito era “presenciar y constatar los beneficios del Programa SonreISSSTE, entre cuyos objetivos se destaca contribuir a disminuir el estrés generado por la hospitalización e incidir en un mejor estado de ánimo entre los pacientes y sus familiares”.

Se trata de hacer reír a unos y a otros. Es la aplicación de la risoterapia, practicada e impartida por “profesionales de las artes escénicas -payasos, mimos, magos, botargas, un grupo melódico y cantantes- como parte de una terapia integral a los derechohabientes de la institución”. El programa parte, según reza el infomercial de que tomo estas palabras de que “reír y estar contentos libera endorfinas en el organismo y ayudan al tratamiento de enfermedades crónicas, principalmente”.

No lo dice la nota pagada donde leo estos datos, pero para el personal médico, paramédico, administrativo del ISSSTE, sometido a sus propias tensiones por la falta de elementos para atender a los pacientes y sus familias, es una ayuda que en vez de malas caras vean rostros sonrientes: Aunque los mandones se rían de todos.

Seguridad humana y ciudadana

El jueves 4 iba a instalarse la mesa de trabajo entre legisladores y el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, impulsado por Javier Sicilia. Era el primer encuentro generado por el diálogo abierto en el castillo de Chapultepec una semana atrás. La cita, sin embargo, no se consumó. Sicilia apareció a las puertas del palacio legislativo para denunciar la suspensión del diálogo con los congresistas. Aunque atribuyó a su contraparte el origen de tal suspensión, al continuar el trámite de la reforma de la ley de seguridad nacional, pareció que la decisión de romper el diálogo era suya, porque el poeta dijo que no podía hablar con personas que traicionaban su palabra. Y extendió la suspensión a las reuniones previstas con la secretaría de gobernación, pues imputó al Ejecutivo haber festejado el trámite parlamentario.

Opino que la reacción de Sicilia es desproporcionada y contraproducente. Expreso este parecer abiertamente, pero sin que ello suponga un afán de denostar al movimiento y a su inspirador, a los que profeso el mayor de los respetos, no sólo porque el dolor y la indignación son sus motores, y la paz con justicia y dignidad sus metas, sino porque están siendo víctimas de una denostación claramente orquestada a la que por supuesto no me agrego.

La reacción es desproporcionada porque no ha ocurrido nada que signifique una traición a la palabra empeñada por los legisladores y porque la ley objetada por Sicilia está lejos de haber sido aprobada. En la reunión de Chapultepec los legisladores deliberadamente se abstuvieron de referirse al pedido del poeta y del dominico Miguel Concha, impugnadores de ese ordenamiento y no asumieron respecto de éste ningún compromiso. No dijeron que congelarían su procedimiento. Aceptaron que a la hora de dictaminar estarían presentes representantes del Movimiento y a esa palabra no se ha faltado porque tal hora no llega aún y podría no llegar pronto.

Conviene recordar, antes de entrar en el fondo del asunto, el lento trayecto legislativo de la norma que el Movimiento por la paz objeta. El 23 de abril de 2009 el presidente Calderón presentó una iniciativa para reformar la ley de seguridad nacional que tenía entonces apenas cuatro años de edad. El objetivo era ofrecer a las fuerzas militares de la Federación un status que legalice su participación en funciones de seguridad pública, pues su intervención en ese campo, iniciada en diciembre de 2006, se basa en fundamentos endebles. Las propias fuerzas armadas han reclamado ese marco jurídico.

El Senado aprobó finalmente el proyecto de ley, dos años más tarde, no sin someterlo a una profunda cirugía. El propósito era equilibrar la satisfacción a esa necesidad castrense y el respeto a los derechos humanos, que quedaban en riesgo de muchas maneras, entre ellas el que las violaciones a tales prerrogativas del ciudadano serían vistas en tribunales castrenses.

La minuta llegó a la Cámara de diputados en el periodo de sesiones que terminó el 30 de abril y es, conforme al procedimiento constitucional, la materia de discusión de la segunda cámara. El documento senatorial fue turnado a varias comisiones: la de Gobernación, Defensa nacional y derechos humanos. Ellas deben, conjuntamente, emitir un dictamen, a partir de predictámenes preparados por separado en cada de ellas. Para cumplir su cometido, la Comisión de Gobernación convocó el 27 de mayo a consultas con expertos agrupaciones civiles y citó para votar su predictamen al miércoles 4. Veintiséis legisladores lo aprobaron en lo general y sólo uno votó en contra. Pero todos los artículos de la reforma fueron reservados para su discusión en lo particular, de manera que, en el extremo formal, podría ser modificada por entero la minuta senatorial. Es remoto que eso ocurra, pero no que se enmienden algunos de esos artículos, por lo que la Comisión de Gobernación propuso que la votación en particular se realice en conferencia con los senadores que tendrían que decidir, en su momento, si se avienen a las enmiendas a su documento o las rechazan.

La conferencia es un procedimiento excepcional que se aleja de la norma general en que las comisiones de cada cámara dictaminan separadamente y llevan sus resoluciones al pleno respectivo. El método de conferencia ahorra tiempo y discusiones pues no tienen que duplicarse las sesiones en comisión. Luego de que en este caso se apruebe el resultado de la discusión en particular, el documento respectivo será considerado como base para el debate en las comisiones de derechos humanos y defensa nacional, y las tres unidas emitirán un dictamen que será sometido al pleno de la Cámara de diputados y luego volvería al Senado. Es difícil que eso ocurra en un periodo extraordinario. Será materia, por lo tanto, de la complicada agenda del periodo ordinario de otoño, a partir del primero de septiembre.

Aparte el enredo formal que desconcertó a los pacifistas unidos en torno de Sicilia, en el fondo de esta reforma se evidencian o se han suscitados varias querellas más o menos ocultas. Aparece, en primer término, el intento de las fuerzas armadas de tomar posiciones en el debate público sobre su papel. El proyecto presidencial de abril de 2009 fue preparado en las sedes militares, y compendia la visión castrense no sólo acerca de su papel en la seguridad pública y no sólo en la nacional sino en la regulación de la vida política del País. El proyecto permitía que se llamara a las fuerzas armadas a enfrentar movilizaciones sociales y políticas, lo que llanamente significa criminalizar la protesta ciudadana, extremo por completo contrario al respeto de las personas y sus agrupaciones.

A pesar de que el debate senatorial melló buena parte de las agudas aristas de la iniciativa presidencial, los militares tuvieron ocasión de influir para que se mantuvieran medidas que, a juicio de organizaciones de derechos humanos implican no únicamente la legalidad del Ejército y la Marina como fuerzas policíacas, sino la militarización de la vida del País.

Cuando la minuta pasó del Senado a la Cámara sirvió para abrir un nuevo episodio de la contienda legislativa entre los grupos parlamentarios del PRI, que se repelen recíprocamente. La diputación mexiquense en este punto con Alfonso Navarrete Prida a la cabeza, se arrogó la facultad de preparar su propio predictamen, al margen de las comisiones, especialmente la de Gobernación. El documento, carente de todo valor formal, pretendía rescatar el sentido y el significado del proyecto presidencial, para satisfacer al Ejército. De haber prosperado esa maniobra, Enrique Peña Nieto que es jefe de los diputados federales de su entidad y de otros muchos, habría obtenido un doble logro. Habría aparecido ante las fuerzas armadas como campeón de su causa, a diferencia de Manlio Fabio Beltrones, en cuya cámara se buscó ceñir a los términos constitucionales la actuación militar, tal como se reflejó en la minuta. Y al mismo tiempo habría desdorado el brillo del Senador sonorense ante las agrupaciones ciudadanas, satisfechas con la mayor parte del contenido de la reforma política aprobada también por el Senado y también frenada por los priístas, es decir, por Peña Nieto, en la cámara de diputados.

El intento de golpe legislativo se frustró el miércoles pasado. Conforme al procedimiento interno, la Comisión de Gobernación discutió la minuta senatorial y no el documento de Navarrete. Es deseable, porque es necesario, que el desencuentro entre Sicilia y los legisladores termine, y el poeta mismo o representantes de su movimiento estén presentes en la discusión en conferencia de cada uno de los artículos objetados, es decir todos los de minuta. De ese modo se desazolvaría también el canal de comunicación abierta en Chapultepec para que se cumplan compromisos claramente establecidos por los legisladores, como la emisión de una ley de víctimas, que atendería el corazón del movimiento pacifista, cuya máxima virtud ha consistido en colocar a las personas dañadas por la violencia criminal y su combate, y a sus deudos, en el centro de las preocupaciones nacionales.

Si bien el silencio puede ser elocuente, en este caso es necesario que Sicilia revive el diálogo, muerto en flor. También es preciso reabrir las mesas de trabajo con el Ejecutivo, a las que no tenía que haber alcanzado la ruptura del pacifismo y la Comisión Permanente del Congreso.

Ex gobernadores impunes

Todavía hace siete meses Hosni Mubarak era el todopoderoso presidente de Egipto. Había permanecido casi treinta años en el poder, al que llegó después del asesinato de su predecesor Anuar Sadat. Hoy, junto con sus hijos, Mubarak está sometido a proceso. Metido en una jaula al comparecer ante el tribunal, debe responder por la muerte de centenares de sus compatriotas, caídos durante la breve rebelión que lo depuso. También se le juzga por corrupción, pues en la treintena de años de mando absoluto acomuló fortunas, cuya más visible expresión son las colosales residencias de su familia en Europa.

Mientras en Egipto Mubarak se apoderaba del mando, en Guatemala se perpetraba un etnocidio, una prolongada y feroz matanza, una crudelísima guerra en que el Ejército tomó por enemigos a los pueblos indígenas. En apenas un atisbo de justicia, pues no se ha tocado a los más altos mandos castrenses de entonces, este martes cuatro oficiales fueron condenados a más de seis mil años de prisión, que es la cifra resultante de sumar la pena que correspondería por privar de la vida a cada una de sus víctimas. En realidad sólo podrán estar presos, como máximo, ochenta años cada uno.

El general Manuel Antonio Noriega, en fin, será devuelto a su Panamá natal por el gobierno francés, para que en su tierra se le juzgue por delitos de lesa humanidad y varios asesinatos políticos. Hombre fuerte de su país en los mismos años ochenta, desde el poder se hizo narcotraficante, delito que ocultaba tras la bandera del nacionalismo. Juzgando que ponía en peligro los intereses norteamericanos en torno al Canal, el gobierno del primer Bush atacó por aire a Panamá en busca de Noriega, el 7 de mayo de 1989. Aunque a la postre fue hallado y tomado prisionero, la carga aérea contra Panamá causó la muerte de miles de personas. Condenado en ausencia en su patria, se le imputarán nuevos cargos después de haber estado preso en Estados Unidos y en Francia.

Son casos, en curso actualmente, que muestran que no debe haber impunidad a favor de gobernantes que roban y matan. En algún momento, próximo o remoto a la comisión de sus delitos, en casi todos los países del mundo el que la hace la paga, cualquiera que haya sido su investidura y su poder. En México no. A pesar de que se conoce en términos generales que ex presidentes como Luis Echeverría y Carlos Salinas, amén de haber propiciado y/o tolerado que se privara de la vida a cientos de sus compatriotas, y a pesar de que la fortuna que ostentan y de la que disfrutan no pudo resultar de sus ahorros como funcionarios públicos durante toda su vida, uno languidece en espera de la muerte y el otro anda de sarao en sarao sin que nada les preocupe.

A punto de cumplir noventa años –los acabalará en enero próximo- y ya venida a menos la recia condición física que lo caracterizó durante la mayor parte de su vida, Echeverría sufrió casi tres años de reclusión domiciliaria cuando se le juzgó por delitos cometidos cuando fue secretario de Gobernación y, sobre todo, mientras ejerció la Presidencia de la república. Pero el tiempo transcurrido desde las matanzas del dos de octubre de 1968 y diez de junio de 1971 y la débil legislación mexicana impidieron que los esfuerzos del Comité 68 y la Fiscalía especial que investigó los crímenes de la guerra sucia fructificaran y derivaran en sanciones penales significativas. Menos aún se le ha intentado juzgarlo por enriquecimiento ilícito, pues nunca se ha iniciado una averiguación previa a raíz de la fortuna inmobiliaria de que se hizo mientras fue titular del poder ejecutivo.

A Carlos Salinas nadie osa tocarlo, ni por la multitud de muertes producidas por su propia guerra sucia contra el perredismo, ni por su riqueza personal. Luís Téllez, ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, que fue subsecretario de planeación agrícola en su gobierno, y con Calderón llegaría al gabinete, emitió el hasta ahora más claro veredicto sobre el enriquecimiento de Salinas: “se robó la mitad de la partida secreta”.

Ni por esa probable (y reprobable) conducta, ni por la que ejerció al privatizar bancos y numerosas empresas del Estado, Salinas ha recibido señalamiento formal ninguno, y en cambio ha sido capaz de influir para que el único expediente judicial en contra de su hermano Raúl, el que versa sobre su enriquecimiento, no haya sido resuelto. Concluido el sexenio de su heredero Ernesto Zedillo, durante el cual se autoexilió por si acaso se intentara alguna acción ministerial en su contra, Salinas volvió a México como “facilitador”, según él mismo se definió. Fracasó en esa condición al intentar que Elba Ester Gordillo pactara una reforma fiscal pero tuvo éxito al impulsar a Carlos Ahumada a corromper y revelar la corrupción en el PRD.

Más recientemente, con la aparición de su tercer libro, pretendió erigirse en constructor de la agenda pública y formar parte del debate académico y periodístico sobre la actualidad nacional. Frustrado ese intento, está en lo suyo, promover su imagen e influir en el PRI. El lunes pasado asistió al informe de la gobernadora Ivonne Ortega, y posó para las cámaras muy alegre porque los nuevos gobernadores del PRI, tan iguales a los viejos gobernadores del PRI, lo buscan para lucirse a su lado. En una toma en que aparece flanqueado por los Robertos, Borge y Sandoval, de Quintana Roo y Nayarit, su verdadero talante queda manifiesto por la presencia de Emilio Gamboa y Fidel Herrera, símbolos vivientes, como Salinas mismo, del sistema de botín.

Mini-vía, super negocio

Se cumple un año del comienzo de las obras para construir la Supervía poniente, una carretera urbana de peaje, que según las autoridades enlazará a Santa Fe con el sur, donde desembocará en las avenidas Luis Cabrera y san Jerónimo. Por muchas razones, un importante número de personas y agrupaciones se han opuesto a la realización de ese proyecto. La Comisión de derechos humanos del Distrito Federal recomendó al jefe del Gobierno capitalino Marcelo Ebrard ordenar la suspensión de ese proyecto. Como si con ello se le ofendiera, el gobernante del DF se negó a aceptar la recomendación y como respuesta al agravio que resiente haber, en una reacción pueril se ha enojado con la oficina del ombudsman. Su irritación infantil lo condujo a no presentarse hace unos meses al informe de la CDHDF y a recomendar a sus válidos se ausentaran también.

La razón por la que el funcionario se empeña en seguir adelante con el proyecto es meramente financiera, en provecho de unos cuantos. Carece de utilidad pública o, si la hubiera, ésta podría satisfacerse por medio de obras que no afecten el medio ambiente (y por lo tanto dañen el derecho de los capitalinos a vivir en un entorno sano). Pero es posible que ninguna de esas alternativas colmara las expectativas de las empresas beneficiadas con un título de concesión como el que se ha expedido. Y en ello radica el quid del asunto: es preciso dar a ganar a un consorcio poderoso una importante suma de dinero en la administración del camino carretero cuyo uso se condicionará al pago de una cuota que sin duda podrá incrementarse en provecho del concesionario, para que el Gobierno capitalino cumpla los onerosos términos de la autorización expedida hace ya dieciocho meses.

El acto mismo de concesionar estuvo marcado por una grave infracción a la ley. Ésta ordena que el Gobierno de la ciudad se abstenga de otorgar una prerrogativa de esa índole si no se le prueba que el beneficiario cuenta con el capital suficiente para llevar adelante la obra respectiva, o está en condiciones de obtener el crédito correspondiente. En cambio, se permitió al concesionario blandir el título del caso como garantía para el préstamo que requería. Se trata de un típico negocio de saliva, que no obstante no pudo desahogarse pronto. Apenas hace unos días, finales de julio, la Bolsa mexicana de valores informó del crédito logrado por Constructora vía rápida poetas. Y hasta eso es un préstamo insuficiente, conforme al costo calculado por la autoridad y el concesionario. Se dijo que el proyecto demandaría erogar seis mil millones de pesos, y el crédito concedido suma cuatro mil millones de pesos. Participaron en la operación dos instituciones del Gobierno federal: el Fondo nacional de infraestructura y Banobras, lo que quiere decir que se pagarán réditos blandos como cumple a la banca de desarrollo. También participa en el crédito Banorte, el negocio financiero de Gruma que por lo visto mantuvo su compromiso aun después de asociarse al banco Ixe.

La empresa concesionaria se configuró para este propósito (y carece por lo tanto del historial y la experiencia que suele demandarse a los contratistas de obra pública), Sin embargo, las dos empresas que la constituyeron tienen una posición diferente. Una de ellas en el Grupo Copri, cuya participación en el mercado se concentra en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, y la filial mexicana del consorcio español OHL

Copri participó hace un sexenio en un proyecto que en vano ha querido compararse con la Supervía. Al hacer esa comparación se pretende generar una coartada o denunciar contradicciones entre quienes nada dijeron de la construcción del Puente de los Poetas y aun lo aplaudieron, sólo porque lo emprendió López Obrador, y ahora se oponen al camino de cuota, porque lo impulsa Ebrard. No hay semejanza entre uno y otro: No se cobra por transitar por los puentes que permiten salir de Santa Fe. Y su costo, sufragado por Copri misma, no puso en riesgo las finanzas capitalinas, como ocurrirá si los concesionarios de hoy no ven satisfechas sus expectativas, que sencillamente consisten en obtener utilidades en cualquier circunstancia. El Gobierno capitalino poseía enorme predios donde fue imposible edificar el reclusorio poniente, ya que el entorno urbano resultaría lastimado. Por ello los permutó por el costo de los puentes que honran a Paz, Pellicer y Sabines. No había espacio para penalidad alguna ni erogaciones indebidas del Gobierno y los usuarios de la vía.

A su vez, OHL es parte de la creciente presencia española (la reconquista la llaman algunos en tono zumbón) visible en la banca, la energía y los proyectos de infraestructura. La controla un hombre del antiguo régimen que se acomodó a los nuevos tiempos, sin tener que renegar del pasado: Juan Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno bajo Carlos Arias Navarro en 1976, recibió apenas en febrero pasado, junto con el “real aprecio” de Juan Carlos, el título de marqués. El vasto consorcio que encabeza enfrenta la crisis que se observa en la economía española en general con las cuantiosas utilidades que generan sus filiales aquí y en Brasil.

Su hombre en México es José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial con el presidente López Portillo. La filial que dirige ha obtenido, por asignación directa ventajosos contratos y concesiones de los gobiernos del DF y Estado de México en donde su desaprensión propició peligros accidentes tratados con llamativa lenidad.

PGR; los establos de Augias

El descabezamiento de la Procuraduría General de la República es la viva imagen de su deterioro. Se ha anunciado la depuración de la dependencia mediante el reemplazo de 21 delegados en otras tantas entidades de la república. Pero por lo menos tres más fueron removidos en las semanas recientes. De igual manera, hace un mes que renunció la subprocuradora Dilicya Samantha García Espinosa de los Monteros, que ejerció su cargo sólo 3 meses, luego de su nombramiento por la procuradora Marisela Morales. Antes de que ella misma cumpliera un mes en su cargo, y en su ausencia como señal de desdén, el almirante Wilfrido Robledo dimitió de la cabeza de la Policía Federal Ministerial, nombre legal y verdadero de lo que se insiste en llamar, como si eso la dotara de prestigio, Agencia Federal de Investigación, AFI.

Es grande la tentación de comparar a la Procuraduría Federal con los establos de Augias, el rey que en la mitología griega era poseedor de grandes hatos de ganado a los que albergaba en instalaciones que hedían cada día más porque el estiércol de las vacas no era removido nunca. Hasta que apareció Hércules que, en cumplimiento de su quinta hazaña dejó esas instalaciones flamantes, en un solo día. Claro que no realizó la operación a mano, tarea imposible, sino que se las ingenió para desviar dos ríos hacia los establos, cuyos caudales dejó fluir de manera que la corriente realizara la limpieza que aumentó la fama universal del forzudo e inteligente héroe.

Para nuestro infortunio, no hay un Hércules a la mano que logre depurar al personal de la PGR de modo cabal, para imprimir eficacia al órgano del Ejecutivo federal encargado de la persecución de los delitos. Una y otra vez, ante la evidencia de corrupción y negligencia, por citar sólo dos de los lastres que afectan a esa institución, se anuncian purgas que “ahora sí” higienizarán las oficinas de todo nivel del Ministerio Público Federal. Pero son anuncios las más de las veces carentes de contenido o que surten efectos sólo provisionalmente.

Cada procurador se asombra o enfurece, supongo, cuando conoce el estado en que recibe la dependencia a su cargo. Y por ello resuelve lavarla. En este mismo sexenio, el primero de los tres titulares designados por el presidente Calderón emprendió una espectacular operación Limpieza. Entre 2008 y 2009 fueron removidos veinticinco funcionarios del más alto nivel, entre ellos el subprocurador Noé Ramírez Mandujano, que está en prisión sujeto a proceso por los nexos con el crimen organizado que se le atribuyen. Su vacante fue ocupada por la actual Procuradora, que ascendió al rango inmediato superior no obstante que su desempeño al frente de la SIEDO (la subprocuraduría a cargo de investigar a la delincuencia organizada) fue notoriamente insuficiente y fallido. Quizá por eso se la designó, pues al parecer en esta Administración el objetivo no es lavar la casa sino achicarla y dejarla en condiciones precarísimas, que le impidan realizar sus funciones constitucionales.

De varios modos parece que de eso se trata. Esta misma semana la revista Proceso muestra como su material principal el grado de penetración que agentes de la DEA realizan en perjuicio de la PGR, aunque con su avenimiento. Dadas las magras condiciones en que sobrevive la Policía Federal Ministerial, que en un breve lapso se llamó Policía Federal de Investigación, la DEA toma a su cargo un número creciente de indagaciones, capturas e interrogatorios. Cuando se marchó en abril pasado Robledo, denunció en un documento interno el deplorable estado de la Policía a que dirigió unos cuantos meses. Además de su diagnóstico, es público que esa corporación es ya una oficina marginal en el ámbito policíaco, arrinconada por la Policía Federal.

El auge organizativo de este cuerpo representa una victoria del secretario Genaro García Luna. Eran conocidas sus diferencias y aún querellas con el procurador Eduardo Medina Mora, en un conflicto que se resolvió con el reemplazo del procurador y su envío a la corte de Saint James, a orillas del Támesis. Desde el principio de esta Administración, y valido de su ascendiente sobre Calderón, García Luna se encaminó hacia su ideal organizativo, la Policía única. Consiguió que su jefe confiara el mando de las dos Policías Federales, la AFI y la PFP a una sola persona, Ardelio Vargas, después diputado priísta y hoy secretario de Seguridad en Puebla, dentro del gobierno aliancista (panista-panalista en realidad) de Rafael Moreno Valle.

Aunque no prosperó la unificación de las policías, García Luna ganó para la suya la facultad de investigación y la de capturar a quienes lo ordene la justicia, funciones hasta ahora reservadas al Ministerio Público a través de su órgano policíaco. Hoy este languidece, descabezado no sólo por negligencia sino como parte de una estrategia cuyos perfiles se dibujan cada día con mayor nitidez.

¿Cómo serán sustituidos los veintitantos delegados a los que se ha despedido en los días recientes? Algunos de ellos fueron nombrados por el procurador Arturo Chávez Chávez apenas unas semanas antes de ser cesado. Al parecer fueron designaciones desatinadas. Nada garantiza que las que ahora se emprendan serán de signo contrario. Tradicionalmente, el reclutamiento del personal de alto nivel de la PGR se realizó con base en recomendaciones, no necesariamente desinteresadas, o para satisfacer compromisos políticos. No hay una vía de incorporación y ascenso basada en méritos medibles. Debe haberla.

Santos en México

El presidente Juan Manuel Santos concluye hoy una visita de estado que comenzó ayer. El mandatario colombiano, sin embargo, está en México desde el sábado, día en que realizó actividades privadas, entre ellas un desayuno con empresarios. Y luego, junto con su familia, se reunió con su anfitrión y la suya en citas amistosas, que dan cuenta de la estrecha vinculación personal que en breve tiempo han establecido los dos presidentes conservadores.

El sábado mismo, Calderón congratuló con Santos por el rotundo triunfo del equipo colombiano de futbol frente al de Francia, que vieron por televisión. Y el domingo volaron a Yucatán, a la zona arqueológica de Chichén Itzá. Santos fue acompañado por sus hijos María Antonia, Martín y Esteban, y Calderón por su hijo Juan Pablo.

El 22 de junio pasado, en la reunión sobre seguridad regional celebrada en Guatemala, el Presidente colombiano, asumiéndose como ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, instó en plan coloquial a Calderón a perseverar en su lucha contra el crimen organizado: “Yo sé que a usted lo acusan y le dicen: mire el problema en que nos ha metido, porque la violencia subió, porque los homicidios aumentaron. Claro, en ciertas zonas, como nos ha sucedido en Colombia”. Pero a la larga el Estado debe triunfar. “Por eso lo felicito, presidente Calderón, porque ha sido un ejemplo”. Y lo felicitó también por la aprehensión de ‘El Chango’ Méndez, ocurrida la víspera. Y deseó que pronto fuera también detenido… y no sabía cómo se llamaba ‘El Chapo’ Guzmán, cuyo nombre le fue finalmente “soplado”.

Debido a la identidad de sus ideologías y de las estrategias armadas con participación norteamericana frente al narcotráfico, Calderón había mantenido una relación cercana con el presidente Uribe. Ese antecedente no perturbará el vínculo con el nuevo mandatario, con apenas un año en el Gobierno, a pesar del distanciamiento, negado pero cierto, entre Santos y su predecesor, de quien fue ministro de Defensa. Uribe acaba de visitar en el cuartel militar donde se halla preso a Andrés Arias, quien fue su ministro de Agricultura. Arias era, según los observadores de la política local, el delfín de Uribe y quizá por ello le dio carta abierta para aplicar una suerte de Procampo colombiano, el programa Agro Ingreso Seguro. El ministro ahora detenido alteró los términos de adjudicación de recursos y en vez de destinarlos a los agricultores en pequeño los entregó a los grandes propietarios, que han sido un poderoso grupo de interés en Colombia.

También en temas internacionales Santos procura separarse de la línea que aisló a Colombia de su contexto geopolítico más inmediato. Su Gobierno ha establecido que en territorio venezolano ya no hay campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En consecuencia, su trato con el presidente Hugo Chávez ha superado la constante rispidez con la que Uribe caracterizó esa relación.

En materia de seguridad, en cambio, Santos ha mantenido continuidad con la línea uribista. Precisamente una de las materias que dan sustancia a su viaje a México es la suscripción de nuevos convenios de seguridad y extradición. En el primer aspecto Santos también ha dado señales de simpatía con su semejante mexicano. Hizo que la Policía nacional entregara una condecoración al secretario de seguridad pública Genaro García Luna, si bien la desaprensión de este mismo y de su jefe convirtió el acto en una abierta violación constitucional porque no se reclamó oportunamente la necesaria autorización del Congreso.

El nuevo tratado de extradición contiene una cláusula que acaso tenga utilidad en la persecución de delitos como el narcotráfico, que a menudo son transfronterizos. El instrumento ahora en vigor prohíbe la extradición de nacionales, y esa prescripción desaparecerá en su nueva redacción. Sin embargo, aunque su aprobación por el Senado mexicano sea remota, ese tratado puede contrariar el espíritu y la letra del artículo 15 constitucional en el caso de Lucía Morett, pues en él se reúnen elementos de persecución política y eventual extradición.

El 1º de marzo de 2008 esta graduada de la UNAM fue víctima y testigo de un ataque por aire y tierra de fuerzas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Ella se hallaba en el campamento como parte de un viaje hecho por una delegación mexicana a un congreso de juventudes bolivarianas en Quito. En la repentina e ilegal agresión colombiana (que vulneró la soberanía de Ecuador, cayeron destrozados por el fuego colombiano los estudiantes Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Verónica Velázquez y Juan González del Castillo. Lucía Morett quedó herida de gravedad.

Después de tres años, aún no repuesta totalmente, Lucía vive una secuela jurídico política que en los hechos la ha privado de su libertad. El Gobierno mexicano en vez de protegerla como debe hacer con sus nacionales en riesgo cuando se hallan en el extranjero se sumó a la versión colombiana que hizo del grupo de jóvenes una célula subversiva. La PGR mantiene abierta una averiguación previa sin sustento promovida por activistas de la extrema derecha mexicana en connivencia con el presidente Uribe. Mientras el Ministerio Público no declare cerrada su indagación, Lucía puede resultar de pronto aprehendida por delitos que no cometió. También puede ser detenida por la Interpol, que a pedido de Bogotá mantiene vigente una orden mundial de captura. El inadmisible colmo sería que conforme al nuevo tratado fuera también extraditada.

Disputa por ciudad Juárez

Por si no bastaran las cruentas batallas entre bandas delincuenciales, otros choques de intereses impiden la coordinación de esfuerzos para devolver a Ciudad Juárez la tranquilidad que merecen sus habitantes. No fue jamás una región idílica, pues no suelen serlo las ciudades fronterizas, cuyo crecimiento desordenado producto de la migración es factor de tensiones y altos riesgos sociales. Pero es reciente su calificación de ciudad más peligrosa del mundo.

Se recrudece en estos días un enfrentamiento entre autoridades locales y federales, alimentado por la desconfianza que Los Pinos tiene al Gobierno municipal priísta. El 19 de marzo de 2009, ante un público estupefacto de banqueros que lo había convidado (como al resto de los líderes partidarios) a su convención anual, el dirigente panista Germán Martínez dijo que la DEA investigaba a Héctor Murguía, ex alcalde de aquella urbe chihuahuense por presuntos vínculos con el narcotráfico. Lanzar el dato era impertinente y tenía visos electorales. De haber conocido datos que fundaran su aserto, única circunstancia que explicara que lo hiciera público, Martínez debió formular denuncia ante el ministerio público, y no lo hizo. Se trataba de deturpar al PRI, que ya se avizoraba como una fuerza imbatible de cara a las elecciones de julio siguiente, poniendo un ejemplo concreto en la persona de Murguía. A la sazón éste se preparaba para contender por la diputación del segundo distrito juarense, que ganó sin dificultades. No perseveró en la Cámara, pues antes de un año solicitó licencia para contender de nuevo por la Alcaldía, que ya había ejercido de 2004 a 2007 y a la que volvió en octubre pasado.

No se si por formar parte de una familia acaudalada, o merced a su propio esfuerzo, Murguía es un empresario próspero desde los años setenta. Sus negocios principales consisten en la fabricación y comercialización de pintura, y en la compra-venta de bienes raíces. También en política fue rápidamente afortunado. En su primera incursión electoral fue senador (candidatura que probablemente le fue otorgada en recompensa a su activismo financiero a favor del PRI, entre los empresarios) y se instaló entre los cuadros dirigentes de su partido.

El Gobierno federal, según parece, lo tiene en la mira. No es extraño por eso que haya recibido distintas agresiones de la Policía federal. Si no hay la intención de hostigarlo, en los hechos así ha ocurrido. Un miembro de su escolta murió a manos de un agente de aquella corporación y él mismo se hizo de palabras, en otra ocasión, con otros agentes federales que lo encañonaron. El nivel de tensión llegó a su máximo la semana pasada, cuando en un retén de la propia Policía federal fue baleado, con riesgo para su vida, un colaborador cercano del Alcalde, el secretario de Seguridad Pública municipal, teniente coronel Julián Leyzaola, quien denunció formalmente la agresión presentándola como tentativa de homicidio.

Por si algo faltara, inmediatamente después de ese enfrentamiento (que pudo haber tenido un desenlace delicadísimo, pues Leyzaola circula protegido por una escolta armada) el Sistema nacional de seguridad pública avisó que dejaría de entregar al Ayuntamiento juarense cincuenta y siete millones de pesos, 60% de un subsidio especial para la mejoría y fortalecimiento de los cuerpos policiacos municipales. Alegó la autoridad federal que el cabildo de Juárez ha incumplido requisitos de que depende el ejercicio de esos recursos. El Alcalde negó de inmediato que hubiera negligencia en ese gasto, y además de ofrecer documentos que contradicen las afirmaciones del SNSP (emitidas a través de la secretaría de Gobernación, que carece de atribuciones en esta materia) expuso que haber recibido la primera partida de 38 millones de pesos significa que ha cumplido con las normas vigentes.

Murguía no puede sin embargo negar el desastroso manejo de su propia Secretaría de Seguridad Pública. Encandilado tal vez por el ambiguo prestigio del teniente coronel Leyzaola, le encargó esa dependencia a partir de marzo pasado. El teniente coronel circula con la imagen de haber devuelto a Tijuana un clima de convivencia que Juárez anhela, aunque se le imputa haber llegado a esa meta mediante procedimientos heterodoxos (o que fueron normales en otras épocas) como la fabricación de culpables a partir de la tortura). Entre sus responsabilidades, además del mando de la Policía municipal, se encuentra la cárcel de la localidad. Sobrepoblado como todos los penales del País, el reclusorio juarense está fuera de control o sujeto a un régimen nacido de la corrupción en que los propios reos hacen cuanto les place. Con base en esa estructura viciada, todo está podrido, por todo se cobra, aun por ejercer derechos como el de visita que está admitido y regulado.

Allí conviven dos bandas de sicarios de que se dio noticia pública con motivo del tristemente célebre asesinato colectivo en Salvárcar, Los aztecas y Artistas anónimos. Uno de los dos grupos organizó el domingo ayer hizo ocho días una fiesta, con visitas que no deberían estar allí, que terminó en la matanza de diecisiete presos. La sola posesión de armas en el reclusorio indica la ausencia de la disciplina allí.

Leyzaola se demoró en llegar, de manera que la Policía federal había tendido ya un cerco de seguridad en torno al penal que el funcionario quiso eludir para cumplir su responsabilidad. Se convirtió así en blanco de una corporación que es enemiga y no aliada de la autoridad municipal.