Derechos humanos constitucionales

Anteayer, sábado once de junio, entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Culmina así –aunque todavía falta emitir legislación secundaria que la haga aplicable– un largo trayecto destinado a inscribir en la carta magna algunas de las más claras exigencias de la convivencia democrática, dentro de México y en sus relaciones con otros países.

La reforma siguió un camino tortuoso, estorbado por lastres de toda especie. En el último tramo, así en la discusión senatorial como en la caravana de aprobación a cargo de las legislaturas estatales, el conservadurismo pretendió frenar esta vasta operación jurídica, que toca de una vez once artículos constitucionales. Algunos de ellos han sido redactados de nuevo, en otros las enmiendas y adiciones son más de forma que de fondo, pero el común denominador consiste en colocar en el centro de la atención constitucional a las personas, entendidas como algo más que los individuos.

Las trabas conservadoras fracasaron y la semana pasada pudo emitirse en la Comisión Permanente del Congreso la declaratoria de reforma. El jueves nueve, a su turno, el Ejecutivo promulgó la reforma, publicada en el Diario Oficial el viernes diez y puesta en vigor al día siguiente.

El capítulo primero cambió de nombre y en alguna proporción importante también de contenido. No se trata de una mudanza formal, meramente nominativa. En vez de que el capítulo inicial se llame, como inveteradamente ocurrió “de las garantías individuales”, ahora es “de los derechos humanos y sus garantías”. Se ha puesto fin a un largo ejercicio de la doctrina mexicana sobre las prerrogativas de las personas, a las que se llamaba “garantías individuales” sin reparar en que son diferentes el enunciado de los derechos y los mecanismos para asegurar su protección.

Las enmiendas y adiciones al artículo primero no únicamente lo han hecho crecer (ahora se integra con cuatro párrafos, en vez del único aprobado en Querétaro en 1917) sino que significan un giro copernicano en la relación del derecho mexicano con el internacional. Ahora se declara sin ambages que las fuentes para reconocer los derechos humanos son la Constitución y los tratados internacionales, que son también, una y otros, la guía para la interpretación, lo cual ha de hacerse “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Se anuncia una ley, para emitir la cual los legisladores federales se dieron un término de un año. Esa norma obligará al Estado a “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos y humanos”. Es clara la importancia del último verbo incluido en esta cláusula. El Estado deberá reparar las consecuencias generadas por violar derechos humanos.

Como eje de tales derechos, mereció un lugar en este artículo la prohibición a las discriminaciones, ya sea las motivadas “por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social”, así como las de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. La discusión de este artículo, más en los pasillos que en comisiones y en la tribuna, partió de la inclusión del respeto a las preferencias sexuales, expresión que escandalizó a las buenas conciencias, las de algunos miembros del partido conservador en el Senado. Al artículo tercero, síntesis de la democracia laica y republicana en que quiere vivir nuestra sociedad se añadió, como uno de los principios de la educación (del mismo rango que el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional), el respeto a los derechos humanos.

La reforma al artículo once sacramenta dos instituciones muy practicadas por el Estado mexicano aunque carecieran de apoyo constitucional, el asilo (por causas de persecución política) y el refugio (por razones de carácter humanitario” Se requerirá emitir una ley al respecto, en plazo no superior a un año, como ordena el tercer artículo transitorio. A partir del sábado, conforme a la adición al artículo quince, no se autoriza la “celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos” por la Constitución y los tratados de que México sea parte. Conforme al nuevo artículo 18, el sistema penitenciario se organizará sobre varios principios, entre los cuales refulge ahora “el respeto a los derechos humanos”. Sobra decir que la norma constitucional no desciende automáticamente, y menos como por encanto, al nivel de su aplicación. Si así fuera, el sistema carcelario no sería el infierno que ahora es. Pero cuando se emprenda su necesaria reforma, los derechos humanos de los reclusos deberán ser un factor clave a tener en cuenta.

Además de algunas enmiendas de orden sintáctico, el nuevo artículo 29 (que establece la posible restricción o suspensión de derechos y garantías) faculta a la Suprema Corte de Justicia a revisar los decretos que en esa circunstancia emita el Ejecutivo, y que en ningún caso afectarán “el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia” y de creencias, “el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte…de la esclavitud y la servidumbre…la de la desaparición forzada y la tortura…”.

Por la paz con justicia y dignidad.

Abundan los signos de que la sociedad mexicana vive un momento de emergencia nacional. No en el sentido técnico jurídico, frente al cual se adopta un estado de excepción. Lo vivimos porque la violencia criminal y la inseguridad en general no decrecen pese a que se libra un combate militar en su contra, por parte del Estado, que muestra su fragilidad. Por fortuna, diversas expresiones de la propia sociedad permiten saber que la gravedad misma de la situación ha engendrado sus antídotos, no todavía los que son esperables de los gobiernos. En esta semana se desplegaron iniciativas de alto relieve en ese territorio. Por una parte, del 4 al 10 de junio se realizó la Caravana del Consuelo, que concluyó en Ciudad Juárez con la firma del Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad. Del 6 al 10, por su lado, se reunió la Conferencia Internacional Sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizada por la Universidad Nacional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

No asombra, porque parten de la misma realidad y su diagnóstico no puede por ello ser muy diferente, y sí conforta la coincidencia entre los enfoques y las propuestas de cada una de esas iniciativas. Su tono es diferente, como corresponde a la vehemencia con que se manifiesta la indignación de las víctimas y sus deudos y la prudencia del análisis académico. Pero la expresión final es la misma: es inadmisible limitar la lucha contra la violencia criminal y la inseguridad a una estrategia militar que no genera los resultados necesarios y es en cambio fuente de consecuencias contraproducentes.

El Pacto Ciudadano nació del dolor y la indignación. El 28 de marzo, hace ya setenta y cinco días, fue asesinado en Cuernavaca Juan Francisco Sicilia junto con seis personas más. A semejanza de lo ocurrido a Rosario Ibarra de Piedra, que transformó el inmenso pesar por la desaparición de su hijo Jesús, en motor que impulsa su lucha en pro de perseguidos y desaparecidos, el padre de Juan Francisco, el poeta Javier Sicilia, no rumió a solas su pena, sino que en metamorfosis luminosa la trocó en protesta y exigencia. Colocó su dolor en el centro de una movilización que irradió desde la capital de Morelos hacia toda la República y más allá de sus fronteras. Ese impulso, paradójicamente vital aunque naciera de la muerte, permitió la marcha por la paz con justicia y dignidad que partió de Cuernavaca el 5 de mayo y concluyó en la plaza de la Constitución el domingo 8 siguiente. Una multitud enorme, la que se concentró en el Zócalo y la que marchó en distintos tramos del recorrido, dio cuenta de la extensión de la demanda nacional por la justicia, por la paz, por la legalidad.

Ese domingo se presentaron las propuestas para un pacto nacional, el que enriquecido fue firmado anteayer en la sufrida frontera norte. La suscripción del documento fue antecedida por un recorrido por la Ruta del dolor, que se detuvo en Morelia, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Zacatecas, Durango, Torreón, Chihuahua y llegó a Ciudad Juárez. Antes y después de su paso por esas ciudades la violencia destructora comprobaba la necesidad de la movilización encabezada por Sicilia. En las calles de la capital michoacana fueron regados 21 cadáveres en una sola jornada. En Torreón once adictos en rehabilitación murieron acribillados. En Durango brotaron más cadáveres de fosas clandestinas. Monterrey vio, supongo que con espanto, que además de asesinatos de los que se consideran ya “normales”, se innovara la violencia colgando vivos a muchachos contra los cuales después se disparó.

La Caravana del Consuelo sirvió no sólo para esparcir ese auxilio espiritual sino que propició la efusión de muchos dolores, mucho temor, mucha impotencia contenidos. A su paso acudieron deudos de víctimas a los que nadie hace caso: hijos que buscan a sus padres, madres que lloran a sus hijos. Es imposible reducir a un censo, porque suman centenares, los casos de familias afectadas por el daño que las autoridades juzgan lateral derivado de la acción del Gobierno contra las bandas criminales o de los enfrentamientos entre estas, o de la violencia común y corriente, posible por la impunidad que ha sido lacra permanente. Convertida en un foro ambulante, la Caravana del Consuelo recogió exigencias locales provocadas por abusos que en apariencia no son violentos y no matan pero ponen en riesgo la integridad de las personas y sus derechos a un ambiente sano.

Ciudad Juárez fue elegida como lugar idóneo para la firma del Pacto Ciudadano porque es el punto geográfico y social más castigado por la criminalidad y la impotencia o complicidad de las autoridades. Como brutal ejemplo de esa realidad, en el mismo día en que se signó el pacto se cometieron seis homicidios, que serían imposibles si los patrullajes policíacos obedecieran a planes que buscaran la eficacia y no sólo el efecto de demostración.

La redacción final del pacto se logró tras debates en nueve mesas, que se ocuparon de los ejes contenidos en la versión preliminar del documento y de sus agregados, surgidos de la marcha misma: 1).- Verdad y justicia desde las víctimas; 2.- Fin de la estrategia de guerra. Seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos; 3.- Corrupción e impunidad; 4.- Raíz económica del crimen organizado; 5.- Alternativas para juventud y medidas para la recuperación y reconstrucción del tejido social; 6.- Democracia participativa y representativa; 7.- Enlace y organicidad del movimiento; 8.- Reforma laboral. Desempleo y alternativa económica, y 9.- Derechos y culturas indígenas, migración y alternativas en el campo.

El pacto es el primer producto del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se define a sí mismo como “un proceso ciudadano de exigencia, de resistencia y de propuestas”, un proceso “a partir de las víctimas cuyo dolor y reclamo de justicia aportan autoridad moral, liderazgo ético y una actitud de esperanza”; se trata de “un nuevo esfuerzo nacional por general espacios de encuentro y de propuesta con otras expresiones de lucha y de resistencia”.

En el preámbulo del pacto, el Movimiento “se desmarca de la lógica de la polarización y del odio que propicia la violencia y la cultura de militarización y de guerra, basándose en cambio en una dimensión horizontal y en formas de hacer política sustentadas en la solidaridad y la no violencia”.

Con base en estas ideas cristiano-gandhianas, el pacto será presentado por el movimiento a los poderes “no porque tengamos confianza en ellos y queramos legitimarlos, sino porque están obligados a responder a nuestro emplazamiento ético, que es el terreno donde radica nuestra identidad y fuerza”.

También se entregará al Estado, por el rector José Narro, el documento que sintetiza lo dicho en la conferencia académica sobre seguridad y justicia en democracia. El planteamiento será presentado como una contribución expresa de la Universidad Nacional a la solución de las tribulaciones de nuestra hora. Por lo pronto, a manera de relatoría de lo dicho durante los cuatro primeros días de la reunión internacional, el doctor Jorge Carpizo leyó un documento de 32 puntos, en muchos de los cuales se perciben claras concordancias de fondo y forma con el pacto ciudadano. A título de ejemplo se puede citar la posición de uno y otro documento ante la participación militar en la lucha contra la inseguridad. “Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra en la seguridad pública”, dice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Carpizo recogió muestras de respeto a las fuerzas armadas entre los participantes en la conferencia internacional pero también constancia de que las mismas “están realizando labores que no les son propias… (con) un alto costo para su prestigio social”. Y sin vacilaciones afirmó: “Nuestras fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles apenas sea posible y mientras más pronto mejor”.

Los poderes formales recibirán pronto los documentos del Movimiento y de la Universidad Nacional, gestados en las condiciones que son propias de la movilización popular y de la reflexión académica no exenta de preocupaciones sociales. No podrán soslayar la contundencia de algunas exigencias y la rotundidad de algunas propuestas. Peor para todos que los personeros de esos poderes no ponderen el valor de esas iniciativas y la delicadeza del momento que vivimos.

De Tijuana a Zumpango.

Jorge Hank Rohn está preso en Tecate, no lejos de su domicilio en Tijuana. A diferencia de lo ocurrido a los alcaldes y funcionarios de Michoacán detenidos en mayo de 2009 y trasladados a Nayarit, al ex alcalde de Tijuana se le concedió el beneficio de devolverlo a las proximidades de su lugar de su residencia. Allí espera, políticamente solo, que se determine si es sometido a proceso o se le deja en libertad.

Salvo un comentario de Humberto Moreira, que no ha vuelto a abordar el tema, en que habló de cacería de brujas, ningún priísta de relieve ha vuelto a mencionar a Hank, como si no constituyera la presencia priísta más fuerte en un estado que ha tenido gobiernos panistas desde hace veintidós años. Los alcaldes priístas de toda la entidad no guardaron silencio sobre el tema, pero lo abordaron como si se tratara sólo de una familia afectada por la intromisión ilegal de autoridades en la privacidad hogareña, y demandando que no se repita un acto de esa naturaleza.

El mensaje de los presidentes municipales bajacalifornianos recuerda uno de los factores políticos de la prisión de Hank que no pueden ser soslayados. Baja California tiene sólo cinco municipios: los cinco están hoy gobernados por el PRI. Ese resultado, cumplido en 2010, fue remanente del desastre electoral padecido por el PAN en 2009, cuando perdió el gobierno de importantes enclaves en diversas entidades del país. El gobierno estatal panista se halla en tensión permanente, cuando no en conflicto, con los gobiernos municipales priístas. Y aunque muchos miembros de ese partido deploren ser correligionarios de Hank, ninguno hace el feo a sus aportaciones pecuniarias que le dan poder.

El poder de Hank se muestra asimismo en el Estado de México. Aunque su hermano Carlos fue sometido por el aparato que entonces operaba Arturo Montiel para imponer en 2005 la candidatura de Enrique Peña Nieto, el vínculo de éste con Jorge Hank está vigente. Lo muestra la participación en la campaña de Eruviel Ávila de amigos suyos, o personas que han sido sus colaboradores, en sus negocios o en la función pública, cuando fue alcalde de Tijuana. Avergonzado por la captura del hijo del célebre profesor, el omnipresente Luis Videgaray, líder priísta en el Estado de México y coordinador de la campaña de Ávila, negó el sábado que hubiera apoyo de Hank al ex alcalde de Ecatepec.

Pretendió ocultar el sol con un dedo. La delegación tijuanense en el Estado de México cuenta con su propia página en la red donde se narra un encuentro del Grupo de los 33, como se conoce a los tijuanenses en el Estado de México, con Videgaray. Los coordinadores de aquella brigada, Mario Madrigal Magaña, Luis Javier Algorri Franco y el diputado federal Eduardo Ledesma, “se reunieron con el dirigente del PRI y coordinador de la campaña, Luis Videgaray, quien de manera expresa solicitó el apoyo de los bajacalifornianos”. En ese sitio se puede hallar también la sonrisa de Ledesma y Videgaray, así como la del propio Ávila, acaso cuando acordaron la colaboración norteña en la campaña mexiquense. (Reforma, 8 de junio)

Madrigal Magaña es un líder sindical. Al acrecentar su participación en la industria del juego, Hank fue previsor y construyó su propio sindicato, tan blanco que los dirigentes actúan en política a las órdenes de su patrón. Se trata del Sindicato nacional de trabajadores operadores de libros y establecimientos de diversión, hoteles, restaurantes y comunicaciones. Por su parte, Algorri fue secretario de Seguridad Pública de Hank en el ayuntamiento de Tijuana, puesto en entredicho por su sucesor en el cargo, el también polémico Julián Leyzaola, quien lo acusó, sin formalizar nunca la denuncia, de haber promovido la corrupción en la Policía tijuanense. Ledesma, diputado por el partido verde mantiene una liga tan cercana a Hank que con él cortó el listón de un casino en Ensenada en julio pasado.

Me pregunto, y los candidatos opositores debieron inquirir sobre el asunto al candidato priísta en el debate de anteanoche, si la presencia tijuanense se limita a asegurar el triunfo de Ávila en el municipio de Zumpango, donde gobierna el PAN. Me preguntó si se escogió esa municipalidad, limítrofe con el estado de Hidalgo y que no cuenta entre las más pobladas del Edomex para que pudiera trabajar en discreción en tareas que requieren mayor sigilo, como la introducción de recursos ilegales a la campaña en todo el estado. Eso explicaría el apresuramiento de Videgaray en negar la presencia de Jorge Hank en la campaña, para alejar la luz del interés público sobre una participación que es menor. Los dineros que eventualmente hiciera ingresar la delegación hanquista pueden provenir de la fortuna personal del ex alcalde de Tijuana o de otras fuentes en las que se interesa la agencia norteamericana contra las drogas, la DEA.

Fue llamativo en el debate de los candidatos a la gubernatura el silenciamiento del tema. No lo abordó ninguno de los candidatos ni lo planteó el conductor del pánel, el periodista Carlos Puig. Si se convino expresamente en omitir el asunto se incurrió en una ofensa a los televidentes, al electorado en general. Todavía puede ser averiguado –mediante solicitud expresa ante la autoridad electoral- si la delegación tijuanense aspira al magro objetivo de hacer que Zumpango vote por el PRI, o si la animan propósitos de más largo alcance. Si esto último correspondiera a la verdad, el hecho contribuiría a explicar el encarcelamiento de Hank y traería consecuencias a la campaña mexiquense.

Sabines contra Salazar.

Está en uno de sus puntos culminantes la vieja querella entre Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas y su antecesor Pablo Salazar. Éste lleva la peor parte en el conflicto: está detenido en el penal de El Amate, en espera de que un Juez del fuero común -por ende dúctil ante el Ejecutivo local- decida si lo somete a proceso. 

La porción más visible de la disputa entre esos dos políticos, antaño miembros del PRI y separados de él con el fin de llegar al Gobierno por la vía opositora, ha ocurrido en los últimos tres meses. Salazar, tratado ásperamente por su sucesor apenas fue relevado en la Gubernatura, decidió contestar a la pertinaz acusación oficialista de haber mal dispuesto de los recursos federales y locales dispuestos para la reconstrucción necesaria tras el terrible golpe del huracán Stan a Chiapas.

En la campaña contra el ex gobernador el actual titular del Ejecutivo contó con la decidida colaboración y apoyo de partidos de los que formalmente se distanció: el propio PRI de que fue militante y el Partido Verde, cuya presencia en la entidad permite augurar que uno de sus miembros, el senador Manuel Velasco Coello reemplazará el año próximo a Sabines. No se trata de una relación extraña en éste, que ha mostrado en su breve vida pública una notoria carencia de escrúpulos políticos, que lo dota de muy alta flexibilidad para obtener provecho personal de las coyunturas políticas en que participa.

Salazar demostró documentalmente que las acusaciones sobre mal uso de los recursos del Stan no tenían fundamento. Adujo, de manera contundente, que la comisión para la reconstrucción motivada por aquel fenómeno meteorológico había concluido sus funciones por haber cumplido los fines para los que fue creada. Así lo declaró, en el decreto respectivo, emitido en 2008, el propio gobernador Sabines. El ex gobernador difundió su versión de los hechos a través de la red, que le permitió remitir mensajes por correo electrónico a cien mil destinatarios. Buscó además reforzar su defensa mediante un impreso cuyo tiraje de cincuenta mil ejemplares fue sustraído de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez la semana pasada. Salazar no vaciló en acusar políticamente a Sabines del asalto, realizado por individuos enmascarados portadores de armas largas, que redujeron a los vigilantes y robaron únicamente los ejemplares del impreso, pues en eso consistía su encomienda.

La denuncia de esos hechos ante el Ministerio Público federal precipitó la obviamente preparada acción penal contra el ex gobernador. Apenas unos días después del asalto, Salazar fue detenido anteayer en Cancún por la Policía Ministerial de Quintana Roo a solicitud del Gobierno de Chiapas, presentada por el Fiscal general. Se imputan al ex gobernador los delitos de asociación delictuosa, peculado, abuso de autoridad y abuso en el ejercicio de la función pública. Se aprovechó una simple orden de presentación, que en una mala práctica suele ser usada como si lo fuera de aprehensión, para trasladar de Cancún a Tuxtla Gutiérrez al inculpado. Éste inició ayer mismo una huelga de hambre, cuyo sentido fue explicado por su hijo Pablo Salazar López, quien dijo que su padre se propone salir del penal sólo en una de dos circunstancias: cuando se le exonere de los cargos señalados y se declare su inocencia, o cuando muera si es preciso prolongar el ayuno hasta su consecuencia extrema.

Ya desde que fue denunciado por el asalto, y con mayor fuerza tras la detención de Salazar, el Gobernador ha soltado a la jauría de que dispone contra su antecesor. Adicionalmente, personas de buena fe que guardan resentimientos contra Salazar aprovecharon la coyuntura para reavivar sus querellas y sumarlas a las acusaciones que motivaron su detención. Es difícil que judicialmente tal acumulación proceda, pero política y mediáticamente estas renovadas impugnaciones contra el ex gobernador contribuyen a que se aplauda, espontáneamente o mediante paga a Sabines, que tiene la mano floja cuando se trata de gastar recursos públicos en el labrado de su imagen. Es probable que después de Enrique Peña Nieto ningún gobernador gaste en publicidad como el que rige a la paupérrima Chiapas.

Después de meses de haber renunciado al PRI, Salazar desplazó del Gobierno de Chiapas a ese partido. Consiguió reunir en torno suyo a una muy amplia coalición, compuesta por el PAN y el PRD y otros y partidos (incluido el Verde, por aquel entonces aliado de Acción Nacional). A su fuerza propia Salazar agregó el remanente del efecto Fox para derrotar al PRI. Aunque no eligió partido mientras gobernó, mantuvo notoria cercanía con el Presidente. Al concluir su sexenio pretendió modelar su sucesión, con clara injerencia en el PRD. Pero se encontró con el joven alcalde priísta de la capital. Dueño de un legado familiar de alto relieve, Sabines se despechó al no ser escogido por el PRI y pasó a la oposición. Persuadió a Andrés Manuel López Obrador de brindarle su apoyo y así pudo vencer a su propio partido y al Gobernador en turno.

Con apenas unos años en la política (como Diputado local y Alcalde), en cuanto llegó a la Gubernatura pretendió adquirir su propia identidad y gestionar sus intereses propios. Inició y practica una melosa relación con el presidente Calderón, a cuyo efecto ha diluido su presunta pertenencia al PRD. Paga con alta frecuencia mensajes pagados en los medios impresos y los electrónicos de su estado y la Ciudad de México. Y denostando y encarcelando a su antecesor busca pasar por justiciero.

Puerta de hierro.

Los militares que capturaron a Jorge Hank en la madrugada del sábado, en su propia fastuosa casa de 18 habitaciones, no se sintieron aludidos por los letreros que alertan a quienes se aproximan al fraccionamiento Puerta de Hierro:

 

“Prohibido el paso” y “Por su seguridad, está siendo videograbado”.

Las advertencias no detuvieron a Julio Scherer García, que pudo ingresar a esa colonia exclusivísima, de cuya visita informa en su libro La terca memoria:

“La calle principal es circular y a la derecha el rojo se impone como el color del mundo. Una barda interminable de más de dos metros de altura está tapizada por bugambilias. Entre una y otra flor apenas aparecen pequeños espacios verdes y no se miran ramas, esqueletos de la enredadera. La barda corresponde a la casa de Hank Rhon”.

Allí fue detenido, en circunstancias y por causas y propósitos que están todavía por conocerse. Sea de ello lo que fuere, la captura en ese domicilio resulta simbólica. Se trata de una mansión construida sobre un extenso predio robado a la nación. Es seguro que no se trate de recuperarla en beneficio de la República. Para hacerlo habría que afectar, amén de otros bienes inmuebles de Hank, a los compradores que adquirieron extensos lotes en el fraccionamiento Puerta de Hierro, donde el nivel de vida de los residentes se aprecia por otro letrero registrado por Julio Scherer: “Prohibido peatones”.

Ese lujoso enclave, donde también se alzan el hipódromo de Agua Caliente, el estadio de los Xoloescuintles, recién ascendidos a la Primera División (a base más que de goles de dinero), y otras propiedades de Hank. Se construyeron, y los terrenos ajenos se vendieron, gracias a un regalo del secretario de Gobernación Enrique Olivares Santana, muy probablemente por órdenes del presidente José López Portillo, que había hecho colaborador suyo -jefe del Departamento del DF- al poderoso Carlos Hank González, a la postre su benefactor asimismo en materia inmobiliaria: le hizo construir las casas en Cuajimalpa que las voces populares bautizaron como la colina del perro.

Durante largo tiempo el hipódromo de Agua Caliente fue operado por un mafioso célebre llamado Johnny Alesio, que a comienzos de los setentas fue detenido en San Diego por tráfico de divisas. El recinto para carreras de caballos era reminiscencia de un conjunto dedicado a juegos de azar. El casino correspondiente fue expropiado por el presidente Cárdenas y convertido en el vasto Centro escolar Revolución. Cuando Alesio dejó de operar el hipódromo la concesión respectiva fue otorgada por el presidente Echeverría (en documento firmado por el director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Manuel Bartlett, a Fernando González Díaz Lombardo, que apareció durante décadas como propietario del diario Ovaciones, heredado por sus hijos. El financiamiento para modernizar ese centro de espectáculos, varios millones de dólares, fue facilitado por Hank González, que a la postre se quedó con la concesión.

Como tal, Hank Gonzalez solicitó una relevante modificación al título que le permitía operar el hipódromo. La autorización prohibía vender los vastos terrenos aledaños al coso, más de 800 mil metros cuadrados. Alegando una situación precaria de la empresa concesionaria, se solicitó y obtuvo el 28 de diciembre de 1981, que del enorme predio fuera segregada más de la tercera parte, exactamente 233,308.93 metros cuadrados, que podrían ser, como lo fueron, objeto de comercio. La resolución administrativa, firmada por Olivares Santa en beneficio de su amigo y compañero de gabinete (mejorada al paso de los años por otras decisiones presidenciales), fue objetada por otras oficinas gubernamentales y materia de procesos judiciales. Pero quedó firme. Durante el Gobierno de Carlos Salinas (en que Hank González fue secretario de Agricultura y de Turismo) se amplió el permiso para operar apuestas en el hipódromo, con lo que se convirtió en una virtual casa de juego. El Gobierno de Fox consolidó esa posición al autorizar la apertura de casinos que actuaron bajo la denominación de Caliente, y que proliferaron por toda la República.

Quizá por razones de disciplina familiar, o por mera división del trabajo, el negocio tijuanense de los Hank fue confiado para su gestión a Jorge, el menor de los hijos del profesor. Se instaló en esa ciudad fronteriza en 1986 y realizó los terrenos con notorio acrecentamiento de la parte de la fortuna familiar que le correspondía. En el fraccionamiento de veintitrés hectáreas el propio Hank erigió un búnker, protegido, junto con el resto de sus bienes inmuebles que allí encontraron sede, por numerosa tropa de guardias armados.

Hank se convirtió pronto en una figura de la vida frívola de Tijuana. Así lo denotaban las numerosas menciones que de él hacía en el semanario Zeta el codirector de la revista Héctor Félix Miranda, apodado ‘El Gato’ (en alusión al comic norteamericano). Se hicieron amigos y algo los distanció después porque las menciones no dejaron de ser frecuentes pero cambió su sentido. Fue público y notorio que una incipiente amistad se había roto. La mañana del 22 de abril de 1988 ‘El Gato’ Félix fue asesinado. Después se sabría que lo mataron el jefe de seguridad del hipódromo, Antonio Vera Palestina y su ayudante Victoriano Medina, utilizando armas propiedad del negocio de Hank. Por esos y otros indicios, a Jesús Blancornelas, director de Zeta, y a la redacción del semanario no les quedó duda. Denunciaron a Hank como autor intelectual de la muerte de ‘El Gato’.

La detención de Jorge Hank.

Si el comunicado sabatino de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la captura de Jorge Hank Rhon y diez personas señaladas por posesión de armas describe los hechos como fueron, a esta hora o dentro de poco el empresario de juegos de azar debe estar libre. La versión de la autoridad castrense no resiste el menor análisis como veremos en seguida, aunque sea difícil penetrar en la sintaxis del comunicado emitido en Lomas de Sotelo.

Afirma la Sedena que “los hechos ocurrieron en atención a una denuncia ciudadana, la cual hacía referencia sobre la presencia (sic) de tres personas armadas a inmediaciones del Hotel Palacio de dicha plaza, mismos (sic) que al ser aprehendidos por el personal militar señalaron que en un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento”.

Ya en muchos casos anteriores autoridades militares han pretendido basar su actuación en una “denuncia ciudadana” o llamado anónimo. Sería ingenuo pensar que, como los bomberos ante una petición de auxilio, un comando militar salga sin más a averiguar de qué se trata. Lo dijeron cuando en marzo del año pasado militares participaron en un lance en que murieron dos estudiantes posgraduados del Tecnológico de Monterrey. Si la tropa en verdad partiera de su cuartel apenas se le insinúa ni siquiera la comisión de un delito sino sólo una presencia, el procedimiento se convertiría en una trampa de aplicación frecuente, a fin de causar bajas en el Ejército. De modo que es lógico desechar que el origen del episodio en Tijuana haya sido una denuncia ciudadana.

Como quiera que sea he allí a soldados y oficiales apersonados “a inmediaciones” no en las inmediaciones sino en las mediaciones del Hotel Palacio. El personal militar encaró a los individuos armados y los aprehendió ¿con qué base procedió de ese modo la tropa? ¿carecían de los permisos de posesión y de portación respectivos? Una vez aprehendidos, ¿de qué medios se valieron los captores para hacerlos confesar de inmediato que “en un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento?”. Hacia allá se dirigieron los militares (“el personal castrense se desplazó a la citada colonia”, dice el comunicado), donde se localizó “el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”. Con sólo moverse, con sólo entrar a la casa, esas personas armadas habrían cometido un delito pues, agrega la Sedena, “ante la flagrancia de este ilícito se les persiguió al interior del mismo” (¿el interior del ilícito?), “donde se aseguró a ocho personas más”, todas las cuales fueron detenidas, puestas a disposición del Ministerio Público federal y trasladadas a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO). Si, como digo, el escueto y sin embargo atropellado relato militar resume la evidencia que condujo a la defensa de Jorge Hank, a la SIEDO no le quedará más remedio que dejarlo en libertad y, en rigor, solicitar a otras áreas de la PGR que investigue la comisión de delitos por el personal castrense, que irrumpió en la madrugada, como si se tratara de un asalto delincuencial, sin orden de cateo ni de aprehensión, pretextando una flagrancia de quién sabe qué delito en que incurrió quién sabe qué persona.

Es tan burdo el procedimiento para apresar a Hank, que sus defectos parecen deliberados, como para permitir al dueño de casinos y otros lugares de apuestas librar esta peripecia sin dificultad, generada quizá únicamente para mostrar las posibilidades del uso político de la Procuraduría General de República, cuya titular Marisela Morales, tiene ya experiencia en ese campo. Un mal comienzo del debido proceso al que cualquiera persona tiene derecho, afecta el conjunto de las acciones ministeriales y judiciales al punto de que puede dar cauce a la libertad del inculpado.

El principal detenido niega ser poseedor del vasto arsenal que fue hallado en su casa. Según su testimonio y el de su esposa ambos sacados de la cama en la mitad de la noche. Salvo que se hubiera incluido en el Código Penal federal el delito de dormir, no parece que el hijo del profesor Carlos Hank González hubiera sido detenido al incurrir en una conducta penalmente reprochable. Alega el afectado que le fueron sembradas las armas (40 largas y 49 cortas, así como más de 9 mil cartuchos útiles y 70 cargadores); es decir, que llegaron a su domicilio llevadas por sus captores. Hank no las vio porque lo mantuvieron de cara a la pared, pero escuchó ruidos metálicos que habrían sido originados por la puesta en escena del armamento. Por lo pronto la PGR no pudo acreditar ante un juez la responsabilidad de Hank el delito que le imputa, al concluir ayer en la madrugada el plazo constitucional y solicito que se extienda hasta mañana miércoles temprano.

Si no se trata de una tentativa de inmiscuir a un Jorge Hank que en este caso fuera inocente, se producirá la paradoja de que se le detenga por un delito que no cometió y no por las varias conductas rayanas en la delincuencia o francamente ilegales, respecto de las cuales no se ha descubierto la evidencia que permita someterlo a proceso.

Su más reciente aparición ante la opinión pública ocurrió con motivo del ascenso de su nuevo negocio, el equipo de futbol de los Xoloitzcuintles. Aunque formalmente lo maneja su hijo Jorge Alberto Hank Insunza es claro que el club está incurso en una falta de ética prevista en las reglas de la FIFA. Pero eso es lo de menos en la biografía del menor de los Hank Rhon.

Cultura de la ilegalidad.

Desde Los Pinos se promueve la ilegalidad. El jueves tomó posesión de su cargo: comisionado de la Cofetel, una persona que manifiestamente no cumple uno de los requisitos, acaso el principal, reclamados por la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Vacante desde el diez de mayo el lugar de Rafael del Villar, al concluir el plazo para el que fue designado, el Ejecutivo dejó pasar tres semanas sin cubrir el cargo, que es de su directa incumbencia. Ya no tiene que someter ese nombramiento en la Comisión Federal de Telecomunicaciones al Senado de la República, que podía objetarlos. La Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas que sintética y popularmente fueron llamadas “Ley Televisa”, anuló esa facultad senatorial. La razón es que la Cofetel no es un organismo autónomo, sino dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por ello se encuentra en el área de competencia del Ejecutivo.

De esa suerte, el nombramiento del comisionado surtió efectos sin posibilidad alguna de revisión. El funcionario es Alexis Milo Caraza, un economista graduado en el ITAM y doctorado en Yale. Ejercíó una responsabilidad técnica en la Oficina de la Presidencia y el 18 de febrero se le nombró coordinador de asesores del propio Presidente de la República. Reemplazó a Antonio Vivanco, también egresado del ITAM y desde esa fecha director general de la CFE.

Milo Caraza no debió ser designado por el Presidente porque no satisface una de las condiciones de elegibilidad. El Artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones es inequívoco al señalar que los comisionados deben “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector de las telecomunicaciones”. No basta que se afirme que el nombrado sabe de esa materia, como pretende la SCT al informar que Milo Caraza ha sido “responsable de dar seguimiento a la política de telecomunicaciones” y ha sido igualmente “un activo impulsor de la Agenda Digital Nacional”. Pero esas actividades, si las hubo, no trascendieron al público; por lo tanto no actuó de manera destacada. Es decir, los comisionados de la Cofetel no sólo han de conocer su materia y tener experiencia en ella, sino que han de haberse desempeñado no en el silencio de los gabinetes, no es la penumbra administrativa sino de manera notoria y sobresaliente entre los demás. Si no fuera bastante con ese elemento de la definición que falta en el talante profesional de Milo Caraza, añádase que su aproximación a la materia fue marginal, por lo que sus actividades no se realizaron sustancialmente ligadas al sector de las telecomunicaciones.

En la Presidencia de la República esa carencia no importa. Porque es la segunda vez que se pasa por alto, en esta Administración, ese requisito legal. Se incurrió en infracción a la ley el año pasado al nombrar a Mony de Swan, permanente asesor de Juan Molinar Horcasistas en cuanto desempeño profesional le fue asignado. Aun si fuera verdad, como se arguyó entonces de modo semejante al caso de hoy, que tuvo a su cargo estudios sobre telecomunicaciones, su tarea no estuvo jamás relacionada sustancialmente al campo de las telecomunicaciones. No fue –como tampoco Milo Caraza- funcionario en ese territorio administrativo, ni escribió o enseñó sobre esa materia ni fue director de empresa alguna dedicada a dicho servicio público.

Así pues, las dos designaciones de miembros del órgano directivo de la Cofetel entrañaron sendas violaciones a la ley. En un ámbito caracterizado por la inclinación a objetar jurídicamente diversas medidas, no será extraño que alguna vez se aduzca, para tener por ilegales decisiones del órgano regulador, esa carencia de los comisionados arribistas en el sector. Es como si se descubriera que un juez o magistrado carece del titulo de licenciado en derecho: las resoluciones en que participe pueden ser redargüidas de nulas de pleno derecho, por ese defecto de origen.

El 21 de agosto de 2008 fue firmado en un escenario espectacular el Acuerdo nacional sobre seguridad, justicia y legalidad. Uno de los compromisos que las autoridades y sectores firmantes adoptaron fue promover una cultura de la legalidad, una de cuyas primera manifestaciones debe ser el acatamiento de la ley, y la equidistante denuncia del incumplimiento respectivo. Es grave que ese ofrecimiento no sea respetado por el Presidente mismo, como lo muestran los dos casos aducidos. Pero podrían agregarse otras situaciones en que pasar por alto una violación a la norma, incluso la expresada en la Constitución, enseña un riesgoso desdén por la legalidad, opuesto a la creación de una cultura en esa materia.

El jueves pasado Calderón alabó las virtudes de su secretario de seguridad pública Genaro García Luna. No le estorbó para hacerlo, y generar con ello la confirmación de su nombramiento, el que ese alto funcionario haya quedado en entredicho por burlar un requisito constitucional que, de aplicarse en sus consecuencias lógicas, le harían perder la ciudadanía y por consiguiente incumplir uno de los requisitos para ser secretario del despacho.

No se trata, como se pretende en las esferas oficiales -en la propia Secretaría de Gobernación se argumenta en tal sentido- de una nimiedad, de la falta de un sello. García Luna aceptó una condecoración sin recabar la autorización del Congreso prevista en la Constitución. La vulneró y no le importa al Presidente.