Tal vez porque el martes viajó a Chiapas, entre otros propósitos para filmar escenas de The Royal Tour, el programa de televisión en que actuará como guía para promover el turismo a México, el presidente Calderón no pudo permanecer al tanto de lo que ocurría en esa nefasta jornada en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Zacatecas, y en Nuevo Laredo también.
Acaso ocurrió que, sabiendo lo que pasaba en esas comarcas, decidiera concentrar sus palabras en temas en que puede referir mejores resultados que en su pugna por abatir la inseguridad criminal en México. Por eso, en la noche del primer día de febrero, al ser invitado de los ejecutivos de la firma alemana Siemens que celebraron con una cena sus nuevos planes para México, el presidente Calderón eligió hablar sólo de economía. Hizo un balance de la situación mexicana, bonancible desde su punto de mira, y aun en trance de mejorar, lo que lo llevó a proclamar que “tenemos la casa en orden”.
Aun respecto de la sola economía, el ufano dictamen es un exceso. En la víspera de emitirlo, habían marchado en la Ciudad de México decenas de miles de campesinos y otros trabajadores cuya protesta incluía la denuncia del alza de precios, especialmente de los productos básicos, que disminuye hasta anularlo el incremento salarial fijado formalmente u obtenido a través de las negociaciones laborales. No tenemos la casa en orden tampoco en esa materia, aunque sea comprensible que Calderón lo dijera ante los directivos de un vasto consorcio internacional, que en su reunión celebrada en México suscribieron un acuerdo con el Gobierno mexicano para suscitar de aquí a 2013 un programa de compras hasta por setenta y tres y medio millones de pesos a pequeñas y medianas empresas.
Aunque ni un peso que aliente la generación de empleo es desdeñable, la cifra mencionada no parece excesiva para una trasnacional del tamaño de Siemens, aunque sus representantes en México la aprovecharon para hacer relaciones públicas en torno a la reunión mundial de su consejo ejecutivo, que culminó con la cena ya dicha, celebrada en el vestíbulo del remozado Palacio de Bellas Artes, alquilado ex profeso por la firma alemana.
La Secretaría de Economía, responsable del convenio con Siemens, deberá ser escrupulosamente transparente en su trato con ese consorcio, que ha contribuido a la corrupción mexicana con la suya propia. Enrique del Val el notable economista, recordó ayer que la empresa alemana ha reconocido prácticas condenables, como haber pagado 2.6 millones de dólares “a un consultor de empresas bien conectado políticamente, y que parte de este pago fue a manos de un alto ejecutivo de Pemex” (Excélsior, 5 de febrero)
Esta confesión de Siemens, que no tuvo hasta ahora eco en la justicia mexicana, resultó de una amplia averiguación emprendida en diciembre de 2008 por la Securities Exchange Comissión, la famosa SEC norteamericana, el órgano autónomo que vigila el mercado de valores y demanda la aplicación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero. Siemens aceptó haber hecho más de cuatro mil pagos (mordidas) por 1.4 mil millones de dólares en todo el mundo entre 2001 y 2007. La SEC impuso a la firma germana una multa por poco más de ese monto, en conducta contrastante con el Gobierno mexicano al que la investigación en que Pemex queda implicado pareció no interesarle en demasía.
Es difícil que los escuchas de Calderón en la cena del martes hayan quedado convencidos de que “la casa está en orden”, porque a lo largo de ese día se difundieron noticias de los estremecimientos de la población en municipios conurbados de Monterrey, Guadalajara y Zacatecas. En la zona metropolitana de la capital de Nuevo León la delincuencia organizada mató a un policía federal y a un policía municipal. Hubo seis muertos más más, en una región donde sólo en enero fueron asesinadas 121 personas. En las inmediaciones de Guadalajara, y en esa misma ciudad aparecieron por primera vez los narcobloqueos que han hostigado ya a los regiomontanos, y que dan muestra de la gran capacidad de movimientos de las bandas criminales. En Guadalupe, un municipio aledaño a la capital zacatecana una balacera causó la muerte a un agente de la Policía Municipal y lesiones a siete personas más.
No fue eso todo. En Nuevo Laredo fueron hallados, entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, veinticinco niños que en diferentes grupos deambulaban por la ciudad, abandonados por las pandillas que “levantaron” a sus padres, ocho personas que hasta ahora siguen si aparecer. No se requiere subrayar la peligrosidad que cunde en esa ciudad fronteriza, y en Tamaulipas toda, porque la desgracia de esa entidad es ampliamente conocida y porque cada día crece en proporciones. Además de los efectos directos de los homicidios y secuestros, el activismo criminal genera daños laterales como el atemorizamiento de la población y la inhibición de los medios informativos que, en una entendible pero peligrosa actitud profesional e industrial regatean o de plano niegan a su público información del alto relieve y gran efecto como, por ejemplo, el asesinato del general Manuel Farfán Carriola, director municipal de seguridad ciudadana.
El grave suceso ocurrió el miércoles pasado. Al día siguiente los diarios matutinos pasaron por alto el terrible acontecimiento. Es posible que haya habido sobre los editores una presión especial para que guardaran silencio. Una secuela de tal mutismo fue que lo impusiera también una banda criminal a los diarios El Norte y Metro, que desde Monterrey pretendieron informar a los neolaredenses de lo que ocurría. El distribuidor de esos periódicos fue secuestrado y el millar de ejemplares que transportaba fue quemado. “Tras detenerlo cerca de las 5:30 de la mañana, los secuestradores lo sometieron y amarraron, llevándoselo en otro vehículo a un área despoblada.
“A la vez que lo apuntaba con una arma, un hombre le advirtió que ya no llevara el periódico a Nuevo Laredo, mientras que a unos metros quemaban los ejemplares que le habían quitado.
‘La información que se genere en Monterrey que se quede en Monterrey y la que se genere aquí se queda aquí’, agregó el hombre.
“Al distribuidor le vendaron los ojos y lo subieron de nuevo a la camioneta, llevándolo hasta la carretera a Piedras Negras, donde lo liberaron y le entregaron su vehículo y teléfono celular, pero se quedaron con sus identificaciones” (Reforma, 5 de febrero).
Designado responsable de la seguridad municipal apenas el primer día de este año, el general Farfán fue asesinado el miércoles dos, cerca de la medianoche, por un comando armado que le tendió una celada. Además del secretario, murieron su asistente, un teniente retirado y el subdirector operativo de cooperación ciudadana.
Farfán fue también secretario de seguridad en Cuernavaca y en Michoacán. Del primer cargo se fue bajo acusaciones. Un comandante de la Policía morelense murió al no poder repeler un ataque de asaltantes porque iba desarmado, ya que el arsenal de la corporación esta dedicado a prácticas diseñadas por el general Farfán. Ante diputados, poco después de su destitución (a la que se resistió durante unas horas), el fiscal general de Morelos lo calificó de “delincuente común y corriente”, aunque las acusaciones formales no prosperaron. Eso permitió que durante un año fuera responsable de la Policía estatal en Michoacán, de donde fue despedido en diciembre pasado, por mal desempeño.
Eso no obstante, altos mandos militares lo colocaron en Nuevo Laredo, donde de inmediato entró en coordinación con la comandancia de la octava zona militar. Aunque estaba retirado, en el Ejército se le tenía por uno de los suyos, como lo muestra la violenta reacción de la tropa que llegó al lugar del atentado en que perdió la vida. Uno de los miembros sobrevivientes de la escolta de Farfán, herido en una mano, fue tratado como si fuera uno de los atacantes. Además de impedirse que lo auxiliara otra unidad de la Policía municipal, se queja de que fue despojado de tres mil pesos y un compañero suyo, de mil quinientos pesos. Mucho dinero para que lo llevaran consigo miembros de la policía municipal, a menos que fuera el importe de sus quincenas.
Debe saberse si el ataque al general provino de su propia corporación. Pero en Tamaulipas poco puede esperarse de una indagación, sobre todo si se cree que la casa está en orden.
Acaso ocurrió que, sabiendo lo que pasaba en esas comarcas, decidiera concentrar sus palabras en temas en que puede referir mejores resultados que en su pugna por abatir la inseguridad criminal en México. Por eso, en la noche del primer día de febrero, al ser invitado de los ejecutivos de la firma alemana Siemens que celebraron con una cena sus nuevos planes para México, el presidente Calderón eligió hablar sólo de economía. Hizo un balance de la situación mexicana, bonancible desde su punto de mira, y aun en trance de mejorar, lo que lo llevó a proclamar que “tenemos la casa en orden”.
Aun respecto de la sola economía, el ufano dictamen es un exceso. En la víspera de emitirlo, habían marchado en la Ciudad de México decenas de miles de campesinos y otros trabajadores cuya protesta incluía la denuncia del alza de precios, especialmente de los productos básicos, que disminuye hasta anularlo el incremento salarial fijado formalmente u obtenido a través de las negociaciones laborales. No tenemos la casa en orden tampoco en esa materia, aunque sea comprensible que Calderón lo dijera ante los directivos de un vasto consorcio internacional, que en su reunión celebrada en México suscribieron un acuerdo con el Gobierno mexicano para suscitar de aquí a 2013 un programa de compras hasta por setenta y tres y medio millones de pesos a pequeñas y medianas empresas.
Aunque ni un peso que aliente la generación de empleo es desdeñable, la cifra mencionada no parece excesiva para una trasnacional del tamaño de Siemens, aunque sus representantes en México la aprovecharon para hacer relaciones públicas en torno a la reunión mundial de su consejo ejecutivo, que culminó con la cena ya dicha, celebrada en el vestíbulo del remozado Palacio de Bellas Artes, alquilado ex profeso por la firma alemana.
La Secretaría de Economía, responsable del convenio con Siemens, deberá ser escrupulosamente transparente en su trato con ese consorcio, que ha contribuido a la corrupción mexicana con la suya propia. Enrique del Val el notable economista, recordó ayer que la empresa alemana ha reconocido prácticas condenables, como haber pagado 2.6 millones de dólares “a un consultor de empresas bien conectado políticamente, y que parte de este pago fue a manos de un alto ejecutivo de Pemex” (Excélsior, 5 de febrero)
Esta confesión de Siemens, que no tuvo hasta ahora eco en la justicia mexicana, resultó de una amplia averiguación emprendida en diciembre de 2008 por la Securities Exchange Comissión, la famosa SEC norteamericana, el órgano autónomo que vigila el mercado de valores y demanda la aplicación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero. Siemens aceptó haber hecho más de cuatro mil pagos (mordidas) por 1.4 mil millones de dólares en todo el mundo entre 2001 y 2007. La SEC impuso a la firma germana una multa por poco más de ese monto, en conducta contrastante con el Gobierno mexicano al que la investigación en que Pemex queda implicado pareció no interesarle en demasía.
Es difícil que los escuchas de Calderón en la cena del martes hayan quedado convencidos de que “la casa está en orden”, porque a lo largo de ese día se difundieron noticias de los estremecimientos de la población en municipios conurbados de Monterrey, Guadalajara y Zacatecas. En la zona metropolitana de la capital de Nuevo León la delincuencia organizada mató a un policía federal y a un policía municipal. Hubo seis muertos más más, en una región donde sólo en enero fueron asesinadas 121 personas. En las inmediaciones de Guadalajara, y en esa misma ciudad aparecieron por primera vez los narcobloqueos que han hostigado ya a los regiomontanos, y que dan muestra de la gran capacidad de movimientos de las bandas criminales. En Guadalupe, un municipio aledaño a la capital zacatecana una balacera causó la muerte a un agente de la Policía Municipal y lesiones a siete personas más.
No fue eso todo. En Nuevo Laredo fueron hallados, entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, veinticinco niños que en diferentes grupos deambulaban por la ciudad, abandonados por las pandillas que “levantaron” a sus padres, ocho personas que hasta ahora siguen si aparecer. No se requiere subrayar la peligrosidad que cunde en esa ciudad fronteriza, y en Tamaulipas toda, porque la desgracia de esa entidad es ampliamente conocida y porque cada día crece en proporciones. Además de los efectos directos de los homicidios y secuestros, el activismo criminal genera daños laterales como el atemorizamiento de la población y la inhibición de los medios informativos que, en una entendible pero peligrosa actitud profesional e industrial regatean o de plano niegan a su público información del alto relieve y gran efecto como, por ejemplo, el asesinato del general Manuel Farfán Carriola, director municipal de seguridad ciudadana.
El grave suceso ocurrió el miércoles pasado. Al día siguiente los diarios matutinos pasaron por alto el terrible acontecimiento. Es posible que haya habido sobre los editores una presión especial para que guardaran silencio. Una secuela de tal mutismo fue que lo impusiera también una banda criminal a los diarios El Norte y Metro, que desde Monterrey pretendieron informar a los neolaredenses de lo que ocurría. El distribuidor de esos periódicos fue secuestrado y el millar de ejemplares que transportaba fue quemado. “Tras detenerlo cerca de las 5:30 de la mañana, los secuestradores lo sometieron y amarraron, llevándoselo en otro vehículo a un área despoblada.
“A la vez que lo apuntaba con una arma, un hombre le advirtió que ya no llevara el periódico a Nuevo Laredo, mientras que a unos metros quemaban los ejemplares que le habían quitado.
‘La información que se genere en Monterrey que se quede en Monterrey y la que se genere aquí se queda aquí’, agregó el hombre.
“Al distribuidor le vendaron los ojos y lo subieron de nuevo a la camioneta, llevándolo hasta la carretera a Piedras Negras, donde lo liberaron y le entregaron su vehículo y teléfono celular, pero se quedaron con sus identificaciones” (Reforma, 5 de febrero).
Designado responsable de la seguridad municipal apenas el primer día de este año, el general Farfán fue asesinado el miércoles dos, cerca de la medianoche, por un comando armado que le tendió una celada. Además del secretario, murieron su asistente, un teniente retirado y el subdirector operativo de cooperación ciudadana.
Farfán fue también secretario de seguridad en Cuernavaca y en Michoacán. Del primer cargo se fue bajo acusaciones. Un comandante de la Policía morelense murió al no poder repeler un ataque de asaltantes porque iba desarmado, ya que el arsenal de la corporación esta dedicado a prácticas diseñadas por el general Farfán. Ante diputados, poco después de su destitución (a la que se resistió durante unas horas), el fiscal general de Morelos lo calificó de “delincuente común y corriente”, aunque las acusaciones formales no prosperaron. Eso permitió que durante un año fuera responsable de la Policía estatal en Michoacán, de donde fue despedido en diciembre pasado, por mal desempeño.
Eso no obstante, altos mandos militares lo colocaron en Nuevo Laredo, donde de inmediato entró en coordinación con la comandancia de la octava zona militar. Aunque estaba retirado, en el Ejército se le tenía por uno de los suyos, como lo muestra la violenta reacción de la tropa que llegó al lugar del atentado en que perdió la vida. Uno de los miembros sobrevivientes de la escolta de Farfán, herido en una mano, fue tratado como si fuera uno de los atacantes. Además de impedirse que lo auxiliara otra unidad de la Policía municipal, se queja de que fue despojado de tres mil pesos y un compañero suyo, de mil quinientos pesos. Mucho dinero para que lo llevaran consigo miembros de la policía municipal, a menos que fuera el importe de sus quincenas.
Debe saberse si el ataque al general provino de su propia corporación. Pero en Tamaulipas poco puede esperarse de una indagación, sobre todo si se cree que la casa está en orden.
