Baja California Sur

Después de la de Guerrero, a efectuarse el 30 de enero, la segunda jornada electoral de este año ocurrirá el 6 de febrero en Baja California Sur, entidad gobernada en los últimos doce años por el Partido de la Revolución Democrática. Además de Gobernador, los sudcalifornianos votarán para renovar los ayuntamientos de sus cinco municipios: Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé. Y elegirán a 21 diputados, 16 de mayoría y cinco de representación proporcional.

Una división interna en el partido gobernante, auspiciada desde su comité nacional, pone en riesgo la conservación perredista del poder. Ante la posibilidad de que un precandidato no adicto a Nueva Izquierda, el diputado federal Marcos Covarrubias, ganara la postulación a la Gubernatura, el consejo estatal pidió que la comisión política nacional asumiera la decisión de nombrar candidato. Esa autoridad interna se acopló al gobernador Narciso Agúndez y designó candidato a Luis Armando Díaz, que fue Alcalde de Los Cabos de 2005 a 2008, y luego secretario de Gobierno del Ejecutivo que lo impulsa a ser su sucesor.

La decisión de la comisión política nacional generó graves efectos internos. Por un lado, consolidó la escisión que se esbozaba ya y que involucró centralmente a Leonel Cota Montaño, autor de la prosperidad perredista en la entidad y que ahora figura entre quienes se oponen al que fue su partido. Cota Montaño salió del PRI en 1999, ante la certidumbre de que no sería candidato a Gobernador, no obstante aparecer como el preferido de la población cuyas inclinaciones electorales medían las encuestas. El PRD lo arropó, juntos ganaron la elección y Cota Montaño se afilió más tarde al partido que lo acogió con tan buen resultado.

Al concluir su sexenio en 2005, Cota mantenía el control tradicional que los gobernadores ejercen sobre su propia sucesión e influyó de modo determinante en la designación de su pariente Narciso Agúndez Montaño, quien holgadamente ganó la Gubernatura. Derrotó entonces, con el 45% de los votos, al priísta Rodimiro Amaya, que había sido recibido en el PRI y hecho candidato después de que apenas un sexenio atrás había hecho causa común con Cota Montaño y fue perredista por un breve lapso. Obtuvo el 36.1% de los votos, un porcentaje semejante al que en 99 ganó Antonio Manrique, derrotado entonces por Cota Montaño, que lo superó con casi veinte puntos de diferencia: 55.9 contra 37.4%. En un distante tercer lugar, después de Agúndez y Amaya, figuró el ahora senador Luis Coppola, candidato del PAN.

Cota Montaño pasó poco después a ser presidente nacional del PRD, cuando el violento despido asestado a Rosario Robles fracturó al partido. Para ello el sucaliforniano contó con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, a quien acompañó en sus peripecias postelectorales. Su infortunio político se inició cuando la elección de su sucesor, disputada entre Alejandro Encinas y Jesús Ortega ahondó las diferencias entre las corrientes principales de ese partido. Volvió entonces a su terruño y se encontró con que su primo había olvidado el nexo político que los unía y, de hecho, lo arrojó a la marginalidad. Cota Montaño fracasó por ello en su intento de ser diputado hace dos años, pues no consiguió la candidatura por ninguna de las dos vías (plurinominal y de mayoría) en que lo intentó. 

Cuando también su participación en el proceso interno perredista con miras a la elección del próximo febrero fue inocua, se retiró del partido denunciando la complicidad de Agúndez y Ortega. Ahora es candidato a Alcalde de Los Cabos, apoyado por el Panal. El destino de su postulación dará clara idea, lo mismo que el resultado en la elección de Gobernador, de hasta qué punto está partido su antiguo partido.

Marcos Covarrubias, a semejanza del propio Cota Montaño en 1999, se inconformó con la decisión del PRD, que lo había hecho Alcalde de Comondú y diputado federal pero rehusó hacerlo candidato a la Gubernatura. Bien cotizado en el mercado de valores políticos de aquella entidad, el PRI y el PAN mostraron interés por atraerlo. Lo hizo finalmente Acción Nacional, que ya había convocado a una consulta interna, en que participaron el ex candidato Coppola y el dirigente empresarial Alonso Germán Castro, que obtuvo ventaja no obstante lo cual fue desplazado cuando Covarrubias salió del PRD. Impugnó ante la justicia electoral la decisión de su comité nacional, que lo postergaba, pero no logró modificar esa determinación.

El proceso interno en el PRI produjo sobresaltos menores. La ex diputada Estela Ponce se contentó con ser candidata a la Presidencia Municipal de La Paz, y nadie objetó la postulación del líder estatal Ricardo Barroso Agramont, nieto del último Gobernador del territorio de Baja California sur, antes de su conversión en estado. Carece de historia política, llega apenas a los treinta años y por lo tanto comparte en estos días sus afanes políticos con los preparativos de su boda. Quién sabe qué relevancia tendrá en las urnas, pero acaba de conseguir el apoyo del frustrado aspirante panista Coppola, que será expulsado de su partido por buscar otro puerto al que arribar.

Las divisiones del PRD y el PAN podrían ofrecer al PRI la ocasión de recuperar el Gobierno estatal. También es posible que Covarrubias arrastre consigo buena parte de la votación panista y entregue a Acción Nacional el regalo inesperado de una Gubernatura que complete su dominio sobre la península entera, pues gobierna el norte ininterrumpidamente desde 1989.

Rodríguez Regordosa

El nuevo año es propicio para los hermanos Rodríguez Regordosa. Carlos fue nombrado anteayer subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y es inminente la designación de Pablo como secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla. Por lo pronto es uno de los cuatro integrantes del equipo de transición, y se ocupa precisamente de los temas económicos.

Los hermanos Rodríguez Regordosa pertenecen al prototipo de lo que se llama “una buena familia poblana”. Su padre, Herberto Rodríguez Concha, fue en su juventud un militante de la extrema derecha, protagonista del Frente Universitario Anticomunista, que disputando con grupos de izquierda el dominio de la Universidad pública fue factor básico para la marginación de la institución ahora benemérita y la creación de una universidad privada, la llamada popular. Aunque no se formó allí, el hijo mayor de Rodríguez Concha, del mismo nombre, llegó a ser vicerrector académico de esa institución. Como su padre, presidió el centro patronal poblano, una de las principales delegaciones de la Coparmex, de cuyo comité nacional fue vicepresidente. Herberto Rodríguez Regordosa ha sido consejero y director del Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas, fundado en 1992.

Luis Regordosa Valenciana, tío de los hermanos de que hablamos, ha desempeñado también un papel relevante en la cúpula del sector privado poblano. Presidió el consejo coordinador empresarial y encabezó el Consejo Universitario, un peculiar órgano de dirección diverso de los que habitualmente llevan ese nombre, en la Universidad de las Américas, UDLA.

En esa institución, surgida de la conversión del México City Collage en institución universitaria, al influjo de las familias Jenkins y Espinosa Yglesias, se prepararon Carlos y Pablo, que con el naciente 2011 comienzan nuevas y singulares etapas de sus carreras. El primero, que anteayer fue designado reemplazante del ahora secretario de Energía José Antonio Meade Kuribreña, se graduó en Economía en el plantel de Cholula, y a continuación estudió en la Universidad de Stanford una maestría en Ingeniería Económica e Investigación de Operaciones.

Al retornar de California ingresó en la Secretaría de Hacienda, donde ejerció cargos técnicos como subdirector de Administración de Riesgos, y director general adjunto de Crédito Interno. Durante la presencia de Agustín Carstens como secretario, fue ascendido a titular de la Unidad de crédito público. Por sus funciones o por confianza personal, era el suplente de Carstens en consejos como el de la Financiera Rural, de suerte que quizá es apresurado concluir que su ascenso a la Subsecretaría significa un fortalecimiento de Ernesto Cordero, que apenas ha sido secretario desde hace poco más de un año y, más que con un equipo propio, ha contado con las reservas institucionales (superiores a las de los Pumas, según su propio dicho) de un ministerio donde ha funcionado una suerte de servicio público de carrera muchos años antes de que esa noción se instituyera en la Administración federal. Cabe recordar que en el sistema priísta no fueron pocos los directores de deuda pública que ascendieron a subsecretarios y aun a titulares de la SHCP.

La actuación pública más reciente del ahora subsecretario consistió en el programa llamado cetesdirecto, destinado a permitir que inversionistas de poco alcance adquieran ese instrumento de deuda pública. Se ha señalado el riesgo de que ese acceso universal sea aprovechado por lavadores de dinero capaces de realizar operaciones hormiga para, mediante la posesión de certificados de tesorería, entrar en el circuito financiero legal.

Pablo Rodríguez Regordosa es ahora diputado federal y tendrá que pedir licencia para ingresar, en representación del PAN, en el gabinete de Moreno Valle, que el 4 de julio pasado ganó la Gubernatura a través de una coalición donde las piezas fuertes fueron Acción Nacional y el Panal, mientras que el PRD y Convergencia tuvieron presencia lateral.

Rodríguez Regordosa es también egresado de la UDLA, donde se graduó de Ingeniero Mecánico Electricista. Al lado de su desempeño en las empresas familiares (el Grupo refresquero Bret y ahora Tubos de cemento de alta resistencia) inició una militancia temprana en el PAN, identificado con la extrema derecha de ese partido, la que se conoce como El Yunque. Fue miembro del Gobierno Municipal panista de Gabriel Hinojosa, de 1996 a 1999 y seis años después fue candidato a la Presidencia Municipal, sin fortuna.

La ha tenido mejor con el impulso que brindó desde Acción Nacional a la precandidatura de Moreno Valle. Como se sabe, el inminente Gobernador, nieto de un médico militar y reputado cirujano que también gobernó a esa entidad, fue secretario de Finanzas del gobernador Melquíades Orozco, pero después abandonó su imperceptible militancia priísta. Con el apoyo de Rodríguez Regordosa ganó la candidatura panista al Senado de la República, a que perteneció de septiembre de 2006 hasta que el año pasado pidió licencia para contender contra el candidato de Mario Marín, Javier López Zavala, a quien derrotó.

En 2009 Rodríguez Regordosa fue elegido diputado federal por la vía plurinominal. En San Lázaro no ha tenido un desempeño sobresaliente. Es secretario de la comisión de comunicaciones y miembro de las de Defensa Nacional y Hacienda y Crédito Público. Empeñó su capital político, su influencia en el sector tradicional blanquiazul, en apoyar a Moreno Valle y ahora cobrará los réditos.

No más sangre

De pronto parece que la única, o la mayor destreza de la Armada, el Ejército y la Policía Federal cuyos hombres han sido enviados a comarcas de extrema violencia, como Guerrero, y Acapulco en particular, es acordonar las áreas donde se han cometido matanzas colectivas. De sus patrullajes, y ya no digamos de la actividad de las policías estatal y municipales, no se desprende en cambio ningún resultado. Son eficaces sólo para hacer sentir su presencia después de cometidos actos de crueldad aborrecible, no para evitarlos.
Este fin de semana coexistieron tres realidades en el antiguo Paraíso del Pacífico, que por lo visto sigue siéndolo para viajeros, especialmente capitalinos, que no se inmutan ante las informaciones y la evidencia de que la muerte anda suelta en los paseos acapulqueños y prefieren pasar allí sus vacaciones. Una de las tres realidades a que me refiero está constituida por esa población flotante que el sábado y el domingo disfrutaba las últimas horas de su asueto invernal, de fin y de comienzo de año.

Esos turistas no corrieron, no se espantaron ante la violencia que hervía en torno suyo, y se mantuvieron en el puerto hasta el último momento. La segunda realidad mencionada no los alcanzó. Se trata de la persistente lucha de bandas delincuenciales entre sí, que en 48 horas produjo 34 víctimas. Casi la mitad fueron degollados. Muchos de ellos son muchachos veinteañeros. Por lo menos tres eran adolescentes, que no llegaron a los 17 años de edad. Su asesinato comprueba que la letalidad que abruma a la población mexicana alcanza a personas cada vez más jóvenes, pertenecientes a la generación de los ‘Ninis’, que carentes de empleo y de oportunidades educativas escapan por la puerta falsa del narcotráfico. Se presume que quienes los asesinan son también muchachos, cada vez de menor edad, como lo exhibe el caso del jovencito asesino aprehendido en Morelos, que en su pubertad había sido ya orillado a acometer acciones infames.

Aquellas dos realidades -la del turismo impasible y la de los violentos en plena batalla- se tocan a veces tangencialmente. Pero una tercera realidad está sobrepuesta a las demás. Sus protagonistas se refieren a ellas en discursos, vacuos a sabiendas, pronunciados con plena conciencia de que son sólo palabrería, de que llegado el caso no habrá nadie que los fuerce a rendir cuentas, que los constriña a cumplir las promesas de campaña.

Se trata precisamente de las campañas electorales que desembocarán el 30 de enero en la elección para renovar el poder ejecutivo, es decir para decidir quién gobernara a Guerrero en los próximos seis años, después de los infaustos días de Zeferino Torreblanca.

Aunque circula un candidato panista que es débil reflejo de la tradicionalmente escasa presencia de su partido, la contienda se entabla en realidad entre priístas. Uno de ellos, Manuel Añorve, conserva su credencial tricolor y la ostenta, apoyado por su partido y sus comparsas (el Verde y el Panal) y por los próceres de turno. El otro rompió su carnet de priísta sólo horas antes de ser ungido candidato de los partidos del frente Diálogo por la reconstrucción nacional, Día (PRD, PT y Convergencia) que para efectos electorales integraron la coalición Guerrero nos une.

Son primos, que disputaron inicialmente la candidatura priísta. Cada uno contaba con un padrino poderoso: Añorve forma parte del grupo de Manlio Fabio Beltrones. Aguirre era cobijado por Enrique Peña Nieto. Fue mayor la influencia del líder senatorial y salió avante su candidatura. Por lo menos en apariencia, Peña Nieto se distanció de Aguirre tras un frustrado intento de mantenerlo en el redil. No faltó al priísta disidente un nuevo padrino; el jefe del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard.

Surgidos de la misma matriz, igualados por formas de hacer política en la discreción de los grupos y en la espectacularidad de los mítines públicos, los primos son intercambiables. Podrían ser el candidato de la coalición de la que ahora son antagonistas. No tienen, por lo tanto, un proyecto de Gobierno propio, que los identifique. Carecen, por lo tanto, de una propuesta en materia de seguridad, el flanco más débil de la sociedad guerrerense. Aunque la tuvieran, habría que contrastarla con sus hechos, con su biografía. Porque ambos han ejercido funciones de Gobierno y por lo tanto sus promesas son cotejables con lo que hicieron, Aguirre como gobernador interino, Añorve como alcalde dos veces, interino también una vez, elegido la siguiente.

Cualquiera que sea el resultado electoral, y como lo han experimentado en carne propia con la gestión de los gobernadores más recientes: Torreblanca, en funciones; René Juárez que lo antecedió, la diferencia de orígenes es inocua. El priísta y el sostenido por el PRD gobernaron de igual, ineficaz manera. La negligencia local, no superada por la intervención federal, que se acompasa con aquella en la improductividad, permitirá que el estado en general, y Acapulco en particular, continúen siendo escenario de hallazgos macabros, como los de este fin de semana; como los particulares (entre ellos una madre y sus dos hijos pequeños, ultimados en la Costera), como los setenta cadáveres de Taxco, descubiertos en junio, como los 20 michoacanos hechos desaparecer en septiembre, como tantas otras víctimas.

A los guerreases, y a los mexicanos en general, les hará sentir menos impotentes mostrar su exigencia mediante carteles que demanden No más sangre, conforme a la campaña iniciada ayer por caricaturistas.

Despecho mexicano ante Brasil

Al tomar posesión como presidenta de Brasil, la economista Dilma Rousseff protagonizó un hecho histórico. Es la primera mujer elegida para gobernar a ese gigante, la mayor potencia latinoamericana, “el País continente” como lo definiera Gilberto Freyre. Su asunción significa en muchos sentidos una victoria de la política: en su juventud militó en la insurgencia armada contra la dictadura militar y pagó por ello años de prisión. Eligió entonces la participación partidaria como vía para la transformación de su País, el móvil de su ingreso a la guerrilla. Y mediante acuerdos partidarios, el impulso de su antecesor Lula y su propio empuje, ganó el derecho a gobernar para que su opulento País sea también justo, sin desposeídos que vivan debajo de la dignidad humana.

Fue una gran fiesta, a la que acudieron jefes de Estado y de Gobierno, o dignatarios de alto nivel. La presencia de la mayor diversidad política representaba el aval de la comunidad internacional a un País que hace apenas 15 años rehusaba elegir a Luiz Inazio da Silva considerándolo un peligro para Brasil. Más allá del protocolo, el primer ministro de Corea del Sur y el de la Autoridad Nacional Palestina, la secretaria de estado norteamericana y el príncipe heredero de España, y no digamos los presidentes y líderes de los países vecinos, viajaron a Brasilia en ejercicio de la mejor diplomacia, la que procura el interés de cada quien mediante el entendimiento y la buena fe.

El Gobierno mexicano se privó de la celebración. El presidente Calderón, proclive a viajar a la menor provocación, pero carente de un criterio que rija su asistencia a la toma de posesión de mandatarios, prefirió quedarse en casa. Debió representarlo la secretaria de relaciones exteriores Patricia Espinosa, aunque fuera por un mecánico ánimo de solidaridad femenina. Pero asimismo ella eligió recibir el nuevo año en la intimidad familiar. La misión recayó entonces en el subsecretario para América Latina y el Caribe, Rubén Beltrán Guerrero. Aunque hace una década se desempeñó durante dos años como director para esta región, hace apenas tres meses ascendió al rango con el que llevó la representación mexicana. Hasta antes del primero de octubre era cónsul general en Nueva York.

Quién sabe cómo habrán reaccionado los funcionarios de Itamaraty ante ese manifiesto desdén. Quizá se incomodaron o simplemente sonrieron ante el gesto pueril. Tal vez supusieron, como lo ha hecho el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, que la ausencia del presidente Calderón era una reacción contra la del presidente Lula, que no llegó a la Cumbre de Cancún sobre el cambio climático, apenas un mes atrás.

Si esa fue la motivación, se hace notorio el ralo análisis político que se practica en la cancillería. El mandatario brasileño estaba por concluir sus ocho años de Gobierno. A unas cuantas semanas de hacerlo, hubiera sido imprudente su participación en negociaciones que suponen compromisos cuyo cumplimiento no puede garantizar. También pudo haber obrado en él un factor de buenas maneras. Precisamente por la inminencia de su retiro, y dado el papel que ha desempeñado en diversos ámbitos de la política internacional, su presencia hubiera implicado un protagonismo en demasía, con detrimento del sitio que correspondía al anfitrión.

Desde otra perspectiva, quizá la omisión mexicana puede entenderse a la luz de la filiación política del gobernante que se va y de la que llega. Pero si en la diplomacia privaran las volubilidades ideológicas, los presidentes de Colombia Juan Manuel Santos y de Chile, Sebastián Piñera, cuyas concepciones políticas de derecha son semejantes a las de Calderón, se habrían también abstenido de presentarse. Y sin embargo lo hicieron y, a juzgar por el ánimo captado por las cámaras, no participaban en una reunión luctuosa.

El rango menor de la delegación mexicana refleja la rispidez que por lo menos desde la perspectiva mexicana ha regido las relaciones entre los dos países en los últimos años, en que se ha desarrollado una suerte de disputa sorda por ostentar el liderazgo de América Latina. Aunque la diplomacia brasileña ha sido en todo tiempo muy activa y se la considera como una de las más profesionales del mundo, la inestabilidad política y económica que afectó a esa enorme nación durante los últimos decenios del siglo XX, contrastante con la estabilidad mexicana de ese periodo y la relativa continuidad de su política exterior posible por el régimen de partido único, generaron la percepción de que México se hallaba a la cabeza de las naciones latinoamericanas. Pero desde que el presidente Fernando Henrique Cardoso rescató a Brasil de sus vicisitudes financieras a través de un programa que no fue rechazado sino continuado por Lula, pese a sus diferencias, el “País continente” emergió con toda su potencia en las relaciones internacionales.

Llevado por las circunstancias y la concepción panista de la diplomacia (si es que hay alguna) México se ha distanciado de Sudamérica. En contraste, la dinámica política internacional de Lula lo ha hecho surgir como un País potente, cuyo concurso es menester en diversas combinaciones del poder político y económico mundial. Su pujanza y su progreso social, la expectativa de que la nueva Presidenta ahondará los programas que condujeron a ese resultado, hacen brillar cada día con más intensidad a Brasil. Una suerte de despecho, de inmaduro rechazo a la fortuna ajena vaya o no en detrimento de la propia aleja a México de aquella Nación.

Líder de partido, no jefe de estado

Con los nombramientos y remociones anunciados el viernes, el presidente Felipe Calderón confirmó que se contenta con ser líder de su partido en vez de ejercer la jefatura del Estado, a que lo obliga su calidad de titular de Poder Ejecutivo federal. Al mismo tiempo, consolidó la posición de la tecnocracia panista, la nueva clase dominante en un partido que nació con aliento humanista, de cuyos frutos aún pretende vivir, aunque lo desconozca y en los hechos milite en su contra.

Juan Molinar Horcasitas salió del gabinete legal antes de cumplir dos años en él. Fue nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes en marzo de 2008, para suplir a Luis Téllez, que ahora prospera como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, mudanza que en su momento y ahora evidencia la imbricación de los intereses del capital especulativo y los poderes políticos, sean los de la Federación o los de los estados.

Molinar Horcasitas había sido, también por un lapso corto, menor de dos años, a partir de diciembre de 2006, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tres meses después de dejar ese cargo, el crimen en que murieron quemados o asfixiados cuarenta y nueve niños, y muchos más padecen y sufrirán a lo largo de sus vidas profundas lesiones físicas y sicológicas, le estalló en las manos. No era ya el responsable de las guarderías, una de las decaídas prestaciones sociales del IMSS. Pero durante su ejercicio en ese instituto había crecido el régimen de subrogación, al margen de la ley, en cuyo esquema fue autorizada la guardería ABC de Hermosillo, propiedad de familias tan bien situadas en Sonora que hasta ahora han eludido la acción de la justicia, aunque algunos de los propietarios estén sometidos a proceso, que viven tranquilamente desde sus refugios.

Como secretario de Comunicaciones, la gestión de Molinar Horcasitas se distinguió por su empeño en hacer que Televisa ingresara en la telefonía celular, quizá el único espacio de las telecomunicaciones que ha sido ajeno a la familia Azcárraga, que reina sin disputa casi en la televisión abierta y en la de paga. Para conseguir ese propósito Molinar Horcasitas no vaciló en incumplir la ley, no sólo desatendiendo mandamientos judiciales sino designando presidente de la Comisión federal de telecomunicaciones a un permanente colaborador suyo, dueño de muchos atributos pero carente del que le permitiría acceder a ese cargo, que es la participación sobresaliente en ese campo.

En una discusión memorable ante la bancada panista en San Lázaro, el diputado Javier Corral demandó a Molinar Horcasitas apartarse del Gobierno porque dañaba al presidente Calderón y a su partido con aquellos empeños en el ámbito de las telecomunicaciones. No ha sido por ello, por supuesto, que Molinar Horcasitas renunció a su cargo. A pesar de que erró en otros relevantes asuntos de su incumbencia, al no decretar la requisa de Mexicana, operación administrativa que no implica privatizar una empresa en apuros sino garantizar la continuidad de un servicio público, no fueron sus deficiencias las que causan su tránsito al Partido Acción Nacional, en que mañana será designado secretario de elecciones, sino las necesidades personales de Calderón de asegurar su control sobre el PAN en el siguiente bienio, crucial en esa materia.

Molinar Horcasitas es un experto en el análisis electoral, lo que no lo hace apto necesariamente para el manejo de la participación panista en los comicios. Ya mostró su ineficacia práctica durante la campaña legislativa de 2003, que resultó adversa al PAN, en parte porque cundía desde entonces la desilusión de quienes supusieron milagrosa la alternancia en la Presidencia, y en parte por la deficiente operación sobre el terreno. No puede decirse que ese fracaso del PAN y de Molinar quedó compensado tres años después con la victoria de Calderón, en cuya campaña el ahora renunciante quedó a cargo de la estrategia electoral, porque ese cuestionado triunfo no derivó de tal estrategia sino de factores tales como la intervención de Elba Ester Gordillo y sus huestes en la manipulación del voto, incluyendo el prematuro, deliberado y por ello punible anunció del resultado a cargo de Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE.

Aparte las responsabilidades formales que le correspondan en el comité nacional (en que previsoramente quedó incluido hace un mes), el chismerío palaciego difundido a través de la prensa a la antigua usanza, difunde versiones de que Molinar Horcasitas favorecerá en la contienda interna por la candidatura presidencial panista a Josefina Vázquez Mota, a punto de pedir licencia para muy anticipadamente participar en ese proceso. Otras versiones dicen que el beneficiario de esa encomienda de Calderón a Molinar Horcasitas es Ernesto Cordero. Se verá si esto es cierto o falso tan pronto el secretario de Hacienda designe a los dos subsecretarios que le hacen falta, para saber si el ascenso de los que lo acompañaban significa fortalecerlo o bien dejarlo en condición tan frágil que sea imposible que siquiera aspire a participar en la disputa interna que hacia el último trimestre de este año defina quién será el candidato presidencial panista.

Por lo pronto, resultó espectacular que en un solo acto dos subsecretarios de Hacienda hayan pasado a ser secretarios de Estado, de Comunicaciones Dionisio Pérez-Jacome, y de Energía, José Antonio Meade. Por su formación académica, su talante personal, su desempeño en la función pública, ambos representan típicamente una nueva clase, la tecnocracia panista. Aunque cada uno de ellos tiene sus atributos propios, sus méritos personales, no está de más decir que son hijos de funcionarios del antiguo régimen que cursaron carreras político-administrativas en una profusión de encargos que los dejaron en el umbral de los puestos a que ahora han accedido sus hijos.

El primer Dionisio Pérez Jácome, padre de su tocayo el secretario de Comunicaciones, llegó a ser subsecretario de Comercio en tiempos remotos y, más próximamente, de Gobernación. Como diputado fue un político rudo y se mantuvo siempre en las zonas de la mayor rigidez de un sistema autoritario. Su responsabilidad más reciente (salvo que el gobernador Javier Duarte le haya confiado una nueva, lo que ignoro) fue encabezar la Oficina del programa de gobierno de Fidel Herrera.

A su turno, Dionisio Meade -cuyo hijo José Antonio es ahora secretario de Energía- recorrió una eficaz trayectoria en el ámbito financiero del antiguo régimen, especialmente en la secretaría de Hacienda, donde ejerció repetidamente responsabilidades de director general. Sólo llegó a subsecretario, sin embargo, en la Administración panista de Vicente Fox, cuando el secretario de Gobernación Carlos Abascal lo encargó, en aquel nivel, de las relaciones legislativas, el relevante nexo con el Congreso de la Unión. Ahora es, con funciones semejantes, director de relaciones institucionales del Banco de México, órgano constitucional autónomo.

Los nuevos secretarios desconocen las materias de sus dependencias, pero ese era también el caso de sus antecesores. Tanto Meade como Pérez Jácome han tenido necesidad de aprender pronto el tema que se les encarga, porque no han hecho huesos viejos en ninguna de sus responsabilidades anteriores. Medidos con los cartabones que importan a la eficacia tecnocrática, han sido funcionarios merecedores de sus ascensos, si bien en esta oportunidad su nombramiento no parece parte de un esquema de mejora administrativa sino componente de una operación política de que no son piezas principales.

Dentro del reajuste ministerial del viernes, Calderón nombró un tercer secretario particular. El primero, César Nava, fue reemplazado en 2009 por Luis Felipe Bravo Mena, que en su condición de ex presidente nacional del PAN era una figura demasiado grande para un cargo que si bien requiere competencias políticas es más de carácter burocrático. Ahora lo reemplaza Roberto Gil Zuarth, a quien sus aptitudes hacen que se le traiga de aquí para allá. Diputado que entra y sale de la Cámara, subsecretario de Gobernación por unos meses, engañado aspirante a la presidencia nacional de su partido, ahora trabajará de cerca con quien lo usó para su propio juego en esa lid por la dirección panista. Felipe Bravo Mena, por su parte, podría ser no consultor sino candidato en el Estado de México, como ya lo fue.

Los Moreira en acción

Humberto Moreira, quien dejó el lunes la Gubernatura de Coahuila, se registra hoy como candidato a la presidencia nacional del PRI. No habrá quien se le oponga y será elegido para reemplazar el 4 de marzo a Beatriz Paredes. Rubén, diputado federal, uno de sus dos hermanos menores, anteayer se inscribió a su vez en otro proceso, el que lo llevará al cargo que dejó vacante el primogénito de la familia y quedó a cargo de un dependiente del futuro líder nacional priísta, su antiguo secretario de Finanzas y hasta el martes secretario de Desarrollo Social.
Los pasos de Humberto Moreira, anunciados hace tiempo y puntualmente cumplidos, constituyen un fenómeno insólito en México, en que dos miembros de una misma familia se suceden en la Gubernatura. Pero en ningún caso antes fueron sucesivos los periodos correspondientes. Padres e hijos (y hasta nietos) han gobernado una entidad pero lo hicieron a lo largo de generaciones, cuando ya los fundadores de la estirpe habían muerto y los nuevos titulares del Ejecutivo tenían trayectoria propia.

Para proceder como lo hace, Moreira ha construido un poder personal, resultante de una mezcla de dotes y defectos. Es populachero pero es también autoritario. Y ha sabido ubicarse con disciplina tradicional a las órdenes de sus antecesores, acatamiento que lo llevó en un lapso brevísimo de cargos de mediano alcance a la Alcaldía de Saltillo, desde donde saltó a la Gubernatura. Su hermano Rubén ni siquiera ha tenido puestos ejecutivos de primer relieve, por designación o a través de elecciones. Al comenzar el gobierno de su hermano alcanzó una subsecretaría en la Secretaría de Gobierno, el cargo de mayor rango que ha desempeñado, y apenas el año pasado se proyectó al ámbito federal, como representante elegido en el cuarto distrito de su Saltillo natal.

En la Cámara ha tenido un desempeño vistoso. Dio prueba de la fuerza con que llegó a la legislatura cuando recibió la presidencia de una comisión, algo que sólo una minoría de legisladores alcanza. La suya es la de derechos humanos, pero también pertenece a la de Defensa nacional y de Cultura. En la tribuna y en los medios es un hábil polemista, que articula con eficacia sus razones.

Se hizo visible en ámbitos más amplios cuando en septiembre pasado su talla sobresalía entre la de quienes recibieron en San Lázaro la encomienda de presentar al diputado Julio César Godoy Toscano, hoy desaforado, para que rindiera la protesta que un mandamiento judicial ordenó a la mesa directiva permitir. La propia mesa designó entre otros legisladores a Moreira para participar en aquel aparatoso momento. Dentro de la Cámara también protagonizó otro acto notorio, que si bien pertenece a su esfera privada, es al mismo tiempo un hecho público. La diputada hidalguense Alma Carolina Viggiano Austria y el ya candidato priísta al gobierno coahuilense contrajeron matrimonio. La ceremonia ocurrió en Saltillo y si bien se realizó discretamente, no careció de color político, pues uno de los testigos de la boda fue el diputado Luis Videgaray, precandidato al gobierno mexiquense y voz de Enrique Peña Nieto en los asuntos financieros que la Cámara ventila.

Esa invitación expresa, tal vez, la liga de los Moreira con el Gobernador mexiquense, de donde deriva la repentina decisión de su colega de Coahuila de proclamarse candidato a presidir el PRI, anunció que pronto alcanzó categoría de hecho consumado, que no fue contradicho ni siquiera por quienes habían diseñado el arribo de Emilio Gamboa al liderazgo nacional priísta.

El nexo entre Moreira y Peña Nieto es Enrique Martínez y Martínez, antecesor del coahuilense en el Gobierno estatal. Actualmente es el delegado nacional del PRI en Toluca, y si bien la importancia de ese cargo se mide realmente sólo cuando su ocupante interviene en el proceso electoral, la designación de Martínez y Martínez, hecha a pedido del mexiquense por Beatriz Paredes en julio de 2007, revela que ya desde entonces la casi ex presidenta priísta se disponía a favorecer los intereses de Peña Nieto. Martínez y Martínez fue parte del Tucom (Todos Unidos contra Madrazo) el frente de gobernadores y ex gobernadores que, aspirantes ellos mismos a la postulación presidencial de su partido en 2006, terminaron apoyando a Arturo Montiel, que no salió avante por causas ajenas a su voluntad.

Moreira abrevió un año su propio mandato. El ánimo público no deploró su salida, pero sí le reprochó la pésima gestión realizada a partir de 2005. Aunque es difícil encontrar buenos resultados en otros ángulos de su desempeño, en lo tocante a seguridad el déficit es aterrador, si bien Moreira se las arregló para trasladar la cuenta de la abrumadora violencia criminal al Gobierno de Calderón. El principal delito en esa entidad, que se comete ya en Torreón como en Saltillo y en otras ciudades y regiones, ha llevado a ciudadanos a integrar las fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila.

Con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, ese frente ciudadano cifró el incremento del secuestro y otras formas de privación ilegal de la libertad en ¡mil trescientos por ciento! entre 2005 y 2010. Los asaltos bancarios crecieron en 700%, se duplicó el robo, y creció en 65 el que atentó contra casas habitación. El asesinato de decenas de jóvenes en dos graves atentados en Torreón dan cuenta del aumento en el número de homicidios. A todos esos delitos sigue la impunidad, pues la Fiscalía General (la ex Procuraduría) ha sido especialmente inepta.

Impune destructor de Tamaulipas

Si alguna vez lo fue, Eugenio Hernández Flores dejó de ser el primero de enero gobernador de Tamaulipas. A su paso por el Poder Ejecutivo, esa entidad decayó en el mejor de los casos o de plano fue destruida, rotas las pautas de convivencia que habían prevalecido. Cabeza de un típico ejemplo de gobierno fallido, perturba saber que Hernández Flores retorna a la vida privada, a los negocios, sin que poder alguno, político o jurídico, esté en aptitud de llamarlo a cuentas. Su abrumadora incapacidad quedará impune.

El primer día de este años Hernández Flores entregó el gobierno a Egidio Torre Cantú, que reemplazó en la candidatura priísta a su hermano Rodolfo, asesinado hace más de medio año, el 28 de junio de 2009, cuando faltaban sólo cinco días para la jornada electoral. Un semestre después, el gobierno local no pudo entregar a la sociedad tamaulipeca noticia alguna sobre los móviles y los autores del homicidio. Sólo esa terrible negligencia, o complicidad, o espanto frente a las causas del asesinato bastarían para descalificar al gobierno que concluyó sus funciones al comenzar este mes.

Hernández Flores se escondió tras la mampara que le ofrece la violencia generalizada en su entidad, como si atenderla y combatirla no le incumbiera, y ello correspondiera únicamente al Gobierno Federal. Pero concernía a su competencia la lucha contra la delincuencia común, la que independientemente de sus motivos priva brutalmente de la vida a personas sin nombre. Y con su insuficiencia y, más todavía, impasibilidad en esta materia contribuyó a la fractura de la vida social tamaulipeca. En el norte, en el centro y en el sur, en la costa, en la frontera chica, por doquiera se cometieron atrocidades, vinculadas las más de las veces al narcotráfico, que se convirtió en el verdadero poder político en la entidad. Poblaciones enteras, como la paradigmática Ciudad Mier fueron abandonadas por sus pobladores, presas del terror. Pero las balaceras y la inseguridad que produjeron ese resultado fueron acontecimiento cotidiano en las grandes ciudades, especialmente Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. De los penales de esas ciudades huyeron cientos de presos. En San Fernando fueron hallados los cadáveres de 72 migrantes, en agosto pasado; pero en febrero anterior un convoy de más de cien vehículos ocupó a Valle Hermoso. “El pueblo estuvo ocupado durante tres días de enfrentamientos a toda hora. Nomás chillaban los coches por las corretizas que pegaban. Nadie nos auxilió ni el Ejército vino, por más que lo llamaron. Hubo como sesenta muertos. La historia se repitió el 6 de junio. Se fueron derecho a la Preventiva y otros a la Ministerial. Fue una matazón. Se llevaron a varios policías.” (Proceso, 27 de junio.

Si bien la nota más evidente de la ingobernabilidad tamaulipeca consistió en la precariedad de la vida, que podía acabar a balazos en cualquier momento y todo lugar (como ocurrió a los pequeños Byron y Martín Almanza, por ejemplo), no es el único motivo para reprobar al pésimo gobierno de Hernández Flores. Dondequiera que se vuelva la cara se hallan señales del deterioro sufrido por Tamaulipas. El nivel educativo se abatió, hasta dejar al sistema de enseñan básica de la localidad en la peor situación y a la niñez tamaulipeca en los últimos lugares de la lista de eficiencia educativa.

La gestión administrativa no caminó mejor, sino al contrario. Como ocurre en casi todo el resto del país (sin que ello suponga justificación alguna), la deuda pública creció en términos abrumadores. Se hipotecó hasta por siete mil millones de pesos el impuesto sobre nómina. En total, el gobierno de Torre Cantú recibió de Hernández Flores un pasivo por nueve mil millones y medio de pesos.

No es cuantificable con esa exactitud la corrupción, pero la que ha envenenado a Tamaulipas desde tiempo atrás se acrecentó bajo el gobierno de un contratista enriquecido, que debe su ingreso a la política al financiamiento de que proveyó a su antecesor Tomás Yarrington, que compensó el favor con la alcaldía de Ciudad Victoria y haciéndolo vivir un breve lapso en el Congreso federal. Esas fueron las dos responsabilidades políticas que prepararon a Hernández Flores para gobernar a su estado natal. Ingeniero civil, hasta entonces se había dedicado al negocio de la construcción, aceitado por nexos con los políticos del gobierno local.

Carente de toda idea apta para el manejo de la cosa pública, Hernández Flores fue parte de la camada de candidatos priístas que basaron su proyección pública en el estereotipo encarnado por Enrique Peña Nieto, al que Hernandez Flores se asemeja no sólo en el acicalamiento físico sino también en su ausencia de convicciones y el ejercicio del pragmatismo más crudo.

Probó esa doble circunstancia cuando traicionó a su partido y a su candidato Roberto Madrazo en julio de 2006. Instado por la profesora Elba Ester Gordillo, puso sus posibilidades de control electoral al servicio del candidato Felipe Calderón, convertido de esa manera en triunfador en ese estado, lo que le fue puntualmente agradecido, al día siguiente de la jornada, por el secretario de Comunicaciones Pedro Cerisola. No era para menos: la votación panista creció hasta medio millón de votos (más de cien mil votos por encima de los obtenidos en la más reciente elección local), y la del PRI se abatió a la mitad: el propio Hernández Flores obtuvo más de seiscientos mil votos, mientras que medio año más tarde Madrazo apenas alcanzó trescientos trece mil.