La Cámara de la Industria de Radio y Televisión vivió épocas doradas en su relación con el gobierno federal. En su seno se incubó la ley federal sobre la materia, que contrahecha y rengueante, está todavía en vigor. La CIRT tenía capacidad para imponer medidas, o para contener las que consideraba lesivas para los intereses de sus agremiados, aunque convinieran al interés nacional, en nombre del cual ahora se permiten cuestionar al Instituto Federal Electoral.
Aun bajo gobiernos en extremo autoritarios como el encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, la CIRT pudo negociar en su provecho la fijación de un gravamen que afectaría a las empresas concesionarias de un servicio público, que es el caso de sus afiliadas. Logró que la rudeza presidencial trocara el cobro en efectivo de ese impuesto por un pago en especie, es decir tiempo al aire, que nunca se aplicó a cabalidad. De esa negociación resultó el tiempo del Estado, una franja de que las autoridades pudieron disponer para la emisión de sus mensajes.
La omnipresente CIRT consiguió, después de tres décadas de precario funcionamiento de esa modalidad de difusión estatal, que la señora Marta Sahagún persuadiera a su fácilmente influible cónyuge de reducir ese tiempo del Estado. Pero algo permaneció, y ya en este sexenio, al lograrse la reforma constitucional en materia electoral, con la aquiescencia de los partidos de mayor participación electoral, el Estado confirió un uso nuevo y socialmente útil a esa franja del tiempo de los medios electrónicos, que funcionan mediante concesión federal y están obligados a ceder esa porción de su tiempo de transmisiones. No se trata de un robo a particulares como lo ha considerado el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas, sino del cumplimiento de una obligación fiscal, que si se cubriera en efectivo implicaría un alto ingreso al erario y un monto importante en las cuentas de los concesionarios, de cuyo pago se libran.
La reforma de 2007 estableció un nuevo sistema de radiodifusión en materia electoral. Sacó del comercio en los medios electrónicos la propaganda emitida por partidos (y cualquier persona, para evitar las simulaciones) y convirtió al Instituto Federal Electoral en el órgano administrador del tiempo del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Ahora la propaganda de los partidos en radio y televisión es cursada por el IFE a las empresas concesionarias, a cuya cámara esa modificación resultó repudiable. Por eso desde el comienzo de su aplicación el año pasado no ha dejado de oponerse a sus normas, alegando toda suerte de pretextos y aplicando una variedad de argucias. El IFE ha procurador ceñir a los concesionarios a las normas legales, pero debe primero combatir la obediencia a la CIRT de algunos consejeros y representantes de partidos en su Consejo General. Por eso a menudo las sanciones al incumplimiento de las normas legales han quedado anuladas, en el propio IFE. Y cuando avanzan, allí está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para remediar el daño.
Ahora la CIRT desarrolla una doble estrategia contra la autoridad electoral, centrada específicamente en su comité de radio y televisión. Por un lado, esa cámara ha obtenido o reforzado su representación en dicho comité. Lo hace a través de los partidos que le son afines, pero con personas estrechamente vinculadas a ella. El nuevo representante del Partido verde, es el diputado federal Carlos Esteva, que fue director jurídico de la Cámara hace diez años y consejero de la misma desde entonces (hasta 2009 en que ingresó a San Lázaro). Es más acusado el vínculo entre la CIRT y Andrés Massieu, diputado también que ahora representa al PRI. Fue el principal funcionario ejecutivo de la CIRT entre 2006 y 2009. Su llegada al comité encierra un significado profundo, pues su talante funcional e ideológico es enteramente opuesto al de Carlos Ortiz Tejeda, a quien Beatriz Paredes encargó representar al PRI y le dio amplia libertad de acción (o Carlos se la tomó), de tal modo que su criterio propio, el de hacer respetar la ley a los concesionarios rigió la presencia tricolor en el comité respectivo. Su amigo y paisano Humberto Moreira lo nombró presidente de la Comisión Nacional de Ideología, pero no llenó su hueco en el IFE con alguien que prolongara su presencia sino a quien la borrará inmediatamente.
La estrategia de la cámara se completa con la difusión de mentiras e inexactitudes sobre la coyuntura actual del IFE, caracterizada por la urgencia de emitir nuevas normas o reformar las existentes. Antes de que se inicie, la semana venidera, la veda de legislar en materia electoral (90 días antes del comienzo del proceso electoral, que se abre con octubre próximo, el IFE necesita armar el aparato reglamentario que aplicará durante ese proceso. “La modificación de los distintos reglamentos –explicó el IFE el domingo pasado– permitirá que el proceso electoral ocurra en un marco de mayor certeza y claridad para todos los actores políticos y los sujetos regulados”. En respuesta, esos “sujetos regulados” dijeron ayer que “el IFE se apresta a censurar a toda la radio y TV mexicana”. Lo hará, asegura la CIRT, “usurpando facultades del Congreso”.
Se refiere al derecho de réplica. El IFE se limitará a suplir una omisión del Congreso, no a usurpar sus funciones, para que el IFE pueda cumplir las suyas, conforme a disposición expresa del tribunal electoral. El Consejo General del Instituto sesionará el próximo lunes. Entonces seguiremos con este asunto.
Aun bajo gobiernos en extremo autoritarios como el encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, la CIRT pudo negociar en su provecho la fijación de un gravamen que afectaría a las empresas concesionarias de un servicio público, que es el caso de sus afiliadas. Logró que la rudeza presidencial trocara el cobro en efectivo de ese impuesto por un pago en especie, es decir tiempo al aire, que nunca se aplicó a cabalidad. De esa negociación resultó el tiempo del Estado, una franja de que las autoridades pudieron disponer para la emisión de sus mensajes.
La omnipresente CIRT consiguió, después de tres décadas de precario funcionamiento de esa modalidad de difusión estatal, que la señora Marta Sahagún persuadiera a su fácilmente influible cónyuge de reducir ese tiempo del Estado. Pero algo permaneció, y ya en este sexenio, al lograrse la reforma constitucional en materia electoral, con la aquiescencia de los partidos de mayor participación electoral, el Estado confirió un uso nuevo y socialmente útil a esa franja del tiempo de los medios electrónicos, que funcionan mediante concesión federal y están obligados a ceder esa porción de su tiempo de transmisiones. No se trata de un robo a particulares como lo ha considerado el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas, sino del cumplimiento de una obligación fiscal, que si se cubriera en efectivo implicaría un alto ingreso al erario y un monto importante en las cuentas de los concesionarios, de cuyo pago se libran.
La reforma de 2007 estableció un nuevo sistema de radiodifusión en materia electoral. Sacó del comercio en los medios electrónicos la propaganda emitida por partidos (y cualquier persona, para evitar las simulaciones) y convirtió al Instituto Federal Electoral en el órgano administrador del tiempo del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Ahora la propaganda de los partidos en radio y televisión es cursada por el IFE a las empresas concesionarias, a cuya cámara esa modificación resultó repudiable. Por eso desde el comienzo de su aplicación el año pasado no ha dejado de oponerse a sus normas, alegando toda suerte de pretextos y aplicando una variedad de argucias. El IFE ha procurador ceñir a los concesionarios a las normas legales, pero debe primero combatir la obediencia a la CIRT de algunos consejeros y representantes de partidos en su Consejo General. Por eso a menudo las sanciones al incumplimiento de las normas legales han quedado anuladas, en el propio IFE. Y cuando avanzan, allí está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para remediar el daño.
Ahora la CIRT desarrolla una doble estrategia contra la autoridad electoral, centrada específicamente en su comité de radio y televisión. Por un lado, esa cámara ha obtenido o reforzado su representación en dicho comité. Lo hace a través de los partidos que le son afines, pero con personas estrechamente vinculadas a ella. El nuevo representante del Partido verde, es el diputado federal Carlos Esteva, que fue director jurídico de la Cámara hace diez años y consejero de la misma desde entonces (hasta 2009 en que ingresó a San Lázaro). Es más acusado el vínculo entre la CIRT y Andrés Massieu, diputado también que ahora representa al PRI. Fue el principal funcionario ejecutivo de la CIRT entre 2006 y 2009. Su llegada al comité encierra un significado profundo, pues su talante funcional e ideológico es enteramente opuesto al de Carlos Ortiz Tejeda, a quien Beatriz Paredes encargó representar al PRI y le dio amplia libertad de acción (o Carlos se la tomó), de tal modo que su criterio propio, el de hacer respetar la ley a los concesionarios rigió la presencia tricolor en el comité respectivo. Su amigo y paisano Humberto Moreira lo nombró presidente de la Comisión Nacional de Ideología, pero no llenó su hueco en el IFE con alguien que prolongara su presencia sino a quien la borrará inmediatamente.
La estrategia de la cámara se completa con la difusión de mentiras e inexactitudes sobre la coyuntura actual del IFE, caracterizada por la urgencia de emitir nuevas normas o reformar las existentes. Antes de que se inicie, la semana venidera, la veda de legislar en materia electoral (90 días antes del comienzo del proceso electoral, que se abre con octubre próximo, el IFE necesita armar el aparato reglamentario que aplicará durante ese proceso. “La modificación de los distintos reglamentos –explicó el IFE el domingo pasado– permitirá que el proceso electoral ocurra en un marco de mayor certeza y claridad para todos los actores políticos y los sujetos regulados”. En respuesta, esos “sujetos regulados” dijeron ayer que “el IFE se apresta a censurar a toda la radio y TV mexicana”. Lo hará, asegura la CIRT, “usurpando facultades del Congreso”.
Se refiere al derecho de réplica. El IFE se limitará a suplir una omisión del Congreso, no a usurpar sus funciones, para que el IFE pueda cumplir las suyas, conforme a disposición expresa del tribunal electoral. El Consejo General del Instituto sesionará el próximo lunes. Entonces seguiremos con este asunto.
