La rectora Orozco.

A los once meses de su toma de posesión, la rectora de la Universidad autónoma de la Ciudad de México, expresó una valerosa y genuina posición crítica respecto de la comunidad que la eligió en mayo pasado con el 80% de los votos del Consejo Universitario. Renovado ese cuerpo, sus actuales integrantes y otros miembros de la comunidad universitaria han increpado, y me temo que doblegado, el legítimo intento de la rectora por serlo; es decir, de gobernar una institución que concreta un proyecto muy valioso de educación popular, que por lo mismo debe practicar la crítica y la autocrítica.

La rectora Orozco, una científica laureada y pertinaz participante en proyectos de educación superior, expuso el 4 de abril su parecer sobre la estructura (o mejor dicho la falta de tal estructura) de la Universidad, carente a su juicio “de reglas que normen el trabajo y la vida universitaria (lo que hace) casi imposible realizar cualquier tarea”. En lo que fue apenas el esbozo de una reforma universitaria (que por ejemplo estableciera coordinaciones de licenciatura), la rectora anunció la próxima graduación de más de trescientos estudiantes, cifra que es muy superior a la de 47 personas que se han titulado en la década inicial de esa institución.

Ciertamente, la obtención del grado no puede ser el único índice para medir el rendimiento de una institución universitaria, pero no se puede prescindir de él. La eficiencia terminal, expresión que tienen resonancias productivistas de mala reputación en algunos sectores universitarios, no puede ser eliminada de los criterios para evaluar el trabajo de una institución creada para dar una formación peculiar a sus estudiantes, meta que implica la obviedad de darles un formación.

El documento de la rectora Orozco, que simplemente manifiesta su propósito de cumplir el papel para el que fue elegida; es decir, el de regir la vida académica, suscitó una reacción airada en algunos ámbitos de la UACM, que se condensó en la sesión del consejo universitario efectuada anteayer. Allí se puso de manifiesto la existencia de un conflicto estructural de competencias entre los dos principales órganos de la institución, la rectoría y el propio consejo. Éste hizo una espaciosa interpretación de la fracción IV del artículo 5º. de la Ley Orgánica de la Universidad. Del principio de colegialidad en las áreas académicas no se desprende subordinación de la rectoría al Consejo.

De ese texto (“Las actividades y atribuciones de los responsables de las diversas áreas académicas y administrativas serán determinadas por los órganos colegiados correspondientes y estarán siempre supeditadas a los mismos y definidas en el Estatuto General Orgánico y los reglamentos respectivos”) el Consejo Universitario infiere, sin congruencia lógica porque no se trata de una área académica, sino de la representación y el Gobierno de toda la Universidad, que “la rectoría y su estructura administrativa están supeditadas al máximo órgano de Gobierno”.

En la sesión del lunes, el Consejo actuó con esa autoridad, de que él mismo se invistió, y reprendió a la rectora por haber expuesto su visión del estado que guarda la universidad capitalina. Le parece al Consejo que la crítica de la rectora daña la imagen pública de la UACM y la lesiona por no reconocer como autoridad suprema al propio Consejo. Con autoritarismo propio del Politburó, ordenó a la rectora “que antes de emitir cualquier comunicado público referente a la Universidad lo someta a la consideración de la Comisión de difusión, extensión y cooperación universitaria del Consejo universitario para sus observaciones y aprobación”. De esa perentoria instrucción resulta que la rectora dependerá ya no digamos del órgano colegiado, sino de una de sus comisiones.

Sin embargo, el Consejo no pudo permanecer ajeno a la preocupación central de la rectora Orozco, y se comprometió a desarrollar un “diagnóstico participativo”, que sea uno de los insumos para una “metaevaluación de la Universidad” practicada por una comisión especial que “recupere los documentos de diagnóstico que ha producido la institución en todos sus niveles”.

El documento de la rectora fue emitido poco después de que se evitó una trastada legislativa, una trampa urdida por la mini-representación priísta en la Asamblea Legislativa del DF. En ese espacio, donde no ha habido la atención necesaria para conocer y satisfacer los reclamos financieros de la Universidad, surgió un artificial interés por su estructura interna. Se propuso establecer la reelección de quien ocupe la rectoría, por una sola vez, a diferencia del riguroso mecanismo que ahora la impide. A pesar del expreso rechazo de la rectora a esa enmienda, se le atribuye haberla patrocinado.

La Universidad practicó ya ese régimen. La rectora Orozco es la segunda titular de ese cargo. Durante los diez años anteriores lo ocupó el ingeniero Manuel Pérez Rocha, que mediante una empeñosa gestión sentó las bases del inicial desarrollo de la institución. Legítimamente celoso de su obra, Pérez Rocha dirigió un regaño público a su sucesora. Como experimentado académico y crítico de la educación superior, Pérez Rocha tiene todo el derecho de examinar lo que ocurra en la institución, pero no el de convertirse en supervisor de las acciones y actitudes de quien ahora ocupa la rectoría. De haber tenido antecesores, el propio ex rector hubiera rechazado la ingerencia en sus labores. Cada quien en su tiempo ejerce la responsabilidades que le competen.

López Obrador en Edomex.

La radical oposición de Andrés Manuel López Obrador a las alianzas del PRD con el PAN, apenas atenuada o disimulada en el caso de Oaxaca, y exacerbada en el Estado de México, clausuró esa operación política en esa entidad. A pesar de que el comité estatal perredista había progresado en la alianza con Acción Nacional, y obtenido el apoyo de una mayoría significativa de militantes y simpatizantes a través de una consulta pública, la estructura del PRD, la reciente renovación del comité nacional y la decisión de López Obrador se conjuntaron para impedir que los dos principales partidos opositores fueran en coalición a los comicios del 2 de julio.

Ni en el consejo estatal perredista, reunido el jueves en Toluca, ni en el consejo nacional, que sesionó el sábado fue posible que Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional, que unidas predominan en aquella entidad, consiguieran la mayoría calificada de dos tercios, necesaria para consagrar la alianza con Acción Nacional. Sí la obtuvo, en el órgano nacional, la coalición del PRD con el Partido el Trabajo y Convergencia.

La alianza entre PRD y PAN era el método que, si bien no garantizaba el triunfo opositor lo ponía al alcance de la mano, para asegurar la alternancia en una entidad donde a sus defectos acendrados por la edad agrega el PRI la existencia de una cúpula excluyente y patrimonialista cuyo ejemplo más acabado es Arturo Montiel, autor de los días políticos de Enrique Peña Nieto.

Si esos partidos opositores hubieran actuado juntos en 2005, Peña Nieto no hubiera sido Gobernador. Es sólo un modo de decirlo: La suma de los votos del PAN y el PRD hace seis años fue superior a los obtenidos por el PRI. Con el poderoso influjo del dinero, que pagó una de las campañas mediáticas más dispendiosas, Peña Nieto no llegó a la mitad de los votos emitidos. Se quedó en el 47.6% (1’801,530 sufragios), mientras que el PAN, con un candidato impresentable, Rubén Mendoza Ayala, alcanzó el 24.7% (936,615) y la ahora senadora Yeidckol Polevnsky Gurtitz obtuvo un porcentaje casi idéntico, 24.3% (918,347).

Nadie con mínimo conocimiento electoral supone que una coalición reciba la suma aritmética de los votos depositados en un turno diferente. Una alianza produce un efecto negativo en los sectores más radicales de cada partido coaligado, que tenderán a abstenerse y aun a votar por otro partido. Pero también puede generar, y de hecho así ocurrió por ejemplo en Puebla y Oaxaca, que la alianza suscite el apoyo de más votantes que la suma de los obtenidos en su momento por los partidos actuantes por su cuenta.

Hay que considerar, sin embargo, que la volatilidad del voto mexiquense produjo en los años siguientes muy notorias modificaciones en la posición de los contendientes en el Estado de México. En la elección federal de 2006, un año después de la victoria de Peña Nieto, su partido fue derrotado en toda la línea. En ese momento la coalición Por el bien de todos, integrada por los tres partidos que ahora irán juntos en la contienda local, alcanzó niveles a los que sólo el PRI llegaba. Pero en 2009 ese partido se recuperó, así en los comicios federales en que desplazó casi por completo a la oposición como en los municipales, donde recuperó ayuntamientos que en varios casos habían estado regidos por PAN o por PRD hasta por nueve años. De modo que si bien la estadística estrictamente comparable con la que se producirá este año muestra a un PRI susceptible de ser derrotado, los avances tricolores más recientes lo presentan no como invencible pero sí como crecientemente vigoroso.

En eso radica el próximo desafío de López Obrador, cuya posición es determinante en el Estado de México. Una vez que derrotó a la alianza (lo que en mi opinión es un error), tiene delante de sí el reto de hacer triunfar a la coalición deseable, la de los partidos que lo postularon a la Presidencia de la República hace cinco años. En los dos meses de la breve campaña formal tiene que probar que el caudal incontenible de recursos del PRI puede ser enfrentado y vencido por una campaña de persuasión directa al electorado, tal como en circunstancias diferentes logró en 2009 en la delegación Iztapalapa. Será una operación en extremo difícil pues no sólo tiene que vencer al PRI sino también al que debió ser su aliado, el panismo que si bien no gobierna ya los prósperos municipios de la zona NZT mantiene en ellos una presencia electoral que ahora no se unirá a la del PRD sino que le significará merma de votos.

Con la decisión perredista de este fin de semana se evitó la consumación de una paradoja, la que hacía que Alejandro Encinas, el preferido entre los opositores, según las encuestas, no fuera candidato, ya que aseguró que no lo sería del PAN ni de una coalición que no incluyera a su partido el PRD. Será un aspirante poderoso, en condiciones superiores a las que enfrentó en 1993, la primera vez que aspiró al Gobierno mexiquense (en contienda como ahora con Luis Felipe Bravo Mena). Él mismo ha acrisolado su personalidad política desde entonces, y se ha convertido en uno de los dirigentes perredistas más creíbles y firmes, en un ambiente en que esas prendas escasean. Deberá superar dos obstáculos. Por un lado, el despecho panista que ya prepara el examen de su residencia, algo que no parecía estorbar cuando Encinas parecía posible candidato del blanquiazul a través de la alianza. Y la desmovilización de los perredistas que la propugnaron y no la consiguieron.

LFC: causas verdaderas de la extinción.

Hoy se cumple año y medio, dieciocho meses de que se decretó la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El conflicto a que dio lugar esa decisión, calificada de valerosa pero que nadie se ha atrevido a llamar inteligente, continúa vivo. Dieciséis mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas no han depuesto su decisión de resistir y aun de hacer volver atrás el procedimiento de liquidación, meta en apariencia imposible por resoluciones judiciales como la de la Suprema Corte que determinó la constitucionalidad de la actuación del Ejecutivo. Pero en tratándose de un fenómeno extremadamente complejo, aún están abiertas vías legales de impugnación, como la que reprocha al Gobierno federal haber emitido el decreto del 11 de octubre de 2009 sin apegarse a los términos de la Ley federal del procedimiento administrativo. Están igualmente en curso demandas de orden laboral, pues el tribunal constitucional fue claro al establecer que la extinción no afectó por sí misma las relaciones de trabajo entre el organismo liquidado y sus asalariados.

Al propio tiempo que la resistencia obrera prueba que el cálculo de exterminar al sindicato se fundó en supuestos falsos, aparecen algunas de las razones de fondo de la inviabilidad financiera del organismo afectado, que condujeron a extinguir a una empresa más que centenaria a través de sus diversas modalidades. Una de esas razones no explícitas fue reforzar los privilegios de productores particulares y estimular la privatización del sector eléctrico, que se practica a la luz del día no obstante la prohibición constitucional de que particulares participen en la generación de energía eléctrica.

Un estudio sobre el sector energético dedicado por la Auditoría Superior de la Federación al examen de dicha franja administrativa en la cuenta pública 2009, arroja luces sobre la verdadera situación de LFC, y sobre la pertinencia que su liquidación tenía a fin de impulsar todavía en mayor medida la privatización del servicio eléctrico.

He aquí párrafos seleccionados de ese reporte de auditoría, que no está movido por ningún ánimo partidario ni sesgo favorable a los intereses gremiales sino que proviene del organismo constitucional de rendición de cuentas:

“LFC desde su creación había recibido transferencias presupuestales cuantiosas y que entre 2001 y 2009 se incrementaron en más de 200%, ya que pasaron de 13 mil millones de pesos en el primer año a 42 mil millones en el segundo. Sin embargo, debe aclararse que eso no fue exclusivo del organismo liquidado; también la CFE recibió cuantiosas transferencias que se mantuvieron altas, al incrementarse de 46.6 miles de millones de pesos a 98.3 miles de millones durante ese mismo periodo.

“Los costos casi duplicaron sus ingresos por ventas. De 2001 a 2008 la entidad registró ingresos por ventas de 282 mil millones de pesos, mientras que sus costos ascendieron a 524 millones de pesos; es decir, 186% sus ingresos. Debe reiterarse que la inversión en proyectos de infraestructura autorizados por los coordinadores sectoriales, SHCP y Sener, para la entidad fueron insuficientes para generar la electricidad que demandaba la zona centro del País y en consecuencia esta provenía de compras a la CFE. Los altos costos de la energía comprada a CFE implicaron que estos aumentaran 90.8% como proporción de los ingresos totales de 2001 a 119.5% en 2008”.

Estas cifras derrotan el argumento político central de la extinción, que atribuían a onerosas prestaciones de los trabajadores el estado ruinoso de Luz y Fuerza. Lo cierto es que se colocó en posición precaria a la empresa, en un marco descrito por la ASF como “notorio… desplazamiento que está sufriendo el servicio público de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el País por los Productores Externos de Energía (PEE) y el alto grado de desocupación de la planta productiva del SEN (Sistema eléctrico nacional) en propiedad del Estado. No sólo es LFC, que por decreto se extinguió, sino también CFE está perdiendo progresivamente participación de mercado y los PEE detentan alrededor de 50% de la capacidad de generación de CFE.

“En 2007, Unión Fenosa, productor privado independiente de origen español vendió el KWh (quilovatio hora) a CFE a 59 centavos y CFE lo vendió a su vez a LFC a 1 peso y 93 centavos… En 2008, las compañías eléctricas en su conjunto aumentaron el KWh a 93 centavos y CFE lo transfirió a LFC a 1.50 pesos, y la SHCP obligó al organismo liquidado a vender al usuario a 1.18 centavos (sic, por pesos). Ello origino que los costos de explotación de CFE fueran absorbidos por LFC generando un sobreprecio de cerca de 13 mil millones de pesos en 2009. La energía comprada a CFE tuvo un costo que se incrementó de 41.5 miles de millones de pesos en 2001 a 108.4 miles de millones de pesos en 2008; así, los costos de explotación se integraron 56% de electricidad comprada a CFE y 26% de pasivo laboral principalmente. Los altos costos de energía eléctrica que la CFE adquiere de los PEE fueron transferidos a la propia LFC deteriorando aún más su situación financiera.

“Otros costos adicionales, que impactaron negativamente en las finanzas del organismo, fueron… los adeudos de los gobiernos de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, que a junio de 2009 ascendieron a 7.4 miles de millones de pesos, el deficiente cobro ha grandes empresas… y cuyos adeudos ascienden a 2.4 miles de millones de pesos…”.

Azcárraga y Salinas comparten Iusacell.

La noche del jueves pasado se festejó con un brindis la entrada de Televisa a la telefonía móvil a través de la adquisición de acciones de Iusacell. Presidieron el jolgorio los presidentes de ese consorcio, Emilio Azcárraga, y el del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Sus empresas habían reaccionado iracundas contra el autor de esta columna semanas atrás, después de que el 23 de enero se dio cuenta aquí de la operación que dejaría en manos de Televisa la empresa de telefonía celular de Salinas.

 

“El espectro de Iusacell no está, ni estará en venta, y no ha pasado ni pasará de manos de ninguna otra compañía”, afirmó contundente Jaime Ramos Rivera, director de comunicación corporativa de Grupo Salinas. Por su parte, Manuel Compeán, con un cargo similar en Televisa, aseguró con semejante rotundidad que era “absolutamente falso”, que ese consorcio hubiera adquirido la totalidad de las acciones de Iusacell, como afirmé por mi parte. A la luz de la información oficial que hoy comprueba la participación de Televisa en la telefonía celular, ese consorcio tendría que reconocer que mi afirmación no era “absolutamente” sino, cuando mucho, sólo “relativamente falsa”, pues Azcárraga será dueño de por lo menos la mitad de las acciones y tendrá pronta posibilidad de ejercer el control en la empresa telefónica.

Ante los irritados desmentidos de las televisoras que integran el duopolio, pedí disculpas a los lectores. Pero no negué el hecho cuya existencia tenía entonces por cierta, y que diez semanas después ha sido confirmado por las partes. En aquel momento confesé haber incurrido en “dos errores profesionales. En primer lugar, me dejé llevar por el afán de dar a conocer una primicia, una noticia exclusiva en un ámbito de gran importancia pública, línea infrecuente en mi habitual trabajo de información y análisis. En segundo lugar, como lo señalan los desmentidos a los que en este punto reconozco plena razón, no inquirí a las partes sobre el hecho, omisión motivada por la firme confianza que me merece la fuente de que abrevé esta información”.

Ese reconocimiento no implicó que me desdijera de lo dicho. No rectifiqué, pues el acuerdo para que Iusacell pasara al control de Televisa, como ahora ocurrirá, consta en una declaración de intención que se consuma ahora. El 21 de diciembre de 2010 había sido suscrita por funcionarios de ambas partes. Se enmarcaba en el comienzo del concurso mercantil solicitado por Grupo Iusacell y Grupo Iusacell celular, procedimiento jurídico que concluyó la semana pasada, justo a tiempo para admitir en público las nupcias por conveniencia de Televisa y Grupo Salinas.

Éste había adquirido la firma fundada por la familia Peralta a precio de ganga, pues se hallaba muy endeudada. Ese problema de origen no pudo ser resuelto por el nuevo propietario, y en cambio se multiplicó, según su propia explicación por la depreciación del peso frente al dólar, moneda en que estaban pactados los multimillonarios créditos en que Iusacell fundaría su recuperación. Al evidenciarse el fracaso porque el flujo de ingresos era insuficiente para enfrentar la deuda, Iusacell pactó con sus acreedores un convenio que sería sometido a la justicia mercantil.

Al establecerse el monto de los créditos y sus titulares, quedó claro que el mayor acreedor de Iusacell era el fondo de inversiones Fichtech, del financiero regiomontano David Martínez, especialista en comprar deuda a precios castigados. Ante el riesgo de que ese discreto inversionista se quedara con la telefónica, el Grupo Salinas buscó otra opción y la halló en Televisa.

Necesitado de entrar en la telefonía móvil (para completar su presencia en el suculento mercado de las telecomunicaciones, varios de cuyos campos domina), el consorcio Azcárraga lo había intentado durante todo el año anterior a través de asociarse con Nextel, alianza que obtuvo una importante porción del espectro radioeléctrico para telefonía celular en condiciones privilegiadas. En octubre, sin embargo, Televisa pareció renunciar a participar en ese mercado y se retiró de su sociedad con Nextel, beneficiaria de un proceso de licitación (la licitación 21) objetado por razones diversas desde diferentes miradores, y que Iusacell combatió arduamente en los tribunales.

Televisa había buscado asimismo asociarse con Telefónica española (que opera aquí con la marca Movistar), pero la empresa dirigida por Francisco Gil, secretario de Hacienda con Vicente Fox, encontró más conveniente llegar a un pacto con Telcel. En lo que se llamó “el acuerdo navideño”, fijaron una tarifa de conexión que, aunque alta o por ello mismo, ofrece ventajas a ambas partes, que pueden imponerla a sus clientes que son al mismo tiempo sus competidores.

De ese modo, Televisa tenía en las manos dinero para entrar en la telefonía celular y Iusacell lo necesitaba. Aunque en apariencia son competidores, y a veces contienden en verdad respecto de ciertos contenidos, las empresas de Azcárraga y Salinas tienen más intereses en común que factores que los enfrenten y pactaron por eso, en diciembre, el acuerdo que ahora se consumará y evolucionará en beneficio de Televisa.

Pero este consorcio no dio cuenta del acuerdo esbozado con Salinas a las bolsas de valores en que se cotizan sus títulos. La de Nueva York exige rigurosamente a las empresas allí enlistadas que informen de las conversaciones que deriven en acuerdos susceptibles de afectar el valor de los títulos que se negocian en el mercado bursátil. Por eso la inmediata y violenta reacción de Televisa ante la información que ofrecí el 23 de enero. No puede admitir públicamente que mantuvo en secreto negociaciones que ahora florecen, pues queda expuesta a sanciones severas, como las que en otro tiempo y en otros casos hicieron al Grupo Salinas abandonar su presencia en Wall Street.

Por eso, como si las negociaciones apenas empezaran, el martes pasado Televisa dio a conocer a la bolsa neoyorquina su acuerdo con Iusacell, que en la víspera había recibido la primera de las dos sentencias que dan fin a los concursos mercantiles. Por efecto de esas resoluciones judiciales, se emiten nuevos bonos de deuda, algunos de ellos susceptibles de convertirse en acciones. Ese será el camino que seguirá Televisa. Por esa vía invertirá 1565 millones de dólares, y añadirá 37.5 millones de dólares más como capital fresco para remozar el funcionamiento de Iusacell, que se ha quedado pasmado con una porción muy breve del mercado de telefonía celular. Los arrumacos que Televisa y Grupo Salinas practicaron discretamente en diciembre se consuman oficialmente en abril.

Los expertos se han extrañado del monto que Televisa está dispuesta a pagar, pues significa un sobreprecio respecto del valor real de una empresa sometida a deterioro. Los inversionistas reaccionaron con renuencia ante la decisión de Televisa e hicieron que sus acciones bajaran de precio hasta en 10% en los días inmediatos al anuncio de la operación.

La consumación de ese acuerdo entre los integrantes del duopolio de la televisión abierta ocurre en medio de la más fragorosa contienda empresarial que haya ocurrido nunca en México. Cada día sube de tono y se multiplican los espacios donde los gigantes de las telecomunicaciones defienden sus posiciones y sus intereses y se oponen con ardor a los de sus contrarios. Televisa y Grupo Salinas ya estaban unidos para combatir a Telmex-Telcel en cuanto a las tarifas de interconexión, y ahora hacen causa común en otros terrenos. Como anticipo del acuerdo de propiedad, Televisa difunde desde hace semanas anuncios de Iusacell, mientras que TV Azteca (de Salinas también) expulsa de su pantalla a Dish, cuya exitosa presencia en el mercado de la televisión satelital afecta a Sky, perteneciente al grupo Azcárraga. Una campaña de ventas de Dish y Telmex es señalada como muestra de que la empresa telefónica de Carlos Slim viola su título de concesión.

En el duelo de mastodontes el Gobierno justifica su impasibilidad en la carencia o insuficiencia de instrumentos legales para regular a derechas las telecomunicaciones. Pero no ejerce los que tiene, y se muestra tímida y groseramente omiso ante la tentativa encabezada por MVS para ofrecer, según su propaganda, “banda ancha para todos”, más rápida y más barata, es decir un servicio ventajoso para los usuarios, en los que nadie había pensado.

¡Ya basta!, pero sigue.

Mientras decenas de miles de personas proclamaban en las plazas públicas de casi todo el País su repudio a la violencia criminal, ésta siguió su curso, desatenta a la protesta ciudadana. Ochenta y siete personas perdieron la vida a manos de agresores, y engrosaron la vasta nómina de quienes han muerto en conexión con la delincuencia organizada en lo que va del sexenio.

En San Fernando, Tamaulipas, un lugar que perdió su sitio en la geografía económica donde brillaba por su producción rural, y lo ganó por los crímenes ocurridos en su territorio, hubo un nuevo hallazgo macabro. En agosto pasado se encontraron allí los cuerpos de 72 personas, migrantes centro y sudamericanos que fueron ultimados por móviles todavía no esclarecidos. En varias fosas, ahora sumaron 59 los cadáveres, que quizá sean los de pasajeros secuestrados en el autobús en que viajaban el 25 de marzo. Temerosas de la reacción internacional -que ha sido severa con México en foros de las Naciones Unidas en los días recientes-, las autoridades mexicanas se apresuraron a diagnosticar que esta vez no se trata de migrantes. Parecería que las alivia la oriundez mexicana de las víctimas. Si procedieran del exterior, sus gobiernos, aun los puestos en entredicho como el de Honduras ejercerían presión sobre el mexicano para que no cierre la indagación sin siquiera hacerla avanzar. Si los asesinados nacieron aquí, es poco probable que se condense una exigencia social suficiente para hacer que se muevan los mecanismos de indagación ministerial. En Tamaulipas, cuyo ex gobernador Eugenio Hernández aparece mencionado como alegre participante en el jolgorio de la toma de posesión del nuevo Gobernador de Quintana Roo, la eficacia de la procuración de Justicia es nula para todos. Hace ocho meses fue muerto a tiros el candidato priísta a Gobernador de esa entidad. Ni siquiera porque su hermano ejerce ahora esa responsabilidad ha sido posible esclarecer el crimen que arrebató la vida a Rodolfo Torre Cantú.

La vasta movilización del miércoles busca no sólo que se hagan luces sobre el homicidio de siete personas cuyos cadáveres fueron hallados el 28 de marzo en la conurbación de Cuernavaca. Se trata de reforzar, desde abajo, la exigencia social para que el Estado cumpla los deberes de que parece haber abdicado. Nadie culpa a los funcionarios de ser causantes directos de la muerte violenta. Hay autores de esos homicidios, que deben ser perseguidos, localizados, aprehendidos y sancionados. Pero es justa la indignación ciudadana contra los gobiernos de los tres niveles incapaces de impedir mediante la prevención que se cometan delitos, e incapaces de punir a los responsables. En la medida en que su abstención los hace cómplices, la demanda pública de justicia los iguala.

Además de su ineptitud, los funcionarios que deberían garantizar la tranquilidad ciudadana –que es un bien público cuya gestión es obligatoria para el Estado, como lo es el aprovisionamiento de agua o el servicio de educación básica y media- carecen también de sensibilidad. El zar policiaco mexicano, Genaro García Luna, hace cuentas alegres que lo eximen de responsabilidad. Fiado en la experiencia de ciudades norteamericanas y colombianas que padecieron gran violencia, calcula que la que aquí atosiga a los mexicanos empezará a ceder hacia 2015, pues se requieren siete años para que maduren las iniciativas de prevención y represión. Para esa fecha, si no ha sido procesado, el entonces ex Secretario disfrutará de los caudales de que se ha hecho en los fructíferos años en el servicio público. Aunque también podría ocurrir a este País la enorme desgracia de que ocupara todavía puestos de alta responsabilidad frente a la delincuencia. Ya probó sus capacidades de adecuación a circunstancias cambiantes cuando Transitó de la Policía Federal del tiempo de Zedillo a la Policía Judicial Federal de la era de Fox y a la Secretaría de Seguridad Pública con Calderón.

Javier Sicilia, que por su condición pública previa y por ser padre de una de las víctimas del 28 de marzo, ha puesto el poder de su voz y de su pluma al servicio de una causa que le concierne pero lo rebasa. Encabezó la marcha de anteayer en Cuernavaca y presidirá el plantón instalado en el zócalo de esa ciudad hasta el miércoles próximo. Se espera que ese día trece hayan sido detenidos los ya inculpados asesinos de su hijo y seis personas más. De no ser así las pequeñas o multitudinarias expresiones de protesta se concentrarán en la Ciudad de México. Se trata de no incurrir en la desmovilización que siguió a las marchas ciudadanas de 1997, 2004 y 2008, motivadas también porque el execrable crimen organizado mató a jóvenes cuyas vidas eran tan valiosas como las de miles de víctimas por cuyo trágico destino nadie se ha movido.

El presidente Calderón convocó a Sicilia a Los Pinos, en horas previas a las marchas de anteayer. Si alguien supuso que ese encuentro atemperaría el rigor de la protesta del miércoles, se equivocó. El poeta en huelga no depuso la contundencia de su denuncia ni de su exigencia. Hemos de creer, en cambio, que Calderón ha aprendido a moderar sus reacciones frente a crímenes relevantes y en vez de condenar a sus víctimas, como hizo con las de Villas de Salvárcar, en enero del año pasado, ahora entiende la necesidad de padecer con los deudos, como lo ha hecho su esposa Margarita Zavala y, sobre todo, de asegurar que la participación federal en la investigación ministerial conduzca al resultado exigido.

Nuevos gobernadores.

El espectáculo circense montado en Chetumal para recibir al nuevo Gobernador de Quintana Roo tuvo el mérito de situar al ex presidente Carlos Salinas en el espacio que realmente le corresponde. Es una estrella del firmamento mediático, una figura de la farándula. Contó entre los invitados del joven Roberto Borge al lado de Don King, el promotor de boxeo; de Paulina Rubio y su marido Colate, de Juan Gabriel, de Onésimo Cepeda, y de Humberto Moreira, el pugilista que ocupa la principal oficina del PRI nacional.

El viernes 1º y el martes 5 de abril tomaron posesión los últimos mandatarios surgidos de las elecciones del ya remoto 2 de julio de 2010, así como los elegidos en los comicios del 31 de enero y el 7 de febrero recientes. Del remanente del año pasado asumieron sus cargos el primer día de este mes Francisco Olvera, que en Hidalgo sustituyó a Miguel Osorio Chong, y anteayer el segundo Borge en la todavía breve lista de quienes gobiernan en Chetumal (el primero, Miguel Borge, es su tío). El viernes tomó posesión en Guerrero Ángel Heladio Aguirre y el martes en Baja California Sur el neoneopanista Marco Covarrubias. Cada uno de esos relevos tuvo particularidades que examinar.

El nuevo Gobernador hidalguense no encabeza un nuevo Gobierno. Buena parte de su plantilla de colaboradores formaba parte del gabinete de quien testó en su favor. Se muestra así el compromiso continuista en que probablemente se basó su selección. Es notoria, en esa línea en que lo nuevo no es nuevo, sobresale la permanencia de Damián Canales en la Secretaría de Seguridad Pública. Esa materia es frágil en una entidad donde ‘Los Zetas’ se han establecido con toda ostentación, al punto de que en las goteras de la capital está abierta una capilla explícitamente donada por Heriberto Lazcano, el apócope de cuyo apellido se ha convertido en su mote: ‘El Lazca’. En ese ámbito, al menos, se ha cerrado la oportunidad de que la seguridad de los hidalguenses se garantice. No cabe, por supuesto, el alegato posible de que la persecución a los sicarios de ‘El Lazca’ es asunto federal. Lo es también local en la medida en que cometen homicidios, que son competencia del fuero común.

Otro lastre deberá ser llevado por Olvera, aunque haya sido producido por su antecesor. El servicio de una deuda que importa cuatro mil millones de pesos gravitará sobre las finanzas públicas con menoscabo de las obras y servicios que la población requiere. Mil quinientos millones de aquel total fueron contratados para pagar el extenso predio en que algún día (no sabemos si antes o después de que se inaugure el fallido arco en el Paseo de la Reforma que conmemorará los centenarios recordados el año pasado) Pemex construirá la refinería que ya en 2008 era urgente.

Aunque no podamos acallar del todo la sospecha de que lo hizo para menguar la influencia de Xóchitl Gálvez en los comicios municipales del próximo julio, Olvera tuvo la afortunada iniciativa de convocar a su antagonista en la elección a un diálogo que favorezca el clima de entendimiento necesario para gobernar una entidad que votó dividida en dos mitades. La candidata de la alianza Hidalgo nos une depuso sus querellas políticas con tal de conseguir que el Gobierno se aboque a temas que en su campaña ella comprobó que la sociedad reclama. Si Olvera no cumple lo conversado, ella pasará por ingenua, pero él merecerá calificaciones que por ásperas no es preciso escribir.

En Guerrero llegó a su fin el Gobierno de Zeferino Torreblanca, que echó a pique un proyecto de democratización que esperanzó a quienes lo eligieron. Lo reemplaza un priísta por dentro, perredista por fuera, que fue Gobernador interino nombrado a dedo. En su segundo debut, Aguirre puede mostrar una conversión genuina (como lo indica el nombramiento de un procurador como Alberto López Rosas, comprometido con la ley la democracia) o puede abandonarse a las inercias del poder al servicio de los intereses creados, como hizo él mismo, como han hecho sus antecesores.

En Baja California Sur comenzó una confusa segunda alternancia. La primera ocurrió hace doce años cuando el priísta Leonel Cota derrotó al PRI, al amparo del PRD, que lo acogió de tal forma que le confió su dirección nacional tras un breve lapso de militancia. Cota rompió con ese partido y en la mezcla de conveniencias de que formó parte su alejamiento del Gobernador (su primo a quien él mismo había colocado en el Poder Ejecutivo), un perredista también de última hora se asumió panista en el ultimísimo instante y logró a la Gubernatura. Lo rodearon anteayer cuatro miembros del gabinete panista: uno (el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora) con la representación presidencial; los tres restantes (Ernesto Cordero, Heriberto Félix, Javier Lozano) haciendo su propio trabajo preelectoral en días hábiles y con cargo al erario de la Federación.

El imberbe mozuelo elegido en Quintara Roo heredó junto con la Gubernatura que le dejó su hacedor Félix González Canto, una voluminosa deuda pública. Para enfrentarla Roberto Borge requeriría prácticas austeras a las que no mostró inclinación en su llegada a Chetumal, procedente de Cozumel. Hizo que se gastara un dineral en invitaciones a una variopinta multitud compuesta por gente de la farándula y del espectáculo político. Los más quizá preferirían haber ido a Cancún, pero algunos reaccionaron con cautela ante la reunión internacional sobre drogas allí reunida. Quizá tienen razón para no temer a Genaro García Luna, pero tal vez sí a la directora de la DEA.

Patrimonio natural de México.

Con el sarcasmo que fue una de sus armas, Carlos Monsiváis llamó “para documentar nuestro optimismo”, sección de su columna “¡Por mi madre bohemios!”, al registro de discursos y hechos que agobiaban al lector con la certidumbre de que íbamos de mal peor en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, pública y privada. Muy lejos de esa intención sarcástica y al contrario empleando la expresión en su sentido recto, me refiero hoy a un libro apropiado para documentar nuestro optimismo: Patrimonio cultural de México, Cien casos de éxito. Ciento cuarenta autores describieron y examinaron tal centenar de actos, hechos y momentos relativos a la conservación y restauración del entorno ambiental de los mexicanos.

Coordinaron la obra (preparada con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución) los investigadores Javier de la Maza y Carlos Galindo, así como quienes también se han dedicado y dedican al conocimiento científico pero han tenido y tienen relevantes responsabilidades institucionales; Julia Carabias, que fue secretaria del Medio ambiente y recursos naturales, y José Sarukhán, el sabio ex rector de la Universidad nacional, y actualmente cabeza de la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, Conabio.

La obra es magnífica por su apariencia y por su fondo. En la portada figura el Bosque de Pacho, del gran pintor José María Velasco, que tantos testimonios heredó a los mexicanos sobre el paisaje del altiplano decimonónico y hoy es, más que motivo para la añoranza, visión que estimula la voluntad de que nuestro País no se pierda en páramos inhóspitos donde se angoste, agoste y agote la vida. Decenas de fotografías, muchas de ellas desplegadas a doble página, ofrecen la referencia imagológica de los casos narrados por expertos y protagonistas de los cien casos de éxito mencionados en el título. Aunque no se diga expresamente, y a fuer de obra de científicos, no hay triunfalismo en la calificación del buen resultado que se aprecia en los relatos y análisis que constituyen un libro nada complaciente. Se sabe y se dice que no hay verdades definitivas en lo que hace a la conservación de especies y ambientes, pues los avances son reversibles y hay que pugnar de modo permanente para que no vayan hacia atrás.

Los coordinadores hallaron que la preservación del patrimonio natural de México ha resultado de la conjunción de tres factores: el conocimiento científico acumulado -en algunos casos desde hace más de un siglo- especialmente el obtenido por investigadores de instituciones académicas; la participación social, el activismo de agrupamientos de la sociedad civil que instan a eliminar riesgos para dicho patrimonio, o practican su defensa e intervienen en la gestión de los modos y formas de conservarlos; y el desarrollo institucional, sobre todo en tiempos recientes, en que los poderes federales y locales han emitido legislación y organizado instituciones para el ordenamiento ambiental. Agrego por mi parte el factor externo: la gestación y desarrollo del derecho ambiental internacional así como el funcionamiento de fondos, privados o públicos, de proyección mundial.

Aunque no haya sido escrito con esa intención -entre otros motivos porque la diversidad de autores implica pluralidad de enfoques y de énfasis- hay un hilo conductor a lo largo de la obra: la permanente pugna entre dos términos de un dilema que se ha mostrado falso: la disputa entre el desarrollo sustentable, respetuoso y acatador de las normas de la naturaleza, y el crecimiento salvaje, depredador que, involuntariamente o por explícito afán de ganancia pretende sobreponer sus metas a los de la conservación. Para dirimir en la práctica social esa disyuntiva ha sido precisa una intensa actividad estatal, pues en pocos ámbitos es tan evidente que dejadas en libertad las conveniencias del mercado a estas horas viviríamos en un desierto, en un ambiente continuamente empobrecido por la expoliación utilitaria y miope, incapaz de comprender que en materia de protección ambiental hay que proceder como dispuso Braudel estudiar la historia: con la mirada de Dios padre, es decir en plazos dilatados, no los de la brevedad de la vida humana.

La obra gira sobre un concepto ecológico: las áreas naturales protegidas (y sus modalidades, las certificadas y las comunitarias) y su instrumento jurídico, la Comisión nacional respectiva. Extender protección sobre un área natural, lo aprendemos en esta lectura, no significa congelar el tiempo ni sustraer la zona a la vida cotidiana. No significa clausurarla e impedir la acción humana en ella. Al contrario, en sus declaratorias predomina la idea de que la conservación favorezca al desarrollo de las personas, no sólo por el hecho mismo de mantener el patrimonio sino porque puedan en su seno realizarse actividades productivas condicionadas a la preservación y ésta a tales actividades, en una simbiosis deseable. Declarar la protección no consigue ponerla a salvo de la depredación: lo muestra la que don Miguel Ángel de Quevedo consiguió para el parque nacional de El Chico, en Hidalgo, donde la restricción legal y administrativa no obstruyó del todo la deforestación.

A menudo, las áreas naturales protegidas han surgido para encarar un conflicto social, pero a veces la declaratoria respectiva lo suscita. Se hace preciso, en unos y otros casos, establecer el equilibrio entre los intereses legítimos en presencia y el acotamiento y exclusión de los espurios.