Verde, color de la impunidad.

Salvo que en las próximas horas la Cámara de Diputados designe a los tres consejeros del IFE en cuyo nombramiento ha sido omisa desde octubre pasado, esa deficiencia legislativa servirá al Partido Verde para eludir la colosal, y merecida, multa por 288 millones de pesos que no pudo asestarle la autoridad electoral por las desvergonzadas y contumaces violaciones a la ley en que incurrió en la campaña federal de 2009.

Aunque cuatro de los seis integrantes del consejo general coincidieron en que ese partido maniobró para contar con propaganda televisiva en aquel proceso electoral, no obstante estar prohibido contratarla, a la hora de fijar el monto de la sanción la consejera Macarita Elizondo votó en contra. De ese modo, unida su decisión a la de sus compañeros Francisco Xavier Guerrero y Marco Antonio Baños (ostensiblemente favorables al PRI y, por ende a su sucursal verde) se frenó la imposición de la multa, pues fueron también tres los consejeros inclinados a establecerla: el presidente Leonardo Valdés y los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa.

Con la desvergüenza que lo ha caracterizado, el Verde urdió maniobras para hacerse presente en la televisión comercial. Por un lado, en una telenovela un actor (que reconoció haber sido contratado para ese efecto) portó camisetas con la leyenda “Soy verde” como si fuera parte de la trama. Y, por otro lado, hizo que propaganda impresa en sendas revistas (TV Novelas y Vértigo, asociadas respectivamente a Televisa y TV Azteca) fuera desplegada ante las cámaras y resultara en mensajes televisados. Esa y otras añagazas permitieron que ese partido, verde sólo en apariencia, ganara más de dos millones de votos e integrara la mayor bancada de su historia, que refuerza la de su matriz priísta con lo cual logran mayoría simple, lo que el PRI no conseguía desde 1997.

Denunciado desde aquel entonces el ardid, la Comisión de fiscalización del IFE, ante la imposibilidad de probar que se había pagado por esa propaganda, logró caracterizar los mensajes ilegales como aportaciones en especie no reportadas, con cuyo importe el partido tramposo rebasó el tope de gastos en campaña.

El Verde, y los consejeros que votaron en su provecho, consideraron descomunal la sanción, la tercera de mayor monto en la historia del IFE, solo inferior a las que se impuso respecto del proceso electoral de 2000 al PRI y a la coalición del PAN y el propio Partido Verde. Pero hay proporcionalidad entre la infracción y la pena, pues los mensajes amañados a partir de la revista TV y novelas se difundieron cuatrocientas veces. Cada vez que salía al aire un spot de esta índole se producía un efecto en los televidentes y también se generaba una violación legal, por lo que es dable, y es necesario, que a cada falta corresponda una sanción. De allí su importe: 264 millones 178 mil 365 pesos (más 24 millones 556 mil 285 por la difusión de los mensajes derivados de la publicidad impresa en Vértigo y difundidos por TV Azteca).

En la fijación de la multa cuenta el hecho de que el Verde es un partido reincidente. En el mismo proceso de 2009 infringió la ley antes que comenzara el periodo de campaña. Con la argucia de difundir actos de rendición de cuentas de sus legisladores, ostensiblemente realizó propaganda electoral, que fue sancionada en dos momentos por el IFE, hasta por un monto de veinte millones de pesos. Sin embargo, la sala superior del Tribunal electoral del poder judicial de la federación revocó esa decisión y otorgó con ello patente de corso al Verde, que la ha utilizado a placer, sin temor alguno a que se aplique en su contra la ley que sanciona a los infractores.

La inverecundia de ese partido no reconoce límites. En la sesión de anteayer, cuando el empate de los consejeros del IFE lo puso a salvo de ser multado, el senador Arturo Escobar emprendió un colérico ataque contra los votantes inclinados a hacer cumplir la ley. Poco participativo en el debate parlamentario, ha sido conocido más bien por su activismo electoral. En julio de 2009 viajó a Chiapas portando un millón de pesos, claramente destinados a gasto electoral, en la jornada respectiva, sin que tampoco le fuera impuesta ninguna sanción. En la sesión del miércoles estuvo acompañado por el diputado Jesús Sesma (que suplió ex profeso a la habitual representante del partido ante el consejo general). Sesma no fue elegido en los comicios de hace dos años. Era suplente de una candidata de su partido, a la que después se desplazó y a la que se incluyó en la planilla para engañar a la autoridad que demanda el cumplimiento de la cuota de género.

Conductas como esa, repetidas sin límite, definen al Verde, que es un partido genéticamente truculento. Es patrimonio de la familia de Jorge González Torres. Su fundador y primer presidente era un político priísta convencional al mismo tiempo que se dedicaba a sus negocios en el equipamiento hospitalario (variante de la dedicación empresarial de sus hermanos, vocados al ramo farmacéutico), favorecido por el hecho de que su suegro, el doctor Emilio Martínez Manautou figuró en los gabinetes de Díaz Ordaz y López Portillo, que lo hizo gobernador de Tamaulipas. Heredó el partido a su hijo, Jorge Emilio González Martínez, alias El Niño Verde, que ha recorrido sin descanso la ruta parlamentaria (asambleísta, diputado federal, senador).

Tras haberse aliado al PAN en 2000, se transformó en sucursal del PRI y es la cara parlamentaria de las televisoras integrantes del duopolio.

En el Congreso, Pri vs Pri.

A 72 horas de que concluya el periodo de sesiones ordinarias del Congreso parecen a punto de naufragar proyectos ya acordados entre las grandes fracciones parlamentarias, capaces de lograr las mayorías, calificada o simple según el caso, que se requieren para aprobar enmiendas constitucionales o a leyes secundarias.

La causa de que la temporada legislativa llegue a un final anticlimático es la rivalidad que se acendra entre las bancadas priístas, la del Senado encabezada por Manlio Fabio Beltrones y la dirigida en la Cámara por Francisco Rojas, que representa los intereses de Enrique Peña Nieto.

La sola mención del sonorense y del Gobernador del Estado de México sitúa el conflicto en sus términos. Se trata de los más notorios aspirantes a la postulación presidencial de su partido. Y aunque falta más de medio año para que se dirima la candidatura respectiva –y en medio de ese tramo se ubica la elección estatal mexiquense, que influirá en las posiciones de los precandidatos- desde hace tiempo, y con más acusado acento cada día que pasa, no hay movimiento de cada uno de ellos que no sea recíprocamente vigilado y, de ser posible impedido o estorbado.

Ayer fue aprobado en la Cámara de senadores el conjunto de modificaciones a la Constitución que por inercia se llama reforma política aunque diste de serlo, al menos en el amplio sentido que cobró la de 1977 y, con menos trascendencia histórica, la de 1996. El racimo de enmiendas que acordó el Senado contó con el asentimiento de los grupos del PAN y el PRI, que pasaron por alto objeciones de los partidos minoritarios, algunas de ellas dignas de consideración, como las expresadas por los miembros de la bancada perredista Pablo Gómez y Tomás Torres en torno a la combinación de veto presidencial al presupuesto y la reconducción de ese plan de gasto federal. La minuta respectiva debió llegar ayer mismo a San Lázaro a fin de que, tras su eventual aprobación, salga a las legislaturas de los estados a fin de completar el proceso constitucional de reforma.

Pero puede ocurrir que tal aprobación no se consume, y no por desacuerdos entre partidos, sino porque los diputados priístas, o una mayoría determinante entre ellos, no le concedan su asentimiento. La fracción peñista en el grupo tricolor se muestra indispuesta a votar por la afirmativa la minuta senatorial, por varios motivos. Uno sería negar a Beltrones una carta de triunfo, una comprobación de su aptitud para generar consensos, cualidad meritoria a la hora de sumar puntos en la contienda interna previa a la elección constitucional del año próximo.

Por otra parte, el peñismo buscará añadir a la minuta senatorial, que con ese motivo sería devuelta a su origen, la moción mexiquense para reinstaurar la cláusula de gobernabilidad. Peña Nieto firmó un artículo de prensa que Emilio Chuayffet convirtió en iniciativa para volver atrás el reloj de la historia y asegurar al Ejecutivo una mayoría de legisladores que le ofrezca la desaparecida comodidad que caracterizó a los gobiernos priístas, salvo el de Ernesto Zedillo. Con 35% de los votos, según esa reaccionaria propuesta, un partido tendría más del 50% de las curules. Es un paso atrás, que impone la gobernabilidad a la pluralidad, que aun los priístas en el Senado no estarían anuentes a aceptar, menos aún cuando tendrían que digerir la propuesta en apenas 48 horas, si mañana les fuera enviada desde San Lázaro, si quisieran aprovechar hasta el máximo el tiempo legislativo que se agota a la medianoche del sábado. Y, sobre todo, si aceptaran ofrecer ese regalo a Peña Nieto.

Se aduce también que la minuta sería devuelta al Senado sin aprobar las candidaturas independientes o ciudadanas. Quienes dan por hecho que el Gobernador mexiquense será no sólo el candidato de su partido sino el próximo Presidente de la República temen que un candidato ajeno a los partidos, y basado precisamente en el universal repudio que suscitan esas organizaciones, abatiera y aun diluyera la presunta mayoría que arde de ganas por ser gobernada por Peña Nieto. En el Senado no habría disposición a retirar una enmienda que a sus miembros costó trabajo aprobar.

La Ley de Seguridad Nacional puede evidenciar también disensos entre las dos cámaras. La de Senadores la aprobó el año pasado, a partir de un proyecto presidencial que recogió las preocupaciones castrenses respecto del papel del Ejército y la Marina como agencias de Seguridad Pública. El Senado mitigó notablemente el afán militarista que impregnaba la iniciativa presidencial y el largo periodo, más de un año, en que la minuta respectiva yació en la Cámara pareció indicar que los diputados no querían quedar mal ni con las fuerzas castrenses ni con las organizaciones sociales y los partidos que temen la militarización de la vida nacional a partir de una reforzada y legitimada presencia de las fuerzas federales en funciones de Seguridad Pública.

Debido a presiones de distinta índole –que incluirían la amenaza de publicar nexos de gobernantes priístas- los diputados priístas abandonaron su inercia y aceptaron pagar el costo de una ley riesgosa. Para ello, sin embargo, deben reenviar la minuta al Senado, y acaso no encuentren allí un animo receptivo que permita, de última hora, corregir su propia percepción del fenómeno, expresada hace más de un año, ni siquiera ante la presión militar.

Menos mal que la aplazada y esperada designación de tres consejeros del IFE es asunto exclusivo de los diputados, que si no…

Jorge Díaz Serrano.

Que el ingeniero Jorge Díaz Serrano, fallecido anteayer, no pertenecía por completo al pasado, lo enseñan varios indicadores. Por un lado, Pemex mismo, el organismo que él dirigió de 1976 a 1981, lo recordó como a uno de los suyos en una esquela periodística, en su comunicado de prensa y hasta en mensaje de Twitter. El sindicato petrolero y otras agrupaciones como la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C. y la Sociedad Cooperativa de Consumo Pemex, SCL deploraron su muerte en términos elogiosos. En cambio, el Congreso no hubiera podido sumarse a tal sentimiento, no obstante que Díaz Serrano fue Senador, porque la Cámara de Diputados lo desaforó en 1983. Y ahora encabeza a los diputados priístas el mismo Francisco Rojas que, como secretario de la Contraloría, inició el expediente al cabo de cuyo desarrollo dejó sin escaño y condujo a la cárcel al petrolero ahora finado.

Digo que la dirección de Pemex considera a Díaz Serrano como uno de los suyos no sólo porque doctrinalmente coincide con su credo y sus prácticas, sino porque en el sexenio en que dirigió la empresa petrolera nacional proliferó en ella corrupción semejante a la de ahora, con la diferencia de que altos colaboradores del director general, y él mismo al paso del tiempo, fueron procesados por su conducta contraria a la ley y en perjuicio del órgano para que el trabajaban.

Díaz Serrano protagonizó un caso de hombre hecho a sí mismo que pudo concluir en la Presidencia de la República, según lo consideró seriamente su amigo José López Portillo, quien lo designó y removió de la dirección de Petróleos Mexicanos. Nacido en Nogales, Son, el 6 de febrero de 1921, estudió Ingeniería en la ESIME del IPN (y mucho tiempo después Historia de México y del Arte en la UNAM); se hizo desde muy joven empresario y proveedor de Pemex. El punto culminante de esa carrera lo representó su participación en Perforaciones Marítimas del Golfo (Permargo), cuya propiedad se dividía entre los tres Jorges: Escalante, Díaz Serrano y Bush, poco antes de que éste triunfara en la política norteamericana. Permargo recibía jugosos contratos de Pemex, que sólo en los tiempos en que Díaz Serrano fue director importaron 25 mil millones de pesos.

Valido de su amistad personal con López Portillo, Díaz Serrano dirigió Pemex como cosa propia, lo que le ocasionó enfrentamientos con miembros del gabinete. Pretendió ir más allá de un convenio de provisión de gas a Estados Unidos firmado por el canciller Jorge Castañeda, y aunque finalmente se atuvo a sus términos, las ocho gaseras norteamericanas a las que les proveyó ese energético lograron volúmenes y precios ventajosos. El colmo de su autonomía llegó en junio de 1979, cuando sin consultar al gabinete económico del que dependía, pero con la autorización presidencial, disminuyó en cuatro dólares el precio del petróleo sin bajar el volumen de la producción. Anticiparse a las medidas de la OPEP a favor de los consumidores, principalmente Estados Unidos, desordenó el mercado del petróleo y enfureció a los colaboradores de López Portillo, no quedó a éste más remedio que despedirlo aunque de inmediato aceptó hacerlo Embajador en Moscú y Senador por Sonora.

El Presidente consideraba a Díaz Serrano como un precandidato, al lado de Javier García Paniagua y Miguel De la Madrid, según confió a este último a la hora de anunciarle que sería su sucesor. Ya siéndolo, De la Madrid emprendió una tardía y selectiva batalla contra la corrupción en Pemex, que culminó con el proceso a Ignacio de León y Jesús Chavarría, cercanos colaboradores de Díaz Serrano, y con el desafuero y enjuiciamiento al propio sonorense. Dos años después de su caída en emex 29 de junio de 1983, la Secretaría de la Contraloría, cuyo responsable era Francisco Rojas, planteó el caso ante la Procuraduría General de la República, que pidió el desafuero del Senador, acusándolo de obtener personalmente una ganancia de cinco mil millones de pesos en la adquisición de dos buques tanque gaseros. El 30 de julio de 1983, al serle retirada la inmunidad parlamentaria, él mismo se presentó ante la autoridad. Quedó encarcelado exactamente cinco años, hasta el 30 de julio de 1988.

Aunque se discutió en qué medida su prisión se debía a rencores antiguos del Presidente mismo y algunos de sus colaboradores, lo cierto es que la opinión pública tuvo durante muchos años información suficiente y clara sobre la deshonestidad administrativa prevaleciente en Pemex. Tanto esa corrupción como la política favorable a los grandes consorcios energéticos habían sido puntualmente denunciados por Manuel Buendía, Heberto Castillo y Raúl Prieto, que ofrecieron evidencia documental y razonamientos técnicos desoídos por López Portillo.

En la cárcel escribió su defensa, un libro autobiográfico titulado Yo, Jorge Díaz Serrano, aparecido en marzo de 1989, en que refuta a sus críticos y niega haberse corrompido: “He sido víctima de una persecución innoble -dice en su prólogo- que desacreditó a sus autores ante la opinión pública nacional y extranjera. Esa torpeza puso en evidencia que a pesar de lo mucho que México ha progresado en lo material, quienes lo gobernaron en el pasado sexenio, no obstante sus méritos académicos, no alcanzaron la madurez emocional suficiente para frenar sus elementales pasiones”.

En 1992 publicó La privatización del petróleo mexicano, en que recomendó “asociarnos con las grandes compañías para explorar, explotar y vender nuestro petróleo en las mejores condiciones”.

Última semana legislativa.

Esta es la última semana del periodo de sesiones ordinarias de Primavera de la LXI Legislatura. Si mucho me apuran, podría aventurar que es también el tramo postrero de la Legislatura misma. Es verdad que sólo en julio del año próximo se elegirá a los senadores y diputados de la LXII Legislatura, que asumirá sus funciones el 1º de septiembre de 2012. Por ello, a los actuales miembros del Congreso les restan dos periodos de sesiones ordinarias, el del Otoño próximo, del 1º de septiembre al 15 de diciembre, y el formalmente final, de Primavera, del 1º de febrero al 30 de abril de 2012.

Pero cuando se reúnan de nuevo los legisladores, en septiembre próximo, su atención, energía y tiempo estarán concentrados en los procesos de elección de candidatos presidenciales. Esa circunstancia, y los intereses desatados en torno de ese suceso, dejarán en un segundo plano el trabajo legislativo propiamente dicho. Con un añadido más: dos de los precandidatos presidenciales actúan ahora en las cámaras, y en septiembre acaso habrán pedido licencia para contender por la postulación de sus partidos. Es el caso de la diputada Josefina Vázquez Mota y del senador Manlio Fabio Beltrones.

Si ganan la candidatura, habrán dejado atrás su presencia en el Congreso. Si no la obtienen y se reintegran a sus asientos, ya no serán lo que son hoy, y su capacidad de influir y de negociar habrá mermado considerablemente. Y si a estas alturas ha sido ardua labor lograr consensos para avanzar en materias que importan si no a los ciudadanos por lo menos a los grupos de poder y a las fracciones parlamentarias, entonces el grado de dificultad para ese propósito, en tales condiciones, habrá crecido de manera notoria. También cabe la posibilidad, sin embargo, de que en sentido opuesto al razonamiento anterior, las condiciones de la acción legislativa mejoren porque hayan sido removidos obstáculos como los que hoy se perciben, como el enfrentamiento o la escasa coordinación entre las dos bancadas del PRI en el Congreso.

Sea de ello lo que fuere, en estos días los diputados y senadores deberán desahogar una abundante agenda, donde hay pendientes de toda suerte. Sobresale por su relevancia, y porque en tratándose de enmiendas constitucionales se reclaman mayorías calificadas y la intervención de las legislaturas locales, la sólo por rutina llamada reforma política, que no lo es en sentido estricto, porque no forma un conjunto coherente dirigido a un cierto objetivo, sino sólo un agrupamiento de modificaciones para dar satisfacción, o aparentar que eso se hace, a los factores que intervienen en el proceso político respectivo.

Tal es el caso, prototípicamente de las candidaturas independientes. Las propuso, en el ya remoto diciembre de 2009 el presidente Calderón como parte de un paquete al que también se intentó motejar como reforma política. Carente de enhebramiento (casi como el atado de medidas en trance de aprobación ahora), en sus eslabones podía sin embargo percibirse una intención, la de cortejar a “los ciudadanos”, cuyo rechazo a los partidos quedaba abonado con ese conjunto de propuestas: iniciativa ciudadana, referéndum constitucional, etc.).

El Estado mexicano está obligado, adicionalmente, a legislar para establecer las candidaturas ciudadanas. Jorge G. Castañeda obtuvo en tal sentido un fallo de la Corte Interamericana de Justicia. Mas, como ocurre con otras sentencias de ese tribunal, las autoridades mexicanas proceden con doblez, pretendiendo que cumplen al mismo tiempo que mantienen las cosas como están. El acuerdo hasta ayer lunes, entre las bancadas que pueden reunir la mayoría es que la reforma constitucional respectiva entre en vigor en 2015, lo que impide que se practique en la sucesión presidencial del año próximo. Aunque el PAN se empeñaba a última hora en persuadir al PRI de establecer la nueva norma cuanto antes, de todas maneras se requiere que la legislación secundaria en efecto permita la participación directa de los ciudadanos al margen de los partidos. Pero ello supondría una remodelación completa del andamiaje institucional electoral, que descansa en el primordial papel de los partidos en el sistema de elecciones. Y los partidos no aceptarán suicidarse, perdiendo la exclusividad de la presentación de candidaturas.

Otra materia pendiente, que tiene implicaciones muy delicadas, es la ley de seguridad nacional. Respecto de ella ha habido disensos interiores en el PRI, principalmente porque el intento de legitimar la actuación militar en seguridad pública conlleva no sólo mantener privilegios como el fuero de guerra sino la creación de otros espacios de militarización inconvenientes. Algo peor que esa pretensión está perfilándose, si hemos de creer en la información obtenida por la reportera Jesusa Cervantes, que atribuye un súbito allanamiento ante las pretensiones castrenses a la amenaza de publicar expedientes negros de gobernadores que para impedirlo recomiendan a sus diputados avenirse. El amago habría procedido del Ejecutivo mismo como medida extrema para sacar avante una legislación que el Congreso ha mirado con renuencia. (Proceso, 24 de abril)

No se precisa enunciar cuán peligroso es que se consiga de ese modo la obsecuencia parlamentaria. Toda presión para legislar, más allá de la legítima persuasión política pone en riesgo la convivencia institucional, como también lo hace premiar con impunidad a presuntos delincuentes que los que en vez de tratar como interlocutores deberían ser castigados.

Calderón y Juan Pablo II.

El presidente Calderón no encabezará la fiesta del trabajo el próximo domingo. No se le puede criticar que prefiera encontrarse con Benedicto XVI que con Joaquín Gamboa Pascoe, Víctor Flores e Isaías González, jefes del obrerismo oficial. Pero asistir a la ceremonia de beatificación de Juan Pablo II no sólo es impropio del jefe de un Estado laico, sino que contraviene la ley. Calderón se asemejará a José López Portillo cuando antes de recibir en Los Pinos al Pontífice polaco, preguntó retóricamente de cuánto era la multa porque su invitado oficiara allí una misa, y muy orondo anunció que él la pagaría.

El profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación entonces no insinuó siquiera que abriría el expediente para castigar la falta presidencial. En cambio, vencido su jacobinismo por la fuerza de la conveniencia política aceptó ser embajador en Vaticano. Pero la legislación vigente entonces era vetusta e inoperante, y la que ahora rige la relación del Estado mexicano con las iglesias tiene al menos el mérito de la juventud. No llega todavía a veinte años, aunque las muchas vulneraciones que sufre la haga aparecer mucho más vieja, así de maltratada está.

El Artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece sin lugar a dudas que las autoridades “no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares”. La visita presidencial a Roma corresponde exactamente a la conducta descrita en este ordenamiento, y por lo tanto Calderón lo viola a sabiendas.

La casa presidencial pretendió disimular la violación a la ley al anunciar la visita de Calderón al Vaticano. Dijo que “en respuesta a una invitación diplomática, el Jefe del Ejecutivo (sic, por no saber que siendo un poder unipersonal el Presidente no tiene jefe, sino que él mismo es el Ejecutivo) realizará una visita oficial a la Santa Sede para asistir el primero de mayo próximo a la ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo II, a realizarse en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano”.

No se puede engañar a nadie con ese razonamiento. La beatificación no es un acto que corresponda a las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Es un acto litúrgico, eclesiástico, religioso, organizado por la Iglesia Católica cuya cabeza es el propio Jefe del Estado vaticano. Pero el papel dual del obispo de Roma es claramente discernible: es uno cuando se codea con sus iguales, los jefes de Estado y de Gobierno con quienes mantiene relaciones, y es otro cuando reúne a esos dignatarios para que atestigüen un rito en que los católicos todos, incluidos los funcionarios de alto nivel invitados, son feligreses, súbditos de un jefe cuya autoridad no pueden discutir.

No es un tiquismiquis de jacobinismo trasnochado el que me hace cuestionar el viaje presidencial. No padezco esa deformación del ánimo. Pero al mismo tiempo me parece que es debido reparar en la conducta pública del Presidente, aunque parezca limitarse a su mundo personal. Es comprensible que abrumado por las vicisitudes nacionales, especialmente la violencia criminal, que le causan doble desasosiego, por el fenómeno en sí mismo y por la exigencia ciudadana de que rinda cuentas acerca de ella, Calderón ansíe y disfrute espacios de menor tensión como los que le depara su ejercicio diplomático en la cumbre. Pero un Presidente es como el capitán de un barco y el que le corresponde conducir, si bien no está en riesgo de zozobrar e irse a pique, navega entre olas embravecidas cuya furia pueden causar un naufragio. Abandonar el timón no es una actitud responsable. No lo fue el que asistiera el año pasado a la Copa del Mundo de Sudáfrica y no lo será acudir a este nuevo divertimento que será la magna puesta en escena de la que el muy terrenal Juan Pablo II saldrá convertido en beato.

Una de las dolencias que afectan a la sociedad mexicana es su desconocimiento cuando no su desprecio por la ley. El propio Calderón ha advertido sobre la necesidad de imbuir a los mexicanos la cultura de la legalidad de que adolecemos. Debe dar ejemplo, por lo tanto, de riguroso apego a la norma, no situarse encima de ella. La ley que le impide ir a misa, así sea una solemnísima, no admite excepciones.

Además de darse un gusto personal al viajar a Roma, pues notoriamente admiraba al Pontífice en trance de ser santo (al punto de que su hijo mayor lleva ese nombre), parecería que Calderón quiere reforzar su liga con la sociedad católica. Por eso el anuncio de su visita interpreta su decisión como un refrendo de “la profunda cercanía de millones de mexicanos” con aquel Papa, y “la especial vinculación que cultivó con nuestro pueblo durante su pontificado”.

Pero al buscar congraciarse con los católicos que festejarán la beatificación, el Presidente acaso ofenda a un importante sector de la República a la que gobierna. Por un lado, no son pocos los católicos que deploran llevar a los altares al protector de Marcial Maciel, cuya comprobada pederastía es tan grave como otros de sus pecados. Y, por otro lado, el censo ha establecido que un porcentaje creciente de mexicanos no son católicos, a los que acaso agravia la ostentación religiosa del Jefe de Estado, por la inequidad que puede representar respecto de sí mismos y sus iglesias. Al panista de cepa que es Calderón le haría bien recordar que Humberto Rice, fiel panista si los ha habido, renunció al partido ante los excesos de Fox en este campo.

Nuevo proyecto de nación.

Con jovial provocación, Alonso Lujambio ha pedido a Enrique Peña Nieto que salga a debatir. Por su tono, parece que inquiere no qué piensa el Gobernador del Estado de México, sino si lo hace. En la misma línea, y con el mismo destinatario, aunque de otro modo, Manlio Fabio Beltrones ha retomado en el PRI la propuesta de don Jesús Reyes Heroles ante la sucesión presidencial de 1976: primero el programa, luego el hombre. Además de que cada uno de ellos busca situar su propio activismo en un terreno en que llevarían ventaja, responden a una exigencia social sobre la necesidad de conocer qué propuestas específicas y concretas estarán en juego en la elección presidencial del próximo año. Corre en tal sentido, igualmente, la propuesta, que acaso se convierta en modificación al Código Electoral, de un grupo de ciudadanos (Héctor Aguilar Camín, Miguel Alemán Velasco, Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Diego Valdés y José Woldenberg) de sustituir el espacio dedicado a transmitir inútiles y hasta molestos spots en programas de debate público sobre los proyectos que los partidos y los candidatos presenten durante la campaña electoral de 2012.

Hasta ahora, sólo hay un documento programático preparado con tal propósito. Es el Nuevo proyecto de nación para el renacimiento de México, enarbolado por Andrés Manuel López Obrador, pero a cuya preparación acudieron expertos, intelectuales y académicos, algunos de los cuales trabajaron al lado del ex candidato presidencial en el Gobierno capitalino y tras su proclamación como Presidente legítimo forman parte de su gabinete. Otros no han tenido tal cercanía con la persona pero sí con las ideas que ese proyecto se exponen.

El documento, que en forma de libro circula desde hace un mes, es la continuación, la puesta al día del proyecto alternativo de nación presentado por López Obrador como propuesta de su candidatura en la elección presidencial de 2006. En los años siguientes, mientras el ex jefe de Gobierno se movía por todo el País, primero encabezando protestas específicas y después preparando el nacimiento y la expansión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se actualizó aquel documento. La nueva versión fue presentada en julio pasado y sometida a partir de entonces a una amplia consulta nacional. Con ese propósito se realizaron cien foros estatales, regionales y temáticos, así como mesas de análisis, conferencias y círculos de estudio en toda la República.

El cúmulo de aportaciones hechas a la propuesta dio lugar a la versión definitiva, de que se hicieron responsables 36 autores, ninguno de los cuales redactó una porción específica propia. El resultado de todo el proceso es una creación colectiva, en cuya confección final figuran Armando Bartra, José Eduardo Beltrán, Jaime Cárdenas, Luciano Concheiro, Arnaldo Córdova, Agustín Díaz Lastra, Héctor Díaz Polanco, Laura Esquivel, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, Adolfo Hellmund, Ana Cristina Laurel, Luis Linares Zapata, Berta Luján, Ignacio Marván, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Juan José Paullada, Marta Pérez Bejarano, José María Pérez Gay, Elena Poniatowska, Rogelio Ramírez de la O, Octavio Romero Oropeza, Eréndira Sandoval, Julio Scherer Ibarra, Enrique Semo, Claudia Sheinbaum, Raquel Sosa, Víctor Suárez, Carlos Tello, Víctor Manuel Toledo y Héctor Vasconcelos. El coordinador fue Jesús Ramírez Cuevas.

En su texto de presentación, López Obrador afirma que sin lugar a dudas, “México necesita de manera urgente un cambio de rumbo” una transformación profunda llevada a cabo “por la vía pacífica y con la participación de la gente”. Añade que este proyecto, y el movimiento del que es bandera, “en esencia se proponen un cambio del todo nuevo, alejado de la política de pillaje, de la explotación irracional de los recursos y de la concentración desmedida de la riqueza a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos. En este texto se da respuesta a quienes por desconocimiento o conveniencia, sostienen que ‘no hay de otra’ y pretenden mantener el actual modelo neoliberal a pesar de la destrucción del País reflejada en la pérdida de oportunidades, empobrecimiento, inseguridad, violencia y desesperanza”.

Puesto que no es candidato presidencial, sino cabeza de un movimiento social y propulsor del Nuevo proyecto, que ha hecho suyo, López Obrador explica la vinculación entre ambos factores.

“Este nuevo proyecto de nación se presenta al mismo tiempo que se construye, desde abajo y con la gente, un movimiento para la regeneración nacional. De esa forma, se busca poner en correspondencia el pensamiento con la acción, las ideas y el trabajo que realizan millones de mexicanos, mujeres y hombres, para trasformar el País. Este proyecto está concebido para que lo pongan en práctica todos aquellos mexicanos comprometidos con el País, con el bienestar de la población, con valores morales solidarios y fraternos, con ideas a favor de la democracia, la justicia, la libertad y la defensa de la soberanía nacional”.

Termina haciendo un anuncio de los que molestan a quienes critican su empecinamiento en el tema, y lo suponen capaz de romper cualquier acuerdo, sin reparar en que expresión no es individual sino colectiva y en que no ha llegado el momento en que se ponga a prueba su congruencia:

“Como representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hago el compromiso no sólo de postular este proyecto sino de llevarlo a la práctica cuando instauremos un Gobierno del pueblo y para el pueblo”.

Además de la presentación y la introducción a cargo del coordinador Ramírez Cuevas, el proyecto contiene diez capítulos: promover la revolución de las conciencias y el pensamiento crítico; el Estado al servicio del pueblo y de la nación; democratizar el acceso a los medios de comunicación; por una ética republicana y el combate a la corrupción; crear una nueva economía: combatir los monopolios; abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia; el sector energético, palanca del desarrollo nacional; campo y soberanía alimentaria, y el estado de bienestar y el derecho a la felicidad.

Aunque el enunciado de algunos de esos capítulos podrían sugerir textos distanciados de la realidad, más cercanos a los buenos deseos que a propuestas de Gobierno, lo cierto es que el enfoque histórico y filosófico que permea al proyecto es una aportación al debate político, que suele estar no sólo limitado a la diatriba personal sino basado en un pragmatismo tan cercano al cinismo que es posible no percibir la frontera entre ambas actitudes.

Las propuestas del proyecto están basadas en diagnósticos originales que entran en el fondo de las cuestiones que abordan. Y a partir de la detección de los elementos que juegan en una situación, se proponen los modos de superar los hechos diagnosticados. Por citar sólo un ejemplo, nos detenemos un momento en la corrupción, tenido por todos como un fenómeno que debe ser extirpado. Se trata de un terreno en que la acción gubernamental debe propiciar rendimientos económicos pero sobre la base de la ética republicana. No se exponen melosas consideraciones sobre el bien y el mal, sino que se diagnostica ese fenómeno desde una perspectiva estructural, sistémica: “Tradicionalmente los programas de combate a la corrupción en México suelen partir de dos supuestos equivocados: Por un lado, se entiende la corrupción como un fenómeno relativamente homogéneo que se puede combatir mediante estrategias púnicas o generales. Por otro lado, los programas actuales enfatizan en los actores más vulnerables en términos políticos, o en los elementos menos agresivos de la corrupción, por ejemplo los ciudadanos en el fenómeno de la mordida”.

Este nuevo proyecto de nación es la primera aportación programática al debate público. Sus autores y su impulsor lo exponen a la crítica, por lo cual no es debido ignorarlo o desecharlo prejuiciadamente. Cualquiera que sea la actitud que López Obrador suscite en los mexicanos del sector participante, su proyecto, aun ahora en que el proceso electoral está distante, debe ser examinado. Ha puesto sobre la mesa los términos de un debate que no puede ser obviado, porque en ello nos va el futuro. Y no hay retórica tremendista en situarlo de esa manera.

Inoportuna muerte presidencial.

Justo cuando está por discutirse una reforma al Artículo 84 constitucional, que dispone el mecanismo para sustituir al titular del Ejecutivo en caso de falta definitiva, está empezando a circular la primera novela de Alfredo Acle Tomasini La inoportuna muerte del presidente.

Es una narración bien estructurada, con capacidad para crear ansiedad (suspense se decía antes, cuando se consideraba de buen tono acudir a palabras francesas) por prever o adivinar el rumbo del relato, que puede no desembocar en el desenlace más previsible. La muerte del mandatario que, sin tener siquiera nombre propio es uno de los protagonistas de la novela, es inoportuna porque ocurre en las inmediaciones –no se sabe con precisión la hora, sino muy adelante en la narración—del día que parte en dos un sexenio para efectos del reemplazo presidencial.

Como bien se sabe, la determinación constitucional distingue, para resolver la sucesión presidencial, entre dos momentos, si la falta del Ejecutivo ocurre en los dos primeros años del mandato o en los cuatro siguientes. En el primer caso la falta presidencial se remedia con la designación por el Congreso de un Presidente interino, que de inmediato convocará a elecciones. En el segundo caso, el propio Poder Legislativo nombra a un sustituto, que termina el periodo. El Artículo 84 también prevé qué pasa si el Congreso está en sesiones o no lo está. En este segundo caso es debido designar a un Presidente provisional mientras se reúnen las cámaras, que después actúan conforme a las hipótesis principales.

Aunque el autor consultó “como material de referencia” un trabajo de Diego Valadés sobre La sustitución presidencial en México y el derecho comparado, su novela no se entretiene en consideraciones jurídicas sobre la materia. Es una novela policiaca, un thriller político, suscitador de emociones y de pendientes que demoran en ser resueltos, para acrecentar la tensión de los lectores. Pertenece a la esfera política, más que del derecho, determinar la hora del fallecimiento presidencial, pues ocurrió justo en el día en que produce el parteaguas indicado por la Constitución, el primero de diciembre del año en que se iniciaría su tercer año de Gobierno. Pero cuando un cabo del Estado mayor entra en su habitación para despertarlo como todos los días, el innominado, que no innombrable Presidente no responde al requerimiento castrense. Murió horas antes. De cuántas hayan sido dependerá el desenlace del crecientemente complejo relato.

El cabo informa del suceso al jefe del Estado Mayor, el general Pascual Guajardo, quien a su vez lo comunica al secretario particular del Presidente, llamado Axcana Guzmán, en una suerte de guiño u homenaje instantáneo al autor de La sombra del caudillo, la novela de Martín Luis Guzmán que narra un conflicto en torno a la silla presidencial, si bien en términos diferentes. El personaje principal de La sombra se llama Axcaná González y es, como el propio autor lo comenta a quien le pregunta por el origen de su nombre, el alter ego, el heterónimo de Guzmán mismo.

Es el único nombre que obedece a una clave identificable. Perderá su tiempo el lector que quiera saber sobre qué persona real se configuraron los retratos del doctor Santiago Ornelas, presidente de la Suprema Corte, el secretario de Gobernación Arzamendi, los de la Defensa y Marina, general Gutiérrez y almirante Lazcano, Rafael Ledesma, líder de la Cámara de Diputados, así como el jefe de asesores Joaquín Benavides y el subsecretario de Hacienda Jaime Lascuráin, a los que el secretario particular convoca para informarles del deceso y asumir las primeras decisiones.

El tiempo en que transcurre la acción es de sólo siete horas, entre las seis de la mañana en que Axcaná se impone del suceso y la una de la tarde en que en términos sorprendentes concluye el episodio al dar a conocer a la prensa lo acontecido. En paralelo a la trama que ocurre en Los Pinos durante ese lapso se desenvuelven dos conspiraciones que complican la narración para generar una mayor tensión y densidad literaria.

Figuran también en la escena el doctor Peralta, médico militar que atiende al Presidente, y su hija Sofía, cuyo desencanto por la política antecedió al del propio Presidente, que el día de su segundo Informe, en septiembre anterior a su muerte anunció que renunciaba a su militancia partidista e instó a los legisladores que confiaran en él a hacer lo mismo. Se había convencido de que era prisionero de las combinaciones partidarias, que lo habían hecho abandonar su visión inicial del Gobierno, y se proponía recuperarla. Un grupo de poder, compuesto por empresarios y políticos (los líderes de ambas cámaras y una Gobernadora, entre otros) encabezado por el magnate Ramiro Castillo, se alarmaron ante el giro que la actitud presidencial amenazaba imponer a la vida pública y se concertaron para impedirlo.

Quienes antes de la publicación de esta novela conocieron el trabajo de Acle Tomasini se sorprenden de la distancia entre un estilo y otro, aunque sea obvio que no pueda narrarse una historia con la rigidez verbal de quien habla de los retos y riesgos de la calidad total. Economista posgraduado en la Universidad de Manchester, actualmente coordina la Unidad de estudios aplicados del CIDE. Cobró renombre en la administración pública como director general del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, sobre cuya experiencia escribió Planeación estratégica y control total de calidad. Un caso real hecho en México.

Interés público y veracidad.

La Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió el siete de abril una sentencia llamada a tener importancia capital en la práctica del asedio judicial contra periodistas, para evitarlo o para hacerle frente. Revocó la resolución de primera instancia de la Juez 54º Civil, que había expresado una inadmisible e insostenible doctrina sobre el interés público y por ello condenado a un grupo de cuatro periodistas a satisfacer la demanda de personas y empresas que se consideraron dañados moralmente por información publicada en diversos medios sobre el otorgamiento irregular de contratos en Pemex.

La sala de apelación, además, estableció el criterio de veracidad como excluyente de responsabilidad, aunque lo haya hecho en términos discutibles. En fin, los magistrados Alicia Pérez de la Fuente, José Luis Castillo Lavín y Martha Lucía Elizondo Téllez fijaron la prevalencia sobre el artículo 1916 del Código Civil, de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vda Privada, el Honor y la propia Imagen del Distrito Federal (LRCPDVPHPIDF). Esta es la norma aplicable a los casos en que se alega daño a la reputación inferido por medio de la prensa, porque esa fue la explícita intención del legislador.

La sentencia de segunda instancia que comentamos (conste que conjugo el verbo comentar, en vez de usar la manida expresión “en comento” a que se inclinan con demasiada frecuencia abogados y jueces) cierra un juicio iniciado el 13 de abril de 2009 por tres empresas y sus accionistas en lo individual contra Miguel Badillo, por sí mismo y como director del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, SA de CV, editora de las revistas Contralínea y Fortuna; las reporteras Nancy Paola Flores Nandes y Ana Lilia Pérez Mendoza, y el cartonista David Antonio Manrique Ramírez. El caso fue concluido en primera instancia a principios de enero pasado. La responsable de resolverlo fue la jueza Jazzmin Aloson Tolámatl. Hizo tan mal su trabajo que la sala de apelación no juzgó conveniente devolverle el expediente para que emitiera una nueva resolución, sino que en plenitud de jurisdicción lo hizo ella misma. En su sentencia, además de atender razonamientos de fondo, los magistrados hicieron bien las cuentas algo en que también falló la juzgadora, y determinaron que había prescrito la acción contra el dibujante Manrique Ramírez, pues su trabajo impugnado apareció en la revista Fortuna en marzo de 2007 y la demanda respectiva se presentó en abril de 2009, veinticinco meses después, más allá del término permitido por la LRCPDVPHPIDF

La Jueza 54 había incurrido en un dislate mayúsculo al considerar, sobre razonamientos tan torpes que enternecían, que “las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público”. En sentido contrario, la sala sostuvo que los textos periodísticos considerados agraviantes son de interés nacional porque los demandantes “hacen negocios con Petróleos mexicanos, empresa del estado mexicano, propiedad de todos los mexicanos, y por lo mismo involucra los recursos de la nación, derivados de negocios obtenidos de las licitaciones que ambas partes tienen por ciertas”.

Con amabilidad rayana en la lenidad, la sala llamó “infortunada” la expresión de la juzgadora sobre lo que es y no de interés público. Califica la sentencia también de “desacertada”, “dada la trascendencia de una indebida licitación de la naturaleza y monto económico como es la que nos ocupa, que implica en su caso irregularidad en el manejo de los recursos del erario público, esto es por el solo hecho de tratarse de recursos de la nación atañe al interés público, aunado a que se trata de una información periodística veraz y lícita…es una información verídica al haber sido extraída de fuentes confiables que sustentan dicha información, ya que solamente se transmitió el resultado de investigaciones periodísticas, según las fuentes aportadas por la parte demandada, de las consideradas no confidenciales, en base al derecho a la secrecía en algunos casos en que se solicitó confidencialidad…por lo que debieron necesariamente valorarse las fuentes que se señalaron por la parte demandada para demostrar la veracidad de la información, amén de que para los efectos de acreditamiento del daño y su vinculación entre el ataque y la propia afectación nociva, tratándose en el caso del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión en términos de lo previsto por el artículo 5º. de la (LRCPDVPHPIDF), pues en el caso concreto no hubo ataque a la vida privada de los coactores ni abuso de la información y por ende no es de alegarse afectación alguna”

En cuanto al criterio de veracidad, a través del cual se establece la licitud de una publicación o su contrario, la sala si bien reprendió a la jueza por no analizar “los elementos de convicción aportados por la parte demandada”, se enredó al presentar su propia posición y produjo un galimatías en que, sin embargo son rescatables estas líneas: “para que un reportaje periodístico sea considerado ‘veraz’ es necesario que se demuestre que el trabajo realizado tenga sustento en la realidad, es decir que sus fuentes de información existen, que no son falsas, inexistentes o inventadas, lo que se logra acreditado que realizaron un razonable ejercicio de…corroboración sobre los hechos informados”.

Es deseable que Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, hostigados en los tribunales obtengan otros resultados como este.

Valle de Chalco.

Afectados una vez más por inundaciones, vecinos del Valle de Chalco protagonizan, para su mal, un acaso paradigmático de lo que son la política y la Administración pública cuando usan a la gente pobre en vez de realmente servirla.

El domingo en la madrugada, fuertes lluvias (semejantes a las que en la víspera cayeron sobre la Ciudad de México) causaron la rotura del bordo del río La Compañía. Las aguas negras que eran contenidas por el bordo tuvieron libre flujo y se derramaron sobre las casas de más de trescientas familias y llegaron hasta la autopista México-Puebla, cuyo tránsito se interrumpió durante varias horas, hasta que concluyeron las tareas de limpieza necesarias para dejar funcionando normalmente esa concurrida vía.

Muchas de las familias dañadas por la inundación dominical padecieron una semejante en febrero del año pasado. Y un número menor, pero no por ello menos importante, habían sufrido estragos semejantes hace ya más de una década, en 2000. En ambos momentos se anunciaron obras que impedirían la repetición del suceso, avisos que como es obvio resultaron contradichos por la realidad.

Valle de Chalco nació con mal fario porque fue producto de la rapacidad y no de la planeación urbana en las inmediaciones de la Ciudad de México, necesaria para desfogar la altísima concentración humana y vehicular en el Distrito Federal. El presidente Carlos Salinas practicó la lenidad que ha sido la norma en esos casos con los invasores y defraudadores que venden terrenos en espacios faltos de servicios urbanos. Y después de que cientos de miles de personas se habían asentado en la zona para satisfacer su necesidad de vivienda, sin remediar las carencias urbanas, Salinas propició la conversión de esa comarca en un municipio, donde se aplicaron algunas de las recetas del programa nacional de solidaridad. Ese proyecto no era, como lo decía su propaganda, “una nueva manera de hacer las cosas”. Era más de lo mismo: la explotación política de la pobreza, la creación de un escenario para mostrar resultados conseguidos en forma tan artificiosa que tan pronto como se fue Salinas desaparecieron. Todavía pudieron los lugareños contar con un momento más de distinción, cuando el próximo santo Juan Pablo II los visitó para ilustrar su contacto con los más pobres.

Los fraudes así encimados han ido mostrando sus efectos al correr del tiempo. El sobrepoblamiento ha generado una demanda de agua que a su vez condujo a la sobreexplotación de los mantos acuíferos con daño a la textura y densidad del suelo. Entre otras consecuencias de tal alteración ocurrió que el canal La compañía, que debía servir como vía para el desagüe empezó a dejar de cumplir su función pues su curso se invirtió. Ello produjo la inundación del año pasado. Entonces se resolvió construir un túnel, en un nivel inferior al alterado canal, para suplir su funcionamiento. La obra, que implica una planta de bombeo, fue inaugurada apenas hace cinco semanas. En su discurso inaugural el presidente Felipe Calderón fue contundente: “Estamos haciendo una obra enorme que evitará y terminará con las inundaciones del río La compañía en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Solidaridad”. Se percató de inmediato que había incurrido en un error y corrigió al recordar que Valle de Chalco ha recuperado su nombre actual después de que la demagogia priísta lo denominó Solidaridad.

Calderón insistió en el carácter definitivo de la obra: “Con eso vamos a evitar las inundaciones”. Y recordó, como algo que pertenecía francamente al pasado, que el año anterior había platicado “con la gente de las colonias El Molino, San Isidro, Avándaro, tanto en Ixtapaluca como en Valle de Chalco”.

Los colonos de San Isidro han sido dañados dos veces por las inundaciones. Muchos de ellos estaban apenas estrenando mobiliario, pagado con los auxilios del Gobierno estatal, que demoraron en llegar. Y ahora de nuevo esos muebles están echados a perder.

La fractura del canal fue causada por una suma de factores evitables. Por un lado, se acumuló basura en el cauce del canal, la que tiran los habitantes y la que depositan allí los concesionarios que prestan el servicio de limpia a los ayuntamientos de la comarca, que quieren minimizar sus costos deshaciéndose de los desechos tan pronto como pueden, sin depositarlos en la forma prevista por la ley. El personal de Conagua, que opera el túnel de un mes de vida, debió retirar la basura o abrir las rejillas para que esos desechos no impidieran el ingreso del agua caída en exceso. Así lo reconoció el propio director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege.

No es banal señalar que una vez más, cuando se ve en el aprieto de hablar sin un guión preparado por sus asesores, el gobernador Enrique Peña Nieto muestra sus limitaciones para articular una frase completa. Y cuando lo consigue, corona su expresión con un verbo hechizo, como taponear, mismo que fue recogido por la versión ofrecida a la prensa por su oficina. Peña Nieto, hay que apreciarlo, estuvo el domingo y el lunes en el teatro de los acontecimientos, ofreció una ayuda de veinte mil pesos a cada familia afectada, y se reunió con miembros del gabinete federal en la Secretaría de Gobernación. El propósito fue formar un grupo de trabajo que coordine las acciones del Gobierno estatal y el de la República.

Esperemos que ese grupo de trabajo identifique las zonas frágiles en el nuevo túnel y en el viejo canal. Los vallechalquenses merecen seguridad.

Multar a los gigantes.

Supongo que si una encuesta midiera el efecto público de la multa de doce mil millones de pesos impuesta la semana pasada a Telcel por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la mayor parte de los consultados aplaudiría la medida. Sin considerar el contexto, vista la decisión administrativa en sus aparentes propios méritos, parece plausible. E independientemente de la base legal en que se asienta (se aplica la regla de la contumacia sin que Telcel hubiera sido multada antes por el motivo alegado ahora), el monto fijado, inimaginable para el común de los mortales, parece una medida audaz y justiciera: ¡hasta que alguien pone orden en las telecomunicaciones!, se exclamaría. Y como buena parte del público tiene motivos de queja por el deplorable servicio de esa empresa telefónica, se declararía satisfacción general por la sanción multimillonaria, aunque ella no provenga de una querella de la clientela de Telcel sino de sus competidores, Axtel entre ellos, cuya victoria no redundará cuando se consume, en bien del público, ni en cuanto a calidad en el servicio ni en la tarifa pactada.

Para evaluar con justeza la decisión de la Cofeco haya que examinar su fondo, su forma y su momento. En noviembre de 2006 la Cofeco accedió a investigar denuncias de competidores de Telcel, por actuaciones de las que a la postre sólo una quedó acreditada: prácticas monopólicas relativas al mercado de interconexión para la terminación de llamadas en telefonía móvil. Eso quiere decir que las empresas que solicitan tal servicio a Telcel no tienen alternativa, y por ello la empresa que ahora es propiedad de América Móvil fija las tarifas.

La sanción fue acordada el 7 de abril pero comunicada a Telcel una semana después, el viernes 15 por la mañana. La afectada la comunicó, como es su deber, a la Bolsa Mexicana de Valores. No he encontrado más comunicación oficial sobre el tema que la expedida por Telcel. La Cofeco ha preferido guardar silencio, lo que ha dado lugar a conjeturas y rumores que puedan ser fácilmente refutados por el organismo público. Así, por ejemplo, fuentes de la Cofeco dijeron a Reforma que “la dimensión de esta multa no es tan extraordinaria al ponderarla por el número de usuarios de telefonía celular en el país, pues equivale a 130 pesos por cada uno de los 91 millones de clientes”. El usar parámetros inconexos entre sí resulta absurdo. Tiene sentido comparar, y aun fijar una sanción respecto de los ingresos o las utilidades de la empresa multada, o mejor todavía respecto de la ganancia derivada de la infracción a la ley que de ese modo se castiga, para que no obtenga provecho de un abuso.

El modo en que se logró el acuerdo en la Cofeco será sin duda uno de los flancos débiles de la resolución que Telcel aprovechará al defenderse ante los tribunales (si el recurso de reconsideración ante la propia Cofeco es desechado o contestado negativamente). Ocurrió en esa comisión algo tan peculiar y grave como en la Cofetel al adjuicarse a Nextel-Televisa la licitación 21. En la sesión del siete de abril, dos de los cinco comisionados Luis Alberto Ibarra y Miguel Flores Barnés, votaron en contra. Uno más, José Agustín Navarro, se abstuvo. Y dos se inclinaron por aplicar la multa: Rodrigo Morales y Eduardo Pérez Mota, presidente de la Cofeco. Puesto que con su propio voto se produjo el empate, el asunto debió quedar por lo menos aplazado hasta nueva consideración. Pero Pérez Mota utilizó el voto de calidad con el que la cabeza de un organismo resuelve una votación pareja, y lo emitió, obviamente en igual sentido que su voto original. Dada la importancia del asunto, lo mejor hubiera sido continuar la discusión, para ver si el abstencionista era persuadido por los argumentos del pro y el contra, o el cambio de parecer de alguno de los demás comisionados. Al no haberse logrado consenso en tema tan delicado, que forzó al presidente al feo procedimiento de emitir dos votos, se abonó la igualmente fea apariencia de la sanción.

Ésta puede ser modificada en el curso de los años en que Telcel se defienda de ella. La Cofeco sostiene mal ante los tribunales sus decisiones. Cobra a la postre cifras mucho menores que las fijadas originalmente, porque suele exagerar en los montos sancionatorios, probablemente con fines propagandísticos. Cuando el proceso acabe, ya nadie se acordará que la Cofeco actuó como caballero andante en defensa de su dama (que no es la clientela de los celulares), adarga en mano.

Porque al parecer el propósito era causar un efecto de opinión pública justamente ahora, a la mitad de la guerra entre los mastodontes de las telecomunicaciones, que contienden en diversas arenas, una de las cuales es Cofeco, donde hay manifiesta inclinación por los intereses de Televisa. Se le han aprobado adquisiciones de cableras y telefónicas sin considerar su posición hegemónica en la televisión de paga y en las telecomunicaciones en general. El golpe político contra Grupo Carso (propietario de América Móvil, propietario a su vez de Telcel será eficaz porque un órgano público refuerza de ese modo los alegatos propagandísticos de las empresas que disputan con Telcel y Telmex las tarifas de interconexión, ocultando que se debaten intereses financieros y no de servicio al público

Porque si no tiene sesgo político esta medida, es de esperarse que, por ejemplo, la secretaría de Gobernación multe a las televisoras al menos por abusar del tiempo dedicado a publicidad comercial, abuso productivo si los hay.

Edomex: 2011 no es 1993.

Luis Felipe Bravo Mena y Alejandro Encinas fueron candidatos a la Gubernatura del Estado de México. Lo serán de nuevo en el proceso que culmina el próximo tres de julio. Hace 18 años las condiciones de la competencia electoral era todavía más adversas que las vigentes hoy. Aunque el PRI había perdido en aquel entonces ya dos gubernaturas, en Baja California (1989) y Chihuahua (1992), era impensable que baluartes del priísmo más vetusto pudieran caer, vencidos por la oposición. De allí que a nadie sorprendiera el triunfo de Emilio Chuayfett, que no concluyó su periodo, pues en 1995 fue llamado por el presidente Zedillo para sustituir a Esteban Moctezuma en la Secretaría de Gobernación.

Ciertamente, en 1988 la hegemonía priísta había sufrido una fuerte sacudida. No ocurrió en el Estado de México lo que el Frente Democrático Nacional logró en Michoacán y el Distrito Federal, de donde surgieron los cuatro primeros senadores de la oposición. Pero en Guerrero, Baja California y la entidad mexiquense la votación adversa al PRI estuvo a punto de engrosar la bancada senatorial cardenista, y no pocos distritos fueron ganados por mayoría en la contienda por integrar la Cámara de diputados.

Tan estremecido e irritado quedó Salinas por las victorias y los avances de la oposición, que castigó a los gobernadores que no fueron capaces de hacerlo triunfar y permitieron en cambio que sus adversarios alcanzaran posiciones en el Congreso, que los castigó en cuanto pudo. De esa manera Mario Ramón Beteta, que había sido impuesto por el presidente Miguel de la Madrid al grupo Atlacomulco, fue desplazado, y en su lugar llegó a la Gubernatura Ignacio Pichardo Pagaza. Era a él a quien buscaban reemplazar Bravo Mena y Encinas.

El primero se hallaba en el comienzo de su carrera política. Después de ser intelectual orgánico al servicio de organismos empresariales, se aventuró a la política electoral en Naucalpan, donde crecía la presencia panista. En 1982 fue un distrito de ese municipio el primero en contar, por mayoría, con un diputado miembro de Acción Nacional. Todavía en ese año el arrollador aparato priísta era capaz de ganar de todas, todas, y sólo perdió uno de los trescientos distritos federales. En 1990 Naucalpan era un espacio promisorio para el PAN, y Bravo Mena fue su candidato a la alcaldía. No la alcanzó, pero quedó situado para ser incluido al año siguiente en la lista de candidatos plurinominales. Era, en consecuencia, diputado cuando en 1993 aspiró a la Gubernatura. Lo más importante de su carrera vino después: senador, presidente de su partido durante seis años, embajador en la Santa Sede, secretario particular del presidente Calderón. Por cierto que al anunciar su reemplazo por Roberto Gil Zuarth, el Ejecutivo dijo que Bravo Mena se dedicaría a labores de consultoría, cuando que era notoria la intención de su partido de hacerlo retornar a las lides electorales mexiquenses. Es llamativo que nadie ponga en cuestión si cumple los requisitos para ser elegible, siendo que físicamente su domicilio estuvo en Roma hasta hace cuatro años, un lapso menor del reclamado por la legislación local.

Encinas tenía también un breve trayecto en la política electoral. Había sido diputado por primera vez en 1985, y retornado a la Cámara en 1991, de modo que se codeaba en san Lázaro con su contrincante panista. Pero su militancia política y sindical, en el estado de México, abarcaba más de una década. Miembro del Partido Comunista Mexicano fue partícipe, y promotor, de los varios momentos de ensanchamiento de la izquierda. Fue de ese modo dirigente del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. Adviértase que ese recorrido no indica volubilidad sino congruencia, porque se trata del mismo partido, con diferentes denominaciones y militancias de mayor grosor cada vez. Como economista graduado en la UNAM, antes de ser candidato a gobernador había sido profesor y funcionario en la Universidad Autónoma de Chapingo, la antigua Escuela Nacional de Agricultura, y dirigente sindical del personal académico de esa institución. De esa época data su arraigo en Texcoco, y a cuyo domicilio corresponde su credencial de elector.

Como es bien conocido, después de la campaña mexiquense Encinas trabajó en la ciudad de México. Es acaso el único perredista que ha ocupado cargos de primer nivel en más de un Gobierno de esa filiación. Con Cárdenas y Rosario Robles fue secretario del Medio Ambiente, y con López Obrador secretario de Fomento Económico, subsecretario y secretario de Gobierno. Al ser desaforado Andrés Manuel López Obrador ocupó su lugar en la Jefatura de Gobierno. Contendió por la presidencia del PRD frente a Jesús Ortega, que después de un largo y rasposo litigio se quedó con el cargo. Encinas por su parte fue elegido diputado en 2009 y hasta hace dos semanas encabezaba la fracción perredista en esa cámara.

Rehusó ser candidato de la alianza PAN-PRD, y también de otra coalición en que faltara su partido. Consiguió su propósito y el jueves pasado quedó registrada la alianza PRD-PT-Convergencia, que el 7 de mayo lo inscribirá como candidato. Bravo Mena será el del PAN, y ambos enfrentarán a la poderosa maquinaria electoral del PRI-Gobierno estatal. Ninguno de los dos debería ser objetado por el tiempo de su residencia, pues el requisito legal no estipula que ésta se configure “inmediatamente” antes de la elección. Como la oriundez, la residencia ganada no se pierde.

De la desaparición a la fosa clandestina.

Hasta el sábado a mediodía se han encontrado 145 cadáveres en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Pero el número de muertos en la región debe ser mucho mayor, si se considera que 350 personas han solicitado examen de ADN a fin de que se coteje con el de los cuerpos encontrados, y que en la Central de Autobuses de Matamoros yacen 400 maletas abandonadas, cuyos propietarios no las han reclamado.

Y es que el horror de los cementerios que arrojan cada día más y más cadáveres fue precedido por las tragedias, denunciadas por familiares de personas que cruzaban San Fernando para llegar a la frontera, y que no llegaron a su destino. Algunas de estas denuncias son antiguas: datan de febrero, de abril, de octubre de 2010. Otras son más recientes, de marzo pasado. Pero ninguna fue atendida, ni en los lugares de donde partieron quienes después serían víctimas, ni en Tamaulipas, en cuyas carreteras se produjo la desaparición. No únicamente los deudos de los afectados fueron desatendidos. Los procuradores de varias entidades, lugar de origen de los viajes interrumpidos, tampoco recibieron respuesta de las autoridades tamaulipecas.

Esa indolencia no es privativa de esa entidad. Ante las varias formas de privación ilegal de la libertad que se asesta a cientos, miles de personas, nadie en ningún Gobierno se conmueve. Y por lo tanto nadie, en ningún Gobierno actúa para localizar a los desaparecidos. Ese es el caso, prototípico, desgarrador, de Ascensión Candia, cuyo hijo Emmanuel, de 18 años, salió de su casa en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Iba a comprar un refresco para cenar. Y nunca más volvió. Se supo que él y cinco muchachos más (peones de albañil, ayudantes de albañil, uno vendedor de ropa) fueron subidos a una camioneta y a un automóvil por un grupo de hombres con armas largas. A sus familias les costó trabajo denunciar la desaparición. En la Policía Municipal se les dijo que “mejor nos regresáramos a la casa, que dejáramos las cosas en paz, porque había sido un levantón. En el Ministerio Público la respuesta fue que “no nos podían ayudar porque no había elementos” y que de plano “los diéramos por muertos”.

Luego pasó el tiempo: “Esperábamos que vinieran a preguntarnos cómo habían sido las cosas, qué había pasado, si habían tenido problemas antes, si algún familiar se dedicaba a algo malo… Pero nunca hubo preocupación de nada” . Y tampoco se averiguó la causa de su muerte: los cuerpos de los seis levantados aparecieron bajo un puente, “uno sobre otro, vestidos con shorts y playera, atados de pies y manos, con pelotas de goma dentro de la boca, sujetas por una venda”. (Reforma, 15 de abril)

La impunidad que beneficia a los perpetradores de desapariciones auspicia la práctica de ese delito y su frecuente secuela, el homicidio, de que es abrumadora muestra lo que ocurre en San Fernando. En agosto del año pasado en ese mismo municipio fueron hallados los cadáveres de 72 migrantes, que desde Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala viajaban hacia la frontera con Estados Unidos. En las fosas halladas en abril aparecieron sobre todo mexicanos, no todos los cuales pretendían internarse en territorio norteamericano, sino adquirir en alguna ciudad de aquel lado vehículos de modelo viejo, desechados y por ello a buen precio.

Así fue asesinado, hace muchos años, Antonio Vargas Hernández, pachuqueño, miembro de la generación 1960 de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. En aquel entonces la CNC ofrecía permisos especiales para importar vehículos de trabajo y él viajó a Matamoros con la ilusión de encontrar en Bronwsville una camioneta pick up con que realizar uno de los muchos sueños con que se entusiasmaba. Lo mataron para despojarlo del dinero con el que haría su compra. Nunca se realizó indagación alguna sobre ese homicidio.

Ese caso particular, y el conocimiento histórico, permiten saber que la violencia criminal en Tamaulipas ha resultado de la complicidad entre delincuentes y autoridades, que hasta brindaban consideraciones a los jefes de la mafia que al paso de los años se convirtió en eje de la delincuencia organizada. Juan Nepomuceno Guerra, uno de esos practicantes de negocios ilícitos (contrabando de alcohol a Estados Unidos durante la Prohibición, de drogas en sentido inverso después) creó la banda originalmente conocida como cártel de Matamoros, en cuya ampliación cambió de nombrar para llamarse cártel del Golfo.

La presencia ni siquiera disfrazada del crimen organizado en Tamaulipas se acrecentó durante el Gobierno de Manuel Cavazos Lerma, del grupo de amigos del presidente Carlos Salinas, y durante el siguiente, encabezado por Tomás Yarrington, y el siguiente, el de Eugenio Hernández, que está de regreso de unas prolongadas vacaciones después de haber entregado el Gobierno estatal a Egidio Torre Cantú.

Éste llegó a la Gubernatura porque su hermano Rodolfo, que era el candidato del PRI a ese puesto, fue asesinado el 28 de junio del año pasado, unos días antes de las elecciones. Apenas hubo tiempo para registrar al actual Gobernador a fin de que el PRI no perdiera esa plaza. Pero como tampoco lo hizo su antecesor, Torre Cantú no gobierna. Al contrario, parece pasmado ante las evidencias o las intuiciones del poder que privó de la vida a su hermano en un crimen que después de nueve meses permanece impune.

Podría ocurrir lo mismo con las matanzas de San Fernando, la descubierta en agosto y la de hora. Para dar la impresión que no sería así, la procuradora Marisela Morales, informó del caso el miércoles pasado. No tiene idea siquiera de la comarca a que se refiere. Llamó “poblado” a San Fernando, municipio que según el censo 2010 tiene 58 mil habitantes, de los cuales 30 mil viven en la cabecera municipal, del mismo nombre. Anunció que se ha detenido a 17 personas, a las que no se consignó ante la justicia penal sino sólo se les arraigó, situación jurídica que el Ministerio Público solicita cuando carece de evidencia sólida sobre las imputaciones que pretende hacer. Y anunció la identificación de cuatro presuntos delincuentes más, por cuya cabeza ofreció recompensas millonarias. Por información que conduzca a la localización, detención y/o aprehensión de Salvador Alfonso Martínez Escobedo, ‘El Ardilla’, y Omar Martín Estrada Luna, ‘El kilo’, la PGR pagará hasta quince millones de pesos. Hasta diez por Román Ricardo Palomo Rincones, ‘El Coyote’. Y hasta cinco por Saraí Fabiola Díaz Arroyo, ‘La Muñeca’. ‘El Kilo’ salió ayer mismo de esta oferta, pues su captura fue anunciada por el almirante Saines, secretario de Marina.

La Procuradora también dio cuenta de la detención, sin precisar su situación jurídica, de 16 miembros de la Policía Municipal de San Fernando, “quienes presuntamente colaboraban dando protección al grupo delictivo denominado ‘Los Zetas’ y que encubrieron a los responsables que perpetraron el multihomicidio”.

Las detenciones fueron practicadas por militares, cuya presencia aumentó en Tamaulipas a raíz de la matanza de agosto, y crecerá aún más en estos días. La actuación castrense ha generado actos doblemente reprobables como el ataque a la familia Almanza Salazar, ocurrido hace un año, donde murieron a balazos dos niños, luego de lo cual se montó un escena para exculpar al Ejército. El miércoles pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una queja sobre hechos producidos el 1º de marzo anterior, en que las víctimas fueron agentes de la Policía Municipal de Nuevo Laredo, dos de ellas mujeres, una de las cuales resultó herida.

De acuerdo con la Comisión Civil local de Derechos Humanos que presentó la queja, los oficiales de la dirección de seguridad ciudadana resguardaban una propiedad asegurada por la PGR. Sin causa aparente, militares que circulaban en una camioneta pick up dispararon contra la patrulla donde se hallaban los agentes municipales y en la cual buscaron alejarse del tiroteo. Los miembros del Ejército continuaron disparando y una de las policías municipales quedó herida. En ese momento el agente que manejaba detuvo la patrulla, bajó del vehículo, pidió a los militares que dejaran de disparar y les informó de su compañera herida. Los soldados comprobaron que así era, y se retiraron en sentido opuesto al que siguió la patrulla hasta llegar a un hospital para la atención de la víctima.

Como lo enseña la detención de los agentes de San Fernando, las corporaciones municipales están bajo sospecha. Quizá igual motivo causó el atentado en Nuevo Laredo. Sea de ello lo que fuere, las autoridades aparecen como parte del problema, no de la solución a las tribulaciones tamaulipecas.

Aplazada reforma laboral

Nadie puede asegurar que la reforma laboral pripanista ha muerto. Lo que sí puede decirse es que se halla en terapia intensiva y se prohíben visitas.

Varios factores se conjugaron para impedir que las enmiendas a la Ley Federal del Trabajo iniciadas por la fracción priísta en la Cámara de Diputados, con su mismísimo coordinador Francisco Rojas a la cabeza, se procesaran con velocidad parlamentaria inusual y fueran aprobadas en este mismo periodo. Se intentó hacerlo pero el apresuramiento con que se pretendió dictaminar el proyecto contó entre las causas que forzaron a frenarlo. Aunque para mitigar el amargo sabor de la frustración se promete ahora aprobar la reforma en un periodo extraordinario (imposible en torno de los procesos electorales estatales del tres de julio o en septiembre próximo, cuando comience el penúltimo periodo de sesiones de la actual Legislatura.

Considerada un tesoro del nacionalismo revolucionario, la Ley Federal del Trabajo fue objeto de muchas reformas a lo largo de sus ochenta años de vigencia. Pero el PRI se cuidó de mantener el espíritu tutelar de los trabajadores que campeó en el debate sobre el artículo 123 en el Constituyente de Querétaro. Es que, junto con ese espíritu, la ley laboral contiene ingredientes de control administrativo sobre los sindicatos que favorecieron el corporativismo gremial que fue uno de los pilares del sistema autoritario.

Una vez que se produjo la alternancia, el Gobierno derechista de Acción Nacional sintió que había llegado el momento de hacer valer sus convicciones sobre el mundo laboral. El presidente Fox ya había sido explícito en esa dirección cuando designó secretario del Trabajo a un antiguo dirigente patronal, Carlos Abascal (impulsor desde la Coparmex de una “nueva cultura laboral”), quien preparó un proyecto de reformas que impugnado por el PRD no logró el franco asentimiento del PRI. De modo que la “Ley Abascal” murió años antes que su propio autor.

El secretario Javier Lozano se propuso el mismo objetivo que su antecesor. Pero no logró tampoco persuadir a los priístas de acompañarlo en ese lance. De modo que transcurrieron cuatro años completos en simples escarceos sobre la materia. En diciembre pasado, sorprendentemente el grupo parlamentario priísta decidió tomar el asunto en sus manos y elaboró un anteproyecto que, muy parecido al del PAN, pretendía ostentar su sello propio. Lo dio a conocer a agrupaciones patronales, cuyos abogados realizaron muchas observaciones en pos de la flexibilización de los contratos laborales, sobre la base del lema liberal de que lo importante es la creación de empleos aunque no se asegure la calidad de los mismos.

El proyecto resultante, apadrinado directamente por Rojas, fue presentado a la Cámara el 10 de marzo. Iba a ser dictaminado de inmediato, sobre todo cuando Lozano, olvidado por un momento de que ya no es priísta, lo saludó con beneplácito y le otorgó su bendición. Tereso Medina, presidente de la Comisión del Trabajo, que elaboraría el dictamen, pretendió saltarse las trancas, pero fue advertido por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, secretario del Trabajo, en el ya remoto tiempo en que fue miembro del PRI, de las violaciones parlamentarias en que el coahuilense Medina incurría, y tuvo que retomarse el ritmo pausado que establece el régimen interno de la Cámara.

Eso permitió que se expresaran objeciones a la iniciativa Rojas. La principal fue la de Andrés Manuel López Obrador, que acudió a la Cámara y fue recibido por el presidente de su mesa directiva. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demandó abrir audiencias para escuchar pareceres diferentes sobre el proyecto. Lo mismo hicieron, al cabo de manifestaciones de protesta, los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores, cuyo dirigente principal, Francisco Hernández Juárez, impidió que se dictaminara la iniciativa.

El diputado Medina se vio obligado a decir que las audiencias se realizarán en mayo, por lo que antes no habrá dictamen ni discusión en el pleno. No sirvió para alterar esa decisión la extraña y desesperada maniobra panista anunciada por su coordinadora Josefina Vázquez Mota, de hacer suya la iniciativa Rojas y con el voto blanquiazul asegurar su aprobación.

Su posición fue recibida con grosera indiferencia en la bancada priísta, cuya conducta en este punto se rige por la coyuntura de la sucesión presidencial. Rojas había desestimado la iniciativa de reforma hacendaria enviada desde el Senado para su procesamiento en San Lázaro, obligada cámara de origen cuando se trata de materias fiscales. Además de hacer saber que el proyecto que ostentaba el sello de Manlio Beltrones no tendría destino entre los diputados priístas, Rojas lanzó su iniciativa labora, que apareció así en la mesa como una pieza de cambio. El chalaneo entre los dos grupos priístas en el Congreso anuló los dos proyectos, independientemente de sus méritos o deméritos. Ninguno de los dos dirigentes parlamentarios ganará el lauro de una victoria parlamentaria propia.

Rojas gestiona los intereses de Enrique Peña Nieto en la Cámara, por lo que no podía permitir que Beltrones ganara presencia con su concepción de un nuevo régimen fiscal. Para anular su tentativa de brillar en el ámbito hacendario, no vaciló en sacrificar la reforma laboral, dejando en la estacada a Lozano y a la bancada panista.

Nadie puede en este momento recitar un réquiem por ese intento de modificar la Ley del Trabajo. Pero tal vez caiga en la congeladora.

¡Basta de violencias!

Se equivoca el presidente Calderón al demandar que la sociedad grite su ¡ya basta! a la delincuencia, en vez de enrostrarlo al Gobierno, a los funcionarios. Las bandas de criminales no son interlocutores de la sociedad. Son sus enemigos. No sabríamos, además, a quién dirigir esa exigencia. Los criminales no tienen rostro. Y no podemos, los ciudadanos, demandarles una conducta ética, apegada al derecho, siendo que precisamente han traspasado las barreras morales y jurídicas que permiten la convivencia.

Gritar ¡Ya basta! A la delincuencia sería clamar en el desierto. Nadie nos haría caso, y no tendríamos modo de forzar una respuesta, porque nada tenemos en común con quienes han hecho de la violencia un modo de vida. De los criminales nada podemos esperar, sólo temer su acción.

En cambio, con toda legitimidad los ciudadanos podemos exigir a los gobiernos (federal, estatales, municipales) que cese la generalizada impunidad que es caldo de cultivo de la delincuencia. Con los gobernantes los gobernados tenemos una relación claramente establecida. Somos interlocutores. Sabemos quiénes son y qué responsabilidades asumieron al ser elegidos o aceptar los cargos a fueron designados. El ¡Ya basta! Implica una exigencia doble. Por un lado, que cese la abulia, la incompetencia o la corrupción que impiden frenar a los delincuentes. Y, por otra parte, que se escoja una estrategia de combate al crimen organizado que alcance realmente sus objetivos y no sólo implique altos costos para la sociedad. La guerra contra las bandas del narcotráfico se inició con el propósito de reducir el volumen del negocio que manejan. Es claro que ese objetivo no se ha logrado. Crece el consumo de drogas en México, y aumenta asimismo el trasiego de estupefacientes a través de nuestro territorio hacia los Estados Unidos. Frente a ese fracaso, el costo en vidas humanas suscitado por esa estrategia fallida crece cada día. Y eso, el aumento de la criminalidad, resulta de una deficiencia del Estado, de los gobiernos, el federal especialmente, puesto que ha desplegado fuerzas y recursos de su competencia. ¡Ya basta! De que la Policía preventiva sea incapaz de evitar delitos de enorme gravedad. ¡Ya basta! De que, cometidos esos ilícitos, no haya capacidad para castigar a sus autores. Ahora no se acusa a los funcionarios de empuñar las armas contra la población. Sí se le señala por su ineptitud para evitar que los delincuentes actúen con plena libertad. Sí se demanda que cuando haya funcionarios o miembros de las fuerzas armadas que atentan contra la población, sean castigados como todos queremos que se haga con los delincuentes vulgares.

Ese grito nace del temor de que la violencia incontenida crezca a niveles aterradores, como ocurre en Tamaulipas, donde cada día aumenta el número de personas asesinadas e inhumadas clandestinamente en fosas de mayor amplitud que el servicio forense del municipio de san Fernando, donde ya no caben los cuerpos rescatados de esos cementerios particulares. En Tamaulipas, hay que permanentemente recordarlo, la delincuencia se alimenta de la impunidad: hace ya más de nueve meses que fue asesinado el candidato del PRI al Gobierno del estado, hermano de quien finalmente ocupa ese cargo, y nada se sabe de los autores de ese crimen.

La violencia, insistamos, está directamente asociada a la impunidad. Por eso es exigible que el Gobierno del Distrito Federal acometa una averiguación a fondo, si rodeada de escrutinio ciudadano mejor, sobre los graves hechos ocurridos el lunes. Fueron golpeadas personas, varias de ellas en el desempeño de sus funciones como agentes policiacos, bomberos y periodistas. Cinco vehículos fueron quemados en la calle. Y acaso se atacó deliberadamente una instalación eléctrica subterránea en la ciudad de México que presumiblemente dio lugar a nuevos estallidos, todos los cuales pusieron en alto riesgo vidas y bienes.

La indagación sobre esos hechos debe determinar si constituyeron delitos, en cuyo caso deben establecerse responsabilidades y llevar a proceso a los inculpados. Los miembros del Sindicato mexicano de electricistas, en torno de cuya movilización se suscitaron los acontecimientos de que hablamos, alegan que los problemas en las instalaciones eléctricas derivan no de acción humana dolosa sino de la vejez de la red en el centro capitalino. Pero si se equivocan y se trata de sabotaje, quienes lo practicaron deben ser castigados, quienes quiera que ellos sean.

El hecho incontrovertible es que hubo violencia. Mucha gente, cuente o no con información del caso, culpa a los electricistas. Uno de los periodistas agredidos, Juan Carlos Santoyo, a quien expreso mi solidaridad por la agresión sufrida, denunció directamente a Martín Esparza, líder del SME por haber instigado el ataque de que fue víctima. Si la averiguación ministerial determinara que así fue, el dirigente y los autores materiales tendrían que pagar sus acciones. Al contrario, si el propio líder y sus compañeros fueron víctimas de provocadores, éstos deberán ser identificados y llevados a los tribunales.

La guía debe ser la estricta aplicación de la ley. No debe quedar duda de que se incrimina o se protege al SME por razones políticas. Si la dirección sindical hubiera optado por la acción directa, tendría que pagarlo. Pero igual debe ocurrir con quienes, infiltrados en las filas sindicales tuvieran la encomienda de practicar violencia para que la sociedad denueste a un gremio que debe perseguir sus fines por otros medios.