martes, 4 de enero de 2011

Nuevo presidente: ¿la misma Corte?

Aunque los discursos iniciales suelen ser escritos con mejores intenciones que posibilidades de regir realmente una conducta, las palabras con que el ministro Juan N(epomuceno) Silva Meza comenzó a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación son creíbles como programa de vida, ya que están avaladas por sus hechos. Pues, como él repite haciendo suyo un viejo apotegma judicial, un juez habla a través de sus resoluciones. Y las suyas son siempre elocuentes.

Había un ánimo cordial en la sesión en que Silva Meza se convirtió ayer en el quinto presidente de la Corte fundada en 1995, después de Vicente Aguinaco Alemán, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón y Guillermo I(berio) Ortiz Mayagoitia. Este último recordó que había concluido su mandato presidencial el 31 de enero, fecha que ocurrirá un mes después del 31 de diciembre en que efectivamente terminaron sus funciones (tras de las cuales será integrante de la primera sala, y no de la segunda en que ha trabajado). Risas francas festejaron su tenue desliz. Y el mismo talante pasó por alto el que Silva Meza encabezara la primera sesión de su periodo sin rendir antes la protesta de ley. No es que olvidara el rito, sino que estaba tan presto para iniciar sus funciones que se avocó a ellas apenas se conoció formalmente el resultado de la elección. Nueve de los diez votos posibles lo escogieron. El décimo sufragio fue probablemente un gesto de elegancia suyo hacia la ministra Margarita Luna Ramos.

Dos veces antes compañeros suyos lo presentaron candidato, y ahora ya elegido presidirá el pleno al menos hasta el 31 de diciembre de 2014. Corona de esa manera una carrera realizada siempre en el Poder Judicial Federal. Nacido en el DF el 13 de septiembre de 1944, se graduó de abogado en la Universidad Nacional, con una tesis sobre Derecho Penal, disciplina que lo llevó en 1970 a su primer cargo judicial: secretario de un tribunal unitario, de donde pasó al resto de los cargos del escalafón, hasta llegar a juez de distrito y magistrado de circuito. El Senado lo eligió ministro hace casi quince años, cuando era magistrado del Tribunal Federal Electoral.

Encabezará al mismo tiempo la Corte y el Consejo de la Judicatura. Le corresponderán en ambos cuerpos tiempos nuevos, generados de una parte por la reforma constitucional en curso sobre amparo y derechos humanos, y en parte por exigencias provenientes de fuera, de la sociedad, “urgida de creer”, de “confiar en nosotros”. Si bien los jueces estarán “más arropados”, también serán “más exigidos”. Rehusó caer en “la autocomplacencia, en la simulación”, formas de cambio aparente para que todo siga igual. De igual modo como se comprometió a ser él mismo pulcro e irreprochable –como ha sido—propone que el Poder Judicial Federal sea “unido, respetado, respetable, sobrio, discreto, responsable, abierto, transparente”, en suma, un “poder cercano a la gente”.

Sabedor de que el dispendio y la corrupción irritan a esa gente, anunció honestidad y sobriedad, que expuso también en el documento con que anunció su candidatura (la única, a la postre) a presidir la Corte. Entonces y ahora manifestó su idea del tribunal a cuya cúspide arribó a los 67 años. No anunció que colmará el anhelo general de que la Corte sea como su nombre lo indica un tribunal de justicia y no sólo de derecho, pero insistió en su conocida convicción de que el estado de derecho es más que un conjunto de leyes muertas, sino una conjunción de normas, valores y principios que hacen posible la convivencia con respeto a los derechos humanos.

Un ejemplo paradigmático de la actuación como juez del nuevo presidente, un caso que lo pinta de cuerpo entero es la investigación constitucional sobre la violación a las garantías individuales de la periodista Lyda Cacho, ya desde 2005 una fervorosa activista en pro de la libertad de niñas y niños y contra la trata de mujeres. El pleno confió a Silva Meza dirigir la comisión que indagara tales vulneraciones. El informe respectivo, bajo su firma, concluyó que el gobernador de Puebla Mario Marín concertó acciones que lo hicieron el principal responsable de tales graves violaciones a los derechos de la autora de Los demonios del edén. No obstante el peso de la evidencia, el pleno se amilanó ante los alcances del dictamen suscrito por quien desde ayer lo preside, y primero ordenó reiniciar la investigación. Así se hizo para que la mayoría pudiera concluir que las violaciones en efecto habidas no eran graves.

De esa manera la Corte exoneró a Marín, extremo al que no quisieron sumarse Silva Meza ni los ministros Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo (fallecido el 19 de septiembre pasado). No sólo emitieron votos disidentes sino que, inusualmente, los publicaron en forma de libro (Las costumbres del poder). Al sintetizar para ese efecto su posición, Silva Meza insistió en que se violaron las garantías de Lydia Cacho, que “sí existió concierto de autoridades para perpetrar esa violación y para proteger redes de pederastas” y “que debió determinarse la responsabilidad para que las autoridades competentes actuaran en consecuencia”. Hablando de tal modo, se recordó a sí mismo como ministro debutante, asido “al compromiso que tengo asumido con la república, pero sobre todo con los ciudadanos que la fundaron”, creyente de que “lo jurídicamente debido era proceder en esos términos porque… en un estado constitucional y democrático de derecho la impunidad no tiene cabida”.