Lorenzo Meyer, absuelto

Lorenzo Meyer es una de las figuras más completas y respetadas de la esfera pública mexicana. Ha hecho una carrera académica digna de reconocimiento dondequiera, por el rigor de su investigación y la penetración de sus análisis. Hace poco más de veinte años resolvió emplear semejantes instrumentos, así como una escritura accesible, a la práctica del periodismo. Como lo saben bien los lectores del Grupo Reforma, su columna de los jueves aborda los más relevantes temas de la actualidad y los examina, sin pedantería ninguna, desde el ángulo de las ciencias sociales. Pero eso no obsta para que asuma una posición propia, nunca neutra. Como ciudadano, es pública su identificación con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, a la que tiene pleno derecho.

El doctor Meyer (que obtuvo ese grado, así como la licenciatura en el Colegio de México, y un posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago), salió avante hace un mes de un litigio civil por daño moral, a que lo arrastraron Carlos Martín, director del diario Milenio, y esa publicación. El juez trigésimo primero de lo civil en el Distrito Federal sentenció que “las pruebas no permiten declarar procedente la acción”, por lo que absolvió “a los demandados de todas las prestaciones”. El juzgador habla en plural porque junto con el académico y periodista la acción civil pretendió alcanzar a la emisora MVS, donde se transmitió el episodio que, sin mencionarlo siquiera, irritó a Marín y lo hizo demandar a Meyer después de un ridículo afán de exhibirlo obligándolo a disculparse públicamente para no ser llevado a los tribunales.

El 21 de junio del año pasado, cercana ya la jornada electoral en Oaxaca, Carmen Aristegui difundió una grabación en que el gobernador Ulises Ruiz formulaba una reprimenda a Raúl Castellanos, su antiguo jefe de prensa, comisionado a la sazón con el candidato priísta Eviel Pérez Magaña. Colérico, Ruiz se extrañaba de que en Milenio se hubiera hecho una entrevista a Gabino Cué, lo que en apariencia contravenía acuerdos entre el Gobierno oaxaqueño o su partido y ese diario y su extensión televisiva.

Como todos los lunes, acompañaban a la periodista tres de los intelectuales que con mayor información y conocimiento examinan el entorno: Denise Dresser, Sergio Aguayo y el propio Meyer. Al concluir la grabación, los participantes en la mesa comentaron lo escuchado. Meyer se limitó a decir que en revelaciones de esa naturaleza, que mostraban la relación del poder y alguna prensa: “salen nombres de periódicos, de órganos periodísticos”.

Marín ni siquiera fue aludido. Sí lo fue el órgano periodístico de la familia González de Monterrey, pero sólo aludido, es decir no mencionado por su nombre. La bravata de Marín, el pedir que Meyer se pusiera de rodillas para pedirle perdón, se convirtió efectivamente en demanda judicial cuando el politólogo, historiador, internacionalista y periodista rehusó de manera expresa disculparse ante el presunto agraviado.

Meyer contó con la eficaz defensa de la doctora Perla Gómez, experta no sólo en la legalidad que rige ese genero de conflictos, sino también una especialista en encontrar el perfil acosador de demandas como esta y otras que ha atendido. Ha de decirse también que, siendo una relevante académica en varios temas, entre ellos el derecho a la información, la doctora Gómez es también una hábil postulante, capaz de conducirse con éxito en los vericuetos de los juzgados. El hecho es que, como queda dicho arriba, el 29 de agosto pasado concluyó el caso con una sentencia absolutoria. La emisora MVS fue exonerada, y es de gran importancia señalarlo, porque de haber procedido en sentido contrario, habría incurrido en censura a sus colaboradores, que tienen derecho a su propia opinión.

Es posible que los demandantes apelen la sentencia que les fue adversa y el juicio continúe en segunda instancia. Pero por lo pronto, un mes más tarde parecen haberse allanado con la resolución judicial. Sería deseable que así permaneciera, aunque el ardor con que Marín adoptó la defensa de su honor impide considerar este margen.

Desde que el presidente Miguel de la Madrid hizo reformar el Código Civil, en 1982, al comienzo de su mandato, para incluir el daño moral como atentado a la reputación y el buen nombre de las personas, han menudeado las demandas por ese concepto. Las más de la veces nacieron de la mala fe, del afán de meter en honduras judiciales a quienes, como los periodistas afectados, debieran dedicar su tiempo, sus recursos y su energía al cuidadoso ejercicio de su profesión y no a encontrar la manera de eludir añagazas. No faltó el ánimo mercenario, cuyo propósito era obtener de jueces venales indemnizaciones cuyo monto no guarda relación alguna con la honra que se pretender hacer brillar.

Por fortuna, en mayo de 2006 la asamblea legislativa emitió una ley supletoria de la barbaridad contenida en el Código Civil. Su extensa denominación iluminas las zonas de la vida ciudadana a que se refiere: Es la ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. Se enumeran así bienes jurídicos que forman parte de la personalidad; es decir, del patrimonio espiritual de cada quien, aun el susceptible de ser tasado pecuniariamente pero sin dar lugar a los abusos. Las inercias y los intereses de una porción de la judicatura capitalina han impedido aplicar la nueva ley a cabalidad, en provecho de pícaros que han hecho durar juicios hasta por siete años.

Beatriz Paredes

Anda de buenas Beatriz Paredes en estos días. Su amigo y jefe político Enrique Peña Nieto la ungió ya como candidata del PRI al Gobierno capitalino. Y ayer la Suprema Corte dejó viva una, y con ella las 18 reformas a constituciones estatales de tono conservador que sólo fueron posibles por la actitud omisa, o cómplice de una mujer que pasaba por liberal y mostró que no lo es.

Elegida presidenta de su partido tras el desastre electoral de 2006, Beatriz Paredes aparecía como una de las figuras decisivas en el rumbo del PRI y aun del País. Cuando muy tempranamente se esbozaron las posibilidades presidenciales de esa organización, figuró en el horizonte una triada que la incluía sin duda en ese rango, junto con Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. Pero, a pesar de haber conducido una victoriosa campaña electoral en 2009, la ex gobernadora de Tlaxcala no perseveró y rindió sus armas ante el Gobernador del Estado de México, del que se convirtió más que en aliada en subordinada. Por instrucciones suyas firmó en octubre de 2009 un acuerdo con el PAN para asegurar que no hubiera coaliciones de ese partido con el resto de la oposición. Peña Nieto necesitaba estar seguro -lo estuvo de todos modos, por otras vías -de que la sucesión en su estado no se convertiría en un obstáculo para su promoción presidencial.

El pacto no funcionó al final, por la volubilidad del presidente Calderón, pero el documento quedó como prueba de que el Gobierno federal panista y el del Estado de México y los dirigentes de sus respectivos partidos actuaban de consuno a favor de Peña Nieto. Al firmar el acuerdo, y al mantenerlo en secreto, Beatriz Paredes quedó exhibida como mera pieza del mecanismo que haría Presidente al mexiquense.

Con notoria prematurez, Peña Nieto no actúa sólo como el Gran elegido sino que comenzó a hacerlo como Gran elector. En pago a favores recibidos dio su voto a Paredes para que sea la candidata priísta al Gobierno de la Ciudad de México. Tras esa decisión del mexiquense se asoma la soberbia de que generará en provecho de su partido un “efecto Peña Nieto” como el que provocaron en su oportunidad Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. La popularidad de cada uno, independientemente del resultado formal de sus elecciones, fue un impulso poderoso a otras candidaturas, ya sea a cargos legislativos o al Gobierno de la capital, que Santiago Creel disputó muy cerradamente a López Obrador hace once años.

Beatriz Paredes ya intentó gobernar a la Ciudad de México. Hace cinco años sufrió una derrota aplastante a manos de Marcelo Ebrard, que obtuvo más de dos votos por cada uno de los ganados por la después lideresa priísta; los porcentajes fueron 46.37 versus 21.58. Vamos, aun Demetrio Sodi, candidato del PAN, superó a la priísta al obtener el 27% de los sufragios. Un tercer lugar, con tales diferencias, resultaba del “efecto Madrazo”, que también cayó a esa posición inédita. Pero la derrota implicaba asimismo la fragilísima estructura partidaria y también la reiteración del persistente ánimo de rechazo al PRI que en elecciones locales había ya golpeado a Alfredo del Mazo y a Jesús Silva-Herzog Flores, así como a decenas de candidatos a diputados federales y locales y delegados o jefes delegacionales.

La organización priísta en la Ciudad de México ha empeorado desde entonces. Está dividida y la porción mayor milita en la oposición interna a Beatriz Paredes. En este momento el priísmo capitalino está acéfalo y, en preparación a la decisión peñista de hacer Jefa de Gobierno a la ex lideresa nacional priísta, lo encabeza como delegado especial el senador Jesús Murillo Karam, perteneciente al más estrecho círculo de Peña Nieto, en cuya elección hace seis años fue figura relevante. Pero requerirá un gran esfuerzo para al menos desarticular el antiparedismo, ya no digamos para levantar una estructura formal que apoye con éxito a la temprana candidata del ex Gobernador mexiquense.

A la satisfacción de saberse ya ungida, Beatriz Paredes acaso agregó ayer un respiro de alivio al terminar el debate en la Suprema Corte de Justicia. Ella no era parte del asunto a resolver, pero sí lo fue en la creación de las condiciones que provocaron la acción de inconstitucionalidad que se ventiló en ese tribunal del lunes al miércoles.

Luego de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en 2007, el conservadurismo social, encabezado por los obispos y el Partido Acción Nacional, emprendió una estrategia para impedir que una reforma liberal y moderna de ese alcance se multiplicara en las entidades. Para ello dieron en reformar las constitucionales locales a fin de inscribir en ellas el derecho a la vida desde la concepción. Los legisladores panistas no hubieran sido suficientes para construir este blindaje. Se sumaron a ellos, con fervor semejante al de los blanquiazules, diputadas y diputados priístas que hubieran debido actuar de otra manera de haber contado con un liderazgo que, por un lado, evidenciara el carácter de la maniobra y, por otro, hiciera valer principios éticos en defensa de los derechos de las mujeres, una causa a la que siempre se supuso estaban afiliados ese partido y su presidenta.

La Corte discutió si la reforma de marras, en Baja California, era conforme a la Constitución de la República. Siete ministros resolvieron que no se apega a ella, y cuatro votaron en sentido contrario. Pero se requerían ocho votos para derogarla, y por lo tanto la adición conservadora queda vigente.

Militares en Baja California.

Como si el Secretario de Gobierno de Baja California fuera un subordinado suyo, a quien reprendió en público, el general Alfonso Duarte levantó una sanción contra el funcionario civil, a quien había prohibido el ingreso a instalaciones militares. La reprimenda estaba fuera de lugar, ajena a toda ley, y por ello mismo el perdón extendido a Cuauhtémoc Cardona carece de sentido. O subraya la subordinación de la autoridad civil a la militar en aquella entidad.

La noche del Grito, mientras conversaba en la recepción oficial del festejo con el gobernador José Guadalupe Millán, el general Duarte vio de lejos a Cardona, que es secretario general de Gobierno desde que Francisco Blake Mora dejó el cargo el año pasado para convertirse en secretario de Gobernación. Duarte hizo venir ante sí al número dos de la jerarquía política y administrativa del Estado, y como si tratara de un pupilo en falta, al mismo tiempo que lo delataba ante el Gobernador le espetó sus defectos: grosero, borracho e irrespetuoso, a quien por lo mismo no quería ver jamás en oficinas bajo su mando. La grabación que captó el episodio muestra a un Cardona sumiso, a quien también se le ordenó retirarse, y a un Gobernador silencioso, acaso pasmado por el tono y el contenido del ex abrupto del jefe de la 2ª. Región Militar.

Éste disfruta de una muy buena reputación por su combate al narcotráfico, que emprendió desde que fue comandante de la zona militar con sede en Mexicali. Pero ninguno de sus lauros lo autoriza a invadir esferas de acción civiles. Según Duarte, Cardona llegó tarde a la fiesta militar por los Niños Héroes, a pesar de que estaba investido con la representación de Osuna, y cuando llegó mostraba evidencia de estar ebrio.

Una conducta como la descrita por Duarte es, sin duda, merecedora de un reproche oficial, que sólo puede ser formulado por su jefe, el Gobernador que, en cambio, cohonestó su comportamiento. Repuesto ya del susto por el regaño del general Duarte, Osuna emitió horas después un comunicado en que confirmaba en su cargo a Cardona, aunque lo obligó a demandar disculpas.

El Gobernador había pasado ya por una circunstancia semejante, en que él mismo fue obligado a rendir cuentas ante el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, que lo hizo comparecer en su oficina a propósito de una sonora denuncia formulada por un antecesor de Duarte al frente de la segunda región militar, el general Sergio Aponte Polito.

Llegado a Tijuana en 2006, en uno de los peores momentos de la inseguridad tijuanense, Aponte Polito emprendió labores por sí mismo, sin ocuparse demasiado de coordinarlas con las autoridades locales. Como si el Ejército fuera autoridad ministerial o policiaca, y no elemento de apoyo a quienes en efecto la ostentan, estableció un contacto directo con la población. Generó un mecanismo de denuncia ciudadana que era, al mismo tiempo, una promesa y un reproche. Se ofrecía un número telefónico y se instaba al público: Llame. Nosotros sí vamos.

Esa forma de obrar permitió al general Aponte no sólo realizar un activismo que se hizo notorio, sino tomar conocimiento directo de la actuación de autoridades locales en la materia, especialmente la Procuraduría estatal de justicia, a cargo entonces como ahora de Rommel Moreno. Ante acusaciones genéricas del comandante militar, el jefe del Ministerio Público le pidió en público pormenores. Y vaya que los recibió. Un buen número de funcionarios de la Procuraduría, incluida una asesora del propio titular, fueron señalados por el dedo admonitorio de Aponte Polito. Fue la suya una voz que clamaba en el desierto. El procurador Moreno desestimó las acusaciones. Si acaso provocó la renuncia de alguno de los funcionarios mencionados por el militar, pero ninguno recibió sanción alguna.

La denuncia del general Aponte Polito no adquirió tampoco formalidad alguna. Constó en una extensa carta dirigida al diario El mexicano. Lo más que se hizo fue atenuar las tensiones provocadas por la requisitoria del militar entre éste y el Gobierno local, haciendo salir de Tijuana al comandante castrense. El gobernador Osuna tuvo que acudir al llamado del general Galván para explicar lo ocurrido. Aponte Polito, por su parte, fue nombrado presidente del Tribunal Superior Militar.

En su carta, como en la conducta de Duarte, Aponte se arrogaba una cierta autoridad, al menos de supervisión, sobre las autoridades civiles. En eso radica la porción más preocupante de esos episodios, que no son por cierto comparables estrictamente por la diversidad de las circunstancias. Pero ambos revelan una sensación de superioridad que riñe con la sujeción del Ejército a normas específicas, que deben ser acatadas, so riesgo de incurrir en descontroles de mayor trascendencia.

No se ha explicado suficientemente, por ejemplo, de dónde partió la orden de allanar el domicilio de Jorge Hank Rohn, al inicio de una acción que terminó mal para la procuración de justicia. Fue inequívoca la participación de tropas militares en el asalto a la casa del empresario de casinos. Entraron en ella sin orden de cateo ni de aprehensión y fingieron flagrancia para introducirse al recinto privado. Luego de la exoneración de Hank debimos conocer la suerte jurídica de los allanadores, que lejos de cumplir su deber incurrieron en delitos. La libertad de acción que al hacerlo mostraron es indicativa de una situación peligrosa, que es la sujeción del Gobierno civil a requerimientos militares superiores.

Tolerancia y derecho a la vida.

Medio millar de diputados locales suponen, o se les hace decir, que las resoluciones de las legislaturas estatales a que pertenecen, son definitivas e irrevocables. Anteayer demandaron de la Suprema Corte “pleno respeto a la libertad de configuración legislativa” que dicen haber practicado al incorporar “a nuestras constituciones locales el derecho a la vida de todo ser humano desde su inicio en la concepción y fecundación”.

Es seguro que los 468 legisladores estatales de todos los partidos que firman este llamado al máximo tribunal de la república, saben que en último término la validez de sus actos está sujeta al control constitucional, susceptible de ser ejercido por varios medios y órganos del poder judicial federal. Y sin embargo, blandiendo una presunta obediencia a la voluntad popular, se sumaron a las presiones sobre la Corte, que ayer comenzó a resolver dos acciones de inconstitucionalidad, cuyo resultado puede ser la supresión de declaraciones sobre la vida incorporadas a constituciones estatales.

Se comprende, y es usual que cuando está a debate judicial un asunto de trascendencia, se expresen opiniones en pro y en contra, y hasta se perciban tomas de posición organizadas en favor de una u otra posible resolución del pleno. Pero la campaña propagandística que a últimas fechas se ha sostenido para inclinar la voluntad de la Corte a favor de textos que plasmaron convicciones morales surgidas de una doctrina religiosa, y no principios jurídicos, como es propio de una república laica, ha sido particularmente insistente y pesada, en el sentido de que la suscriben personas e instituciones de gran relieve en la vida social mexicana.

Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Mexicana, y la Arquidiócesis de México emitieron un mensaje titulado “La vida, don precioso que debemos proteger”, y sumaron a él la firma de prelados de confesiones religiosas cristianas distintas de la católica. De ese modo, una representación de asociaciones religiosas no numerosas pero algunas de ellas dotadas de influencia política, adoptó una posición conjunta con la Iglesia católica, expresión común que es infrecuente percibir en asuntos de espiritualidad y trascendencia. Obispos del Patriarcado ortodoxo de Antioquia, el Patriarcado ecuménico de Constantinopla, Iglesia ortodoxa de América, Iglesia Maronita, Iglesia Nacional Presbiteriana, la Metodista, la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Pentecostales, agregan su voz a la de la jerarquía católica con la intención de inclinar el ánimo de los ministros hacia la posición demandada por la cúpula episcopal y por el Partido Acción Nacional, cuyas bancadas en el Congreso de la Unión emitieron también mensajes en la misma dirección.

Esta posición conjunta revela ahora de modo formal, aunque se conocieran claramente sus perfiles, la campaña de reforma a las constituciones locales que alcanzó a modificar 18 de esos documentos en que se expresa la soberanía local. Fue una respuesta concertada ante la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Corte respecto de las reformas penal y de salud que establecieron en el Distrito Federal el derecho de interrumpir el embarazo antes de la duodécima semana y la institucionalización de las atenciones requeridas por la mujeres que deciden colocarse en tal situación.

El intenso conservadurismo católico, expresado en legisladores de todos los partidos, no emprendió reformas a los códigos penales en materia de aborto. Escogió la vía de hacer constitucional el derecho a la vida, de modo que cualquier intento de despenalizar el aborto chocara con esa barrera insuperable. En dos casos personas e instituciones que percibieron en esas reformas conculación de los derechos de las mujeres, consiguieron impulsar acciones de inconstitucionalidad que ahora se ventilan en la Corte. El ponente en los dos casos, referidos a las legislaturas de Baja California y San Luís Potosí es el ministro Fernando Franco que ha sido a su vez objeto de una campaña de desprestigio personal, en que lo menos que le endilga es ser enemigo de la vida.

Ayer comenzó a discutirse el caso de Baja California, cuya acción de inconstitucionalidad fue presentada por el ombudsman de esa entidad federativa. El ministro Franco resumió que entre varios, hay dos temas fundamentales a dilucidar: por un lado, determinar “si la Constitución federal y los tratados internacionales pertinentes le otorgan jurídicamente el carácter de individuo o persona al concebido desde el momento de la concepción, fecundación y lo reputan como nacido para todos los efectos legales correspondientes”. Y, segundo, si no es así, es decir si “el producto de la concepción no se reputa constitucionalmente como persona humana en el sentido normativo” hay que establecer “si ese carácter le puede ser reconocido…por el orden jurídico de una entidad determinada”.

La discusión no es simplona, como pretenden los detractores de la posición esbozada por un ministro que, por otra parte, es partidario del derecho a la vida (como lo son todas las personas con un mínimo de sensatez). No se trata de despenalizar el aborto, o de aplicarle nuevas sanciones. No está a discusión ninguna reforma a códigos penales, sino si el blindaje construido por el conservadurismo social (con el Episcopado y el PAN a la cabeza) es acorde con la Constitución federal o es expresión de un credo muy respetable en sí mismo, pero que no puede convertirse en norma jurídica que, además, no sea impugnable.

49 cadáveres.

Agradezco a lectores y editores su comprensión por mi ausencia, así como sus mensajes de solidaridad.

Ante la osadía de bandas criminales capaces de asesinar a 49 personas en sólo dos días y, lo más grave, dispersar sus cuerpos en la vía pública de la conurbación Veracruz-Boca del Río, la única reacción gubernamental admisible era una inmediata operación ministerial y policiaca que contenga esa porción de la delincuencia y le evite cometer más delitos. Pero el neófito Gobernador de Veracruz, en vez de cumplir su deber, se limitó a transmitir en Twitter recados escandalosos por su carácter elemental. Casi felicitó a los autores del desafío y casi culpó a las víctimas, porque habían escogido el camino del mal, que sólo tiene dos salidas, la muerte o la prisión. Y para colmo, negó que además de los 35 cuerpos inicialmente exhibidos haya habido 14 más al día siguiente.

Por lo pronto, los criminales que mostraron su capacidad homicida siguen recorriendo la misma senda sin que se aproximen a ninguno de los dos extremos a que se limita la prédica de Javier Duarte de Ochoa. Y es que la averiguación ministerial se contentó con identificar a las víctimas y a comprobar su pertenencia a bandas delincuenciales. Tan satisfecho estaba el Gobernador que el primer día, cuando “sólo” habían aparecido 35 cuerpos los citó como muestra de que en su estado se combate a la delincuencia. A menos que haya tenido un traspié y las víctimas, de aquella tanda y probablemente la segunda también, fueron ultimados por la fuerza pública (único modo en que puede comprenderse el que esa matanza sea considerada como eficaz medida de seguridad), Duarte de Ochoa no parece tener idea de lo que ocurre en su entorno. De allí el desmentido que emitió el viernes, negando que a la suma inicial se hubieran agregado nuevas muertes. No fueron, ciertamente, conducidos a un lugar muy visible, sino que se les dejó en varios puntos del puerto. Pero su muerte y el hallazgo de los cadáveres eran, el viernes después del desmentido, una realidad inequívoca.

Duarte de Ochoa es un político neófito, escogido por su único jefe, Fidel Herrera sólo para tener cubiertas las espaldas. El actual Gobernador, que el lunes pasado cumplió apenas 38 años, carece de experiencia y de tacto político. Después de obtener sus títulos académicos, como economista y abogado, sólo tuvo desempeños subalternos con Herrera: fue su secretario particular la última vez en que éste fue diputado, en la LVII Legislatura, de 1997 a 2000. Años más tarde, ya gobernador, Herrera lo hizo subsecretario de Finanzas y luego titular de esa Secretaría. En ninguno de los dos cargos perseveró, pues el Gobernador lo condujo a la Cámara de diputados, donde apenas cubrió un periodo ordinario, ya que fue lanzado a la Gubernatura. Contó durante su campaña con auxilios financieros ostensibles del Gobernador, que con tal de asegurar el triunfo de su partido no vaciló en dejar en la penuria a las finanzas estatales, afectadas por déficit voluminosos que se cubrieron, como en otras entidades regidas por gobernadores manirrotos, acudiendo al crédito bancario y a la bursatilización de las participaciones federales, lo que equivale a hipotecar el tesoro público estatal.

Herrera heredó a su pupilo no sólo esa desvastada economía gubernamental, sino también una creciente inseguridad. Veracruz ha padecido épocas de acusada criminalidad, ejercida por bandas a cuyos jefes las autoridades temían y con las que entraban en connivencia. En un juego verbal que alude al conocido conjunto cubano de música tropical, circuló impunemente durante años la Sonora Matancera, Los cacicazgos reinantes en distintas porciones de la entidad basaron su poder en el uso de la horca y el cuchillo, es decir en la supresión de la vida de quienes se oponían a ese imperio de la ilegalidad.

Pero la conversión de México en mercado de drogas, la posición geográfica de la entidad en la ruta de Centroamérica a los Estados Unidos, y la fragilidad de las instituciones así como la corrupción de no pocos funcionarios permitieron que en Veracruz todo abuso y todo crimen fuera posible. En la tortuosa ruta de los migrantes, algunos lugares veracruzanos se convirtieron en parajes infernales. Si algo caracterizó al Gobierno de Herrera, fue la penetración de la delincuencia. El propio Gobernador fue señalado como partícipe de acuerdos por los cuales Los Zetas se asentaron en su territorio, a través de una suerte de sucursal local conocida como La compañía.

Los 35 cuerpos del primer día mostraron la crueldad extrema de sus asesinos. No fueron muertos a balazos sino asfixiados y tundidos con brutalidad. Firmó el mensaje adosado al crimen colectivo el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ya en agosto de 2007, a la mitad del sexenio de Herrera, ese grupo se había manifestado, con mensajes que como La familia michoacana un año atrás, buscaban presentarse como limpiadores de la sociedad, es decir como asesinos de delincuentes.

Por supuesto, no era una acrisolada conciencia ética la que conducía a sus líderes y miembros a practicar operaciones de limpieza social. Son tan criminales como sus víctimas, pero quizá produjeron en el Gobierno estatal la perversa ilusión de que alguien hiciera el trabajo que con apego a la ley están las autoridades obligadas a desempeñar.

De varias maneras, Herrera sigue gobernando. El procurador Reynaldo Escobar era el secretario de Gobierno en el sexenio anterior. Fue, en su nuevo carácter, uno de los anfitriones del encuentro de procuradores y presidentes de tribunales, testigos accidentales de la violencia veracruzana.

Cordero, locuaz y silencioso

Una vez libre de su responsabilidad como Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero renunció al cargo que desempeñó durante dos años ocho meses, algo que universalmente le era solicitado. No quedará librado a sus propias fuerzas. Indebidamente, el comité panista en el Distrito Federal le prestó sus instalaciones en la colonia Roma. No había hecho con ningún otro de los aspirantes, y eso significa una ventaja leve o intensa en un acto que puede resultar costoso. Si bien el de anteayer no es exactamente equiparable al destapamiento de Josefina Vázquez Mota, esta pagó con sus propios recursos su inicio de campaña, aunque haya quedado disfrazado por el de gestión de cuentas como jefa del grupo parlamentario blanquiazul en San Lázaro. Tampoco Santiago Creel empezó su recorrido en una instalación oficial, ni del Congreso, ni del partido. Cordero lo hizo porque tal vez busque significarse como un aspirante que no se mide con el mismo rasero que los demás.

Dos compañeros suyos en el gabinete, Heriberto Félix Guerra y Alonso Lujambio, renunciaron a su aspiración de ser postulados por su partido. Javier Lozano que tanto se ha caracterizado por su autoritarismo se quedó en la Secretaría del Trabajo y desde allí acompañará a Cordero en su puja por ser lo que hizo Felipe Calderón en 2005.

De modo que quedan en la palestra (así llaman al gimnasio en el norte de Italia) los legisladores con licencia Creel y Vázquez Mota. Es de cuidar que el poblano, antiguo militante priísta, no aproveche su cargo en el gabinete para apuntalar las finanzas de Cordero.

El ex Secretario de Hacienda entró en una nueva etapa de su breve carrera política, la primera que le supone contender contra adversarios, ya sea en elecciones constitucionales, ya en la contienda interna panista. Hasta ahora su avance político ha dependido de sólo una voluntad, la de Felipe Calderón, ya sea cuando éste buscó ser candidato del PAN, ya cuando enfrentó a Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo en la pugna constitucional de 2006. Su falta de experiencia en estas lides puede ser un peso difícil de sobrellevar.

Sus primeros andares no han sido afortunados. Dejemos de lado su vínculo con Miguel Ángel Yúnez y con Fernando Larrazabal. El domingo mismo ante un apoyo notorio de políticos importantes de su partido, se mostró novato en el habla. La oratoria no es aquello que más le enseñaron, o que con mayor provecho estudió en el ITAM y en la escuela de Economía de la Universidad de Yale, ni entre los corrillos de los militantes primerizos en Acción Nacional. Sus discursos iniciales particularmente el del domingo lo revelaron neófito. Y también machista.

Con una metáfora en desuso que ya ni en el PRI se estila, habló de apretarse bien los pantalones (pero no lo dijo ya como Secretario de Hacienda y respecto de mermas en el poder adquisitivo de la población como lo hicieron antecesores suyos) Su metáfora es machista. Habló de apretarse los pantalones como sinónimo de valentía, de fajárselos bien. Es una obvia alusión al pensamiento primitivo que atribuye sólo a los varones y ni de lejos a las mujeres, el valor como prenda personal y menos aún como un rasgo del carácter femenino. No discutiremos aquí, porque sería perder el tiempo la frecuencia y la intensidad con que las mujeres son valientes, a diferencia de los varones, a los que se puede imputar, a menudo, incapacidad de enfrentar circunstancias adversas.

Por lo demás, con bravatas no es conveniente enfrenar al PRI, el de antes o el de hoy.

Al propio Cordero se le puede calificar como carente de ese atributo, la valentía. No obstante que apenas el 7 de agosto fue recibido en Monterrey, en triunfo, por el Alcalde de la capital regiomontana, se abstuvo de manifestarle solidaridad una vez que el comité nacional panista lo urgió a pedir licencia en el Gobierno Municipal a fin de facilitar las indagaciones que tanto la procuración de justicia local, como la dirección nacional del PAN, cada una en su esfera, han emprendido respecto de los casinos de la zona metropolitana de Monterrey.

Menos todavía que la semana pasada Cordero se mostró solidario con Larrazabal. Fue más obvio su silencio ahora porque su responsable de comunicación (que demostró ser lo contrario) lo cobijó en el mutismo que Cordero ha elegido como única manera de no quedar involucrado en un asunto que puede tener graves implicaciones.

Es posible que Cordero quede en disputa con Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel Miranda, únicamente, si como parece el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez se retira de la contienda. Una señal de que puede hacerlo es el pedido que le formuló el gobernador de Guanajuato, José Manuel Oliva (su colega y correligionario en el estricto sentido de la expresión, porque ambos se ubican a la derecha de la derecha de su partido) Al principio de la refriega electoral las identidades ideológicas de Oliva y González Márquez los aproximaron al punto de que pareció apoyo del guanajuatense al Gobernador de Jalisco. Pero no sólo no ocurrió así, sino que Oliva se convirtió en propagandista de Cordero, como se percibió anteayer domingo. Oliva quiere que su compañero jalisciense se ausente de la contienda interna. Si eso significa abandono del sector que sigue a González Márquez, éste tendrá en efecto que cancelar la búsqueda de su postulación.

En consecuencia Cordero quedará sólo frente a aspirantes distantes de Calderón, que al actuar por su cuenta pueden derrotarlo, una u otro.

Gabinete tecnocrático

Ernesto Cordero ha quedado reducido a una condición inequívoca. Ya no es secretario de Hacienda sino sólo candidato a la postulación presidencial. Legisladores con licencia dos de sus contendientes, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, sólo queda el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez como aspirante que al mismo tiempo cuenta para su promoción con los recursos políticos y financieros que les aporta su cargo. No será muy cruda, pero por primera vez Cordero vivirá a la intemperie o para decirlo en el lenguaje evangélico, en “las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes”.

A su renuncia, y la del secretario de Salud siguió un breve reajuste ministerial. En el nuevo gabinete, se acentuó más que nunca la doble característica que ha identificado al equipo de Calderón: impera la tecnocracia y priva la cercanía con quien es ahora el Presidente, pues casi todos han trabajado desde hace una década a su lado, y los más de ellos lo han hecho sólo con él. Tales rasgos quizá favorezcan la coherencia interna del gobierno pero al mismo tiempo lo encierran en una burbuja.

Todos los involucrados se graduaron en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y siguieron estudios superiores en universidades norteamericanas. Se les imprimió así una visión unilateral de las cosas del gobierno y de la realidad que desde allí buscan modelar. Salvo José Antonio Meade, que a su licenciatura en economía en el ITAM agrega una en derecho, obtenida en la Universidad Nacional, todos los demás están troquelados en un molde que los asemeja tanto que la interlocución que practiquen equivaldrá a una serie de monólogos al cabo de los cuáles cada quién pensará, admirativamente: “¡qué inteligente es fulana o fulano. Piensa lo mismo que yo”.

También el doctor José Ángel Córdova pasa a un terreno escabroso, el de la contienda electoral en Guanajuato. Ya hemos recordado que hace seis años su paisano Javier Usabiaga dejó la Secretaría de Agricultura para encaminarse al gobierno de su estado y no libró el escollo que significa la derecha extrema en el panismo guanajuatense. El riesgo de Córdova es mayor ahora, pues algunos grupúsculos ultramontanos han de cubrir su nariz para no oler el azufre que emana de la condición demoníaca que le atribuyen. Y es que la mayor parte de los dilemas entre su credo religioso y la norma que estaba obligado a acatar se resolvieron a favor de ésta, como corresponde a una república laica, con una sociedad cuyos enclaves modernos y abiertos tienden a crecer, a pesar de todo.

La designación de su sucesor provocará más de un enarcamiento de cejas. No un médico sino un economista, Salomón Chertorivsky, encabezará en el tramo final de este gobierno la Secretaría de Salud. Una tradición ha hecho que sea un profesional de la medicina quien asuma la titularidad de este ministerio. Fue más breve la que confería, casi por necesidad, a un ingeniero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la de obras públicas. Y ambas se interrumpieron, pues las costumbres son como los zapatos: duran hasta que se rompen.

Ya había sido secretario de salud un abogado, José Antonio González Fernández, durante el año final del gobierno de Ernesto Zedillo. De habérsele requerido mostrar los títulos que lo acreditaban, habría aducido su experiencia en esa oficina, como subsecretario de regulación sanitaria, y su trabajo al frente del ISSSTE, cuyos servicios médicos reclaman una visión semejante a la de la SSA. Cherterovsky era hasta ahora director del Seguro Popular, ese polémico y ambiguo mecanismo que opera sobre la estructura institucional y física de la Secretaría de Salud. A ella tenía acceso, sin pasar por el filtro burocrático del Seguro Popular, toda persona necesitada de atención médica que no contara con la medicina institucionalizada.

Meade (se pronuncia mid) vuelve a la Secretaría de Hacienda después de un breve lapso en la Secretaría de Energía. También fue corta su estancia en la Subsecretaría de Hacienda, pero desde hace diez años actúa en las inmediaciones de ese ministerio: Banrural, Financiera rural, Consar, Seguros y Fianzas. De esa suerte no le es ajeno el trabajo que ahora le impone obligaciones inmediatas y pesadas. La próxima semana ha de explicar y defender ante el Congreso el paquete fiscal cuya presentación fue el último acto (no vamos a decir que el canto del cisne, que podría ser) de Cordero. Encabezará también, en consecuencia, las negociaciones con legisladores, sujeta cada parte a sus propios intereses antes que al general.

Jordi Herrera ha trabajado en la oficina adjunta a la de Calderón, como secretario particular, en varias ocasiones, desde que su jefe presidió el Partido Acción Nacional. Luego, a la cercanía ha agregado un nivel jerárquico que resulta más de la confianza que de la competencia: fue subsecretario de energía con Calderón y ahora dirige una de las empresas de PEMEX, la dedicada al gas y la petroquímica básica.

Otra característica de los nuevos funcionarios es su versatilidad, el que sean llamados a distintos menesteres cuando apenas acaban de sentarse en la silla precedente. Ese es el perfil de Alejandro Poiré, nuevo director del CISEN, a quien han hecho saltar de un lugar a otro. Se genera así una paradoja: se le busca por sus aptitudes, que no le alcanza el tiempo de desplegar a plenitud, con cargo al rendimiento. Mientras no se ofrezca otra cosa, reemplazará a Guillermo Valdez, que volverá a las encuestas, donde ha sido útil.