Respuestas a la marcha.

El Gobierno ofreció en menos de veinticuatro horas, tres respuestas distintas a la Marcha Nacional por una Paz con Justicia y Dignidad. El domingo mismo, apenas concluida la enorme manifestación en el Zócalo, la Secretaría de Gobernación expresó respeto por los participantes, pero insistió en la prevalencia de la estrategia nacional de seguridad. Lo hizo en un boletín apresurado, que contenía mentiras, como la de asegurar que las fuerzas armadas no generan violencia y construyen, en cambio, instituciones locales capaces de garantizar la tranquilidad ciudadana. A la mañana siguiente, el propio presidente Felipe Calderón manifestó compartir algunos planteamientos de la Marcha e invitó a sus organizadores a un diálogo en que le expresaran sus razones y oyeran las del Gobierno.

En ninguna de esas respuestas se enfrentó, y ni se aludió siquiera a ella, la petición de Javier Sicilia de despedir al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. En la tercera contestación gubernamental a la magna movilización del domingo, el vocero Alejandro Poiré defendió explícitamente a García Luna, y le prodigó elogios. Con esa triple respuesta quedó claro el sentido de la demanda específica de Sicilia. De no haberla formulado, el Gobierno se habría quedado en el plano convencional, previsible, de admitir sin aceptar los móviles y los propósitos de la marcha. En cambio, con una exigencia que no podía ser eludida se forzaba al Gobierno a no pretender la ambigüedad. Inequívocamente, el Gobierno no envió a la sociedad reunida en la Plaza de la Constitución (y la que se manifestó también en el resto de la República y aun en el extranjero) un mensaje de insensibilidad.

García Luna se queda en su cargo. Y en esa función acudió a una reunión en Ciudad Juárez, el lunes mismo, no obstante que en ese punto se condensan buen número de las prácticas que hacen razonable la solicitud de que se le despida. El propio secretario y el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, tuvieron la oportunidad de encarar al presidente municipal juarense, Héctor Murguía, cuya guardia de seguridad ha perdido un elemento, asesinado por un agente de aquella corporación, y que la semana pasada, en un nuevo incidente, les espetó una verdad de a kilo: ¡Por eso la gente los repudia! En declaraciones a los medios, el comisionado Rosas se había sentido autorizado a reprender a Murguía, con la insolencia de un funcionario federal designado que no entiende su diferencia con un Alcalde cuyo mandato deriva del voto ciudadano.

Poiré habló de un García Luna y una Policía Federal diferentes de las que actúan en la realidad, cuya imagen es positiva sólo en los sectores de la información comprometidos con los esfuerzos de relaciones públicas del secretario. Según el vocero, “si alguien ha impulsado incansablemente la formación de una Policía civil, profesional, apegada a la ley, bien equipada y con las capacidades de inteligencia que garanticen la seguridad de la población, es el ingeniero”.

Durante diez años, efectivamente, García Luna ha dirigido los procesos de organización de dos corporaciones policíacas. Ni a cuál ir de la Agencia Federal de Investigación, construida y destruida por él, y la Policía Federal. La AFI, su feudo durante el sexenio anterior, prolongó las prácticas que dieron atroz fama a la Policía Judicial Federal (la perjudicial por antonomasia). Los gobiernos de Francia y México mantienen en curso un conflicto nacido de un proceso judicial infectado en su origen por la detención, probablemente arbitraria y seguramente realizada con fines mediáticos, publicitarios, por la AFI. Ya en este sexenio, después de intentar arrebatarla a la Procuraduría General de la República para integrarla en un solo cuerpo con la PF, y ante el fracaso de su proyecto, procedió a desmantelarla. Hoy está en ruinas, aunque su rostro institucional, la Policía Federal Ministerial responde más a García Luna (sus dos últimos jefes son parte de su grupo) que a quienes encabezan la PGR.

Poiré alega que la “PF ha logrado la detención de muchos criminales, responsables algunos de ellos de los delitos que más nos duelen”. El vocero debería hablarnos no sólo de las capturas, menos de las necesarias por muchas que sean, sino de la suerte judicial de esos detenidos. Porque valorar la acción policíaca sólo es posible a la luz de las sentencias que recaigan sobre los aprehendidos.

El control de confianza en esa magnífica Policía (vista de ese modo por Poiré) ha mostrado de muchas maneras su falibilidad. Un ex comisionado de la propia Policía está en la cárcel por pretender apoderarse del botín de una banda a cuyos jefes debía aprehender. Otro fue asesinado por miembros de la propia corporación y fue sepultado con honores no obstante la evidencia de que mantenía ligas con el narcotráfico. Están sometidos a proceso la comandante Lorena González y otros miembros de la PF ejemplar (según Poiré) porque en un falso retén secuestraron a Fernando Martí, que luego fue asesinado. Dada la cercanía de la imputada con Rosas y el propio García Luna, la PF fabricó sus propios culpables, en un procedimiento paralelo destinado a librar a la señora González de las graves responsabilidades que se le atribuyen.

Es verdad que la PF ha pasado de tener sólo 6,500 integrantes a más de treinta y seis mil. Pero su crecimiento, y su costo, dista de ser proporcional a su eficacia. Si es verdad que todos esos agentes están “debidamente capacitados y certificados” falta aplicar esas calificaciones en la vida real.

Genaro García Luna.

Al comenzar su discurso ante la multitud reunida en la Plaza de la Constitución al cabo de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia demandó al presidente Calderón el despido de Genaro García Luna como señal de que había escuchado el mensaje de los ciudadanos que quieren vivir tranquilos.

No sorprende que se exigiera la renuncia del secretario de Seguridad Pública. En una larga jornada pletórica de símbolos, la mención a García Luna tuvo esa calidad. Es el prototípico funcionario que por acción y omisión ha contribuido al deterioro de la convivencia social y a la disminución (desaparición plena en no pocas comarcas del País) de una vida segura; es decir, a que falle la estrategia nacional contra el crimen organizado.

García Luna no ha servido a la sociedad, antes al contrario la agrede. La colosal fuerza armada que se le ha permitido reclutar -treinta y cinco mil agentes-, la Policía Federal, es en la mayor parte de los lugares donde actúa, parte del problema y no de la solución. Y el propio secretario García Luna lejos de garantizar con su desempeño el alcance de metas necesarias para la nación, mantiene bajo amenaza a una periodista que ha reunido vasta información sobre su conducta y su patrimonio, difícilmente conciliable con sus ingresos como servidor público.

Apenas, el miércoles pasado Anabel Hernández, la periodista autora de los libros Los cómplices del Presidente y Los señores del narco -donde García Luna figura en forma prominente reiteró una denuncia que había hecho pública en diciembre pasado, en la presentación de Los señores… en la feria del libro de Guadalajara. Esta vez lo hizo en el patio del ex domicilio principal del Senado, durante un foro en que se habló de la impunidad como aliciente de la delincuencia en perjuicio de la libertad de expresión. Puesto que ha presentado quejas ante las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal, cuenta con resguardo ofrecido por el Gobierno capitalino, pues la CNDH incurrió en la ingenuidad de demandar medidas cautelares a la autoridad federal, que sólo podría aplicarlas desde la Secretaría de Seguridad Pública. Haber aceptado esa aberración hubiera significado poner a la periodista a merced de su enemigo -García Luna la considera una suerte de vocera del crimen organizado. Con el mismo tino y la misma diligencia que ha obtenido información sobre el dinero de García Luna y sus vinculaciones con delincuentes, Hernández ha logrado saber que el Secretario urde cómo dañarla e impedir que siga trabajando en torno de ese tema. Se ha llegado a ese extremo una vez que fallaron las insinuaciones de que la periodista eligiera un exilio dorado.

Expresiones recientes de la actuación de la Policía Federal ocurrieron también la semana pasada. Por un lado, un comando de esa corporación entró en conflicto con la guardia del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, en que éste tuvo que intervenir en un áspero diálogo con el jefe de los agentes federales, que desdeñaba la autoridad del edil. Ya antes, en enero, un suceso con los mismos protagonistas había tenido un grave desenlace: un miembro de la escolta de Murguía fue asesinado por un agente de la Policía Federal.

En Cuernavaca, esa corporación detuvo a varios presuntos responsables del asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más. No son tan sólidos los indicios que aportó esa Policía, que el Ministerio Público pudiera consignarlos ante un juez, para que se les procese. A lo más que llegó con los elementos aportados por la PF fue a solicitar el arraigo. Y lo hizo sin reparar que ya se han girado otras órdenes de aprehensión por el mismo delito contra otras personas. Por su parte, y a fin de asegurar su preponderancia en ese caso de trascendencia nacional e internacional, la Secretaría de Seguridad pública actuó como supervisora del Ejército y calificó de maniobra de contrainformación de la delincuencia el haber puesto en manos de militares a otro presunto responsable de aquel crimen colectivo, capturado a su vez por delincuentes. Es decir, el Ejército quedó en ridículo para privilegiar una versión que nadie garantiza corresponda con la verdad. Y todavía hay quien acusa de ingratitud a Sicilia al demandar la renuncia de García Luna, no obstante que su gente avanza en el esclarecimiento del crimen que más le importa ahora. No puede haber ingratitud donde no hay favores, y menos cuando puede tratarse de encubrir a los verdaderos autores del homicidio múltiple.

Los motivos para demandar la separación de García Luna de su cargo llenarían un volumen completo. Desde antes de ser miembro del gabinete de Calderón fue señalado por cometer o encubrir actos delictuosos. Como funcionario medio de la Policía Federal Preventiva fue objeto de un señalamiento formal por gastos indebidos, y al convertirse en director de la Agencia Federal de Investigación se multiplicaron los casos en que solapó a agentes bajo su mando metidos en problemas serios, como el asesinato de Enrique Salinas de Gortari.

Ya como Secretario de Seguridad Pública, rodeado de un círculo de antiguos compañeros, ha sido errático en la organización de las oficinas a su cargo. Una razón de ese descontrol es el amiguismo, que ha derivado en mal fario en la jefatura de la Policía Federal, pues sus comisionados han sido asesinados o están preso. También lo está el comandante Javier Herrera Valles, que cometió el grave delito de denunciar a García Luna ante su jefe Calderón y por eso se le procesa.

PRD: Las reglas del juego.

Es difícil que en el PRD haya otros precandidatos presidenciales que los obvios: Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Siendo aspirantes con poder propio, influirán de manera determinante en la fijación de las reglas para la selección de candidato en el proceso que desemboca en el 2012.

Ambos aspirantes han repetido una y otra vez que no habrá choque de trenes, porque acordaron hace tiempo que a la hora en que el partido escoja se atendrán a una regla aceptada por los dos: quien esté “mejor colocado en las encuestas” será el candidato. Ignoro si suscribieron un pacto, si hay una constancia escrita del acuerdo aunque no aparezcan en ella sus firmas, o si se trata de un arreglo “entre caballeros”, en que se confía que cada parte haga honor a su palabra.

Es difícil determinar el significado de la expresión clave. ¿Qué quiere decir “el que esté mejor ubicado en las encuestas”? Puede tener tantos sentidos como elementos entran en la definición. Es preciso establecer quién realiza las encuestas. Varias firmas levantan periódicamente sondeos en torno de la sucesión presidencial. ¿Se acudirá a esos resultados, o se encargará a esas u otras empresas el levantamiento de una medición especial? Esos ejercicios suelen preguntar sobre preferencias y rechazos, lo que en demoscopía electoral se llaman voto positivo y negativo. ¿Cómo se armonizan esos últimos factores? ¿Se concede el mismo valor a uno y otro? Por otro lado: ¿a quién se aplican las encuestas?, ¿al público en general, a los miembros del PRD con credencial e inscripción en el padrón, a quienes se presenten como simpatizantes?

Al parecer nadie se ha ocupado de especificar esas características ni de ahondar en ellas. A lo mejor se trata sólo de una fórmula dilatoria, una promesa vaga de que no habrá distanciamiento y ruptura hasta llegar al momento en que sea preciso, para cumplir los plazos legales, tomar decisiones impostergables. La fórmula no ha impedido que se achaque a López Obrador la anticipada e inexorable decisión de ser candidato, aunque las encuestas no lo favorecieran.

Sorprendió por eso que Ebrard aprovechara el aniversario del PRD para dejar al margen ese presunto mecanismo ya acordado y proponer nuevas normas para la selección del candidato. De manera unilateral quiere que haya dos debates entre los aspirantes, en octubre, y al mes siguiente una consulta pública. Aquellos servirían, en su concepto, “para que la gente sepa qué propone cada cual, qué significa cada cual”. Por su lado, en la consulta se preguntaría “a la opinión pública quién debería ser el candidato (de la izquierda) a la Presidencia de la República”.

Como todo el mundo sabe, son distintas una encuesta (lo que presuntamente estaba acordado) y una consulta (lo que el Jefe del Gobierno del DF propone ahora). Tal vez el propuesto cambio de método indique el que se ha llegado al punto en que las precandidaturas puedan coexistir sin evidenciar sus diferencias, sus aspiraciones y sus intereses. Independientemente de la respuesta que López Obrador dé a la propuesta de Ebrard (que no se conoce a la hora de escribir estas líneas), la pugna entre seguidores de uno y otro, las sospechas que expresan recíprocamente, los aprestos que en cada trinchera se adoptan ya, señalan que se ha entrado en la contienda interna, que durará medio año y puede ser muy intensa, fragorosa.

Aunque Ebrard habló de la candidatura de la izquierda, el foro en que lo hizo y su propia posición en ese espacio político indican que requiere aprovechar la coyuntura para ser el candidato perredista. Como se evidenció en el lugar preponderante que ha tenido a últimas fechas en reuniones partidarias, y fue muy ostensible el jueves pasado, está actuando como el líder mayor del perredismo, mientras que su oponente ni siquiera hace presencia en sus celebraciones. Es, según él mismo se ha definido, un militante con licencia, y no se produjo con nitidez el hecho a que condicionó su retorno al seno del partido que presidió de 1996 a 1999. Nueva Izquierda, la corriente que más abiertamente le es adversa, no perdió del todo su papel hegemónico en la dirección del partido. Pero las corrientes que simpatizan con el ex jefe de gobierno recuperaron en parte ese control. Llegado el caso, esa victoria parcial le permitiría volver al PRD sin perder cara, y para estar formalmente en posibilidad de contender con Ebard, con las reglas que presuntamente pactaron, con las que propone Ebrard, con las que sugiera el propio López Obrador o con las que atinen a establecer los órganos del partido. El ex candidato presidencial no puede prescindir de ser lanzado por su partido, pues el apoyo incondicional del PT y Convergencia sería insuficiente en la contienda presidencial. Como a Ebrard no le bastaría el del PRD solo.

Por ahora lo previsible es que de aquí a que se resuelva quién sea el candidato perredista, el partido continuará su ruta de deterioro, salvo en el caso del Estado de México. En Nayarit y Coahuila la ruptura de la coalición con el PAN lo deja librado a sus propias, exiguas fuerzas. En el primero de esos estados vive una circunstancia peculiarísima de la que podría obtener ventajas salvo porque se afectan los intereses de los chuchos: una diputada federal perredista es la candidata del PAN, y lo que el PRD tendría que hacer es reconstruir en beneficio de ella la alianza que se había concertado para provecho de Guadalupe Acosta Naranjo, cuarto lugar en la jerarquía de Nueva Izquierda.

La marcha de los agravios.

Un domingo como hoy, hace cinco semanas, Javier Sicilia se hallaba en Manila, la capital de Filipinas, invitado por el Instituto Cervantes, que promueve la lengua española por todo el mundo y convoca a hacerlo a notables escritores. Sicilia lo es. Hace apenas dos años recibió el Premio Nacional de Poesía, una presea muy valiosa, que antes fue para Juan Bañuelos, José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, Coral Bracho y Hugo Gutiérrez Vega, entre otros.

El lunes 28 de marzo una noticia negra arrancó a Sicilia de la constructiva y placentera labor a que había sido llamado a aquel archipiélago del Pacífico. Su hijo Juan Francisco, Juanelo, había sido asesinado. Cuando pudo llegar, el poeta conoció los pormenores de la situación. Su hijo y tres de sus amigos y vecinos, a los que Javier Sicilia conocía de cerca, habían sido levantados en un bar de Cuernavaca en que terminaban su asueto dominical y junto con tres personas más fueron asesinados. Sus cadáveres se amontonaron en un vehículo que fue abandonado en el colindante municipio de Temixco.

Sicilia, que no ha sido hombre de silencios, ni como poeta se ha recogido en su constante diálogo con Dios, gritó en demanda de justicia. Y encontró que al conjuro de su voz resonaban innumerables ecos, no sólo de quienes se solidarizaron con él y los familiares de las otras víctimas, sino de los deudos de muchas otras personas asesinadas, desaparecidas, vejadas, abandonadas, desoídas en todo el País. La condensación de esos pesares, de esa indignación dio lugar a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que hoy concluye en la Ciudad de México, tras su inicio en Cuernavaca el jueves pasado.

Se unieron de inmediato a Sicilia, en su reclamo de justicia, los protagonistas de movimientos y acciones con los que se ha identificado. Como una nota singular en su ejercicio periodístico, invariablemente sus textos terminan con un alegato por demandas civiles antiguas o vigentes en su hora. En un ejemplo tomado al azar, cuando en junio de 2009 anunció que anularía su voto, como parte de un movimiento de reproche a los partidos políticos, en el párrafo final de su texto se leía como era y es usual: “Además, opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca”.

Aludidos en esas líneas, los zapatistas se manifestaron ayer en San Cristóbal de las Casas. Su demanda y la de Sicilia no se ha satisfecho: los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que debieron ser la base para la reforma constitucional en materia indígena a que se comprometió el presidente Fox en el primer momento de la alternancia, siguen sin cumplirse. En cambio, los presos de Atenco y de la APPO fueron liberados y muchos de los integrantes de esos movimientos están en la marcha o en las marchas locales que se multiplican en este domingo. Ulises Ruiz sólo salió del Gobierno de Oaxaca al concluir su espurio mandato, pero lo hizo a golpe de votos, derrotado su autoritarismo por el empuje de la sociedad civil.

En torno de Sicilia y la marcha que encabeza se ha reunido un abigarrado conjunto de personas y agrupamientos. Se expresa así una suma de agravios, algunos de los cuales fueron conocidos y otros que brotaron a partir de la convocatoria misma. Surgieron de este modo a la luz pública madres llorosas cuyos hijos desaparecieron o fueron asesinados sin que nadie prestara atención a sus denuncias. Resumen en su quebranto el de las familias de los desaparecidos en San Fernando y en Durango cuyos cadáveres aparecen en fosas clandestinas. Antes de su asesinato, habían sido privados de su libertad, en cualquiera de sus modalidades: los levantaron delincuentes que después los ultimaron, los secuestraron otros bandoleros en demanda de una recompensa por un rescate imposible de pagar, los capturaron al margen de la ley agentes de la autoridad que no los consignaron a jueces que los procesaran. Nadie averiguó qué pasaba con esas personas cuyo destino se volvió incierto, ignorado su paradero por los suyos. Muchos de esos deudos se acercan hoy tímidos y temerosos a los servicios médicos forenses para identificar entre despojos congelados los que correspondan a sus familiares. El número de los reclamantes es mayor que el de los cadáveres hallados hasta ahora.

Esa vasta representación del dolor nacional protesta contra la violencia criminal, cualquiera que sea su origen, que los ha crucificado. Vienen de Sonora algunas madres, algunos padres de familia de los 49 niños que murieron quemados o asfixiados en la Guardería ABC en Hermosillo. Dentro de un mes, cuando se cumplan dos años de ese crimen imperdonable, esos deudos enjuiciarán a las autoridades que con sus omisiones y abusos construyeron el escenario en que sus hijos murieron. Comparten con Sicilia el supremo dolor que ni siquiera puede expresarse: Ha recordado el poeta que quien pierde a sus padres padece orfandad, y viudez quien se queda sin su compañero de vida. Pero no hay palabra que designe a quien pierde un hijo, así de contraria a la naturaleza es la muerte de quien debió en su momento enterrar a sus padres.

Están asimismo en la marcha, procedentes todos de Chihuahua, las familias Le Barón, Reyes Salazar, Escobedo. Sus casos son, si cabe, más graves que otros cualesquiera. Porque los muertos que lloran hoy, por cuya suerte protestan, pidieron justicia ante agravios previos, ante intentos por impedir que la impunidad fuera el desenlace de sus exigencias. Por añadidura, una operación canalla, que para difundirse requiere de plumas podridas, insiste en decir que los Reyes Salazar no defendían derechos humanos sino que son voceros de narcotraficantes. De la misma mano ha brotado la infamia que reduce el asesinato de Juan Francisco Sicilia y las seis personas con las que murió a un mero pleito de cantina.

Marchan al lado de Sicilia, o se unirán a su caravana la tarde de hoy en la Plaza de la Constitución, hombres de la Iglesia a que pertenece el poeta pero cuyas miserias ha denunciado. El padre Alejandro Solalinde trae, con su presencia, la de los migrantes centro y sudamericanos que antes de llegar a la tierra prometida tienen que cruzar el infierno mexicano. Indefensos y marginados, pueden desaparecer a miriadas, como de hecho ha ocurrido sin que la acción estatal sea eficaz para rescatarlos o castigar a sus captores. El obispo de Saltillo, don Raúl Vera, representa a su vez a otro género de asesinados, los que mueren por la negligencia combinada por la avaricia o la búsqueda del lucro a cualquier precio.

Había expresado su solidaridad con Sicilia ya antes del tres de mayo, en que el estallido de un pocito en la región carbonífera de Coahuila mató a 14 personas. Aunque esa comarca no pertenece ya a la Diócesis de la capital coahuilense, don Raúl no ha dejado de prestar su patrocinio a los deudos de otra explosión, la de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, que cobró la vida de 65 personas, cuyos cadáveres insepultos yacen bajo los escombros de una mina que trabajaba al margen de la ley no obstante pertenecer a un poderosos grupo económico.

La tragedia de Pasta de Conchos debió significar el límite de una situación insostenible, la de la explotación de carbón mineral en Sabinas y otros municipios coahuilenses. Es verdad que se trata de una las operaciones industriales de mayor riesgo (por la asociación del gas metano al carbón) que, sin embargo, puede ser controlado con adecuadas medidas de seguridad. Pero la impunidad que siguió al homicidio sirvió de aliciente a quienes explotan las minas al mismo tiempo que a los mineros.

Decenas de personas han muerto desde aquel infausto suceso. Ya eran infortunados por tener que aceptar condiciones laborales infames, en tiros abandonados, conocidos como pocitos de los que se puede arrancar mineral sólo a bajo costo. La inspección del trabajo, rala y casi ausente, finge no percatarse de lo que ocurre en esas horadaciones, todas tumbas en potencia. Por eso repugna la hipocresía del secretario Javier Lozano, colocado en primera fila ante las cámaras como si deplorara muertes que, entre otros factores, el cumplimiento de funciones de su secretaría pudo haber impedido.

Caso Sicilia: embrollos, no resultados.

La marcha nacional por la paz con justicia y dignidad, que se inició ayer en Cuernavaca y pernocta hoy en Topilejo, antes de ser el agrupamiento humano principal en la gran manifestación del domingo ocho en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, se gestó a partir del asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, ultimado con tres amigos y tres personas más el 28 de marzo. El tratamiento ministerial y judicial que las autoridades locales y federales están dando al caso muestra la urgencia de la movilización social que está en curso. Porque han transcurrido hasta el día de hoy treinta y ocho días del homicidio múltiple y lejos de resolver el enigma de esas muertes, las procuradurías, el Ejército y la Secretaría federal de Seguridad Pública embrollan el caso y disputan entre sí.

Apenas tres días después de hallados los cadáveres de las siete víctimas, y ante la presión social que comenzaba a delinearse, el procurador del Estado, Pedro Luis Benítez, anunció que había obtenido órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. No los identifico pero esbozó un trazo de su personalidad, habría pertenecido a instituciones públicas de seguridad, y eran ex militares o ex agentes policíacos.

Tres semanas más tarde, la Procuradora General de la República ofreció información que no cuadra con la anterior, como si los mandamientos de captura expedidos por jueces de Temixco y Xochitepec carecieran de valor formal y de exactitud. El 13 de abril, al calor de la indignación que crecía al encontrarse decenas y decenas de cadáveres en San Fernando, Tamps., la procuradora Marisela Morales anticipó el acuerdo que publicaría al día siguiente el Diario Oficial de la Federación. De buenas a primeras la PGR sabía que los presuntos autores de aquellos crímenes eran miembros del Cártel del Golfo Sur, Julio de Jesús Radilla, apodado El Negro, y José Luis Luquín, alias El Jabón. Por datos que conduzcan a su detención el acuerdo de la PGR ofrecía diez millones de pesos cada uno. El anuncio de Morales ocurrió ya tarde, después de las nueve de la noche del miércoles 13. Luego comprenderíamos la causa de la premura. Es que quizá en la PGR tenían conocimiento y quisieron anticiparse al anuncio que horas más tarde haría la Secretaría de la Defensa Nacional.

En efecto, el jueves 14 de abril la 24ª. Zona militar con sede en Cuernavaca presentó a un diverso presunto responsable. Miembros del Ejército encontraron en Temixco a un individuo golpeado y amordazado, cuya localización fue posible por una denuncia anónima. Habría sido detenido por una banda de delincuentes que luego de maltratarlo lo entregó del modo descrito a las autoridades castrenses, que dieron crédito a su confesión. El sujeto de marras, Rodrigo Elizalde Morán, El Chemis, ofreció un relato de los hechos que concluyeron con el asesinato de las siete personas el 28 de marzo, por entero distinto del configurado en la primera indagación hecha pública por la Procuraduría local. Y no era ninguna de las personas mencionadas por la procuradora Morales.

La Procuraduría local detuvo a su vez el 24 de abril a otras personas, no por cierto a aquellas contra las que había conseguido órdenes de aprehensión. Las capturó por hallarse en posesión de autos robados, pero ellos confesaron haber participado en el homicidio de los siete de Temixco.

El domingo primero de mayo, agentes de la Policía Federal, que estaba quedándose atrás en esta feria de confusiones, detuvo a Jesús Cárdenas Pérez, El Manos y César Arturo Galindo Pérez, El Guasón. También reconocieron haber participado en el asesinato múltiple del 28 de marzo. Asimismo, aceptaron pertenecer a la célula comandada por El Negro Radilla. Pero su versión de los hechos no coincide con las anteriormente difundidas por otros presuntos responsables.

Convertida en supervisora de la actuación militar, la Secretaría de Seguridad Pública anunció el miércoles 4 que Rodrigo Elizalde Morán, el individuo al que la Sedena adoptó como culpable, no lo es, y que los militares se dejaron engañar. “De acuerdo con las investigaciones que sus declaraciones (las de El Chemis) fueron una táctica de desinformación de la estructura criminal, cuyo objetivo era confundir a las autoridades y a la opinión pública”, se lee en un documento de la SSP federal (Reforma, 5 de mayo).

En suma, dos procuradurías y dos secretarías de estado han mostrado su interés activo por resolver el asesinato de Juan Francisco Sicilia, sus amigos Gabriel Alejo Cadena, Julio César Romero y Luis Antonio Romero, así como el de María del Socorro Estrada, Álvaro Jaime y Jesús Chávez, sin que ninguna de esas agencias ofrezca resultados creíbles y formales. Al contrario, cada una trabaja por su lado, y los informes públicos que ofrecen son ignorados y aún descalificados por otras. El resultado es la permanente impunidad.

Por eso es incomprensible el discurso que en defensa propia pronunció el miércoles el presidente Calderón, ante la marcha que comenzaría horas después. A menos que en las siguientes horas se haga un anuncio espectacular, no contradicho desde el gobierno mismo, que presente a los verdaderos presuntos asesinos, la manifestación ciudadana tendrá razón. Hay órdenes de aprehensión que no se han cumplido, y por la sucesión de acontecimientos posteriores ni siquiera son la guía para la indagación que las autoridades realizan cada una por su lado. El reclamo contra la impunidad, uno de los contenidos de la marcha, cobra pleno sentido.

Panistas no calderonistas.

Los secretarios de Estado incluidos en el septeto de aspirantes presidenciales del PAN deben su inclusión en ese reparto al presidente Calderón, de igual modo que de él recibieron lugar en el gabinete. Los tres restantes, en cambio, son independientes del huésped principal de Los Pinos, y aun guardan frente al Ejecutivo una distancia en algún caso agravada por la rispidez. Su posibilidad de contender por la postulación, y su eventual triunfo en la contienda interna estarán marcados por la actitud que Calderón mantenga frente a ellos, y dependerán del método de selección del candidato, que no será inocuo ni neutral sino que conllevará una carga que evidenciará las preferencias presidenciales.

Josefina Vázquez Mota ya tiene más de un decenio en la política, y la mayor parte lo ha vivido en el primer plano. Llegó al gabinete presidencial antes que Calderón mismo, pues el presidente Fox la nombró Secretaria de Desarrollo Social en diciembre de 2000, mientras que Calderón sólo fue incorporado al equipo presidencial como secretario de Energía tres años más tarde. Cuando Calderón fue postulado a la Presidencia, su predecesor procuró mantener sobre él, quien no había sido su favorito, una influencia cercana, y comisionó a Vázquez Mota para coordinar la campaña del candidato. Estaba en los planes de Calderón atribuir esa responsabilidad a su amigo Juan Camilo Mouriño, pero no pudo rechazar a la ex Secretaria y por ello tuvo que hacer convivir a dos coordinadores, que no siempre armonizaron sus acciones.

Por su servicio en la campaña, debió nombrar a Vázquez Mota secretaria, pero no la asignó a la Sedesol, que ya era terreno conocido, ni a Economía a la que su preparación profesional pudo orientarla. Le encargó, más que encabezar las funciones sustantivas de la SEP, para lo cual carecía de experiencia y probablemente de interés, mantener la relación con el sindicato magisterial, o mejor dicho con su presidente Elba Ester Gordillo, factor esencial para el arribo de Calderón. Con ese título la lideresa buscó sobreponerse a la secretaria, consiguió que se le reservaran zonas de acción propia (la Subsecretaría de Enseñanza básica, administrada por su yerno, por citar sólo un ejemplo conspicuo) y anduvo en permanente búsqueda de nuevos gajes para su sindicato, vale decir que para ella misma. La tensión que de ese modo fue creada condujo al retiro de Vázquez Mota, ocurrido en un ambiente espeso, reflejado en la actitud de la dimitente, que no pudo y seguramente no quiso ocultar la frustración de que se le postergara.

Aunque no se la envió a “las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes”, su candidatura a diputada y el encargo de coordinar a los legisladores en San Lázaro no la compensó de aquella derrota política. Por eso ha buscado afirmarse como aspirante presidencial, aunque para ello tuviera que generar otro factor de discordia al rehusar la candidatura al Gobierno mexiquense. No es adversaria de Calderón, pero tampoco es su carta predilecta.

Menos aún lo es el senador Santiago Creel, que hace seis años renunció a la Secretaría de Gobernación para ser candidato presidencial, conforme al designio visible del presidente Fox. Calderón estaba en campaña desde un año atrás, cuando renunció a la Secretaría de Energía, y logró vencer en la elección interna al favorito de Los Pinos. La disputa por la candidatura fue todo menos armoniosa, y su desenlace ahondó el antagonismo entre Creel y Calderón. Éste no pudo evitar la inclusión de su contendiente en la planilla senatorial ni su nombramiento como coordinador de los senadores blanquiazules (porque la designación corrió a cargo de Manuel Espino, presidente del partido). Pero tan pronto pudo, lo despojó de esa responsabilidad que recayó en Gustavo Madero, y ese despido ahondó las diferencias entre ambos. Paradójicamente, Creel ha sabido aprovechar la independencia que involuntariamente le confirió Calderón y ha podido circular libremente en su tarea parlamentaria, en los espacios públicos y en el seno del partido. Tal autonomía explica en buena medida el que permanentemente figure a la cabeza de las preferencias electorales medidas por las encuestas. Si como es evidente Calderón no permitirá que Creel sea candidato, tendrá que emplearse a fondo, porque el Senador no abandonará el campo y será difícil de vencer.

La aspiración del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez -ex miembro del Partido Demócrata Mexicano, que fue brazo electoral de los sinarquistas- representa la querella interna entre los integristas y los liberales en Acción Nacional. Su ubicación en la extrema derecha del partido, si bien genera preocupación y rechazo en los panistas de centro, le otorga ventaja en la contienda interna porque recoge las pulsaciones del conservadurismo católico, que todavía en amplia medida determina el curso de la política panista.

A pesar de que a veces aparece sólo como un político “ocurrente”, que se divierte generando pequeños o grandes escándalos, su personalidad misma, y lo que representa le confieren posibilidades de victoria en la liza interna. No es precandidato de relleno ni meramente testimonial. Quien así lo piense, recuerde el modo, sorpresivo sólo en apariencia, en que tal segmento panista derrotó al centrismo católico de Gabriel Jiménez Remus en 1994 y se apoderó de la estructura del partido en Jalisco, y cómo lo hizo también en Guanajuato.

El pragmatismo calderonista podría caer en la tentación de inclinarse a ese extremo.

El PAN se mueve.

Afectado por la ruptura de su alianza con el PRD sobre todo en el Estado de México, pero también en Nayarit y Coahuila, Acción Nacional se dispone a ganar tiempo respecto de la elección presidencial del año próximo. Es el primer partido no en formalizar, porque dista de abrir su proceso interno, sino en reconocer públicamente a todos sus aspirantes a la candidatura principal del año próximo. Y realiza labores de limpieza y de advertencia con el mismo propósito.

En esto último consiste la expulsión definitiva (ahora ya sólo impugnable ante instancias externas como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) de Manuel Espino, que encabezó al panismo de 2002 a 2007, en que fue echado de la presidencia por el calderonismo. Es el primer jefe nacional panista al que se despide con cajas destempladas (referencia a los tambores sin tensar que tocan durante la degradación de un mando militar), si bien cuatro líderes renunciaron al partido en desacuerdo con lo que ocurría en él. José González Torres, Efraín González Morfín, Pablo Emilio Madero y Carlos Castillo Peraza -tres de los cuales, salvo el último, fueron asimismo candidatos presidenciales) significaron con su partida una crítica recia al PAN que dirigieron. Antes de que Espino actuara de esa manera, el presidente Felipe Calderón y sus operadores en el partido se anticiparon y le dieron con la puerta en la cara.

De modo extremo y con rigor excesivo, la expulsión de Espino es una alerta a los panistas incómodos con el liderazgo que desde Los Pinos ejerce sobre el partido el Presidente de la República. Allí se ha determinado quiénes contiendan, al menos en la primera etapa, y se buscará asimismo asegurar el resultado de la contienda interna, a fin de evitar que triunfe en ella un aspirante contrario al Presidente. Calderón mismo se impuso como candidato a despecho de la voluntad de Fox y notoriamente quiere precaverse de enfrentar un resultado semejante.

Forman el elenco de presidenciables cuatro miembros del gabinete de Calderón: los secretarios Ernesto Cordero, Heriberto Félix, Javier Lozano y Alonso Lujambio; dos legisladores, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel; y un gobernador, Emilio González Márquez. Otros como él, Marco Antonio Adame y Juan Manuel Oliva habían expresado su deseo de contender, pero declinaron para fortalecer al jalisciense, que tantas semejanzas tiene con ambos, o se les dijo en Los Pinos que bastaba con un Gobernador colocado en la liza.

Así como se achicó la lista -Gustavo Madero había hablado de hasta diez aspirantes- es seguro que el reparto se reduzca aún más con el solo correr del tiempo, con el reconocimiento de las posibilidades de cada quien, con la voluntad presidencial y con las alianzas que se forjen entre los propios participantes en el proceso. Por ejemplo, es anticipable que el secretario del trabajo, no obstante tenerse a sí mismo como “el gallo”, o “el mero mero”, en lo que todo el mundo sabe que es sólo broma, declinará a favor de Cordero, el Secretario de Hacienda, creyente como muchos de que hacia allá apunta la voluntad presidencial.

Con todo y ser el más antiguo miembro del gabinete entre los cuatro presidenciables que están en esa condición, Lozano tiene escasas posibilidades de representar al PAN en la pugna por la Presidencia. Es de todos los aspirantes el único que fue miembro del PRI antes de su conversión al panismo, y aunque cada vez se aflojan más los principios y las actitudes del PAN ante esa antigua militancia (el año pasado sostuvo la candidatura de antiguos priístas en por lo menos siete entidades), no son pocos los que, como González Márquez ante ciertas preferencias sexuales sienten “asquito” por los antiguos tricolores. Aun si pasara la aduana interior, el secretario del Trabajo sería un candidato impresentable por su belicosidad.

Cordero y Heriberto Félix fueron designados para sus responsabilidades actuales el mismo día, el miércoles 5 de diciembre de 2009. A diferencia de quienes anunciaron desde entonces el destapamiento del secretario de Hacienda, en este lugar se dijo el 13 de ese mismo mes, que “si hubo el miércoles pasado un lanzamiento a la contienda de 2012, su protagonista fue el hasta ese momento subsecretario para la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía”, el sinaloense miembro de la familia Clouthier por haber sido yerno de Maquío. Lo dije basado en el “entusiasmo con que su ascenso al primer nivel del Gobierno fue saludado por la Concamin, la Concanaco y la Coparmex” que según sus propias palabras “representan a dos millones 983 mil unidades empresariales”. Esos organismos de la Iniciativa Privada auguraron que “con el mismo empeño y dedicación” con que actuó en Economía, Heriberto Félix “sabrá dar desde su nueva posición en la secretaría de Desarrollo Social lo mejor de sí mismo por el bien de México”. No sobra decir que, salvo Lozano -que perdió como candidato priísta a diputado en un estado priísta- Félix es el único Secretario de Estado con experiencia electoral. Fue candidato al Gobierno de Sinaloa en 2004 y casi venció a su oponente Jesús Aguilar.

Alonso Lujambio está construyendo su aspiración mostrando que sabe leer y escribir, algo imprescindible para un Secretario de Educación pero no frecuente en los liderazgos panistas. Es ciertamente un profesor, que concentra su atención en la historia del partido, para denotar que recuperaría la tradición de los intelectuales católicos que fundaron el PAN. (Mañana seguiremos con el tema).