Hoy se cumplen dos años del asesinato de 49 niños en una guardería del Seguro Social en Hermosillo, Sonora. Técnicamente no se trata de un homicidio colectivo. Pero el infortunio de esos pequeños y sus familias, y el del centenar de otros chiquitos que quedaron dañados en su cuerpo y su mente, y el de los suyos, no resultó del azar, como en apariencia ocurrió. Se reunieron para generar ese infame resultado lacras de la vida pública que no son vistas como anómalas sino como naturales: el influyentismo, la abdicación de los deberes del Estado, la obtención de ganancias privadas a partir de recursos públicos, la dejadez en el cumplimiento de las normas.
Esa combinación de factores nocivos causó violencia criminal, que no ha sido castigada. En consecuencia, el caso de la guardería ABC, subrogada por el IMSS a particulares que tenían “vara alta” en los gobiernos federal y el de Sonora, debe inscribirse en el cúmulo gigantesco de acontecimientos delincuenciales que privan de la vida a personas y cuyos autores quedan impunes. Los niños asesinados en un almacén habilitado como guardería, que se incendió por el combustible de la negligencia y de la corrupción son parte de la enorme lista de vidas segadas en una sociedad que ya veía la muerte como algo natural, pero que ahora se empavorece por los efectos de la guerra de y contra el crimen organizado. La violencia de esa guerra, que no consigue la disminución del consumo, es provocada entre otros factores por la impunidad, la incapacidad y la carencia de voluntad del Estado para castigar a los asesinos en serie de cuya acción han derivado cuarenta mil muertes.
La impunidad en el caso ABC ha sido rota parcialmente porque se procesa a tres personas, sólo una de las cuales tiene responsabilidad relevante. Por eso los padres de familia agrupados en la asociación que lleva por nombre la fecha de su desgracia, 5 de junio, han promovido juicios ciudadanos que en algo suplan las deficiencias de la impartición de ese valor tan distante a la vida cotidiana de las personas. Hace una semana se efectuó la tercera de esas iniciativas, el juicio ciudadano al Estado mexicano. Los organizadores escogieron como juez a Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino y permanente defensor y promotor de derechos humanos. El activista, que hoy forma parte de la Caravana del Consuelo, que en este domingo viaja de Morelia a San Luis Potosí, produjo una sentencia que pudo haber sido el veredicto que la Suprema Corte de Justicia no se atrevió a dictar, en la que se subraya “la responsabilidad ética ineludible de los titulares de las instituciones declaradas culpables, en su carácter de representantes de instituciones del Estado mexicano, con independencia de otro tipo de responsabilidades a que haya lugar”.
En la sentencia del juicio ciudadano Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, directores del IMSS en el momento de subrogar la guardería y en el del incendio, fueron condenados, cada uno de ellos, a un mes de trabajo comunitario por cada niña o niño cuya vida se truncó, y por cada pequeño lesionado. La suma de esos meses da doce años en que los responsables éticos (y también jurídicos, pero a los cuales eximió la formalidad legal) deberían servir a la comunidad. Los espíritus pragmáticos, los panistas, hasta han de reír ante la ridiculez que ha de parecerles una condena de ese alcance. Por lo pronto, Molinar Horcasitas se revolvió contra la sentencia que lo afecta moralmente.
Triste paradoja la suya. Al ocurrir el asesinato colectivo era ya secretario de Comunicaciones y Transportes. Había dejado atrás la Dirección del IMSS, y se le ubicaba en la lista de los presidenciables. Por eso no consideró siquiera la posibilidad, apropiada en una República, de abandonar su cargo para enfrentar las responsabilidades a que hubiera lugar. En vez de que él mismo se permitiera un gesto de alta dignidad, inusual en nuestra vida pública, se aferró al cargo del que después fue echado con vergüenza. Hoy se refugia en una difusa tarea en la dirección nacional de su partido. Se presume que es algo relacionado con elecciones, campo en que el PAN anda en pleno deterioro.
Al comenzar este mes que tan caro fue para el poeta Carlos Pellicer, autor de Horas de junio y otros cantos a este periodo central del año, se instituyó el nada poético Día del Policía. Lo decretó el propio Presidente de la República que se sometió una vez más a las exigencias de su Secretario de Seguridad Pública. Aunque en el título del decreto se omitió el apellido Federal, como originalmente había dispuesto Genaro García Luna que se llamara la fecha, en su Artículo Segundo se refiere precisamente a la Policía Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública, como si se tratara de las únicas instituciones en ese ámbito.
La rumbosa fiesta organizada por García Luna para su revalidación tuvo lugar en el centro de mando de dicha Policía, en Iztapalapa. Es un set muy conocido, porque allí se exhibe a las piezas cazadas por la Policía Federal, y se les condena mucho antes de que lo dicte una sentencia, extremo al que quizá jamás se llegue. En ese lugar el presidente Calderón ofreció puntual respuesta a la demanda de Javier Sicilia, que el 8 de mayo en la Plaza de la Constitución demandó la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, en quien sintetizó el fracaso y la barbarie de la guerra contra las drogas. Supuso posible que de ese modo Calderón mostrara su sensibilidad y la atención a las demandas ciudadanas. Veinticinco días después el Presidente practicó lo contrario, al hacer el elogio de su colaborador y alejar la idea de que los gobernados algo tienen que decir respecto del papel de los gobernantes. Envanecido por el permanente apoyo presidencial, que ese día llegó a un punto culminante García Luna llamó héroes a su agentes.
Muchos de ellos, y la corporación como tal, se hallan lejos de la heroicidad. Sin duda un buen número de agentes de la Policía Federal actúa de buena fe, movido por la conciencia del alcance de sus labores. Pero el heroísmo y la corrupción y la arbitrariedad y la ineficacia no combinan. No son héroes, por ejemplo, los miembros de la PF que según denuncia del Fiscal General de Durango asaltaron a sus domicilios a agentes ministeriales y les sembraron armas y drogas, todo con fines publicitarios, como cumple a la manía mediática del Secretario Federal de Seguridad Pública.
Si se dejan de lado argumentos éticos, incomprensibles en la ruda prosa de nuestros días, y se atiende sólo a los resultados prácticos, la ineficacia de la Policía Federal y en general del aparato represivo es patente. No lo dicen los contumaces opositores al Gobierno de Calderón. Lo dicen los propios afectados a través del Banco de México, que presentó esta semana su Reporte sobre las economías regionales. Allí se lee que la inseguridad perjudica también a la economía, principalmente en la zona que va del centro del País a la frontera con los Estados Unidos: “La incidencia de la inseguridad sobre los negocios fue mayor en la región del norte: 68.1% de las empresas consultadas en esa región reportaron haber sufrido algún tipo de afectación”. No es mucho menor el problema en la región central de la República, donde es superior al 60%. Y no se trata de percepciones, de imágenes creadas por los medios de información que no se confeccionan a la manera del balance, el diario que haría de ser el periodista el Presidente de la República. Es la noticia directa, dada a conocer por los afectados, del daño cierto que han experimentado.
Reacio a percatarse de la inutilidad de su estrategia contra el crimen organizado, el Gobierno de México reaccionó con absurda prisa al reporte dado a conocer el mismo Día de la Policía Federal por una comisión global de alto nivel que desde Nueva York diagnosticó el fracaso mundial de la política meramente represiva contra el consumo de los enervantes. En vez de decrecer, conforme a cifras de la ONU la demanda de estupefacientes ha aumentado, a pesar de la inmensa inversión hecha por los gobiernos. El informe de esa comisión, importante por su contenido y por quienes lo suscriben, no se asomó a la situación mexicana en particular. De haberlo hecho, sus autores hubieran añadido a su juicio sobre la ineficacia de la política contra las drogas su horror ante la mortandad registrada en este País a partir de 2006.
