El PRD y el Trife

Acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha solido generar conflictos en el PRD. Esa instancia judicial resolvió que Jesús Ortega fuera el presidente del partido hace cuatro años, en vez de decretar la nulidad del proceso interno. Y con ello radicalizó las rivalidades entre los grupos contendientes. El propio tribunal resolvió que la candidata a jefa delegacional en Iztapalapa, hace dos años, no fuera Clara Brugada, lo que dio origen a nuevas pugnas internas. Sin embargo, merced al activismo de Andrés Manuel López Obrador y tras complicadas maniobras políticas, Brugada quedó al frente de esa demarcación. Antes, el Trife (como sigue llamándosele por economía de esfuerzo) había obligado al PRD a presentar en Tlaxcala una candidatura que no quería impulsar.

Ahora ese partido se enfrenta a serias dificultades, derivadas de nuevo de otro fallo de la sala superior del TEPJF. El jueves pasado ese órgano resolvió a favor de militantes encabezados por el senador Carlos Sotelo, que son inválidos los acuerdos tomados por el Consejo Nacional perredista, que prorrogaron indebidamente el mandato de sus consejos, congresos y direcciones. Los integrantes de esos órganos deberían ser sustituidos en marzo pasado, pero se alargó la vigencia de su elección hasta diciembre próximo. El tribunal electoral dispuso que no sea así, y fijó el 15 de noviembre como límite para la integración de nuevos órganos. Paradójicamente, autorizó al consejo nacional, declarado ilegal, que restaure la legalidad interna mediante la convocatoria a elecciones.

Anteayer lunes, la comisión política nacional acordó acatar (no le quedaba otra salida) la resolución del tribunal, aunque hacerlo no será sencillo. La dificultad consiste en que conforme a los estatutos de partido son los comités seccionales los que deben elegir a consejeros y congresistas, y no existen tales comités. De modo que, a marchas forzadas, deberán organizarse esos órganos, cuyo número es apabullante: como su nombre lo indica, debe funcionar uno por cada sección electoral, que suman 65 mil en total. Ante la gigantesca labor de organización que ello implica, la dirección perredista podría optar por una elección directa de sus líderes estatales y nacionales. Pero el PRD ha vivido experiencias amargas en ese tipo de comicios, y seguramente se llegará a ese extremo sólo en caso de necesidad última.

El tiempo de que dispone el PRD está regido por la legislación electoral, es decir que no puede ya aplazar la integración de nuevos órganos. En el colmo de la desorganización, si no sale bien librado de este brete, ese partido podría quedar inhabilitado para participar en los comicios del año próximo. Es una posibilidad remota, pero las querellas interiores y la desorganización que priva en ese partido podrían generar ese desenlace extremo.

Aunque a las corrientes que con Sotelo a la cabeza le asistía la razón jurídica y el tribunal así lo reconoció, el legislador colimense actúa movido por fines personales y de grupo, no en aras del imperio de la ley en su partido. Sotelo fue durante largo tiempo uno de los dirigentes de Nueva izquierda, la corriente hasta ahora mayoritaria. Pero rompió con Los chuchos y formó su propia tribu, a cuyos intereses conviene una recomposición de los órganos directivos, a efecto de contar en ellos con alguna representación. Su propósito era impedir la realización del Congreso Nacional citado para el 20 de agosto. El tribunal hacía programado el desahogo del caso en fecha previa, pero a última hora lo aplazó para el viernes pasado. Con esa demora el tribunal generó nuevos problemas, pues si el Congreso se reunió fuera de la ley, sus acuerdos son nulos. Y cuando el procedimiento se reponga, al filo de la contienda interna por la candidatura presidencial, la cuestión de la validez de los acuerdos congresionales significará un nuevo escollo para el partido.

Otro asunto de interés para el PRD aguarda en el tribunal. Alejandro Encinas inició el 19 de agosto, junto con los dirigentes de la coalición que lo postuló al gobierno del estado de México, un juicio de revisión constitucional sobre la legalidad de los comicios del dos de julio en esa entidad, en un proceso que formalmente ha concluido al punto de que el candidato del PRI, Eruviel Ávila, es gobernador electo y se dispone a relevar a Enrique Peña Nieto en el primer minuto del próximo 16 de septiembre.

Encinas ha organizado una argumentación sólida que muestra la inequidad del proceso electoral, por la intervención abierta del gobierno estatal, la parcialidad de los medios de comunicación y, lo que es más importante, del consejo general del Instituto Electoral del Estado de México. Pero quizá la pieza más contundente de su alegato consiste en mostrar el exceso de gasto en que incurrió la coalición “Unidos por ti”, integrada por el PRI, el Partido Verde y el Panal. Sólo en materia de propaganda esa alianza habría superado el tope fijado por la autoridad electoral en 180 por ciento. Y conforme datos ofrecidos por la propia coalición, el monto del gasto en total sobrepasó en 680 por ciento el límite autorizado, y llegó a 1,600 millones de pesos.

La sala superior pone el acento en establecer si esos abusos son o no determinantes del resultado final. Es fácil decretar que no lo son, por más abultado que sea el exceso. Pero al resolver en esa dirección, se consagra el principio antidemocrático de que es “más rentable violar la ley que cumplirla”, según ha escrito el propio Encinas.

Hank Rohn y la ilegalidad

Un tribunal federal dejó el jueves pasado en completa libertad a Jorge Hank Rohn. La jueza Blanca Evelia Parra Meza había dado el primer paso en esa dirección el 15 de junio, luego de que el ex alcalde de Tijuana y diez empleados suyos habían sido detenidos once días atrás, acusados de acopio de armas. La Procuraduría General de la República impugnó ese fallo, pero la resolución de primera instancia fue confirmada. Por lo menos respecto de ese caso, el primero por el cual fue llevado ante la justicia, el hijo del profesor Carlos Hank González puede respirar con alivio.

Pero la sociedad no puede hacer lo mismo. Se lo impiden varios factores. Uno inmediato es la reiterada incapacidad del Ministerio Público federal para sostener acusaciones que han conducido a prisión a los imputados. En el caso de Hank Rohn y su personal, el lapso de detención fue breve. Pero Gregorio Sánchez, el ex alcalde de Cancún detenido en mayo del año pasado, y cuyo caso citamos porque también lo perdió la PGR la semana pasada, fue recluido durante más de un año, al cabo del cual resulta que no cometió los delitos que se le atribuyeron. Más a menudo de lo que quisiera subrayo y lamento la negligencia o corrupción que lleva a la procuración federal de justicia a la frustración de sus acusaciones. Pero es que con la misma o mayor frecuencia los tribunales desestiman los expedientes ministeriales porque carecen de indicios para librar órdenes de aprehensión o iniciar procesos.

En el caso de Hank, la Procuraduría General de la República acaso tenga una atenuante, que de cara al interés general es su contrario. La PGR se vio obligada a una misión imposible: legalizar una actuación militar notoriamente falta de sustento, y que no puede dejarse pasar como si no hubiera ocurrido. En la madrugada del cuatro de junio, miembros del Ejército irrumpieron en el domicilio de Hank Rohn en Tijuana. Puesto que no portaban órdenes de cateo ni de aprehensión, fingieron que perseguían a unas personas en flagrancia. El parte castrense del que tuvo que partir el ministerio público contenía un relato inverosímil que fue contradicho con eficacia por la defensa de Hank.

Se trató de un allanamiento ilegal. Esa es hoy la verdad jurídica firme que coincide con los hechos de la realidad. Pero hay problemas pendientes. En un cuerpo sujeto a severa disciplina, como el Ejército federal, alguien tuvo que dar la orden de entrar en la casa de Hank Rohn y aprehenderlo. Si nadie emitió ese mandamiento, estamos frente a un peligroso caso de descontrol que no debería ser desestimado por la propia autoridad castrense. Pero hasta ahora no se ha alegado que los soldados actuaran por su cuenta. Perpetraron la invasión a un domicilio particular en acatamiento a sus superiores. No es posible soslayar ese hecho, que no puede quedar sin castigo. Si se pasa por alto lo ocurrido, y si se tiene en cuenta la eminencia económica, social y política de la víctima –además de ser presidente municipal de Tijuana, Hank Rohn fue candidato priísta al gobierno del estado, lo que le sucedió el cuatro de junio puede afectar a cualquier persona. Se requiere que la autoridad militar, y aun la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas explique lo sucedido, al margen del procedimiento penal ya zanjado.

El 15 de junio, cuando la instancia federal dejó a Hank Rohn libre por primera vez, la Procuraduría local lo retuvo, imputándole responsabilidad en la muerte de la joven Angélica María Muñoz, que a la sazón (agosto de 2009) era, o había sido su nuera, o novia de su hijo Sergio Hank Strauss. El ministerio público local pretendió arraigar al ex alcalde, pero un juez no encontró elementos para hacerlo. Hay allí otra ilegalidad que no debe ser pasada por alto. Si la procuraduría local ha encontrado elementos, por ahora insuficientes, para acusar de ese homicidio a Hank Rohn, debe perseverar en su propósito de llevarlo a juicio. No es admisible que simplemente hubiera querido montarse en la circunstancia que vivía el empresario del juego y después olvidarse de la acusación que murió en ciernes.

Cuando Hank Rohn fue detenido el cuatro de junio una inexacta noción popular de la justicia permitió suponer que al fin debería responder de las muchas culpas que se le atribuyen. En consecuencia, se generalizó un ánimo de desesperanza en Tijuana porque esa imaginaria posibilidad se frustró al quedar en libertad el imputado. Su temperamento y el poder de su dinero han hecho que su vida personal y sus negocios transcurran en el lindero de lo legal y de lo ilícito. El enorme predio en que construyó su casa y un fraccionamiento de lujo era un terreno federal cuyo uso estaba determinado en la concesión del hipódromo que su padre obtuvo para él, y cuyo destino logró alterar con gran provecho.

Más grave aún –porque los delitos patrimoniales son siempre de menor relevancia que los que privan de la vida- ha sido la no insensata creencia de que Hank Rohn ordenó la muerte de Héctor Félix, cofundador del semanario Zeta, y posteriormente de uno de sus editores, Francisco Xavier Ortiz Franco. No ha habido procurador de justicia, pertenezca al PRI o al PAN que se haya atrevido a incluirlo en una averiguación previa por esos homicidios. El jefe de su servicio de seguridad paga en prisión por la autoría material del asesinato del Gato Félix, pero el autor intelectual se libró del reproche penal que alcanzó a su subalterno. Hank Rohn es así beneficiario de la ilegalidad, en la que él incurre y aun de la que lo hizo víctima.

Reajuste ministerial

En una típica maniobra comparable a la de cambiar de caballo a la mitad del río, el Gabinete del presidente Calderón será sujeto a un reajuste ministerial en los próximos días o semanas. Por lo menos tres secretarios de Estado, si no cuatro, que prefieren seguir su trayecto personal y no necesariamente cumplir su compromiso con quien los nombró, se irán en busca de otro destino.

La inestabilidad del Gabinete ha sido un signo de la Administración calderonista, y próximamente se subrayará esa impronta. Calderón ha nombrado cuatro secretarios de Gobernación (Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont y Francisco Blake Mora), tres de Desarrollo social (Beatriz Zavala, Ernesto Cordero y Heriberto Félix Guerra), tres de Economía (Eduardo Sojo, Gerardo Ruiz Mateos, Bruno Ferrari), tres de Comunicaciones y transportes (Luis Téllez, Juan Molinar y Dionisio Pérez-Jácome), dos de Hacienda (Agustín Carstens y Cordero), dos de Educación (Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio), dos de Agricultura (Alberto Cárdenas y Francisco Mayorga), dos de Energía (Georgina Kessel y José Antonio Meade), dos de la Función pública (Germán Martínez, Salvador Vega Casillas) y dos de Turismo (Rodolfo Elizondo y Gloria Guevara).

Ha designado también a tres procuradores (Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez), a dos directores del IMSS, Juan Molinar y Daniel Karam), a dos directores de la Comisión Federal de Electricidad (Alfredo Elías Ayub y Antonio Vivanco Casamadrid), dos de Pemex (Jesús Reyes Heroles González Garza y Juan José Suárez Coppel. En su entorno más próximo ha habido movimientos. Ha tenido tres jefes de la Oficina de la presidencia, uno de los cuales se fue y volvió (Mouriño, Patricia Flores, Gerardo Ruiz Mateos) y tres secretarios particulares (César Nava, Luis Felipe Bravo Mena y Roberto Gil Zuarth).

Actualmente puede que Calderón tenga que prescindir de Cordero en Hacienda y/o de Lujambio en Educación. Ambos pretenden obtener la candidatura presidencial del PAN y más temprano que tarde alguno de los dos se irá del gabinete. Si es Cordero, en los corrillos palaciegos se afirma que Meade dejará la Secretaría de Energía, por lo que habrá que colmar ese hueco. No hay conjetura sobre el sucesor de Lujambio. Es de esperarse que Calderón no designe a su favorito Genaro García Luna, en cuyo caso la Secretaría de Seguridad Pública quedaría vacante y habría que sustituir a su titular. No cabe duda que Luis García Palomino o Facundo Rosas, o Miguel Ángel Yunes, sustituirían a García Luna.

Pero el proyecto personal de otros dos candidatos los llevará a renunciar a sus cargos federales. José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, irá a su Guanajuato natal en pos de la candidatura panista y del Gobierno estatal. Juan Rafael Elvira Quezada, secretario del Medio ambiente y recursos naturales, quiere ser de nuevo Alcalde de Uruapan.

Originalmente se enlistaron dos secretarios de Estado más en la búsqueda de la candidatura presidencial. Pero el de Desarrollo social y el del Trabajo renunciaron a sus aspiraciones. Los que quedan en la liza son renuentes a marcharse pronto. Sus posiciones los ayudan a mostrarse y ganar adeptos entre los militantes panistas, únicos que votarán para escoger quién los abandera. Cordero, sin embargo, está metiéndose en vericuetos, que tal vez lo obligarían a deponer su gana de participación electoral y quedarse donde está. Por un lado, el empeoramiento de la crisis financiera y económica mundial acaso demande su presencia en Hacienda más allá del plazo conveniente (tras la presentación y debate del paquete fiscal del año próximo). Y si se va antes, a hacer campaña interna para ser elegido candidato, sus antagonistas podrán tacharlo de irresponsable por abandonar el barco antes de que la tormenta lo haga zozobrar.

Córdova Villalobos también corre riesgos. Aunque está en mejor posición que su amigo y aliado Javier Usabiaga, la experiencia de éste puede serle aleccionadora. Cuando era secretario de Agricultura con Fox, “El rey del ajo”, como se conoce al próspero agricultor guanajuatense quiso ser candidato a la Gubernatura. Pero la extrema derecha de su entidad se lo impidió e hizo triunfar a Juan Manuel Oliva, el actual Gobernador. Éste se propone reeditar el lance en beneficio de Miguel Márquez, su colaborador. Podría por lo tanto Córdova Villalobos quedarse sin ninguna posición: fuera del Gabinete y sin ganar la candidatura panista.

Ha hecho un papel mejor del que se esperaba de él en la Secretaría de Salud. Ha logrado apartarse de las trabas de su formación ideológica y actuado como tiene que hacerlo un alto funcionario de una República laica. Y su desempeño frente a la crisis de salud de 2009 lo reveló como un Secretario prudente y eficaz. Como precandidato ha sido claro: en mayo formalizó su aspiración y anunció que saldría en septiembre del Gabinete federal. Así lo hará.

El titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quezada, fue llevado a las cercanías de Uruapan por su profesión de ingeniero agrícola. En 1999 fue elegido alcalde de esa ciudad. Debe haber hecho un buen papel porque ahora los panistas de ese municipio quieren que los gobierne otra vez. Germán Tena, el líder estatal del PAN, ha dicho que el secretario ya presentó su renuncia, a mediados de agosto, para retornar a Michoacán. De ser cierto, la hará efectiva en un corto lapso.

El cumplimiento de metas personales y el interés electoral del PAN es puesto por Calderón por encima del Gobierno de la República.

Ludotopía, cleptocracia, mitomanía

Es obligado repudiar el acto criminal que arrancó la vida de 52 personas. La sangre fría con que actuaron los individuos que incendiaron el Casino Royale de Monterrey, la deliberación con que calcularon matar a personas al margen de sus querellas añade un ingrediente al hecho mismo de asesinar. Es evidente que, o no consideraron siquiera ese saldo mortal o, peor aún, lo procuraron.

Es también obligado expresar solidaridad a los deudos de las víctimas. Su dolor se agrega al de miles de personas que han perdido seres queridos en la oleada de violencia que lastima a nuestro País y que no es contenida por autoridades incapaces de reducir a prisión a los perpetradores de homicidios y otros delitos. No hay que dejar que el cansancio venza a autores y lectores en la repetición de la verdad sabida: la falta de castigo a los delincuentes, la impunidad de que gozan, les permite multiplicar sus acciones criminales. Apenas el 17 de agosto, en el propio Monterrey con el que ahora nos condolemos, en una cantina llamada el Sabino Gordo fueron asesinadas, con semejante frialdad a la percibida el jueves pasado, 17 personas. No sólo no hay detenidos, sino que ignoramos la causa del ataque. No sabemos si los bandoleros iban tras alguien en particular y no les importó el daño lateral que produjeron al disparar sin ton ni son, o fueron a consumar una represalia contra los dueños del bar. No lo sabemos porque las autoridades, locales o federales, no se dan abasto para investigar la multitud de hechos de sangre que ensombrecen a Nuevo León, o ni siquiera se empeñan en indagar penalmente los sucesos.

El gravísimo multihomicidio del jueves pasado, amén del dolor directo o compartido, suscita reflexiones desde diversos orígenes porque nos pone frente a fenómenos nuevos o renovados. La proliferación de casinos, con permiso o sin él, supervisados o no por las autoridades, se ha convertido en un gran negocio, que aprovecha la creciente ludopatía, esa adicción irresistible al juego, que afecta a cada vez más mujeres. Apenas hace quince días Reforma presentó los perfiles de esa enfermedad social que no es reconocida como tal y por lo tanto apenas merece la incipiente preocupación de segmentos de la sociedad civil, El Centro de atención de ludopatía y crecimiento integral, por ejemplo, reúne información sobre tal flagelo, que lo es cuando se cruza el umbral de la diversión a que se acude ocasionalmente hasta no resistir la compulsión, (Reforma, 14 de agosto) Su afirmación de que 65% de ludópatas son mujeres acaso tuvo confirmación en el saldo mortal del 25 de agosto: de las 52 personas que murieron asesinadas, 43 eran jugadoras, jóvenes o mayores, que solían asistir a ese lugar al que consideraban sólo como un centro de entretenimiento.

Para conocer y comprender lo ocurrido en esa infausta fecha se precisa saber quién, además de la clientela calcinada o asfixiada, fue el blanco del ataque. Es probable que se trate de una extorsión como las que padecen negocios de toda naturaleza y que los propietarios u operadores no quisieron pagar. En ese caso hubieran debido acudir a la autoridad para que detuviera a los extorsionadores. Pero si no lo hicieron porque hay un motivo oscuro para esa exacción o por desconfianza en el Gobierno, tenemos allí otro motivo de preocupación. Si no se trata de extorsionadores, quizá el ataque forma parte de la guerra entre bandas que nadie ha podido frenar en Nuevo León, especialmente su zona conurbada. Eso querría decir que la disputa por mercados y rutas del narcotráfico se extiende ahora al negocio de las apuestas.

No ha podido determinarse quién posee o trabaja el Casino Royale. El permiso original fue expedido a Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. Pero esta empresa se deslindó de inmediato, al informar que el 19 de septiembre de 2008 “comunicó oficialmente a la dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación que en dicho domicilio no operaría negocio alguno al amparo de nuestro permiso…Desconocemos bajo los efectos de qué permiso opera el Casino Royale”.

Tampoco lo saben las autoridades, al parecer. En documentos relacionados con el Gobierno Municipal, el permisionario, o al menos el operador es la empresa Cymsa, cuyo principal accionista es el señor Raúl Madero, de quien se dice es pariente de Adalberto Madero, el anterior Alcalde de Monterrey. El ex Presidente Municipal, que llegó al Senado y a la Alcaldía al margen de los poderes que controlan al PAN en Nuevo León, cobró mala fama por la corrupción que privó en su gestión municipal. O al menos ese fue el motivo alegado para excluirlo de ese partido. Hay señales, sin embargo, de que Ramón Madero dejó de ser el permisionario y que lo es el señor Julio Ordóñez Langarica, que si es llamado a presentarse a la investigación no acudiría, pues desde el año pasado está prófugo de la justicia. Telcel consiguió que él y su hijo de igual nombre fueran aprehendidos por fraude, ya que garantizaron un crédito para comercializar productos y servicios de esa empresa telefónica con un terreno cuyo precio es muy menor que el presentado por esos presuntos delincuentes, uno de los cuales (el hijo) está preso y el otro anda huyendo.

La confusión deliberada sobre el permiso parece obedecer a que allí se practique lavado de dinero. Un dato formal, oficial, lo sugiere naturalmente. Las casas de juego están obligadas a entregar a Gobernación una participación del monto de la apuestas. Las de Entretenimientos y Emociones crecieron exponencialmente en los dos años anteriores. En 2005 fueron de casi dos millones de pesos, de tres al año siguiente, de cuatro y medio millones (en números redondos) en cada uno de 2007 y 2008. Pero brincaron en 2009 a trece millones y medio y a ¡treinta y siete millones y medio de pesos el año pasado! Es cierto que la ludopatía crece, pero tan notable incremento sugiere que la empresa mencionada tiene otra fuente de recursos. Si se tratara de lavado de dinero no sorprendería a nadie, pues siempre se supo que uno de los riesgos de autorizar el juego en México era que se convirtieran en conductos para introducir dinero sucio en el circuito legal de la economía. ¡Y nada menos que a través de Gobernación!

El permiso original de Entretenimientos y Emociones, cuyo accionista principal en ese momento y durante muchos fue Rodrigo Aguirre Vizzuet, fue expedido el 1º de junio de 1992, sólo unos meses después de constituida la empresa, en marzo de ese mismo año. Las fechas coinciden con una conjetura que se esparció entonces en torno a Ramón Aguirre Velázquez, padre del accionista mayor de la permisionaria. De acuerdo con las autoridades electorales, el ex regente de la Ciudad de México habría derrotado en la pugna por el Gobierno de Guanajuato, a Vicente Fox y a Porfirio Muñoz Ledo, cuyos partidarios, especialmente los del primero, y él mismo, protestaron con enjundia por la imposición de Aguirre.

Éste sin embargo, declinó tomar posesión, a solicitud privada de su amigo el presidente Carlos Salinas. Ambos formaron parte de la “familia feliz” reunida en torno de Miguel de la Madrid. En evocación de esa circunstancia, Salinas pidió al presunto Gobernador retirarse de la escena, para ayudar a que el Presidente saldara compromisos con el PAN y con Estados Unidos, según expresión literal del ex Regente. En compensación, le fue ofrecida una embajada o la dirección de Banobras, que Aguirre rechazó. Habría aceptado, en cambio, autorizaciones gubernamentales para diversos negocios que serían operados por sus hijos. Entre ellos, permiso para abrir un hipódromo y galgódromo y 46 centros de apuestas.

El presidente Calderón decretó tres días de duelo por el asesinato de 52 personas, y acudió a dar el pésame- sólo de modo simbólico, no personalmente- a los deudos. Antes dijo un discurso que no venía al caso, porque no se sabe si el crimen colectivo tiene que ver con el narcotráfico. Lanzó una severa requisitoria contra el pueblo y el Gobierno de Estados Unidos, cuyos consumos y omisiones en torno a la negocio de las drogas generan lances mortales como el que causaba su indignación. Y halló extrañamente propicia la ocasión de dar marco jurídico apropiado a militares y marinos, ausentes en el episodio, mediante la aprobación de la reforma a la ley de seguridad nacional.

Beltrones y el entusiasmo libanés

Se cita con frecuencia la frase del presidente López Mateos: “quién no tenga un amigo libanés, ¡que lo busque!”. La expresión consta en un muro del club social y deportivo de esa comunidad en la ciudad de México. El miércoles comió allí el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, invitado por la mesa directiva del Centro Libanés. Fue recibido con entusiasmo que acaso va más allá de la cortesía y que muestra que el senador sonorense no tiene necesidad de buscar amigos en esa comunidad, pues ya los tiene.

El discurso del presidente del Centro, Napoleón Fillat Martínez fue particularmente caluroso, y aplaudido, como lo fueron también las palabras del legislador, y aspirante a la postulación presidencial de su partido. El hecho más significativo de la reunión fue la presencia de Carlos Slim, con mucho el miembro más eminente de esa comunidad. En la actual coyuntura preelectoral, el que haya estado con Beltrones el hombre más rico del mundo no significa necesariamente el que éste apoye a aquél. No será extraño verlo en alguna otra reunión con algún otro presidenciable o candidato. Pero un hombre tan ocupado como Slim podría haberse excusado de participar en el encuentro del miércoles, o mostrado alguna reticencia ante el modo de recibir a Beltrones. No lo hizo.

Fillat Martínez es un joven abogado, por lo que se ve ganoso de participar en la vida pública. Preside la Asociación democrática de abogados y recibió de otra agrupación de ese gremio, el Colegio de abogados Foro de México, la presea Eduardo García Máynez, llamada así en honor de uno de los grandes juristas mexicanos. Escribió un capítulo titulado “La obra pública municipal”, en un libro coordinado por Jorge Fernández Ruiz, notable profesor de Derecho Administrativo y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente Fillat Martínez es director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

No es extraño que los presidenciables busquen, o se hagan invitar a reuniones de las comunidades de migrantes más activas y presentes en la vida mexicana, la judía y la libanesa. No lo hacen únicamente, por lo demás, quienes aspiran a la Presidencia de la república. También muestran su interés por relacionarse con esas comunidades candidatos como Luis Felipe Bravo Mena, quien como parte de su campaña por el gobierno mexiquense se reunió en junio, precisamente un mes antes de la elección, con el comité central de la comunidad israelita mexicana. Seguramente el panista tuvo presente que más de la mitad de esa comunidad en todo el país habita en el Estado de México, especialmente en los municipios de Naucalpan y Huixquilucan.

Así lo hizo notar, por su parte, el gobernador Peña Nieto durante su visita a Israel, en enero del año pasado. Fue recibido con el protocolo reservado a los jefes de estado y de gobierno nacionales, inaplicable a un gobernador estatal. Se entrevistó con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Un año más tarde, recibió en Toluca al Gran Rabino Ashkenazí de Jerusalén, Yona Metzger. En esa ocasión, además de David Korenfeld, secretario de Aguas del gobierno mexiquense y ex alcalde de Huixquilican, estuvo presente, ya en su carácter de persona privada, el ex procurador Alberto Bazbaz, de quien Peña Nieto tuvo que prescindir a causa del escándalo provocado por la muerte de la niña Paulette Gebara.

Las comunidades libanesa y judía no son homogéneas políticamente. Por lo tanto, los políticos en campaña que las procuran no andan allí en busca de votos. Lo que les interesa es el aval de los miembros de esas comunidades, que tienen una presencia relevante en el mundo de los negocios. Tampoco pueden esperar de ellos aportaciones financieras relevantes, por un lado porque la legislación electoral impone límites y condiciones al financiamiento privado, y por otro lado porque esas comunidades tienen tal fuerza por sí mismas que no requieren asegurarse el favor gubernamental por esa vía abierta.

Se sabe que, pragmáticamente, grandes empresarios de esas comunidades diversifican sus aportaciones y las entregan a más de un partido. El más próspero entre ellos, al mismo tiempo el hombre más rico del mundo, así procede y también administra su presencia y su acompañamiento a candidatos en esa misma dirección. Hace una década era notoria su cercanía con Andrés Manuel López Obrador. Tenían, sí, intereses públicos en común, como el apoyo a la resurrección y prosperidad del Centro Histórico de la ciudad de México, pero adicionalmente los aproximaba el ejercicio de una intuición y una sensibilidad común. Luego se distanciaron, pero aun así el ex jefe de gobierno se ha mostrado cuidadoso en no denostarlo, como hace en cambio con quienes llama miembros de la mafia del poder.

Como quiera que sea, a Beltrones le vino muy bien ser invitado al Centro Libanés. Se aproxima la definición del modo y momento en que el PRI resolverá la sucesión presidencial y el senador sonorense intensifica su presencia en la atención pública. Dentro de dos semanas quedará en posición ventajosa frente a Peña Nieto, pues su papel como presidente de la mesa directiva senatorial le permite ser visto y hacerse oír de manera natural. En cambio, cuando el 16 de septiembre Peña Nieto deje de gobernar a los mexiquenses, perderá reflectores. Es seguro que, según las lecciones de su tío y protector (que así procedió hace seis años) su pacto con Televisa se extienda más allá de su gestión. Pero ya no será lo mismo.

Balas y bolas en Torreón

Los dueños del futbol mexicano, ante sus tribulaciones en Torreón, debieran acudir en busca de consejo a esos penetrantes teóricos de la ciencia política que son Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. El primero es autor y el segundo repetidor de esa fórmula mágica para esclarecer situaciones confusas: no se hagan bolas. Respetar ese sabio consejo pondría paz en las canchas de futbol y en Bucareli, donde igualmente priva la confusión.

Alarmados por la balacera del sábado al anochecer en la metrópoli lagunera -que por fortuna no privó de la vida a nadie, ni originó un tumulto que hubiera tenido saldo mortal-, los dueños del futbol demandaron al gobierno federal una solución que, de aplicarse tal como lo barruntaron, no sólo no resolvería el problema planteado la semana pasada, sino que probablemente generaría otros más.

Los potentados del balompié mexicano quieren que se incremente o se instale la presencia de fuerzas federales fuera de los estadios. No tienen en cuenta que precisamente la presencia policial en las inmediaciones del estadio Corona fue la chispa que prendió un fuego que por ventura fue fugaz e inocuo, si bien generó pavor entre los jugadores y el público en general. Según ha expuesto el jefe de la policía torreonense, Adelaido Flores, el ataque fue fortuito, resultado del encuentro casual de una patrulla municipal y un convoy de tres vehículos en que viajaba gente armada. No se pretendió agredir al estadio, ni al jefe policiaco, como irresponsablemente espetó el subsecretario de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez.

De no haber estado allí la patrulla municipal no se habría producido el enfrentamiento, provocado por la insolencia criminal, que se pasea por la comarca lagunera sin temor alguno. El patrullaje policial debe abarcar la ciudad entera, sin desatender el foco de eventual conflicto que puede resultar de la aglomeración en torno del futbol. Pero disponer que la policía, cualquiera que sea, se estacione a unos metros del estadio respectivo, no sólo implica que se privatice un servicio público, en beneficio del comercio futbolístico, sino que significa colocar un blanco fijo ante tiradores de cualquier calaña.

De atender el gobierno federal el pedido de los cresos de la patada -como parece que ya lo hicieron el martes en Monterrey, donde fuerzas militares infundieron confianza en los espectadores- tendrían que hacerlo también en las inmediaciones de los foros donde se tocan conciertos musicales y se reúnen multitudes, y aun a las afueras de los cines y los teatros, o los centros comerciales que tanta gente atraen, o los establecimientos escolares de asistencia masiva. La experiencia de la vigilancia bancaria debería ser útil para enfocar la nueva situación: los gobiernos estatales o municipales no tienen por qué concentrar sus fuerzas de seguridad en las sucursales bancarias. Dentro de esos lugares, y también en el entorno inmediato, los bancos cuidan y pagan la seguridad de sus clientes. Lo cual, por supuesto, no exime a las autoridades de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes en la vía pública en general. El pingüe negocio futbolero debe incluir entre sus costos la seguridad de su clientela, pero no trasladar la responsabilidad y el importe respectivo a las autoridades que apenas se dan abasto para medio ejercer vigilancia en bien de los ciudadanos en general.

Salvo que el presidente del PRI Humberto Moreira imagine o sepa que el ataque provocador del sábado es parte de la campaña propagandística en su contra, y lo denuncie específicamente, lo ocurrido en Torreón es parte de la ingobernabilidad suscitada por la frivolidad y la codicia del gobernador con licencia. Con sobrada razón, ahora se mira detenidamente el descomunal endeudamiento en que incurrió Moreira, y en los dolosos modos de acumular esa deuda, que acaso sirvió a los coahuilenses como se argumenta, pero no deja de ser ilegal y por lo tanto punible. Poco antes se reparó, no con la atención necesaria, en los manejos pecuniarios de Vicente Chaires, un ayudante adosado a Moreira durante quince años. Tanta ha sido la proximidad profesional entre ambos que es difícil aceptar que el gobernador ignoraba los pasos de su asistente cercano.

Esos relevantes episodios no han velado por completo el principal reproche que gran parte de la sociedad coahuilense enderezó contra Moreira desde los tiempos en que su auge político era únicamente local. La inseguridad se extendió por todo el estado con sus diversas manifestaciones. La muerte violenta y los varios tipos de privación ilegal de la libertad han afectado a cientos de familias. No ha sido suficiente la coartada de los gobernantes estatales, de que la persecución de los principales y más frecuentes delitos corresponde al fuero federal. Fondos destinados a las policías municipales, otro flanco débil en este fenómeno, fueron regateados por el gobierno estatal, o se atoraron en sus arcas durante un tiempo. Lo denunciaron varios alcaldes, entre ellos Eduardo Olmos, priísta como Moreira, que pronto lo pensó mejor y se retractó. Es de esperar que no haga lo mismo respecto del telefonema a Facundo Rosas, comisionado de la Policía Federal. Lo llamó al comienzo de la semana pasada para solicitarle ayuda ante un inusual activismo de bandas locales, que la policía a sus órdenes no estaba en capacidad de contener. Rosas ni siquiera acusó recibo, no obstante que el alcalde Olmos dejó recado con el secretario particular del omiso funcionario federal.

Aniversarios luctuosos

Hace tres años, en una aparatosa ceremonia efectuada en el Palacio Nacional, el empresario Alejandro Martí lanzó la excitativa que le dio celebridad: “Si no pueden, váyanse”. Nadie hizo caso a su indignada petición. Ninguno de los destinatarios renunció a su cargo. Todos disimularon, como si la exigencia se dirigiera a otros. Ha transcurrido tanto tiempo desde aquel aplaudido reclamo -lo aplaudieron aun sus destinatarios, a sabiendas de que lo ignorarían y nadie más exigiría su cumplimiento- que un buen número de los firmantes del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ya no están en sus cargos, pero no por pudor ante su ineficacia, sino porque vencieron los plazos para los que habían sido elegidos o nombrados.

De los funcionarios suscriptores del Acuerdo sólo se fue Eduardo Medina Mora, entonces procurador general de la república. Pero no lo hizo como resultado de una sanción impuesta por su jefe el presidente de la república. De haber sido así, su cese no se hubiera traducido en un exilio dorado. Es el embajador ante la Corona británica, con las comodidades y aun los lujos que se deparan a algunos representantes diplomáticos, no a todos los miembros del Servicio exterior mexicano.

Tres años después, los ardores de Martí han menguado. No me refiero (no tengo derecho alguno a hacerlo), a su dolor por la pérdida de su hijo Fernando. Esa es una sensación imperecedera, inextirpable. Lo digo porque al parecer la exigencia del dueño de la afamada cadena de tiendas de ropa y equipos deportivos, y de centros de acondicionamiento físico no insiste en que los inútiles se marchen. Ahora se limita a descalificar a algunos de los protagonistas. Se hacen tontos, dijo de los gobernadores que eluden el cumplimiento de sus responsabilidades, por cuya causa ha crecido descomunalmente la cuantía de los delitos del fuero común. Parece no considerar que no se ha hecho cabal justicia en el secuestro y asesinato de su hijo, enredadas como están la Procuraduría del DF y la secretaría federal de seguridad pública en señalar los procesados que cada una de dependencias sostiene que cometieron tal crimen.

Al contrario, Martí participó junto con otros dirigentes de organizaciones civiles, en una reunión concentrada en señalar la negligencia, omisiones y complicidades de los aparatos estatales de gobierno. Nadie objeta el contenido de esa denuncia, sostenida en la contundencia de las cifras aportadas por México Evalúa, una oficina encargada por propia decisión del examen numérico de diversos fenómenos sociales, incluida la criminalidad. Es justo, y útil, el reproche a los gobernadores indolentes. Pero de allí no debería desprenderse una exculpación de las autoridades federales, tan semejantes a las estatales en su falta de respuesta a esenciales necesidades colectivas.

Allí tiene usted, por ejemplo, el caso de los 72 migrantes cuyos cadáveres fueron desenterrados de una fosa clandestina en el municipio tamaulipeco hace un año, el 23 de agosto de 2010. No fueron los primeros ni los últimos hallazgos. En ese mismo punto del noreste mexicano aparecieron decenas más de personas en semejantes circunstancias. El gobierno federal se ha ufanado, en material de propaganda engañosa, en sugerir que el asunto está resuelto. Han sido detenidos 81 miembros de la banda asesina de Los zetas, algunos de los cuales, dicen las autoridades, han producido información que identifican al jefe de esa pandilla, Heriberto Lazcano, como el autor intelectual de esos homicidios. En su carácter de líder de la banda habría dado la orden de privar de la vida y esconder bajo tierra los cadáveres de las infortunadas personas que cayeron en sus manos.

Pero el caso dista de estar cerrado. Es obvio que el principal responsable no ha sido capturado, y las decenas de sus subalternos que han sido llevados a juicio o permanecen arraigados no han recibido sentencia. Formalmente, podrían ser exculpados por los jueces, si las acusaciones del ministerio público federal son endebles. Hay una desgraciada rutina en tal sentido. No es preciso enumerar la multitud de casos relevantes en que la Procuraduría General de la República no sólo queda en ridículo al no probar sus imputaciones, sino que agrava la indefensión de la sociedad: la impunidad que viene de la ineptitud ministerial es un nutritivo caldo de cultivo para la delincuencia organizada.

De cualquier modo, es una aportación digna de aprecio la que México evalúa, con el acompañamiento de organizaciones civiles atendidas por los medios de información, presente las terribles cifras en que se condensa la inseguridad pública. Los delitos del fuero común (homicidio, secuestro, robo con violencia, extorsión) han crecido de modo abrumador. Casi todos quedan sin castigo. La inseguridad ciudadana crece por ello día con día. Ni vidas ni bienes están protegidos, sino expuestos a la codicia y la audacia de bandas organizadas, distintas de las dedicadas preferiblemente al narcotráfico, al trasiego de armas, a la trata de personas

Imputar responsabilidades a un nivel de gobierno no ha de servir para exculpar a otro. Todos los funcionarios involucrados, sean del ámbito federal o estatal incumplen de tal modo sus obligaciones, que habría que dirigirles de nuevo el exhorto de Martí hace tres años. Si no pueden, que se vayan. Y si no se van, que los ciudadanos presionen para hacerles cumplir sus responsabilidades. Que no queden exentos de sanción, formal o dictada por la opinión pública.

Impunidad en Guerrero

Menos mal que lo hizo al presentar a una banda de presuntos secuestradores, detenida en una operación conjunta de fuerzas federales y locales (entre estas la Policía Ministerial que de él depende). Que si no, la invocación del procurador de Guerrero Alberto López Rosas a la moral de los delincuentes que castigan a Guerrero habría sido más ridícula (si en esto cabe alguna gradación) de lo que es. Habría parecido una coartada, una humilde petición a los bandoleros de su tierra para que se porten bien pues el Ministerio Público no es capaz de perseguirlos y llevarlos a los tribunales.

En eso consiste la tarea de un Procurador de Justicia, no en apelar a impensables códigos de conducta. López Rosas pidió a los delincuentes a los que debe llevar a proceso, no a instarlos a honrar su palabra (por ejemplo cuando obtienen el pago de un rescate y asesinan a sus víctimas), sino que también apeló a su sentido patrio. Le solicitó que piensen en la sociedad de la que forman parte y eviten dañarla.

La guerra entre bandas locales en Guerrero se intensificó después de que la pandilla de Arturo Beltrán Leyva se escindió de la de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y pelearon por el dominio del territorio y las rutas de la droga y el dinero. Las disputas fueron más frecuentes y crueles a raíz de la muerte de Beltrán Leyva, en diciembre de 2009 y la posterior y sospechosa detención de La Barbie. Uno de los errores de la estrategia seguida por la Administración de Calderón consiste en ignorar que cuando los generales y coroneles de las tropas enemigas son abatidos o capturados, los sargentos riñen por el mando, Eso ha ocurrido por doquier (en Tamaulipas, tras la detención de Osiel Cárdenas, o en Michocán después de la festejada decapitación de La familia michoacana). Ocurre también en Guerrero, por lo que la violencia se ha recrudecido. Poco después de concluido el primer semestre de este año la cifra de ejecutados superó al millar. Y si bien las autoridades estatales y municipales descargan sobre las federales la impunidad que permite la contumaz repetición de los delitos que corresponde perseguir a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública, eso no descarga a aquéllas de la responsabilidad que en esa materia está fijada en la ley.

Tan aterradora es la impunidad en Guerrero, y especialmente en Acapulco, que porciones de la sociedad protestan por la inseguridad que se deriva de tal falta de castigos. El viernes pasado decenas de gasolinerías estuvieron cerradas durante unas horas, en demanda de que las autoridades sean eficaces en su lucha contra la violencia. Y un sector de taxistas y otros prestadores del servicio público de transporte se aprestan a hacer lo mismo. Aunque se les alude como parte de la delincuencia organizada (en tanto que vigilantes y delatores, o como distribuidores de droga) nada justifica que la oleada de homicidios de choferes de autos de alquiler no merezca una atención específica y las consiguientes acciones penales.

La designación de López Rosas como procurador despertó expectativas que no se han satisfecho, si bien hace apenas cinco meses de su desempeño. Como Alcalde de Acapulco, como legislador, y antes como luchador social, el ahora procurador ganó fama pública de hombre honrado y diligente. Está en riesgo de perder la parte de su reputación que concierne a la eficacia y, lo que es más grave para todos, a su honestidad política. La clave para que eso ocurra o no está en su actitud frente al asesinato de Armando Chavarría.

El sábado veinte se cumplieron dos años del homicidio de quien era en ese momento líder del Congreso local y principal aspirante a la Gubernatura de Estado. Un comando lo sorprendió la mañana de esa fecha al salir de su casa. Fue un crimen político, aunque el gobernador de entonces, Zeferino Torreblanca y sus procuradores se empeñaron en desviar la atención hacia otros móviles. A los guerrerenses no les cupo duda en ningún momento que Chavarría fue ultimado en función de sus aspiraciones y posibilidades de suceder a Torreblanca. Fue, en tal sentido, un crimen semejante al que privó de la vida a Rodolfo Torre en Tamaulipas. Aunque en el caso de Chavarría se cortaron de cuajo sus expectativas, mientras que a Torre se le permitió llegar a las vísperas de la elección, en ambos casos se temía que gobernaran y se les hizo blanco del fuego que cortó su existencia.

En Tamaulipas pasó ya un año, cumplido en junio pasado, sin que la investigación ministerial rinda frutos. Y eso que es Gobernador el hermano de la víctima, interesado genuinamente en que los asesinos sean identificados y castigados. Lo contrario ha sucedido en Guerrero. Fue manifiesta la negligencia con que Torreblanca emprendió, o dijo emprender la averiguación sobre la muerte de Chavarría. Y no es menor la que en los hechos ha mostrado su sucesor. Ángel Heladio Aguirre Rivero tiene menor interés en llegar al desenlace de ese caso del que formalmente cabía atribuirle a su antecesor. Torreblanca y Chavarría eran miembros del mismo partido y si bien disputaron, Chavarría fue secretario de Gobierno con Torreblanca. A Aguirre, el destino del dirigente político asesinado no le va ni le viene, puesto que como priísta que es, y como gobernador interino, estuvo situado en posiciones abiertamente antagónicas a las de Chavarría. Pero no es el caso del procurador, que era afín políticamente a la víctima. Su conciencia ética, la que lo lleva a recomendar buena conducta a delincuentes, debe forzarlo a cumplir su deber.

Sicilia, Wallace, Martí, Morera

La insólita fuerza del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logró, por su componente ético y su capacidad de integración de distintos reclamos sociales, forzar a los tres poderes de la Unión a un diálogo sobre la grave emergencia nacional, del que surjan soluciones que sólo pueden ser acordadas con, y puestas en práctica por el Estado mismo. Conforme esa fuerza moral y esa capacidad de movilización social se han delineado, han surgido desde reticencias hasta francos ataques a demandas que inicialmente parecieron ser bien acogidas.

El propio movimiento quedó en riesgo de quedar pasmado en la sola agitación social, pero superó ese escollo y reanudó sus encuentros con el Congreso y el Ejecutivo. Ante la inminencia de ese restablecimiento de vínculos con los poderes, militantes de otro movimiento civil previamente instalado en la escena pública, no más sangre, reprocharon esa línea de acción a Sicilia. Ya antes, grupos que se agotan en la protesta y la denuncia habían censurado el propósito del pacifismo de Sicilia de encontrar caminos derroten a las graves deficiencias y deformaciones que han puesto casi en la postración a la sociedad mexicana.

Desde otros ángulos, se desató una campaña destinada a desprestigiar al poeta que inspiró el Movimiento por la Paz, y a la conducción del mismo. Se buscó presentarlo como un líder vulgar, de una movilización social sin ninguna singularidad o, al contrario, como mero cascarón de proa de intereses ocultos. La implicación más burda de esa descalificación conducía a tener al escritor como agente de la delincuencia organizada, en cuyo papel proponía con insistencia el repliegue de las Fuerzas Armadas que combaten a las bandas del narcotráfico.

Desde el Gobierno federal se procuró abrir otro flanco desde el cual debilitar la preeminencia social que por su personalidad y su intuición ha adquirido Sicilia. El Secretario de Gobernación convocó a los dirigentes de agrupaciones civiles que han recibido atención pública por su activismo en contra de la violencia, uno de los blancos del pacifismo. Dado que el movimiento impulsado por Sicilia concentró por un momento su esfuerzo en combatir la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, Gobernación y buscó apoyo para esa reforma en dirigentes significados por la búsqueda de justicia en asuntos propios, que por lo mismo no parten de una visión amplia del origen de la criminalidad en la gestión de sus propias causas. El Gobierno federal se propuso aminorar así la fuerza del pacifismo siciliano. Al reunir en torno suyo a personas como Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Alejandro Martí, el secretario Blake Mora buscó recordar que los reclamos de esas personas son anteriores a los de Sicilia y, aunque sólo fuera por eso, tienen tanto o más derecho que el escritor a ser interlocutores del Gobierno. Ya lo han sido de tiempo atrás y su activismo ha conseguido legislación puntual en torno a delitos en que concentran su atención, el secuestro en particular.

El propósito de Bucareli parece resumirse en la vieja tesis de la manipulación política: divide y vencerás, y en mostrar que el Gobierno federal no ha esperado a las presiones pacifistas para atender demandas ciudadanas. Habrá que recordarle a su vez al secretario Blake, que entonces estaba lejos de los conflictos nacionales, en su Baja California natal, que hace tres años –cumplidos precisamente ayer domingo— fue suscrito un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, una suma de compromisos más retóricos que prácticos, en cuya presentación participaron algunos de los activistas que ahora son, en los hechos, tenidos como leales al gobierno, y que ese acuerdo generó muy escasos resultados, como lo reconoció la señora Morera, antes cabeza del Movimiento Ciudadano contra la Delincuencia y hoy presidenta de la asociación Causa en Común.

Puesto que son personas de buena fe, las señoras Morera, Wallace y Alejandro Martí, que tuvieron dolorosas pérdidas en su ámbito familiar y transformaron su pesar personal, como lo hizo Sicilia, en activismo civil, no serán instrumentos del gobierno para dividir los esfuerzos de la sociedad en contra de la violencia, tanto la suscitada por las bandas delictuosas como la causada por el gobierno mismo. Al contrario, es claro que depondrán las diferencias que guardan entre sí o las convertirán sólo en pareceres diferentes, porque al fin y al cabo los anima el mismo propósito: lograr que los mexicanos vivan seguros y tranquilos. Sería ingenuo ignorar que la cercanía de algunos de esos dirigentes con el aparato gubernamental –la señora Wallace y el señor Martí figuran en una lista de ciudadanos sin partido a los que el PAN podría impulsar a la candidatura presidencial— pueda influir en su visión de los fenómenos sociales. Pero no son quintacolumnistas destinados a estorbar los pasos del pacifismo siciliano.

Los esfuerzos que todos ellos encabezan no contienden entre sí, ni disputan espacios de representación social. El de Sicilia es un movimiento renuente a adquirir organicidad que puede esterilizarlo; no es una asociación civil como el resto. Éstas tienen objetivos específicos. El movimiento recoge preocupaciones de mayor latitud y que fueron resumidas por Emilio Álvarez Icaza en San Lázaro el jueves pasado: cambio de enfoque a la estrategia de guerra; atención integral a víctimas, fortalecimiento del tejido social; y mejor democracia representativa, democracia participativa y democratización de los medios.

Pemex contra la ley

Tenía prisa Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, por otorgar a particulares tres contratos para la exploración y explotación de campos maduros de esa empresa pública. Es seguro que ni siquiera hubiera notificado formalmente que había quedado abatido del escollo judicial que le impedía hacerlo cuando, 48 horas después de un fallo de la Suprema Corte que por lo visto esperaba con ansia, viajó a Villahermosa, con su séquito de colaboradores, para asignar porciones del territorio nacional al trabajo de empresas privadas que, de acuerdo con la Constitución, sólo el Estado puede realizar a través de Petróleos Mexicanos.

Petrofac Facilities Management Limitid, con sede en la Gran Bretaña, y Administradora en proyectos de campos, empresa regiomontana con sólo seis años de edad y de experiencia, ganaron una licitación y firmarán en octubre próximo tres contratos integrales de servicios, conocidos como incentivados o de desempeño. Se trata de figuras jurídicas establecidas en la legislación mexicana en 2008, que en realidad son contratos-riesgo, que ya tuvieron vigencia en México y fueron cancelados por inconvenientes para el interés nacional.

Son contratos ventajosos para los particulares. Sólo así se explica que al emitirse la convocatoria correspondiente, 27 empresas compraran más de cincuenta paquetes con las bases de la licitación, y que 17 perseveraran en su propósito de obtener la asignación, no obstante que flotaba sobre el proceso respectivo la duda sobre su legalidad. No es para menos: los contratos permiten explorar y explotar petróleo en campos ya trabajados por Pemex, actualmente en operación, por cuyas tareas los particulares obtienen un pago fijo, independientemente de la suerte que sigan sus actividades, y otro variable, dependiente de sus resultados. Los campos asignados, que se hallan en una zona de 312 kilómetros en el estado de Tabasco, comprenden pozos que producen en la actualidad quince mil barriles diarios. Se espera que la actividad privada aumente esa cifra a cincuenta y cinco mil, y a costos menores que los de Pemex. Las empresas favorecidas ofrecieron extraer cada barril a un costo de cinco dólares, en contraste con entre siete y ocho dólares que le cuesta a la empresa pública. Se comprende la diferencia, entre otras causas, porque las empresas que trabajarán en las zonas de Magallanes, Santuario (asignadas a la inglesa) y Carrizo (que corresponde a la mexicana) cuentan ya con una infraestructura cuya amortización es parte de los costos de Pemex.

En su sesión extraordinaria de 24 de noviembre de 2010, el consejo de administración de Pemex acordó la celebración de los contratos que ahora se festejan. La convocatoria respectiva fue publicada el 1º de marzo pasado. El acto causó escozor en la Cámara de Diputados, que tenía en curso una controversia constitucional por una medida semejante, pero diversa. El 16 de marzo ese órgano del Legislativo perdió en definitiva ese medio de control constitucional, por el cual había impugnado las disposiciones administrativas relacionadas con “las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional de petrolíferos distintos del combustóleo, de los petroquímicos básicos y del gas”.

Eso no obstante, los impugnadores de los contratos incentivados lograron que la Cámara iniciara una nueva controversia constitucional, esta para combatir el acuerdo de noviembre y la convocatoria de marzo. Tal controversia fue desechada el 15 de abril por notoriamente improcedente por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien consideró que la Cámara de Diputados carecía de interés legítimo en el asunto, puesto que la medida administrativa impugnada no interfería en la esfera de competencia de ese órgano legislativo. De inmediato la Cámara presentó el recurso de reclamación a fin de lograr que el pleno de la Corte revocara el acuerdo de desechamiento dictado por Ortiz Mayagoitia. No lo consiguió puesto que el martes pasado una mayoría de siete votos derrotó la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que había propuesto admitir la controversia y entrar al fondo del asunto. El más reciente miembro del pleno sostuvo que no era “manifiesta e indudable la inviabilidad del juicio intentado”. Lo acompañaron en su razonamiento únicamente los ministros Olga María Sánchez Cordero, Fernando Franco y Arturo Zaldívar, pero fueron del parecer contrario el propio presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza y los ministros José Ramón Cossío, Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls, Sergio Aguirre Anguiano y naturalmente Ortiz Mayagoitia, autor del rechazo inicial.

(En su proyecto, Pardo Rebolledo hizo notar que los anexos del acuerdo del consejo de administración de Pemex están reservados, por lo que no se tiene acceso a la información que dio base a la decisión de asignar esos contratos. No puede pasarse por alto esa infracción al principio general de transparencia que debe regir los actos administrativos, por lo que será preciso que se demande conocer tales fundamentos ahora ocultos).

A pesar de que la exploración y explotación de hidrocarburos ha estado reservada a la nación, durante cerca de veinte años, estuvieron vigentes contratos muy semejantes a los que se asignaron el jueves pasado y se firmarán a más tardar el 18 de octubre. Se trata de los contratos riesgo. Como los de desempeño, aquellos implicaban entregar una parte de la renta petrolera a particulares, a los que se cubrían los costos en que incurrieran y se les premiaban sus hallazgos.

Entre 1949 y 1951, Pemex “suscribió cinco contratos -riesgo con empresas petroleras privadas, que establecían un periodo para la exploración y perforación de pozos y señalaban como remuneración, por parte del Petróleos Mexicanos, el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados, con el valor del 50% de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados, y una compensación que iba del 15 al 18.25% del valor de la producción, por un periodo de veinticinco años”.

La cita anterior corresponde al discurso del 18 de marzo de 1970 en que el director de Pemex (lo había sido desde el 1º de diciembre de 1964), Jesús Reyes Heroles anunció que el presidente Díaz Ordaz había ordenado “la no renovación o prórroga de esos contratos, y que se acatara la reforma constitucional que prohíbe su celebración y preceptúa su insubsistencia”. Con diversos actos jurídicos (rescisión o terminación voluntaria de los contratos) celebrados entre junio de 1969 y febrero de 1970, quedaron liberados, “sin limitaciones de ninguna especie, 3,858 kilómetros cuadrados del territorio nacional para la explotación exclusiva de petróleos mexicanos, en beneficio de la nación. Sin necesidad de ofrecer participaciones o derechos sobre el valor de la producción del subsuelo mexicano, con recursos propios y financiamientos normales, proseguirá de hoy en adelante el desarrollo y progreso de la industria petrolera”.

Reyes Heroles admitió que “cuando estos contratos se firmaron no había impedimento legal para hacerlo, pues la reforma que prohibió celebrarlos es de 29 de noviembre de 1958, y la que ordenó la insubsistencia de los existentes, del 20 de enero de 1960”.

Aquella prohibición está vigente. Y también lo está, pues apenas fue aprobada en 2008, la ley de Petróleos Mexicanos. La fracción IV de su artículo 60 dispone inequívocamente que “las remuneraciones que se establezcan (en contratos como los cuestionados) serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos y sus derivados, o de las utilidades de la entidad contratante…”.

El boletín 77 que Pemex expidió a las 12:03 del 18 de agosto no menciona, supongo que deliberadamente, el modo en que los contratistas ganarán por sus servicios. Pero en la conferencia de prensa correspondiente se dijo que las “contratistas ganan de acuerdo con los resultados que obtengan. Esto es: tienen un pago fijo y otro variable en función del éxito de la producción”. (Reforma, Negocios, 19 de agosto)

Se festeja la violación a la ley, y se anuncia que en octubre continuará tal desacato. Mientras, la Corte se refugia en la formalidad para no examinar el fondo de un asunto que a todos concierne.

Coahuila y su deuda

Aunque un grupo de militantes panistas tomó la tribuna y pretendió impedir la aprobación de la nueva y descomunal deuda del Gobierno de Coahuila, en sesión extraordinaria convocada ex profeso, ayer la legislatura estatal dio luz verde a la reestructuración del débito gubernamental. El gobernador interino Jorge Torres quedó autorizado para contratar créditos que permitan saldar los de vencimiento inminente y cubrir los intereses acumulados. De ese modo, de un momento a otro, de un plumazo, lo que adeuda el Gobierno de Saltillo pasó de 31,973 a 33,867.

Ese acto legislativo ilustra el modo en que los diputados locales han avalado a los gobernadores de sus entidades en su afán de hacerse de más recursos sin recaudar mayores ingresos, atenidos como están a las participaciones federales, o sea el dinero que reciben del Gobierno central. Durante el sexenio de Vicente Fox, los gobiernos estatales recibieron enormes sumas procedentes de los excedentes petroleros. Pero esa bonanza, por su propia naturaleza, no ha podido mantenerse. Se conservó, en cambio, la deplorable costumbre de gastar como en los tiempos de la reciente prosperidad y por eso se acudió al crédito, para que sean las próximas generaciones las que paguen o sufran las consecuencias de no hacerlo.

Las vías para hacerlo fueron dos: emitir bonos que se colocaron en la bolsa de valores, ofreciendo rendimientos que hicieran atractivos esos títulos; o recibiendo préstamos, la mayor parte a largo plazo, de algunos bancos. En los dos casos la garantía de solvencia está representada por una expectativa relativamente segura: el dinero federal que se recibirá en los próximos años.

Salvo Tlaxcala, que por disposición legal no puede pactar crédito a pagar en plazos mayores de un año, todas las entidades recorrieron presurosas ese camino fácil. La suma de la deuda de las entidades que funcionan con ese modelo llega actualmente a 315 mil millones de pesos. En ese panorama sobresale el caso de Coahuila, no sólo porque el colosal incremento respectivo se produjo en los cinco años en que gobernó a ese estado el actual presidente del PRI, Humberto Moreira, sino por otras razones.

Una principalísima es que el aumento del monto adeudado es enorme. Cuando Moreira recibió el Gobierno de manos de su protector Enrique Martínez y Martínez, el estado debía menos de doscientos millones de pesos (196 para decirlo con precisión). Como si no recibiera participaciones federales y tuviera que vivir de prestado, el gobierno estatal comprometió su futuro en montos escandalosos, hasta llegar a cerca de 32 mil millones de pesos. Cuando el martes quedó listo el dictamen que autorizó todavía un nuevo incremento (el remanente que resulte de restructurar la deuda actual), el líder de los diputados priístas, Fernando de las Fuentes, que conforme al modelo antiguo es la cabeza del Congreso, explicó el destino de esa abultada suma.

Citó una hilera de obras públicas, costeadas según sugirió, por el dinero prestado por los bancos: escuelas, tecnológicos, una Ciudad universitaria, veinte museos, catorce bibliotecas, seis casas de la cultura, cuatro teatros y una Gran plaza en cada una de estas ciudades: Torreón, Acuña y Piedras Negras. Probablemente la lista no es ex exhaustiva, porque de serlo su costo no alcanza ni remotamente los treinta y tantos mil millones de pesos en cuestión. Y en caso contrario, el Gobierno de Moreira y su prestanombres tendrían que responder qué hicieron con los recursos federales que recibieron de 2005 a 2010, pues el flujo originado en el centro del País no disminuyó durante ese periodo.

Se aduce también que se acrecentaron los recursos para el combate a la pobreza. Aun de ser cierto que se entregó más dinero a los destinatarios de los programas respectivos, si para sufragarlos fue necesario endeudarse, la decisión fue contraproducente. Hoy Coahuila es la entidad con mayor deuda per cápita: cada uno de los coahuilenses debe once mil seiscientos treinta y tres pesos.

Si Moreira y su vicario respiraron aliviados después de la aprobación del nuevo monto de deuda, su contento debe haber sido efímero. Ayer mismo, la firma Ficht, contratada por el Gobierno coahuilense para calificar la calidad de la deuda, la degradó. No tenía una posición para dar envidia a nadie, pues apenas llegaba a A plus, pero ahora salió de ese rango para quedar en triple B. No es una descalificación inocua, pues la degradación implica el pago de intereses más altos. De esa suerte, no es improbable que cuando asuma el Gobierno Rubén Moreira una de sus prioridades sea renegociar los adeudos. Y ni modo de arrojar la culpa al predecesor, pues se trata de su propio hermano.

A pesar de que la deuda de los estados en general, la de lo gobernados por priístas en particular, y la de Coahuila singularmente, tiene una importancia mayúscula, no puede soslayarse el interés partidario que mueve a funcionarios panistas y dirigentes del partido en el Gobierno a poner el acento en la conducta de Moreira. Es un adversario difícil al que conviene poner en su sitio y aun desprestigiar porque de su descrédito puede derivar el de su partido, extremo deseable en vísperas electorales. Pero la verdad es la verdad, quienquiera la diga. No es buen recurso lógico, y puede que tampoco lo sea político el responder una acusación con otra, para conducir la atención de los observadores más a la respuesta que a la afirmación original. La mala conducta del gobierno federal, sin embargo, no cohonesta la del líder del PRI.

Horror en Tultitlán

Un nuevo riesgo, el hostigamiento social consentido, fruto de una sorda xenofobia, asomó su horrible rostro en las rutas de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, de suyo erizadas de obstáculos. Como primer resultado del acoso comunitario, un joven guatemalteco fue asesinado en circunstancias tan terribles como inaceptables, y un albergue tendrá que cerrar sus puertas y ser instalado en otro lugar.

Tultitlán es un centro de confluencia ferroviaria en el estado de México, hoy ubicado a la vera de la autopista México-Querétaro, pero al que se puede llegar también desde Ecatepéc y Tlalnepantla. Es uno de los suburbios surgidos o hechos crecer por la industrialización mexiquense de mediados del Siglo XX. Allí se edificó un templo a san Juan Diego, con motivo de su canonización, hace pocos años. Y adosado a él, en lo que fue su salón parroquial, funciona desde enero de 2009 un albergue para migrantes, uno de los 43 que ha esparcido por el país una oficina del Episcopado mexicano, la dimensión pastoral de la movilidad humana.

El refugio para migrantes hace observar reglas rigurosas para el adecuado cumplimiento de su cometido. Sólo admite a pasajeros por cuarenta y ocho horas. Se les proporciona alimentación, lavado de ropa, instalaciones sanitarias donde asearse y evacuar sus cuerpos, así como llamadas telefónicas gratuitas a los Estados Unidos, para que mantengan contacto con quienes los esperan allá. Deben observar un comportamiento respetuoso a los demás, que en general es cumplido sin problema.

Pero cada día más el albergue se ve excedido en sus posibilidades de ofrecer sus servicios humanitarios. Sólo cuenta con cuarenta camas, y decenas de migrantes más tienen que dormir en colchones sobre el suelo, pues ha habido temporadas en que demandan auxilio hasta trescientas personas al día. Los que cumplen el plazo de alojamiento y no pueden continuar su camino, o aquellos para los que ya no hay cupo, forman un cinturón de miseria alrededor del refugio. En torno de ellos, que viven con mayor precariedad que los hospedados, se activa un mercado de personas. Hasta allí llegan polleros a cuyo ilegal servicio se acogen los más desesperados y los que pueden reunir la cantidad mínima, el enganche exigido para su traslado. Hasta allí llegan también los agentes de la Policía municipal a extorsionar a los que duermen en la calle, o en los patios del ferrocarril que ahora son propiedad privada. El espectáculo no ha de ser edificante, y los lugareños se quejan no sólo de la fetidez que emana de los campamentos improvisados, sino también de la conducta de los desgraciados entre los desgraciados, a quienes acusan de cometer delitos y de faltar respeto a los transeúntes. En más de un sentido, las afueras del albergue, y sus inmediaciones se convirtieron en asiento de apestados.

No es imposible que entre los migrantes se incluyan delincuentes o personas inclinados a cometer ilícitos para sobrevivir. Los migrantes no son ángeles, sino en general personas necesitadas de trabajar, seducidas por el sueño americano. Julio Fernando Cardona Agustín, guatemalteco de 19 años, era uno de ellos. Como pedigueño en Tultitlán, reunió el sábado seis de agosto algunos pesos, para reemprender el camino. Pero, al parecer eligió gastarlos con amigos bebiendo cerveza (como lo relata Rolando Herrera en su excelente reportaje en Reforma de ayer).

Ya eran las primeras horas del domingo siete cuando volvía a las cercanías del refugio, donde pernoctaría. En el camino fue interceptado por los agentes municipales de la patrulla 203. Otros muchachos como Cardona lo acusaron de haberlos asaltado, y exigieron su detención. A la mañana siguiente fue descubierto el cuerpo del migrante guatemalteco, asesinado a golpes. Puesto que hubo testigos de su detención, se supuso que los agentes municipales lo habían ultimado. Pero al parecer el desenlace es todavía peor. Acaso envenenados por el ambiente hostil contra los migrantes, los denunciantes decidieron hacerse justicia por propia mano: “compraron” a Cardona, es decir pagaron mordida a los policías captores y se quedaron con el detenido. Por quinientos pesos lo tuvieron a su disposición. Y lo asesinaron brutalmente.

Ha ido configurándose un espeso clima de encono contra los migrantes, en una porción del vecindario, y entre autoridades, como el Presidente Municipal priísta. Quizá también en el personal de la empresa Ferrosur. El hecho es que el tres de julio una tropa armada, con uniformes negros que ostentan las siglas de las policías federales, allanó el albergue y pretendió llevarse a refugiados allí y hasta a personas que trabajan en la casa Juan Diego. Llegaron a bordo de vehículos de la empresa ferroviaria. Esta compañía y otras, resultado de la privatización ejecutada por el presidente Zedillo –que luego aceptó un asiento en el consejo de administración de uno de consorcios norteamericanos beneficiarios de su decisión de vender esa porción del patrimonio nacional -han dado muestras de su hartazgo por el fenómeno migratorio en que cumplen un papel de modo involuntario. Alguna de esas empresas ha modificado la configuración de los vagones de su propiedad para imposibilitar que los aborden migrantes.

Los sacerdotes que mantienen el albergue de Tultitlán se han rendido. Su primera posición fue resistir y permanecer allí. Pero ahora acordaron el traslado del refugio. No han sido escuchados por su feligresía: “Todo lo que hagan a estos pequeños me lo hacen a mi”, enseñó Jesucristo.

Seguridad al estilo Peña Nieto

El poeta y sicoterapeuta Efraín Bartolomé y su esposa, la arqueóloga Guadalupe Belmontes tuvieron el honor de recibir en su domicilio, en el breve plazo de cinco días, tres veces al procurador Alfredo Castillo. A decir verdad, a la primera no acudió él mismo, sino sus representantes personales, que con brutalidad asaltaron la casa de la pareja el jueves en la madrugada. Horas después, el propio funcionario presentó sus excusas al matrimonio, y dejó su pluma Mont Blanc en prenda de la devolución de objetos robados por los agentes ministeriales que andaban en busca de Oswaldo García Montoya, jefe de La Mano con Ojos y no lo encontraron por la sencilla razón de que los ciudadanos atracados no tienen nada que ver con el presunto delincuente. El lunes, Castillo viajó de nuevo de Toluca a Tlalpan. El propósito de su visita fue devolver el reloj Omega Speedmaster que alguno de los intrusos de la madrugada del jueves se llevó consigo.

Quizá vuelva una vez más Castillo a visitar a los afectados. Falta por devolver una cámara digital, la memoria de una computadora y un abrecartas de plata también sustraídos sin derecho. Pero, lo más importante, también falta que se haga saber cuáles de los integrantes del piquete policial robó esos objetos. A estas horas, el procurador debe saber quiénes fueron los ladrones. Investigarlo es extremadamente fácil: el universo de los sospechosos es minúsculo, compuesto apenas por un puñado de agentes que confundieron su vocación o la ejercen simultáneamente. El hecho mismo de que una de las piezas robadas haya sido localizada indica que alguien la devolvió, acaso el mismo que sin derecho la llevó consigo. Si a casi una semana del asalto la Procuraduría no puede identificar al ratero que cobra en su nómina, es una oficina a cuya cabeza está un incapaz. Y si lo sabe y no lo dice, es un encubridor.

Tal vez ocurre que, como a Facundo Cabral, al procurador Castillo le “encanta ser amigo de los ladrones”, y de los delincuentes en general. Para suponerlo hay que ver la animada charla que sostuvo con García Montoya, el detenido cuya captura costó el asalto no sólo a la casa de los Bartolomé Belmontes, sino también al de la maestra bióloga Patricia Magaña y la de sus padres. La Comisión de derechos humanos del Distrito Federal, por queja de algunos afectados más, o de oficio, está investigando la violación del domicilio de un número mayor de habitantes de la colonia Torres de Padierna.

Ufano de la captura, el procurador Castillo hizo comparecer no todavía ante un juez a García Montoya, sino ante las cámaras. El compayito es todo un comediante. En vez de haber sido marino, y desertor, y agente judicial y de Policía, y luego sicario que con sus propias manos mató a trescientas personas y ordenó la muerte de otras tantas, y jefe de banda del narcotráfico, hubiera debido explotar sus dotes histriónicas. Con gran fluidez, y hasta divertido, narró sus hazañas en un video hecho conocer a los medios por Castillo, que a veces aparece como sólo su patiño. García Montoya le avisa, si bien a posteriori, que estuvo a punto de matarlo. Es que lo creyó un traidor: le envió con un propio cuatrocientos mil dólares para que lo dejara trabajar. Y al notar que el servicio pedido no se cumplía, pretendió hacer pagar a Castillo su incumplimiento. Pero luego supo, porque “al andar en la maña todo se sabe”, que el mensajero incumplió el encargo y se quedó con el dinero. Al no haberlo recibido el Procurador, no había faltado al compromiso que se le propuso. ¿Y el intermediario? Lo maté, dice con cachaza el jefe de La Mano con Ojos.

En un intercambio de elogios, propio de una plática entre amigos que se aprecian, una voz en el video, que puede ser la de Castillo mismo, reconoce ante El compayito que sus habilidades para delinquir y no ser aprehendido “nos hicieron ser mejores”. A lo cual García Montoya contesta interesado si no tendrá por ello una compensación, respuesta que mereció la risa de los presentes en el animado diálogo.

García Montoya informó también, con la soltura de lengua a la que tendrá que reprimir ahora que es huésped del Altiplano, el penal de alta seguridad situado no lejos de Toluca, que dejó órdenes en previsión de ser detenido, un riesgo que, dijo, era inminente. Instruyó a sus subalternos que mataran a media docena de personas. Una de ellas, se apresuró a conjeturar la avispada Procuraduría mexiquense, fue ejecutada el lunes temprano. Su cuerpo, al que se le cercenó la cabeza, apareció colgado bajo un puente en Huixquilucan. Para fortuna de los asesinos, o al menos de quienes colgaron el cadáver decapitado, no funcionó la cámara que la eficiencia municipal ha colocado en la vía pública de ese enclave urbano.

La procuración de justicia mexiquense, durante el sexenio que está por terminar, se ha caracterizado por la omisión y el abuso. La multiplicación de feminicidios es muestra de lo primero. La represión en Atenco en mayo de 2006, ejemplo de lo segundo, sigue agravada por la impunidad de los agentes que violaron a mujeres detenidas sin causa y violentaron los derechos humanos de otras personas.

Detener a un prominente jefe del narcotráfico, al costo que sea, desnuda a la procuración de justicia de Enrique Peña Nieto. Profesa. Agravado, el credo de su tío y padrino Arturo Montiel, para quien los derechos humanos eran para las personas, no para las ratas. Y aunque no sean ratas, tales derechos no valen cuando estorban a la feroz acción ministerial de Peña Nieto.

Precandidatos: simulación y dinero

Ernesto Cordero y Mario Delgado tienen muchos rasgos en común. No sólo su apariencia y su complexión física, sino también sus modos de hacer política. Impulsados por sus jefes, respectivamente Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, acometen con modos semejantes la imposible hazaña de ser candidatos, a la Presidencia de la República, uno, a la jefatura de Gobierno del DF el otro.

Tecnócratas formados para hacer que las números cuadren aunque la gente resulte postergada, cada uno de ellos -no sé si por su lado o de consuno- descubrieron la política y se creyeron facultados para ejercerla. Han tenido experiencias administrativas similares: ocuparon la titularidad de dos relevantes oficinas de primer nivel en sus gobiernos. Cordero ha sido secretario de Desarrollo social y de Hacienda, mientras que Delgado lo fue de finanzas en el Gobierno capitalino y ahora lo es de Educación. Acaso tenía para el primer cargo una somera preparación. Carece por completo de aptitudes para el segundo. No le ha hecho falta porque no se trata de regir el magro sistema educativo de la Ciudad de México (donde la enseñanza básica está a cargo de la Federación) sino de mostrarse ante el público para que su nombre sea conocido, con fines electorales.

Desprovisto del mínimo pudor, Delgado no vaciló en usar su propio apellido en la campaña de publicidad de una campaña contra la obesidad. De ese modo, se subrayaba la importancia de ser Delgado, netamente propaganda personalizada. No pierde, además, la oportunidad de pagar gacetillas en los diarios que se dejan. Por ejemplo, cuando entrega becas, la información hace pensar que las paga de su propio peculio. El domingo llegó al colmo, al hacerse destapar por la comediante Carmen Salinas como su favorito para gobernar el Distrito Federal.

Como Delgado, Cordero utiliza su cargo para hacer campaña política. Su acción más descarada a ese respecto consistió en recibir en su papel de ministrador de recursos a los gobiernos locales, a un grupo de alcaldes panistas de Veracruz acarreados por Miguel Ángel Yunes para proclamarle sus simpatías en la liza electoral interna del PAN.

Aunque asegura diferenciar entre su promoción personal y su propósito político personal, Cordero emplea tiempo y recursos públicos para el segundo fin, y sin miramientos combina o mezcla los dos papeles que ahora desempeña. Este fin de semana anunció que anunciará medidas respecto de la deuda de los gobiernos estatales y viajó a León e Irapuato para que el gobernador Juan Manuel Oliva le deparara actos multitudinarios de bienvenida en que, por completo fuera del tiempo reglamentario, se le ofrecieron firmas que sustenten, llegado el caso, su postulación en la contienda panista.

Cordero y Delgado, como Enrique Peña Nieto y Ebrard, son ejemplo de mal uso de recursos públicos en provecho personal. Con ellos pagan la costosa cobertura mediática de sus actividades. En esos gastos gubernamentales descansa la abrumadora presencia de Peña Nieto ante la opinión pública y en ellos radica la expectativa de Ebrard de figurar como “mejor posicionado” que Andrés Manuel López Obrador cuando se midan las posibilidades electorales de cada quien.

Se trata de gobernantes o administradores de la cosa pública que son al mismo tiempo precandidatos. La ambigüedad de su posición es causa y efecto de la simulación, uno de los peores rasgos del sistema político mexicano y de quienes lo encabezan. Es verdad sabida que la política entraña puestas en escena, fingimientos similares a los del teatro. De modo que la simulación no es lacra exclusiva de nuestra manera de organizar y ejercer la política. Pero aquí se llega al extremo de practicar la simulación como arte del engaño, como conducta dolosa tendiente a crear falsas realidades, a esconder las verdaderas.

Otro modo de la simulación, especialmente lesivo de la convivencia democrática, es hacer propaganda electoral tras la mampara de los informes de desempeño. Una aspiración largamente expresada en la sociedad mexicana, alcanzada muy parcialmente como es la rendición de cuentas, el diálogo de los representantes con los representados para hacerles saber lo que hacen en su nombre, se ha pervertido hasta extremos grotescos. Acabamos de verlo el domingo con un acto principal de promoción política de la diputada Josefina Vázquez Mota, cabeza de los legisladores blanquiazules en San Lázaro. Pero no mucho tiempo atrás lo vimos, en niveles todavía más ofensivos y de tan grandilocuentes ridículos, en el informe semejante de Carlos Navarrete, el senador perredista que busca ser candidato a la jefatura del gobierno capitalino.

Amén de la superchería de hacer propaganda más que de informar, es notable el dispendio de quienes acuden a esta práctica. La precandidata panista gastó más de cinco millones de pesos en una escenificación efímera. Tuvo a bien informar que el grueso de ese costo, más de tres millones de pesos, fue enfrentado por los 76 diputados federales que la apoyan. Un millón y pico fue aportado por empresarios amigos de la aspirante. Ella sacó de su peculio más de ochocientos mil pesos para este propósito. A su vez, Navarrete informó que con recursos propios pagó los más de seiscientos mil pesos que costó su aparatoso informe, cuyas dimensiones y espectacularidad hizo más fuerte el contraste entre la forma y el fondo.

Es verdad que los legisladores están muy bien pagados, y que Vázquez Mota ha sido secretaria de Estado durante una decena de años, pero ¡qué ahorrativos son!