Para completar la Corte

Con la lentitud proverbial (“las cosas en Palacio van despacio”), el dos de febrero presentó el presidente Calderón una nueva terna para que el Senado de la República designe al ministro de la Corte que sustituya a don José de Jesús Gudiño Pelayo, fallecido el 19 de septiembre pasado. Más de dos meses después de producida su vacante, el Ejecutivo envió a los senadores una terna compuesta por magistradas, ninguna de las cuales obtuvo la votación precisa -dos tercios de los miembros presentes- para ser elegida.
Por una de ellas, Lilia Mónica López Benítez, sufragaron en la segunda ronda 74 senadores, sólo ocho menos del número exigible en ese momento, que era de 82. Los miembros del grupo panista, que tenían instrucción o habían acordado nombrar a otra candidata, se empecinaron en designarla, lo que fue imposible con sus 48 votos. Conforme a la Constitución, la terna fue devuelta para que la Presidencia enviara otra, lo que sólo ocurrió al comenzar el periodo de sesiones ordinarias. Por elegancia, por reconocer el grado de asentimiento que la magistrada López Benítez había obtenido, era de esperarse que estuviera incluida en la nueva terna, como ocurrió antes con la ministra Margarita Luna Ramos, que en su primera presentación ante el Senado no alcanzó la mayoría exigida pero si un apoyo significativo, razón por la cual quedó incluida en la segunda terna a partir de la cual se la eligió.

Calderón prefirió enviar otra terna por completo diferente. Fue forjada con el criterio, probablemente exigido o por lo menos acordado con la Corte, de que se diera a escoger al Senado entre miembros de la carrera judicial. Desapareció el criterio de género invocado antes y los tres nuevos candidatos son magistrados, con lo que permanecerán en el pleno sólo dos mujeres.

Uno de los tres candidatos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, lo fue antes ya, en noviembre de 2009, pero entonces obtuvo sólo doce votos contra noventa y uno que favorecieron a Luis María Aguilar. Tres años antes se había frustrado otro intento de promoción de Pardo Rebolledo. Tocaba a la Corte el turno de nombrar a un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, y no obstante que Pardo Rebolledo llegó a tener más votos que otros aspirantes, en la ronda de votación definitiva el nombramiento recayó en el magistrado César Esquinca, director entonces del instituto de formación de los funcionarios judiciales.

Pardo Rebolledo, nacido en Veracruz, se graduó en la Escuela Libre de Derecho, en 1975. Su tesis se refirió al papel que la Suprema Corte, su futuro centro de trabajo si el Senado lo elige, jugaba en una etapa de la legislación electoral para desahogar el recurso de reclamación. Luego de una etapa de litigante en el despacho Cortés de la Huerta, ingresó en la carrera judicial desde abajo, como actuario y como secretario de juzgado. Después de ser secretario de estudio y cuenta en la Corte misma, fue designado juez de distrito y a partir de 1997 ascendió a magistrado. En ese papel sobresalió en varios casos, como el de Othón Cortés, acusado por la Procuraduría general de la república (en tiempos de Antonio Lozano, bajo el presidente Zedillo) de haber hecho “el segundo disparo” que conforme a una de las varias teorías armadas para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio lo ultimó luego del ataque inicial a cargo de Mario Aburto. En la apelación, el magistrado dejó en libertad a Cortés.

Pardo Rebolledo fue escogido, tiempo más tarde, para investigar las violaciones graves a las garantías individuales en el caso de san Salvador Atenco. En su informe, rendido con su compañero Alejandro González Bernabé, hallaron que se produjo entonces un uso desproporcionado de la fuerza pública, pero el pleno no llegó a fincar responsabilidades a quienes ordenaron tal despliegue.

Alberto Pérez Dayán estudió derecho en la Universidad Lasalle y se doctoró en la Universidad nacional (es el único en la terna que alcanzó ese grado). Es profesor en la UNAM y ha escrito un libro muy solicitado: La ley de amparo y su jurisprudencia, que ha sido reeditado 13 veces. Comenzó su carrera en el poder judicial federal como secretario de un tribunal colegiado y luego de ser secretario de estudio y cuenta en la Corte, se le nombró juez de distrito. En febrero de 1998 fue ascendido a magistrado. En 2001 al tribunal de que era presidente, el séptimo en materia administrativa en el DF, le correspondió conocer una porción del entonces incipiente problema judicial que conduciría al desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Un juez federal encontró que de nueve personas señaladas por haber violado una suspensión de amparo (entre ellas el secretario de Gobierno, quien jurídica y materialmente era el responsable) sólo el jefe de Gobierno del DF debía ser imputado, no obstante que no había tenido participación alguna en la presunta violación al mandamiento judicial... Dos de los tres magistrados votaron por confirmar la absurda sentencia del juez, pero Pérez Dayán opinó en sentido contrario, en una muestra de valiosa independencia judicial.

Jorge Higuera Corona se graduó en la UNAM y allí mismo estudió el doctorado. De los tres miembros de la terna es quien más ha escrito. Se ha especializado en temas de ética judicial con un notable fundamento filosófico. Inició su carrera judicial en 1980 y por oposición alcanzó primero el cargo de secretario de estudio y cuenta y luego la magistratura, en 1997. Ahora integra el primer Tribunal colegiado del sexto circuito, con sede en Puebla.

Tenemos la casa en orden

Tal vez porque el martes viajó a Chiapas, entre otros propósitos para filmar escenas de The Royal Tour, el programa de televisión en que actuará como guía para promover el turismo a México, el presidente Calderón no pudo permanecer al tanto de lo que ocurría en esa nefasta jornada en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Zacatecas, y en Nuevo Laredo también.

Acaso ocurrió que, sabiendo lo que pasaba en esas comarcas, decidiera concentrar sus palabras en temas en que puede referir mejores resultados que en su pugna por abatir la inseguridad criminal en México. Por eso, en la noche del primer día de febrero, al ser invitado de los ejecutivos de la firma alemana Siemens que celebraron con una cena sus nuevos planes para México, el presidente Calderón eligió hablar sólo de economía. Hizo un balance de la situación mexicana, bonancible desde su punto de mira, y aun en trance de mejorar, lo que lo llevó a proclamar que “tenemos la casa en orden”.

Aun respecto de la sola economía, el ufano dictamen es un exceso. En la víspera de emitirlo, habían marchado en la Ciudad de México decenas de miles de campesinos y otros trabajadores cuya protesta incluía la denuncia del alza de precios, especialmente de los productos básicos, que disminuye hasta anularlo el incremento salarial fijado formalmente u obtenido a través de las negociaciones laborales. No tenemos la casa en orden tampoco en esa materia, aunque sea comprensible que Calderón lo dijera ante los directivos de un vasto consorcio internacional, que en su reunión celebrada en México suscribieron un acuerdo con el Gobierno mexicano para suscitar de aquí a 2013 un programa de compras hasta por setenta y tres y medio millones de pesos a pequeñas y medianas empresas.

Aunque ni un peso que aliente la generación de empleo es desdeñable, la cifra mencionada no parece excesiva para una trasnacional del tamaño de Siemens, aunque sus representantes en México la aprovecharon para hacer relaciones públicas en torno a la reunión mundial de su consejo ejecutivo, que culminó con la cena ya dicha, celebrada en el vestíbulo del remozado Palacio de Bellas Artes, alquilado ex profeso por la firma alemana.

La Secretaría de Economía, responsable del convenio con Siemens, deberá ser escrupulosamente transparente en su trato con ese consorcio, que ha contribuido a la corrupción mexicana con la suya propia. Enrique del Val el notable economista, recordó ayer que la empresa alemana ha reconocido prácticas condenables, como haber pagado 2.6 millones de dólares “a un consultor de empresas bien conectado políticamente, y que parte de este pago fue a manos de un alto ejecutivo de Pemex” (Excélsior, 5 de febrero)

Esta confesión de Siemens, que no tuvo hasta ahora eco en la justicia mexicana, resultó de una amplia averiguación emprendida en diciembre de 2008 por la Securities Exchange Comissión, la famosa SEC norteamericana, el órgano autónomo que vigila el mercado de valores y demanda la aplicación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero. Siemens aceptó haber hecho más de cuatro mil pagos (mordidas) por 1.4 mil millones de dólares en todo el mundo entre 2001 y 2007. La SEC impuso a la firma germana una multa por poco más de ese monto, en conducta contrastante con el Gobierno mexicano al que la investigación en que Pemex queda implicado pareció no interesarle en demasía.

Es difícil que los escuchas de Calderón en la cena del martes hayan quedado convencidos de que “la casa está en orden”, porque a lo largo de ese día se difundieron noticias de los estremecimientos de la población en municipios conurbados de Monterrey, Guadalajara y Zacatecas. En la zona metropolitana de la capital de Nuevo León la delincuencia organizada mató a un policía federal y a un policía municipal. Hubo seis muertos más más, en una región donde sólo en enero fueron asesinadas 121 personas. En las inmediaciones de Guadalajara, y en esa misma ciudad aparecieron por primera vez los narcobloqueos que han hostigado ya a los regiomontanos, y que dan muestra de la gran capacidad de movimientos de las bandas criminales. En Guadalupe, un municipio aledaño a la capital zacatecana una balacera causó la muerte a un agente de la Policía Municipal y lesiones a siete personas más.

No fue eso todo. En Nuevo Laredo fueron hallados, entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, veinticinco niños que en diferentes grupos deambulaban por la ciudad, abandonados por las pandillas que “levantaron” a sus padres, ocho personas que hasta ahora siguen si aparecer. No se requiere subrayar la peligrosidad que cunde en esa ciudad fronteriza, y en Tamaulipas toda, porque la desgracia de esa entidad es ampliamente conocida y porque cada día crece en proporciones. Además de los efectos directos de los homicidios y secuestros, el activismo criminal genera daños laterales como el atemorizamiento de la población y la inhibición de los medios informativos que, en una entendible pero peligrosa actitud profesional e industrial regatean o de plano niegan a su público información del alto relieve y gran efecto como, por ejemplo, el asesinato del general Manuel Farfán Carriola, director municipal de seguridad ciudadana.

El grave suceso ocurrió el miércoles pasado. Al día siguiente los diarios matutinos pasaron por alto el terrible acontecimiento. Es posible que haya habido sobre los editores una presión especial para que guardaran silencio. Una secuela de tal mutismo fue que lo impusiera también una banda criminal a los diarios El Norte y Metro, que desde Monterrey pretendieron informar a los neolaredenses de lo que ocurría. El distribuidor de esos periódicos fue secuestrado y el millar de ejemplares que transportaba fue quemado. “Tras detenerlo cerca de las 5:30 de la mañana, los secuestradores lo sometieron y amarraron, llevándoselo en otro vehículo a un área despoblada.

“A la vez que lo apuntaba con una arma, un hombre le advirtió que ya no llevara el periódico a Nuevo Laredo, mientras que a unos metros quemaban los ejemplares que le habían quitado.

‘La información que se genere en Monterrey que se quede en Monterrey y la que se genere aquí se queda aquí’, agregó el hombre.

“Al distribuidor le vendaron los ojos y lo subieron de nuevo a la camioneta, llevándolo hasta la carretera a Piedras Negras, donde lo liberaron y le entregaron su vehículo y teléfono celular, pero se quedaron con sus identificaciones” (Reforma, 5 de febrero).

Designado responsable de la seguridad municipal apenas el primer día de este año, el general Farfán fue asesinado el miércoles dos, cerca de la medianoche, por un comando armado que le tendió una celada. Además del secretario, murieron su asistente, un teniente retirado y el subdirector operativo de cooperación ciudadana.

Farfán fue también secretario de seguridad en Cuernavaca y en Michoacán. Del primer cargo se fue bajo acusaciones. Un comandante de la Policía morelense murió al no poder repeler un ataque de asaltantes porque iba desarmado, ya que el arsenal de la corporación esta dedicado a prácticas diseñadas por el general Farfán. Ante diputados, poco después de su destitución (a la que se resistió durante unas horas), el fiscal general de Morelos lo calificó de “delincuente común y corriente”, aunque las acusaciones formales no prosperaron. Eso permitió que durante un año fuera responsable de la Policía estatal en Michoacán, de donde fue despedido en diciembre pasado, por mal desempeño.

Eso no obstante, altos mandos militares lo colocaron en Nuevo Laredo, donde de inmediato entró en coordinación con la comandancia de la octava zona militar. Aunque estaba retirado, en el Ejército se le tenía por uno de los suyos, como lo muestra la violenta reacción de la tropa que llegó al lugar del atentado en que perdió la vida. Uno de los miembros sobrevivientes de la escolta de Farfán, herido en una mano, fue tratado como si fuera uno de los atacantes. Además de impedirse que lo auxiliara otra unidad de la Policía municipal, se queja de que fue despojado de tres mil pesos y un compañero suyo, de mil quinientos pesos. Mucho dinero para que lo llevaran consigo miembros de la policía municipal, a menos que fuera el importe de sus quincenas.

Debe saberse si el ataque al general provino de su propia corporación. Pero en Tamaulipas poco puede esperarse de una indagación, sobre todo si se cree que la casa está en orden.

Revoltura sudcaliforniana

Dos sorpresas coronaron la confusión que ha sido el signo del proceso electoral de Baja California Sur, que culmina pasado mañana. De un lado, Diego Fernández de Cevallos reapareció en política electoral con un llamado a votar por el candidato de su partido a la Gubernatura. Quizá porque careció de noticias durante los siete meses de su secuestro, el influyente panista ignora que invitó a sufragar por alguien que fue perredista y hasta iba a ser candidato del PRD hasta que lo fichó el PAN. De otra parte, Leonel Cota parece haber sentido nostalgia por su remoto pasado y, como candidato de Nueva Alianza a la Alcaldía de Los Cabos, llamó a votar por Ricardo Barroso Agramont, candidato del PRI, no obstante que el Panal cuenta con su propia candidata, Blanca Estela Meza Torres, y sería de esperar que por mínima y lógica solidaridad instara a sufragar por su compañera de planilla, por así decirlo.

Pero la lógica, que no suele hacer buenas migas con la política, ha estado ausente desde tiempo atrás en la vida pública sudcaliforniana. El PRD ha dominado en los doce años recientes el Gobierno estatal y las administraciones municipales. Sobre todo en el sexenio que está por concluir lo ha hecho tan mal, con rapacidad propia o aliento a la ajena, que está en riesgo de perder el poder, que en su momento máximo le permitió ejercer la Gubernatura, ser mayoría en la legislatura y gobernar cuatro de los cinco municipios.

Ha corrompido a los funcionarios de todos los niveles la avidez por tener una tajada de los negocios inmobiliarios que son apetecibles en una entidad bendita por litorales magníficos, especialmente el del Mar Bermejo en un tiempo llamado Golfo de Cortés, y la punta de la península. En el fondo de los disensos y del batidillo electoral se perciben disputas por la ganancia pronta que resulta de favorecer “desarrollos” turísticos y residenciales ignorantes de toda noción de sustentabilidad y de respeto a la ley y al entorno. El propio gobernador Narciso Agúndez Montaño aparece en las diversas combinaciones que recuerdan la “piñata” nicaragüense, el fenómeno de pudrición que hirió de muerte al sandinismo que por ello no está ya en el poder aunque gobierne uno de sus líderes históricos.

Hay que decir que el ejemplo venía de los sexenios priístas. El último Gobernador de esa filiación, Guillermo Mercado Romero, fue sentenciado hace diez años por peculado y ejercicio abusivo de funciones. Claro que para procesarlo contó el hecho de la alternancia, pero había tela de donde cortar. Fue apenas el quinto titular del Poder Ejecutivo, porque Baja California Sur es como Quintana Roo, un estado muy joven, creado apenas en 1975, veinte años después de que semejante conversión beneficiara a la porción norte de la península.

Leonel Cota Montaño se marchó del PRI cuando Mercado Romero no lo apoyó en su afán de ser candidato al Gobierno, en 1999. Como era verdad que contaba con el asentimiento general, su trasladó al PRD otorgó a éste la victoria. Cota se instaló de tal modo en el poder que tuvo capacidad para hacer de su primo, Agúndez Montaño, su sucesor. No guardó las formas el pariente con su antecesor, y lo desplazó de los centros de decisión del PRD, aun cuando Cota Montaño encabezó su comité nacional. Al volver a BCS, no halló espacio para sí, como lo muestra su condición actual, candidato del Panal a la Presidencia Municipal de Los Cabos. Allí contiende contra su primo, hermano del Gobernador, candidato del PRD.

Aunque por razones diferentes, también emigró del PRD al PAN, quien es ahora su candidato Marcos Covarrubias. El PRD lo hizo Alcalde de Comondú y diputado federal, cargo en el que pidió licencia para contender. Iba a hacerlo por su partido, pero los desarreglos internos lo hicieron marcharse. Jesús Ortega, el líder nacional perredista, para distraer sobre su responsabilidad en ese tránsito, que podría significar la pérdida del Gobierno estatal, ha llamado traidor a Covarrubias, lo ha acusado de venderse al mejor postor y ahora le descubre nuevos defectos, que no existían o no eran visibles durante su militancia perredista, como el que sea gestor de empresas mineras canadienses cuya instalación en ese estado ha sido cuestionada porque su operación a cielo abierto puede ser lesiva para el ambiente y las personas.

No fue Covarrubias el único perredista captado por el PAN como candidato. Dos ex diputados locales buscan ser alcaldes. El PRI por su lado, también se benefició de las defecciones, en este caso del PAN, pues el senador Luis Coppola, objetado para ser candidato de su partido, apoya al priísta Ricardo Barroso, que de triunfar sería el Gobernador más joven, pues lo es más que Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas. El candidato del PRD, a su vez, Luis Armando Díaz, sólo ganará si se mantiene eficaz el aparato gubernamental, pues lo apoya el gobernador Agúndez Montaño, de quien fue secretario de Gobierno.

En la guerra de aparatos, sin embargo, el del partido gobernante acaso se enfrente con el de Nueva Alianza; es decir con el magisterio. En vez de aliarse con el PAN o con el PRI, el Panal contiende por su cuenta. Su candidata tiene ralas posibilidades de triunfo, pero su campaña ha sido vistosa porque reparte utensilios de propaganda en las escuelas, con asentimiento o al menos sin objeción de las autoridades del caso, locales y federales. No obstante su casi nula penetración, el Panal estará presente en las urnas, donde sus dirigentes saben cómo actuar. Ya sabremos a favor de quién.

Los juegos de la profesora

Si algún pesar o quebranto causó al Partido Nueva Alianza y a su propietaria Elba Ester Gordillo la derrota que el domingo compartió en Guerrero con el PRI y el Partido Verde, ese contratiempo quedó más que compensado con la recepción que le ofrecieron anteayer en Puebla el flamante gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y buena parte del público que asistió a su toma de posesión. La presidenta del sindicato nacional de trabajadores de la educación fue aclamada como si se tratara de un acto de su sindicato o de su partido.

El sucesor de Mario Marín recibió el apoyo del Panal, que de modo insólito se alió para los comicios del pasado 4 de julio no sólo con el PAN, lo que es parte de su normalidad, sino con el PRD y Convergencia. Todos esos partidos constituyeron una fuerza que el PRI no pudo superar, en parte por la insuficiencia de su candidato y en parte porque la jornada electoral fue parcialmente convertida en plebiscito para juzgar y condenar al Gobernador saliente. En el propio acto en que la lideresa magisterial fue ovacionada, Marín sufrió un sonoro abucheo, que hace juego con las mantas colocadas el lunes en la capital poblana para decirle adiós.

Moreno Valle fue, como Gordillo, diputado priísta en la LIX Legislatura, que ejerció sus funciones de 2003 a 2006. Coordinadora de la bancada, la entonces secretaria general del PRI reunió en torno suyo a un grupo de jóvenes legisladores que con ella tuvieron posiciones de dirección en la Cámara. Moreno Valle Rosas, que había sido secretario de finanzas en el Gobierno de Melquiades Morales, fue encargado por la profesora de administrar los recursos de la fracción parlamentaria. Eso generó entre ambos un lazo estrecho que se manifestó en la ruptura de Moreno Valle con el PRI cuando la lideresa fue expulsada de ese partido.

Conforme a una pauta notoriamente fijada por Gordillo, sus legisladores cercanos tomaron posiciones en partidos afines. Como Miguel Ángel Yunes, uno de esos colaboradores de la profesora, Moreno Valle se incorporó al PAN, donde fue tan bien recibido, que ganó la candidatura al Senado, cuya curul ganó en 2006. Desde esa plataforma obtuvo también el apoyo panista para contender por la gubernatura en julio pasado, y en ese lance contó con el Panal y su verdadera dirigente. Por eso el fulgor de su presencia en el traslado de poderes, el martes.

Dos días atrás a Jorge Kahwagi, que pasa por ser el presidente de Nueva Alianza, al que Gordillo sonsacó del partido Verde al que a su vez ella misma había encauzado, le tocó vivir la derrota de la coalición Tiempos mejores para Guerrero. Abandonado por la dirección y los altos personeros del PRI, Manuel Añorve salió a proclamar su triunfo, en el crepúsculo de la jornada electoral. En un ambiente luctuoso, contradictorio con el presunto triunfo anunciado, alzaron los brazos del abatido candidato (sabedor ya de su suerte) el senador Arturo Escobar (ni siquiera el Niño Verde se dignó acudir a ese anticipo de exequias), y el púgil en receso Kahwagi.

Debido al oportunismo con que actúa el Panal, es raro que su líder esté presente en un escenario donde campea el desánimo. La estrategia electoral de Nueva Alianza le permite estar las más de las veces del lado de los vencedores. A veces, como en Puebla, juega con el PAN. Pero en la mayor parte de los procesos acompaña al PRI, en coaliciones que inconforman a más de un militante tricolor, que recuerda cómo Gordillo organizó su propio partido mientras ostentaba la segunda posición en el mando priísta.

Puesto que la necesitan para contar con la experiencia y las artes electorales del magisterio, y puesto que no se trata de romances en que los celos tuvieran lugar, el PAN y el PRI procuran los favores del Panal sin que los lastime o confunda que a veces su aliado sea su adversario.

En el pasado reciente Nueva Alianza hizo ganar al PAN los comicios en Guanajuato y Baja California. Pero en la ronda electoral de 2010 privilegió sus vínculos con el PRI, las más de las veces porque los compromisos del Panal están regidos por la amistad de la lideresa con los gobernadores o los candidatos correspondientes. De ese modo en Aguascalientes apoyó a Carlos Lozano de la Torre, en Chihuahua a César Duarte, en Durango a Jorge Herrera, en Hidalgo a Francisco Olvera, en Quintana Roo a Roberto Borge, en Tamaulipas primero a Rodolfo Torre y tras su asesinato a su hermano Egidio; y en Zacatecas a Miguel Alonso Reyes. En todos esos casos (aunque el de Hidalgo está todavía sujeto al arbitrio de los jueces electorales) la coalición respectiva triunfó Sólo en Sinaloa perdieron el PRI y el Panal.

Con el PAN, Nueva Alianza se coaligó en Puebla, como ya dije, con resultados favorables. Pero fueron adversos en Tlaxcala y en Veracruz. Pero así como suele hablarse de empresas pobres y empresarios ricos, la derrota electoral de Yunes en Veracruz no significó un fracaso político de su jefa. Sin reparar en el juicio agrio de su candidato respecto de las elecciones que llevaron al triunfo al priísta Javier Duarte, Gordillo brillaba en la primera fila de la ceremonia de asunción del sucesor de Fidel Herrera.

En Oaxaca el Panal no se alió con el PRI ni con el PAN. Prefirió acudir con postulaciones propias a la contienda. Pero cuando era inminente la victoria de Gabino Cué, la candidata gordillista declinó a ultima hora a favor de quien a la postre se alzaría con el triunfo, que quiso compartir. El gesto fue premiado: hoy Irma Piñeyro es la secretaria de Gobierno.

Guerrero: la derrota huérfana

El adagio de que el triunfo tiene multitud de padres mientras que la derrota es huérfana refleja cabalmente lo que sucede en Guerrero. Nadie en el PRI quiere hacerse cargo de la pérdida de la elección. El candidato Manuel Añorve la atribuye a los abusos de su adversario y al apoyo ilegal que recibió del Gobierno capitalino, y llama inequitativa a la elección sin admitir que en el terreno que él denuncia hubo equidad plena, pues excesos e injerencias semejantes a los que señala en el campo contrario le pueden ser achacados.
Además de Añorve mismo, son padres de su derrota Beatriz Paredes y Humberto Moreira, por un lado, y Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, que con mayor inverecundia que el resto pretende fingir que el suceso del domingo carece de importancia. Por supuesto niega la posibilidad de que un fenómeno semejante al de Guerrero se reprodujera en su entidad.

El lance guerrerense pinta a Peña Nieto de cuerpo entero. Perdió dos veces y busca evitar que se pierda conciencia de esa doble afectación. Primero, en el proceso interno del PRI para designar candidato no resultó ganancioso. Añorve no era su precandidato preferido, sino Ángel Aguirre. Peña admitió la decisión adversa, pero Aguirre no se mantuvo dentro de los límites de la disciplina partidaria y resolvió desacatar la resolución del grupo que ahora decide en el PRI, una vez abierta la puerta de la oposición.

Entonces Peña se apoderó de la candidatura de Añorve. Estuvo presente en varios actos de campaña, y no escatimó recursos en apoyo al candidato al que quiso cobijar. Constó ese papel protagónico en los anuncios espectaculares con que Añorve, retratado junto a Peña Nieto parecía pedir el voto por ambos. Despensas procedentes del Estado de México fueron repartidas en abundancia, y algunas más no pudieron llegar a su destino porque fueron descubiertas y denunciadas.

Probablemente informado de las tendencias que finalmente se expresaron el domingo, el Gobernador mexiquense hizo mutis. No acudió al mitin de cierre de campaña de Añorve, a diferencia de su conducta en otras elecciones el año pasado y con esa ausencia marcó distancia y se relevó a sí mismo del resultado adverso. Qué esperanza que el domingo 30 llegara a acompañar al candidato perdedor.

Lo dejó solo y fue mucho más allá. En vez de sumarse a la argumentación de Añorve mismo y de Beatriz Paredes, que anunciaron la impugnación del proceso guerrerense, prefirió el lunes mismo dar por concluido el episodio y emitió una felicitación al ganador. No llegó al extremo de llamarlo por su nombre, pero fue inequívoco su reconocimiento a la victoria ajena.

Puesto que no puede eludir su participación en el proceso guerrerense y su desenlace, se apresuró a negar que su partido sufra la misma suerte en julio próximo, cuando se elija a su sucesor. Tiene razón al afirmar que cada caso es diferente. En el Estado de México no se repetirá de modo mecánico la fórmula por la cual Aguirre será el próximo Gobernador. Los dirigentes mexiquenses del PAN y del PRD persisten en su propósito de integrar una coalición, figura que en Guerrero no fue aplicada. Sólo a última hora el candidato panista, conocida su penetración casi simbólica, testimonial, se retiró a favor de Aguirre. Nadie puede afirmarlo con plena certidumbre pero la aportación panista a la victoria del ex priísta fue marginal y el triunfo se hubiera producido de todas maneras. Así lo indican las cifras calculadas antes del domingo y las conocidas entonces. El margen con que ganó Aguirre se ensanchó, sin duda, pero la adhesión panista no fue determinante para el resultado.

Una coalición semejante a la que triunfó el domingo no es posible en este momento en territorio mexiquense. La dirección perredista ensancha cada vez más la distancia que la separa del PT y Convergencia, y por lo mismo no puede satisfacerse el primer requisito que operó en Guerrero. Es, por otra parte, inimaginable que el candidato de Acción Nacional fuera Luis Felipe Bravo Mena, José Luis Durán Reveles o Ulises Ramírez, estuviera de tan modo al margen de las corrientes principales que como Marcos Efrén Parra se apartara de la contienda en provecho del candidato opositor que fuera favorecido por las preferencias.

No hubo, pues, en sentido estricto, alianza en Guerrero, sino adhesión panista a última hora, por honestidad cívica o para aprovechar una victoria ajena. Esa fórmula es irrepetible en el Estado de México y en tal sentido Peña Nieto puede estar tranquilo. No está excluida, sin embargo, una coalición que agrupe al PRD, al PT y a Convergencia, pese a los desaforados modos con que el comité local perredista se refiere a Andrés Manuel López Obrador. Es posible que, consultados sobre la pertinencia de aliarse con el PAN, los perredistas respondan mayoritariamente a favor. Pero de concretarse tal acuerdo, podría quebrarse tan pronto se pase a la designación de candidato. Puestos a escoger entre un candidato panista o uno externo a ambos partidos, y Alejandro Encinas, esa mayoría se inclinará por éste.

La elección mexiquense tendrá tres protagonistas, en pugna por sendas porciones del electorado. Dado el poderío económico de que hace ostentación, y la determinación de Peña Nieto de triunfar a toda costa, es seguro que el tercio priísta sea mayor que los restantes. Ese resultado no dependerá del candidato priísta porque allí la eficacia corresponde al aparato. Pero puede tratarse de una victoria pírrica, tan onerosa que arruine a quien la obtenga.

Los guerrerenses

Exaltados por el triunfo o irritados por la derrota no admitida pero hiriente, los primos candidatos a la Gubernatura de Guerrero padecieron una amnesia moral inaceptable. No tuvieron una palabra para el perredista Guillermo Sánchez Nava quien todavía en estado crítico sufre las consecuencias de una agresión feroz que casi lo mata; ni para Régulo Cabrera Andrés, líder priísta en El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez, asesinado presumiblemente en el marco de la contienda electoral. Cada uno por su parte, con la gravedad propia de cada caso, protagonizó la fase cruenta de una campaña de sangre y lodo que, para fortuna de todos, no desembocó en una jornada electoral que se temía muy violenta y lo fue en grado mucho menor de lo esperado.

Tampoco hicieron una mención a por lo menos tres activistas de las coaliciones que lo postuló: el añorvista Arturo Contreras y los aguirristas Pedro Salgado Leyva y Juan Carlos García, que permanecen privados de la libertad, el primero desde noviembre, para evitar el cumplimiento de su cometido y de cuya desaparición ninguna autoridad se ha hecho responsable.

El activismo produjo resultados magníficos, en primer lugar para el ex Gobernador y ex priísta que mediante esta elección podrá gobernar un sexenio completo y no la mitad como hizo en los noventa. Su victoria fue posible por varios factores que conciernen a una conducta política y electoral de los guerrerenses digna de nota.

En primer lugar, los ciudadanos salieron a votar. No son asiduos a las urnas y su abstención es proverbial. Pero los que esta vez llegaron a las urnas superaron no pocos obstáculos para cumplir su papel ciudadano. No será acaso la elección más concurrida, pero sin duda no es la más desdeñada. Había pocas razones para sufragar y muchas para no hacerlo. Los partidos escogieron a sus candidatos conforme a sus intereses y los de sus dirigentes y no respecto de la gente. Por eso resultaron indiferenciables. Daba lo mismo escoger uno u otro. Si los guerrerenses fueron destinatarios de programas donde se establecieran compromisos de actuación tras la victoria buscada, no habrá sido ese sin duda un factor que los llevó a la mesa electoral, dada la semejanza de unos y otros planteamientos, y dada la desconfianza general hacia los ofrecimientos políticos, emitidos con la misma facilidad con que se incumplen.

Objetivamente, los guerrerenses tuvieron que pensarlo bien antes de emprender el viaje hacia el punto de votación, en las comarcas rurales, o antes de hacer fila para emitir el sufragio en las ciudades. No era infundado el temor de que en los caminos y calles se generaran ataques o enfrentamientos, como los que con exagerada frecuencia lastiman a Acapulco, sobre todo pero no sólo, en la ya larga hegemonía del crimen organizado. Con ese antecedente fue meritorio que no atendieran los perversos llamados telefónicos que pretendieron disuadir a los ciudadanos de votar. Se les advertía en telefonemas realizados con profesionalismo contra el riesgo de quedar muertos o heridos en la aventura cívica. No sabemos el grado en que esos llamados fueron atendidos, pero sí es un hecho que las casillas no quedaron despobladas.

Los militantes y simpatizantes de los partidos dieron muestra de una disciplina no merecida por los líderes. Aunque es probable que una porción de priístas, a la hora de votar, haya migrado a la coalición Guerrero nos une, en general el PRI no sufrió escisiones, ni éxodos notorios. Vamos, ni siquiera el hijo de Aguirre Rivero, Ángel Aguirre Herrera, diputado federal priísta, sintió la necesidad de renunciar a su filiación ni a su pertenencia a la banca tricolor en San Lázaro. Quizá cambie su situación después de la jornada electoral, pero por lo pronto no formó parte de un egreso masivo.

Una conducta semejante puede suponerse en los perredistas. Fue claro que a muchos de ellos no sólo no les satisfizo y al contrario los agravió la postulación de un ex gobernador que resultaba por ello muy objetable. A juzgar por los números (Aguirre recibió más votos que los depositados a favor de Zeferino Torreblanca hace seis años) no hubo defecciones en número perceptible, y ni siquiera ausencia en las urnas. Las bases perredistas no practicaron tampoco el cálculo en que son expertos sus líderes: no dejaron de sufragar por Aguirre aunque eso implicara un triunfo de Marcelo Ebrard y una derrota de la posición de López Obrador contraria a las alianzas, cuya versión local se configuró a última hora con la renuncia del candidato panista.

Los seguidores de este último, Marcos Efrén Parra, dieron al parecer un ejemplo de abnegación. Durante el debate librado por los tres aspirantes, el mejor situado fue el panista, que empleó buena parte de su intervención en denostar con base a sus antagonistas. Escuchar ese juicio contra Aguirre y días más tarde, salida de la misma boca, la petición de votar por Aguirre, supone una actitud de buena fe que quizá fue practicada por un tres o cuatro por ciento del electorado que acudió a votar.


Como parte del paisaje en que para ser captados por las cámaras se exhibieron los dirigentes y los candidatos, la gente en Guerrero merece la retribución de un buen gobierno. Es ingenuo suponer que quienes persiguen el poder por el poder mismo (y los cuantiosos gajes anexos) son capaces de mirar a su alrededor y tener en cuenta a los pobladores. Aguirre está, sin embargo, obligado a hacerlo. Tiene la excepcional oportunidad de ser diferente de sí mismo. Que la aproveche.

Adiós, Gober precioso

Hoy concluye el Gobierno de Mario Marín Torres, que merecidamente ganó un lugar en la picaresca política al ser llamado “Gober precioso” por su mecenas, cómplice y adulador Kamel Nacif, en la célebre conversación telefónica en que decidieron “dar un coscorrón”, es decir agredir gravemente a la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005.
 
Marín Torres hizo una carrera exclusivamente burocrática, en funciones de medio pelo, en que se había mostrado austero y discreto hasta que, llegado a la gubernatura dio cauce a su avidez por los placeres mundanos y por el dinero.

Nacido en el seno de una familia pobre en un poblado de la misma condición (Nativitas, municipio de Cuautempan), estudió derecho en la Universidad autónoma de Puebla y al graduarse ingresó en el poder judicial local y en el Gobierno del Estado. Nunca salió de esa entidad en tareas políticas (no fue delegado del PRI ni legislador federal), y a cambio conoció puntualmente los recovecos del poder local. Secretario particular de cinco directores y secretarios de Gobernación locales, ascendió al gabinete con el gobernador Manuel Bartlett, entre 1993 y 1999, etapa en que fue subsecretario y secretario del ramo a cuyos titulares había servido. Bartlett mismo lo hizo Alcalde de la capital poblana En ese su primer cargo de elección, donde permaneció de 1999 a 2002, empezó a mostrarse como era, tras abandonar la opacidad de su trayectoria previa, donde el único rasgo de inmodestia que se permitía era ruborizarse cuando el servilismo de sus subordinados lo comparaba con Benito Juárez.

Siempre viviendo de la política, dirigió el PRI estatal cuando terminó su gestión en la Angelópolis, y su conocimiento del aparato le permitió superar la rala simpatía que le profesaba el gobernador Melquiades Morales, e imponerse como candidato a la Gubernatura. La ganó en las elecciones de noviembre de 2004 con holgura (una diferencia de casi 14 puntos frente al candidato panista Francisco Frayle). Pero quedó claro que la tradicional hegemonía priísta en Puebla tocaba a su fin, cuando fueron muy semejantes las cifras de quienes eligieron a Marín y de sus oponentes. Esa declinación del tricolor se acentuó en los comicios federales de 2006, en los que triunfó Felipe Calderón y los candidatos panistas al Senado, uno de ellos Rafael Moreno Valle Rosas, cuyo tenue priísmo había quedado oculto por una capa de pintura blanquiazul, y que mañana reemplazará a Marín.

Un hábil manejo del presupuesto (el de desarrollo social sobre todo) le permitió revertir esa tendencia en los comicios locales de 2007 y los federales de 2009. Pero la oposición se unió el año pasado y el Gobernador saliente cometió varios errores, entre ellos designar a un candidato impopular, Javier López Zavala, que cayó abatido por esa su condición personal a la que se sumó el hartazgo causado por los modos de Marín y su ambición personal, que lo condujo a reunir una fortuna (la visible en ostentosos inmuebles y automóviles) que no pudo pagar con su remuneración de 13 mil pesos al mes.

Situó a miembros de su familia en posiciones clave. Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (quien me parece que es su cuñado) fue determinante en el enriquecimiento del Gobernador. Los presupuestos de los proyectos en ese ámbito fueron generalmente rebasados, y con escándalo. El Centro expositor, donde el jueves pasado Marín dirigió su último mensaje, es simbólico de esa conducta: iba a costar 800 millones de pesos y al final se pagó lo doble. El secretario de Obras Públicas fue denunciado en noviembre pasado ante la PGR por un grupo de empresarios por lavado de dinero, descomunal según sus cuentas: dos mil millones de pesos.

Sería imposible en este espacio enumerar los muchos rasgos de autoritarismo perpetrados por Marín, que en cambio fue ineficaz en la garantizar a los poblanos su seguridad: los secuestros crecieron hasta sumar 83 en los 6 años de su Gobierno (19 el año pasado y 27 el anterior fueron las cifras más altas).

Pero no se puede repasar la gestión de Marín sin colocar en el sitio principal que le corresponde la conspiración urdida por él personalmente contra la periodista Lydia Cacho. En su libro Los demonios del edén, esa valiosa escritora y activista de derechos humanos denunció la pederastia de Jean Succar Kuri, un protegido de Kamel Nacif. No sólo para castigarla e intimidarla por esa osadía sino, como se comprobó después, para ocultar la red nacional e internacional de abuso sexual y pornografía infantiles, el empresario textil pidió a Marín, a cuya campaña había contribuido con sumas determinantes, organizar un sesgado y parcialísimo juicio penal por difamación contra la periodista, que virtualmente fue secuestrada en Cancún, donde reside, para ser procesada en Puebla.

A la postre el caso se revirtió y quedó en claro la vil maniobra a cuya cabeza actuó Marín. El ahora presidente de la Suprema Corte, el ministro Juan N Silva Meza, no vaciló en concluir en su voto particular, que el Gobernador “propició que se diera una acción concertada entre diversas autoridades y funcionarios… para que el proceso penal instruido contra la periodista… se desarrollara de tal manera que para favorecer el ánimo vengativo de (Nacif) impidiera a la inculpada el adecuado ejercicio de (sus) derechos constitucionales”, lo que dicho en la palabra propia de Marín consistió, según dio cuenta a su cómplice, en “darle un coscorrón” a la periodista, porque “nos ha estado jode y jode”.