Doble asalto a migrantes

Hace una semana, en la noche del 16 de diciembre, un numeroso grupo de migrantes centroamericanos (un centenar y medio, por lo menos) fueron objeto de un doble asalto, uno detrás de otro con apenas minutos de diferencia, por lo que cabe conjeturar que alguna relación guardaron. 

Habían partido de Arriaga, Chiapas a bordo de un tren de carga. Tres horas después de iniciado el trayecto, ya en suelo de Oaxaca, una partida de agentes del Instituto Nacional de Migración (la “Migra” mexicana), junto con policías federales y efectivos del Ejército, ordenó al convoy detenerse y tras una revisión de documentos se detuvo a 92 personas, por carecer de ellos para estar en México. También hubieran podido aprehenderlos por viajar indebidamente en un tren de carga. Algunas personas, decenas de ellas, escaparon a la revisión o mostraron papeles en regla o simplemente pudieron huir y treparon de nuevo al vehículo en que peligrosamente se adentran en territorio mexicano.

Unos diez minutos después sobrevino el segundo asalto. Una banda armada con machetes y armas largas forzó al tren a detenerse, y sus integrantes después de golpear a los espeluznados viajeros (que aún no se reponían del susto anterior) y robarles sus pertenencias, se llevaron a más de cincuenta, según relataron unos doce que pudieron escapar de esta segunda peripecia y denunciaron los hechos, en que no creyeron funcionarios mexicanos. Fue preciso que el Gobierno de El Salvador, que se hizo eco de la denuncia de sus nacionales, insistiera y se hiciera acompañar de sus iguales de Guatemala y Honduras, para que las autoridades mexicanas aceptaran como cierto lo expuesto y se abocaran a investigarlo. La demora puede ser trágica, pues los secuestradores de los migrantes, teniéndolos a su merced, puede hacerlos víctimas de toda clase de presiones físicas, destinadas a obtener dinero, e incluso privarlos de la vida.

Llamo asalto al primer momento de este dramático episodio porque una revisión a los migrantes no tiene por qué hacerse en un paraje oaxaqueño si puede impedirse en el punto chiapaneco de donde parte. Todo el mundo sabe que en Arriaga los migrantes, cualquiera que sea su condición -mujeres, niños- trepan a los vagones de carga para llegar a Oaxaca, a Veracruz y a Tamaulipas, donde se afanan por cruzar la frontera con Estados Unidos. Si se trata de frenar la migración ilegal, nada mejor que en el arranque del viaje. Pero los agentes del INM prefieren hacerlo en parajes solitarios, y a las sombras de la noche, acaso para obtener algún provecho particular, no la vigencia de la ley.

A instancias del primero, los gobiernos de los países de origen de los migrantes agraviados se dirigieron de modo enérgico a la cancillería mexicana, que contestó de mala manera, no sólo negando la desaparición de los migrantes secuestrados, sino rechazando el juicio acerbo que el ministro salvadoreño hizo sobre la actitud del Gobierno de México ante estos problemas. Con frescura y franqueza desusadas -acaso porque no es un diplomático profesional, sino un ex diputado y dirigente político, del partido en el Gobierno desde hace año y medio, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -el canciller salvadoreño Hugo Martínez hizo notar la contradicción que encierra el destinar amplios recursos a impedir el tránsito de migrantes indocumentados y no ser igualmente pródigos con los medios para impedir los secuestros y castigar a los responsables.

En un tono que es propio de los gobiernos que protegen a sus nacionales en el extranjero, Martínez recordó que este no es un caso excepcional. Durante el año que está por terminar, ciento noventa y seis migrantes han sido víctimas de secuestros -en seis operaciones-, de los cuales la cuarta parte, cuarenta y cuatro, son sus paisanos. Luego de una primera intervención individual que no tuvo la respuesta esperada, el canciller salvadoreño se reunió en la capital de su País con sus iguales de Guatemala y Honduras para adoptar una actitud conjunta ante la cual el Gobierno de México fue más receptivo.

Tiene que serlo no únicamente con palabras sino sobre todo en los hechos. Sería abominable que los desaparecidos de ahora padecieran la misma suerte de 72 compatriotas suyos cuyos cuerpos aparecieron en agosto pasado en san Fernando, Tamaulipas, asesinados por ‘Los Zetas’, a los que se atribuye la peregrina idea de forzarlos a ser sus colaboradores en el tráfico de drogas o en acciones de seguridad, ante cuya negativa los hubieran asesinado. Es innegable la acción de esa banda en este campo, pero su efecto pernicioso se combina con el que genera la corrupción policiaca, militar y de la autoridad migratoria. De esa manera, los migrantes centroamericanos, que se exponen a peligros sin cuenta con sólo abordar de manera indebida un ferrocarril de carga, no habilitado para pasajeros, tienen que esperar ataques ya de los infractores de la ley, ya sea de los dizque encargados de hacerla valer.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha enviado visitadores para conocer estos hechos. Lo hizo también en enero de 2007 cuando agentes de la Policía Municipal de Ixtepec asaltaron a migrantes centroamericanos, los golpearon y los encarcelaron (acciones en que agredieron también al padre Alejandro Solalinde, entonces como hoy alerta contra la violencia que ofende a los migrantes). En aquel entonces, la CNDH demoró casi un año en emitir una recomendación al respecto, que cayó en el vacío. Se precisa que ni una cosa ni otra ocurran ahora.

Ni perdón ni olvido

A diferencia de Diego Fernández de Cevallos, que apenas volvió a su vida normal perdonó a quienes lo secuestraron meses atrás, sus captores se niegan a practicar ese sentimiento. Al contrario, su consigna es “Contra la justicia y la impunidad ni perdón ni olvido”. Con ella firman sus comunicados recientes, cuya autenticidad ha podido medirse en los hechos, pues anunciaron la liberación de Fernández de Cevallos cuando efectivamente ocurrió.

El manifiesto político contenido en las tres partes de Boletín epílogo muestra que no se trata de un secuestro común y corriente, puramente mercenario, sino de un acto político. Así lo define la propia víctima, por lo que situarse en la cómoda posición de considerar que sus autores son meros delincuentes no ayudará a localizarlos y llevarlos ante la justicia, como es menester. Han cometido un delito y deben responder por él, así haya actuado por móviles no sólo económicos. Pero es preciso conocer esas motivaciones.

El manifiesto se compone de tres porciones entreveradas. La más vasta de ellas es un análisis de la estructura social mexicana, no con la profanidad de una indagación sociológica, sino regido por ideas previas que parte de una concepción dicotómica de la sociedad, dividida entre “Ellos” y “Nosotros”. Aquellos generan y aprovechan la violencia estructural, y organizan la suya propia, una violencia destructiva, destinada a exterminar a los desposeídos. Éstos no son sólo víctimas de esas violencias sino que han contribuido a dar carta de naturalidad a la primera, como si fuera una situación inexorable ante la que sólo rendirse. Justamente contra esa posición se levantan los “Misteriosos desaparecedores”, o la Red de transformación global.

La segunda parte se integra con denuncias concretas contra Fernández de Cevallos (explicando por qué se le escogió para este acto de violencia “revolucionaria”; y también contra Carlos Salinas de Gortari. Con retratos de ambos se ilustraron los primeros comunicados, los que incluían pruebas de vida de Diego. Para los secuestradores, en “la figura de Carlos Salinas de Gortari se identifica más claramente el inicio de esta etapa destructiva; cruzando varios intereses y procesos, es un actor principal y miembro de los círculos más restringidos del control del poder en ese entramado mafioso”.

El reaparecido panista, a su turno, es un “nudo por donde atraviesan múltiples historias turbias”, conocidas por los secuestradores a lo largo de meses de probable interrogatorio inquisitivo, que los condujo en algún momento a mofarse de las confidencias que les había hecho su víctima. En el epílogo, aseguran que “ahora conocemos de cierto los modos de los trabajos y los oficios con los que se maneja, las personas con las que trata y algunas de las que han sido sus más logradas empresas”. En ese punto narran que el secuestrado escribió y remitió cartas, “reclamándoles apoyo económico en correspondencia a su lealtad y a sus servicios”, a 23 destinatarios, cuyos nombres de han dado a conocer, encabezados por el propio Salinas de Gortari.

Fernández de Cevallos, dijeron sus captores, “acumula una larga pero poco honrosa carrera de impunidad y enriquecimiento”. Citan algunos ejemplos de servicios rendidos a poderosos. Este es un ejemplo particular: menciona la dedicatoria, escrita “con gratitud y cariño”, estampada por el nuncio Girolamo Prigione en la copia de la inscripción número uno en el registro de asociaciones religiosas, a nombre de la Iglesia apostólica romana.
 Los secuestradores afirman que esa nota de Prigione cuelga en el despacho de Diego.
Tendrían por qué conocer este detalle si el propietario de la oficina lo narró -lo que indica el grado a que llegaron las confidencias- o si alguno de los secuestradores estuvo alguna vez en ese despacho.

También imputan a Fernández de Cevallos haberse caracterizado “por el abuso de poder, el tráfico de influencias y el enriquecimiento a costa del erario y de los bienes de la nación”. Por ello, “tomarlo prisionero, exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado constituye además de un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones, una demostración de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los ‘descalzonados’ como él nos denomina, una demostración de que nadie, por poderoso que sea, puede ser intocable, una demostración de que con unidad de acción se puede doblegar la voluntad del enemigo y combatir la impunidad”.

En estas últimas líneas se percibe ya, disperso aquí y allí, un plan de acción, la tercera parte del manifiesto. No es un plan descrito minuciosamente sino sólo en sus largos trazos, para desatar una lucha en que “el pueblo” despliegue “todos los medios a su alcance”. Los desaparecedores han elegido la vía armada:

“El ejercicio de la violencia es para Nosotros ineludible, pero necesita de un proyecto en el que su uso sea solamente un medio necesario: el proyecto no puede reducirse a destruir otro. Nuestro proyecto es recuperar lo que la vileza de los poderosos nos arrebata, y es nuestra condición humana; nuestro proyecto es la rehumanización de todos los que no formamos parte de su selecto círculo, a diferencia de Ellos que sólo buscan su propio beneficio. Pensar y hacer política pasa por evaluar las condiciones de existencia, nuestras relaciones sociales e interpersonales, transformarlas en cada acto y hacerse cargo de la vida pública”

Los secuestradores declaran su convicción de que “el uso constructivo de la violencia es legítimo”.

Diego: primer acercamiento

Veinticuatro horas después de reaparecer en público, tras 220 días de secuestro, Diego Fernández de Cevallos pidió a los medios que no se ocupen más de su suerte. Es una solicitud imposible de satisfacer. De aceptar su postura, nos asemejaríamos a la Procuraduría General de la República que omitió, y aún omite cumplir sus deberes en atención al reclamo de un particular. La prensa dejaría de ejercer sus responsabilidades si diera por concluida esta privación ilegal de la libertad, pues por la personalidad del agraviado el delito cometido en su contra nos concierne a todos, pues la generalidad de los ciudadanos esta expuesta a sufrir secuestros. Y si no se investiga este en particular, tan conspicuo, se avanzará poco en la contención de esa práctica delictiva. La investigación, a su vez, sólo será posible si hay una atención y una presión pública que compela a las autoridades a realizarla.

 

Aunque Fernández de Cevallos, tras decir que como hombre de fe perdonó ya a su captores, como ciudadano considera que la autoridad tiene una tarea que realizar, no ha actuado como le corresponde para que esa labor se cumpla. No acudió al Ministerio Público a denunciar el hecho de que fue víctima. Ni siquiera solicitó servicio a domicilio, como le fue prestado, cuando en la trama que conduciría al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, logró que un representante de la PGR recibiera en un salón del hotel Presidente Intercontinental, la ratificación de la denuncia presentada por Carlos Ahumada, contra autoridades capitalinas por presunta extorsión.

Se dirá que las condiciones físicas de Diego lo excusan de acudir al Ministerio Público, y aun de recibir a un agente suyo en sus oficinas o en su domicilio. Pero, hasta donde se sabe, la Procuraduría sigue inactiva en el asunto. Anunció, inmediatamente después de atraer el secuestro a la esfera federal, que se abstendría de actuar, a pedido de la familia. Es de entenderse que al reaparecer la víctima la PGR mudara su actitud. Pero el caso sigue sin merecer su atención. Al anochecer del martes, cuarenta horas después de llegado Diego a su casa, el Ministerio Público federal ha guardado silencio. La reaparición no ha sido hecha constar ya no digamos en una actuación ministerial sino ni siquiera en un comunicado de prensa, como los dos que el lunes mismo emitió la Presidencia de la República. En uno se relata que Calderón telefoneó a Diego y en el otro se anuncia la aplazadaza indagación.

Ante la falta de información oficial sobre la llegada de Fernández de Cevallos al seno familiar, abundan las conjeturas. Como ocurrió en los días inmediatamente posteriores al 14 de mayo, un sector de la población manifiesta su escepticismo sobre el hecho mismo. Es una actitud insana dudar de todo, y suponer que todo puede ser reducido a un montaje mediático. Pero explica esa actitud de un cierto ánimo social (el del segmento incrédulo de la sociedad) el peso de la experiencia. Quienes sistemáticamente rehúsan avenirse a las versiones formales de los hechos, lo hacen para no caer inocentemente en celadas que creen que se les han tendido más de una vez. Fernández de Cevallos contribuye a ese escepticismo regateando información precisa sobre su regreso. Es muy probable que al dejársele libre se condicionara mediante algún amago su presencia ante los medios y a ello obedezcan su parquedad y aun sus contradicciones. Algunas de ellas, sobre la hora, el día y el lugar en que fue liberado dan lugar a una observación detallada de su aspecto, que a su vez suscita presuntos dictámenes sobre su peso, el disparejo crecimiento de su capilosidad (como si fuera posible que se le recortara el pelo pero no la barba), el brillo de sus ojos, como indicadores de una verdad que debería abrirse paso por sí misma, si dicho sector incrédulo no hubiera transitado, en amplia medida, de una opinión ingenua que todo los admite, a una desconfiada que todo lo cuestiona.

Sometido a muchas entrevistas -que seguramente no guardan parecido con los hostigantes interrogatorios a los que probablemente se le sujetó durante su cautiverio-, en algunas de ellas El Jefe muestra un talante más suave, menos altanero del que lo ha identificado por décadas. Pide que sus captores sean perseguidos en el marco de la ley, sin abusos, sin atropellos, ni flagelamientos (¿), y que la actividad gubernamental en torno a su caso sea semejante a la que desarrolle a causa de otras desapariciones forzadas y otros delitos. Ha deplorado el asesinato de la señora Marisela Escobedo. Si su cautiverio lo transformó radicalmente, como no ha sido infrecuente que ocurra, esperaríamos no la conversión de El Jefe en un apóstol de los derechos humanos pero sí el que ponga sus influencias y sus relaciones al servicio de causas humanitarias para que víctimas de la privación ilegal de la libertad en sus varias modalidades, y sus familiares no padezcan los estragos que él mismo y los suyos han sufrido.

Independientemente de la credibilidad de Fernández de Cevallos, contamos con una pieza importante para el análisis de su situación, que son las cinco cuartillas del boletín Epílogo con que los ex misteriosos desaparecedores dieron cuenta de la liberación del ex candidato presidencial. Su contenido cuadra con la percepción que el propio Diego se formó sobre la naturaleza de su infortunio ya concluido. Se trata de un secuestro al mismo tiempo destinado a obtener recursos en abundancia que a formular una denuncia, un enjuiciamiento y un programa de acción.

El crimen de Texmelucan

Como en la guardería ABC de Hermosillo, en San Martín Texmelucan se ha cometido un crimen, un asesinato colectivo. En ambos casos se reunieron negligencia, corrupción, codicia e impunidad para generar un resultado atroz, la pérdida de decenas de vidas humanas, que pudo ser evitada si se cumpliera la ley.

En el caso del estallido dominical en el ducto que pasa por aquel municipio poblano, a los vicios administrativos y políticos enumerados se agrega la lenidad social, la laxitud ética de porciones importantes de la sociedad, en México y en el extranjero, especialmente el sur norteamericano y Texas en particular. El crimen de San Martín, el robo de combustibles en general es posible porque hay un mercado negro de ese material, donde compradores y vendedores rompen las normas de la convivencia, no sólo porque comercian con un producto de procedencia ilícita, sino porque la práctica clandestina de horadar ductos para succionar su producto genera un permanente riesgo, que a veces se actualiza en perjuicio directo de los ladrones y a veces genera daños enormes como los habidos el domingo pasado.

Expendedores de gasolina en México y refinerías de crudo en Estados Unidos venden al consumidor el producto de su rapiña. Nadie ignora la procedencia del líquido. No podría desconocerla porque el precio a que lo adquiere, y que permite las vastas ganancias, sólo es posible por tratarse de un bien ilegalmente sustraído de las instalaciones de su propietario.

El robo de combustibles es posible sólo con la connivencia de personal de Pemex, el que posee la información sobre los puntos idóneos para penetrar los conductos. Igualmente es imputable a los responsables de seguridad de esa empresa la omisión en la vigilancia física de las instalaciones que los ladrones vulneran. Los acompañan en esta abulia integrantes de corporaciones militares y policiacas, encargadas de recorrer las regiones atravesadas por ductos a fin de impedir su saqueo. Y la cadena sigue con el conformismo de quien reconoce que se localizan y clausuran puntos de ordeña de los ductos, pero no se detiene a quienes sacan provecho de ellos.

El robo de gasolina sería muy fácil de combatir. Es un delito ostensible, cuyos preparativos y secuelas, tanto como el hecho mismo de sorber el combustible se hace con frecuencia delante de todos, en zonas pobladas surcadas por la red de distribución de Pemex. En todas partes una autoridad dispuesta a investigar y frenar ese latrocinio podría hacerlo. Yo mismo ha narrado y denunciado cómo no lejos de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende, Hgo, es posible ver cómo durante la noche se forman filas de camiones cisterna sin razón social, que aguardan estacionados a la orilla de la carretera. Y uno a uno va siendo llenado en alguna de las tomas ilegales, que no clandestinas, que abundan en la comarca. Es voz popular a quién pertenecen esos vehículos: se trata de un ex diputado federal priísta, con aires de cacique regional, cuyo nombre no escribo porque carezco de las pruebas que lo incriminen, pero al que mucha gente identifica porque salió de su condición modesta de vida merced a los caudales que este robo le deja.

Tuve esa noticia en 1998, y la práctica ya databa de antiguo. Cuando fue secretario de seguridad pública federal y asumió directamente el mando de la Policía Federal Preventiva, Alejandro Gertz Manero organizó la “Operación Tula”, que se tradujo en detención de maleantes y disminución del saqueo. Con su salida de aquella dependencia cesó la operación, con resultados funestos: según un informe oficial de Pemex, entre 2004 y 2009 el número de tomas se cuadruplicó, al pasar de 110 a 453.

Los directores de Pemex actúan frente a este problema como si fueran meteorólogos, que describen el trayecto de ciclones y huracanes y no pueden hacer más que dar la voz de alarma, pues el fenómeno es inexorable. Juan José Suárez Coppel, el director actual, con motivo del crimen colectivo del domingo en la mañana reconoció que se tienen detectados decenas de puntos de ordeña. No explicó, o si lo hizo sus palabras no fueron registradas, si a cada una de esas horadaciones ha correspondido una denuncia, una averiguación ministerial, unas detenciones, unos procesos. Es probable que nada de eso haya habido. Y es de conjeturarse que no lo hubo porque las ganancias del robo de combustibles son tan altas que permiten compartirlas sin que por ello deje de ser buen negocio.

Está pendiente en el Congreso una reforma al código penal para incrementar la penalidad a este delito. La enmienda parte del criterio, no siempre corroborado por la experiencia, de que sanciones altas son disuasivas. Lo serían si se aplicaran. Pero el principal problema en este caso, como en muchos más, es que los delincuentes no son llevados a los tribunales, donde tiene eficacia la punición. Sólo de tanto en tanto se detiene a bandoleros de este ramo, porque se ejerce el pretexto de que sólo pueden ser capturados en flagrancia, cuando lo cierto es que infringen la ley desde que preparan los extractores y los vehículos hasta que venden el producto de sus latrocinios, momento en el cual la aprehensión de los vendedores podría incluir la de los adquirientes.

El tratamiento penal que se dará al estallido que quitó la vida a 28 personas y lesionó a decenas más partirá de considerarlo un accidente. La sociedad participante, que con razón se indigna por la mezcla de factores perniciosos en la gestación de esta tragedia, pronto se olvidará de ella.

Hacia el centenario del SME

El martes pasado cumplió noventa y seis años el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con el reconocimiento a la legalidad de su dirección, expedido con reticencias por la autoridad laboral en esa fecha precisamente, se asegura que, si bien diezmada, esa organización festejará su centenario el 14 de diciembre de 2014.

Como paso previo y necesario para liquidar al organismo público Luz y Fuerza, la Secretaría del Trabajo se negó el 5 de octubre de 2009 a tomar nota del resultado de las elecciones de abril a julio anteriores. De ese modo pretendió descabezar al gremio, pues rehusó admitir que Martín Esparza había sido reelegido secretario general en el proceso interno previo. Se calculó que de ese modo el sindicato no podría resistir la extinción de su fuente de trabajo, y que sus miembros de avendrían a la engañosamente ventajosas condiciones para indemnizarlos.

Una vasta porción de los trabajadores en activo aceptó los hechos consumados y buscó sacar el máximo provecho de ellos. Unos 28 mil del total de 44 mil electricistas en activo recibieron sus liquidaciones con montos por encima de la ley, y promesas de trato privilegiado cuando constituyeran empresas que proveyeran bienes y servicios al patrón sustituto, la Comisión federal de electricidad, que se ha hecho cargo de suministrar el fluido eléctrico al DF y comarcas de los estados de Hidalgo, México, Morelos y Puebla.
 Quizá se les ofreció también, o ellos lo imaginaron, participación en el dinero que produjera la liquidación del enorme patrimonio inmobiliario del sindicato. Quienes asocian la posesión de predios y edificios (los más de ellos dedicados a actividades sociales y deportivas) por un sindicato, a la idea de abuso en las agrupaciones laborales no tienen presente que esos bienes inmuebles son resultado de casi un siglo de vigencia de contratos colectivos que incluían prestaciones sociales, y de la en general solvente administración de las cuotas sindicales.

Pero ante los 28 mil trabajadores que al recibir su indemnización abjuraron de su pertenencia sindical, unos 16 mil más resolvieron defenderse, preservar su organización y enfrentar la arbitraria decisión gubernamental de extinguir una empresa pública cuyas condiciones de funcionamiento no eran establecidas de modo unilateral por el sindicato, sino por decisiones de la Administración Federal y por la negociación bilateral entre empleados y empleadores.

A través de diversos medios, políticos y jurídicos, el SME buscó reducir al mínimo los daños provocados por el irreversible hecho de la extinción de LyF. Los halcones en el Gobierno federal pretendieron el exterminio del sindicato, como consecuencia de la liquidación de su patrón. Pero cuando se percibió sin lugar a dudas que el SME no se rendiría, tuvo que negociarse con él su prevalencia. Una pieza angular en la estrategia correspondiente consistió en restaurar por completo la legalidad interna, puesta en entredicho por la autoridad laboral. El SME admitió reponer, en las condiciones vigentes más de un año después, el proceso electoral anulado en los hechos. Con el aval de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y de la Secretaría de Gobernación, se convocó a elecciones que se realizaron entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre.
 Caracterizado a lo largo de historia por su apego al estatuto, esta elección en el SME fue más escrupulosa que nunca, y quedó sujeta a observación civil y a la fe de un buen número de notarios.

Fue un ejemplar y transparente ejercicio de democracia sindical, a pesar de las precarias condiciones en que se ha desenvuelto la vida sindical en los meses recientes. Aunque el estatuto es generoso en auspiciar la competencia (para la presentación de planillas se requiere el aval de únicamente quinientos miembros del sindicato, muy pocos en un universo de decenas de miles), sólo se registró la planilla encabezada por Esparza, lo que dio señal inequívoca de la fuerza de su liderazgo, que sus oponentes y el Gobierno pretendieron minar o desconocer. La afluencia de votantes fue expresión de la acrisolada conciencia de los sindicalistas. En la gigantesca urna transparente fueron depositados poco más de 27 mil votos, indicativos de que participaron casi todos los trabajadores en activo y casi la mitad de los 22 mil jubilados, un promedio semejante al histórico.

Algunos trabajadores que aceptaron su liquidación se sintieron agraviados por su exclusión del proceso electoral y dijeron haber solicitado amparo. Algún grupo mintió afirmando que había obtenido una suspensión provisional, que dejaría sin efecto la elección. Nadie mostró nunca evidencia de que se había procedido así. Ahora es posible que digan que impugnarán la toma de nota por la misma vía del juicio de garantías, y hasta es posible que en efecto lo hagan. Difícilmente prosperará su acción, pues la misma Secretaría del Trabajo ha establecido que no tenían derecho de participar porque son “miembros en receso”, mientras que los que rehusaron ser indemnizados y al mismo tiempo objetaron la terminación de las relaciones de trabajo, con sus acciones legales las han mantenido vigentes.

La propaganda insidiosa divulga la especie de que Esparza se esforzó en la toma de nota para disponer del patrimonio sindical. Esto seria posible sólo si el sindicato se disuelve y se liquidan sus bienes. Al contrario, hay frentes de acción legal que pueden activarse con una dirección reconocida. Felicitaremos al SME dentro de 4 años, en el centenario de su existencia.

Derechos humanos: reforma torcida

La asombrosa y deplorable decisión de un poder del Estado de desembarazarse de una facultad conferida por la Constitución, decisión admitida en la reforma sobre derechos humanos que la Cámara de Diputados aprobó anteayer antes de entrar en receso, fue un mal paso que, como suele ocurrir, condujo a otro de mayor gravedad.

A la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia les pesaba como una losa una atribución que les permitía investigar las violaciones graves a garantías individuales. Mostraban renuencia cada vez que se invocaba el artículo 97 constitucional que le asignaba esta facultad excepcional, más cercana al papel de un indagador ministerial que al estrictamente jurisdiccional, su razón de ser. Por esas reticencias, a lo largo del Siglo XX sólo se produjeron dos aplicaciones de esa norma excepcional, y cuatro más en la primera década de este siglo. Independientemente de su resultado, las indagaciones mostraban la posibilidad de que un poder del Estado desplegara su señorío en beneficio de los derechos humanos.

La voluntaria renuncia de la Corte a una atribución señera condujo al Congreso a llevar esa facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o más exactamente, a su consejo consultivo, un órgano creado en la ley orgánica de la CNDH con un propósito por entero diferente, y al que habría que habilitar, luego de desnaturalizarlo, para que pueda encargarse de “desarrollar y desahogar” investigaciones constitucionales que por el solo hecho de ser efectuadas por un apéndice de un órgano constitucional autónomo pierden la prestancia y el peso institucional que les confería su realización por el tribunal constitucional. Si un valor tenían las indagaciones realizadas conforme al artículo 97 constitucional, ello se debía a la fuerza ética de los juzgadores del más alto nivel institucional. Ejercida en un lugar distinto de la Corte, más valiera que la facultad desaparezca o sea parte de las atribuciones propias de la CNDH, no de su consejo consultivo, o de un Ministerio Público reforzado cuando dependa de una fiscalía general autónoma cuyo titular sea nombrado por el Congreso, no por el Ejecutivo.

Como su nombre lo indica, el consejo consultivo de la CNDH es una decena de ciudadanas y ciudadanos que cuentan con prestigio en el ámbito de su actividad y gozan de reputación, que les permite opinar con amplitud y solidez de criterio en casos a los que discrecionalmente los convoca el ombudsman, que puede atender o no las opiniones del consejo. El carácter ornamental que en situación extrema llega a tener el consejo se mostró hace dos años, cuando el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, no juzgó oportuno consultarlo antes de presentar una acción de inconstitucionalidad sobre legislación del Distrito Federal que afectaba positivamente los derechos humanos de los capitalinos.

Si no se corrige la flamante reforma, que tiene que ser aprobada aun por el Senado, los miembros del consejo consultivo quedarán investidos de un carácter legal que quizá no les cuadre, y requeridos de competencias profesionales distintas de las que las condujeron a ese encargo ad honorem. Su nueva función demanda un conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico, y si bien es cierto que en la actual integración del consejo hay abogados, algunos de ellos merecedores de gran consideración social como Patricia Kurczyn Villalobos, Miguel Carbonell, Rafael Estrada Michel y Ricardo Sepúlveda, también es cierto que hay consejeras que profesan disciplinas ajenas al derecho, como la doctora en Sicología Graciela Rodríguez (que encabezó la facultad correspondiente en la UNAM) y la actuaria Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, que aunque dirigió la unidad de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación carece de formación jurídica. No le hacía falta para pertenecer al consejo en su actual configuración. Es de dudarse que no la requiera la diversa índole que ahora asumirá ese órgano.

Cuando la Corte desplegó la facultad que le confería el 97, encabezaron las indagaciones directamente miembros del pleno, ministros del propio tribunal, o éste las confió a magistrados, expertos en todos los casos en derecho penal, y los más de ellos con experiencia en actividades ministeriales o en la justicia ordinaria. Con la atribución a que nos referimos se despoja a la indagación mencionada no sólo de prestancia social sino también de certidumbre profesional.

Ya antes la Corte había logrado que se la librara de otro fardo, a juicio de algunos de sus integrantes, o de una facultad indispensable para asegurar la libertad de sufragio.. Sobre el razonamiento (o el pretexto) de que el Instituto y el Tribunal federales electorales se encargan ya de esa tarea a partir de 1996, se suprimió la posibilidad de que la Corte investigara violaciones graves al voto público, Ahora el propio tribunal, con el auxilio de un Poder Legislativo que probablemente no se percató del paso que daba, abdicó de un deber, se cercenó una atribución que le daba majestad.

La errática y accidentada reforma en materia de derechos humanos de que forma parte esta aberración es rica en avances y logros, aun respecto a la propia CNDH. Pero la afea, es más que una verruga en su rostro dotar a un cuerpo no preparado para ese efecto una misión exigida hasta que se establezca un régimen de plena legalidad y de confianza social en las investigaciones del ministerio público, que de ser eficaz y respetable haría innecesarios los órganos de derechos humanos.

Moreira, líder priísta

Emilio Gamboa aceptó dirigir, se supuso que sólo durante unos meses, el sector popular del PRI en el entendido de que sería sólo una estación de paso hacia la presidencia nacional del PRI, que ejercería cuando concluyera, en marzo, el periodo para el que fue elegida Beatriz Paredes. Pero anteayer martes, en la oficina misma que ocupa ya no a título provisional, el ex secretario privado de Miguel de la Madrid se sumó a la candidatura del gobernador Humberto Moreira, que será el único aspirante a encabezar el PRI en los próximos cuatro años, incluido el tan remoto y ya próximo 2012.

El partido que se muestra como imbatible de cara al proceso electoral de ese año, ha comenzado a vivir de nuevo la uniformidad que resulta de una conducción superior, acatada por todos, como la ejercida durante décadas por el Presidente de la República. Cuando ese partido perdió el Poder Ejecutivo y con él la posición angular que regulaba el funcionamiento del PRI, se hizo necesario que el liderazgo nacional priísta se disputara entre representantes de polos de influencia y de poder diferentes. De ese modo, en 2002 contendieron por la presidencia nacional Beatriz Paredes y Roberto Madrazo, acompañados respectivamente, como candidatos a secretarios generales, por Javier Guerrero y Elba Ester Gordillo. Diestro en el manejo de elecciones cuyo resultado modelaba de antemano, Madrazo se impuso a Paredes, y aunque ella denunció las triquiñuelas que gobernadores amigos del tabasqueño –como José Murat, de Oaxaca—perpetraron en su contra, se avino a la derrota, en espera de tiempos mejores.

Esos llegaron cinco años después, cuando la elección de nuevos liderazgos se realizó ya no en consulta abierta sino con delegados en una asamblea nacional, la cuarta extraordinaria. Esta vez, su compañero de fórmula era un hombre de poder, Jesús Murillo Karam, y no sólo un militante aguerrido como el coahuilense Guerrero. La tlaxcalteca venció al sinaloense Enrique Jackson, que había sido un poderoso líder senatorial en el primer sexenio del gobierno panista, y a quien acompañó como candidata a la secretaría general la diputada quintanarroense Sara Latife Ruiz.

En la integración de la fórmula ganadora se advirtió por vez primera la influencia del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Aunque Murillo Karam contaba con una personalidad y una trayectoria propias, especialmente a partir de su paso por la Gubernatura de Hidalgo, su inclusión en la fórmula encabezada por Beatriz Paredes obedeció a su vínculo con Peña Nieto. El hidalguense había sido pieza determinante en la elección del mexiquense, dos años atrás, cuando había surgido entre ellos una relación que se ha mantiene desde entonces.

Después de esas experiencias de elegir dirigentes del partido (o al candidato presidencial) entre más de un aspirante, que reflejaron y causaron divisiones internas, el PRI resolvió volver a la antigua fórmula del candidato de unidad, lo que fue posible por el creciente poder interno de Peña Nieto, que buscó asumir un papel determinante en la renovación del liderazgo priísta. De allí resultó la sorpresiva decisión del gobernador de Coahuila de anticipar el fin de su sexenio y presentarse como candidato a suceder a Paredes. Si hubo resistencia de la propia Beatriz y de Manlio Fabio Beltrones, entre quienes se había dibujado el ascenso de Emilio Gamboa, esa reticencia ha quedado anulada. Moreira será el próximo líder nacional priísta. No habrá ni siquiera ilusos que vean en la participación misma un mérito, o mañosos que busquen negociar una posición menor aspirando al cargo principal.

A pesar de esa certidumbre, Moreira hará campaña de enero al comienzo de marzo. Para ello en las próximas semanas pedirá licencia a su cargo de gobernador, y será reemplazado por un interino, lo que a su vez hará menos ostentosa la elección del diputado Rubén Moreira, hermano del para entonces ya líder nacional priísta, como candidato a Gobernador (a menos que los apoyos a quien todavía lo es se hayan condicionado a que deponga su decisión de hacerse suceder por su propio hermano).

Humberto Moreira, profesor normalista, ha recorrido una carrera política breve, casi toda desarrollada en Coahuila, si bien trabajó entre 1988 y 1994 como mando medio en la Secretaría de Educación pública. Allí fue, entre otros cargos, secretario particular de Gilberto Guevara Niebla, subsecretario de Educación básica. De regreso en su tierra, fue secretario de Educación con el gobernador Rogelio Montemayor y luego alcalde de Saltillo, de donde pasó en 2005 al Gobierno del Estado, al que llegó en elecciones muy competidas en que su adversario panista fue Jorge Zermeño, actual embajador en Madrid.

El antipanismo virulento ha sido una característica de Moreira. Ha sido crítico ácido del presidente Calderón, en especial por su estrategia contra el crimen organizado. Pero en ese mismo terreno de la seguridad pública no ha sido un gobernante eficaz. Durante su quinquenio se han multiplicado las desapariciones de personas, algunas de ellas secuestradas en busca de una ganancia económica, pero las más sin que se conozca reclamo alguno de sus captores, sin que se sepa quiénes son y, por ende, sin que se castigue a los perpetradores ni se localice a las víctimas.

Los añorantes del priísmo, que lo supongan renovado por que sus figuras refulgentes en los próximos años son menores de cincuenta años, contarán con la biografía de Moreira y de Peña Nieto como insumos imprescindibles para su reflexión.

Corte incompleta

Si la historia se repitiera mecánicamente, sólo con distintos protagonistas, en febrero próximo el Senado elegirá a la magistrada Lilia Mónica López Benítez como ministra de la Suprema Corte de Justicia, como estuvo a punto de ocurrir ayer. Pero la insensibilidad de los senadores panistas, apoyo de la actitud semejante del presidente Calderón, impidió que el máximo tribunal quedara por completo integrado. Subsistirá, por lo tanto, el hueco dejado el 19 de septiembre por el fallecimiento del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, vacante que ha causado ya 15 empates en la primera sala, según advirtió el 29 de noviembre su presidente, Arturo Zaldívar. El que haya diez ministros y no once en el pleno abre el riesgo formal de que no pudiera designarse nuevo presidente de ese tribunal el próximo 3 de enero, si hubiera cinco votos a favor de un candidato e igual número a favor de otro.

Ayer acudieron a hablar ante el pleno senatorial las tres integrantes de la terna enviada por el presidente Calderón tan pronto como el ministro Zaldívar reveló el grave inconveniente de que haya un número par en la sala diseñada para cinco miembros. Fueron escuchadas las magistradas Elvia Rosa Díaz de León, Lilia Mónica López Benítez y Andrea Zambrana Castañeda. Sus discursos completaron la imagen que un buen número de senadores se habían ya formado sobre su perfil y sus propósitos, pues fueron recibidas en comisiones el jueves pasado (y los legisladores panistas les habían pedido presentarse ante su fracción días atrás).

Fue claro que las palabras de la magistrada López Benítez fueron bien recibidas por la mayoría de sus escuchas, que aplaudieron las definiciones de la candidata que reúne experiencia y frescura, pues si bien ha servido al Poder Judicial federal durante un cuarto de siglo (veinte años menos que la magistrada Díaz de León) expuso una visión moderna del tribunal constitucional del que aspira a ser parte y que a su juicio debe abrirse al derecho convencional; es decir, a los tratados internacionales que son parte de la legislación mexicana.

La recepción dada a sus palabras, que confirmó la reacción de los senadores que la escucharon el jueves, se reflejó en la votación. Ella obtuvo 73 votos, lejos de los 48 depositados a favor de Díaz de León, y los solitarios dos de Zambrana Castañeda. Con ser muchos, fueron insuficientes pues se requerían 82, dado que se hallaba el Senado casi completo, pues estaban presentes 123 de los 128 integrantes de esa cámara. Conforme a un acuerdo suscrito ex profeso, se realizó una segunda ronda, en que la magistrada López Benítez avanzó un voto, la ocupante del segundo lugar permaneció en 48 votos y los dos de la tercera desaparecieron, convertido uno en el agregado a la candidata más votada y en abstención el otro.

Puesto que no se logró la elección, se informará al Ejecutivo el resultado para que presente una nueva terna. De ese modo se repetirá un episodio que ya conoció el Senado, y en el que participó en semejantes condiciones a las de ahora la magistrada Díaz de León, que por ese motivo insistió ayer en que era la segunda ocasión en que se dirigía al pleno. Pudo decir también que era la tercera vez, siempre con resultado adverso, que se presentaba como candidata a cargos que el Senado decide, pues aspiró a ser magistrada del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 27 de noviembre de 2003 el Senado programó la elección de dos integrantes del pleno. El primer caso no ofrecía duda. Encabezaba la terna el director del departamento de derecho del ITAM, José Ramón Cossío, cuya aspiración a ser ministro era conocida y aceptada, pues legítimamente él mismo la había expresado o dado a entender con claridad. El presidente Fox predispuso su elección colocando en la terna a dos juristas de mérito pero sin la dimensión pública de quien a la postre fue elegido. Lo fue de modo arrollador, pues de los 92 senadores presentes se inclinaron por él 84, mientras que los ocho restantes se dividieron entre las otras candidatas.

No se produjo un resultado así de rápido y contundente en el segundo caso. En la primera vuelta el ex presidente del Tribunal Federal Electoral, José Luis de la Peza obtuvo 42 votos, la magistrada Margarita Luna Ramos, 37, y su colega Elvia Rosa Díaz de León, doce. Sin mayoría calificada, hubo de citar a una nueva sesión, el 2 de diciembre, para saldar la situación. No fue posible hacerlo, porque si bien casi se duplicó la votación a favor de Luna Ramos (72 votos) y creció la de Díaz de León hasta 45, todo en ello en perjuicio de De la Peza, que terminó con sólo seis, ninguno de ellos llegó al tope demandado. De esa suerte, el presidente Fox envió en febrero siguiente, de 2004, una nueva terna, en que prevaleció el nombre de Margarita Luna Ramos, suponemos que por ser la que mayor votación obtuvo y a la postre fue elegida ministra.

Si no quiere de nuevo ser insensible, Calderón tendría que hacer lo mismo, y al integrar la nueva terna incluir en ella sólo a la magistrada López Benítez. Se remediaría así, aunque con tardanza, el problema generado por la imposibilidad de que ayer fuera elegida una nueva ministra. De no acatar una consigna, los senadores panistas hubieran debido sumarse a la mayoría, que con amplitud reflejaba el espíritu prevaleciente en el Senado. Si Calderón padece igual empecinamiento dentro de algunas semanas y presenta una terna que no genere asentimiento, él mismo podrá cubrir, a solas, la vacante. Esperemos que no se trate de eso.

La Virgen y los poderes

Sólo faltó un militar (el comandante de la primera región militar, por ejemplo) para que en torno de la Virgen de Guadalupe se reunieran los poderes que hacen política en nombre de esa principalísima advocación de la Madre de dios según el credo católico. El motivo fue la entrega de la primera fase de la Plaza Mariana, un conjunto de obras en forma de cruz que incluye un centro de evangelización, un columbario, un museo interactivo, un mercado y un centro de salud. Estas dos últimas instalaciones, que servirán a los vecinos de la zona independientemente de su credo, serán las últimas en terminarse y entrarán en servicio avanzado el año próximo.

Presidió la ceremonia inaugural el cardenal arzobispo primado de México, Norberto Rivera, y los convidados principales fueron el jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, presidente del grupo Carso, que ha donado la construcción, y Olegario Vázquez Raña, cabeza del Grupo empresarial Ángeles, que domina crecientemente la industria de hospitales, y opera un segmento importante de la hotelería y de los medios de comunicación. Esto último lo hace a través de Grupo Imagen, propietario de un canal de televisión, muchas emisoras radiofónicas y un diario, que conserva el nombre del fundado por Rafael Alducin en 1917. Vázquez Raña (llamado familiarmente sólo por su primer nombre por el arzobispo) se encargó de la cimentación. Dijo Rivera Carrera: “después de haber llegado a los acuerdos con el Gobierno de la capital, tuvimos la fortuna de que la compañía de Olegario empezara los cimientos y ahí están, a 36 metros, muchos trabajos, muchos sudores, muchas fatigas”.

Debido a la sobresaliente presencia de su propietario, Excélsior dedicó el viernes 10 dos planas en su primera sección (no en la sección Comunidad, reservada para los temas citadinos) a la conclusión de la primera fase y el comienzo de la segunda. La nota referida al acto explicó que en ese momento “se destensaban (sic, en vez de distendían) meses de alejamiento entre el jefe de Gobierno y el cardenal Norberto Rivera”

El prelado ha sido un agrio crítico de la legislación que despenalizó la interrupción prematura del embarazo hasta la duodécima semana, y la reforma al Código Civil que mudó la definición de matrimonio para que no fuera entre un hombre y una mujer sino entre dos personas, lo que permite el casamiento entre individuos del mismo sexo. Directamente el cardenal, y con mayor encono su vocero, el padre Hugo Valdemar, a través del semanario Desde la fe y en conferencias de prensa, se ha condenado ese modo de gobernar de Ebrard. De más está decir que en la contienda legal del jefe de gobierno con el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez su hermano en el Episcopado está inequívocamente de su parte.

La fiesta mariana, en vísperas de la gran concentración humana del día doce, fue aprovechada por Rivera Carrera y por Ebrard no sólo para emitir señales de cordialidad recíproca sino para hacer ver que, en la contienda interna del PRD por la candidatura presidencial, el favor de la Iglesia católica está con el actual y no con el anterior jefe de Gobierno del DF. Era obligado a referirse a Andrés Manuel López Obrador, con quien Rivera Carrera mantuvo una relación tersa, porque el Gobierno capitalino donó el 8 de abril de 2003 los treinta mil metros cuadrados de la Plaza mencionada. Pero el cardenal y el gobernante únicamente lo aludieron, hablando del Gobierno de entonces. En esa omisión el cardenal incluyó el olvido de la presencia de López Obrador en la Casa del peregrino, en esa misma zona, inaugurada apenas cuatro días después de la asunción del jefe de Gobierno, el 9 de diciembre de 2000.

La nota que relata lo acontecido el jueves pasado refiere que “estaban hombro con hombro, incluso Norberto Rivera palmeó el hombro izquierdo del más visible candidato de la izquierda mexicana a la Presidencia de la República”. ¿Ebrard es el más visible candidato de la izquierda mexicana? ¿No ese sitio le corresponde por ahora a López Obrador? Trastrocar el orden en que los ha situado la opinión pública no es un desliz del reportero. Parece corresponder a una estrategia. Ayer lunes, por ejemplo, en el noticiario matutino de Televisa se planteó que los candidatos más viables para el 2012 son Enrique Peña Nieto, Santiago Creel y Ebrard, descartando prematuramente al ex jefe de Gobierno.

La Plaza Mariana está superando un notorio retraso. El diseñador del proyecto, arquitecto Javier Sordo Madaleno calculó en mayo de 2006, ya con una demora encima, que la construcción concluiría unos 24 meses después. Pero diversos obstáculos impidieron que las obras comenzaran. Ya para entonces había sido “resuelto” uno de esos problemas: el predio donado por López Obrador incluía una zona ocupada por comerciantes que resistieron legalmente ser desplazados, hasta que lo fueron por la fuerza el 4 de enero de 2006. Se les arrinconó en un espacio callejero por cuya precariedad reciben una ayuda de la delegación Gustavo A. Madero. Se les ofreció un mercado nuevo, incluido en el proyecto pero del que apenas existe la horadación para los cimientos.

La dificultad mayor era financiera. Sólo este año entró a enfrentarlo el presidente del grupo Carso, cuyo yerno Fernando Romero se ha hecho cargo de la consumación del proyecto. Está previsto instalar 100 mil urnas funerarias en el columbario, que ya se están vendiendo pero los ingresos no han sido suficientes, porque son menos de lo calculado.

Negligencia en comercio exterior

La promoción del comercio exterior parece importar poco al Gobierno federal. Mantuvo acéfalo durante cuatro meses el fideicomiso Proméxico, que al margen de la ley debe ocuparse de esa urgente tarea, y persiste en su igualmente ilegal propósito de reducir las dimensiones del Banco Nacional respectivo, hasta hacerlo desaparecer.

En ese panorama, y con ese propósito, crecen las tensiones internas en Bancomext, convertido en una suerte de “casa chica” de Nacional Financiera, pues su director general y una docena de directores generales adjuntos desempeñan la misma función en ambas instituciones, con detrimento de la atención que cada una de ellas reclama, especialmente el banco especializado, al que los gobiernos panistas han pretendido extinguir.

En este momento, un amago en apariencia menor, casi meramente anecdótico, es la piedra de toque del enfrentamiento entre la dirección del banco y el comité sindical. El episodio que ahora mencionaré es parte de una deliberada política de desdén a la gestión sindical, para privar a quienes la ejercen de su papel de representación, y con ello para disminuir el efecto que surta en Bancomext la creación de una federación sindical de la banca de desarrollo.

La dirección del banco que presumiblemente promueve el comercio exterior ha pedido al comité del sindicato un local en el edificio de la propia institución que la agrupación gremial ha ocupado durante un cuarto de siglo, con el asentimiento tácito de siete directores que en ese lapso con mejor o peor suerte, con mayor o menor atención al desarrollo de la institución han pasado por ahí. Ciertamente, el sindicato dispone de su propio domicilio, pero la relación bilateral del día con día se ha manejado desde los años ochenta desde una pequeña oficina en que despacha el minúsculo comité sindical. La dirección del banco reclama ese espacio como si lo necesitara, cuando es evidente lo contrario, tanto por la reducción de tareas que atosiga a esa institución en beneficio de Proméxico, como por el ausentismo de los directores, el general y los adjuntos, que casi no utilizan sus oficinas y las salas de consejo y de reuniones dado que prefieren despachar en Nacional Financiera.

El acontecimiento en apariencia menudo forma parte de un panorama que revela la concepción de los gobiernos panistas sobre la banca de desarrollo, a la que buscan eliminar o minimizar en beneficio de la banca privada, que ya muy gordas utilidades obtiene con una práctica abusiva en la que la clientela paga por dar su dinero a administrar, en vez de que los bancos resarcieran la disponibilidad de los recursos de ahorradores, depositantes e inversionistas con intereses pasivos que no sean ridículos. En una cuenta cuyo saldo promedio es de 43 mil pesos recibí un abono de tres pesos por intereses durante el mes de noviembre.

En el Gobierno de Fox se deslizó la idea de fundir Nacional Financiera y Bancomext. No llegó a concretarse ninguna iniciativa legal en tal dirección, pues debido a que ambas instituciones fueron creadas por sendas leyes, la modificación de sus objetivos y su estructura reclama la intervención del Congreso. Al contrario, en agosto de 2004 la Cámara de Diputados resolvió explícitamente, en un punto de acuerdo suscrito por la mayoría, que no se avanzaría en explorar la conversión de dos bancos en uno.

Ante la perspectiva de fracasar en el terreno legislativo, el Gobierno de Calderón buscó actuar en el campo de los hechos consumados. El primero de diciembre de 2006, al mismo tiempo que lo ratificaba como director de Nacional Financiera, designó a Mario Laborín Gómez director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. El significado de ese nombramiento fue encarado por la Cámara de Senadores, que en marzo de 2007 reiteró la reticencia que tres años antes había expresado su colegisladora, al acordar su rechazo a cualquier iniciativa de fusión.

En respuesta, el Gobierno acudió de nuevo a los hechos consumados, aunque violaran la Ley. Creó el fideicomiso Proméxico, al que se le atribuyeron funciones propias del banco, sin modificar su ley orgánica. Luego de vacilaciones que llevaron a enmendar el decreto de creación de ese fideicomiso en febrero de 2008, se arrancaron funciones a Bancomext, sin importar que a sus directivos se les pueda imputar el incumpliendo de la legislación que rige a la institución. En vez del Banco, Proméxico se encarga ahora de promover el comercio exterior y atraer la inversión extranjera. Su primer director, Bruno Ferrari, fue ascendido en julio pasado al gabinete como secretario de Economía, ciertamente no por su buen desempeño al frente del organismo que usurpa tareas de Bancomext. Sin quererlo el propio Gobierno reveló cuán inocuo es Proméxico que lo mantuvo sin director hasta el 24 de noviembre pasado, en que fue designado para encabezarlo el ingeniero Carlos Guzmán Bonfil.

En ambas cámaras del Congreso las fracciones del PRI han presentado iniciativas para crear un Sistema Nacional de Banca de Desarrollo. Pero no ha prosperado su trámite legislativo. Mientras tanto, Bancomext languidece en un proceso de deterioro deliberado que incluye el menoscabo de la relación bilateral, en actitudes a las que no es ajeno el director general Héctor Rangel Domene, que hace dos años sustituyó a Laborín. El propio director general (que antes lo fue de Bancomer, donde también trabajó su antecesor) y los doce directores adjuntos que sirven a dos amos, quedan mal con uno, al que se proponen suprimir.

Plaza Mariana… el milagro continúa

A ciento cincuenta años de la promulgación de la Ley sobre Libertad de Cultos –recordada el miércoles cinco en la Cámara de Diputados—las creencias religiosas tienen una fuerte repercusión en la vida pública. Un confuso credo, el de Nazario Moreno, su fundador, está en la base de la creación de La Familia Michoacana, que esta semana ensombreció la vida de ciudades y villorrios de esa entidad al resistir el embate de las Fuerzas Armadas que la persiguen. Otra fe, más clara y vigorosa, la predicada por la Iglesia católica mostró su capacidad de persistir e influir sobre la sociedad en un simbólico acto en la Basílica de Guadalupe, donde según reza la propaganda del cementerio que es parte fundamental de la Plaza Mariana, el milagro continúa.

Otros milagros, aunque no de carácter religioso, se producen también en el Congreso festejante de la reforma de Juárez que, conforme a la noción popular, volvería a morirse si al revivir contemplara el vuelo de las sotanas en animados convivios con magnates y políticos en ascenso. El más notorio de esos milagros al parecer fue obrado por la Secretaría de Hacienda, que con ofertas imposibles de resistir hizo mudar el voto de un número clave de senadores que con su volubilidad impidieron una nueva Ley Federal de Competencia. De esa manera, en un enfrentamiento que va más allá del natural antagonismo entre legisladores de distintas fracciones, una partida entre suspirantes presidenciales, Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, se resolvió a favor del panista, que con destreza parlamentaria realizó una faena que debe ser reconocida por su adversario Felipe Calderón, en cuyo provecho fue ejecutada.

Un conjunto de reformas a la regulación de la economía, conocido como “ley antimonopolios” fue aprobado por consenso de todos los grupos en la Cámara de Diputados. En la de Senadores, sin embargo, se enmendó y adicionó la minuta recibida de San Lázaro. La principal de esas modificaciones, promovidas por razones de fondo y coyunturales por el líder de la bancada priísta y presidente de la mesa directiva, recibió por ello el nombre de “ley Beltrones”. Se trataba de fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica, convirtiéndola de organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía en un órgano descentralizado con autonomía y cuyos integrantes fueran nombrados por el Ejecutivo pero, a diferencia de lo que ahora ocurre, confirmados por el Senado.

El fundamento de la enmienda es sano, pues se impide o dificulta que el Presidente haga miembros de esa comisión a quienes sólo su voluntad decida, lo que induce al amiguismo como en una comisión de corte jurídico semejante, la de Telecomunicaciones, acaba de ocurrir con la designación de un presidente que no cubría los requisitos de ley pero satisfacía la condición que es divisa de la actual administración: es amigo del Secretario de Comunicaciones que a su vez lo es del Presidente de la República.

De haberse aprobado la modificación beltroniana (una de seis propuestas, entre las cuales sobresalen también las severas penas aplicables a las prácticas monopólicas, que en efecto las hagan disuasivas), el Senado donde suele ser dominante la voluntad del autor tendría en los dos años siguientes una nueva fuente de poder, de cogobierno, pues los próximos integrantes de la Comisión de Competencia Económica sólo podrían ser nombrados mediante el acuerdo de Calderón y Beltrones, facultad invaluable para un político que, como el sonorense, requiere hacerse notar como capaz de gobernar, en beneficio de sus aspiraciones presidenciales.

El martes pasado la reforma Beltrones fue aprobada en lo general, por una estrecha minoría, de sólo dos votos: 555 contra 53. La discusión en lo particular fue evitada por el PAN mediante la salida de sus senadores, que rompieron el quórum y aplazaron para el jueves ese debate. Mediante el milagro referido, la voluntad de una docena de legisladores fue remodelada. Y las seis enmiendas de inspiración beltroniana fueron rechazadas. El marcador del martes se transformó el jueves en uno de sentido contrario: 62 contra 52. Los 53 votos panistas se reforzaron con 4 del Partido Verde, 3 de Convergencia y 2 del PT. El senador Pablo Gómez, del PRD, denunció que “el Gobierno ganó de manera sucia. Ofreció a algunos, a través de la Secretaría de Hacienda, inversiones en ciertos municipios, y a otros les garantizó la venta de medicamentos al Seguro Social por parte de algunas farmacias”.

Se creó con ese resultado una excepcional situación legislativa. La minuta senatorial fue remitida a los diputados para que confirmen su inicial aprobación, pero lleva en blanco los artículos que fueron objetados por el PAN y su flamante compañía. El hecho práctico es que no habrá en este periodo, que termina el miércoles próximo, una ley contra los monopolios, de suerte que los que dominan amplios espacios de la economía mexicana, y logran con ello que los consumidores paguen tarifas y precios excesivos, seguirán gozando de esa situación.

El grupo senatorial priísta, de ese modo derrotado, reprochó a Calderón su incongruencia, ya que como candidato presidencial postuló la autonomía de órganos como la Cofeco y ofreció blindarlos “contra tentaciones de amiguismos, componendas, corruptos e incapaces para ocupar el cargo de comisionados”, que es el criterio con que Beltrones procedió. Y a favor de la intervención senatorial, el candidato presidencial panista había sostenido que “la ratificación de los comisionados por el Senado no implica invadir la esfera del Ejecutivo federal ni adoptar un sistema parlamentario, sino un esquema de balance y transparencia que garantiza decisiones que respondan a un punto de vista estrictamente técnico y objetivo”. Calderón olvidó esas nociones al remitir un proyecto que no las recogía y que, por haber sido así aprobado en San Lázaro, quisieron priístas y perredistas enmendar en Xicoténcatl.

Calderón recibió noticias de ese lance parlamentario en Cancún, donde encabezaba las reuniones cumbres sobre cambio climático y mientras tenía dirigida principalmente su atención en el combate contra La Familia Michoacana. Según informó el vocero presidencial Alejandro Poiré el jueves, una operación de fuerzas federales iniciada la víspera en busca de dirigentes de esa banda delictiva, fue resistida por ésta y suscitó enfrentamientos en doce municipios, incluido el de la capital. Se produjeron 19 recios combates que atemorizaron a la población especialmente en Apatzingán y comunidades cercanas, donde la acción militar y policíaca continuaba el viernes, y alteraron la vida ordinaria incluso en ciudades remotas, a las que dejaron de correr los autobuses que salen de Morelia. El saldo de las varias escaramuzas, que supusieron el uso de helicópteros artillados por parte del gobierno, era hasta ese momento de once personas muertas: cinco policías federales, tres presuntos delincuentes y tres civiles, dos de ellos menores de edad. Se presume que uno de los bandoleros muertos sea Nazario Moreno, conocido por su hipocorístico, El chayo, que dio a La Familia Michoacana un carácter tenebroso, de secta mística y banda criminal que recluta a sus adeptos entre adictos rehabilitados.

El contexto en que se lanzó esta batida, a cuatro años exactos del comienzo, en esa misma entidad, de las operaciones militares contra la delincuencia organizada, tiene un marcado tinte político, según lo describe la Secretaría de seguridad pública al dar cuenta de sus acciones contra La familia michoacana. Esa autoridad insiste, aunque la justicia federal ha dicho lo contrario, que los alcaldes y funcionarios detenidos en mayo de 2009 favorecían a esa banda. Sus sesgadas opiniones, sin embargo, se verán reforzadas cuando se ahonde en la atroz circunstancia de que aparezca en la nómina de una escuela del municipio de Arteaga uno de los jefes de La Familia, Servando Gómez, apodado La tuta, que en efecto fue maestro, ya no cobra y sin embargo permanece en la lista del personal empleado por la secretaría de educación pública estatal y es, por ese motivo, miembro de la sección doce del SNTE, cuya dirección ha sido tradicionalmente opuesta al liderazgo institucional y es, al contrario, uno de los baluartes de la CNTE.

De los milagros marianos, que corresponden más al cielo que a la tierra, nos ocuparemos después.

Nueva ministra

Ayer comparecieron ante las comisiones senatoriales que preparan el nombramiento de una nueva ministra de la Suprema Corte, las tres candidatas presentadas por el Presidente de la República. Se prevé, en consecuencia, que el Senado esté en condiciones de votar la designación el martes próximo, un día antes de que comience el receso legislativo.

 

Al recibir a las candidatas los senadores vencieron la tentación de devolver la terna al Presidente, molestos por el breve lapso que el Ejecutivo les concedió en los hechos para elegir a la nueva integrante del máximo tribunal, que reemplazará a don José de Jesús Gudiño, muerto el 19 de septiembre. Dos meses y medio después remitió el Presidente la terna respectiva, que también incomodó a miembros del Senado porque al estar integrada sólo por mujeres el Ejecutivo estrechó el espacio deliberativo de quienes deben escoger un miembro de la cúpula del Poder Judicial donde no hay cuotas de género. La intención, plausible de suyo, de ampliar el número de sitiales ocupado por mujeres (ahora hay dos ministras de un total de 11) quedó desmejorada, a juicio de algunos senadores por el carácter impositivo de la planilla.

El Senado cubrirá la vacante del ministro Gudiño, eligiendo entre las magistradas de circuito Elvia Díaz de León Hers, Lilia Mónica López Benítez y Andrea Zambrana Castañeda. La terna, según se sabe extraoficialmente, porque el Ejecutivo se abstiene de informar al Senado qué criterios lo llevaron a integrarla de esa manera, fue compuesta por la Presidencia a partir de una lista de ocho precandidatos preparada en la Corte, una vez que Calderón accedió a proponer sólo a personal perteneciente a la carrera judicial. Gudiño Pelayo estaba en esa condición, y se ha estilado mantener el equilibrio establecido desde la configuración de la actual Corte, en 1995, en que haya juzgadores profesionales y juristas procedentes de otros ámbitos de la práctica jurídica.

Circula en el ambiente judicial la impresión de que el ministro presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia sugirió al Presidente privilegiar la propuesta de la magistrada Díaz de León, lo que Calderón habría aceptado, de suerte que esa candidatura tendría un sello doblemente presidencial. Se requiere desplegar esa característica ante los senadores para paliar el inconveniente que afecta a la magistrada Díaz de León, que es el pertinaz rechazo que ha padecido en procedimientos anteriores. Fue parte de la terna presentada por el presidente Fox en 2003 para sustituir a don Juventino Castro y Castro, y el Senado a la postre eligió a la ministra Margarita Luna Ramos. Fue asimismo candidata a magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006, y el Senado escogió a Manuel González Oropeza. Tampoco prosperaron sus intentos de ser fiscal de delitos electorales en la PGR y directora del Instituto Federal de Defensoría Jurídica. Sólo cuando la decisión correspondió a la Suprema Corte, se le nombró miembro del Consejo de la Judicatura Federal. En vez de premiar su tenacidad (o la de su promotor) el Senado tendría que reparar en las circunstancias por las que legislaturas anteriores no la eligieron. Aunque tampoco está previsto que los senadores exploren el terreno en que las candidatas ha actuado para tener elementos “para mejor proveer”, es seguro que se les haga llegar información sobre el desempeño profesional de cada quien. Con ese insumo, más la entrevista y el examen de la hoja de vida de las candidatas, así como el conocimiento de las necesidades específicas de la Corte el Senado está en situación de hacer la mejor elección.

Contará a favor de la magistrada tenida como favorita su larga experiencia en la administración de justicia. La situación contraria es la de Andrea Zambrana Castañeda, que es la de más reciente ingreso a la magistratura. Antes de ser integrante de un tribunal de circuito (lo que ocurrió apenas en 2008) su desempeño principal fue de secretaria de estudio y cuenta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Si bien ganó su plaza de magistrada en un concurso cerrado, obra en su contra el que no haya sido antes juez y carezca, por lo tanto de la experiencia que el desempeño de esa función otorga.

Cuenta con ella, en cambio, la candidata López Montiel, que muestra el perfil más completo de los que debe examinar el Senado. Antes de ser abogada se graduó en la Escuela Nacional de Maestros y fue profesora de banquillo. En esa etapa dio cuenta de su incesante afán de aprender, pues cursó en Madrid, Técnica Educativa y Cine Didáctico. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional, y maestra y doctora por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en cuyo último grado obtuvo mención honorífica. Ha cursado un gran número de especialidades que dan cuenta de la variedad de sus intereses. Además de los estudios propiamente jurídicos (que la han llevado a las universidades españolas de Salamanca y Alicante) así como en México al ITAM, la Universidad Panamericana, ha realizado un curso sobre equidad de género en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y de redacción avanzada, informática jurídica, matemáticas, y derechos humanos en varias instituciones.

Ingresó a la Judicatura Federal en 1986 como oficial judicial y luego fue actuaria y secretaria, Ascendió a juez de distrito en 1994 y a magistrada en 2000. Sin perder esa categoría desde enero pasado es secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación en el Consejo de la Judicatura Federal.

Crisis existencial del PAN

Aunque el relevo en la dirección panista se saldó con sobresaltos llevaderos, la reunión del consejo nacional que eligió a Gustavo Madero y algunos hechos previos y posteriores dan cuenta de una crisis profunda, la que, hace muchos años, antes de que se propusiera ser a como diera lugar presidente de México, Felipe Calderón implicó que ocurriría si al ganar el gobierno los panistas perdían su partido. En los hechos el dilema se resolvió con una doble pérdida, pues no ejercen el gobierno ni mantienen la esencia de su organización.

Enorgullecíó al PAN durante largo tiempo la convicción, no lejana del fariseismo (el que da gracias a Dios por no ser como los otros), de su diferencia ética con el PRI, que fue su referente, el modo de ser al que no querían asemejarse de ninguna manera. El manejo del Revolucionario institucional por el Presidente de la república, por ejemplo, la sujeción del partido oficial al jefe del Estado era inadmisible. Y sin embargo, el PAN es dirigido hoy desde Los Pinos, como siempre.

Calderón nombró sin embozo a dos presidentes de su partido, a dedo, como en los viejos tiempos. Lo hizo también el sábado cuatro en la figura de Gustavo Madero, aunque en este caso jugó con dos cartas, para simular una contienda cuya mera apariencia quedó clara apenas se percibió que los consejeros adheridos al Presidente forman una amplia mayoría (los 129 que votaron por el triunfador y los 121 que lo hicieron por el candidato alterno, Roberto Gil). Se consolidó así la subordinación del partido a una sola voluntad, la del Presidente, cuya esposa quedó a cargo de supervisar en los hechos la consumación del designio.

A Manuel Espino le fue impedida la entrada a la reunión del consejo nacional, y se le puso en la deplorable situación de que lo echaran de la sede partidista empleados que hasta hace apenas tres años estuvieron a sus órdenes. No es el primer dirigente nacional que sale del PAN. Sí es el primero en ser expulsado. Su caso no estaba cerrado el sábado cuando sufrió esa vejación, pero se le obligó a asumir un hecho consumado, allí, en el partido de los abogados que todo los remitían al cumplimiento estricto de la ley. El partido, que poseía una notable capacidad de reflexión y discusión, no ha practicado una introspección que le permita averiguar por qué José González Torres, Efraín González Morfín, Manuel González Hinojosa, Pablo Emilio Madero y Carlos Castillo Peraza, que lo encabezaron (y tres de ellos fueron candidatos presidenciales) decidieron salir de sus filas. Algo debe haber perdido una organización que resulta repudiada al grado del abandono por quienes le dieron rumbo en por lo menos una cuarta parte de su existencia.

Esa fuga de corazones (órgano en este caso más sensible que el cerebro) quizá resulte de que el patrimonio ético del PAN ha sido dilapidado en el afán de llegar a la presidencia de la república y mantenerse en ella. El primero de diciembre corroboró esa pérdida el ex presidente Vicente Fox, quien sin ambages reconoció que puso el peso de su cargo para hacer que su partido se mantuviera en la Presidencia. El conductor del programa noticioso principal del Instituto mexicano de la radio, Mario Campos, entrevistó a Fox con motivo del décimo aniversario de su ingreso a Los Pinos. El periodista propuso explícitamente al ex presidente si había cargado los dados a favor de Calderón, y Fox admitió campanudamente haberlo hecho.

Se sabe que lo hizo. Lo expuso la timorata declaratoria de presidente electo extendida a Calderón por el Tribunal electoral del poder judicial de la Federación. Los magistrados de la sala superior se refirieron sólo a declaraciones de Fox, no a otros hechos sustantivos, y concluyeron que sus palabras “se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios”, pero no las descalificaron por entero, ya que en su opinión “no fueron determinantes para el resultado final”.

Otro es el juicio que el propio Fox mantiene sobre su intervención ilegal e ilegítima en los comicios de 2006. Apenas dos meses después de entregar la presidencia a Calderón, en febrero de 2007, Fox reconoció que había intentado descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador mediante el desafuero, momento en que reconoce haber perdido, pero “18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato”. En uno y otro momento Fox actuó al margen de la ley.

No es insólito que lo hiciera y además se ufane de ello. Él mismo llegó a la Presidencia de la república en amplia medida a través de una colosal infracción a las reglas electorales. No se ha puesto atención a esa grave circunstancia, porque afea la prodigiosa hazaña de haber derrotado al PRI por primera vez en una elección presidencial. La verdad es que, si no existiera en la legislación electoral una incomprensible desconexión entre los medios y el fin, Fox no debía haber llegado a Los Pinos. O debió irse cuando el Instituto Federal Electoral y el tribunal correspondiente probaron que su campaña se alimentó con un abundante financiamiento irregular, el que provino de los Amigos de Fox. El PAN y su entonces aliado el Partido Verde tuvieron que pagar una multimillonaria multa por haber faltado a la legalidad, pero fue una erogación que al menos los panistas pagaron con satisfacción porque no puso en cuestión el poder presidencial mismo. El fin justifica los medios, se ha llegado a decir para racionalizar esa trampa. Ese comportamiento, contrario a la ética humanista y cristiana del PAN es componente de su crisis.

Matar al mensajero

Julian Assanges, el joven director de WikieLeaks (o jefe de redacción, como él se presenta, en un intento de disminuir su presencia personal en un proyecto colectivo) amaneció esta mañana en una prisión londinense. El Gobierno sueco solicita su extradición y le fue negada la libertad provisional hasta que se resuelva el pedido de Estocolmo. Los delitos de que se le acusa conciernen a su vida personalísima: violación, acoso sexual y coerción, y el periodista australiano debe encarar su responsabilidad. Pero el que las conductas que se le achacan hubieran ocurrido en agosto y se le requiera en diciembre, cuando se halla en el centro de una tormenta de alcance mundial obligan a pensar que una motivación política induce su captura . En otra circunstancia sería exigible que una figura pública como él volviera a Suecia y resolviera de frente sus diferencias con las personas que lo acusan, con las que Assange asegura haber tenido una relación adulta, convenida, es decir con el consentimiento de ellas, que también admiten el consenso salvo en lo que hace a sus reticencias cuando Assanges quiso continuar el trato sexual sin contar con la protección debida.

El protagonista del más vasto escándalo político mundial teme que de Estocolmo, si la justicia británica acepta extraditarlo, se le conduzca a los Estados Unidos, donde se ha creado un ambiente extremadamente hostil en contra suya. La más rabiosa derecha norteamericana lo detesta en mayor medida aún que el Gobierno de Washington, y con la irracionalidad que es propia de esa posición ideológica propone que se le asesine: no que se le aplique la pena de muerte, después de un proceso, sino simple y llanamente que se le arrebate la vida, que un sicario o un desquiciado movido por la idea patriótica que anima a Sara Paley, la fundadora de ese Yunque norteamericano que es el Tea Party, lo balee en las calles como hizo Mark David Chapman a John Lennon hoy hace exactamente 30 años.

Arrestado como está en Londres y eventualmente sujeto a proceso, Assanges resulta un triunfador, porque al atraer sobre su persona las inquinas de los orígenes más diversos permite que la divulgación de documentos reservados continúe su curso. El papel de WikiLeaks se cumple así cabalmente. Su fundador atrae los rayos de la justicia y de las buenas conciencias, sin que se repare en que él no es la fuente de los documentos que ahora incomodan o inquietan a tantos, y tampoco es el eslabón final de la cadena para hacer conocer esos papeles. En buena hora, nadie ha movido un dedo para pretender que los periódicos donde desembocan las filtraciones dejen de hacerlo. Sería de ver que la justicia británica intente censurar a The Guardian, o la española a El País, o la de Alemania a Der Spiegel, o la francesa a Le Monde, o la de Estados Unidos a The New York Times.

En 1971, Daniel Ellsberg un funcionario del Departamento de Defensa norteamericano, percatado de las mentiras monumentales del Gobierno de Nixon para justificar su creciente participación en la Guerra de Vietnam, se jugó el todo por el todo y de manera anónima (sólo al cabo del tiempo sería descubierto) envió copia de un archivo completo sobre el tema a The Washington Post. Cuando este diario inició la publicación de “los papeles del Pentágono”, el Gobierno buscó impedir judicialmente que lo hiciera. Para evitar el silenciamiento otros diarios retomaron la publicación de esos documentos, que fue legitimada a la postre por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde se lee esta frase que podría inscribirse en las salas de redacción (o lo que reste de ellas) de todo el mundo: “Sólo una prensa libre y sin restricciones puede exponer efectivamente los engaños del Gobierno”.

Un moderno Ellsberg, o varios émulos de ese personaje reunieron y copiaron la documentación gubernamental que tanto ha dado que decir, y la remitieron a WikieLeaks. Y los cuatro diarios y la revista mencionados la pusieron a disposición de los lectores, en una nueva demostración, digámoslo de refilón, de la potencia que conservan y mantendrán por mucho tiempo los medios impresos. Se cumplió así, en esos extremos, el propósito del australiano al fundar su sitio en la red: “proteger a denunciantes, periodistas y activistas que cuenten con información relevante y quieran comunicarla al público”.

WikiLeaks está lejos de ser un mero intermediario, indolente e ingenuo, que simplemente corre traslado de sus mensajes. Verifica su origen, pasa por un apretado cedazo la información contenida en los documentos y luego los da a conocer íntegramente. No lo dice de modo explícito pero es indudable que se abstiene de divulgar información confidencial, secreta, que pudiera poner en riesgo a una nación o a individuos en particular. Cuando más, lo que hace es desenmascararlos, cuando se revela el trasfondo de las relaciones diplomáticas, que suelen estar envueltas en el papel de seda del doble lenguaje.

La prisión (en Londres, Estocolmo o Washington) no acallará a Assange. Se le ha cercado obturando sus fuentes de financiamiento y aún sus depósitos bancarios, y negándole acceso al servidor que ha utilizado. Pero ya se aprestan otros muchos centros de difusión, que cuentan con copia de los documentos de marras, a propagar el contenido de esos papeles. Su diseminación no afecta tanto al Gobierno de Washington (al que sí exhibió la difusión en julio de la cifra de bajas civiles en Afganistán) como a los gobiernos ante los cuales actúan los diplomáticos desenmascarados.

Jesús Ortega, ilegal

Hace un año, el Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que intentó en vano refundar a esa organización, determinó acortar el periodo en que Jesús Ortega sería presidente. En vez de concluir sus funciones en marzo, lo haría el cinco de diciembre. Le cuadrara o no esa decisión, Ortega se había avenido a acatarla. Pero el resultado de su estrategia electoral, las alianzas con el PAN en media docena de entidades, en tres de las cuales triunfó la coalición correspondiente le insufló nuevo aliento y resolvió mantenerse en su cargo hasta marzo próximo. Eso le permitirá no sólo conducir el proceso electoral de Guerrero y Baja California Sur, que están en curso, sino también el de Nayarit y sobre todo el del estado de México.

Sus opositores, sin embargo, aunque no pueden impedirlo conforme a la legalidad interna del partido, porque carecen de los votos suficientes en el consejo nacional, no están dispuestos a someterse a la voluntad de Ortega. Quieren que se vaya, inmediatamente. Por lo pronto, el domingo lo declararon presidente ilegal, espurio, a partir de la medianoche. Avisaron, además, que tomarían físicamente la sede del partido, hasta que se restaure la legalidad interna. También anunciaron que acudirán al Instituto Federal Electoral para solicitarle que tome nota de la infracción en que incurre Ortega y de su deposición. Difícilmente resolverán por esa vía sus diferencias. Por tratarse de un asunto claramente litigioso, después de exponerlo ante la Comisión de Garantías, el tribunal interno del partido, tendrían que acudir a la justicia electoral federal. Pero ese es un extremo al que no parecen dispuestos a llegar, porque no reconocen imparcialidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La actual fase de la crisis perredista, que va de tumbo en tumbo, se originó en marzo de 2008, cuando la elección entre Ortega y Alejandro Encinas no pudo culminar con un resultado admitido por todos. Al contrario, en el largo proceso postelectoral quedó claro que hubo irregularidades de una y de otra parte. Por ello, cuando el caso llegó al Trife, lo esperable era que se declarara inválida la elección a efecto de que los órganos internos convocaran a un nuevo proceso. Pero la Sala Superior del Trife decidió que Ortega había ganado y lo impuso en la presidencia. El prolongado litigio concluyó en noviembre de 2008, y seguiría por vías políticas hasta este momento de no ser que la elección de candidatos a diputados, el año pasado, permitió que Encinas obtuviera alguna compensación. Es ahora el coordinador de los diputados perredistas, desde donde mantiene una fría y mínima relación con el mando del partido.

Las corrientes antagónicas a Nueva Izquierda no dieron por concluido el episodio y aprovecharon la derrota del PRD en los comicios federales del año pasado y la debilidad del liderazgo que ese resultado reveló, para canjear, durante el congreso decembrino, su aprobación a reformas que se pretendían sirvieran para refundar el partido, a cambio de que se abreviara el término para el cual habían sido elegidos Ortega y la secretaria general, Hortensia Aragón. En febrero siguiente, ya en este año, el consejo político nacional formalizó aquel acuerdo del Congreso y con el avenimiento de Nueva Izquierda y sus aliados se fijó indudablemente el cinco de diciembre como fecha para una nueva elección. No la hubo, pero los adversarios de Ortega interpretan que éste debió marcharse anteayer.

A la fragilidad de Ortega en 2009 contribuyó de modo central la actitud de López Obrador, que no reconoció la designación del dirigente principal por el Trife y prácticamente, salvo contados casos, abandonó el partido durante el proceso electoral del año pasado. Reforzó su posición y su desavenencia con Ortega un nuevo fallo del Tribunal Federal Electoral, el que privó de la candidatura a jefa delegacional de Iztapalapa a Clara Brugada. En un episodio muy conocido por sus aspectos chuscos y vergonzosos, pero menos estudiado respecto de las capacidades de movilización de López Obrador. El vasto agrupamiento que encabeza hizo que al día de hoy Brugada gobierne la más extensa y poblada de las 16 delegaciones del Distrito Federal.

El éxito electoral de López Obrador en 2009, del que resultó ganancioso el Partido del Trabajo, con el consiguiente perjuicio para el PRD, se trocó en un resultado contrario en julio pasado. Mientras que Ortega predicó y practicó una política de alianza contra el PRI, López Obrador la objetó y militó en su contra. Las victorias de la coalición maldita por el ex candidato presidencial en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y el desempeño de sus candidatos en Durango e Hidalgo, donde no está dicha la última palabra, fortalecieron a Ortega, que por eso resolvió no citar a elecciones y mantenerse en su cargo hasta marzo, cuando se cumplen tres años de su cuestionada elección.


Las dos grandes tendencias que dominan la escena perredista: la de Nueva Izquierda y sus aliados, y la de López Obrador (el grupo de ocho corrientes que desconocieron la presidencia de Ortega) están trabados en un enfrentamiento sin solución aparente. El comité encabezado por Ortega expulsó la semana pasada al senador Tomás Torres, porque apoyó en Zacatecas al candidato de Ricardo Monreal, es decir del PRI. Una infracción semejante, hacer propaganda por otro partido en contienda con el PRD, ha cometido López Obrador. Pero los “Chuchos” se suicidarían si pretendieran sacar del partido a su principal activo político.