49 cadáveres.

Agradezco a lectores y editores su comprensión por mi ausencia, así como sus mensajes de solidaridad.

Ante la osadía de bandas criminales capaces de asesinar a 49 personas en sólo dos días y, lo más grave, dispersar sus cuerpos en la vía pública de la conurbación Veracruz-Boca del Río, la única reacción gubernamental admisible era una inmediata operación ministerial y policiaca que contenga esa porción de la delincuencia y le evite cometer más delitos. Pero el neófito Gobernador de Veracruz, en vez de cumplir su deber, se limitó a transmitir en Twitter recados escandalosos por su carácter elemental. Casi felicitó a los autores del desafío y casi culpó a las víctimas, porque habían escogido el camino del mal, que sólo tiene dos salidas, la muerte o la prisión. Y para colmo, negó que además de los 35 cuerpos inicialmente exhibidos haya habido 14 más al día siguiente.

Por lo pronto, los criminales que mostraron su capacidad homicida siguen recorriendo la misma senda sin que se aproximen a ninguno de los dos extremos a que se limita la prédica de Javier Duarte de Ochoa. Y es que la averiguación ministerial se contentó con identificar a las víctimas y a comprobar su pertenencia a bandas delincuenciales. Tan satisfecho estaba el Gobernador que el primer día, cuando “sólo” habían aparecido 35 cuerpos los citó como muestra de que en su estado se combate a la delincuencia. A menos que haya tenido un traspié y las víctimas, de aquella tanda y probablemente la segunda también, fueron ultimados por la fuerza pública (único modo en que puede comprenderse el que esa matanza sea considerada como eficaz medida de seguridad), Duarte de Ochoa no parece tener idea de lo que ocurre en su entorno. De allí el desmentido que emitió el viernes, negando que a la suma inicial se hubieran agregado nuevas muertes. No fueron, ciertamente, conducidos a un lugar muy visible, sino que se les dejó en varios puntos del puerto. Pero su muerte y el hallazgo de los cadáveres eran, el viernes después del desmentido, una realidad inequívoca.

Duarte de Ochoa es un político neófito, escogido por su único jefe, Fidel Herrera sólo para tener cubiertas las espaldas. El actual Gobernador, que el lunes pasado cumplió apenas 38 años, carece de experiencia y de tacto político. Después de obtener sus títulos académicos, como economista y abogado, sólo tuvo desempeños subalternos con Herrera: fue su secretario particular la última vez en que éste fue diputado, en la LVII Legislatura, de 1997 a 2000. Años más tarde, ya gobernador, Herrera lo hizo subsecretario de Finanzas y luego titular de esa Secretaría. En ninguno de los dos cargos perseveró, pues el Gobernador lo condujo a la Cámara de diputados, donde apenas cubrió un periodo ordinario, ya que fue lanzado a la Gubernatura. Contó durante su campaña con auxilios financieros ostensibles del Gobernador, que con tal de asegurar el triunfo de su partido no vaciló en dejar en la penuria a las finanzas estatales, afectadas por déficit voluminosos que se cubrieron, como en otras entidades regidas por gobernadores manirrotos, acudiendo al crédito bancario y a la bursatilización de las participaciones federales, lo que equivale a hipotecar el tesoro público estatal.

Herrera heredó a su pupilo no sólo esa desvastada economía gubernamental, sino también una creciente inseguridad. Veracruz ha padecido épocas de acusada criminalidad, ejercida por bandas a cuyos jefes las autoridades temían y con las que entraban en connivencia. En un juego verbal que alude al conocido conjunto cubano de música tropical, circuló impunemente durante años la Sonora Matancera, Los cacicazgos reinantes en distintas porciones de la entidad basaron su poder en el uso de la horca y el cuchillo, es decir en la supresión de la vida de quienes se oponían a ese imperio de la ilegalidad.

Pero la conversión de México en mercado de drogas, la posición geográfica de la entidad en la ruta de Centroamérica a los Estados Unidos, y la fragilidad de las instituciones así como la corrupción de no pocos funcionarios permitieron que en Veracruz todo abuso y todo crimen fuera posible. En la tortuosa ruta de los migrantes, algunos lugares veracruzanos se convirtieron en parajes infernales. Si algo caracterizó al Gobierno de Herrera, fue la penetración de la delincuencia. El propio Gobernador fue señalado como partícipe de acuerdos por los cuales Los Zetas se asentaron en su territorio, a través de una suerte de sucursal local conocida como La compañía.

Los 35 cuerpos del primer día mostraron la crueldad extrema de sus asesinos. No fueron muertos a balazos sino asfixiados y tundidos con brutalidad. Firmó el mensaje adosado al crimen colectivo el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ya en agosto de 2007, a la mitad del sexenio de Herrera, ese grupo se había manifestado, con mensajes que como La familia michoacana un año atrás, buscaban presentarse como limpiadores de la sociedad, es decir como asesinos de delincuentes.

Por supuesto, no era una acrisolada conciencia ética la que conducía a sus líderes y miembros a practicar operaciones de limpieza social. Son tan criminales como sus víctimas, pero quizá produjeron en el Gobierno estatal la perversa ilusión de que alguien hiciera el trabajo que con apego a la ley están las autoridades obligadas a desempeñar.

De varias maneras, Herrera sigue gobernando. El procurador Reynaldo Escobar era el secretario de Gobierno en el sexenio anterior. Fue, en su nuevo carácter, uno de los anfitriones del encuentro de procuradores y presidentes de tribunales, testigos accidentales de la violencia veracruzana.

Cordero, locuaz y silencioso

Una vez libre de su responsabilidad como Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero renunció al cargo que desempeñó durante dos años ocho meses, algo que universalmente le era solicitado. No quedará librado a sus propias fuerzas. Indebidamente, el comité panista en el Distrito Federal le prestó sus instalaciones en la colonia Roma. No había hecho con ningún otro de los aspirantes, y eso significa una ventaja leve o intensa en un acto que puede resultar costoso. Si bien el de anteayer no es exactamente equiparable al destapamiento de Josefina Vázquez Mota, esta pagó con sus propios recursos su inicio de campaña, aunque haya quedado disfrazado por el de gestión de cuentas como jefa del grupo parlamentario blanquiazul en San Lázaro. Tampoco Santiago Creel empezó su recorrido en una instalación oficial, ni del Congreso, ni del partido. Cordero lo hizo porque tal vez busque significarse como un aspirante que no se mide con el mismo rasero que los demás.

Dos compañeros suyos en el gabinete, Heriberto Félix Guerra y Alonso Lujambio, renunciaron a su aspiración de ser postulados por su partido. Javier Lozano que tanto se ha caracterizado por su autoritarismo se quedó en la Secretaría del Trabajo y desde allí acompañará a Cordero en su puja por ser lo que hizo Felipe Calderón en 2005.

De modo que quedan en la palestra (así llaman al gimnasio en el norte de Italia) los legisladores con licencia Creel y Vázquez Mota. Es de cuidar que el poblano, antiguo militante priísta, no aproveche su cargo en el gabinete para apuntalar las finanzas de Cordero.

El ex Secretario de Hacienda entró en una nueva etapa de su breve carrera política, la primera que le supone contender contra adversarios, ya sea en elecciones constitucionales, ya en la contienda interna panista. Hasta ahora su avance político ha dependido de sólo una voluntad, la de Felipe Calderón, ya sea cuando éste buscó ser candidato del PAN, ya cuando enfrentó a Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo en la pugna constitucional de 2006. Su falta de experiencia en estas lides puede ser un peso difícil de sobrellevar.

Sus primeros andares no han sido afortunados. Dejemos de lado su vínculo con Miguel Ángel Yúnez y con Fernando Larrazabal. El domingo mismo ante un apoyo notorio de políticos importantes de su partido, se mostró novato en el habla. La oratoria no es aquello que más le enseñaron, o que con mayor provecho estudió en el ITAM y en la escuela de Economía de la Universidad de Yale, ni entre los corrillos de los militantes primerizos en Acción Nacional. Sus discursos iniciales particularmente el del domingo lo revelaron neófito. Y también machista.

Con una metáfora en desuso que ya ni en el PRI se estila, habló de apretarse bien los pantalones (pero no lo dijo ya como Secretario de Hacienda y respecto de mermas en el poder adquisitivo de la población como lo hicieron antecesores suyos) Su metáfora es machista. Habló de apretarse los pantalones como sinónimo de valentía, de fajárselos bien. Es una obvia alusión al pensamiento primitivo que atribuye sólo a los varones y ni de lejos a las mujeres, el valor como prenda personal y menos aún como un rasgo del carácter femenino. No discutiremos aquí, porque sería perder el tiempo la frecuencia y la intensidad con que las mujeres son valientes, a diferencia de los varones, a los que se puede imputar, a menudo, incapacidad de enfrentar circunstancias adversas.

Por lo demás, con bravatas no es conveniente enfrenar al PRI, el de antes o el de hoy.

Al propio Cordero se le puede calificar como carente de ese atributo, la valentía. No obstante que apenas el 7 de agosto fue recibido en Monterrey, en triunfo, por el Alcalde de la capital regiomontana, se abstuvo de manifestarle solidaridad una vez que el comité nacional panista lo urgió a pedir licencia en el Gobierno Municipal a fin de facilitar las indagaciones que tanto la procuración de justicia local, como la dirección nacional del PAN, cada una en su esfera, han emprendido respecto de los casinos de la zona metropolitana de Monterrey.

Menos todavía que la semana pasada Cordero se mostró solidario con Larrazabal. Fue más obvio su silencio ahora porque su responsable de comunicación (que demostró ser lo contrario) lo cobijó en el mutismo que Cordero ha elegido como única manera de no quedar involucrado en un asunto que puede tener graves implicaciones.

Es posible que Cordero quede en disputa con Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel Miranda, únicamente, si como parece el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez se retira de la contienda. Una señal de que puede hacerlo es el pedido que le formuló el gobernador de Guanajuato, José Manuel Oliva (su colega y correligionario en el estricto sentido de la expresión, porque ambos se ubican a la derecha de la derecha de su partido) Al principio de la refriega electoral las identidades ideológicas de Oliva y González Márquez los aproximaron al punto de que pareció apoyo del guanajuatense al Gobernador de Jalisco. Pero no sólo no ocurrió así, sino que Oliva se convirtió en propagandista de Cordero, como se percibió anteayer domingo. Oliva quiere que su compañero jalisciense se ausente de la contienda interna. Si eso significa abandono del sector que sigue a González Márquez, éste tendrá en efecto que cancelar la búsqueda de su postulación.

En consecuencia Cordero quedará sólo frente a aspirantes distantes de Calderón, que al actuar por su cuenta pueden derrotarlo, una u otro.

Gabinete tecnocrático

Ernesto Cordero ha quedado reducido a una condición inequívoca. Ya no es secretario de Hacienda sino sólo candidato a la postulación presidencial. Legisladores con licencia dos de sus contendientes, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, sólo queda el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez como aspirante que al mismo tiempo cuenta para su promoción con los recursos políticos y financieros que les aporta su cargo. No será muy cruda, pero por primera vez Cordero vivirá a la intemperie o para decirlo en el lenguaje evangélico, en “las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes”.

A su renuncia, y la del secretario de Salud siguió un breve reajuste ministerial. En el nuevo gabinete, se acentuó más que nunca la doble característica que ha identificado al equipo de Calderón: impera la tecnocracia y priva la cercanía con quien es ahora el Presidente, pues casi todos han trabajado desde hace una década a su lado, y los más de ellos lo han hecho sólo con él. Tales rasgos quizá favorezcan la coherencia interna del gobierno pero al mismo tiempo lo encierran en una burbuja.

Todos los involucrados se graduaron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y siguieron estudios superiores en universidades norteamericanas. Se les imprimió así una visión unilateral de las cosas del gobierno y de la realidad que desde allí buscan modelar. Salvo José Antonio Meade, que a su licenciatura en economía en el ITAM agrega una en derecho, obtenida en la Universidad Nacional, todos los demás están troquelados en un molde que los asemeja tanto que la interlocución que practiquen equivaldrá a una serie de monólogos al cabo de los cuáles cada quién pensará, admirativamente: “¡qué inteligente es fulana o fulano. Piensa lo mismo que yo”.

También el doctor José Ángel Córdova pasa a un terreno escabroso, el de la contienda electoral en Guanajuato. Ya hemos recordado que hace seis años su paisano Javier Usabiaga dejó la Secretaría de Agricultura para encaminarse al gobierno de su estado y no libró el escollo que significa la derecha extrema en el panismo guanajuatense. El riesgo de Córdova es mayor ahora, pues algunos grupúsculos ultramontanos han de cubrir su nariz para no oler el azufre que emana de la condición demoníaca que le atribuyen. Y es que la mayor parte de los dilemas entre su credo religioso y la norma que estaba obligado a acatar se resolvieron a favor de ésta, como corresponde a una república laica, con una sociedad cuyos enclaves modernos y abiertos tienden a crecer, a pesar de todo.

La designación de su sucesor provocará más de un enarcamiento de cejas. No un médico sino un economista, Salomón Chertorivsky, encabezará en el tramo final de este gobierno la Secretaría de Salud. Una tradición ha hecho que sea un profesional de la medicina quien asuma la titularidad de este ministerio. Fue más breve la que confería, casi por necesidad, a un ingeniero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la de obras públicas. Y ambas se interrumpieron, pues las costumbres son como los zapatos: duran hasta que se rompen.

Ya había sido secretario de salud un abogado, José Antonio González Fernández, durante el año final del gobierno de Ernesto Zedillo. De habérsele requerido mostrar los títulos que lo acreditaban, habría aducido su experiencia en esa oficina, como subsecretario de regulación sanitaria, y su trabajo al frente del ISSSTE, cuyos servicios médicos reclaman una visión semejante a la de la SSA. Cherterovsky era hasta ahora director del Seguro Popular, ese polémico y ambiguo mecanismo que opera sobre la estructura institucional y física de la Secretaría de Salud. A ella tenía acceso, sin pasar por el filtro burocrático del Seguro Popular, toda persona necesitada de atención médica que no contara con la medicina institucionalizada.

Meade (se pronuncia mid) vuelve a la Secretaría de Hacienda después de un breve lapso en la Secretaría de Energía. También fue corta su estancia en la Subsecretaría de Hacienda, pero desde hace diez años actúa en las inmediaciones de ese ministerio: Banrural, Financiera rural, Consar, Seguros y Fianzas. De esa suerte no le es ajeno el trabajo que ahora le impone obligaciones inmediatas y pesadas. La próxima semana ha de explicar y defender ante el Congreso el paquete fiscal cuya presentación fue el último acto (no vamos a decir que el canto del cisne, que podría ser) de Cordero. Encabezará también, en consecuencia, las negociaciones con legisladores, sujeta cada parte a sus propios intereses antes que al general.

Jordi Herrera ha trabajado en la oficina adjunta a la de Calderón, como secretario particular, en varias ocasiones, desde que su jefe presidió el Partido Acción Nacional. Luego, a la cercanía ha agregado un nivel jerárquico que resulta más de la confianza que de la competencia: fue subsecretario de energía con Calderón y ahora dirige una de las empresas de PEMEX, la dedicada al gas y la petroquímica básica.

Otra característica de los nuevos funcionarios es su versatilidad, el que sean llamados a distintos menesteres cuando apenas acaban de sentarse en la silla precedente. Ese es el perfil de Alejandro Poiré, nuevo director del CISEN, a quien han hecho saltar de un lugar a otro. Se genera así una paradoja: se le busca por sus aptitudes, que no le alcanza el tiempo de desplegar a plenitud, con cargo al rendimiento. Mientras no se ofrezca otra cosa, reemplazará a Guillermo Valdez, que volverá a las encuestas, donde ha sido útil.

Contra la violencia, cada uno a su modo

Cada quien enfrenta la violencia y la inseguridad de modos distintos. Unos son eficaces, es decir aminoran o suprimen esos flagelos de la sociedad. Otros son ineficaces, al punto de que logran un efecto contrario al que proclaman.

Un día como hoy, el once de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile agredieron con saña a su propia población, para derribar a un régimen elegido constitucionalmente y que fue convalidado en el Parlamento por la segunda fuerza política de ese país, que se avino al resultado de las urnas. Pero la presión castrense indujo a esa fuerza a volverse contra sí misma, y a sumarse el vano intento de destruir al enemigo interno. La capacidad destructiva de los militares no logró, sin embargo, arrancar la raíz de la democracia electoral chilena. Retrasó, eso sí, casi dos décadas de vida civilizada, y consiguió establecer reglas que siguen vigentes en perjuicio de la sociedad. Chile tiene el peor sistema de financiar la educación pública superior, que excluye de sus beneficios a buena parte de la juventud. Durante diecisiete años la dictadura asesinó e hizo desaparecer a cientos de miles de chilenos, y a otra amplia porción le negó el derecho de vivir en su propio suelo.

El once de septiembre de 2001 la violencia, letal e inesperada, cayó desde lo alto sobre los símbolos del poder norteamericano. Dos aviones destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York, y uno más intentó destruir el Pentágono, el principal centro del mando bélico de Estados Unidos. Inmediatamente perdieron la vida en esos atentados tres mil personas, pero la secuela mortal de los ataques se multiplicó muchas veces. En encolerizada protesta por esta agresión en su propio suelo, la primera padecida por Estados Unidos, y alegando que habían perdido la vida personas inocentes, lo que era verdad y reclamaba justicia, Washington buscó procurársela de propia mano. Lanzó una desproporcionada ofensiva contra Afganistán, suponiendo que de ese modo castigaría a al Qaeda, el grupo terrorista dirigido por Osama bin Laden, a quien imputó la agresión. Años después, motivado por razones que nada, o poco, tienen que ver con la derrota del terrorismo, el presidente Bush invadió Iraq, donde si bien acabó con la dictadura de Saddam Hussein, no logró establecer la democracia, ni siquiera al modo en que se practica en Estados Unidos. Ha logrado, en aquellos lejanos parajes, causar la muerte de cientos de miles de personas, a las que ni siquiera cuenta con precisión, pues de trata de muertos nativos, cuyas vidas carecen de importancia desde la visión de Washington.

¿El despliegue militar norteamericano hizo disminuir el peligro terrorista, aunque su costo fuera alto? No. Apenas hace unos meses Washington localizó, no en Afganistán o Iraq, a los que devastó con ese propósito, sino en Paquistán, su aliado, a Bin Laden. Lo mató en su céntrico refugio y lanzó su cadáver al mar. No lo condujo a un tribunal de crímenes contra la humanidad, pues la medida justiciera, única que diferenciaría de fondo al verdugo de la víctima, colocaría al jefe terrorista, pariente de la casa real saudita, cuyos miembros son a su vez socios en los negocios petroleros de los Bush, en un escaparate peligroso, ideal para la propaganda norteamericana.

La persecución a Bin Laden, y su muerte ahora, no ha hecho disminuir el peligro terrorista. Y en cambio la guerra en su contra empobreció a la mayor parte de la sociedad norteamericana. Los despliegues de tropas han sido costosísimos. Bush decidió que los pagaran los más pobres así como el desequilibrio de las finanzas públicas y con esas actitudes dejó a su sucesor Barack Obama una herencia envenenada.

No contra un enemigo externo, proveniente no de un Estado agresor o contra el que requiramos prevenirnos, el Gobierno federal mexicano libra desde hace cinco años una compleja guerra, orientada en sus inicios a disminuir la presencia del narcotráfico, aminorar su poder de fuego y a evitar el consumo de drogas ilegales en nuestro País. Nadie puede alegar, en abono de la estrategia gubernamental,, que esos objetivos hayan sido alcanzados. Ni siquiera nos hemos aproximado a ellos. Y eso no obstante el Estado persiste en su combate armado a la delincuencia organizada, cuyo mal radica no en que se trate de dar en el blanco sólo a balazos, y no mediante otras tácticas, sino en que el enfrentamiento de ese modo lograría derrotar a las bandas delincuenciales quien sabe cuándo y con qué costos.

Desde distintos miradores y a partir de diversos intereses se ha instado al presidente Calderón a reconocer el fracaso de su modo de lucha y, por lo tanto, a modificarlo. Se ha negado a hacerlo, alegando que no se le ha presentado ninguna alternativa digna de consideración. Y aunque ha aceptado dialogar sobre el tema, parte de la base de que no hay más ruta que la suya. Y no sólo rechaza o desdeña las vías alternas, sin conocerlas a fondo ni evaluarlas, sino que genera un clima institucional agresivo contra los otros poderes, como si éstos actuaran fructuosamente sólo cuando le dan la razón.

Cada quien enfoca como puede la lucha contra la violencia y la inseguridad. Calderón lo hace mudando de domicilio al vocero de su gobierno en la materia, y reclamando a los diputados un gasto crecientemente mayor para las instituciones de procuración y de seguridad pública. Claro que algunas veces esas oficinas pueden ufanarse de logros: no carece de importancia desmantelar la red de telecomunicaciones de Los Zetas en Veracruz, como lo hizo la Armada el jueves pasado, lance en que además logró capturas, lo que no suele ocurrir en episodios como ese. Pero esa es una excepción que confirma la regla, no la regla misma.

Por la ineficacia del sistema para enfrentar la violencia y la inseguridad, han engrosado las capas de inconformes en distintas zonas geográficas y sociales. Proliferan los centros de derechos humanos que concentran su labor en ese terreno, con peligro de sus miembros. Como lo hizo doña Rosario Ibarra de Piedra hace tres décadas y media, cuando transformó sin olvidarlo, su dolor de madre lacerada por la desaparición de su hijo Jesús, en acción colectiva radical, ahora en otras condiciones se multiplican los centros patrocinados por deudos de víctimas, que no se resignan a que sus reclamos sean arrinconados en oscuras oficinas.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, se caracteriza por su activismo social en ese terreno. Aprovecha para ello el doble papel que la historia ha deparado a la UNAM. Como vasta comunidad académica. pertenece a la sociedad civil, y es, al mismo tiempo, parte del Estado mexicano, como órgano constitucional autónomo. Eso le ha permitido producir una iniciativa imantada, a la que se adhieren instituciones y corrientes sociales que comprenden el papel de la mayor casa de estudios superiores en el País El Rector animó la realización de una conferencia internacional sobre seguridad y justicia y democracia, de la cual surgieron unos elementos para la construcción de una política de estado en esa materia, que el propio funcionario ha presentado en diversos escenarios, siempre con aquiescencia, aunque en algunos casos se le ha regateado valor y eficacia.

Por su parte, el Movimiento Nacional para la Paz con Justicia y Dignidad ha concretado sus propuestas y dialogado con los poderes del Estado, en reuniones donde no ha faltado la expresión de reticencias. Pero son más los signos positivos que permitirán florecer a esas iniciativas. Se percibió claramente que así será, en la reunión del jueves pasado en la rectoría de la UNAM. Con amplio propósito incluyente, que no ha sido el de la Secretaría de Gobernación, y menos aún con el afán de instigar a unas agrupaciones contra otras, la Universidad Nacional presentó su documento, mecedor de atención más profunda en las instituciones del Estado, a más de 25 organizaciones civiles, muy activas en ese campo.

Luego de participar en esa presentación, el movimiento inspirado por Javier Sicilia se echó a andar de nuevo. Esta vez recorre los caminos del sur. Hoy domingo transita de Guerrero a Oaxaca, donde las víctimas de la violencia y sus familias, requieren el consuelo llevado antes al norte. En Oaxaca, Chiapas y Veracruz los pacifistas abrazarán a los migrantes perseguidos por (casi) todos.

Ebrard; equívocos y pretextos

Marcelo Ebrard cesó a Martí Batres por expresiones que nunca fueron dichas por el ya ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, el líder de Alianza Social, una de las corrientes del PRD, ni siquiera mencionó el nombre de su hasta entonces jefe, y menos aun acompañado de descalificaciones insultantes. El propio Ebrard, o quien le comunicó lo dicho por Batres el viernes pasado, no podrían aducir una prueba, simplemente porque no la hay. Es imposible probar lo que no ocurrió.

Si obró de buena fe, quien dio cuenta a Ebrard del dicho atribuido a Batres, tal vez confundió la declaración de este, expresada en términos generales, con la opinión más específica manifestada por Dolores Padierna, secretaria general del partido al que todos ellos pertenecen. Ella sí fue explícita en deplorar lo ocurrido, y el daño que a sí mismo se había inferido el jefe de Gobierno, desde su perspectiva de dirigente de otra corriente perredista y número dos del partido.

Sí es verdad que el joven ex funcionario expresó su desacuerdo con el saludo que Ebrard, pues lo consideró una incongruencia. Lo fue en efecto, pues hasta hace unas semanas el Jefe de Gobierno había rehusado estrechar la mano del presidente Calderón, pues el partido a cuya postulación presidencial aspira lo ha declarado ilegítimo. Lo hizo el máximo órgano de Gobierno del PRD en 2006, y no ha habido modificación a esa postura. Hace unas semanas Ebrard estuvo presente en una sesión del Consejo nacional de seguridad pública, encabezada por Calderón. Pero cuando llegó la despedida y el Presidente estrechaba una a una la mano de los gobernadores, el del Distrito Federal se apresuró a salir y no dio ocasión a que Calderón “se tomara la foto” con él.

Ahora hizo deliberadamente lo contrario. Por supuesto que el hecho en sí mismo carece de importancia. Pero constituye un símbolo, que acerca a Ebrard a Calderón y lo aleja de una porción relevante del PRD que mantiene la posición radical del congreso de ese partido. El presidente de esa organización, Jesús Zambrano, y el propio Ebrard justifican la presencia y el saludo a Calderón en una razón que es por lo menos insuficiente, o distinta del móvil que condujo al gobernante de la Ciudad de México a proceder como lo hizo.

La reunión de marras no fue un acto institucional. No se rindió allí el quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República. Éste había sido presentado la víspera, conforme a la norma constitucional, por escrito y ante el Congreso de la Unión, en la apertura de sus sesiones ordinarias. Calderón ha estilado, desde que se modificó el precepto que rige aquella sesión, organizar un ceremonia que tiene relieve político pero ningún sustento legal, un acto de relaciones públicas en que habla ante un auditorio cómodo, no el turbulento de la Cámara de Diputados en que parte de la oposición al Ejecutivo lo interrumpía pretendiendo interpelarlo. El 2 de septiembre, como ha ocurrido antes, Calderón habló de corrido, sólo interrumpido por aplausos.

Siendo un acto informal, una reunión de amigos, Ebrard no estaba obligado a asistir, si persistiera en la actitud que observó expresamente a lo largo de casi cinco años. Alega que si lo hizo fue porque además de encabezar un gobierno local, en este momento ocupa la presidencia de un órgano también informal, sin base jurídica, que es la Conferencia nacional de gobernadores. Cada uno de ellos fue invitado a título personal, por lo que no necesitaban ser representados.

El hecho es que, por un equívoco o a partir de un pretexto, Ebrard despidió a Batres, en el primer episodio de la sucesión en el Gobierno capitalino, fenómeno que corre y correrá en paralelo con la presidencial. Del resultado de ésta; es decir, de quién sea el candidato a la Presidencia se derivará, conforme a la lógica política, quién sea el candidato a mantener al PRD y sus partidos acompañantes en el Gobierno capitalino. Si la elección interna se realiza conforme a lo pactado, y a fin de que nadie gane todo o pierda todo, habrá un acuerdo, no necesariamente explícito, para distribuir el poder, obviamente si la izquierda consigue retenerlo.

Otra cosa será si se revienta el débil lazo que mantiene juntas a las corrientes perredistas. De haber dos candidatos presidenciales, ninguno de los cuales tendría posibilidades de victoria, pues sólo unida tendría la izquierda margen para alcanzarla, el mismo escenario se reproduciría en la capital. Enfrentadas entre sí, ninguna de las corrientes prevalecería sobre otra. Sólo compartirían la derrota.

López Obrador y Ebrard se empeñan por no reflejar entre sí los antagonismos que bullen en las filas de sus partidarios. El ex jefe de Gobierno evitó hacer del despido de Batres un casus belli y Ebrard negó que apartar de sí a Batres significara un desafió a López Obrador o hasta una ruptura con él. Si esta se produce, no será por ahora.

Ebrard compuso su gabinete no conforme a un pacto con su predecesor sino, como hicieron sus dos antecesores (a pesar de que ellos tenían fuerza personal para obrar con mayor libertad), para reconocer la existencia de corrientes que necesitan ser equilibradas por una voluntad concertadora. Corre el riesgo de que ese frágil equilibrio en que ha sustentado su gobierno se altere ahora. Eso le restaría capacidad de maniobra para gobernar durante el breve lapso en que permanecerá al frente del Gobierno y sobre todo para apuntalar sus posibilidades de ser candidato.

Cordero: secretario o presidenciable

Hoy será presentado a la Cámara de Diputados el paquete que contiene los criterios generales de política económica para el año próximo y los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos. La documentación ha sido preparada en la Secretaría de Hacienda bajo la dirección de Ernesto Cordero, que como hizo el año pasado, primero que vivió al frente de esa Secretaría, entregará personalmente el instrumento donde se define la política fiscal. Como hizo el 14 de septiembre de 2010, ha de acudir después a San Lázaro para explicar en vivo los contenidos del paquete. Asimismo, a lo largo de octubre y la primera quincena de noviembre debe encabezar las negociaciones con los grupos parlamentarios con miras a la votación en cada una de las cámaras.

Sin embargo, puesto que aspira a ser candidato presidencial de su partido, es posible que Cordero ya no está en su oficina cuando se cumpla ese calendario, incluido el día de hoy, si es que presentara su renuncia en la noche del miércoles 7, mientras se escriben estas líneas. Puede ser también que continúe en su cargo a lo largo de todo el cronograma, habiendo abandonado su aspiración presidencial. Su futuro inmediato está amenazado por vicisitudes que podrían dejarlo sin ninguna opción, es decir sin su actual cargo en el Gobierno y sin la postulación a que aspira.

Como preprecandidato no tiene delante de sí un camino allanado por el simple hecho de ser ostensiblemente el aspirante a quien apoya el Presidente de la República. Calderón refrendó esa actitud en su favor la semana pasada, cuando hizo que Alonso Lujambio, el otro secretario de Estado, dependiente suyo, que permanecía en la búsqueda de la postulación, renunciara a su empeño. Por ser un novato en la vida pública, que sólo ha tenido tres cargos relevantes en la administración pública federal (subsecretario de Hacienda, secretario de Desarrollo Social y ahora responsable de las finanzas nacionales), es una figura poco reconocida por el público. Y como tampoco ha colocan muy por debajo de los dos legisladores que se mueven en busca de ser postulados, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel. Últimamente parece haber incrementado sus posibilidades, pero si los sondeos se realizan entre los simpatizantes del PAN sus resultados son inocuos, porque en febrero ganará la candidatura quien haya tenido más votos entre los miembros de ese partido, activos y adherentes.

Para colmo, el azar ha militado contra su aspiración presidencial. Hace exactamente un mes, el 7 de agosto fue recibido con gran alborozo en Monterrey por la corriente que domina al PAN en Nuevo León. Le alzaron los brazos en señal anticipada de triunfo el alcalde capitalino Fernando Larrazabal, que antes lo fue en el municipio vecino de san Nicolás, y Zeferino Salgado que reemplazó en aquel cargo a Larrazabal y ahora es delegado de la SCT en aquella entidad. La algarabía de entonces se ha trocado en pesar para los dirigentes del grupo San Nicolás, encabezado por una triada compuesta por esos dos ex alcaldes y por Raúl Gracia Guzmán, amigo personal de Felipe Calderón, que los indujo al apoyo manifiesto y entusiasta a Cordero, que no ocultaba su satisfacción por la bienvenida que le prodigaron. Hoy, debido a la crisis política en que ha devenido la de seguridad, a Salgado se le recuerda haber recibido el préstamo de un helicóptero de Juan José Rojas Cardona, oscuro personaje de gran presencia en la industria de los juegos de azar. Y Larrazabal está en tal predicamento, que acaso a esta hora ha solicitado licencia a su cargo, como se lo pidió con cierto ánimo de exigencia el comité nacional del PAN.

Esa súbita caída en desgracia del Alcalde regiomontano ha servido para que Cordero muestre un lado oscuro de su talante Ahora reniega del apoyo del grupo san Nicolás y, como dice el dicho, si ha visto a Larrazabal, no se acuerda. En vez de hacerle una seña de solidaridad, se ha sumado a la demanda del sector panista que urge a su más notorio partidario en Nuevo León a hacer mutis. Es una actitud reprobable desde cualquier ética y riñe también con la estética, pues se ve feo que pretenda desconocer su nexo con Larrazabal, cuya evidencia plástica, por casualidad, recorre en estos días toda la república porque figura en la portada de la revista Proceso, el semanario de mayor presencia nacional.

Si Calderón y Cordero resuelven mantener a este último en Hacienda, hasta que el 15 de noviembre sea aprobado el presupuesto de egresos, última fase del correspondiente proceso legislativo, la aspiración presidencial de Cordero puede sufrir mella por el encontronazo con la fracción priísta, que no recibirá de buen modo a quien ha iniciado acciones legales en torno al endeudamiento del Gobierno de Coahuila, que durante cinco años fue encabezado por Humberto Moreira, su actual líder.

Por otro lado, la situación económica y financiera de las principales potencias, salvo China, está sujeta a una fragilidad inestable que afecta inevitablemente a México. El propio Cordero ha reconocido una cierta desaceleración de la economía mexicana, a diferencia del artificial optimismo a que están obligadas las autoridades responsables de la economía nacional. Pero no podría ocultar lo evidente: si la producción de bienes y servicios en Estados Unidos ha reducido su velocidad y puede llegar al estancamiento y a la recesión, es imposible que sus efectos no se trasladen a México, dos terceras partes de cuyo comercio transcurren en el mercado norteamericano.

Agarrar y sacar delincuentes

De nuevo el Presidente ha expresado su hartazgo ante decisiones que estorban a su administración. En diálogo con ciudadanos, en un tono más que coloquial, hizo una generalización insostenible, en cualquiera de los dos extremos por los que se la examine “No es porque la traiga contra los jueces, pero ya también empieza uno a cansarse, porque uno los agarra, los agarra y los agarra y los sacan, los sacan y los sacan”.

Rotundamente no corresponde a la verdad el que con frecuencia la Policía Federal, la ministerial o las fuerzas militares (Ejercito y Marina) “agarran” a criminales, es decir los capturan. Lo contrario es más frecuente. Un ejemplo a la mano, presente asimismo en la conversación electrónica que el Ejecutivo sostuvo con algunos de sus gobernados, es el de Néstor Moreno Díaz, prófugo de la justicia que disfrutó de la lenidad que conduce a la impunidad durante más de un año. Afirmar en su caso que la PGR lo “agarró” una y otra vez, o que lo intentó siquiera, es falso.

Moreno Díaz fue durante al menos una década beneficiario de la negligencia de las autoridades encargadas de investigar conductas indebidas en la administración pública. En 1998 fue inhabilitado por un periodo de diez años por una falta administrativa sin trascendencia Y sin embargo, continuó prestando servicios en la Comisión Federal de Electricidad, siempre en ascenso. En aquel año era coordinador de transmisión y transformación y un decenio después, precisamente el periodo en que no debía trabajar para la CFE (ni para ninguna otra oficina del sector público federal) había llegado al lugar número dos de la jerarquía directiva del organismo público Debió ser muy competente en su desempeño profesional o formar parte de una red de apoyos e impulsos mutuos; sólo así se explican su permanencia y su trayectoria.

En agosto del año pasado una información del diario texano The Houston Chronicle permitió saber que en San Diego, California, se ventilaba un proceso contra la empresa Azunza, por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esa compañía, mediante intermediarios que también estaban siendo enjuiciados, obtuvo contratos en la CFE por cuantías enormes. La dimensión de las ganancias obtenidas en el trato con el organismo mexicano era tal que permitió el pago de comisiones por cerca de tres millones de dólares a un solo funcionario.

Se trataba de Moreno Díaz. La información precisaba que Azunza entregó al número dos de la CFE un yate valuado en un millón ochocientos mil dólares, un automóvil Ferrari, cuyo precio ronda los trescientos mil dólares, y depósitos en cuentas personales del funcionario y de su familia por más de setecientos mil dólares. No era un chisme, no una conjetura, no el resultado de una investigación periodística que debía ser confirmado por la justicia. Era simplemente el reporte de diligencias que avanzaban en los tribunales norteamericanos.

Si la Secretaría de la Función Pública o la Procuraduría General de la República reaccionaron al respecto, lo hicieron con lentitud. Se permitió además a Moreno Díaz manejar su situación conforme a sus intereses. Se le autorizó una licencia para atender el asunto y el 15 de septiembre se le pidió o se aceptó su renuncia. No fue despedido, pero parecía inminente una acción ministerial en su contra. Sólo la hubo ¡un año después Y el resultado de ella es que, por lo menos al mediodía del martes seis de septiembre, Moreno Díaz se halla prófugo de la justicia. Probablemente ha escapado al extranjero de donde será en extremo difícil hacerlo volver. Si se confirman los cargos en su contra, tendrá dinero suficiente para pagar asistencia jurídica que lo mantenga a salvo.

Hay que decir, en honor de la verdad, que la antigua contraloría federal, llamada hoy secretaría de la Función Pública investigó los bienes del ex director de operaciones. Halló una diferencia descomunal entre sus ingresos legales y declarados y su fortuna: treinta y tres millones de dólares. Esa opulencia permite suponer que el soborno de Azunza fue sólo un episodio menor en la vida de Moreno Díaz, y que conductas semejantes ha de haberlas repetido una y otra vez. A pesar de eso, sólo fue detenido el sábado. Pero Moreno Díaz estaba informado de la perezosa averiguación en su contra, y oportunamente, hace un mes, el tres de agosto obtuvo la suspensión provisional de cualquier mandamiento judicial para detenerlo. Por eso la jueza Taissia Parcero ordenó su libertad unas horas después de su captura. Y aunque más tarde el juez Jesús Fraustro Macarino informó que había negado la suspensión definitiva y por lo tanto ya era lícito detener al inculpado, éste se había puesto fuera del alcance de la justicia. Se le detuvo el tres de septiembre en el aeropuerto de Toluca. Es probable que desde allí o de otra terminal aérea haya huido del país.

Así que mucho entusiasmo, mucha dedicación para “agarrarlo”, no hubo. No se le capturó una y otra vez. Y, por lo contrario, sólo una vez “lo sacaron”. Es preciso investigar la indolencia del juez que demoró en notificar que había quedado sin efectos la suspensión que protegía a Moreno Díaz Pero también es necesario descubrir la trama de intereses que le permitió prosperar en la CFE. El momento es propicio. En marzo el director de ese organismo bajo tres presidentes, Alfredo Elías Ayub fue relevado por Antonio Vivanco, que coordinaba a los asesores presidenciales, y debe limpiar la casa Así no se podrá culpar a los jueces por las omisiones propias.