Supervía: hechos consumados

El principal obstáculo para que el Gobierno capitalino atienda la recomendación de suspender la construcción de la Supervía poniente es el costo que ello tendría para la autoridad capitalina. Ese es su argumento central, amén de las consabidas explicaciones sobre la necesidad de comunicar zonas de la ciudad que requieren ser conectadas. La autoridad ha fabricado una situación, sin cumplir cabalmente la ley y sin esperar que otros la cumplan, y ahora busca utilizar en su provecho su propio abuso y negligencia y colocar a la sociedad, y no sólo a los impugnadores de la obra, ante hechos consumados.

Hace una semana, el 20 de enero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación en cuyo primer punto se propone al jefe del Gobierno Marcelo Ebrard suspender la obra. De inmediato, sin aguardar a que transcurra el plazo legal para responder, y notoriamente sin conocer el contenido completo del documento, su respuesta reiteró una posición expresada de manera contumaz: la obra no será suspendida.

Antes de la recomendación, cuando suspender el proyecto era una demanda de un sector de la sociedad civil, el argumento tenía un peso diferente al de hoy, cuando se oponen pesos y centavos al respeto a los derechos humanos. Todavía anteayer miércoles se alegó, que detener la obra costaría al Gobierno mil millones de pesos. Es que la autoridad ha adquirido compromisos, como el de pagar compensaciones a la empresa constructora si la obra se detuviera o no fuera realizada. Comprometer dinero público respecto de circunstancias que pueden quedar fuera del control gubernamental es un desempeño irresponsable. Es apostar mucho dinero a que un proyecto será llevado hasta su consumación. Podría no ser así. ¿Qué tal, por ejemplo, si el Gobierno federal hubiera negado el permiso para modificar el uso del suelo en las áreas de su jurisdicción?

Apenas anteanoche ocurrió lo contrario de la suposición anterior, pues sí fue emitida la autorización que el Gobierno federal debe expedir a toda obra que entre en las zonas de su competencia. En “los próximos días” será notificada a la empresa Controladora Vía
Rápida Poetas, sociedad anónima de inversión de capital variable, que fue la solicitante.

Sólo entonces la promoverte podrá conocer las condiciones a que se sujeta el permiso, y que fueron publicitadas en lo general en una comunicación de la Semarnat. Mientras no surta efectos la notificación y la Controladora no manifieste su disposición a cumplir los condicionantes, el proyecto carece de un requisito fundamental. Falta, adicionalmente, una apreciación del proyecto por la Comisión nacional del agua, que apenas en febrero será formulada.

Ha sido, por lo tanto, un atrevimiento llegar a esta fecha con esa deficiencia. El Gobierno capitalino procede con la ligereza irresponsable del particular que construye un edificio en zona prohibida o con características no incluidas en su licencia de construcción y de uso de suelo, fiado en que una vez en curso una construcción todo lo más que se hará es bendecir los hechos consumados, nunca frenarlos y mucho menos volver atrás.

Al Gobierno capitalino le parecía inadmisible que el Frente amplio para la construcción de la supervía planteara la suspensión de la obra como requisito para el diálogo. Se argumentaba el costo de incumplir los compromisos con la empresa que construirá y operará el camino de peaje de que se trata. Pero en una reunión con la Comisión de acompañamiento, una suerte de intermediario entre la autoridad y los sectores adversos al proyecto, se manifestó que la suspensión de la obra podía ser resultado del diálogo que dicha Comisión busca facilitar. Si no se hubiera admitido esa posible consecuencia el diálogo carecería de sentido, pues en él han de presentarse argumentos en pro y en contra, informaciones que no en todos los casos ha sido difundida, o puesta a disposición de los sectores que se sienten afectados, no sólo en lo inmediato sino también por las consecuencias que para la vida general de los capitalinos puede tener el proyecto.

La recomendación de la CDHDF cambió el status legal y político de la suspensión. Una cosa era que la demandara un conjunto de agrupaciones y ciudadanos, y otra que la recomiende el organismo público de derechos humanos. Aunque su posición no obligue al Gobierno, que puede aceptarla o rechazarla sin consecuencias jurídicas, la fuerza de la argumentación del ombudsman capitalino requiere una respuesta igualmente razonada, que vaya más allá de la simple negativa o del costo que tendría suspender la obra. Ha de darse respuesta respecto de las violaciones y riesgos para los derechos humanos, que en un régimen democrático como el que vive la ciudad de México han de ser superiores a los objetivos de la gestión administrativa y con mayor razón a los abusos o deficiencias del desempeño gubernamental.

Ya había errado el Gobierno al entender la oposición a la Supervía como un lance político practicado o auspiciado por intereses antagónicos a los suyos, en la permanente contienda por el poder o por la imagen pública. En ese punto podría decirse, conforme al dicho, que “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”. Si los partidos y los grupos políticos apoyan a los opositores a la obra sinceramente o porque les conviene, eso no priva de razón a sus argumentos, a los que debe responderse. La posición de la CDHDF, por añadidura, posee su propio vigor axiológico y argumentativo que obliga a su aceptación.