Carlos Slim rivaliza con Warren Buffet y Bill Gates cuando los calculadores de fortunas establecen quién es el hombre más rico del mundo. Ahora Slim ha sido colocado en otra disputa, esta vez por el título de ser “un peligro para México”. En el 2006, y todavía el año pasado, Felipe Calderón dijo que ese baldón corresponde a Andrés Manuel López Obrador, su opositor en la contienda presidencial de aquel año y algo más que una piedra en su zapato después. El jueves pasado, en cambio, Alejandro Puente, líder de la Cámara de la Industria de las Telecomunicaciones (Canitec), boca de ganso por la cual habla Televisa, asestó esa descalificación a Slim Helú. No empleó exactamente las mismas palabras, pero sí una expresión equivalente: ”el ingeniero hoy es un peligro de seguridad nacional”.
Como si fuera un radical dirigente político que denuncia la concentración de la riqueza, Puente justificó su apreciación diciendo en una entrevista radiofónica que tal condición peligrosa deriva de que Slim representa el 6% del Producto Interno Bruto y más del 50% del valor del mercado bursátil. Puente, a cuya cámara están afiliados los integrantes del duopolio de la televisión abierta, así como las cableras afines a Televisa y las empresas de telefonía móvil como Iusacel, integrante del Grupo Salinas, habló en el marco de la batalla por las tarifas publicitarias y de interconexión que libran los gigantes de la televisión y las telecomunicaciones.
La porción más pública y reciente de esa guerra comenzó a fines de enero, cuando Televisa demandó a la Comisión Federal de Competencia una indagación para determinar si Telmex viola su título de concesión por su alianza con Dish México, la empresa de televisión satelital que está disputando el mercado a Sky, propiedad de la familia Azcárraga. Según la denuncia, Telmex está haciendo ya televisión a través de esa empresa propiedad de MVS comunicaciones, cuando lo cierto es que sólo provee servicios de ventas y cobranzas. Telmex contestó con un mensaje público en que explicaba su posición y anunciaba su propósito de efectivamente entrar en la televisión tan pronto sea modificado dicho título de concesión, demanda suya denegada por los gobiernos panistas desde hace más de cinco años. Pero pronto pasó de las palabras a los hechos.
El viernes 18 se anunció el retiro de la inversión publicitaria del Grupo Carso de los canales de Televisa, que pretendió minimizar el efecto que esa medida tendría y ocultar el contexto en que se había tomado. Ese mismo día, el vicepresidente de finanzas de Televisa, Alfonso de Angoitia, se refirió al asunto (ya publicado en la edición de esa fecha de The Wall Street Journal). Como de paso, en medio de otras informaciones sobre la situación financiera y bursátil de ese consorcio; informó que el Grupo Carso no había contratado sus pautas, como lo hacen los grandes clientes, en la modalidad de ventas anticipadas. Dijo también que la decisión de Carso significaba una caída de 4% de tales ventas anticipadas, o sea ochocientos setenta millones de pesos. Reportes de centrales de medios muestran que el efecto será mucho mayor, pues en 2009 sólo las empresas telefónicas del grupo de Slim invirtieron más de dos mil quinientos millones de pesos en publicidad televisiva, el 70% en Televisa. Actualmente, según “el reporte de Alazraki KP Central Media -escribió Jenaro Villamil cuando aún no se conocía la ruptura con Televisa-Telcel es el tercer cliente que más invirtió en publicidad televisa, con 2 mil 356.8 millones de pesos, mientras Telmex es el cliente número 14, con una inversión de mil 117.6 millones de pesos” (Proceso, 13 de febrero).
Por su parte, el Grupo Carso explicó que su decisión (que involucra también a sus empresas Banco Inbursa y filiales, Sears y Sanborns) se fundaba en el hecho, no comentado por De Angoitia), de que Televisa pretendió un incremento de 20% en sus tarifas. Pero al parecer retirarse de la televisión abierta es una estrategia de combate contra sus impugnadores, aprovechando la voracidad de éstos y la magnitud de su gasto publicitario. El miércoles 23 Carso anunció que también se iba de TV Azteca. En este caso, el grupo de Slim respondió a la pretensión del Grupo Salinas de establecer un canje: mejores tarifas de publicidad a cambio de mejores tarifas de interconexión, que es otro de los grandes dilemas de la industria de las telecomunicaciones.
La interconexión es necesaria en un mercado donde proliferan los proveedores de telefonía móvil, para que las llamadas pasen de una empresa a otra. Hay que pagar por ella, y la tarifa respectiva ha sido dejada a la libre competencia, ya que la Comisión federal de telecomunicaciones apenas se apresta a establecerla. Cuando lo haga será menor que la que Telcel cobra a sus competidores-clientes, aprovechando su condición de empresa dominante. En diciembre pasado, esa empresa de Slim acordó con Telefónica, la empresa española que opera la marca Movistar y dirige en México el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, una tarifa de 95 centavos por minuto, denunciada por la Canitec por ser más del doble de la que ha esbozado el órgano regulador. Telcel defiende su monto diciendo que es la segunda tarifa más baja entre los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y alegando que establecer una menor que la acordada con Telefónica podría llegar a tener carácter expropiatorio, porque significaría obligarla a explotar en su perjuicio instalaciones que le resultaron costosas. La salida de Carso del mercado de la publicidad televisiva provocó una airada reacción de los afectados. Ya vimos el extremo a que llegó Alejandro Puente. Slim fue llamado también “depredador”, y Grupo Salinas anunció la instalación de una suerte de tribunal contra Carso, bajo la apariencia de foro donde se realice un “debate público y un frente común para revisar y solucionar a fondo el asunto de la interconexión, que hoy claramente afecta a todos los usuarios mexicanos de telefonía celular, que suman más de 88 millones de personas”
Grupo Salinas convocará, según su anuncio, a participar en ese foro “a todos los participantes del sector, autoridades y actores relevantes del Estado a que resuelvan el problema de la interconexión, que calificó como un asunto de Estado” (Reforma, 25 de febrero). Es una buena idea. Sería mejor, opino, si se incluyera también a los usuarios, perjudicados hasta ahora por altas tarifas en la telefonía celular. Y sería óptimo, según pienso, si el debate se ampliara a otros ángulos de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión, con presencia de los públicos, sean los manipulados por el duopolio electrónico, sean los que procuran obtener mensajes de mejor calidad, fruto de una sana competencia.
De una discusión de ese alcance, en que participen los gigantes ahora en guerra, renuentes siempre a debatir en público sus intereses, debería surgir la legislación que encauce tales intereses pero también los de la sociedad, pues unos y otros son o deben ser armonizables. Mientras esos no ocurra, y mientras las autoridades se pasmen ante el riesgo de malquistarse con alguno de los magnates en pugna, la contienda que los enfrenta será resuelta o prolongada según las conveniencias de los que más pueden.
La pesada influencia de esos consorcios se observa por doquier. Está en curso, por ejemplo, la construcción de un centro de espectáculos, que incluye una arena para box y lucha en Azcapotzalco en condiciones tales que significa regalar a un particular un bien propiedad de la ciudad de México. La agraciada es la empresa Avalanz, dirigida por Guillermo Salinas Pliego, hermano de Ricardo, el capitán del Grupo Salinas. Se trata de una extensión de poco más ocho hectáreas para la edificación de ese centro. El grupo beneficiado pagará al Gobierno benefactor sólo un millón de pesos al año, durante medio siglo. El terreno, que según un avalúo oficial cuesta 816 millones de pesos, costará a los inversionistas sólo cincuenta millones de pesos, suma menor aun si se piensa en un arrendamiento.
El verdadero peligro para México está constituido por empresas abusivas que sólo van tras su provecho y cuentan para obtenerlo con la omisión de las autoridades cuando no con su clara y descarada complicidad.
Como si fuera un radical dirigente político que denuncia la concentración de la riqueza, Puente justificó su apreciación diciendo en una entrevista radiofónica que tal condición peligrosa deriva de que Slim representa el 6% del Producto Interno Bruto y más del 50% del valor del mercado bursátil. Puente, a cuya cámara están afiliados los integrantes del duopolio de la televisión abierta, así como las cableras afines a Televisa y las empresas de telefonía móvil como Iusacel, integrante del Grupo Salinas, habló en el marco de la batalla por las tarifas publicitarias y de interconexión que libran los gigantes de la televisión y las telecomunicaciones.
La porción más pública y reciente de esa guerra comenzó a fines de enero, cuando Televisa demandó a la Comisión Federal de Competencia una indagación para determinar si Telmex viola su título de concesión por su alianza con Dish México, la empresa de televisión satelital que está disputando el mercado a Sky, propiedad de la familia Azcárraga. Según la denuncia, Telmex está haciendo ya televisión a través de esa empresa propiedad de MVS comunicaciones, cuando lo cierto es que sólo provee servicios de ventas y cobranzas. Telmex contestó con un mensaje público en que explicaba su posición y anunciaba su propósito de efectivamente entrar en la televisión tan pronto sea modificado dicho título de concesión, demanda suya denegada por los gobiernos panistas desde hace más de cinco años. Pero pronto pasó de las palabras a los hechos.
El viernes 18 se anunció el retiro de la inversión publicitaria del Grupo Carso de los canales de Televisa, que pretendió minimizar el efecto que esa medida tendría y ocultar el contexto en que se había tomado. Ese mismo día, el vicepresidente de finanzas de Televisa, Alfonso de Angoitia, se refirió al asunto (ya publicado en la edición de esa fecha de The Wall Street Journal). Como de paso, en medio de otras informaciones sobre la situación financiera y bursátil de ese consorcio; informó que el Grupo Carso no había contratado sus pautas, como lo hacen los grandes clientes, en la modalidad de ventas anticipadas. Dijo también que la decisión de Carso significaba una caída de 4% de tales ventas anticipadas, o sea ochocientos setenta millones de pesos. Reportes de centrales de medios muestran que el efecto será mucho mayor, pues en 2009 sólo las empresas telefónicas del grupo de Slim invirtieron más de dos mil quinientos millones de pesos en publicidad televisiva, el 70% en Televisa. Actualmente, según “el reporte de Alazraki KP Central Media -escribió Jenaro Villamil cuando aún no se conocía la ruptura con Televisa-Telcel es el tercer cliente que más invirtió en publicidad televisa, con 2 mil 356.8 millones de pesos, mientras Telmex es el cliente número 14, con una inversión de mil 117.6 millones de pesos” (Proceso, 13 de febrero).
Por su parte, el Grupo Carso explicó que su decisión (que involucra también a sus empresas Banco Inbursa y filiales, Sears y Sanborns) se fundaba en el hecho, no comentado por De Angoitia), de que Televisa pretendió un incremento de 20% en sus tarifas. Pero al parecer retirarse de la televisión abierta es una estrategia de combate contra sus impugnadores, aprovechando la voracidad de éstos y la magnitud de su gasto publicitario. El miércoles 23 Carso anunció que también se iba de TV Azteca. En este caso, el grupo de Slim respondió a la pretensión del Grupo Salinas de establecer un canje: mejores tarifas de publicidad a cambio de mejores tarifas de interconexión, que es otro de los grandes dilemas de la industria de las telecomunicaciones.
La interconexión es necesaria en un mercado donde proliferan los proveedores de telefonía móvil, para que las llamadas pasen de una empresa a otra. Hay que pagar por ella, y la tarifa respectiva ha sido dejada a la libre competencia, ya que la Comisión federal de telecomunicaciones apenas se apresta a establecerla. Cuando lo haga será menor que la que Telcel cobra a sus competidores-clientes, aprovechando su condición de empresa dominante. En diciembre pasado, esa empresa de Slim acordó con Telefónica, la empresa española que opera la marca Movistar y dirige en México el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, una tarifa de 95 centavos por minuto, denunciada por la Canitec por ser más del doble de la que ha esbozado el órgano regulador. Telcel defiende su monto diciendo que es la segunda tarifa más baja entre los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y alegando que establecer una menor que la acordada con Telefónica podría llegar a tener carácter expropiatorio, porque significaría obligarla a explotar en su perjuicio instalaciones que le resultaron costosas. La salida de Carso del mercado de la publicidad televisiva provocó una airada reacción de los afectados. Ya vimos el extremo a que llegó Alejandro Puente. Slim fue llamado también “depredador”, y Grupo Salinas anunció la instalación de una suerte de tribunal contra Carso, bajo la apariencia de foro donde se realice un “debate público y un frente común para revisar y solucionar a fondo el asunto de la interconexión, que hoy claramente afecta a todos los usuarios mexicanos de telefonía celular, que suman más de 88 millones de personas”
Grupo Salinas convocará, según su anuncio, a participar en ese foro “a todos los participantes del sector, autoridades y actores relevantes del Estado a que resuelvan el problema de la interconexión, que calificó como un asunto de Estado” (Reforma, 25 de febrero). Es una buena idea. Sería mejor, opino, si se incluyera también a los usuarios, perjudicados hasta ahora por altas tarifas en la telefonía celular. Y sería óptimo, según pienso, si el debate se ampliara a otros ángulos de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión, con presencia de los públicos, sean los manipulados por el duopolio electrónico, sean los que procuran obtener mensajes de mejor calidad, fruto de una sana competencia.
De una discusión de ese alcance, en que participen los gigantes ahora en guerra, renuentes siempre a debatir en público sus intereses, debería surgir la legislación que encauce tales intereses pero también los de la sociedad, pues unos y otros son o deben ser armonizables. Mientras esos no ocurra, y mientras las autoridades se pasmen ante el riesgo de malquistarse con alguno de los magnates en pugna, la contienda que los enfrenta será resuelta o prolongada según las conveniencias de los que más pueden.
La pesada influencia de esos consorcios se observa por doquier. Está en curso, por ejemplo, la construcción de un centro de espectáculos, que incluye una arena para box y lucha en Azcapotzalco en condiciones tales que significa regalar a un particular un bien propiedad de la ciudad de México. La agraciada es la empresa Avalanz, dirigida por Guillermo Salinas Pliego, hermano de Ricardo, el capitán del Grupo Salinas. Se trata de una extensión de poco más ocho hectáreas para la edificación de ese centro. El grupo beneficiado pagará al Gobierno benefactor sólo un millón de pesos al año, durante medio siglo. El terreno, que según un avalúo oficial cuesta 816 millones de pesos, costará a los inversionistas sólo cincuenta millones de pesos, suma menor aun si se piensa en un arrendamiento.
El verdadero peligro para México está constituido por empresas abusivas que sólo van tras su provecho y cuentan para obtenerlo con la omisión de las autoridades cuando no con su clara y descarada complicidad.
