domingo, 19 de junio de 2011

Operación Conago 1: rápida y estéril.

Un muchacho transitaba el martes por la colonia San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, cuando fue víctima de la Operación Conago 1, una iniciativa propagandística acordada por la Conferencia Nacional de Gobernadores y más que entusiastamente promovida y encabezada por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Un grupo de policías uniformados lo copó, lo acusó sin más averiguación de ser distribuidor de marihuana y ante la imposibilidad del joven agredido de pagar por su libertad la “mordida” que se le exigía, fue trasladado al Ministerio Público. Allí permaneció cuarenta y ocho horas, plazo en que su familia y sus amigos reunieron no los quince mil pesos que se le demandaron para no consignarlo ante un juez, sino “sólo” diez mil. En los separos de la agencia en que pasó dos días infernales, detenido sin causa, esta víctima del empeño gubernamental en pro de la seguridad pública convivió con media docena de muchachos que habían sido arrestados en los días anteriores en circunstancias similares a las suyas.

El viernes, en el balance casi final de esta extraña operación policíaca, que se inició el lunes pasado y termina a la medianoche de este domingo, se dijo que hasta ese día habían sido detenidos mil 700 personas por diversos delitos. No sé qué proporción de esas capturas son como la descrita en el párrafo anterior. No puedo, en consecuencia, suponer que la espectacular movilización de uniformados en todo el país se caracterizó por violaciones a los derechos humanos. Pero queda claro que no se distinguió por su eficacia. Mil setecientas detenciones en 4 días en las 32 entidades de la república dan un promedio de trece diarias, que no es para enorgullecer a nadie, pues ha de ser menor al número de remisiones al Ministerio Público que se practican en días normales, no marcados por el despliegue de esta operación.

Convertido en émulo de Genaro García Luna, y tal vez en reminiscencia de sus días como Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Ebrard convenció a los gobernadores de lanzar esta operación. Su propósito consiste en… cumplir la ley, pues las autoridades locales tienen la responsabilidad de combatir los delitos en que esta semana concentraron su atención las corporaciones de Policía Preventiva y Ministerial en todo el País: robo de vehículos, a transporte y pasajeros, desalentar la comercialización de autopartes robadas, recuperar automotores con reporte de robo en todo el país, combatir el secuestro, detener a los probables responsables que tengan pendiente el cumplimiento de una orden judicial, desarticular bandas criminales y verificar los carros con vidrios polarizados y sin placas en toda la república.

La Conago resultó de una iniciativa de gobernadores priístas que, al mismo tiempo, en 2001 y ante el triunfo de Vicente Fox, se descubrieron parte de la oposición y dueños de un poder propio, no el vicario que detentaban durante los años de la Presidencia monárquica. Se reunieron en Mazatlán en agosto de 2001. En julio siguiente, esta vez en Cancún y con la presencia de los gobernadores perredistas (o que habían sido postulados por ese partido) se formalizó la Conferencia Nacional de Gobernadores. Es un instrumento político, no jurídico, pues para efectos legales la relación del Gobierno federal se entabla con cada uno de los estatales. Pero es un factor de presión, particularmente en lo que hace a la distribución de los recursos públicos, recaudados en abrumadora proporción por la hacienda federal. En buena medida por la acción de la Conago los excedentes petroleros, que sobre todo en el sexenio foxista enriquecieron el erario público en grados no conocidos ni siquiera cuando fue necesario “administrar la abundancia”, fueron a dar a los gobiernos estatales, que los dilapidaron, dispusieron de ellos para fines propios y fortalecieron su poder para modelar resultados electorales.

Carente como es de personalidad jurídica, la Conago no tiene sede permanente y se reúne en lugares distintos cada vez. La encabeza un presidente, que se designa en forma rotativa. En su 41º reunión ordinaria, efectuada en Monterrey hace tres semanas, el 27 de mayo, asumió la Presidencia el jefe de Gobierno del DF que, a diferencia de su predecesor (que no tomaba en serio a la conferencia y solía hacerse representar por su Secretario de Gobierno), Ebrard es un activo participante en esa agrupación. Con mayor razón lo hace ahora, en que la encabeza.

La operación Conago 1 sería innecesaria y redundante si los gobiernos que la emprendieron cumplieran de modo cotidiano sus deberes. Tienen la responsabilidad de perseguir los delitos del fuero común en su ámbito territorial, y cuando hay necesidad de participar en tal persecución a otros gobiernos, se utilizan instrumentos de colaboración de manera casuística. Adicionalmente, están obligados a coordinar sus recursos y esfuerzos a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero viene bien a Ebrard obtener una proyección nacional, además de la que ha procurado alcanzar como apoyador de candidaturas en las elecciones locales del año pasado y las del presente. Está en plena disputa por la candidatura de esa entelequia que se llama “la izquierda”, con Andrés Manuel López Obrador. Horas antes de que comenzara la Operación en que participan trescientos diez mil policías (casi diez veces más que el número a las órdenes de García Luna), el Jefe del Gobierno capitalino se reunió con la plana mayor de Nueva Izquierda, la principal corriente del PRD, que le esbozó su apoyo que se consumará en el momento procesal oportuno. De tal suerte que así como es imposible deslindar la reunión de los alcaldes veracruzanos con el Secretario de Hacienda con la promoción de la candidatura de Ernesto Cordero, tampoco puede creerse que la innecesaria concertación policíaca interestatal, auspiciada por Ebrard es ajena a sus intereses personales.

Por eso, porque la lucha contra la inseguridad ha estado marcada por motivos ajenos al deber legal de contener la violencia (Calderón buscaba asentarse en su silla cuando inició su guerra contra la delincuencia organizada), ese combate muestra a menudo su esterilidad. Es verdad que las fuerza públicas federales exhiben con frecuencia sus logros, como la detención de Edgar Huerta Montiel, ex militar apodado “El Huache”, que se reconoció autor de acciones que condujeron, el año pasado y éste, a la matanza de migrantes centro y sudamericanos y otras personas en San Fernando. Pero esos logros no afectan la estructura de la delincuencia organizada, como se percibe con la violencia desplegada en Monterrey y su zona conurbada el miércoles pasado. Si la gravedad de esa jornada se midiera sólo por el número de muertes con violencia, habría motivo de alarma, pues nunca antes había llegado a 33 la cifra de personas ultimadas en sólo 24 horas, más de una por hora. Pero el episodio fue todavía más alarmante porque en esa suma de víctimas quedaron incluidos dos miembros de la escolta del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Apodados “El Cabrito” y “El Negro”, el día mismo de su asesinato hubo reticencia para dar a conocer sus nombres. Pero después han sido identificados como José Antonio Cerda y Juan Manuel García, respectivamente.

La sola ejecución de dos guardianes del Gobernador tenía relevancia. Pero la acrecentaron la crueldad con que después de asesinados fueron descuartizados y el mensaje dirigido al Ejecutivo local, en que le imputan complicidad con los Zetas. Todavía más: fueron entregados al grupo criminal que los ultimó por agentes de la Policía Municipal de Zuazua, que están ya detenidos.

No es posible negar la trascendencia de que grupos armados lleguen tan cerca de un Gobernador (ya mataron hace un año en Tamaulipas a un candidato a serlo) y de que lo acusen tan expresamente, por más que los señalamientos carezcan de valor ético, político y jurídico por provenir de una banda delincuencial. Pero tampoco puede negarse su creciente peligrosidad.

Mientras escribo estas líneas, Morelia está invadida de fuerzas militares y policíacas locales y federales, que ofrecen seguridad a los asistentes al estadio Morelos, donde se inauguró el torneo Sub-17. Pero ninguna de esas fuerzas pudo evitar el amenazante aviso emitido por los bandoleros que incendiaron vehículos en las inmediaciones de Pátzcuaro, no más como acto de presencia.