El Teo, el Diego, el Compayito

La Policía mexiquense capturó el jueves a Óscar Oswaldo García Montoya, considerado el jefe de una banda criminal que ha actuado sobre todo en el Estado de México.

El éxito de que se ufanó el procurador Alfredo Castillo, quedó manchado por el desatino de los captores de El Compayito como es nombrado el capitán de La mano con ojos, el imaginativo título que se ha dado este grupo dedicado al tráfico de drogas. Antes de dar con el paradero en que García Montoya fue detenido, la tropa ministerial asaltó tres domicilios donde dormía gente pacífica sin ninguna relación con El Compayito ni con nadie dedicado a delinquir.

Ese es uno de los aspectos de ese episodio que conviene poner en relieve. No es admisible de ninguna manera, que el cumplimiento de la ley se haga con cargo a los derechos de personas ajenas tanto a las operaciones delictuosas como a las policiacas, entre las cuales debe haber diferencias netas, que quedan borradas en casos como el presente.

Habría quién, quizá la mayor parte del público, aplauda una acción que pondrá tras las rejas a un delincuente de importancia, por lo menos la que le atribuyen las autoridades. Una porción relevante de la sociedad elige la seguridad y el orden a cualquier precio, aunque eso signifique el atropello a la legalidad. Es preciso combatir esa suerte de satisfacción social porque resulta de la manipulación y a menudo de la mentira y el engaño.

Las autoridades federales y no pocas en los estados privilegian las apariencias sobre la sustancia, el efecto mediático en vez de la reducción efectiva de un peligro como el que entraña la acción de las bandas del narcotráfico y otras formas de la delincuencia organizada. Por ello, se regodean con las detenciones y la exhibición pública de los presuntos responsables de graves delitos. Así lo hizo el procurador Castillo, el mismo que siendo subprocurador pretendió engañar en el caso en que murió una niña presuntamente secuestrada que resultó, según la inverosímil versión oficial, fallecida accidentalmente sin que decenas de personas se percataran de que el cuerpo estuvo en su casa durante varios días.

Castillo leyó el jueves una declaración atribuida a García Montoya, en que además de aceptar que encabeza el tráfico de drogas en los municipios de clases media y alta, cometió directamente trescientos asesinatos y ordenó otras tantas ejecuciones. Con esos números el procurador busca que se calibre la importancia de esa detención.

Es necesario, sin embargo, que las acusaciones que formalice la Procuraduría correspondan a esas cifras. No vaya ser que ocurra con El Compayito lo que sucede con El Teo, Teodoro García Simental. Cuando se le detuvo en enero pasado, se proclamó a sí mismo, ante el entusiasmo de la autoridad, como autor de centenares de homicidios, incluidos los que cometió su colaborador El Pozolero, llamado así porque destruía en tambores llenos de ácido los cuerpos de sus víctimas.

Se esperaría que El Teo enfrentara centenares de procesos por homicidios, pero no es así. Se le ha iniciado apenas un puñado de juicios penales. No basta la autoinculpación, en el caso de que la hubiere para que un juez inicie el proceso correspondiente. Pero el Gobierno federal, incluso el presidente Calderón que hizo del tema una prenda de orgullo, parece bastante el haber convertido a El Teo mediante una amplia difusión de su captura, en un peligro menos para la sociedad, aunque a la postre resultara que no es así. Un tratamiento semejante está dando a la detención de El Diego, asesino al mayoreo, pues se ha reconocido culpable de mil quinientos homicidios. Es seguro que a la Procuraduría General de la República le sea imposible llevarlo a los tribunales por cada una de esas muertes.

Para detener a El Compayito, la Policía mexiquense ingresó al Distrito Federal. El procurador Castillo y su correspondiente capitalino, Miguel Ángel Mancera informaron que el tránsito policiaco de una entidad a otra está legalizado por un acuerdo de colaboración, que impide la impunidad de los delincuentes a los que bastaría trasponer el lindero para ponerse a salvo. Suena bien la explicación, salvo porque esa libertad de tránsito policiaco implica riesgos de enfrentamiento entre policías que se ataquen unos a otros por confusión. Los asaltantes de las familias de Torres de Padierna estaban vestidos de tal manera, y actuaron de tal modo, que bien hubieran podido ser delincuentes.

Ambos procuradores, por cierto, se limitaron a pedir disculpas a las víctimas del asalto en la madrugada del jueves: Efraín Bartolomé y su esposa Guadalupe Belmontes, la investigadora universitaria Patricia Magaña y su hija, y los padres de Patricia. No basta con esa ambigua forma de trato social. Es preciso que se finquen responsabilidades a los agentes que irrumpieron en sus domicilios, causaron destrozos y robaron objetos. Las dos procuradurías están obligadas a hacerlo, no sólo para reparar en lo posible el daño específico causado, sino porque ambos recibieron el cinco de agosto la Recomendación no. 19/11 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese documento está orientado a impedir y castigar los asaltos como el ocurrido el jueves.

La tropa mexiquense practicó un cateo ilegal, uno más de los tres mil que han sido denunciados de 2006 a la fecha por víctimas de estos atracos imperdonables. La CNDH ha emitido en esos años 31 recomendaciones por esos cateos contrarios a la ley. Y al estudiarlos en su conjunto halló un inadmisible patrón de conducta.

Gente activa, poderes erráticos

Este medio día llegará a la nueva sede del Senado de la república –donde estuvo el cine Roble- una nueva marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. La convocatoria a la caminata estuvo firmada esta vez por dos de los intelectuales mayores de nuestra hora, don Pablo González Casanova y don Luis Villoro. Al llegar a su destino, la caravana se encontrará con los activistas de Reforma Política Ya, acampados sobre la acera del edificio legislativo.

Esta presencia dominical ante la sede de uno de los poderes que no logró convocar a un periodo de sesiones extraordinarias, simboliza las distintas velocidades a que se están moviendo los representantes de la nación y la porción más visible de la sociedad participante. Ésta parece recuperar la conciencia de que ningún cambio político trascendente podrá salir avante sin su presencia. Quienes integran los poderes constituidos, a su turno, van camino a percatarse plenamente de la renovada movilización ciudadana, pero se distraen de la atención que deben prestarle por su rutina cotidiana, que consiste en la aplicación de recetas burocráticas y en la ruda defensa y ampliación de sus propios intereses materiales. Tal diferencia de ritmos genera y explica los desencuentros, así como la lentitud con que avanzan los magros resultados de la conjunción de pareceres entre la gente en acción y los gobernantes.

Aunque en rigor jurídico la Universidad Nacional Autónoma de México es un órgano del Estado mexicano, su autonomía le ha permitido ser más social que estatal. Por eso no es erróneo que sumemos su más reciente aportación al debate público sobre la inseguridad como una contribución de la sociedad, que por lo mismo está en sintonía con la desazón y las tribulaciones que afectan a la gente común y, por otro lado con sus esfuerzos organizados por enfrentar sus causas.

Un profundo malestar cunde en el País ante los crecientes peligros que, de orígenes encontrados como los delincuenciales y los de quienes formalmente los persiguen, se ciernen sobre las familias y las personas. Es grave vivir con incertidumbres, ante el riesgo de ser víctima de un asalto en el propio domicilio, y que quien lo practique sea un atracador profesional o una policía errática que busca en el extremo sur de la ciudad de México un bandolero al que halla kilómetros más allá, en la avenida Luis Cabrera. Tal vez el que los asaltantes con uniforme provengan de Toluca explica que su desconocimiento de la geografía urbana los lleve a invadir con violencia tres domicilios de personas que difícilmente olvidarán la madrugada del once de agosto. A esa hora su tranquilidad quedó destrozada, en mayor medida que el grave deterioro sufrido por su patrimonio, sea por destrucción o por robo. ¡Qué frágil es la condición ciudadana ante corporaciones de seguridad que no contentas con irrumpir en los hogares y comprobar que se equivocaron y, de paso, coger lo que hallen a su paso, como rateros vulgares.

Una de las víctimas del triple asalto en la colonia Torres de Padierna es la maestra en ciencias, bióloga en su primer grado, Patricia Magaña. El suyo y el de su hija, así como el de sus padres –junto con el de Guadalupe Belmontes y Efraín Bartolomé- fueron vulnerados por la brutal y torpe incursión policiaca. La maestra Magaña dirige la revista Ciencias en la Facultad respectiva de la UNAM, donde también es profesora. Otra integrante de la comunidad universitaria, la investigadora Yadira Dávila, del Centro de Ciencias de la Universidad Nacional, con sede en Cuernavaca, desapareció hace más de una semana –el viernes cinco de agosto- sin que se tenga noticia de su paradero. Para colmo, el ministerio público local ante el que se hizo la denuncia, es reticente para iniciar la averiguación previa aduciendo que puede tratarse de un acto de voluntad de la maestra, cuando que la indagación ministerial tendría que determinar si esa fue la causa de la desaparición o una acción ajena a esa voluntad.

La Universidad nacional, pues, presentó el lunes pasado sus Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia. En una suerte de acuse de recibo, el jueves siguiente el presidente Calderón invitó al rector José Narro Robles y a su predecesor Jorge Carpizo a una reunión para hablar de las propuestas contenidas en el documento. Éste surgió de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia convocada por la UNAM y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presidido por Carpizo, quien encabezó la comisión encargada de redactar el documento y lo presentó en la antigua Escuela Nacional de Medicina, razones por las que también ha sido invitado por Calderón.

Los Elementos de la UNAM parten de un diagnóstico severísimo del modo en que se enfrentan hoy la inseguridad y la violencia. Aunque es manifiesta su voluntad conciliatoria y propositiva, el documento no ahorra críticas a la estructura gubernamental concernida y su deplorable funcionamiento. Por ello propone un cambio, que debe comprender un proceso de diagnóstico amplio y participativo, una reforma fiscal que garantice el flujo de recursos para los cambios propuestos, el desarrollo de una política frente al crimen, la prevención y recuperación del espacio público (que a su vez incluya un severo control de adicciones y una política para la juventud). Eso en materia de seguridad. En cuanto a justicia, las acciones del cambio prescritas por el documento incluyen la difusión y explicación de los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos, así como acciones contra el lavado de dinero.

El documento concluye con la exposición de 30 propuestas a las autoridad (así como el enunciado de seis acciones que corresponden a la propia Universidad, algunas de las cuales requieren la participación del conjunto de las instituciones públicas de enseñanza superior, a través de la ANUIES.

Algunas de las propuestas son de lenta aplicación y acaso sea imposible llevarlas a la práctica por más que haya signos promisorios en contrario. Pienso en la iniciativa de proponer “un pacto político y social de base amplia que permita reorientar a nuestras instituciones de seguridad y de justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país”. Si bien la hora presente es poco propicia a los entendimientos (los partidos están enzarzados en sus propios conflictos interiores con vistas a las elecciones presidenciales del año próximo), hay signos alentadores en sentido contrario; la Confederación Patronal de la República Mexicana ha presentado su propia propuesta sobre esa emergencia nacional y manifestado su propósito de caminar junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que a su vez está aglutinando las sensibilidades de la comunidad de redes constituidas en torno de los derechos humanos.

Los Elementos preparados por la UNAM tienen varios méritos. Uno principal es que atiende los dos extremos del combate a la narcodelincuencia que deben ser privilegiados, por encima de la lucha armada en su contra: el combate a las adicciones y el lavado de dinero. Si se contiene el crecimiento de la demanda, es decir si se reduce el consumo y se impide la entrada de las ganancias del prosperísimo negocio que lo satisface a los circuitos legales de la economía se obtendrá mayo eficacia.

Tienen también valor específico las recomendaciones sobre el régimen de ejecución de penas, cuya reforma formal, ya vigente, sufre un retraso considerable. El documento universitario propone “dejar de ver a la prisión como la medida más adecuada para la solución del conflicto social generado por los delitos violentos, dimensionándola como un último recurso únicamente “para tal género de ilícitos y sólo con fines de protección social, readaptación y reinserción”. Y en contraste “despenalizar aquella conductas que no atentan en forma importante contra la sociedad y trasladar la atención de las mismas a otras esferas, como la administrativa”

Esperemos del diálogo entre el Presidente y el Rector un mecanismo formal de discusión del documento. Empecinado en su estrategia, no obstante su manifiesta insuficiencia y deformaciones, Calderón había sólo admitido hablar de la materia ante interlocutores afines o poco exigentes, hasta que se reunió con el movimiento inspirado por Javier Sicilia. Que dé ahora un paso más.

Garzón en México

El suspendido juez Baltasar Garzón está en México. El miércoles anunció la próxima celebración del foro “Legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad”, organizado por la Cámara de Diputados, que se realizará antes de que termine la presidencia de Jorge Carlos Ramírez Marín en la mesa directiva.

El solo título del encuentro, y la presencia principal de Garzón, muestran las coincidencias de instituciones y corrientes sociales acerca de la violencia que priva en nuestro país y la riesgosa y hasta ahora inútil estrategia gubernamental para contenerla. El movimiento iniciado por Javier Sicilia trata de lograr la paz con justicia y dignidad y pugna por una ley de seguridad que parta del respeto a los derechos humanos, en vez de propiciar su agravio. Y la Universidad Nacional acaba de ofrecer a las instituciones involucradas, unos muy valiosos Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia.

Garzón, que durante su desempeño en la Audiencia Nacional Española libró fuertes y exitosos combates contra el narcotráfico, consideró que los miles de muertos con violencia y también los miles de desaparecidos en el lustro reciente significan un costo elevadísimo para la sociedad mexicana. Por supuesto, no está –como nadie puede estarlo- en contra de que se combata al crimen organizado. Pero, puntualizó, “hay que hacerlo con un diseño claramente estratégico, con una convicción democrática absoluta, con unos límites claramente definidos. Los espacios sin derecho no son aceptables”. Agregó que “ni un solo ejemplo histórico de extralimitación de esos márgenes ha sido al final positivo. Ha sido peor para sus propias instituciones, para la credibilidad democrática de las mismas y para los ciudadanos”.

A pesar de que hace ya más de un año fue suspendido de sus funciones de juez de instrucción, y está sometido a procesos por prevaricato (delito que comete quien se excede en sus funciones), Garzón no ha perdido la autoridad ética que adquirió a lo largo de casi un cuarto de siglo al servicio de la justicia. El fiscal de la Corte Penal Internacional, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo lo designó su consultor principal aprovechando su obligado receso en la carrera judicial española, que Garzón inició poco después de su graduación como abogado en la universidad de su natal Jaén en 1978. Hace apenas un mes, el siete de julio fue elegido miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos y Degradantes.

Garzón se hizo notorio en España por su activismo contra el narcotráfico y contra la organización separatista y terrorista ETA, así como contra agrupaciones, partidos y periódicos a los que imputó complicidades o servir como canal de financiamiento de ese grupo que busca la independencia de Euzkadi por la vía violenta y hoy está al borde de la extinción. Pero su fama alcanzó dimensiones mundiales por su embate contra las dictaduras sudamericanas de los años setenta. En 1998 ordenó la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, y dos años más tarde, como parte de una acusación contra un centenar de militares argentinos, obtuvo la extradición de México a España del Ricardo Miguel Cavallo, un torturador que aquí se disfrazaba de honorable empresario.

La ya prolongada trayectoria de Garzón, que le ha valido reconocimiento internacional, también le ha significado la inquina de intereses poderosos. Cercano al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lo hizo parlamentario en 1993 (para lo cual obtuvo licencia durante su breve estancia en el Congreso de los Diputados), se volvió en su contra cuando años más tarde puso al descubierto el terrorismo de estado que practicaron los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). No eran más que una fuerza parapolicial, organizada desde el Ministerio del Interior, cuyo titular José Barrionuevo fue encarcelado precisamente por transgredir la ley, pues el Estado debe combatir al terrorismo pero no asimilarse a él utilizando sus propios instrumentos. Igualmente se echó encima a los poderosos de las finanzas cuando descubrió un fondo secreto de pensiones organizado en el extranjero por el Banco Bilbao Vizcaya (que con la suma de Argentaria es poseedor en México de Bancomer).

El año pasado, sin embargo, Garzón llegó a un límite que los poderes fácticos de España no le permitieron traspasar. Por un lado, llevó a proceso a decenas de negociantes y políticos del Partido Popular que en Madrid, Valencia y la Costa del Sol tejieron una trama de lavado de dinero, fraude fiscal y tráfico de influencias. Y, por otro lado, pretendió realizar lo que hubiera sido la hazaña de su vida: enjuiciar al franquismo por los miles de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes. Fue denunciado por prevaricato por agrupaciones de la extrema derecha española, y su imputación tuvo efectos. La propia Audiencia Nacional, de la que Garzón forma parte, lo suspendió en sus funciones el 24 de mayo de 2010, mientras duren los procesos en su contra.

En este viaje a México, Garzón envió a su amigo Pablo Salazar Mendiguchía un mensaje de solidaridad en su infortunio, preso como está en Chiapas. Habló con Pablo Salazar López, hijo del ex Gobernador víctima de la persecución de su sucesor Juan Sabines, y le dijo estar cierto de la inocencia de su padre. Esa abierta posición contrasta con el hermetismo miedoso de los compañeros políticos de Salazar Mendiguchía, incluyendo a los que recibieron de él impulso en su carrera.

TEPJF: ¿vuelta atrás?

Antes de ayer se había planteado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el dilema clásico en la elección de un líder. La disyuntiva era entre continuidad o cambio. La primera estaba encarnada por la presidenta saliente, María del Carmen Alanís. La segunda por Pedro Penagos o Constancio Carrasco. A última hora, sin embargo, el dilema encontró una tercera salida, que puede ser la muy positiva de partir del consenso, pero puede también significar una vuelta atrás, un regreso al pasado que marcó para mal el funcionamiento del órgano que encabeza la justicia electoral en nuestro País.

Es que el nuevo presidente del tribunal electoral federal, Alejandro Luna Ramos, formó parte de la plantilla de magistrados que calificó la elección presidencial de 2006 y declaró electo a Felipe Calderón. Fue, por lo tanto, uno de los suscriptores del instrumento de calificación en que se acumularon argumentos sobre las irregularidades del proceso que concluía con esa toma de posición del órgano calificador. Tras la lectura de los fundamentos de ese dictamen (no sentencia porque en ese momento los magistrados ejercían no una función jurisdiccional sino una de política constitucional), uno supondría que la conclusión inevitable era anular la elección. Pero se produjo un non sequitur y se declaró electo a Calderón, ocasionando con ello una fractura en la sociedad mexicana que en vez de aliviarse con el paso del tiempo se ha ahondado y complicado.

Poco después de emitir ese fallo, los magistrados del TEPJF fueron sustituidos por haber terminado el plazo para el cual fueron elegidos por el Senado. Todos, menos Luna Ramos. Él había llegado a ese órgano jurisdiccional en octubre de 2005, para cubrir la vacante dejada por la muerte de don José Luis de la Peza. Desde el momento mismo de su designación se planteó lo que acaso es un falso problema pero que puede ser objeto de interpretación: ¿iba el nuevo magistrado a ser un mero suplente, que concluiría su encargo como el resto de sus compañeros al cumplirse diez años (que era el término del finado De la Peza)? ¿O su nombramiento tendría también una duración decenal, en cuyo caso permanecerá en el cargo hasta 2015? Se fechó de este modo su designación y por lo tanto quedó convertido en una suerte de magistrado de transición.

Sea de ello lo que fuere, el hecho introdujo en el tribunal una herencia del ayer, pues Luna Ramos formó el pleno con los magistrados que no se atrevieron a sacar la consecuencia de que Vicente Fox descompuso el proceso de 2006 con múltiples intervenciones ilegales. Simplemente las hicieron constar. Luna Ramos es, por lo tanto, el único magistrado que participará en dos elecciones presidenciales, y su modo de actuar en la primera debe ponernos alerta respecto de su conducta en la segunda.

Luna Ramo fue miembro del PRI en sus mocedades. Y se ocupó entonces, de 1968 a 1970, de asuntos electorales en la Ciudad de México. Es difícil afirmar y aun aceptar que esa huella juvenil es perenne y lo marca desde entonces. Pero su participación en asuntos cruciales para la vida democrática del País muestra que mantiene una eventual inclinación hacia ese partido. Le correspondió ser ponente en el juicio de revisión constitucional planteado por la oposición en Hidalgo, con Xóchitl Gálvez a la cabeza. Y aunque se adujeron indicios (que no pruebas, pues conforme lo dijo en su momento Luis Cabrera, a los tramposos se les tacha de eso, y no de torpes que mantengan el lodo en las manos después de amasar el fraude) que revelaron una intervención indebida del Gobierno y el uso de recursos públicos, desestimó los alegatos oposicionistas y sentó de ese modo (con el voto unánime de sus compañeros, es cierto, pero a partir de sus razonamientos) una suerte de jurisprudencia negra: rompan los poderosos los límites de la ley, que si su conducta no es determinante del resultado y encuentran tribunal que la cohoneste, puede irse tranquilos con su botín.

La elección de Luna Ramos sólo sorprendió a quienes veían como únicos participantes en la votación a Alanís y Penagos. No fue el caso de Reforma, que subrayó la incertidumbre en que el tribunal llegaba a su momento clave, y supuso que Luna Ramos, presidente interino por unos días, se quedaría en la silla.

El rito electoral obligó a la ex presidenta y al magistrado Galván, ex presidente también, proceder con escaso donaire. Cuando se abrió el turno electoral y se pidió a Alanís proclamar el sentido de su voto, dijo su nombre. Nadie más lo repetiría. Ocurrió lo mismo a Galván, que también sufrió el desaire de que el único voto en su favor fuera el suyo. Entre ambos el magistrado Constancio Carrasco inició la votación favorable a Luna Ramos, seguida después por Manuel González Oropeza, Salvador Nava Gomar, Pedro Penagos y el propio Luna Ramos. No obstante que con esas expresiones en su favor tenía ya asegurada su elección (se requieren cuatro de los siete votos posibles, y está prohibida la abstención) el nuevo presidente careció de la elegancia que en casos de esa índole permite y aun obliga a escoger a un destinatario diferente de su propia persona.

Los magistrados de la votación solitaria fueron de ese modo censurados por sus compañeros. No reelegir a María del Carmen Alanís es una desaprobación a su tarea, particularmente por el énfasis puesto en la administración en vez de hacerlo en la función jurisdiccional, como ofreció hacerlo su sucesor. ¿Y quién elegiría a un presidente que lo fue y renunció?

La Sosa Nostra, presente

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá hoy la revisión de un amparo negado a Alfredo Rivera, un caso prototípico de acoso judicial contra la libertad de expresión. El juicio civil por daño moral que dio lugar al juicio de garantías comenzó hace exactamente siete años, en agosto de 2004. El cacique de la Universidad autónoma del estado de Hidalgo demandó a Rivera por la autoría del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, alegando daño a una reputación que desde hace casi tres décadas está en entredicho.

Ahora mismo, la comunidad universitaria hidalguense ha sido movilizada a favor de los intereses pecuniarios personales de Gerardo Sosa Es una muestra más de que cuanto se dice en el libro de Rivera corresponde a la verdad. Sosa Castelán, que ha sido diputado federal priísta, precandidato al gobierno del estado y sobre todo factor dominante de la UAEH, de la que fue rector sin los méritos académicos para serlo, ha sometido a esa institución en su provecho.

Político poderoso, que ahora se aproxima al PAN, pero hizo su carrera en el PRI, Sosa Castelán ha solido contar con el favor, el temor y el apoyo de los gobiernos hidalguenses, salvo en los años recientes en que sus intereses políticos chocaron con los del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, y de quien lo reemplazó el primero de abril, Francisco Olvera.

El año pasado el gobierno estatal clausuró una gasolinería ubicada a la salida de Pachuca, camino a Tulancingo. Se argumentaron motivos de seguridad cuyo cuidado está a cargo de Protección Civil. La clausura provocó la protesta de autoridades universitarias, pues se daba por hecho que la franquicia de ese expendio de combustibles pertenece a la Universidad. Todavía la semana pasada el rector, el secretario general y los líderes de la federación estudiantil y de los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos suscribieron una nueva demanda al gobierno estatal para que la gasolinería sea reabierta. El viernes pasado miembros de la agrupación de alumnos tomaron varias calles importantes en la ciudad y estrangularon el tránsito. Era sólo el preámbulo de una protesta mayor, que iba a tener lugar ayer martes según anuncios repetidos. Pero el gobernador Olvera, de quien Sosa esperaba esa actitud desde que asumió el cargo, anunció el domingo que ordenará la revisión del caso. Y por lo pronto la marcha -a las que la sociedad pachuqueña teme pues ese género de movilizaciones suele terminar en vandalismo y agresión franca a personas y establecimientos comerciales- ha quedado en suspenso.

Ocurre, sin embargo, que de la franquicia no es titular la Universidad sino un particular, el contador Óscar Pacheco, a quien se tiene como prestanombres de Sosa. Generar apariencias escudándose en la universidad para la gestión de intereses privados ha sido una costumbre largamente observada por Sosa en su beneficio. Por ejemplo, creó la Fundación Universidad que consiguió de esa casa de estudios autorización para, por ejemplo, manejar los estacionamientos de los predios universitarios. De pronto, sin embargo, la Fundación universitaria fue suprimida y en su lugar se creó la Fundación Hidalguense, sobre la cual Sosa tuvo aun mayor control.

Exponer este género de conductas patrimonialistas, así como su práctica autoritaria, que es enteramente contraria a las libertades que han de privar en las universidades públicas es lo que hizo Rivera en su libro, aparecido en mayo de 2004. En agosto siguiente Sosa inició en su contra (y otros demandados) un juicio de responsabilidad civil por daño moral. No debió haber prosperado y sin embargo, en primera y segunda instancia el autor fue condenado, a través de razonamientos inadmisibles como el que hace una actividad ilegal la de publicar libros. A Rivera se le atribuyeron también actos que no cometió. En efecto escribió el libro, pero no lo publicó, distribuyó ni comercializó, actos por los cuales también se le sanciona.

A través de un despacho cuyos servicios han de ser onerosísimos, Sosa ha mantenido durante siete años un sostenido acoso judicial contra Rivera, que no hubiera podido pagar la asistencia jurídica que ha recibido de la doctora Perla Gómez, de no ser porque el caso se benefició de fondos destinados a la defensa de la libertad de expresión y luego por la liberalidad altruista de la abogada, que actúa probono.

Para protegerse de las sentencias civiles, Rivera demandó amparo, que le fue negado. Al solicitar la revisión, la doctora Gómez pidió también que la Corte atrajera el caso. Es que el asunto envuelve cuestiones que el máximo tribunal ha venido atendiendo por su trascendencia jurídica y social. En mayo pasado, una mayoría de cuatro a una desechó el proyecto de sentencia preparado por la ministra Olga María Sánchez Cordero. Ésta propuso que se amparara a Rivera mediante la aplicación de una ley especial y posterior a la reforma al código civil, cuyo sentido es realmente proteger el honor de una persona y no permitir que se tase la reputación en cantidades fijadas arbitrariamente por el juez.

Como ha hecho antes, la primera sala podría resolver este caso con base en el criterio de que las figuras pública están expuestas al escrutinio social en mayor medida que los particulares. Si se confirmaran las sentencias civiles, Gerardo Sosa quedaría en posición no sólo de víctima sino que haría un negocio redondo si se obliga a Rivera a pagar una indemnización que acrecentaría el mal habido patrimonio de Sosa.

Isabel Ayala

La señora Isabel Ayala Nava, de 54 años, y su hermana Reina, de 58, fueron asesinadas en Xaltianguis, un poblado en la zona rural de Acapulco, al mediodía del tres de julio. Se habían situado, como acostumbraban, a las afueras del templo del lugar, a vender comida y otras mercancías.

Su muerte puede ser una de las muchas que se practican en Guerrero, al lado de las todavía más numerosas que perpetra el crimen organizado o suscita el combate oficial contra el narcotráfico. Esa entidad es una de las que mayor violencia criminal padece: según el ejecutómetro del Grupo Reforma, el viernes pasado el número de asesinatos sobrepasó el millar en lo que va del año. Es un rango semejante al de Chihuahua y Nuevo León. Pero la cifra crece todos los días: durante el fin de semana cayeron ocho personas más, seis de ellos en el propio Acapulco.

El gobierno de Zeferino Torreblanca, que para fortuna de los guerrerenses terminó el último día de marzo pasado, fue incapaz de dotar a sus gobernados de la paz y la tranquilidad que anhelan y en función de las cuales le dieron su voto seis años. Pero la nueva administración, que refrendó la estancia del PRD en el gobierno en la persona de un priísta, Ángel Helado Aguirre, hace padecer a los guerrerenses la misma abulia, en el mejor de los casos, que genera impunidad. La mayor parte de los asesinatos producidos en los siete meses concluidos de este año, cuatro de los cuales corresponden al gobierno de Aguirre, son incluidos en la suma de los ejecutados y su averiguación y persecución presuntamente son realizadas por la Procuraduría general de la república. Pero esa formalidad no corresponde a la realidad, pues el ministerio público federal se asemeja al local en el incumplimiento de su deber, Otros muchos homicidios, como el del arquitecto Francisco Xavier Serrano, y el de las hermanas Ayala Nava debieran ser materia del fuero común, es decir, responsabilidad del gobierno local. Pero en los hechos nadie se ocupa de ellos. Aquel, que era un turista en ese puerto, fue asesinado el 11 de julio en Zihuatanejo, a donde había acudido a descansar y divertirse. Las hermanas Ayala Nava residían en la porción rural acapulqueña y es probable que su asesinato obedezca a móviles políticos, que no han sido admitidos por nadie.

Isabel Ayala fue la última compañera de Lucio Cabañas. Subió con él a la sierra de Guerrero y procrearon una niña, nacida el 29 de septiembre de 1974. Dos meses después el jefe de la Brigada de ajusticiamiento del Partido de los Pobres fue muerto, no se aclaró nunca si por su propia mano, para no ser hecho prisionero, o por un ataque artero.

En el momento de la muerte de Cabañas, que encabezó la más importante insurrección armada en Guerrero, su mujer Isabel estaba presa en el Campo Militar No. Uno. Sin estar sometida a causa penal ninguna, allí permaneció hasta 1976, de suerte que su hija vivió los primeros 22 meses de su vida en esa instalación militar, convertida entonces y más de una vez después, en cárcel ilegal.

En ese mismo 1974 se intensificó la guerra sucia contra la guerrilla, debido al secuestro del candidato a gobernador Rubén Figueroa Figueroa, liberado a balazos por el ejército. La guerra sucia del gobierno de Echeverría conoció entonces alcances que excedían la peligrosidad de los alzados. Por supuesto que el jefe del Estado mexicano, el poder ejecutivo, tenía la responsabilidad de enfrentar el desafío armado. Pero no lo hizo con los instrumentos legales de que disponía. La tropa militar no hacía prisioneros: mataba sobre el terreno a sus enemigos, o los retenía brevemente para después ejecutarlos.

La estrategia militar incluía arrasar a las comunidades donde se presumía que Cabañas podría hallar refugio y aprovisionamiento, y también matar o hacer que desaparecieran presuntos cómplices suyos, que hacían vida pública abierta. Ese fue el caso, entre cientos, de Rosendo Radilla Pacheco, un hombre tan del sistema priísta que había sido líder de la Confederación Nacional Nampesina en Atoyac de Álvarez, de donde fue también alcalde.

El 26 de agosto de 1974, delante de su hijo, fue detenido por miembros del Ejército, que lo llevaron consigo a un cuartel militar, según testimonios de otros detenidos allí, y luego lo sacaron. Radilla había compuesto corridos sobre la insurrección armada y eso bastó para ultimarlo sin sentencia, según se presume.

Su caso permaneció en la impunidad hasta que la alternancia del 2000 permitió airear su desaparición. Llevada ante la Comisión interamericana de derechos humanos y por ésta ante la Corte penal respectiva, después de muchos y fatigosos afanes jurídicos fue emitida una sentencia que obliga al Estado mexicano a reparar el daño y a reiniciar investigaciones sobre el destino de Radilla.

Aunque sea con reticencias que poco a poco han sido vencidas, el cumplimiento de la sentencia de la Corte interamericana permitirá revivir las circunstancias de la guerra sucia, en la que se inscribe la desaparición de Radilla, que nunca fue llevado ante un juez. Tal vez se descorran velos sobre las responsabilidades del Estado mexicano, de los gobiernos federal y local de entonces, y mandos militares que se excedieron en el acatamiento a órdenes que no fueron emitidas por escrito y permitían por ello interpretaciones y excesos. Isabel Ayala fue en alguna medida protagonista, testigo y víctima de sucesos que interese mantener ocultos. ¿Sería por eso que la mataron? ¿Será por eso que, bajo amenazas, su hija Micaela busca asilo?

SonreISSSTE

El asunto no es cosa de risa, pero para examinarlo conviene establecer la diferencia entre sonreír y reír, y especialmente reír de alguien. Es temprano para determinar si en el conflicto, que no es risible, entre el presidente Calderón y su aliada Elba Ester Gordillo, quién reirá mejor porque lo hará al último. En este momento parece que la derrotada es la presidenta nacional del SNTE y propietaria del partido Nueva Alianza. Pero es habilidosa y experimentada y en cualquier momento puede hacer que la situación del ISSSTE, que hoy disminuye su vasto poder, se torne su contrario.

La relación entre Calderón y Gordillo es compleja, porque concierne a varias parcelas del poder administrativo y político. Incluyó en beneficio de la lideresa magisterial la entrega de la dirección del ISSSTE, que ella encargó a Miguel Ángel Yunes. Pero a pesar de la importancia de esa institución, no es la zona gubernamental más importante con cuyo manejo pagó el Presidente los servicios que le permiten ser llamado así, prestados por Gordillo y su equipo magisterial-electoral. La dirigente mantiene a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, más allá de quien ostente la titularidad, a dos hombres de su estricta confianza, su yerno uno de ellos. Pero, amén de otros cargos en la propia SEP, y el control de mecanismos de tomas de decisión, el sistema educativo mexicano resiente la gran influencia sindical, porque la mayor parte de los secretarios estatales de educación fueron designados por el sindicato, es decir Gordillo, o bien independientemente de su origen están adosados a los designios de la lideresa.

Ese (como el de la Lotería Nacional) es un territorio intocado, sometido inequívocamente al gordillismo. Cuando se hizo evidente un conflicto entre la secretaria Josefina Vázquez Mota y Gordillo, Calderón optó por ésta y despidió a quien ahora se perfila como notoria opción electoral de su partido. El sucesor de la Diputada-precandidata, que también aspira a la candidatura presidencial se cuida en exceso. Y ya se sabe que para ejercer un mando administrativo de alto nivel es preciso contar con una cierta dosis de arrojo.

Pero en el ISSSTE las cosas cambiaron. Calderón aprovechó la coyuntura en que Yunes fue a encontrarse con la derrota veracruzana, para retomar el control de la institución que provee seguridad social a los empleados públicos. Permitió a Yunes designar a su sucesor, y sólo un año después, cuando se aseguró de que Jesús Villalobos estaría a su servicio y no al de Gordillo, lo ratificó y lo mantiene no obstante el asedio a que lo tiene sometido la central burocrática que es otro bastión de Gordillo.

El distanciamiento de Calderón y la profesora pasa también por el coqueteo del Panal con el PRI, con miras a las elecciones presidenciales. A nadie sorprende, nadie desconoce la doble cara que en esta materia muestra Nueva Alianza en elecciones estatales: ahora se alía con el PAN (como en Sinaloa, Puebla, Oaxaca, Veracruz) ahora entrega sus favores al PRI (como en Hidalgo y México). Pero una cosa es hacerlo en comicios locales y otra muy diferente alinearse con el PRI en la elección de Presidente de la República. El mismo papel determinante, con los mismos instrumentos, que el Panal tuvo en 2006 a favor de Calderón, podría tenerlo en provecho de Enrique Peña Nieto. Esa determinación, aunque apenas esté esbozada, escuece el ánimo de Calderón. Ante esa raspadura, Gordillo ha querido administrar un bálsamo a su socio. Y ningún terreno mejor para hacerlo que Michoacán, donde la candidatura de Luisa María Calderón será presentada por el PAN y el Panal.

También ha bajado de tono la impugnación a Villalobos en el ISSSTE. Todavía dirigentes de la Federación Democrática de Sindicatos del Servicio Público envían de tanto en tanto a representados suyos a que muestren al director general su rechazo. Pero lo hacen con desgano y sin ánimo de cumplir su amenaza principal, que es la de tomar las instalaciones centrales. El riesgo de Villalobos, a quien ostensiblemente apoya Calderón, ha cesado. Y ello le permite ignorar los reclamos de información de sus impugnadores, y echar a andar programas nuevos que hagan olvidar las carencias, deficiencias e irregularidades que padece el personal público, destinatario de los servicios de esa institución.

Al comenzar agosto Villalobos visitó el Hospital regional Adolfo López Mateos. Lo acompañaron su familia y principales colaboradores. Su propósito era “presenciar y constatar los beneficios del Programa SonreISSSTE, entre cuyos objetivos se destaca contribuir a disminuir el estrés generado por la hospitalización e incidir en un mejor estado de ánimo entre los pacientes y sus familiares”.

Se trata de hacer reír a unos y a otros. Es la aplicación de la risoterapia, practicada e impartida por “profesionales de las artes escénicas -payasos, mimos, magos, botargas, un grupo melódico y cantantes- como parte de una terapia integral a los derechohabientes de la institución”. El programa parte, según reza el infomercial de que tomo estas palabras de que “reír y estar contentos libera endorfinas en el organismo y ayudan al tratamiento de enfermedades crónicas, principalmente”.

No lo dice la nota pagada donde leo estos datos, pero para el personal médico, paramédico, administrativo del ISSSTE, sometido a sus propias tensiones por la falta de elementos para atender a los pacientes y sus familias, es una ayuda que en vez de malas caras vean rostros sonrientes: Aunque los mandones se rían de todos.