Ni Fox se entercó tanto
Después de pretenderlo desde octubre de 2001, en julio siguiente el presidente Fox desistió de construir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en San Salvador Atenco y otras tierras ejidales y comunales en torno a Texcoco. Cierto es que en su decisión confluyeron factores de muy diversa índole, pero no fue menor la resistencia de pobladores renuentes a ser desplazados de las tierras que habían trabajado por siglos. La firmeza de su actitud contó de modo determinante ante el gobierno federal, y particularmente ante Fox y su secretario de Gobernación Santiago Creel, quienes concluyeron que una obra pública de aquella magnitud no podría realizarse en medio de la protección de las bayonetas. Lo supieron cuando en Bucareli diversos grupos, abogados y tendencias fueron recibidos por Creel, quien intentó persuadir a los comités más radicales para que depusieran sus reticencias. Dos enseñanzas laterales se desprendieron de aquella lección: que la obra era prescindible, pues ocho años más tarde no se ha requerido emprenderla en otro lugar: y que los negocios aledaños buscaran una alternativa para su necesidad o conveniencia de obtener lucro.
Fox era tozudo, y sin embargo se avino a las circunstancias y no insistió en hacer valer su propio interés y su opinión personal. En cambio, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, de cuyo carácter y formación es de esperarse una actitud diferente al empecinamiento, ha tomado como una cuestión personalísima la construcción de la Supervía poniente, carretera de peaje dentro de la ciudad. Financiada por particulares (una empresa española de construcción y administración) el camino recorre un trayecto con el que se ha buscado conectar las delegaciones de Cuajimalpa (en especial Santa Fe) y Álvaro Obregón.
El proyecto ha sido impugnado desde diversos miradores, particularmente porque atenta contra la sustentabilidad ambiental de esa porción del DF y, en consecuencia afecta a toda la entidad. No se trata, como la propaganda gubernamental simplifica, de una simple oposición de personas cuyos predios han sido expropiados por causa de utilidad pública. Existe esa circunstancia, que no es de menospreciar, pero el caso no se limita a ese punto, aunque en él se exprese en este momento una de las aristas más filosas de la situación, que es precisamente la que el gobierno federal panista evitó en 2002: la fuerza pública está conteniendo al movimiento social y vecinal, con riesgo de un enfrentamiento que empeoraría la situación.
Desde mediados del año pasado se constituyó un Frente amplio opuesto al proyecto mencionado. Los ángulos de su impugnación son muy variados, y han sido puntualmente expresados sin que las autoridades respondan más que con vaguedades o con información que ha sido precisamente superada por la posición ciudadana. Puesto que se esgrimen argumentos razonados, el Frente amplio ha demandado un foro donde se expongan sus alegatos y los del gobierno. Lograron para ello el auspicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sin que las autoridades acudieran a decir lo que a sus intereses conviene.
Ante el fracaso de este intento técnico, el Foro amplio ha buscado hacerse oír por el propio Ebrard, que no lo ha recibido. Estaba ocupado, cuando se le demandó diálogo, en labores de política internacional (de relaciones públicas más bien) que le permitieron encabezar la cumbre mundial de alcaldes y ser designado el mejor del mundo en el ya fenecido 2010. Todo lo más que consiguió la Comisión de acompañamiento que cobija el Frente, fue un breve encuentro con el secretario de gobierno José Ángel Ávila, al que seguiría uno con su jefe, lo cual no ha ocurrido.
Puesto que en octubre se desplegaron tropas de granaderos ante una manifestación de protesta, y dado que el Frente amplio y principalmente las personas cuyos predios han sido expropiados en La Malinche temían la acción combinada de la gendarmería y las piquetas de demolición, demandaron de la CDHDF medidas cautelares para evitar que “en el periodo vacacional se ejercieran conductas de agresión, intimidación y discriminación de cualquier índole”. En actitud propia de una administración a la que los derechos humanos tienen sin cuidado, en las primeras horas de 2011, es decir en la fría madrugada del sábado pasado, empleados de la constructora protegidos por la fuerza pública derribaron casas donde personas sin otro patrimonio han vivido durante décadas.
En vez de dialogar, el gobierno capitalino impone medidas autoritarias y desprecia a sus gobernados. El joven e imaginativo activista Andrés Lajous argumentó el último día del año contra el patrocinio privado del proyecto, uno de sus flancos más débiles. Francisco Ríos Zertuche, asesor del gobierno local, pretendió por twitter polemizar o por lo menos le respondió a través de. Su actuación agradó a Ebrard, quien a través de su vocero Alfonso Brito lo felicitó de modo soez (habría puesto una putiza al crítico, pues lo conveniente es aplastar, golpear sin misericordia, que a ese afecto alude el sustantivo). A través de la misma red social Brito pretendió remediar su extrema vulgaridad, aunque el felicitado se ufanó de haber quedado bien. Pero la palabra es lo de menos. Lo de más es el clima que, según esa revelación, impera en el equipo gubernamental del DF frente a los ciudadanos que rehúsan simplemente acatar y buscan, en ejercicio de sus derechos, no ser atropellados y, en primer lugar, ser oídos.
Que lo haga ya Ebrard.
El proyecto ha sido impugnado desde diversos miradores, particularmente porque atenta contra la sustentabilidad ambiental de esa porción del DF y, en consecuencia afecta a toda la entidad. No se trata, como la propaganda gubernamental simplifica, de una simple oposición de personas cuyos predios han sido expropiados por causa de utilidad pública. Existe esa circunstancia, que no es de menospreciar, pero el caso no se limita a ese punto, aunque en él se exprese en este momento una de las aristas más filosas de la situación, que es precisamente la que el gobierno federal panista evitó en 2002: la fuerza pública está conteniendo al movimiento social y vecinal, con riesgo de un enfrentamiento que empeoraría la situación.
Desde mediados del año pasado se constituyó un Frente amplio opuesto al proyecto mencionado. Los ángulos de su impugnación son muy variados, y han sido puntualmente expresados sin que las autoridades respondan más que con vaguedades o con información que ha sido precisamente superada por la posición ciudadana. Puesto que se esgrimen argumentos razonados, el Frente amplio ha demandado un foro donde se expongan sus alegatos y los del gobierno. Lograron para ello el auspicio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sin que las autoridades acudieran a decir lo que a sus intereses conviene.
Ante el fracaso de este intento técnico, el Foro amplio ha buscado hacerse oír por el propio Ebrard, que no lo ha recibido. Estaba ocupado, cuando se le demandó diálogo, en labores de política internacional (de relaciones públicas más bien) que le permitieron encabezar la cumbre mundial de alcaldes y ser designado el mejor del mundo en el ya fenecido 2010. Todo lo más que consiguió la Comisión de acompañamiento que cobija el Frente, fue un breve encuentro con el secretario de gobierno José Ángel Ávila, al que seguiría uno con su jefe, lo cual no ha ocurrido.
Puesto que en octubre se desplegaron tropas de granaderos ante una manifestación de protesta, y dado que el Frente amplio y principalmente las personas cuyos predios han sido expropiados en La Malinche temían la acción combinada de la gendarmería y las piquetas de demolición, demandaron de la CDHDF medidas cautelares para evitar que “en el periodo vacacional se ejercieran conductas de agresión, intimidación y discriminación de cualquier índole”. En actitud propia de una administración a la que los derechos humanos tienen sin cuidado, en las primeras horas de 2011, es decir en la fría madrugada del sábado pasado, empleados de la constructora protegidos por la fuerza pública derribaron casas donde personas sin otro patrimonio han vivido durante décadas.
En vez de dialogar, el gobierno capitalino impone medidas autoritarias y desprecia a sus gobernados. El joven e imaginativo activista Andrés Lajous argumentó el último día del año contra el patrocinio privado del proyecto, uno de sus flancos más débiles. Francisco Ríos Zertuche, asesor del gobierno local, pretendió por twitter polemizar o por lo menos le respondió a través de. Su actuación agradó a Ebrard, quien a través de su vocero Alfonso Brito lo felicitó de modo soez (habría puesto una putiza al crítico, pues lo conveniente es aplastar, golpear sin misericordia, que a ese afecto alude el sustantivo). A través de la misma red social Brito pretendió remediar su extrema vulgaridad, aunque el felicitado se ufanó de haber quedado bien. Pero la palabra es lo de menos. Lo de más es el clima que, según esa revelación, impera en el equipo gubernamental del DF frente a los ciudadanos que rehúsan simplemente acatar y buscan, en ejercicio de sus derechos, no ser atropellados y, en primer lugar, ser oídos.
Que lo haga ya Ebrard.
