El retorno de los brujos.

El viejo PRI, que nunca se ha ido del todo, retornó al triunfante al espacio electoral hace cuarenta y ocho horas, en que apabulló a la oposición, generadora en parte de su propia derrota, pero inerme ante los abusos de los gobiernos priístas que se propusieron corregir la tendencia que el año pasado y los primeros meses de este había conseguido en apariencia el debilitamiento del partido antaño hegemónico, que se apresta a recobrar esa condición.

En rigor estricto, pese a las apariencias, el PRI no obtuvo ganancia alguna. Lo que en realidad ocurrió fue que evitó pérdidas como las que sus antagonistas le infligieron en 2010.

Entonces le arrebataron los gobiernos de tres entidades donde no había habido alternancia.

Ahora el PRI mantuvo en su poder las gubernaturas de Coahuila, México y Nayarit, y la mayor parte de los ayuntamientos hidalguenses, incluido el de Pachuca, que también ha sido gobernada siempre, salvo un trienio hace tres lustros.

Para evitar ser derrotado el PRI desplegó los arbitrios que le permitieron dominar la política nacional durante setenta años.

En ese prolongado periodo el tricolor era un partido de Estado, sufragado por el gobierno federal y los de las entidades. Aunque en el último decenio no ha podido contar con recursos públicos federales para influir en las elecciones, sigue haciéndolo a través de las participaciones fiscales sin control.

Esos recursos, agregados al colosal endeudamiento en que incurren los gobiernos estatales, hacen de sus gobernadores una munífica fuente de aprovisionamiento de su partido y sus candidatos.

Eso permite al PRI realizar campañas costosísimas e incontratables, como ocurría en los tiempos de su pleno dominio. Con dinero público, y acaso otros recursos procedentes de orígenes inconfesables, la ventaja priísta se ha vuelto insuperable.

En los estados donde anteayer hubo elecciones el pronóstico era fácil, como lo fue en el ámbito federal entre 1929 y 1994, Eran elecciones predecibles: se sabía con plena certidumbre quién ganaría la elección presidencial, como se supo en el proceso a punto de concluir que Rubén Moreira, Eruviel Ávila y Roberto Sandoval ganarían los comicios del tres de julio.

La plétora de recursos de que disfruta el PRI le permite hace campañas intensas y eficaces, con las que no pueden competir las de los opositores.

Para citar el Estado de México, paradigmático de este retorno de los brujos, el 76 por ciento de los 48 mil espacios públicos (espectaculares y bardas, taxis y autobuses, etc.) donde se pintaba o fijaba propaganda electoral, fueron utilizados para la propaganda de Ávila, mientras que Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena sólo contaron con el 11 y el 7 por ciento respectivamente.

Por si fuera poco, el gobierno estatal multiplicó su presencia en ese género de espacios, al aparecer en más de 2,500. Una decisión judicial dispuso que 900 de ellos fueran retirados. El Instituto Electoral del Estado de México desacató en los hechos la orden.

Ese es otro de los viejos arbitrios recuperados del pasado en beneficio del PRI. En los años de su dominio autoritario, ese partido y el gobierno controlaban los órganos electorales.

Superada por diversos motivos la breve primavera de ciudadanización, las autoridades electorales están de nuevo al servicio del PRI. Sus funcionarios y buena parte de sus consejeros con cuidadosamente escogidos para que gestionen los intereses priístas o impidan actos que los lesionen. Órganos electorales independientes pueden hacer cesar injerencias gubernamentales indebidas.

Uno como el IIEM, para ponerlo de nuevo como ejemplo, sirve en cambio para solapar la ilegítima participación del gobierno. Un funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto, Bernardo García Cisneros, fue filmado en una reunión con el alcalde de Valle de Chalco organizando los apoyos que recibiría el candidato priísta (todavía sin ser designado entonces).

En su carácter de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, era uno de los muchos servidores públicos de alto nivel a quienes se encargó organizar la intervención gubernamental en las elecciones. El órgano electoral desestimó los señalamientos en su contra, y con ello dio carta blanca a esa participación eficaz sí, pero ilegal, incluso delictuosa.

El propio Instituto acordó realizar revisiones precautorias del gasto de campaña. Uno de los defectos del sistema de fiscalización electoral es su extemporaneidad. Cuando se viene a saber si un candidato erogó más de lo dispuesto es demasiado tarde.

Así ocurrirá con aquella disposición del IEEM porque la corrigió en beneficio de Ávila. Dejó de ser precautoria, porque ahora los resultados de la revisión serán conocidos cuando todo se haya consumado.

Y aun si fueran contrarios al candidato priísta el procedimiento será inocuo pues el beneficiario habrá sido declarado gobernador electo o tal vez ya haya tomado posesión en septiembre próximo.

La oposición unida ha podido hacer frente al abuso priísta y a su dominación. La clave para el derrotar a gobiernos priístas en los estados donde no haya habido alternancia y el tiempo parece haberse detenido es la alianza opositora.

Lo probaron los casos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Las coaliciones en Coahuila, México y Nayarit pudieron intentarlo. Pero las divisiones internas en el PRD impidieron que se consumaran y constituyeran un valladar al retorno de los brujos.

El PRI apabulla, pero su oposición no acierta a practicar los modos de impedir que se la arrase.

Dos jueces, dos judicaturas.

Dos jueces en entredicho, uno federal y otro del fuero común del DF fueron tratados de maneras muy diferentes por los respectivos consejos de la judicatura, los órganos a los que concierne la vigilancia del desempeño de los juzgadores. Mientras el juez federal Álvaro Tovilla fue suspendido mientras de precisa el presunto enriquecimiento ilícito de su secretario, el afamado juez Héctor Palomares, que figura en el documental Presunto culpable, fue ratificado por el Consejo de la judicatura del DF. El presidente de ese cuerpo, que lo es también del Tribunal superior de justicia del Distrito Federal, afirmó su propósito de que los juzgadores capitalinos sepan que “no están solos”.

Discutible de suyo, la determinación del consejo local fue acompañada de una mentira, rápidamente encarada por una de las principales organizaciones de postulantes en nuestro País, la Barra Mexicana, colegio de abogados. Entre los argumentos para confirmar a Palomares Medina se citó el parecer de esa asociación, como si avalara lo hecho por los superiores del juzgador que había llegado al término de su nombramiento, y quedaba en situación de ser ratificado o separado de su cargo.

La Barra desmintió “categóricamente que haya avalado a través de su representante en la comisión de ética del Consejo de la judicatura del DF la ratificación de dicho juzgador”. Más todavía la Barra se manifestó contraria a la confirmación, a través del licenciado Felipe Ibáñez. La decisión del órgano judicial se adoptó “a pesar de diversos señalamientos negativos sobre (su) comportamiento ético”. A decir del Colegio de Abogados, “el juzgador sí incurrió en fallas de ética, razón por la cual es falso que la Barra haya avalado su ratificación”. Para afirmar su dicho, ese colegio profesional informa que cuenta con “documentos que demuestran sus oportunos señalamientos sobre este juez”.

Por su parte el presidente del Tribunal capitalino, Édgar Elías Azar, defendió el nuevo nombramiento de Palomares pretendiendo restar valor a la cinta de Layda Sansores y Roberto Hernández, como si sólo en función del caso narrado allí debiera tomarse la decisión sobre el futuro del juzgador. Desestimó el valor del documental y hasta señaló la obviedad de que fue “editado”, siendo que la elaboración de una película pasa necesariamente por ese momento, pues del total filmado tienen que escogerse escenas que condensen el relato. A eso Azar llamó “manipulación”. Y desdeñosamente dijo que “una cosa es el documental y otra el expediente”.

En ese expediente, y no sólo en Presunto culpable –que exhibe al juez por haber sentenciado sin pruebas a un presunto homicida que no estaba en el lugar del asesinato según diversos testimonios, y a partir de un solo testigo que la postre se desdijo—se basa el cuestionamiento al juez ratificado. La hoja de servicios de Palomares enseña datos contradictorios. Por un lado, es manifiesta su voluntad de prepararse asistiendo a cursos para mejorar su desempeño, y por otro ha habido denuncias, a su paso por diversos juzgados, que ha tenido que encarar a través del juicio de amparo, del que no siempre salió airoso.

Palomares fue titular de los juzgados penales números 37, 31 y 32, entre 1994 y 1999, lo que indica que no hizo huesos viejos en ninguno de ellos. En 2000 salió de la administración de justicia capitalina para aceptar cargos de mediana importancia en la Procuraduría general de la República. En 2003 se reintegró a la judicatura capitalina en la posición, titular del juzgado 26, en la que ahora ha sido ratificado. Sería absurdo pretender que a la luz de su actuación sólo en el caso de José Antonio Zúñiga, presunto culpable de un crimen que no cometió –y más aún con base únicamente en la actitud indolente que fue captada por las cámaras- se determinara su permanencia o su despido. Pero tampoco puede ignorarse el peso que como pieza de comprobación de su conducta tiene la cinta mencionada. Hacerlo, como lo hace el presidente Elías Azar es cerrarse a la crítica y buscar una zona reservada para la actuación de los jueces, hagan lo que hagan.

Por su parte, el Consejo de la judicatura federal ha tomado una decisión que, aunque los casos no sean semejantes y por lo tanto comparables, contrasta con la del respectivo órgano capitalino. Ordenó suspender durante tiempo indefinido al juez noveno de Distrito en Materia Administrativa del DF, Álvaro Tovilla. Sin prejuzgar sobre su responsabilidad, se le ha retirado del servicio activo mientras dure en su juzgado la investigación sobre la conducta de su secretario Esiquio Martínez Hernández.

Éste se halla sujeto a proceso acusado de enriquecimiento ilícito. Es que, con un sueldo mensual promedio de 45 mil pesos a lo largo de siete años de servicio en ese juzgado (lo que suma cinco millones y medio) ha hecho depósitos y retiros de su cuenta bancaria por un total de 432 millones de pesos. Sus insólitos movimientos bancarios fueron detectados en oficinas dedicadas a indagar el uso de dinero de procedencia ilícita y el Consejo de la judicatura federal lo denunció al Ministerio Público federal, que ha conseguido su procesamiento. En la averiguación previa se identificaron depósitos de gran cuantía a favor de Martínez Hernández, El abogado Santiago Francisco Rosario Torres hizo en un solo día abonos por más de 300 mil pesos. Forma parte del despacho de Mario Becerra Pocorroba, ex rector de la Escuela libre de derecho, y diputado federal, presidente de la Comisión de Hacienda de su cámara.

Revelaciones de una acreedora.

Las revelaciones de Elba Esther Gordillo sobre su pacto político con Felipe Calderón fueron, al mismo tiempo el reclamo de una acreedora mal pagada y una amenaza no tan velada para que no se toquen zonas delicadas de su parcela gubernamental.

Su confesión fue parcial en dos sentidos. Por un lado, no incluyó entre los puestos que recibió a cambio de su colaboración con el ahora Presidente de la República, los que le permiten ejercer un dominio fundamental sobre la educación pública. Y le faltó explicar, a ella a la que no avergüenzan los acuerdos mantenidos en secreto, de qué modo contribuyó a la victoria de Calderón, al mínimo porcentaje de 0.56 % con el que formalmente se impuso a Andrés Manuel López Obrador.

Gordillo mencionó como el pago hecho por Calderón la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la dirección general del ISSTE y la de la Lotería Nacional. Sin decirlo expresamente, reprochó a Calderón que hoy sólo se respete la tercera de esas posiciones, la de Lotenal, a cargo de Benjamín González Roaro. La primera, ocupada por Roberto Campa, el candidato presidencial de Nueva Alianza, el partido propiedad de Gordillo, está hoy a cargo de un panista de larga carrera, Juan Miguel Alcántara Soria. Y la dirección del ISSSTE, que abandonó Miguel Ángel Yunes en febrero del año pasado para satisfacer su vieja gana de gobernar en Veracruz, ahora está en manos de Jesús Villalobos, de quien Gordillo es notoriamente desafecta y por cuya remoción está pugnando.

Por ello, sus revelaciones buscan asegurar la permanencia de su yerno Fernando González Sánchez en la Subsecretaría de la Educación Básica, de muchas maneras los más importantes de la SEP. Con esa presencia allí Gordillo ha conseguido que, en varios sentidos no haya negociación bilateral entre la secretaría y el sindicato, sino sólo decisiones de la lideresa, pues la contraparte del sindicato que dirige, responde al interés de la profesora. De allí su rivalidad con Josefina Vázquez Mota, despedida probablemente a pedido de la profesora. De allí su desdén por el secretario Alonso Lujambio, a quien descalificó como precandidato presidencial al afirmar que “lo ideal sería que…trabajara de tiempo completo”. No conviene a la dirigente magisterial que la SEP tenga un tercer titular. Se abriría con ello el riesgo de que su yerno fuera desplazado, y se afirmara la tendencia de Calderón a no respetar esa parte de su acuerdo con Gordillo o considerar que ya se dio por cumplido. Lujambio no intentó siquiera sustituir a González Sánchez ni a Luis Ignacio Sánchez Gómez, administrador federal de los servicios educativos en el DF, igualmente pieza fundamental de la presencia gordillista en la SEP.

Tras reconocer explícitamente su pacto con Calderón, Gordillo pretendió justificarlo. Hasta se ufanó de que negociar es ingrediente esencial de la política y ella se dedica a eso, a la política. Tiene razón en abstracto. Le falta en los términos concretos de su relación con el ahora Presidente. Éste dio en pago a los servicios de la dirigente magisterial el control de una delicadísima área de la administración pública, de la que depende activar un instrumento necesarísimo para el desarrollo nacional. Impugnada desde varios miradores nacionales e internacionales, la educación mexicana se halla postrada y maltrecha por la conjunción de varios factores. Pero en todo análisis sobresale la nociva presencia del SNTE, no como legítima contraparte de la relación laboral, sino en funciones de autoridad.

Gordillo puso en ridículo a su aliado político. No sólo desmintió expresamente lo dicho hace poco por Calderón: “Con el SNTE hay una alianza, sí, pero es educativa, no política”. Ante el silencio de su contraparte, que no ha osado enfrentar las relevaciones de Gordillo, queda claro que Calderón mintió sobre la naturaleza de su vínculo con la organización del magisterio. Vínculo que, por lo demás, se tendió con él a falta de otra opción. Explicó la profesora que en 2006 no podía aliarse con Roberto Madrazo, al que eludió nombrar, porque a la sazón él se empeñaba en echarla del PRI, ni con López Obrador, que no aceptó siquiera hablar con ella. De manera contundente, el candidato de la coalición Por el bien de todos, dijo que él no se relacionaba con mafiosos”. Ese fue el recado con el que contestó el requerimiento de Gordillo, que había pedido a Ignacio Marván ser intermediario para acercarse al tabasqueño. Marván lo relató así a Ricardo Raphael, que lo hace constar en su libro Los socios de Elba Ester. Calderón no tuvo ese reparo y con él se arregló la profesora.

Ya había antecedentes de trato entre ambos, con Miguel Ángel Yunes de intermediario. Al día siguiente del triunfo de Calderón sobre Santiago Creel en la elección interna panista de 2005, Yunes y Gordillo telefonearon al ya candidato panista y de la conversación se infiere que al menos en Veracruz ambos actuaron en provecho de Calderón.

¿Qué hizo Gordillo, a través del sindicato y su partido, para contribuir al triunfo de Calderón ya en la contienda constitucional de 2006? Algunas de sus acciones son públicas y notorias. Por ejemplo, el abandono a su candidato presidencial Roberto Campa. Los miembros del SNTE recibieron la instrucción de votar por los candidatos de Nueva Alianza para diputados y senadores, pero no para Presidente. Ese voto fue orientado a Calderón y significó un millón de sufragios: la suma de la votación para legisladores postulados por ese partido llegó a un millón cuatrocientos mil, mientras que Campa recibió sólo cuatrocientos mil.

En la organización electoral fue eficaz el arreglo entre Calderón y Gordillo. Un personero de esta última tiene a su cargo esa importante función en el IFE desde agosto de 2004. Miguel Ángel Solís Rivas se formó en materia electoral a la manera clásica del viejo régimen: era un profesor miembro del SNTE que cumplió varias funciones administrativas en los gobiernos priístas de Baja California Sur y formó parte de la estructura de la Comisión Federal Electoral. Sus funciones en la primera elección presidencial en que participó, ya como miembro del IFE, le permitieron desplegar a un ejército de sus compañeros en los órganos electorales, por designación, y en las casillas por reemplazos: Entre una cuarta y una quinta parte de los funcionarios de mesa fueron sustituídos por ausencia del titular, eso sin contar la designación directa de presidentes, secretarios y escrutadores en las secciones electorales de atención especial, es decir aquellas en que no se cuenta con funcionarios elegidos mediante sorteo. De modo que cuando el IFE alegó en 2006 que era calumnioso insinuar que los ciudadanos a cuyo cargo estuvieron las mesas participaron en el fraude alegado por el lopezobradorismo, se mordía la lengua pues sabía que buena parte de esos funcionarios no eran los mexicanos probos y de buena voluntad que, en efecto, nada tuvieron que ver con la probable distorsión del resultado. No hay que olvidar que en números absolutos la diferencia entre los votos de Calderón y López Obrador fue de sólo 240 mil votos, resultado que pudo haberse obtenido manipulando un relativamente reducido número de casillas, aquellas donde la influencia del magisterio fue determinante.

Al día siguiente de sus revelaciones, Gordillo dio una nueva muestra de su poder, ahora en un territorio donde ejerce dominio indisputable, el Panal, Nueva Alianza. Después de un año de ser presidente espurio (porque se había agotado el término para el que fue elegido, sin que el IFE hiciera la mínima observación a esa ilegalidad), Jorge Kahwagi fue reemplazado en apariencia por Luis Castro Obregón, elegido presidente del partido, pero en la realidad por la propia hija de Gordillo, la diputada local Mónica Arriola, que será la secretaria general.

Castro Obregón regresa a México a cubrir esta encomienda después de un decenio de residencia española. Vinculado a Gordillo desde 1989, el año de su ascenso al cacicazgo magisterial, fue su secretario particular y su representante en diversos organismos. Auspiciado por su jefa, fue designado director de Notimex para Europa. Salió del clóset en enero de 2006 como miembro del Centro de Investigación y Seguridad, aunque como presunto periodista realizaba tareas de espionaje.

Vicisitudes mexiquenses.

Los tres partidos con mayor presencia en el Estado de México llegan a los comicios del próximo domingo en condiciones por entero diferentes de las que imaginaron y aun planearon sus dirigentes. Enrique Peña Nieto, el Gobernador que juega en dos procesos –la sucesión estatal y su participación en la Presidencia-, supuso posible que un dependiente suyo directo fuera el candidato de su partido, señalado por su dedo. Estaba a punto de designar a Alfredo del Mazo, señoritingo como él mismo, miembros de una dinastía que ha llevado a dos de sus miembros, de igual nombre, a gobernar desde Toluca. Y los líderes del PAN y del PRD habían concertado una alianza que les permitiera frenar y echar atrás la poderosa maquinaria electoral priísta. Ninguna de esas expectativas se cumplió.

Eruviel Ávila es el candidato del PRI. Advertido del riesgo que correrían su partido y su propia postulación, Peña se resignó a designarlo, para asegurar el triunfo. De haber escogido a Del Mazo (y con mayor razón todavía a Luis Videgaray, hechura directa suya), Peña Nieto habría sufrido la reticencia del priísmo del Valle de México, ayuno del poder político que le ha regateado el del valle de Toluca. Esa decisión evitó la posibilidad -nunca sabremos qué tan real- de que el Alcalde de Ecatepec, ganador dos veces del Gobierno de ese municipio, el más poblado de la República, saliera del PRI para encabezar la alianza opositora. Los dirigentes del PAN y el PRD locales tenían ya concertada una coalición pero carecían de candidato. Contar con un ex priísta era una circunstancia ideal: así lo habían mostrado las victorias en Oaxaca, Puebla y sobre todo Sinaloa, porque Mario López Valdez, el ahora gobernador aliancista, fue miembro del PRI por así decirlo hasta media hora antes de su postulación. Ávila podía ser esa carta esperada. Pero la sola amenaza objetiva de que lo fuera contó entre las razones por las que Peña Nieto se ajustó a las circunstancias y aceptó lanzarlo a la palestra.

De modo que los líderes opositores locales admitieron que su candidato fuera miembro de uno de los dos partidos. Por ejemplo, Alejandro Encinas que, pese a su militancia en la izquierda, y en la que rodea a Andrés Manuel López Obrador no era mal visto en la cúpula panista, así en la mexiquense como en la nacional. Llegó a planteársele directamente el apoyo panista a través de la alianza. Pero Encinas rehusó canjear la seguridad (o casi) de la victoria con los votos sumados de panistas y perredistas por sus convicciones y conveniencias y anunció que sólo sería candidato de su partido, el PRD, a solas o aliado con el PT y Convergencia, tal como ocurrió. A su vez, el ex presidente panista Luis Felipe Bravo Mena fue postulado por el PAN, a solas.

No obstante que en un intento extremo de asegurar la coalición los comités locales del PAN y el PRD organizaron una consulta que con amplia participación se manifestó mayoritariamente por la alianza, ésta no pudo consumarse por la posición de Encinas, que correspondía a la intensa campaña mexiquense de López Obrador. Opuesto a las alianzas de sus partidos con el PAN, el ex candidato presidencial fue especialmente enfático en impedir la mexiquense, con lo cual favoreció al PRI, que hubiera quedado en aprietos de consumarse la coalición a la que era adverso López Obrador.

Es seguro que Ávila triunfe el domingo. Las encuestas muestran un alto nivel de preferencias electorales en su favor. Las de Reforma no son excepción. Si bien su porcentaje disminuyó dos puntos entre mayo y junio (61 y 59 por ciento), está muy por arriba de sus antagonistas: Encinas subió tres puntos en esos meses (de 23a 26%) en tanto que Bravo Mena perdió un punto, de 16 a 15%. Contendientes de nuevo como lo fueron en 1993, los resultados de Encinas y Bravo Mena quedarán invertidos. Hace 18 años el panista obtuvo el 17% de los votos y el perredista la mitad de ese porcentaje: 8.7. Será la primera vez que el PRD supere a Acción Nacional. Aun la atractiva candidatura de Yeidkol Polevnsky hace seis años quedó unas décimas de puntos por debajo de la repulsiva candidatura de Rubén Mendoza Ayala.

La victoria de Eruviel Ávila es producida por varios ingredientes. El primero de ellos es dinero, de diversos orígenes (incluido el de Jorge Hank). Su campaña ha sido escandalosamente onerosa. Pueden atestiguarlo no únicamente los mexiquenses en su territorio sino los habitantes de la ciudad de México, a los que formalmente no conciernen los comicios de pasado mañana: cientos de autobuses pasean por las calles capitalinas el nombre y el retrato del candidato priísta, que también figura en “copetes” colocados ex profeso en miles de vehículos de servicio público en la entidad. Todo ello amén de la propaganda disfrazada de información que le ha permitido una masiva presencia en radio y televisión. Eso explica su salto en los índices de reconocimiento: en febrero era conocido por el 33 por ciento de los interrogados; en junio sabían quién era el 95%.

 También contarán en se triunfo el descarado apoyo de la maquinaria gubernamental, el sesgo de la autoridad electoral, el apoyo del sindicato magisterial, directamente o a través del Panal, el rutinario apego de Ávila a las estructuras clientelares, como Antorcha campesina. La filial urbana de ese movimiento, Antorcha popular, puso a los niños de Chimalhuacán, su cuartel mexiquense, a fabricar piezas de propaganda para provecho recíproco (no de los niños, por supuesto).

Coahuila: hermano Vs compadre.

Además de elegir Gobernador, en Coahuila se decidirá también el próximo domingo la integración de la legislatura local, compuesta por 16 diputados de mayoría y nueve de representación proporcional. En pos del Poder Ejecutivo contienden cuatro candidatos, de los que sólo dos alcanzarán votaciones significativas. Uno de ellos es Guillermo Anaya, sostenido por una peculiar coalición en que participan el PAN y un partido local, Unidad Democrática de Coahuila. Esta organización fue fundada por Evaristo Pérez Arreola, que cuando era comunista fundó el sindicalismo universitario en todo el país y en la UNAM en particular. Retirado después de muchos años de militancia en la izquierda, se radicó en Ciudad Acuña, su lugar de nacimiento, donde ganó la Alcaldía. Ahora dirige el partido su hijo –que en su nombre revela la antigua fe política de su padre- Evaristo Lenin Pérez Rivera.

Anaya ha sido alcalde de Torreón, diputado federal y actualmente senador, con licencia. El principal rasgo de su personalidad política, empero, no es su desempeño en esos cargos, sino el parentesco espiritual que mantiene con el presidente Felipe Calderón, de quien es compadre. Si se atiende al resultado de las encuestas (la de Covarrubias y asociados, por ejemplo) apenas obtendrá el segundo lugar en número de votos, pues las preferencias favorecen, en este mes de junio (como ha ocurrido desde enero) al candidato del PRI, Rubén Moreira. La diferencia es abismal, de tres a uno: elegirían al priísta 65%, mientras que sólo 22% votarán por el panista.

Moreira protagonizará el insólito caso de un hermano que reemplaza a otro en la Gubernatura. Es verdad que actualmente ejerce un interino, Jorge Torres, pero su interregno apenas disimula el hecho de que en 2005 fue elegido gobernador constitucional Humberto Moreira y en 2011 lo será su hermano. Nunca en la historia política de México había ocurrido algo semejante, salvo el caso de los hermanos Cravioto (Rafael, Simón y Francisco), en Hidalgo. Pero eso fue en el porfiriato.

En el siglo corrido desde que terminó ese prolongado ejercicio del poder personal, algunas familias surtieron de gobernadores a sus estados. En el propio Hidalgo, a la dinastía fundada por Javier Rojo Gómez pertenecieron su cuñado José Lugo Guerrero, su hijo Jorge Rojo Lugo y los primos de éste, Adolfo Lugo Verduzco y Humberto Lugo Gil. En Michoacán gobernaron el general Lázaro Cárdenas, su hermano Dámaso, su hijo Cuauhtémoc y su nieto Lázaro; en Guerrero los Rubén Figueroa, padre e hijo. Y en Puebla Maximino y Rafael Ávila Camacho. Eran hermanos, pero entre el gobierno de uno y otro mediaron diez años. Tampoco en el resto de los clanes gobernantes hubo sucesión continua entre parientes.

Para batir a Moreira iban a aliarse el PAN y el PRD, aunque éste iba en condición más de adherente que de aliado, dada su precaria posición electoral. Rota la coalición ya pactada, el candidato perredista Genaro Fuantos apenas alcanza uno por ciento de las preferencias en la encuesta de Covarrubias y asociados. Es el mismo porcentaje de Jesús González Schmall, presentado por Convergencia y el PT.

El duelo entre Moreira y Anaya no ha consistido en el cotejo de personalidades y programas. Cada uno de ellos ha sido expuesto por su adversario (o por su equipo) como indigno de confianza. Ha salido a la luz información relevante sobre las aficiones inmobiliarias del candidato panista, que adquirió en Chihuahua un rancho de agostadero pagando la décima parte de su valor, en una operación realizada por la señora Anaya (y no directamente por su esposo) y en que las vendedoras fueron militantes panistas torreonenses.

Ha sido más copiosa la información sobre manejos financieros irregulares de dos colaboradores del actual presidente nacional del PRI. Vicente Chaires y Javier Villarreal. Uno habría acrecentado su fortuna personal en forma súbita e inexplicable, pues sus cargos oficiales (siempre al lado de Moreira como su gente de mayor confianza) no habrían sido remunerados de tal forma que le permitieran ser propietario o socio de empresas de medios audiovisuales o de bienes raíces.

A última hora, en vísperas electorales, el delegado panista en Coahuila, senador Federico Doring, presentó nuevas acusaciones contra Villarreal, secretario ejecutivo del sistema local de administración tributaria. Este funcionario (que antes fue Secretario de Finanzas) habría colocado deuda pública con base en decretos de autorización legislativa apócrifos o inexistentes. Es el caso de un crédito por dos mil millones de pesos para la Comisión de Aguas y Saneamiento de Coahuila, y el de otro por la mitad de ese monto, mil millones de pesos “con el objeto de destinarlo a programas de inversión y de obra pública”, así en esos vagos términos. Como preámbulo a esos señalamientos, el secretario de Hacienda Ernesto Cordero hizo notar el abrumador endeudamiento del Gobierno del primer Moreira, que asciende a treinta mil millones de pesos.

Villarreal participó también, como testigo de honor, en la firma de contratos entre la Comisión Federal de Electricidad y la Promotora para el desarrollo minero de Coahuila. De los fondos de Prodemin, presuntamente creada para asegurar precios justos a los productores de carbón y seguridad industrial para los trabajadores mineros, el Gobierno de Humberto Moreira habría hecho desaparecer 762 millones de pesos, 472 de los cuales ingresaron a la Promotora entre 2006 y 2010 y el resto, 290, en lo que va de este año.

Complicaciones nayaritas.

El próximo domingo habrá en Nayarit comicios locales, para elegir a un gobernador (o gobernadora), 20 ayuntamientos y 18 diputados de mayoría. Fueron postulados cinco aspirantes a la gubernatura, no obstante lo cual sólo dos participan con verdaderas posibilidades de triunfo. Se trata de la candidata de Acción Nacional, diputada federal (con licencia) Marta Elena García, que figura en encuestas como la publicada por el diario Reforma el jueves pasado con el segundo lugar en preferencias: 33.5 por ciento. Y Roberto Sandoval, candidato del PRI (en coalición con el Verde y el Panal), alcalde de Tepic con licencia, por quien se inclinan 49.6 por ciento de los interrogados.

La diferencia parece suficientemente amplia como para tener tranquilo a Sandoval. Pero el 13 por ciento de los encuestados no dijo cuál era su preferencia y tres por ciento se manifestó indeciso. Reunidas esas categorías suman el 16 por ciento que separa a la aspirante panista del priísta. Por supuesto que no todos los que tienen pendiente resolver su dilema electoral, ni la totalidad de los que rehusaron responder se inclinará el domingo por García. Pero lo cierto es que, si el sondeo sirve como base para un pronóstico, el resultado será mucho más apretado de lo que hoy las cifras indican, y que cualquiera de esos candidatos puede triunfar.

Podría pensarse que por la fuerza del aparato priísta y el apoyo financiero del gobierno estatal Sandoval tiene asegurada la victoria. Pero habría que irse con cuidado ante esa afirmación. El alcalde de Tepic impuso su candidatura contra la voluntad de Ney González, el gobernador saliente, y esa actitud podría reflejarse en las urnas. También podría notarse en esa jornada la renuencia con que los senadores Gerardo Montenegro y René Mejía aceptaron que Sandoval ganara la candidatura a que ambos aspiraron. Ninguno se decidió a irse del PRI formalmente, pero no se percibe que trabajen con ardor y solidaridad partidaria a favor de quien los dejó atrás en la disputa interna.

En cambio, la diputada García llega al momento electoral en circunstancias que pueden serle favorables. Si bien el financiamiento público de Acción Nacional es exiguo, como lo ha sido su presencia electoral, ella misma ha estado en condiciones de recabar apoyos privados que impidieron que su campaña fuera menesterosa. Su marido, el ex gobernador Antonio Echevarría es presidente el poderoso consorcio Alica, y sus contactos con el sector adinerado de Nayarit pudieron ser útiles.

La postulación de García hizo culminar una breve aunque sinuosa carrera pública. Echevarría, su marido, fue miembro del PRI y tesorero de varios gobiernos de esa filiación. Abandonó ese partido en 1999 y apoyado por una vasta coalición ganó la gubernatura. La pareja se aproximó al PAN, uno de los partidos que postularon a Echevarría, pero los dos rompieron ácidamente con él cuando el comité nacional panista –encabezado a la sazón por Luis Felipe Bravo Mena– frenó la pretensión de que Marta Elena sucediera en el gobierno a Antonio, postulada por el PAN. Inspirada en el ejemplo de Marta Sahagún, la señora Echevarría quiso reemplazar a su marido en el palacio de gobierno y el PAN la atajó diciendo que, por “decoro político” no permitiría una sucesión conyugal. La cúpula panista designó entonces directamente a Manuel Pérez Cárdenas, un magnífico funcionario que se convirtió en mal candidato debido al reconcomio de los Echevarria contra el PAN y sólo alcanzó el seis por ciento de los votos en 2005. El PRI recuperó entonces el gobierno del estado.

Fuera del gobierno y alejados del PAN, los Echevarría se aproximaron a Andrés Manuel López Obrador. Seguramente influyeron también otros factores, pero su apoyo contó para que el candidato de la coalición “Por el bien de todos” alcanzara el mayor número de votos en Nayarit, y Felipe Calderón quedara en el extremo opuesto. El acercamiento al PRD valió a García que ese partido la postulara a una diputación federal en 2009. La gestión para enrolarla y para, ya en San Lázaro, hacer que presidiera la Comisión de Equidad de Género, estuvo a cargo de Guadalupe Acosta Naranjo.

Político de medio nivel, que alcanzó aun la presidencia del PRD sólo en razón de su pertenencia a Nueva Izquierda, Acosta Naranjo tiene en su tierra el nivel que le corresponde. Sin embargo, PAN y PRD convinieron en que fuera el candidato de la coalición que formarían. Sin embargo, García se inscribió en el proceso interno perredista para ser precandidata de la alianza que, a la postre, se frustró cuando se vinieron abajo las proyectadas para Coahuila y México. En esa contienda, García superó a Acosta, y el PAN, olvidado de los agravios que le infirió la exitosa diputada federal, y superada la coyuntura que antes la había estorbado (no sucederá en el gobierno a su marido) la hizo su candidata, y cifra en ella la única esperanza real de ganar una gubernatura el 3 de julio.

Acosta se quedó solo. El PT y Convergencia apoyan a otro candidato, Nayar Mayorquín, que ganará pocos votos, arrebatados a los que otro candidato perredista podría obtener. Un partido local de izquierda, el de la Revolución Socialista, postula a Donaciano Robles, con presencia aún menor. Si Acosta ejerciera un mínimo de congruencia y gallardía política, todavía hoy podría abandonar la contienda y pedir a sus seguidores que voten por la candidata del PAN. Al fin y al cabo, con ese partido ha estado a partir un piñón y la candidata fue miembro de la fracción de que fue vicecoordinador.

Santiago Creel.

Para nadie es noticia que el senador Santiago Creel aspira a la Presidencia de la República. Ha mostrado su voluntad de contender por segunda vez en pos del Poder Ejecutivo y constantemente hace acto de presencia en multitud de reuniones partidistas, especialmente las de carácter electoral. En ellas su apoyo suele ser bien recibido por los candidatos a cargos locales de elección. Ese activismo se ha visto recompensado por las respuestas que dan los panistas, militantes, adherentes y simpatizantes, a las encuestas cuyos resultados dio a conocer Creel como parte de su lanzamiento formal.

Se le anticiparon en expresiones como la que asumió el sábado pasado, los secretarios Ernesto Cordero y Alonso Lujambio. Grupos de panistas les manifestaron su apoyo y esa decisión les permitió avanzar levemente en su tardo tránsito hacia la elección interna, en que ninguno de los dos pasa del 8 por ciento de preferencias.

Sin embargo, Creel corría el riesgo de rezagarse o de hacer más lento su paso, en contraste con el crecimiento de las opiniones favorables ganadas por la diputada Josefina Vázquez Mota.

Frente a ese panorama, y antes de que sea explícito el estado de postración que padece su partido (como se verá en las elecciones del próximo domingo, donde si acaso se alza con un triunfo será con una candidata que pertenece a la bancada perredista en San Lázaro), Creel ha colocado una pica en Flandes.

Lo hizo con una declaración y con los datos que lo muestran a la cabeza entre sus compañeros panistas.

Fue notable también que alzaran la voz en su favor panistas notorios. No hay entre ellos ningún gobernador o ex presidente del partido, como en el caso de Cordero; ni una pariente cercana a la primera dama, como lo es la diputada local Mariana Gómez del Campo Zavala.

Pero no puede soslayarse la importancia de algunos de sus apoyantes. Dos de ellos sobresalen en la lista, y legitiman a Creel en una porción significativa del partido.

Se trata de Manuel Clouthier y de Julio Castillo, hijos respectivamente del Maquío (que de este modo se distancia formalmente de su cuñado Heriberto Félix, secretario de Desarrollo Social) y de Carlos Castillo Peraza, que no sólo fue líder nacional panista sino su ideólogo más escuchado después de los fundadores del partido.

Lo acompañan también ex colaboradores suyos en la Secretaría de Gobernación: José Luis Durán Reveles, ex alcalde de Naucalpan, ex candidato al gobierno mexiquense y que fue subsecretario encargado de medios; y Humberto Aguilar, subsecretario de Enlace Político, y compañero de Creel en el Senado de la Eepública.

Lo es también Federico Doring, el polémico denunciante que en combinación con Diego Fernández de Cevallos divulgó videos sobre corrupción en el PRD, para descarrilar la carrera de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente revela en Coahuila la corrupción de personas cercanas a Humberto Moreira, con lo que involucra al presidente nacional del PRI y a su hermano Rubén, pues la denuncia ocurre en el marco del proceso electoral que está por concluir.

Los apoyadores activos de Creel publicaron los resultados de cuatro encuestas hechas en domicilios, en marzo, mayo y junio de este año.

En todas ellas el ex secretario de Gobernación obtiene un alto grado de preferencias por encima del resto de aspirantes.

En sólo una, la realizada el mes pasado por Consulta Mitofsky, Josefina Vázquez Mota se halla cerca de Creel (con 37.4 y 29.1 de las preferencias).

Pero en el resto de los sondeos citados (levantados por Buendía, Laredo, Parametría y GEA-ISA), la diferencia es abrumadora a favor de Creel.

Puesto que el candidato presidencial será elegido en febrero próximo con el voto de los panistas, y si las tendencias continúan como hasta ahora (o mejoran a favor del senador capitalino, una vez hecha explícita su aspiración) puede conjeturarse válidamente que esta vez, a diferencia de 2005, alcanzará la postulación de su partido.

Pero se alza en su camino la oposición del presidente Calderón, con quien ha estado en pugna desde que fueron miembros del gabinete de Vicente Fox.

Su antagonismo se acendró cuando contendieron por la candidatura del PAN hace cinco años, en que Calderón venció a Creel.

En cuanto asumió la Presidencia el actual jefe de la administración federal ordenó el desplazamiento de Creel, que había sido nombrado coordinador del grupo blanquiazul en el Senado por Manuel Espino.

Éste, por cierto, podría sumarse a la postulación de Creel si logra revertir en el Tribunal Federal Electoral la expulsión que lo afecta, tal como consiguieron hacer en estos días Luis Armando Femat Reynoso y Adalberto Madero Quiroga, malquistos por diferentes razones con los mandos del panismo.

De obtener la candidatura presidencial, Creel vencería el sino adverso que ha pesado sobre él en elecciones directas.

No logró la jefatura de Gobierno del DF en 2000 y tampoco la postulación presidencial en 2005.

Y su triunfo interno podría convertirse en una severa derrota, pues como se barrunta por la marcha de la política en general y los aprestos del PRI y del PRD, Acción Nacional quedaría arrinconado en el tercer lugar, con severas repercusiones en la integración del Congreso.

Creel ingresó en la política partidaria por la vía del activismo civil.

Dio entonces muestra de una energía y una visión que se opacaron a su paso por la Secretaría de Gobernación, donde cometió dislates de gran trascendencia que lo colocaron en la orilla opuesta de la que recorrió como ciudadano, y a la que busca volver.