Impunidad en Guerrero

Menos mal que lo hizo al presentar a una banda de presuntos secuestradores, detenida en una operación conjunta de fuerzas federales y locales (entre estas la Policía Ministerial que de él depende). Que si no, la invocación del procurador de Guerrero Alberto López Rosas a la moral de los delincuentes que castigan a Guerrero habría sido más ridícula (si en esto cabe alguna gradación) de lo que es. Habría parecido una coartada, una humilde petición a los bandoleros de su tierra para que se porten bien pues el Ministerio Público no es capaz de perseguirlos y llevarlos a los tribunales.

En eso consiste la tarea de un Procurador de Justicia, no en apelar a impensables códigos de conducta. López Rosas pidió a los delincuentes a los que debe llevar a proceso, no a instarlos a honrar su palabra (por ejemplo cuando obtienen el pago de un rescate y asesinan a sus víctimas), sino que también apeló a su sentido patrio. Le solicitó que piensen en la sociedad de la que forman parte y eviten dañarla.

La guerra entre bandas locales en Guerrero se intensificó después de que la pandilla de Arturo Beltrán Leyva se escindió de la de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y pelearon por el dominio del territorio y las rutas de la droga y el dinero. Las disputas fueron más frecuentes y crueles a raíz de la muerte de Beltrán Leyva, en diciembre de 2009 y la posterior y sospechosa detención de La Barbie. Uno de los errores de la estrategia seguida por la Administración de Calderón consiste en ignorar que cuando los generales y coroneles de las tropas enemigas son abatidos o capturados, los sargentos riñen por el mando, Eso ha ocurrido por doquier (en Tamaulipas, tras la detención de Osiel Cárdenas, o en Michocán después de la festejada decapitación de La familia michoacana). Ocurre también en Guerrero, por lo que la violencia se ha recrudecido. Poco después de concluido el primer semestre de este año la cifra de ejecutados superó al millar. Y si bien las autoridades estatales y municipales descargan sobre las federales la impunidad que permite la contumaz repetición de los delitos que corresponde perseguir a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública, eso no descarga a aquéllas de la responsabilidad que en esa materia está fijada en la ley.

Tan aterradora es la impunidad en Guerrero, y especialmente en Acapulco, que porciones de la sociedad protestan por la inseguridad que se deriva de tal falta de castigos. El viernes pasado decenas de gasolinerías estuvieron cerradas durante unas horas, en demanda de que las autoridades sean eficaces en su lucha contra la violencia. Y un sector de taxistas y otros prestadores del servicio público de transporte se aprestan a hacer lo mismo. Aunque se les alude como parte de la delincuencia organizada (en tanto que vigilantes y delatores, o como distribuidores de droga) nada justifica que la oleada de homicidios de choferes de autos de alquiler no merezca una atención específica y las consiguientes acciones penales.

La designación de López Rosas como procurador despertó expectativas que no se han satisfecho, si bien hace apenas cinco meses de su desempeño. Como Alcalde de Acapulco, como legislador, y antes como luchador social, el ahora procurador ganó fama pública de hombre honrado y diligente. Está en riesgo de perder la parte de su reputación que concierne a la eficacia y, lo que es más grave para todos, a su honestidad política. La clave para que eso ocurra o no está en su actitud frente al asesinato de Armando Chavarría.

El sábado veinte se cumplieron dos años del homicidio de quien era en ese momento líder del Congreso local y principal aspirante a la Gubernatura de Estado. Un comando lo sorprendió la mañana de esa fecha al salir de su casa. Fue un crimen político, aunque el gobernador de entonces, Zeferino Torreblanca y sus procuradores se empeñaron en desviar la atención hacia otros móviles. A los guerrerenses no les cupo duda en ningún momento que Chavarría fue ultimado en función de sus aspiraciones y posibilidades de suceder a Torreblanca. Fue, en tal sentido, un crimen semejante al que privó de la vida a Rodolfo Torre en Tamaulipas. Aunque en el caso de Chavarría se cortaron de cuajo sus expectativas, mientras que a Torre se le permitió llegar a las vísperas de la elección, en ambos casos se temía que gobernaran y se les hizo blanco del fuego que cortó su existencia.

En Tamaulipas pasó ya un año, cumplido en junio pasado, sin que la investigación ministerial rinda frutos. Y eso que es Gobernador el hermano de la víctima, interesado genuinamente en que los asesinos sean identificados y castigados. Lo contrario ha sucedido en Guerrero. Fue manifiesta la negligencia con que Torreblanca emprendió, o dijo emprender la averiguación sobre la muerte de Chavarría. Y no es menor la que en los hechos ha mostrado su sucesor. Ángel Heladio Aguirre Rivero tiene menor interés en llegar al desenlace de ese caso del que formalmente cabía atribuirle a su antecesor. Torreblanca y Chavarría eran miembros del mismo partido y si bien disputaron, Chavarría fue secretario de Gobierno con Torreblanca. A Aguirre, el destino del dirigente político asesinado no le va ni le viene, puesto que como priísta que es, y como gobernador interino, estuvo situado en posiciones abiertamente antagónicas a las de Chavarría. Pero no es el caso del procurador, que era afín políticamente a la víctima. Su conciencia ética, la que lo lleva a recomendar buena conducta a delincuentes, debe forzarlo a cumplir su deber.

Sicilia, Wallace, Martí, Morera

La insólita fuerza del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logró, por su componente ético y su capacidad de integración de distintos reclamos sociales, forzar a los tres poderes de la Unión a un diálogo sobre la grave emergencia nacional, del que surjan soluciones que sólo pueden ser acordadas con, y puestas en práctica por el Estado mismo. Conforme esa fuerza moral y esa capacidad de movilización social se han delineado, han surgido desde reticencias hasta francos ataques a demandas que inicialmente parecieron ser bien acogidas.

El propio movimiento quedó en riesgo de quedar pasmado en la sola agitación social, pero superó ese escollo y reanudó sus encuentros con el Congreso y el Ejecutivo. Ante la inminencia de ese restablecimiento de vínculos con los poderes, militantes de otro movimiento civil previamente instalado en la escena pública, no más sangre, reprocharon esa línea de acción a Sicilia. Ya antes, grupos que se agotan en la protesta y la denuncia habían censurado el propósito del pacifismo de Sicilia de encontrar caminos derroten a las graves deficiencias y deformaciones que han puesto casi en la postración a la sociedad mexicana.

Desde otros ángulos, se desató una campaña destinada a desprestigiar al poeta que inspiró el Movimiento por la Paz, y a la conducción del mismo. Se buscó presentarlo como un líder vulgar, de una movilización social sin ninguna singularidad o, al contrario, como mero cascarón de proa de intereses ocultos. La implicación más burda de esa descalificación conducía a tener al escritor como agente de la delincuencia organizada, en cuyo papel proponía con insistencia el repliegue de las Fuerzas Armadas que combaten a las bandas del narcotráfico.

Desde el Gobierno federal se procuró abrir otro flanco desde el cual debilitar la preeminencia social que por su personalidad y su intuición ha adquirido Sicilia. El Secretario de Gobernación convocó a los dirigentes de agrupaciones civiles que han recibido atención pública por su activismo en contra de la violencia, uno de los blancos del pacifismo. Dado que el movimiento impulsado por Sicilia concentró por un momento su esfuerzo en combatir la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, Gobernación y buscó apoyo para esa reforma en dirigentes significados por la búsqueda de justicia en asuntos propios, que por lo mismo no parten de una visión amplia del origen de la criminalidad en la gestión de sus propias causas. El Gobierno federal se propuso aminorar así la fuerza del pacifismo siciliano. Al reunir en torno suyo a personas como Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Alejandro Martí, el secretario Blake Mora buscó recordar que los reclamos de esas personas son anteriores a los de Sicilia y, aunque sólo fuera por eso, tienen tanto o más derecho que el escritor a ser interlocutores del Gobierno. Ya lo han sido de tiempo atrás y su activismo ha conseguido legislación puntual en torno a delitos en que concentran su atención, el secuestro en particular.

El propósito de Bucareli parece resumirse en la vieja tesis de la manipulación política: divide y vencerás, y en mostrar que el Gobierno federal no ha esperado a las presiones pacifistas para atender demandas ciudadanas. Habrá que recordarle a su vez al secretario Blake, que entonces estaba lejos de los conflictos nacionales, en su Baja California natal, que hace tres años –cumplidos precisamente ayer domingo— fue suscrito un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, una suma de compromisos más retóricos que prácticos, en cuya presentación participaron algunos de los activistas que ahora son, en los hechos, tenidos como leales al gobierno, y que ese acuerdo generó muy escasos resultados, como lo reconoció la señora Morera, antes cabeza del Movimiento Ciudadano contra la Delincuencia y hoy presidenta de la asociación Causa en Común.

Puesto que son personas de buena fe, las señoras Morera, Wallace y Alejandro Martí, que tuvieron dolorosas pérdidas en su ámbito familiar y transformaron su pesar personal, como lo hizo Sicilia, en activismo civil, no serán instrumentos del gobierno para dividir los esfuerzos de la sociedad en contra de la violencia, tanto la suscitada por las bandas delictuosas como la causada por el gobierno mismo. Al contrario, es claro que depondrán las diferencias que guardan entre sí o las convertirán sólo en pareceres diferentes, porque al fin y al cabo los anima el mismo propósito: lograr que los mexicanos vivan seguros y tranquilos. Sería ingenuo ignorar que la cercanía de algunos de esos dirigentes con el aparato gubernamental –la señora Wallace y el señor Martí figuran en una lista de ciudadanos sin partido a los que el PAN podría impulsar a la candidatura presidencial— pueda influir en su visión de los fenómenos sociales. Pero no son quintacolumnistas destinados a estorbar los pasos del pacifismo siciliano.

Los esfuerzos que todos ellos encabezan no contienden entre sí, ni disputan espacios de representación social. El de Sicilia es un movimiento renuente a adquirir organicidad que puede esterilizarlo; no es una asociación civil como el resto. Éstas tienen objetivos específicos. El movimiento recoge preocupaciones de mayor latitud y que fueron resumidas por Emilio Álvarez Icaza en San Lázaro el jueves pasado: cambio de enfoque a la estrategia de guerra; atención integral a víctimas, fortalecimiento del tejido social; y mejor democracia representativa, democracia participativa y democratización de los medios.

Pemex contra la ley

Tenía prisa Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, por otorgar a particulares tres contratos para la exploración y explotación de campos maduros de esa empresa pública. Es seguro que ni siquiera hubiera notificado formalmente que había quedado abatido del escollo judicial que le impedía hacerlo cuando, 48 horas después de un fallo de la Suprema Corte que por lo visto esperaba con ansia, viajó a Villahermosa, con su séquito de colaboradores, para asignar porciones del territorio nacional al trabajo de empresas privadas que, de acuerdo con la Constitución, sólo el Estado puede realizar a través de Petróleos Mexicanos.

Petrofac Facilities Management Limitid, con sede en la Gran Bretaña, y Administradora en proyectos de campos, empresa regiomontana con sólo seis años de edad y de experiencia, ganaron una licitación y firmarán en octubre próximo tres contratos integrales de servicios, conocidos como incentivados o de desempeño. Se trata de figuras jurídicas establecidas en la legislación mexicana en 2008, que en realidad son contratos-riesgo, que ya tuvieron vigencia en México y fueron cancelados por inconvenientes para el interés nacional.

Son contratos ventajosos para los particulares. Sólo así se explica que al emitirse la convocatoria correspondiente, 27 empresas compraran más de cincuenta paquetes con las bases de la licitación, y que 17 perseveraran en su propósito de obtener la asignación, no obstante que flotaba sobre el proceso respectivo la duda sobre su legalidad. No es para menos: los contratos permiten explorar y explotar petróleo en campos ya trabajados por Pemex, actualmente en operación, por cuyas tareas los particulares obtienen un pago fijo, independientemente de la suerte que sigan sus actividades, y otro variable, dependiente de sus resultados. Los campos asignados, que se hallan en una zona de 312 kilómetros en el estado de Tabasco, comprenden pozos que producen en la actualidad quince mil barriles diarios. Se espera que la actividad privada aumente esa cifra a cincuenta y cinco mil, y a costos menores que los de Pemex. Las empresas favorecidas ofrecieron extraer cada barril a un costo de cinco dólares, en contraste con entre siete y ocho dólares que le cuesta a la empresa pública. Se comprende la diferencia, entre otras causas, porque las empresas que trabajarán en las zonas de Magallanes, Santuario (asignadas a la inglesa) y Carrizo (que corresponde a la mexicana) cuentan ya con una infraestructura cuya amortización es parte de los costos de Pemex.

En su sesión extraordinaria de 24 de noviembre de 2010, el consejo de administración de Pemex acordó la celebración de los contratos que ahora se festejan. La convocatoria respectiva fue publicada el 1º de marzo pasado. El acto causó escozor en la Cámara de Diputados, que tenía en curso una controversia constitucional por una medida semejante, pero diversa. El 16 de marzo ese órgano del Legislativo perdió en definitiva ese medio de control constitucional, por el cual había impugnado las disposiciones administrativas relacionadas con “las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas”.

Eso no obstante, los impugnadores de los contratos incentivados lograron que la Cámara iniciara una nueva controversia constitucional, esta para combatir el acuerdo de noviembre y la convocatoria de marzo. Tal controversia fue desechada el 15 de abril por notoriamente improcedente por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien consideró que la Cámara de Diputados carecía de interés legítimo en el asunto, puesto que la medida administrativa impugnada no interfería en la esfera de competencia de ese órgano legislativo. De inmediato la Cámara presentó el recurso de reclamación a fin de lograr que el pleno de la Corte revocara el acuerdo de desechamiento dictado por Ortiz Mayagoitia. No lo consiguió puesto que el martes pasado una mayoría de siete votos derrotó la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que había propuesto admitir la controversia y entrar al fondo del asunto. El más reciente miembro del pleno sostuvo que no era “manifiesta e indudable la inviabilidad del juicio intentado”. Lo acompañaron en su razonamiento únicamente los ministros Olga María Sánchez Cordero, Fernando Franco y Arturo Zaldívar, pero fueron del parecer contrario el propio presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza y los ministros José Ramón Cossío, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls, Sergio Aguirre Anguiano y naturalmente Ortiz Mayagoitia, autor del rechazo inicial.

(En su proyecto, Pardo Rebolledo hizo notar que los anexos del acuerdo del consejo de administración de Pemex están reservados, por lo que no se tiene acceso a la información que dio base a la decisión de asignar esos contratos. No puede pasarse por alto esa infracción al principio general de transparencia que debe regir los actos administrativos, por lo que será preciso que se demande conocer tales fundamentos ahora ocultos).

A pesar de que la exploración y explotación de hidrocarburos ha estado reservada a la nación, durante cerca de veinte años, estuvieron vigentes contratos muy semejantes a los que se asignaron el jueves pasado y se firmarán a más tardar el 18 de octubre. Se trata de los contratos riesgo. Como los de desempeño, aquellos implicaban entregar una parte de la renta petrolera a particulares, a los que se cubrían los costos en que incurrieran y se les premiaban sus hallazgos.

Entre 1949 y 1951, Pemex “suscribió cinco contratos -riesgo con empresas petroleras privadas, que establecían un periodo para la exploración y perforación de pozos y señalaban como remuneración, por parte del Petróleos Mexicanos, el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados, con el valor del 50% de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados, y una compensación que iba del 15 al 18.25% del valor de la producción, por un periodo de veinticinco años”.

La cita anterior corresponde al discurso del 18 de marzo de 1970 en que el director de Pemex (lo había sido desde el 1º de diciembre de 1964), Jesús Reyes Heroles anunció que el presidente Díaz Ordaz había ordenado “la no renovación o prórroga de esos contratos, y que se acatara la reforma constitucional que prohíbe su celebración y preceptúa su insubsistencia”. Con diversos actos jurídicos (rescisión o terminación voluntaria de los contratos) celebrados entre junio de 1969 y febrero de 1970, quedaron liberados, “sin limitaciones de ninguna especie, 3,858 kilómetros cuadrados del territorio nacional para la explotación exclusiva de petróleos mexicanos, en beneficio de la nación. Sin necesidad de ofrecer participaciones o derechos sobre el valor de la producción del subsuelo mexicano, con recursos propios y financiamientos normales, proseguirá de hoy en adelante el desarrollo y progreso de la industria petrolera”.

Reyes Heroles admitió que “cuando estos contratos se firmaron no había impedimento legal para hacerlo, pues la reforma que prohibió celebrarlos es de 29 de noviembre de 1958, y la que ordenó la insubsistencia de los existentes, del 20 de enero de 1960”.

Aquella prohibición está vigente. Y también lo está, pues apenas fue aprobada en 2008, la ley de Petróleos Mexicanos. La fracción IV de su artículo 60 dispone inequívocamente que “las remuneraciones que se establezcan (en contratos como los cuestionados) serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos y sus derivados, o de las utilidades de la entidad contratante…”.

El boletín 77 que Pemex expidió a las 12:03 del 18 de agosto no menciona, supongo que deliberadamente, el modo en que los contratistas ganarán por sus servicios. Pero en la conferencia de prensa correspondiente se dijo que las “contratistas ganan de acuerdo con los resultados que obtengan. Esto es: tienen un pago fijo y otro variable en función del éxito de la producción”. (Reforma, Negocios, 19 de agosto)

Se festeja la violación a la ley, y se anuncia que en octubre continuará tal desacato. Mientras, la Corte se refugia en la formalidad para no examinar el fondo de un asunto que a todos concierne.

Coahuila y su deuda

Aunque un grupo de militantes panistas tomó la tribuna y pretendió impedir la aprobación de la nueva y descomunal deuda del Gobierno de Coahuila, en sesión extraordinaria convocada ex profeso, ayer la legislatura estatal dio luz verde a la reestructuración del débito gubernamental. El gobernador interino Jorge Torres quedó autorizado para contratar créditos que permitan saldar los de vencimiento inminente y cubrir los intereses acumulados. De ese modo, de un momento a otro, de un plumazo, lo que adeuda el Gobierno de Saltillo pasó de 31,973 a 33,867.

Ese acto legislativo ilustra el modo en que los diputados locales han avalado a los gobernadores de sus entidades en su afán de hacerse de más recursos sin recaudar mayores ingresos, atenidos como están a las participaciones federales, o sea el dinero que reciben del Gobierno central. Durante el sexenio de Vicente Fox, los gobiernos estatales recibieron enormes sumas procedentes de los excedentes petroleros. Pero esa bonanza, por su propia naturaleza, no ha podido mantenerse. Se conservó, en cambio, la deplorable costumbre de gastar como en los tiempos de la reciente prosperidad y por eso se acudió al crédito, para que sean las próximas generaciones las que paguen o sufran las consecuencias de no hacerlo.

Las vías para hacerlo fueron dos: emitir bonos que se colocaron en la bolsa de valores, ofreciendo rendimientos que hicieran atractivos esos títulos; o recibiendo préstamos, la mayor parte a largo plazo, de algunos bancos. En los dos casos la garantía de solvencia está representada por una expectativa relativamente segura: el dinero federal que se recibirá en los próximos años.

Salvo Tlaxcala, que por disposición legal no puede pactar crédito a pagar en plazos mayores de un año, todas las entidades recorrieron presurosas ese camino fácil. La suma de la deuda de las entidades que funcionan con ese modelo llega actualmente a 315 mil millones de pesos. En ese panorama sobresale el caso de Coahuila, no sólo porque el colosal incremento respectivo se produjo en los cinco años en que gobernó a ese estado el actual presidente del PRI, Humberto Moreira, sino por otras razones.

Una principalísima es que el aumento del monto adeudado es enorme. Cuando Moreira recibió el Gobierno de manos de su protector Enrique Martínez y Martínez, el estado debía menos de doscientos millones de pesos (196 para decirlo con precisión). Como si no recibiera participaciones federales y tuviera que vivir de prestado, el gobierno estatal comprometió su futuro en montos escandalosos, hasta llegar a cerca de 32 mil millones de pesos. Cuando el martes quedó listo el dictamen que autorizó todavía un nuevo incremento (el remanente que resulte de restructurar la deuda actual), el líder de los diputados priístas, Fernando de las Fuentes, que conforme al modelo antiguo es la cabeza del Congreso, explicó el destino de esa abultada suma.

Citó una hilera de obras públicas, costeadas según sugirió, por el dinero prestado por los bancos: escuelas, tecnológicos, una Ciudad universitaria, veinte museos, catorce bibliotecas, seis casas de la cultura, cuatro teatros y una Gran plaza en cada una de estas ciudades: Torreón, Acuña y Piedras Negras. Probablemente la lista no es ex exhaustiva, porque de serlo su costo no alcanza ni remotamente los treinta y tantos mil millones de pesos en cuestión. Y en caso contrario, el Gobierno de Moreira y su prestanombres tendrían que responder qué hicieron con los recursos federales que recibieron de 2005 a 2010, pues el flujo originado en el centro del País no disminuyó durante ese periodo.

Se aduce también que se acrecentaron los recursos para el combate a la pobreza. Aun de ser cierto que se entregó más dinero a los destinatarios de los programas respectivos, si para sufragarlos fue necesario endeudarse, la decisión fue contraproducente. Hoy Coahuila es la entidad con mayor deuda per cápita: cada uno de los coahuilenses debe once mil seiscientos treinta y tres pesos.

Si Moreira y su vicario respiraron aliviados después de la aprobación del nuevo monto de deuda, su contento debe haber sido efímero. Ayer mismo, la firma Ficht, contratada por el Gobierno coahuilense para calificar la calidad de la deuda, la degradó. No tenía una posición para dar envidia a nadie, pues apenas llegaba a A plus, pero ahora salió de ese rango para quedar en triple B. No es una descalificación inocua, pues la degradación implica el pago de intereses más altos. De esa suerte, no es improbable que cuando asuma el Gobierno Rubén Moreira una de sus prioridades sea renegociar los adeudos. Y ni modo de arrojar la culpa al predecesor, pues se trata de su propio hermano.

A pesar de que la deuda de los estados en general, la de lo gobernados por priístas en particular, y la de Coahuila singularmente, tiene una importancia mayúscula, no puede soslayarse el interés partidario que mueve a funcionarios panistas y dirigentes del partido en el Gobierno a poner el acento en la conducta de Moreira. Es un adversario difícil al que conviene poner en su sitio y aun desprestigiar porque de su descrédito puede derivar el de su partido, extremo deseable en vísperas electorales. Pero la verdad es la verdad, quienquiera la diga. No es buen recurso lógico, y puede que tampoco lo sea político el responder una acusación con otra, para conducir la atención de los observadores más a la respuesta que a la afirmación original. La mala conducta del gobierno federal, sin embargo, no cohonesta la del líder del PRI.

Horror en Tultitlán

Un nuevo riesgo, el hostigamiento social consentido, fruto de una sorda xenofobia, asomó su horrible rostro en las rutas de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, de suyo erizadas de obstáculos. Como primer resultado del acoso comunitario, un joven guatemalteco fue asesinado en circunstancias tan terribles como inaceptables, y un albergue tendrá que cerrar sus puertas y ser instalado en otro lugar.

Tultitlán es un centro de confluencia ferroviaria en el estado de México, hoy ubicado a la vera de la autopista México-Querétaro, pero al que se puede llegar también desde Ecatepéc y Tlalnepantla. Es uno de los suburbios surgidos o hechos crecer por la industrialización mexiquense de mediados del Siglo XX. Allí se edificó un templo a san Juan Diego, con motivo de su canonización, hace pocos años. Y adosado a él, en lo que fue su salón parroquial, funciona desde enero de 2009 un albergue para migrantes, uno de los 43 que ha esparcido por el país una oficina del Episcopado mexicano, la dimensión pastoral de la movilidad humana.

El refugio para migrantes hace observar reglas rigurosas para el adecuado cumplimiento de su cometido. Sólo admite a pasajeros por cuarenta y ocho horas. Se les proporciona alimentación, lavado de ropa, instalaciones sanitarias donde asearse y evacuar sus cuerpos, así como llamadas telefónicas gratuitas a los Estados Unidos, para que mantengan contacto con quienes los esperan allá. Deben observar un comportamiento respetuoso a los demás, que en general es cumplido sin problema.

Pero cada día más el albergue se ve excedido en sus posibilidades de ofrecer sus servicios humanitarios. Sólo cuenta con cuarenta camas, y decenas de migrantes más tienen que dormir en colchones sobre el suelo, pues ha habido temporadas en que demandan auxilio hasta trescientas personas al día. Los que cumplen el plazo de alojamiento y no pueden continuar su camino, o aquellos para los que ya no hay cupo, forman un cinturón de miseria alrededor del refugio. En torno de ellos, que viven con mayor precariedad que los hospedados, se activa un mercado de personas. Hasta allí llegan polleros a cuyo ilegal servicio se acogen los más desesperados y los que pueden reunir la cantidad mínima, el enganche exigido para su traslado. Hasta allí llegan también los agentes de la Policía municipal a extorsionar a los que duermen en la calle, o en los patios del ferrocarril que ahora son propiedad privada. El espectáculo no ha de ser edificante, y los lugareños se quejan no sólo de la fetidez que emana de los campamentos improvisados, sino también de la conducta de los desgraciados entre los desgraciados, a quienes acusan de cometer delitos y de faltar respeto a los transeúntes. En más de un sentido, las afueras del albergue, y sus inmediaciones se convirtieron en asiento de apestados.

No es imposible que entre los migrantes se incluyan delincuentes o personas inclinados a cometer ilícitos para sobrevivir. Los migrantes no son ángeles, sino en general personas necesitadas de trabajar, seducidas por el sueño americano. Julio Fernando Cardona Agustín, guatemalteco de 19 años, era uno de ellos. Como pedigueño en Tultitlán, reunió el sábado seis de agosto algunos pesos, para reemprender el camino. Pero, al parecer eligió gastarlos con amigos bebiendo cerveza (como lo relata Rolando Herrera en su excelente reportaje en Reforma de ayer).

Ya eran las primeras horas del domingo siete cuando volvía a las cercanías del refugio, donde pernoctaría. En el camino fue interceptado por los agentes municipales de la patrulla 203. Otros muchachos como Cardona lo acusaron de haberlos asaltado, y exigieron su detención. A la mañana siguiente fue descubierto el cuerpo del migrante guatemalteco, asesinado a golpes. Puesto que hubo testigos de su detención, se supuso que los agentes municipales lo habían ultimado. Pero al parecer el desenlace es todavía peor. Acaso envenenados por el ambiente hostil contra los migrantes, los denunciantes decidieron hacerse justicia por propia mano: “compraron” a Cardona, es decir pagaron mordida a los policías captores y se quedaron con el detenido. Por quinientos pesos lo tuvieron a su disposición. Y lo asesinaron brutalmente.

Ha ido configurándose un espeso clima de encono contra los migrantes, en una porción del vecindario, y entre autoridades, como el Presidente Municipal priísta. Quizá también en el personal de la empresa Ferrosur. El hecho es que el tres de julio una tropa armada, con uniformes negros que ostentan las siglas de las policías federales, allanó el albergue y pretendió llevarse a refugiados allí y hasta a personas que trabajan en la casa Juan Diego. Llegaron a bordo de vehículos de la empresa ferroviaria. Esta compañía y otras, resultado de la privatización ejecutada por el presidente Zedillo –que luego aceptó un asiento en el consejo de administración de uno de consorcios norteamericanos beneficiarios de su decisión de vender esa porción del patrimonio nacional -han dado muestras de su hartazgo por el fenómeno migratorio en que cumplen un papel de modo involuntario. Alguna de esas empresas ha modificado la configuración de los vagones de su propiedad para imposibilitar que los aborden migrantes.

Los sacerdotes que mantienen el albergue de Tultitlán se han rendido. Su primera posición fue resistir y permanecer allí. Pero ahora acordaron el traslado del refugio. No han sido escuchados por su feligresía: “Todo lo que hagan a estos pequeños me lo hacen a mi”, enseñó Jesucristo.

Seguridad al estilo Peña Nieto

El poeta y sicoterapeuta Efraín Bartolomé y su esposa, la arqueóloga Guadalupe Belmontes tuvieron el honor de recibir en su domicilio, en el breve plazo de cinco días, tres veces al procurador Alfredo Castillo. A decir verdad, a la primera no acudió él mismo, sino sus representantes personales, que con brutalidad asaltaron la casa de la pareja el jueves en la madrugada. Horas después, el propio funcionario presentó sus excusas al matrimonio, y dejó su pluma Mont Blanc en prenda de la devolución de objetos robados por los agentes ministeriales que andaban en busca de Oswaldo García Montoya, jefe de La Mano con Ojos y no lo encontraron por la sencilla razón de que los ciudadanos atracados no tienen nada que ver con el presunto delincuente. El lunes, Castillo viajó de nuevo de Toluca a Tlalpan. El propósito de su visita fue devolver el reloj Omega Speedmaster que alguno de los intrusos de la madrugada del jueves se llevó consigo.

Quizá vuelva una vez más Castillo a visitar a los afectados. Falta por devolver una cámara digital, la memoria de una computadora y un abrecartas de plata también sustraídos sin derecho. Pero, lo más importante, también falta que se haga saber cuáles de los integrantes del piquete policial robó esos objetos. A estas horas, el procurador debe saber quiénes fueron los ladrones. Investigarlo es extremadamente fácil: el universo de los sospechosos es minúsculo, compuesto apenas por un puñado de agentes que confundieron su vocación o la ejercen simultáneamente. El hecho mismo de que una de las piezas robadas haya sido localizada indica que alguien la devolvió, acaso el mismo que sin derecho la llevó consigo. Si a casi una semana del asalto la Procuraduría no puede identificar al ratero que cobra en su nómina, es una oficina a cuya cabeza está un incapaz. Y si lo sabe y no lo dice, es un encubridor.

Tal vez ocurre que, como a Facundo Cabral, al procurador Castillo le “encanta ser amigo de los ladrones”, y de los delincuentes en general. Para suponerlo hay que ver la animada charla que sostuvo con García Montoya, el detenido cuya captura costó el asalto no sólo a la casa de los Bartolomé Belmontes, sino también al de la maestra bióloga Patricia Magaña y la de sus padres. La Comisión de derechos humanos del Distrito Federal, por queja de algunos afectados más, o de oficio, está investigando la violación del domicilio de un número mayor de habitantes de la colonia Torres de Padierna.

Ufano de la captura, el procurador Castillo hizo comparecer no todavía ante un juez a García Montoya, sino ante las cámaras. El compayito es todo un comediante. En vez de haber sido marino, y desertor, y agente judicial y de Policía, y luego sicario que con sus propias manos mató a trescientas personas y ordenó la muerte de otras tantas, y jefe de banda del narcotráfico, hubiera debido explotar sus dotes histriónicas. Con gran fluidez, y hasta divertido, narró sus hazañas en un video hecho conocer a los medios por Castillo, que a veces aparece como sólo su patiño. García Montoya le avisa, si bien a posteriori, que estuvo a punto de matarlo. Es que lo creyó un traidor: le envió con un propio cuatrocientos mil dólares para que lo dejara trabajar. Y al notar que el servicio pedido no se cumplía, pretendió hacer pagar a Castillo su incumplimiento. Pero luego supo, porque “al andar en la maña todo se sabe”, que el mensajero incumplió el encargo y se quedó con el dinero. Al no haberlo recibido el Procurador, no había faltado al compromiso que se le propuso. ¿Y el intermediario? Lo maté, dice con cachaza el jefe de La Mano con Ojos.

En un intercambio de elogios, propio de una plática entre amigos que se aprecian, una voz en el video, que puede ser la de Castillo mismo, reconoce ante El compayito que sus habilidades para delinquir y no ser aprehendido “nos hicieron ser mejores”. A lo cual García Montoya contesta interesado si no tendrá por ello una compensación, respuesta que mereció la risa de los presentes en el animado diálogo.

García Montoya informó también, con la soltura de lengua a la que tendrá que reprimir ahora que es huésped del Altiplano, el penal de alta seguridad situado no lejos de Toluca, que dejó órdenes en previsión de ser detenido, un riesgo que, dijo, era inminente. Instruyó a sus subalternos que mataran a media docena de personas. Una de ellas, se apresuró a conjeturar la avispada Procuraduría mexiquense, fue ejecutada el lunes temprano. Su cuerpo, al que se le cercenó la cabeza, apareció colgado bajo un puente en Huixquilucan. Para fortuna de los asesinos, o al menos de quienes colgaron el cadáver decapitado, no funcionó la cámara que la eficiencia municipal ha colocado en la vía pública de ese enclave urbano.

La procuración de justicia mexiquense, durante el sexenio que está por terminar, se ha caracterizado por la omisión y el abuso. La multiplicación de feminicidios es muestra de lo primero. La represión en Atenco en mayo de 2006, ejemplo de lo segundo, sigue agravada por la impunidad de los agentes que violaron a mujeres detenidas sin causa y violentaron los derechos humanos de otras personas.

Detener a un prominente jefe del narcotráfico, al costo que sea, desnuda a la procuración de justicia de Enrique Peña Nieto. Profesa. Agravado, el credo de su tío y padrino Arturo Montiel, para quien los derechos humanos eran para las personas, no para las ratas. Y aunque no sean ratas, tales derechos no valen cuando estorban a la feroz acción ministerial de Peña Nieto.

Precandidatos: simulación y dinero

Ernesto Cordero y Mario Delgado tienen muchos rasgos en común. No sólo su apariencia y su complexión física, sino también sus modos de hacer política. Impulsados por sus jefes, respectivamente Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, acometen con modos semejantes la imposible hazaña de ser candidatos, a la Presidencia de la República, uno, a la jefatura de Gobierno del DF el otro.

Tecnócratas formados para hacer que las números cuadren aunque la gente resulte postergada, cada uno de ellos -no sé si por su lado o de consuno- descubrieron la política y se creyeron facultados para ejercerla. Han tenido experiencias administrativas similares: ocuparon la titularidad de dos relevantes oficinas de primer nivel en sus gobiernos. Cordero ha sido secretario de Desarrollo social y de Hacienda, mientras que Delgado lo fue de finanzas en el Gobierno capitalino y ahora lo es de Educación. Acaso tenía para el primer cargo una somera preparación. Carece por completo de aptitudes para el segundo. No le ha hecho falta porque no se trata de regir el magro sistema educativo de la Ciudad de México (donde la enseñanza básica está a cargo de la Federación) sino de mostrarse ante el público para que su nombre sea conocido, con fines electorales.

Desprovisto del mínimo pudor, Delgado no vaciló en usar su propio apellido en la campaña de publicidad de una campaña contra la obesidad. De ese modo, se subrayaba la importancia de ser Delgado, netamente propaganda personalizada. No pierde, además, la oportunidad de pagar gacetillas en los diarios que se dejan. Por ejemplo, cuando entrega becas, la información hace pensar que las paga de su propio peculio. El domingo llegó al colmo, al hacerse destapar por la comediante Carmen Salinas como su favorito para gobernar el Distrito Federal.

Como Delgado, Cordero utiliza su cargo para hacer campaña política. Su acción más descarada a ese respecto consistió en recibir en su papel de ministrador de recursos a los gobiernos locales, a un grupo de alcaldes panistas de Veracruz acarreados por Miguel Ángel Yunes para proclamarle sus simpatías en la liza electoral interna del PAN.

Aunque asegura diferenciar entre su promoción personal y su propósito político personal, Cordero emplea tiempo y recursos públicos para el segundo fin, y sin miramientos combina o mezcla los dos papeles que ahora desempeña. Este fin de semana anunció que anunciará medidas respecto de la deuda de los gobiernos estatales y viajó a León e Irapuato para que el gobernador Juan Manuel Oliva le deparara actos multitudinarios de bienvenida en que, por completo fuera del tiempo reglamentario, se le ofrecieron firmas que sustenten, llegado el caso, su postulación en la contienda panista.

Cordero y Delgado, como Enrique Peña Nieto y Ebrard, son ejemplo de mal uso de recursos públicos en provecho personal. Con ellos pagan la costosa cobertura mediática de sus actividades. En esos gastos gubernamentales descansa la abrumadora presencia de Peña Nieto ante la opinión pública y en ellos radica la expectativa de Ebrard de figurar como “mejor posicionado” que Andrés Manuel López Obrador cuando se midan las posibilidades electorales de cada quien.

Se trata de gobernantes o administradores de la cosa pública que son al mismo tiempo precandidatos. La ambigüedad de su posición es causa y efecto de la simulación, uno de los peores rasgos del sistema político mexicano y de quienes lo encabezan. Es verdad sabida que la política entraña puestas en escena, fingimientos similares a los del teatro. De modo que la simulación no es lacra exclusiva de nuestra manera de organizar y ejercer la política. Pero aquí se llega al extremo de practicar la simulación como arte del engaño, como conducta dolosa tendiente a crear falsas realidades, a esconder las verdaderas.

Otro modo de la simulación, especialmente lesivo de la convivencia democrática, es hacer propaganda electoral tras la mampara de los informes de desempeño. Una aspiración largamente expresada en la sociedad mexicana, alcanzada muy parcialmente como es la rendición de cuentas, el diálogo de los representantes con los representados para hacerles saber lo que hacen en su nombre, se ha pervertido hasta extremos grotescos. Acabamos de verlo el domingo con un acto principal de promoción política de la diputada Josefina Vázquez Mota, cabeza de los legisladores blanquiazules en San Lázaro. Pero no mucho tiempo atrás lo vimos, en niveles todavía más ofensivos y de tan grandilocuentes ridículos, en el informe semejante de Carlos Navarrete, el senador perredista que busca ser candidato a la jefatura del gobierno capitalino.

Amén de la superchería de hacer propaganda más que de informar, es notable el dispendio de quienes acuden a esta práctica. La precandidata panista gastó más de cinco millones de pesos en una escenificación efímera. Tuvo a bien informar que el grueso de ese costo, más de tres millones de pesos, fue enfrentado por los 76 diputados federales que la apoyan. Un millón y pico fue aportado por empresarios amigos de la aspirante. Ella sacó de su peculio más de ochocientos mil pesos para este propósito. A su vez, Navarrete informó que con recursos propios pagó los más de seiscientos mil pesos que costó su aparatoso informe, cuyas dimensiones y espectacularidad hizo más fuerte el contraste entre la forma y el fondo.

Es verdad que los legisladores están muy bien pagados, y que Vázquez Mota ha sido secretaria de Estado durante una decena de años, pero ¡qué ahorrativos son!