Un año después de su nombramiento como secretaria de Turismo, Gloria Guevara lanzó una iniciativa que el miércoles pasado debía llegar a un punto culminante. Se debería entonces escoger una nueva sede para el tianguis turístico mexicano. Esta acción comercial dejaría de realizarse en Acapulco, donde se efectuó durante 36 años, para hacerse itinerante.
El golpe que eso significaba para “el paraíso del Pacífico” fue recibido, como es comprensible, con gran disgusto por las autoridades de Guerrero y las municipales más directamente afectadas. Se trató, además, de un golpe artero, anunciado precisamente en el momento del relevo gubernamental en el Estado. Acaso se calculó que la confusión que suele generar un cambio de gobierno, agregada a la rivalidad del gobernador Ángel Aguirre y el alcalde Manuel Añorve –vencedor y vencido en la contienda por la gubernatura– contribuirían a que la decisión fuera ciertamente no asimilada con júbilo, pero admitida con mero alzamiento de hombros.
Pero no fue así. Tanto Aguirre como Añorve, y los prestadores de servicios en el puerto y playas aledañas, protestaron por la decisión de la secretaria de Turismo, bisoña en materia política, pues hasta marzo de 2010, cuando asumió su responsabilidad pública, era ejecutiva principal de Sabre Travel Network, la agencia de reservaciones más solicitada en México, que maneja 7 de cada 10 de esas operaciones en nuestro país.
El presidente municipal de Acapulco no se contentó con sólo expresar su inconformidad y disgusto. Amén de proferir juicios agrios acerca del gobierno federal panista tuvo el acierto de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviniera en el asunto. Inició una controversia constitucional, un recurso que asiste a los municipios contra medidas del gobierno federal y consiguió no sólo que el tribunal mayor aceptara aplicar ese medio de control constitucional, sino mucho más: el tres de junio la ministra Olga Sánchez Cordero otorgó al ayuntamiento acapulqueño, conforme a su pedido, la suspensión provisional en tanto se resuelve la cuestión de fondo. De ese modo, fue imposible cumplir la convocatoria lanzada por la secretaría de Turismo. Según esa convocatoria, el 15 de junio se anunciaría el próximo destino del Tianguis, de entre los 18 gobiernos estatales que solicitaron la sede. Se quedaron a la espera de la decisión, pues Acapulco seguirá siendo asiento de ese mercado, este año y quizá el próximo, si es que para entonces no se ha resuelto la controversia.
Demasiado tarde, por hallarse frente a un hecho consumado, 19 gobiernos organizados por Turismo para ese efecto publicaron el viernes pasado un mensaje en que manifiestan su incomodidad por la admisión de la controversia y el que conlleve la suspensión. Demandaron del máximo tribunal una pronta resolución de fondo. Sería extraño que su llamado surtiera efectos. La Corte suele invocar al tiempo para que acuda en su auxilio, y es parsimoniosa en el abordamiento de casos peliagudos. Tiene, además, una carga de trabajo abundante que la fuerza a resolver los litigios conforme a prioridades en que cuenta el turno de ingreso del expediente al tribunal. No parece que la iniciativa de la secretaria Guevara pueda consumarse en breve lapso.
Dos clases de argumentos, a cuál más falaz, se han esgrimido para privar a Acapulco de un acontecimiento mercantil que es, después de 36 años de realización anual, parte de su fisonomía. Uno de ellos no suele decirse en voz alta, porque expresarlo significa para el gobierno federal pegarse un balazo en el pie, es decir autoagredirse o por lo menos autocriticarse. Se trata de la inseguridad prevaleciente en el puerto, que se manifiesta en multitud de asesinatos, los más de ellos consumados con extrema crueldad, que causan pavor en algunas porciones de la población acapulqueña pero a otra, y a un buen número de visitantes, los tiene sin cuidado, para bien y para mal. Es cierto que los visitantes de la pasada Semana Santa fueron sobre todo mexicanos, pero los niveles de ocupación resultaron entonces satisfactorios. Se castigaría de ese modo la incapacidad local de garantizar la seguridad de los visitantes, como si fuera dable ofrecerla en otros lugares del país.
Los motivos que se aducen en público no son justificación suficiente. Se dice que otros “destinos” turísticos –como se les llama con ánimo metafísico– merecen la promoción que año con año recibe Acapulco, que ha gozado de ese privilegio por demasiado tiempo. Y que el tianguis languidecía en ese puerto. El diario Reforma publicó información que puede apuntalar esa decisión, pues el mercado acapulqueño declinó entre 2008 y 2010 de manera evidente. En el primero de esos dos años acudieron 1,183 compradores y sólo 850 el año pasado. Y de 30 países la cifra se redujo a 18 entre un año y otro. Pero habría que considerar qué repercusión tuvo en ese efecto la crisis económica mundial, que hizo decaer la actividad turística por doquiera.
Aun si fueran ciertas las razones de una y otra clase, al despojar a Acapulco de una situación que lo beneficia (sin perjuicio del turismo en general), la actitud de la secretaría de Turismo se asemeja a la estolidez de quien después de bañar a un niño y ver el agua sucia, derrama el líquido, arroja la tina y tira el niño mismo. Acapulco necesita mejores servicios en todos los órdenes, sobre todo en cuanto a la seguridad. Hasta ahora no basta el patrullaje militar en las calles. Se precisan acciones eficaces.
El golpe que eso significaba para “el paraíso del Pacífico” fue recibido, como es comprensible, con gran disgusto por las autoridades de Guerrero y las municipales más directamente afectadas. Se trató, además, de un golpe artero, anunciado precisamente en el momento del relevo gubernamental en el Estado. Acaso se calculó que la confusión que suele generar un cambio de gobierno, agregada a la rivalidad del gobernador Ángel Aguirre y el alcalde Manuel Añorve –vencedor y vencido en la contienda por la gubernatura– contribuirían a que la decisión fuera ciertamente no asimilada con júbilo, pero admitida con mero alzamiento de hombros.
Pero no fue así. Tanto Aguirre como Añorve, y los prestadores de servicios en el puerto y playas aledañas, protestaron por la decisión de la secretaria de Turismo, bisoña en materia política, pues hasta marzo de 2010, cuando asumió su responsabilidad pública, era ejecutiva principal de Sabre Travel Network, la agencia de reservaciones más solicitada en México, que maneja 7 de cada 10 de esas operaciones en nuestro país.
El presidente municipal de Acapulco no se contentó con sólo expresar su inconformidad y disgusto. Amén de proferir juicios agrios acerca del gobierno federal panista tuvo el acierto de pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviniera en el asunto. Inició una controversia constitucional, un recurso que asiste a los municipios contra medidas del gobierno federal y consiguió no sólo que el tribunal mayor aceptara aplicar ese medio de control constitucional, sino mucho más: el tres de junio la ministra Olga Sánchez Cordero otorgó al ayuntamiento acapulqueño, conforme a su pedido, la suspensión provisional en tanto se resuelve la cuestión de fondo. De ese modo, fue imposible cumplir la convocatoria lanzada por la secretaría de Turismo. Según esa convocatoria, el 15 de junio se anunciaría el próximo destino del Tianguis, de entre los 18 gobiernos estatales que solicitaron la sede. Se quedaron a la espera de la decisión, pues Acapulco seguirá siendo asiento de ese mercado, este año y quizá el próximo, si es que para entonces no se ha resuelto la controversia.
Demasiado tarde, por hallarse frente a un hecho consumado, 19 gobiernos organizados por Turismo para ese efecto publicaron el viernes pasado un mensaje en que manifiestan su incomodidad por la admisión de la controversia y el que conlleve la suspensión. Demandaron del máximo tribunal una pronta resolución de fondo. Sería extraño que su llamado surtiera efectos. La Corte suele invocar al tiempo para que acuda en su auxilio, y es parsimoniosa en el abordamiento de casos peliagudos. Tiene, además, una carga de trabajo abundante que la fuerza a resolver los litigios conforme a prioridades en que cuenta el turno de ingreso del expediente al tribunal. No parece que la iniciativa de la secretaria Guevara pueda consumarse en breve lapso.
Dos clases de argumentos, a cuál más falaz, se han esgrimido para privar a Acapulco de un acontecimiento mercantil que es, después de 36 años de realización anual, parte de su fisonomía. Uno de ellos no suele decirse en voz alta, porque expresarlo significa para el gobierno federal pegarse un balazo en el pie, es decir autoagredirse o por lo menos autocriticarse. Se trata de la inseguridad prevaleciente en el puerto, que se manifiesta en multitud de asesinatos, los más de ellos consumados con extrema crueldad, que causan pavor en algunas porciones de la población acapulqueña pero a otra, y a un buen número de visitantes, los tiene sin cuidado, para bien y para mal. Es cierto que los visitantes de la pasada Semana Santa fueron sobre todo mexicanos, pero los niveles de ocupación resultaron entonces satisfactorios. Se castigaría de ese modo la incapacidad local de garantizar la seguridad de los visitantes, como si fuera dable ofrecerla en otros lugares del país.
Los motivos que se aducen en público no son justificación suficiente. Se dice que otros “destinos” turísticos –como se les llama con ánimo metafísico– merecen la promoción que año con año recibe Acapulco, que ha gozado de ese privilegio por demasiado tiempo. Y que el tianguis languidecía en ese puerto. El diario Reforma publicó información que puede apuntalar esa decisión, pues el mercado acapulqueño declinó entre 2008 y 2010 de manera evidente. En el primero de esos dos años acudieron 1,183 compradores y sólo 850 el año pasado. Y de 30 países la cifra se redujo a 18 entre un año y otro. Pero habría que considerar qué repercusión tuvo en ese efecto la crisis económica mundial, que hizo decaer la actividad turística por doquiera.
Aun si fueran ciertas las razones de una y otra clase, al despojar a Acapulco de una situación que lo beneficia (sin perjuicio del turismo en general), la actitud de la secretaría de Turismo se asemeja a la estolidez de quien después de bañar a un niño y ver el agua sucia, derrama el líquido, arroja la tina y tira el niño mismo. Acapulco necesita mejores servicios en todos los órdenes, sobre todo en cuanto a la seguridad. Hasta ahora no basta el patrullaje militar en las calles. Se precisan acciones eficaces.
