Sucesión en el PRD

El próximo sábado concluye el periodo durante el cual Jesús Ortega presidió el Partido de la Revolución Democrática, su viejo sueño hecho realidad por la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la elección de marzo de 2008, caracterizada por la abundancia de irregularidades y trampas, contendió con Alejandro Encinas. En distintos momentos cada uno se declaró triunfador hasta que al cabo de un largo proceso que se extendió hasta noviembre de aquel año el tribunal federal, en vez de anular los comicios como correspondía en caso extremo, se inclinó por Ortega, cabeza de la corriente Nueva Izquierda.

La sucesión de Ortega no será decidida por el voto de los militantes del partido, cuya dirección no se atrevió a citar a comicios que reeditaran, acaso acrecentadas, las peripecias del proceso de 2008. Por eso en esta oportunidad el consejo nacional del partido hará la elección. Es un órgano plural compuesto por 343 integrantes. Triunfará en la elección del sábado quien sea capaz de reunir dos tercios de ese total, es decir 228 votos. Ninguna de la docena de corrientes que allí cuenta con representación reúne por sí sola con el número de consejeros necesario para formar esa mayoría, por lo cual esta semana será empleada por los aspirantes para consolidar en torno suyo la cifra mágica, faena que se antoja si no imposible, sí de muy difícil consumación.

El consejo ha sido el escenario donde disputan y chocan las dos grandes corrientes que tienen al PRD continuamente al borde de la fragmentación. Una, que ha dirigido la administración del partido y cuenta con la maquinaria de la mayor parte de los estados es la conocida como Los Chuchos, en alusión a sus dirigentes principales, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Éste aspira a ocupar el lugar que deja libre su tocayo merced a su alianza con Alternativa Democrática Nacional y el Foro Nuevo Sol. En la acera opuesta se hallan los grupos cercanos a Andrés Manuel López Obrador, reunidos en el G-8, en que sobresale Izquierda Democrática Nacional, dirigida por Dolores Padierna, una vez que su esposo René Bejarano tuvo que apartarse del partido tras el escándalo de su vínculo con el gran corruptor Carlos Ahumada.

Jesús Zambrano trocó las armas por la lucha social y la participación electoral. Fue preso por su participación en la guerrilla urbana de los años setenta, única forma que una porción de la juventud de entonces creyó posible para la transformación de México. (Es paradójico que al cabo de treinta años Zambrano se haya unido al grupo de perredistas procedente del Partido Socialista de los Trabajadores, simulación organizada por el presidente Echeverría precisamente para encuadrar a jóvenes deseosos de hacer oposición desde la comodidad del presupuesto). Ha sido candidato al Gobierno de su natal Sonora y dos veces diputado federal; en la segunda de ellas, en la actual legislatura, es vicepresidente de la mesa directiva. Trabajó en las administraciones perredistas del DF, incluida la de López Obrador de quien es ahora severo adversario verbal. En el mejor de los casos, los cien consejeros de Nueva Izquierda podrán recibir el apoyo de noventa más, insuficientes para la mayoría requerida.

Dolores Padierna es maestra normalista y economista por la UAM. Ha trabajado en el movimiento sindical magisterial y en la promoción de las mujeres, así como en la organización vecinal en pos de vivienda. Ha sido diputada local y dos veces ha ocupado una curul en San Lázaro. En la primera de ellas sobresalió su acuciosa y resuelta participación al revisarse las cuentas del Fobaproa. Coincidió en esa línea con el diputado Marcelo Ebrard, elegido en esa legislatura en la planilla del Partido Verde pero que actuaba como independiente.

Ha sido consejera nacional del PR; fue secretaria general del partido en el DF, donde su corriente goza de una presencia eminente. Fue jefa delegacional en Cuauhtémoc. Actualmente es integrante de la Comisión Política Nacional de su partido, desde donde ahora objeta la política de alianza con el PAN impulsada por Ortega.

Para fortalecer su posibilidad de ser la principal candidata opositora, debe conseguir el apoyo del G8, donde se afana en el mismo objetivo el secretario de Desarrollo Social del Gobierno capitalino Martí Batres, antiguo seguidor de Bejarano y Padierna y ahora líder de su propia corriente, Izquierda Social. Debe también contrarrestar el inesperado esfuerzo de Ebrard por sacar adelante la candidatura del diputado Armando Ríos Píter. De muy breve y rala militancia en el PRD, hasta 2005 este sorpresivo protagonista tuvo cargos en las administraciones del PRI y del PAN (subsecretario de Reforma Agraria con Fox) hasta que el gobernador saliente de Guerrero, Zeferino Torreblanca lo llevó a su gobierno y pretendió impulsarlo hacia su propia sucesión.

Esa maniobra quedó frustrada cuando Ebrard se hizo cargo de la elección guerrerense. Quizá para que Ríos Píter no fuera obstáculo a la candidatura de Ángel Heladio Aguirre, el jefe de Gobierno le habría anunciado que tenía planes para él, que ahora se concretan en este impulso hacia la dirección perredista, que muy difícilmente será admitido por los militantes de acendrada pertenencia a la izquierda.

Supongo que éstos hallarían más conveniente la candidatura de Javier González Garza, que si bien contó con Nueva Izquierda para ser elegido coordinador de los diputados en la anterior legislatura no perdió por ello su independencia, prenda rara en ese partido.

La iniciativa Beltrones

La propuesta de reforma hacendaria presentada el jueves por el senador Manlio Fabio Beltrones, en nombre propio y de la bancada que encabeza es digna de consideración en sus propios términos y por contraste con intentos previos de mejorar los ingresos del Estado mexicano.

Parte de principios elementales que, sin embargo, han quedado al margen de la discusión anual de los documentos en que se sustentan las finanzas públicas, debate insuficiente porque la premura a que sujeta al Congreso el calendario legislativo hace que se imponga lo urgente sobre lo importante, en un permanente aplazamiento de lo relevante. Ahora estamos lejos del noviembre en que suelen naufragar propósitos de dotar al País de una estructura fiscal acorde con sus posibilidades y sus requerimientos. Hay un amplio consenso respecto de las dimensiones de la reforma necesaria, y el documento presentado por Beltrones es, por sí mismo, una magnífica pieza para la discusión en la calma primavera legislativa y no en las prisas otoñales.,

En lo que parece una contradicción y un gesto audaz, y no es más que la aplicación de la sensatez política a un problema cada vez más acuciante y trascendente (tanto que fue aludido en Washington por la secretaria de estado Hillary Rodham Clinton, al hablar de la seguridad mexicana y el apoyo que reclama de los Estados Unidos). Se trata de reducir el monto de diversos impuestos y aun de suprimir otros y no obstante lograr una mayor recaudación. La clave, nada enigmática de la propuesta, consiste en ampliar la base de contribuyentes y generar una espiral dinámica en condiciones tales que al mismo tiempo que disminuya el mercado informal (porque haga atractivo fiscalmente participar de la formalidad) deje en manos de los contribuyentes recursos aplicables a la inversión y el gasto privados, motores de una expansión que a su vez sea fuente de nuevos empleos de donde resulten consumos menos magros que los observables hoy en día. Se trata, además, de mirar no sólo el ámbito de los ingresos sino el del gasto público, con objeto de que los mayores recursos presumiblemente obtenidos no se atoren en los entresijos de la programación ineficiente o dolosamente ejercida.

A reserva de examinar con pormenores la propuesta. Me detengo por ahora sólo en su modo de abordar el impuesto al valor agregado. En el documento se salva un escollo en que han perecido intentos previos de reforma cuando se estudia su aplicación a medicamentos y comida. Se prevé conservar la tasa cero o la exención a las medicinas, por ser un producto (con otros que se colocan en la misma situación) de consumo necesario. Pero se distingue en el ámbito de los alimentos entre aquellos que son imprescindibles y los que suponen hábitos y capacidades de consumo que por economía de esfuerzo, o de plano por pereza han estado protegidos contra ese gravamen que por ello premia compras suntuarias. No todos los lácteos, por ejemplo, pueden ser objeto de una regulación privilegiada del IVA, porque abundan entre ellos artículos de lujo.

Una objeción a esta propuesta, que seguramente aparecerá en el camino, es la difícil mecánica de su aplicación, que contradice el esfuerzo previsto en el propio documento de aligerar la carga burocrática en el pago de los gravámenes. Pero la verdadera objeción no se atreverá a decir su nombre porque constituye un obstáculo político en torno del autor de la iniciativa.

Beltrones ha concebido y llevado adelante en su propia bancada, y lo ha presentado en este momento, además de la cualidad intrínseca del proyecto, porque cuadra con sus tiempos en vista de la sucesión presidencial. Con toda evidencia el líder senatorial se planta en la mitad del escenario con una propuesta que generará simpatías y adhesiones pero quedará inscrita en el cuadro de los movimientos priístas hacia la candidatura presidencial.

Ya desde el momento en que el sonorense anunció su propósito y delineó sus trazos básicos en la bancada priísta en la Cámara de Diputados se escucharon voces discordantes, que se organizarán en cuanto comience a ser discutida allí, porque es obligatorio que la legislación fiscal se procese inicialmente en san Lázaro. Allí tendrá que pasar su prueba de fuego no en el debate con otras fuerzas políticas sino en la fracción parlamentaria tricolor. En ella Beltrones cuenta con presencias influyentes, como la de Felipe Solís Acero, vicepresidente de la Cámara y Jesús Alberto Cano Vélez, en las comisiones que dictaminarán la iniciativa… si llega a ese punto. Porque encontrará la oposición o el desdén de los legisladores adscritos a la precandidatura de Enrique Peña Nieto, ya que la propuesta senatorial será vista como un lance en el juego por la candidatura presidencial.

A Peña Nieto responden el coordinador del grupo priísta en san Lázaro, Francisco Rojas, los integrantes de la numerosa diputación mexiquense y no pocos legisladores más que por inercia propia o compromisos de sus gobernadores con el del Estado de México no estarán dispuestos a conceder a Beltrones una significativa victoria parlamentaria. Aun si los persuadiera la fuerza de la propuesta, si prevalece en ellos la visión aldeana de obstruir el camino del principal y acaso el único precandidato alternativo a Peña, la iniciativa no prosperará.

No me extrañaría que en ese rejuego se hubiera inscrito ya el vergonzoso lance en que el senador Francisco Labastida fue impedido de presentar la iniciativa senatorial en la UNAM, institución por encima de toda intolerancia.

Contrabandistas con credencial

El 14 de diciembre pasado en un desértico paraje de Arizona fue asesinado Bryan Terry, agente de la patrulla fronteriza. Dispararon contra él matones dotados de armas poderosas, que habían cruzado la frontera para cobrar cuotas con las que extorsionan a migrantes. Dos meses después, el 15 de febrero, en una carretera mexicana padeció la misma suerte Jaime Zapata, agente de aduanas y migración comisionado en territorio mexicano.

El Centro de Integridad Pública, una organización civil norteamericana que investiga casos de corrupción gubernamental, a partir de información reunida con anterioridad, pudo percatarse de que las armas utilizadas para ultimar a esos agentes de órganos de seguridad estadounidenses eran parte de una colosal remesa que a los largo de quince meses había sido organizada por la ATF, la agencia responsable de combatir el contrabando de armas, alcohol y tabaco. Cerca de dos mil armas habían sido trasladadas a México por agentes encubiertos, con el propósito de seguir su pista y localizar a los compradores finales, presumiblemente bandas de narcotraficantes. Pero, por algún motivo que no se ha establecido aún (y que puede ser impericia, negligencia o dolo complicitario), la indagación quedó fuera de control. Y ahora nadie sabe dónde quedaron esas armas hechas entrar en México por contrabandistas con credencial.

Con base en la información del CIP, el diario Los Ángeles Times y la cadena de televisión CBS ahondaron en la investigación sobre esa operación encubierta. Lograron que John Dodson, agente de la ATF y participante en la operación bautizada como Rápido y furioso -que es el nombre de un grupo musical tal vez admirado por quien estaba en capacidad de rendirles ese extraño tributo en la ATF- ofreciera su testimonio. El programa resultante de esas indagaciones fue transmitido por CBS la noche del jueves tres de marzo. Unas horas antes se habían reunido en la Casa Blanca los presidentes Calderón y Obama, que se habían hecho mutuos reconocimientos por su colaboración en la lucha contra la delincuencia organizada.

Un reclamo frecuente de las autoridades mexicanas a las de Estados Unidos es que no trabajan suficientemente en la disminución del consumo de drogas ilegales, por lo cual tampoco se reduce la oferta de esos estupefacientes; y que no enfrentan adecuadamente el tráfico de armas, compradas libremente en aquel país y hechas llegar de contrabando a México. La mayor parte del arsenal de las bandas delincuenciales está formado por armamento adquirido en territorio estadounidense, según permite comprobarlo el aseguramiento de armas que sigue a la captura de miembros del crimen organizado. Por cierto, la Secretaría de la Defensa Nacional es depositaria de esas armas, que se  almacenan en un espacio que sin duda debe estar protegido con medidas de alta seguridad, dada la poderosa tentación que bodegas con ese contenido han de producir en las bandas que está en auge en nuestro país.

Al paso de los días, la difusión del programa de CBS ocupó el lugar que tras la visita de Calderón a Washington había estado reservado a su fallido intento de deshacerse de la presencia del embajador Carlos Pascual. Fue quedando en claro que Rápido y Furioso había contribuido al incremento de la violencia criminal en México, sin que a nadie le importara hasta que sus efectos alcanzaron a dos agentes norteamericanos. La agencia responsable de organizar ese trasiego ilegal  tuvo que reconocer la existencia de la operación, pero el gobierno de los Estados Unidos se ha rehusado a admitir abiertamente su responsabilidad en el asunto. La secretaria de seguridad interior Janet Napolitano se dijo ignorante de esos hechos y el procurador Eric Holder ha expresado una actitud ambigua sobre los mismos.

Las operaciones encubiertas son una técnica de indagación usual en todas partes para localizar a infractores de la ley y a delincuentes. En México ha sido utilizada, en su modalidad de usuario simulado, para descubrir casos de corrupción, en los que la personalidad de los simuladores queda en claro cuando el soborno es aceptado por el funcionario sospechoso. En la práctica de las agencias policíacas norteamericanas se apela cotidianamente a ellas. Pero pocas veces ese género de encubrimientos produce efectos dañinos como los que agentes de la propia ATF, como Dodson, hicieron notar a sus jefes. Mucha gente podía morir al contar con las armas involucradas en la operación, advirtieron. A la objeción respondió uno de los jefes con crudeza que encerraba desdén por las eventuales víctimas: "Para hacer un omelet tienes que romper algunos huevos".

Según Dodson, la operación no se ha interrumpido, ni siquiera ante el escándalo suscitado por sus imputaciones a la agencia a que pertenece. De modo que a estas horas acaso estén cruzando la frontera artefactos de muerte trasladados con presuntos fines legales al mismo tiempo que también ingresan a nuestro territorio otras armas que se venderán de forma ilegal. El programa de CBS reveló también que Rápido y Furioso no es la primera operación con aquel propósito, sino que en 2008 se habían hecho pasar a través de la frontera 450 armas en la operación Receptor abierto, de la que nunca, sino hasta ahora, se tuvo noticia.

El gobierno mexicano ha reaccionado lentamente y con calma inexplicable ante esta práctica que, si bien parece responder al reproche mexicano sobre la lenidad norteamericana ante el tráfico de armas, en realidad lo ha acrecentado. Como quien ve llover y no se moja, el subsecretario de relaciones exteriores Julián Angulo dijo a León Krauze en entrevista radiofónica con esta espesa y elusiva  prosa: "Es un asunto que nos motiva a verlo con una seria preocupación". La cancillería expresó poco después que había solicitado información al respecto a su contraparte, el Departamento de Estado. La Procuraduría General de la República, una semana después de la emisión negó que el gobierno mexicano tuviera alguna sobre esas operaciones, en oposición a un comunicado de la ahora execrada embajada norteamericana, según el cual sí se informó al respecto al gobierno mexicano. La propia embajada al percatarse de que había abierto un nuevo frente de rispidez con el gobierno de México buscó aclarar que la información ofrecida por Washington se refería a la porción norteamericana de la operación de marras, que el 25 de enero había conducido a la detención de 20 personas en territorio norteamericano.

Lo cierto hasta este momento es que no hay información oficial, ni de allá ni de acá, sobre Rápido y Furioso pero si la certidumbre de que el mercado ilegal de armas experimentó un importante refuerzo mediante esa pretendida argucia norteamericana. También es cierto que el muy falible combate mexicano al contrabando ha mostrado una vez más su permanente vulnerabilidad, pues no ha sido capaz de detectar y menos de contener ese trasiego ilegal. Queda igualmente en claro, entonces, que la exigencia mexicana a ese respecto no va acompañada de un activismo que supla en territorio mexicano la despreocupación norteamericana sobre el ingreso de armas a México.

Como si no estuviera en entredicho una importante operación de la ATF que afecta la bilateralidad de las decisiones en la lucha contra la delincuencia organizada, el director de ICE, la agencia de aduanas y control migratorio de Estados Unidos, a la que pertenecía Jaime Zapata, asesinado hace casi un mes, ha anunciado un aumento en el número de sus agentes en México. Eran veinte al quince de febrero, el número creció a 30 inmediatamente después del atentado (en que Víctor Ávila fue herido) y ahora serán cuarenta. La ocasión abre la puerta a explicaciones necesarias para la sociedad mexicana. ¿Con arreglo a qué instrumento internacional opera aquí ese número de agentes cuyas funciones, por su propia naturaleza, deben practicarse en territorio norteamericano? ¿Qué hacen en México? ¿Puede la propia ICE acrecentar su presencia en nuestro territorio de ese modo, sin pactarla con las autoridades mexicanas?  Si las pactó, ¿por qué no se anuncia bilateralmente esa decisión?

Dada la asimetría en las relaciones de México y Estados Unidos, y el carácter trasnacional del crimen organizado, tiende a verse como natural la presencia de policías norteamericanos en México, sin reparar en que eso significa una infracción a la soberanía, que no es prenda que haya que guardar en el ropero.      

El pasado presente. Mañana lunes se cumplirá un año del comienzo de una breve y extraña relación de una terapeuta y un hombre poderoso y amenazante, narrada por Julio Scherer García en su más reciente libro titulado Historias de muerte y corrupción. He aquí una parte de ese relato que "responde a la brutalidad de nuestros días. La escuché de su protagonista, terapeuta clínica de uno de los súper lujosos hospitales del sur de la ciudad de México. Directa, me contó en primera persona:

"El pasado 12 de marzo dí cita a la señora Josefina Flores. Nos veríamos el 14 a las 19:40 horas. En su llamada por teléfono había percibido un lenguaje lloroso, alta y baja la respiración de la señora.

A la hora y día acordados se presentó en el consultorio. Iba acompañada de un niño. Las lágrimas resbalaban libres por su cara y continuamente se llevaba el pañuelo a la nariz. Era delgada, atractiva, vestida con lujo.

Me habló de su hijo, Juan Pablo, de nueve años. La criatura vivía con miedo. La madre aludía a sus estados de ánimo, deprimido del día a la noche.

Juan Pablo no quiere ir a la escuela y cuando va, llora. Lo siento muy solo. Todo el tiempo quiere estar a mi lado y cuando no puede acompañarme, se encierra en su cuarto y se esconde bajo la cama. En el sueño, empapa las sábanas...

Todo empezó el día en que mi marido me avisó que tendríamos guardaespaldas. Yo le dije que eso no era para nosotros, pero él se sostuvo en la decisión. Me dijo que no había de otra, que las cosas se estaban poniendo muy difíciles en la calle, que había más asaltos, más robos, más crímenes. A Juan Pablo le dijo que tendría sus propios guardaespaldas, pendientes de él hasta en la escuela. Desde entonces, doctora, el niño llora. Es otro"

La terapeuta habló a solas con el niño el 18 de marzo. A la siguiente cita acudió el papá del niño:

"Alto, fuerte, cerrado el bigote, vestía pantalón de mezclilla y una camisa de cuadros rojos. Del pecho semidescubierto pendía una cadena de oro que remataba en una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ví también, en la muñeca izquierda del sujeto, el oro grueso de una esclava.

Sin tomarme en cuenta, sin una mirada así fuera de soslayo, hizo suyo el pequeño cuarto de la terapia en tanto sus guaruras aguardaban a unos metros de distancia.

Con la voz del que manda, porque el mundo es así, hecho para los que mandan, dijo:

--Necesito otro horario para las consultas de mi hijo, doctora -enfáticas, distanciadas unas de otras, las tres sílabas del sustantivo.

--Lo siento mucho. Las 19:40 es el único horario que tengo disponible.

--¿¿Es que no entiende?

--El que parece que no entiende es usted.

--No le estoy preguntando. Cámbieme de horario.

--Ya le dije que me es imposible.

--Voy a pagarle lo que quiera.

--El problema no es de dinero.

Me miró de arriba abajo y ordenó a su esposa, a su hijo y a sus guaruras: Vámonos.

Otro día el señor me llamó de nuevo. Me ofreció disculpas y lo sentí vulnerable. Me pidió una nueva cita.

--Ha de saber, doctora, que mi hijo es lo que más quiero en el mundo y le ruego que me dé un nuevo horario.

--No me es posible.

--Cómo -sentí si grito a punto, preparada hasta para la ofensa. No obstante, le dije:

--Así, simplemente. No puedo.

Había llevado consigo un portafolio que mantuvo bajo sus pies y ahora lo colocaba sobre mi mesa de trabajo.

--Cóbreme lo que sea.

--No es problema de dinero, ya le dije.

Abrió el portafolio, acomodados en su interior los billetes.

--Agarre.

--Abandone mi consultorio.

--Agarre, le digo.

--Cierre el portafolio.

--No puede hacerme eso. Mi mejor amigo me dice que usted es la persona indicada para atender a mi hijo.

--Lo siento.

--¿Es su última palabra?

Asumí el silencio por respuesta.

--Conmigo no se juega.

Seguí hermética.

--Piénselo.

--Salga de mi consultorio.

--Sabrá de mi, hija de la chingada"

Este sobrecogedor relato, cuya secuela posible da terror imaginar, forma parte del más reciente libro del gran periodista mexicano. En la portada se anuncian algunos de sus temas. Calderón, Mouriño, Zambada, El Chapo, La reina del Pacífico. El libro contiene las 23 preguntas dirigidas a Ismael El mayo Zambada, el jefe del narcotráfico al que Scherer García entrevistó en su refugio, un encuentro que provocó escándalo y del que quedó constancia en la portada del semanario Proceso, donde ambos aparecen, El mayo pasando amistoso el brazo por encima del hombro del periodista. Figuran también las tres preguntas enviadas por mensaje a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. No sólo el periodista espera las respuestas. Las esperamos todos.

Sobre El Chapo concluye por ahora Scherer, que le dedica unas breves líneas y a cuya mujer Zulema entrevistó cuando estaba encarcelada en Puente Grande: Son oportunas hoy::

"En diez años de política azul, El Chapo llegó a las páginas de Forbes, donde se codea con los grandes del mundo. En su vida goza de su propia eternidad. Hombre de corridos".

Posibilidades de la censura

Súbitamente lanzada a la fama, si bien de modo indeseable, la jueza Blanca Lobo resolverá hoy si otorga la suspensión definitiva a Víctor Manuel Reyes Bravo, quejoso contra la autorización para exhibir Presunto culpable. Después de que el martes el Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa revocó la suspensión provisional que quitó de la pantalla durante unas horas ese documental ya célebre, es difícil que la juzgadora persevere en su posición inicial. Es de anticiparse que ya no ordene suspender la exhibición pública de la cinta, y pida al demandante esperar a la resolución de fondo del asunto. El juicio de garantías solicitado por Víctor Manuel Reyes Bravo, testigo de cargo contra José Antonio Zúñiga en el documento grabado por Layda Sansores y Roberto Hernández, puso en el centro de la opinión pública el funcionamiento de la justicia penal del fuero común, el de la justicia de amparo y las posibilidades de la censura. Quiero referirme ahora a este último tema, a reserva de referirme a los dos restantes una vez conocida la resolución de la juzgadora número doce en materia administrativa en el DF. La Secretaría de Gobernación, al rendir en este caso el informe previo que le demanda la ley de amparo, habrá seguramente alegado que la orden judicial que quitó de la cartelera Presunto culpable era incumplible porque carece de facultades para prohibir la exhibición y distribución y aún más la publicidad en torno de esa cinta. En efecto, no hay en la legislación facultades de ese género atribuidas a ninguna autoridad. Pero sí hay, y en eso me detengo ahora, más allá del caso particular, legislación que aplicada con mala fe puede redundar en medidas contrarias a la libertad de expresión. Partamos de reconocer que en esta materia se han producido avances, pues salimos de un régimen legal propio de una sociedad cerrada, susceptible de padecer el padrastrismo gubernamental cuidadoso de la virtud de los gobernados a uno más respetuoso de la mentalidad de los ciudadanos. Pero todavía persiste el dirigismo estatal en esta materia. En la época del cine silente y en las dos primeras décadas del sonoro prevaleció un sistema que no vacilaba en emplear abiertamente la palabra censura para describir la actividad gubernamental en este campo. La ley de la industria cinematográfica de 1949 eliminó esa fea palabra (y en su reglamento la reemplazo por supervisión), pero mantuvo la obligación de recabar la autorización para la exhibición pública, que se otorgaría “siempre que el espíritu y contenido de las películas en figuras y en palabras no infrinjan el artículo 6º y demás disposiciones de la Constitución General de la República”. El reglamento respectivo, expedido en 1951, contenía en su capítulo décimo las reglas para la supervisión, necesaria para expedir la autorización requerida. El reglamento mencionaba el artículo séptimo constitucional, amén del sexto citado en la ley, como pauta para extender o negar la autorización. Reproducía los criterios de la ley de imprenta de 1917, ya anacrónica al mediar el siglo pasado, para determinar qué eran los ataques o la falta de respeto a la vida privada y los ataques a la moral y al orden o la paz pública, o las circunstancias en que provocaba algún delito o se hacía la apología de algún vicio. El reglamento clasificaba las cintas autorizadas en cuatro categorías: las permitidas a niños, adolescentes y adultos, las permitidas a adolescentes y adultos, las permitidas únicamente para adultos y las permitidas para adultos en exhibiciones especialmente autorizadas. Dada la flojedad de la ley bajo un régimen autoritario, no fue infrecuente que se negara la autorización sólo discrecionalmente o en la vía de los hechos. De esa manera fueron prohibidas cintas como la de Julio Bracho basada en La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, o La rosa blanca, de Roberto Galvaldón, hecha sobre el relato del mismo nombre de B. Traven. Ni los afectados por la prohibición llegaban a saber a ciencia cierta la causa de la decisión, pues una característica del Gobierno autoritario era infringir el artículo 16 al no fundar ni motivar sus decisiones. La Ley federal de Cinematografía de 1992 y el reglamento emitido ¡nueve años! más tarde establecieron el actual régimen de autorizaciones, que se extiende también a los videos. Dice el artículo 24 de la primera: “Previamente a la exhibición, distribución y comercialización de las películas, éstas deberán someterse a la autorización y clasificación correspondiente, ante la autoridad competente, de conformidad a lo que establezca el reglamento”. El artículo 25 establece las categorías para la clasificación, que es ahora un mecanismo para afectar la extensión del público que puede ver una cinta: AA: películas para todo público, que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de siete años. A: para todo público. B: para adolescentes, de 12 años en adelante (que puede ser modulada anotando que, su caso, no son recomendadas para menores de 15 años). C: para adultos mayores de 18 años. y D: las que sólo pueden ver adultos por contener “sexo explícito, lenguaje procaz o alto grado de violencia”. El artículo 18 del reglamento permite negar la autorización a las “películas con escenas explícitas, no ficticias, de violencia, tortura o actividad sexual o genital, o cualesquiera otra para cuya filmación se presuma la comisión de un delito o alguna violación a las leyes, así como la apología de dichas conductas”.

Dinero en la parcela gordillista

Fueron tan eficaces los servicios de la profesora Elba Esther Gordillo en la elección del presidente Felipe Calderón, que la factura por ellos incluyó la cesión de un territorio propio en el gobierno federal. Además de refrendársele el dominio sobre la Lotería Nacional, que le había sido otorgado en el sexenio anterior por Vicente Fox, se escrituró a la dirigente magisterial el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como un significativo segmento de la educación pública, a través de dos funcionarios clave, amén de las canonjías para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En todas esas parcelas se siembran y cosechan cuantiosísimos frutos, es decir enormes sumas de dinero, que se manejan no para bien del erario público, es decir de los contribuyentes, sino en provecho de la usufructuaria de esas porciones del poder federal.

En uno de los lances del enfrentamiento entre los mastodontes de las telecomunicaciones ha aparecido una sui generis licitación de servicios al ISSSTE que significó una erogación de seiscientos millones de pesos de más, para favorecer a un proveedor improvisado. Era director de ese instituto Miguel Ángel Yunes Linares cuando se convocó a concursar para establecer y operar la red interna de telecomunicaciones en esa institución. Las dos mejores posturas fueron las de Bestel-Operb, que ascendió a 2,080 millones de pesos y la de Telmex, que demandó un monto de 1,661 millones de pesos, es decir seiscientos millones de pesos menos. No obstante esa diferencia, la propuesta de la telefónica del Grupo Carso fue desechada. El adquiriente alegó razones técnicas, difíciles de comprender considerando que Bestel, filial de Televisa, se iniciaba en este tipo de operaciones, y que Telmex contaba con experiencia e instalaciones adecuadas. No entramos ahora, sin embargo, en la naturaleza misma del contrato ni en la exposición de las razones de las partes involucradas. Nos interesa más que el papel de las telefónicas el del Instituto que sirve a los burócratas.

La adjudicación del contrato, que no ha sido cumplido tal como lo requiere el ISSSTE amerita una investigación que precise no sólo el dispendio que significa pagar seiscientos millones de pesos de más, sino también los móviles de quienes lo hicieron, señaladamente el director de entonces, que se preparaba a ser candidato a gobernador de Veracruz. En esa condición no estorbaba una bien alimentada relación con Televisa y eventualmente alguna cantidad que se sume a la del financiamiento público de campaña que se otorga al PAN y al Panal, los partidos que no pudieron lograr el triunfo de Yunes. Amén las indagaciones que sean propias de la competencia de la Auditoría Superior de la Federación y la secretaría de la Función Pública, alguna de las cámaras podría formar una comisión especial que determine lo sucedido.

Un ejercicio semejante ha de realizarse en la Lotería Nacional, que mágicamente está en quiebra. Un negocio que requiere mínimos insumos y cuenta con una poderosa fuerza de ventas dispersa por todo el país, no debería tener jamás complicaciones financieras. Pero las tiene y en grado sumo: Un reporte oficial confiesa que en 2010 tuvo pérdidas, que ascendieron a 140 millones de pesos, treinta y dos millones más que las habidas el año anterior. Todavía en 2007 la Lotería Nacional había informado de un superávit de casi trece millones de pesos, mínimo conforme la magnitud de sus operaciones, pero ganancia al fin y al cabo.

Se alega que las varias crisis que han afectado a la sociedad mexicana produjeron el pernicioso efecto de que las ventas disminuyeran. Puede ser, pero una crisis genera también el ansia, la necesidad sicológica de obtener dinero por milagro, por obra del azar. Y se creería entonces que se gasta más en confiar el futuro a la suerte. Como si ocurriera lo contrario, la Lotería gasta grandes sumas en publicidad para sus diferentes productos, que no alcanzan a contender con los que coloca Pronósticos Deportivos, empresa pública también, y con los ofrecidos por las casas de apuestas que han proliferado en mala hora.

Pero si no fuera una mala mercadotecnia y el empobrecimiento de la tradicional clientela, que ya no tiene ni para apostar por una vida menos apretada, tiene que establecerse con rigor la causa de que una empresa antaño munífica, que servía de caja chica al Presidente de la República ande ahora en la quinta chilla.

De otra manera el gordillismo esquilma las finanzas públicas. Lo hace a través de los maestros comisionados, que cobran sin trabajar (por lo menos no lo hacen para las secretarías de educación federal y estatales). Comisionar a maestros para que sean sindicalistas o políticos de tiempo completo fue pilar del sistema de dominación priísta que suponíamos dejado atrás. Quizá los mecanismos hayan experimentado algunas transformaciones pero no el modelo que le dio origen. Según la Auditoría Superior de la Federación, en 2009 había 16 mil maestros comisionados. Sus salarios, no devengados en las secretarías de educación ascienden a 2 mil 247 millones de pesos Aun situado en proporción al tamaño del sindicato y su dispersión seccional, son demasiados para que el gobierno, es decir los contribuyentes, tengan que sufragarlos.

Además de la presión propiamente sindical, para que se mantenga esa situación el SNTE cuenta con una quinta columna en la SEP, Fernando González y Luís Ignacio Sánchez, miembros del gabinete gordillista.

PAN: militantes y externos

El ánimo del presidente Calderón ha oscilado entre el filopriísmo y el antipriísmo. En este momento, según lo reveló su discurso del sábado ante el consejo nacional del PAN, prevalece la segunda inclinación. Desnuda su expresión sobre las candidaturas panistas, y aplicada a la presidencial que ha de resolverse en los próximos meses (la suya se concretó en octubre del año previo a la elección constitucional), se sintetiza en que hay que oponer al PRI una candidatura poderosa aunque quien la encarne no sea panista.

Las candidaturas externas no son extrañas al PAN. De hecho sólo en la tercera contienda presidencial en que participó lo hizo con un militante del partido, Efraín González Luna. A partir de allí no se insinuó siquiera la posibilidad de que el aspirante al que ese partido postulara no proviniera de sus filas.

El PAN se ha tenido a sí mismo como autosuficiente desde hace seis décadas.

Suponer que ha habido una declinación en las calidades de los militantes como para echar mano de un político ajeno al partido para que lo abandere en el 2012 significa un desdén hacia el panismo, que es propio del presente emocional de Calderón, caracterizado por la propensión a impacientarse y aun irritarse de súbito, por encima del promedio en que su personalidad muestra su mecha corta.

Se comprende que el PAN haya resuelto apoyar una candidatura ajena en 1940. Cuando se efectuaron las elecciones para el relevo del general Lázaro Cárdenas, el partido fundado por Manuel Gómez Morín y González Luna tenía apenas unos meses de nacido.

De suerte que fue un acto sensato de su asamblea nacional no echarlo a correr cuando apenas aprendía a caminar. Por ello se adhirió a la candidatura del general Juan Andrew Almazán, vértice en que convergieron todos los juicios y los prejuicios anticardenistas.

Seis años después, ya con la experiencia de participación directa en elecciones legislativas federales, el PAN resolvió ofrecer la candidatura presidencial a Luis Cabrera, el brillantísimo opositor a la dictadura de Díaz (sus “Cargos concretos” de 1909 y 1910 son hoy todavía un ejemplo de periodismo de opinión basado en datos irrefutables), que conoció el haz y el envés de ser carrancista (secretario de Hacienda de don Venustiano) y se apartó de la línea del aguaprietismo triunfante. Contrario también a la política popular de Cárdenas (escribió La Revolución de entonces y la de ahora, en los albores de ese sexenio), se enorgulleció de que el PAN, dirigido todavía por Gómez Morín quisiera postularlo. Dijo que era la máxima distinción de su vida, pero la rechazó.

A partir de 1952 el PAN lanzó a la Presidencia sólo candidaturas oriundas.

Varias veces recayeron en quienes había dirigido, o encabezarían después el propio partido, signo de su identificación con sus prácticas y principios.

Ese fue el caso de José González Torres, Efraín González Morfín, Pablo Emilio Madero y Felipe Calderón. La candidatura presidencial de Luis H. Álvarez, Manuel J. Clouthier y Vicente Fox fue la culminación de breves carreras en el partido, pues lo representaran en contiendas por la gubernatura de sus estados (Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato). Cada uno de ellos tenía poco tiempo de militancia cuando hicieron campaña en pos de la Presidencia de la República, pero tenían alguna. No llegaron de fuera.

La mayor parte de los precandidatos que ahora, con mayor o menor franqueza, figuran en el elenco de presidenciales panistas son recién llegados. El decano entre todos ellos es el gobernador Emilio González Márquez, que se trocó panista en 1992, casi simultáneamente que su homólogo de Guanajuato, Juan Manuel Oliva. Santiago Creel fue diputado federal en 1997 sin pertenecer al partido, al que se afilió poco después. Ese es también el año de ingreso del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo. Más reciente es el caso de Josefina Vázquez Mota, elegida diputada tres años después, sin pertenecer al partido, al que se adhirió ya siendo secretaria de Desarrollo Social.

Los miembros del gabinete que figuran en el elenco de presidenciables son panistas de cuño reciente, apenas la última década. Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Javier Lozano (si es que su patrocinio a PC Capital no lo deja fuera de la contienda interna) ingresaron hace apenas un lustro, o poco menos.

El caso de Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo social merece atención aparte porque, no siendo formalmente miembro del PAN, tampoco es una figura ajena al partido. Podría ser el candidato externo en que pensaba Calderón cuando el sábado echó ese balde de agua fría a los aspirantes presidenciales que cuentan con credencial partidaria.

Casado con Lorena Clouthier Carrillo, hija de Maquío y hermana del actual diputado federal tocayo de su padre, ese parentesco no le estorbó para ser funcionario del gobernador priísta Juan Millán.

A la inversa, esa participación no fue obstáculo para que en 2004 el PAN, al que no está afiliado, lo hiciera candidato a gobernador en 2004. Resultó vencido por estrecho margen por la maquinaria priísta que llevó al gobierno a Jesús Aguilar Padilla. Y el mismo PAN lo postuló a la senaduría en 2006, enfrentado a Francisco Labastida, que también lo derrotó, si bien llegó a Xicoténcatl por un breve lapso, antes de ser subsecretario de pequeña y mediana industria en Economía, paso previo a su ascenso al primer nivel del gobierno, ocurrido en diciembre de 2009.

Lozano tuvo también experiencia electoral, pero como priísta. Y perdió.

Luis Martínez Villicaña

Desde 1950, y salvo la renuncia de Carlos Gálvez Betancourt en 1971 (para dirigir el IMSS), Michoacán vivió casi cuarenta años de regularidad institucional, en que cada gobernador entregó el cargo al completar su sexenio a quien había sido elegido para sucederlo.

Esa continuidad se rompió en 1988 cuando Luís Martínez Villicaña fue obligado a renunciar a la gubernatura, que había asumido dos años atrás.

Lo despojó del puesto el flamante Presidente Carlos Salinas, quien lo removió el 3 de diciembre, apenas 48 horas después de iniciar su sexenio presidencial.

Con eso lo castigó por los pésimos resultados electorales obtenidos por el PRI en esa entidad, y lo usó para mitigar las tensiones dejadas por su polémica elección frente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Martínez Villicaña había sido escogido por el Presidente Miguel de la Madrid para suceder a Cárdenas en la gubernatura michoacana.

En su libro autobiográfico Sobre mis pasos, terminado de escribir en julio pasado y en circulación desde noviembre siguiente, Cárdenas relata que al aproximarse el fin de su gobierno habló con De la Madrid sobre la sucesión y propuso nombres para ello.

El Presidente no los tomó en cuenta. Al contrario, el 30 de enero de 1986 el secretario de Gobernación Manuel Bartlett le informó que De la Madrid “ya había decidido que el secretario de la Reforma Agraria fuera el candidato”.

De modo que de Bucareli Cárdenas se trasladó a la sede del PRI “donde encontré a Adolfo Lugo, su presidente, a las cabezas de los tres sectores del partido, y a Luís Martínez Villicaña, quien me anunció que el 2 de febrero llegaría a Morelia para celebrar su primer acto como candidato”.

Desde entonces el sucesor de Cárdenas practicó o alentó hostilidad contra los cardenistas, al punto de que “al poco tiempo de estar Martínez Villicaña al frente del gobierno se produjeron los asesinatos de Gilberto Huerta, Librado Melgoza y Daniel Arellano, los tres colaboradores de mi gobierno, sin que la administración local investigara y menos aún detuviera a alguien involucrado con esos crímenes.

Agentes del gobierno del estado empezaron a seguir a Xavier Ovando por donde quiera que iba y a vigilar permanentemente su casa, por lo que él protestó públicamente, haciendo responsable al gobierno del estado, por lo que pudiera sucederle a él o a su familia.

Quien hizo cabeza en estos hechos persecutorios y delictivos, y debo pensar que con el pleno conocimiento del gobernador, fue el procurador José Franco Villa, quien después pasó varios años en la cárcel como autor intelectual de aquellos asesinatos”.

El hostigamiento ocurría a fines de 1986 y comienzos de 1987, meses en que se gestó la Corriente Democrática del PRI, a cuya cabeza figuraba Cárdenas.

Según relata De la Madrid en su libro Cambio de Rumbo, Cárdenas “estaba preocupado porque su grupo era perseguido.

Incluso me pidió puestos para algunos de sus partidarios, como el licenciado Robles Garnica y el licenciado Francisco Xavier Ovando. Yo accedí a ayudarlo.

Le pregunté qué puestos quería. Contestó que cualquier cosa, que puestos sencillos, por ejemplo delegados del PRI en los estados.

Yo le aclaré que desde luego en Michoacán no, y él lo aceptó.

“Entonces le ofrecí que lo iba a ayudar. Le dije: ‘Vamos a entendernos: no le lleves la contra al gobernador Luis Martínez Villicaña’, y él estuvo de acuerdo.

Sin embargo, fue y se metió al estado de Michoacán, precisamente a llevarle la contra a Martínez Villicaña”.

Emigrado del PRI a la oposición, y poderoso candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, Cárdenas sufrió una secuela de aquellos agravios.

En vísperas de la elección de 1988 fueron asesinados Ovando y su colaborador Román Gil, responsables de información electoral indispensable para la jornada inminente, que fue robada del automóvil en que se les ultimó.

Ante la exigencia de justicia, recuerda Cárdenas, el secretario Manuel Bartlett, “ofreció que las autoridades actuarían de inmediato.

Hasta el fin de la administración de Miguel de la Madrid nada se aclaró.

“Varios años después, siendo procurador el licenciado Ignacio Morales Lechuga, se creó una fiscalía especial para investigar esos crímenes, de la que se designó titular a Leonel Godoy, que a la muerte de Xavier tomó su lugar en la lista de diputados..y ejerció el encargo en el trienio 1988-1991” (y ahora es el gobernador de Michoacán).

Godoy “coordinó investigaciones sobre el caso y sobre los asesinatos de Gilberto Huerta, Librado Melgoza y David Arellano, llegando a establecer que fueron cuatro agentes judiciales de Michoacán los autores materiales de los asesinatos de Xavier Ovando y Román Gil.

Uno purgó sentencia en Michoacán, otro fue detenido, por otros delitos, en Tamaulipas, donde se encuentra encarcelado y a dos no fue posible aprehenderlos.

Asimismo, que el procurador de justicia de Michoacán durante la administración de Luís Martínez Villicaña, José Franco Villa, era uno de los autores intelectuales de los asesinatos, por los que pasó once años en la cárcel.

Comentando el caso con Leonel, él siempre pensó que detrás de todos estos crímenes, sobre todo los de Xavier y Román Gil, además de José Franco Villa, estaba Luís Martínez Villicaña”.

A poco de concluir su gobierno, según relata De la Madrid, Manuel Camacho le propuso “aceptar la oferta de paz de los cardenistas a cambio de que quitáramos del gobierno de Michoacán” Martínez Villicaña.

El todavía Presidente lo juzgó “absolutamente inadmisible”.

Salinas, en cambio, lo echó.