PRD michoacano

¿En qué se parecen Jesús Zambrano y el mismísimo Andrés Manuel López Obrador a Luis Carlos Ugalde? En que proclamaron triunfador a un candidato antes de que esa situación estuviera por completo definida. Zambrano el mismo 26 de junio en que concluyó la jornada perredista para elegir candidato a Gobernador de Michoacán alzó la mano al senador Silvano Aureoles. Era una proclamación prematura de esa victoria. Menos apresurado, pero igual anticipación, fue el apoyo expresado el domingo pasado en el puerto de Lázaro Cárdenas por el dirigente del Movimiento de regeneración nacional (Morena) al propio candidato que, en efecto, obtuvo más votos que sus contendientes.

Sin embargo, la elección de Aureoles fue cuestionada por el diputado local Enrique Bautista, que alcanzó el segundo mayor número de votos. Actualmente, una comisión de arbitraje estudia el caso, y su conclusión podría hacer quedar mal a los tempranos festejadores del triunfo de Aureoles. Y es que las irregularidades alegadas por Bautista son de tal peso que los árbitros podrían concluir que es preciso reponer el procedimiento electoral, para restaurar el principio de equidad seriamente afectado por la prepotencia con que actuó el ex alcalde de Zitácuaro.

Conforme lo dispone el estatuto interno del PRD, el impugnador de la elección acudió a la Comisión Nacional de Garantías, el tribunal interno de ese partido, lo cual abría además la posibilidad de presentar recursos ante la justicia electoral federal. Más, a favor de una resolución pronta al litigio así planteado, cuya demora afectaría a ese partido, que por primera vez en muchos años está en riesgo de perder una elección, Bautista se avino al arbitraje, una fórmula válida cuando obtiene el asentimiento de las dos partes. Por lo tanto, el impugnador retiró su recursos ante la CNG perredista y renunció a contender ante los tribunales, cualquiera que sea la conclusión de los árbitros.

Ellos son tres abogados expertos en asuntos electorales: Iván Castillo, Joel Reyes y Fernando Vargas. Han estudiado los cuestionamientos y esta semana escucharon a las dos partes. La semana próxima emitirán el laudo que ponga fin al disenso. Si la decisión confirma el triunfo de Aureoles, podrán válidamente Zambrano y López Obrador (¡quién los creyera actuando en la misma dirección!) proclamar esa victoria. Quedará de ese modo consolidada una candidatura que satisface, por su vulnerabilidad, a Luisa María Calderón, quien pasado mañana será elegida candidata del PAN a suceder a Leonel Godoy.

El señalamiento principal contra Aureoles es el dispendio en que incurrió durante la campaña interna del PRD, que fracturó de modo irremisible el principio de equidad que debe regir toda contienda electoral. Fue tan ostentoso el derroche, que es probable que en el solo mitin de apertura de su campaña haya sobrepasado el límite máximo fijado por la autoridad local perredista, que ascendía a 750 mil pesos. Sin apoyo documental, pero sí con cálculos fundados en la evidencia pública y su constancia periodística, el gasto de ese acto fue superior a cuatro veces el tope establecido. Quizá llegó a tres millones. Los asistentes llegaron a Morelia en 250 autobuses, fletar cada uno de los cuales cuesta por lo menos ocho mil pesos, lo que suma dos millones de pesos. La impugnación de Bautista añade medio millón más por la comida a diez mil personas, a cada una de las cuales se regalaron gorras de a veinte pesos y playeras de a diez. Si se agregan además los costos del sonido, el escenario, la propaganda y otros similares, se llega a los tres millones. Ponga usted que se exagera, y que bastó la tercera parte para pagar el mitin inicia. Sólo en esa jornada se habría sobrepasado el tope de campaña. Pero en el resto de ella el gasto no desmereció el lucido estreno. La comitiva del senador con licencia se trasladaba en siete poderosos vehículos, claramente identificados por la propaganda respectiva.

Ese gasto desproporcionado, además de la inequidad que representa, plantea preguntas que la impugnación de Bautista no formula, pero que los árbitros deberían no eludir. La procedencia de los recursos dilapidados es asunto crucial, en todas partes y con mayor razón en Michoacán, donde se presume que el narcotráfico influye con sus abundantes medios en la política electoral. ¿O es dinero propio del candidato, de cuya abundancia da muestra su patrimonio inmobiliario?

Ningún partido puede admitir que haya sospecha alguna sobre el origen del financiamiento de una campaña interna. Menos puede hacerlo el PRD. Y menos aún en Michoacán, la entidad emblemática del cardenismo, a cuya corriente pertenece Bautista, que por ello reclama el imperio de la ética en el proceso electoral. Hay indicios claros de que recursos públicos llegaron a su campaña procedentes de dependencias del Gobierno estatal, al punto de que el gobernador Godoy prescindió de los servicios de colaboradoras suyas inclinadas desde el Gobierno hacia la causa de Aureoles.

Bautista cursó la carrera de relaciones industriales en la Universidad Iberoamericana y de economía en la UNAM. En su actividad privada se ha distinguido como importante productor y exportador de aguacate en Uruapan. Ha sido diputado federal y miembro de los gobiernos cardenistas, el de Cuauhtémoc y el de Lázaro, y también del de Godoy. Es diputado local con licencia. Aureoles, por su parte, se formó en la Universidad de Chapingo. Alcalde de Zitácuaro, diputado federal y senador, fue asimismo secretario local de desarrollo económico.

Marina en busca de coartada

El Secretario de Marina lanzó anteayer, en una solemne ceremonia de graduación de oficiales de la Armada, una grave insinuación respecto de los móviles de los organismos de derechos humanos que denuncian los abusos de miembros de esa corporación. Sugirió que son voceros de la delincuencia organizada, utilizados para “tener el campo abierto a su ruindad”.

La defensa de los derechos humanos ha tenido que vencer, a lo largo de las décadas recientes, la resistencia de las autoridades denunciadas por violaciones a esas prerrogativas de las personas. Las agencias policiacas promovieron la creencia de que la protección de tales derechos era un obstáculo a su labor (como si antes de que se pusiera en boga e institucionalizara esa lucha cívica tales corporaciones fueran eficaces) y llegaron al extremo de señalar complicidades entre las organizaciones ciudadanas de derechos humanos con la delincuencia. Un Gobernador del Estado de México basó parte de la propaganda que según su plan lo llevaría a la Presidencia de la República en un lema que apenas disimulaba una convicción fascista: Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas.

Tal reticencia y aun repudio a la actuación de oficinas civiles o públicas de derechos humanos se ha recrudecido al calor de la guerra contra el crimen organizado. Primero el Ejército y después la Marina, fueron involucrados en ella por la segunda Administración panista de la historia, y por consecuencia quedaron en el primer plano de los señalamientos contra su conducta, que no infrecuentemente resulta en atentados contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas.

Impreparados, o formados sólo superficialmente en el respeto a los derechos humanos, los miembros de esas corporaciones militares suelen contar con el solapamiento de las instituciones respectivas. La Secretaría de Marina, en particular, que avanzó a tierra firme y mantuvo su predominio en las zonas costeras en materia de seguridad, se ha distinguido por su afán de negar que sus miembros agravien a personas contra la ley. A veces, forzadamente, tiene que avenirse a las evidencias y aun así encuentra el modo de hurtar el cuerpo a las acusaciones directas en contra de su personal.

Un ejemplo muy a la mano, pues el caso es materia de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida hace apenas cuarenta días, es el de José Humberto Márquez Compeán, detenido y muerto en marzo del año pasado en el municipio de Santa Catarina, N.L. Si bien fue capturado por la Policía municipal, se tuvo evidencia de que llegó a manos de marinos, que por ello quedaron como presumiblemente responsables de la muerte violenta del detenido. Aunque aceptó la recomendación de la CNDH, como finalmente ha tenido que hacerlo en otros casos, la Secretaría de Marina insiste en la inocencia de sus miembros señalados como causantes de la privación de la vida de Márquez.

En su discurso del martes, el almirante Mariano Francisco Saynez se cuidó de dejar aparte a esa Comisión nacional, a la que encomió, respecto de otras instancias defensoras de los derechos humanos. Dijo el Secretario de Marina, luego de asegurar que el respeto a esas prerrogativas de la persona forma parte del patrimonio moral con que la Armada se enfrenta a la delincuencia organizada:

“Los grupos delictivos tratan de manchar el buen nombre y prestigio de la Marina utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales que, al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra, y así tener el campo abierto a su maldad”.

Como su jefe el Presidente de la República al hablar de la corrupción de jueces que protegen a delincuentes, el almirante Saynez haría bien en concretar su apreciación y precisar a qué grupos ciudadanos ligados al crimen organizado se refiere, si se piensa en los diferendos que la Secretaría de Marina tuvo apenas en junio pasado con Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, es de temer que el Secretario se refiera a los esfuerzos de esas organizaciones, que denunciaron la desaparición de personas, con violencia y contra la ley. A una denuncia de la benemérita agrupación civil con sede en Londres, la Marina negó “categóricamente”, el 14 de junio, que “personal naval haya participado en dicho aseguramiento”. Se refería al secuestro de seis personas de cuya ilegal detención Amnistía puso sobre aviso a la opinión pública. Sin embargo, al día siguiente esa dependencia admitió (“se reconoce”, dijo hablando en tercera persona, como si el asunto no fuera de su incumbencia) que algunos de sus miembros “tuvieron contacto con seis de las personas presuntamente detenidas”. Y en seguida sugirió que después de ese “contacto”, quizá grupos delincuenciales se apoderaron de esos desaparecidos a fin de imputar su destino a las autoridades.

En esos días estaba en curso una redada contra personas detenidas en sus domicilios, a los que miembros de la marina entraron por la fuerza y se las llevaron sin mostrar órdenes de cateo o de aprehensión. Entre el primero y el 23 de junio fueron objeto de ese inhumano trato quince personas. Por si fuera poco, el 3 de julio siguiente la misma suerte padeció una persona más. Su esposa denunció públicamente tal ilegalidad. Como castigo a esa audacia, el domicilio de la denunciante fue baleado con armas de alto poder.

Obstáculos a la reforma política

Mañana se reunirán representantes del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad con legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Será el modo en que se inicie la participación del poder legislativo en la atención a las demandas de la movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia, y la concreción de que la exigencia ciudadana así representada no se limita al diálogo con el Ejecutivo, sino que lo mantendrá con los tres poderes del Estado. Queda por fijar el momento en que la encarnación del “daño lateral” –que eso es, entre otros significados, el movimiento por la paz– sea recibida por los ministros de la Suprema Corte.

La reunión de esa activa porción de la sociedad civil con el presidente Calderón no produjo resultados espectaculares. Pero sí determinó la organización de una comisión de seguimiento a las demandas ciudadanas y la fijación de un plazo de tres meses, que está en curso.

De hecho, funcionarios presentes en el diálogo del alcázar de Chapultepec –mismo recinto donde se realizará el encuentro de mañana– como la procuradora Marisela Morales, se reunió en las horas y días siguientes con los deudos de algunas de las víctimas para atender sus reclamos específicos. No siendo en modo desdeñables diligencias de esa naturaleza, no son las metas que persigue el movimiento de Javier Sicilia. No se trata de que el poeta y sus más cercanos acompañantes se conviertan en gestores de los ofendidos ante las autoridades hasta ahora renuentes a escuchar a las víctimas y a sus familiares. Se persigue la creación de una conciencia pública, de que participen los representantes del gobierno, en torno a la emergencia nacional en que se halla nuestro país, perceptible desde la llanura ciudadana y medible a través de una sola de sus varias expresiones: la acumulación cotidiana de personas muertas por la violencia criminal y por la desatinada represión estatal. No ha vuelto a emitirse una nueva cifra oficial sobre las víctimas, pero es seguro que ya se acerque a cincuenta mil, como lo ha calculado el semanario Zeta desde Tijuana. Se trata también de que el movimiento por la paz contribuya con su visión a que se modifique la estrategia gubernamental frente al crimen organizado, que lejos de cumplir sus objetivos ha sido contraproducente.

El encuentro de mañana es más complejo del que reunió a Calderón con quienes le reprochan la impunidad respecto del daño que han resentido y la esterilidad del esfuerzo armado contra la delincuencia. Es preciso, para evitar malos entendidos, que las partes lleguen a la cita del jueves con plena claridad respecto del resultado que esa reunión puede producir. Si no hay claridad respecto de lo que puede esperarse del diálogo entre pacifistas y legisladores cundirá el desencanto por la aparente inutilidad del intercambio de posiciones.

Un ejemplo de que se requiere un vocabulario común y una plataforma de información básica para ambas partes lo representa la reforma política.

Hubo quienes, después de la irrupción de un grupo en torno de Javier Sicilia en el edificio del Senado, sede en este receso de la Permanente, creyeron que en la reunión de mañana se darán a conocer los términos en que se suscitará o agilizará la participación ciudadana. Obviamente no será así. Ni siquiera será posible que los senadores y diputados informen a sus interlocutores cuándo, si lo habrá, se realizará el periodo de sesiones extraordinarias en que se apruebe la reforma política. Los ciudadanos que forzaron hace quince días el que se programara la reunión de mañana instaron a los legisladores –lo hizo el propio Sicilia– a que abandonen la molicie en que viven y trabajen para afinar las modificaciones exigidas y esperadas.

No es un asunto de laboriosidad. No es flojera ni abulia lo que ha frenado –y de hecho frenó ya respecto del 2012– las candidaturas independientes, las nuevas formas de participación ciudadana (plebiscito, referéndum, iniciativa popular). La causa de que la minuta llegada del Senado a San Lázaro se haya atorado allí es, en el fondo, un disenso interno en las bancadas del PRI. Y no un desacuerdo ideológico, de los que se pueden zanjar en una discusión. Es un conflicto de intereses que no se deshará sólo por la buena voluntad de los legisladores que mañana se expongan a nuevas recriminaciones sobre su pereza.

La reforma política acordada en el Senado es uno de los campos de enfrentamiento entre las dos corrientes, hasta ahora las únicas, que disputan la candidatura presidencial del PRI, extremadamente codiciada ahora, ante la posibilidad de que quien la ostente sea el sucesor de Felipe Calderón.

Aun si la minuta senatorial que contiene reformas consideradas necesarias por el movimiento por la paz y otras agrupaciones hubiera llegado oportunamente a la Cámara, y no en la víspera de la clausura del periodo ordinario, difícilmente hubiera transitado hacia su aprobación. Lo impiden posiciones específicas del gobernador Enrique Peña Nieto. Busca que dicha reforma incluya la cláusula de gobernabilidad que permita al partido que obtenga la presidencia contar con la mayoría en el Congreso. Quiere también excluir la reelección continua en el poder legislativo.

Salvo que Peña Nieto desistiera de llevar adelante con las bancadas a su servicio en San Lázaro, esas propuestas, o que la mayoría senatorial se aviniera a recibir de regreso la minuta para hacer suyas las modificaciones de los diputados, la reforma política es imposible.

PGR: ¿ineficaz o qué?

En traspiés sucesivos la Procuraduría General de la República, quien quiera que sea su titular, da muestras de una ineficacia abrumadora. O de algo todavía más grave: el uso político de sus atribuciones, o la corrupción de quienes las ejercen.

 

La semana pasada surgieron nuevas evidencias de la falibilidad del Ministerio Público federal. Gregorio Sánchez, ex alcalde de Cancún (o del Municipio de Benito Juárez, QR, para acatar la formalidad jurídica) salió del penal de san José del Rincón en Nayarit. No está en libertad plenamente, porque la PGR se las arregla para mantenerlo es una situación discutiblemente legal: está detenido, y sujeto a un procedimiento que permite su localización, pero no está arraigado ni sujeto a un proceso penal ante la justicia penal federal. En los días siguientes, otro perseguido por el Ministerio Público, el legislador desaforado Julio César Godoy, se benefició de un amparo en que por cuestiones de forma se le protege contra la vetusta orden de aprehensión que ha sido puesta en entredicho por la defensa del hermano del gobernador de Michoacán.

Desde que el año pasado la PGR incriminó a Sánchez por diversos delitos y consiguió una orden de aprehensión que lo sacó del proceso político en que era candidato al Gobierno de Quintana Roo, se barruntó que la actuación ministerial podría estar regida por una intención política, que afectaba medularmente las posibilidades de triunfo de la alianza del PRD, el PT y Convergencia. Ese móvil parece confirmado ahora, en que Sánchez ya es una figura políticamente inocua. Cierto es que la PGR no renuncia a hacerlo retornar a la prisión, y para no dejarlo enteramente libre –y claramente evidenciada su motivación extralegal—lo mantiene en un limbo jurídico, bajo acusaciones que aparecen con un perfil más opaco y aun oscuro que las que lo retuvieron por catorce meses en prisión.

Si hubo un diseño político en la aprehensión de Sánchez, sus metas se cumplieron puntualmente, pues su captura trastrocó completamente el escenario electoral quintanarroense. Sánchez era un candidato competitivo, y aunque no gozaba de universal buena fama y había en su trayectoria momentos que hacían dudar de su reputación, no era remoto que venciera al candidato priísta Roberto Borge, un muchacho inexperto que forma parte de una presunta nueva clase política, que se diferencia de la antigua únicamente en que sus integrantes son casi púberes y ostentan una fachada convincente aunque el contenido de la cabeza respectiva no corresponda a las exigencias de los ciudadanos.

Sánchez era, o es, un empresario próspero, que hizo fortuna en apenas década y media de radicar en Cancún. Un enriquecimiento así de veloz no es inusual en un centro de atracción de turismo y de migrantes. Los priístas que han gobernado esa entidad ininterrumpidamente desde su creación hace casi cuatro décadas no han estado lejos de ese patrón, sin que se les hayan fincado nunca responsabilidades, salvo el caso de Mario Villanueva Madrid. Sánchez gozaba de fama y aun apreció público, entre otras razones por que aparecía como un predicador al gusto de las nuevas generaciones. Tanto asentimiento había logrado que ganó la Alcaldía de Benito Juárez y después, no obstante estar preso, influyó en los resultados de los comicios en que se le impidió participar: su reemplazante en la candidatura al Gobierno estatal, Gerardo Mora, inscrito a última hora en la contienda, logró más de la cuarta parte de los votos emitidos (26.19), diez puntos arriba de la candidata del PAN, Alicia Ricalde Magaña. Y es indudable que el hermano de ésta, Julián Ricalde Magaña alcanzó la Presidencia Municipal de Cancún gracias a la huella que en ese cargo dejó Sánchez.

Al salir de la cárcel la semana pasada y no obstante la indefinición y el agravio a que halla sujeto, con el marcador electrónico que permite seguirle los pasos, Sánchez se ha mostrado muy conforme con su suerte. Parece un ex reo de algún sistema autoritario después del “lavado de cerebro” que es una de las prácticas abominables de ese tipo de regímenes, por cuyo efecto el ofendido alaba a su ofensor.

Por lo pronto, como ocurrió tras la detención de Jorge Hank Rohn –que se encuentra en la etapa de apelación, de la que la PGR confía en salir más airosamente que en la primera instancia-, el Ministerio Público se esconde tras una coartada, que consiste en atribuir las decisiones que le son adversas a la aplicación de un criterio jurídico distinto. Pretende que se olvide que en la averiguación previa y en el proceso, tras la consignación, no es un sujeto pasivo, sino una parte que tiene la capacidad y aun el deber de influir sobre los juzgadores ante los cuales actúa.

Por si fuera poco, en la misma semana en que se conoció su nuevo fracaso, la PGR sufrió otro revés, en el caso de Julio César Godoy. Éste, como Sánchez, fue candidato postulado por el PRD. A pesar de que la inicial orden de aprehensión fue expedida antes de la elección legislativa de la que Godoy emergió como diputado federal, la PGR no pudo evitar ese resultado, ni el que a la postre rindiera protesta. Logró en cambio que su Cámara privara del fuero al Legislador inculpado. Ahora, una nueva decisión judicial favorable a Godoy ha puesto de manifiesto la fragilidad de las actuaciones ministeriales. No sólo ante los tribunales, sino ante la prensa la PGR muestra su ineficacia. Inicialmente se declaró vencida: “no hay elementos para continuar con el caso Godoy”, admitió el jueves 21. Pero se desdijo al día siguiente.

Guerras intestinas.

“Cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”, dice el refrán exactamente aplicable al caso del secretario Javier Lozano. Con la aspereza que le es habitual criticó a Santiago Creel, quien aceleró la contienda interna en el PAN al pedir licencia en su responsabilidad senatorial. Lozano llamó oportunista a su compañero de partido (bueno, es un decir). Y como Creel instara al resto de los precandidatos a retirarse de los cargos públicos y dedicarse a su promoción propia, el ex priísta lo desdeñó diciendo que lo dicho por el senador “le entra por un oído y le sale por otro”.

El respeto entre precandidatos, que es una conducta necesaria en los partidos, en el PAN es parte de una tradición que Lozano ignora, porque es panista de última hora. Aunque ha querido disimular su antigua filiación diciendo que fue miembro de gobiernos priístas (como si eso no implicara pertenencia al partido que gobierna), fue formalmente presentado como candidato del tricolor a una diputación en el estado de Puebla, pocos años antes de transformarse en militante blanquiazul. Quizá se olvidó de su tránsito y descalificó a Creel creyéndolo todavía miembro de un partido antagónico.

La posición de Lozano es parte de la tensión creciente que se aprecia en los círculos panistas en torno de la sucesión presidencial. Conforme pasan los días del año preelectoral –estamos ya en el segundo semestre– los ánimos de los aspirantes y de sus cohortes se avivan y asumen posiciones que ponen fin a la cordialidad esperable entre compañeros.

Creel se ausentó de su cámara y pidió a sus contendientes obrar en el mismo sentido para que no aprovechen sus funciones, y no hagan mal uso de los recursos públicos de que disponen. Asiste la razón a Creel, pues por ejemplo Ernesto Cordero utiliza su cargo al recibir a los alcaldes panistas veracruzanos acarreados por Miguel Ángel Yunes, que lo visitan en su doble calidad de secretario de Hacienda y de aspirante a la candidatura. No necesariamente lo harían si estuviera ya únicamente en la segunda condición.

La relativa tersura que en el PRI habían mostrado las relaciones entre Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto ha comenzado a interrumpirse. No asume hasta ahora la forma de invectivas personales. Pero están acentuándose las diferencias y trazándose los espacios en que uno y otro se mueven y pretenden hacerlo en los meses por venir. Se esperaba que ese momento llegara en septiembre, al concluir el gobierno del mexiquense. Pero éste ha experimentado la necesidad de anticiparse a su propio calendario. Aprovecha estar en la cresta de la ola tras su clamorosa victoria para hacer que lo suceda Eruviel Ávila para mostrarse como el real dirigente del PRI. Su hombre de uso, Humberto Moreira, planteó una decisión necesariamente polémica, la de aliarse con Nueva Alianza para la elección del año próximo. Conforme a un guión prestablecido, Peña Nieto expresó su entusiasmo por esa decisión. En sentido contrario, Beltrones y otros senadores, señaladamente Francisco Labastida, objetaron tal posibilidad. Y es que el planteamiento es una provocación al líder del Senado, considerando su añeja enemistad con la presidenta del SNTE.

Peña Nieto requiere intensificar su presencia pública en los dos meses que restan en su gobierno estatal. Si bien sus vínculos con Televisa le aseguran que no se interrumpa la vigencia de los convenios que lo hacen figura cotidianamente en la pantalla chica, dejará de contar con las ocasiones formales que ahora le permiten la difusión ad nauseam de su imagen. Para aminorar la opacidad en que se adentrará a partir del 16 de septiembre, agilizará la plataforma creada en su entorno, la Expresión Política Nacional. Pero no le dará para mantenerse en los mismos niveles de presencia, a menos que como lo hace ahora, ejerza su condición de verdadero mandón en su partido.

Las tensiones en el PRD son congénitas a ese partido, o por lo menos consustanciales a su funcionamiento. Desde hace meses está viva la disputa por la candidatura presidencial, entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel Obrador. Personalmente, cada uno de ellos insiste en la vigencia de un acuerdo que es de suponerse nunca adquirió formalidad pero al que ambos apelan, de que no romperán y el uno se sumará al que esté “mejor situado en las encuestas”. El problema será dilucidar qué significa esa fórmula multívoca, susceptible de toda suerte de interpretaciones.

Ya desde ahora, sin embargo, los miembros del círculo interno de cada uno de ellos perciben como antagonistas a los otros y disputan entre sí como si fueran adversarios pertenecientes a partidos distintos. Atizan esa beligerancia, por un lado, la secuela de las elecciones mexiquenses y, por otra parte, la liga estrecha entre la candidatura presidencial y la que buscará la jefatura de gobierno del Distrito Federal. No se expresa con todas sus letras pero se presume que si el acuerdo entre López Obrador y Ebrard se mantiene, quien no sea candidato presidencial “tendrá derecho” a la candidatura capitalina, a efecto de preservar el precario equilibrio entre las corrientes.

A diferencia de lo que puede esperarse en el PAN y en el PRI donde, pese a todo, el candidato que se imponga a otros será acatado por todos, en el PRD no es imposible la ruptura. Sería un acto suicida que ese partido, o la coalición de izquierda, vayan a las elecciones con dos candidatos, que se anularían mutuamente. Aun López Obrador, con la importante base social que ha construido, sería un candidato marginal..

(La Plaza pública no aparecerá, por vacaciones, sino hasta el próximo lunes 25).

La Corte y los derechos humanos.

Víctimas de violencia perpetrada por militares, la justicia unirá, con 37 años de diferencia, los nombres de Rosendo Radilla Pachaco y Jethro Ramsés Sánchez Santana. En virtud de una sentencia internacional relativa a aquel ciudadano hecho desaparecer el 25 de agosto de 1974, un juez ordinario, y no uno del fuero castrense deberá juzgar a quienes torturaron y privaron de la vida al segundo, desaparecido en Cuernavaca el primero de mayo de este año.

La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció el 5 de julio que dos oficiales subalternos fueron detenidos por órdenes de la Procuraduría de Justicia Militar acusados del homicidio de Jethro Ramsés y por tortura de su primo Horacio Hernández Demesa. Los miembros del Ejército fueron consignados al juez Quinto Militar para ser juzgados conforme al Código de Justicia correspondiente por “delitos de violencia contra las personas”. Ese juzgador, sin embargo, deberá excusarse y remitir el caso a un juez penal de Morelos como primer efecto de las trascendentales decisiones consumadas el pasado martes 12 de julio, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas consiste en restringir el alcance del fuero militar a sus términos constitucionales, a fin de que los miembros de las Fuerzas Armadas a quienes se imputen delitos contra civiles y en que resulten lesionados derechos humanos sean llevados a la justicia ordinaria, no a los tribunales castrenses.

Esa determinación de la Corte fue adoptada al concluir el estudio del modo en que ese tribunal cumplirá la parte que le corresponde entre las obligaciones fijadas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. No se trataba de establecer si la Corte mexicana acataría la resolución del tribunal internacional sino los términos en que lo haría. Al hacerlo, concluyó al menos en este caso, la renuencia de los poderes mexicanos ante sentencias de la Corte Interamericana, que tienen carácter imperativo. Con ello, el máximo tribunal mexicano perdió en algún sentido la primera parte de su denominación. Frente a la de San José, ya no es Corte suprema, sino que está sometida a ese órgano judicial interamericano. Como quedó claro en el abordamiento de este caso, ni siquiera puede interpretar los términos de la sentencia internacional, sino cumplirlos llanamente.

La desaparición de Rosendo Radilla –un militante al que se acusó de participar en la insurrección armada guerrerense encabezada por Lucio Cabañas-- quedó impune mientras su caso permaneció en la jurisdicción mexicana. Como ocurrió con cientos o miles quizá de víctimas de la guerra sucia, la desaparición de Radilla no fue objeto de denuncia ni de trámite judicial ninguno, cerradas como estaban las instancias jurídicas formales en el momento de la comisión de los delitos, el Gobierno de Luis Echeverría, y también en los tres lustros siguientes. Fue sólo hasta el 15 de noviembre de 2001 cuando la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la Asociación de Familiares de Desaparecidos a que pertenecían sus deudos, denunciaron al Estado mexicano por aquel suceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo de la OEA, con sede en Washington, emitió a partir de entonces varias recomendaciones que fueron desatendidas por su destinatario. Por ello, el 15 de marzo de 2008 la Comisión turnó el caso ante la Corte Interamericana, que el 23 de noviembre de 2009 emitió sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, que incluye no sólo medidas de reparación del daño en el caso específico, sino resoluciones obligatorias que vinculan a los tres poderes respecto de la vigencia de los derechos humanos en México. A partir de la notificación de la sentencia, el 9 de febrero del año pasado, se inició el tortuoso proceso de su aplicación. Por lo que toca al Poder Judicial, el 26 de mayo de ese año el ministro presidente –todavía Guillermo I. Ortiz Mayagoitia—sometió a consulta el modo en que ese tribunal acataría la sentencia de San José. El 7 de septiembre siguiente el pleno resolvió la consulta y ordenó que se determinara la participación del Poder Judicial en el caso. Un primer acercamiento a esa determinación, realizado por el ministro José Ramón Cosío, fue desestimado por el pleno, que encargó una nueva ponencia a la ministra Margarita Luna Ramos, misma que fue sometida a discusión el 5, 7 y 12 de julio pasado.

En el entretanto, cobró vigencia la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ordena a toda autoridad proteger con la mayor amplitud posible los derechos humanos. En el nuevo marco constitucional, y conforme a la indiscutible sentencia, la Corte determinó que todos los jueces, y no únicamente los federales y menos aún sólo la Corte, deben practicar el control de convencionalidad. Es decir, corresponde a los juzgadores cotejar si la aplicación de una norma es congruente con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre la materia, y establecer en consecuencia si las leyes en cuestión son inaplicables.

Igualmente se determinó restringir el alcance del fuero militar, Por unanimidad de diez votos (la ponente Margarita Luna Ramos estaba ausente, invitada a una celebración del Tribunal Constitucional de Indonesia) se decidió “que todos los jueces del Estado mexicano deben replicar (sic, por aplicar o reproducir) en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo 1 constitucional” (Está en boga emplear el verbo replicar como reproducir, copiar. Juristas eminentes como los ministros de la Corte no pueden incurrir en ese error, sobre todo porque una figura procesal, la réplica, tiene un sentido preciso).

Inmediatamente después de concluida la sesión del pleno el martes pasado, las Secretarías de Gobernación, de Marina y de la Defensa Nacional emitieron un comunicado conjunto sobre lo que llamaron “el criterio orientador” del máximo tribunal con el que “se precisa el alcance de la jurisdicción militar para los casos en que elementos de las Fuerzas Armadas se vean involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos”. En esa comunicación se repite varias veces la fórmula “criterio orientador” o su plural. Es un error llamarlos así. Los criterios de la sentencia de la Corte Interamericana son obligatorios, vinculantes de los poderes del Estado mexicano, que es la instancia condenada en el caso Radilla. Subraya esa confusión, o esa interpretación impropia el afirmar con sintaxis defectuosa que “respetuoso del equilibrio de entre los tres poderes de la Unión, el Gobierno federal reitera su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país”. Si fueron criterios orientadores los determinados por la Corte mexicana, es decir si admitieran discrecionalidad de los juzgadores, no se cumpliría la sentencia del caso Radilla. Son criterios obligatorios, e incurrirá en responsabilidad quien no se atenga a ellos.

La tarjeta informativa con que a Corte sintetizó los resultados de las sesiones dedicadas al tema por el pleno concluye afirmando que “para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo 1 constitucional, por unanimidad de diez votos se resolvió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá reasumir su competencia originaria en relación a casos concretos existentes y a futuro, en materia de desaparición forzada”. Hemos de esperar a que se publique, una vez engrosada, la determinación de ese tribunal, para conocer los términos de que derivó esa parte de sus decisiones. Por lo pronto, es congruente que la Corte habla de la desaparición forzada cuando que fue ese delito (no tipificado en la legislación mexicana entonces) el que se cometió en agravio de Rosendo Radilla.

Su caso, el de su detención por una autoridad castrense que no lo somete al Ministerio Público para determinar si se ejerce en su contra acción penal, sino que se priva de la vida o se le oculta por quién sabe cuanto tiempo, se ha reproducido (no replicado) por cientos a partir de 1974, y de seguro fue también practicado antes de esa fecha. Es hora de poner fin a esa infame manera de someter a personas, militantes o no de una idea.

Telenovelas por encargo.

Además de transmitir avisos comerciales explícitos –con exceso respecto de la frecuencia y duración permitidas por la ley– Televisa vende tiempo de todos los modos imaginables. Se ha probado ya que transmite infomerciales, es decir, presuntas noticias para la promoción de personas en campaña política, a pesar de la expresa prohibición legal. Asimismo se incluye en un paquete sobre promoción turística de estado la entrevista a modo con el gobernador respectivo. Igualmente se comercializan menciones de productos, personas, partidos o lugares en los programas de entretenimiento. Ahora está comprobado que sus telenovelas pueden ser también una mercancía.

La Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular Genaro García Luna padece una manía obsesiva por la difusión de su trabajo, contrató con Televisa la producción y transmisión de una telenovela.

Le costó poco más de 118 millones de pesos. El equipo, como fue titulada la serie de marras, se transmitió en quince capítulos, a partir del 9 de mayo, en el horario estelar del Canal dos, el de mayor difusión entre la multitud de opciones con la que cuenta el consorcio de la familia Azcárraga.

No se había pactado horario específico para la transmisión, por lo que pudo haber sido programada a cualquiera hora de cualquier canal.

Pero además del vínculo político que procura mantener Televisa con el gobierno federal, dio a la SSP un trato preferencial, porque se trata de un cliente asiduo, que el año pasado pagó treinta y ocho millones de pesos por la difusión de sus campañas, incluida la presentación de los presuntos delincuentes capturados por la Policía Federal.

El pago resulta dispendioso y era innecesario erogar su monto, porque el Poder Ejecutivo dispone de la mayor porción del tiempo del Estado –el que en campañas electorales administra el Instituto Federal Electoral– que resulta de una disposición fiscal.

Como el resto de los medios electrónicos concesionados, Televisa está en obligación de cubrir un impuesto especial, que desde el momento mismo de su fijación ha podido ser pagado en especie, y cuya cuantía se redujo considerablemente hace nueve años, en tiempos de Fox, cuando su esposa se entendía a las mil maravillas con los mandamases del consorcio televisivo.

En respuesta a una solicitud de información presentada por el diario capitalino El Universal, a regañadientes la SSP se vio obligada a exhibir el contrato que signó el año pasado con Televisa.

Hasta ahora se había admitido que esa Secretaría puso a disposición de la televisora sus instalaciones y equipos, así como parte de su personal, para la producción de la telenovela que se ajustaba al intento del presidente Calderón y el secretario García Luna por enaltecer la imagen de la Policía Federal, a cuyos integrantes su jefe osó llamarlos héroes, en el día instituido para honrarlos.

No fue que Televisa se sumara con alto espíritu cívico a esa campaña. Es que ya tenía un contrato con Televisa para la realización de ese producto, en cuyos intermedios (o cortes como se les llama en la jerga comercial electrónica se anuncian bienes y servicios que dejan un alto ingreso a la televisora, ahora ya no sabemos si el principal).

Televisa había confiado a Pedro Torres la producción, y la selección del elenco, que incluyó a Alberto Estrella como el protagonista.

El contrato estipula el pago de noventa y cinco millones y medio de pesos, IVA incluido, por los servicios de preproducción, producción y postproducción, y diecinueve millones y medio (también considerando el impuesto al valor agregado) por la difusión de la serie, identificada en el contrato como una campaña denominada Policía Federal. Héroes anónimos.

De ese modo, los quince capítulos tuvieron un costo total de ciento dieciocho millones ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta pesos.

Puede calcularse como muy elevada la ganancia de Televisa si se estima que las locaciones, los vehículos, las armas y otros equipos, así como el personal fueron provistos sin costo alguno por el cliente, que no vaciló en dar acceso a zonas de ingreso restringido a trabajadores que nada tienen que ver con la función de esa secretaría, y teniendo en cuenta la significativa cotización que alcanzan los avisos comerciales a las diez de la noche

Según el propio periódico citado, sólo en tres semanas del año pasado –del 24 de noviembre al 14 de diciembre– la Secretaria de Seguridad Pública pagó a Televisa trece millones de pesos, por “diversos servicios publicitarios”, que pudieron transmitirse sin costo para la SSP en los tiempos del Estado de origen fiscal.

En meses anteriores se había cubierto la suma de 25 millones de pesos, de los cuales diez sirvieron para difundir mensajes sobre el cuarto informe de gobierno.

Televisa ya había encontrado el modo de ganar dinero con la sola producción de telenovelas, o de ahorrar los costos respectivos haciéndolos recaer en gobiernos estatales. Los titulares del Ejecutivo en cada lugar son invitados al comenzar la grabación de la serie y a la presentación del producto final, lo que les permite aparecer en los noticiarios de espectáculos y también en los generales.

Ese fue el caso de los gobernadores de Campeche, Fernando Ortega; Chiapas, Juan Sabines (que ordenó participar también en una producción de TV Azteca); Hidalgo, Miguel Ángel Osorio; Jalisco, Emilio González Márquez; Nuevo León, Natividad González; Veracruz, Fidel Herrera; y Yucatán, Ivonne Ortega. Ellos pagaron el costo de transportes, alojamiento, comidas, etcétera.

El turno de Michoacán.

Exactamente cuatro meses antes de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo local, mil 800 miembros de la Policía Federal llegaron a Michoacán para, según se anuncia, combatir a Los Caballeros Templarios, el grupo delincuencial que ha reemplazado a La Familia Michoacana. Según el Gobierno federal, esta organización ha quedado diezmada. Además de la muerte de Nazario González, llamado “El Chayo” (más hipocorístico que apodo) y la captura de José de Jesús Méndez, motejado “El Chango”, en los años y meses corridos desde diciembre de 2006, fueron detenidos más de 700 miembros de La Familia. No se informa cuántos de ellos fueron llevados a proceso y cuántos fueron sentenciados.

En Michoacán comenzó en aquella fecha, apenas unos días después de la toma de posesión de Felipe Calderón, la actuación del Ejército, en combinación con las fuerzas de seguridad locales. El hecho mismo de que el refuerzo de la presencia federal, con casi 2 mil hombres más, se concentre en Apatzingán y en el resto de la Tierra Caliente habla del fracaso de la guerra a balazos. Lo mismo dice la sustitución de La Familia por Los Templarios, que bien podría ser no una división que deriva en enfrentamiento sino una estrategia de esa banda para embozarse y evitar la captura de Servando Gómez, apodado “La Tuta”, sobre el cual van los efectivos llegados a Michoacán. Todos esos hechos comprueban lo bien sabido: que la delincuencia organizada es una hidra de mil cabezas a la que no basta cortar de tajo algunas de ellas porque de ese modo no se le priva de la vida.

El arribo de la Policía Federal significa en más de un sentido un regreso al comienzo, aunque cambien los uniformes de los encargados de brindar seguridad a los michoacanos. La misma expectativa generada deliberadamente por el Gobierno federal en 2006 es la que acompaña cuatro años y medio después a este refuerzo.

Pero, por ello mismo, es difícil que el augurio de días mejores por la reforzada presencia policial, suscite confianza en la población, que en ese lapso ha sufrido estremecimientos como el ataque con granadas a la multitud reunida para festejar el Grito en 2009 y la acumulación de muertes con violencia ocurridas día tras día.

Una circunstancia agrava el panorama: la permanente tensión entre el Gobierno federal y el local, que se expresó en la fallida operación ministerial conocida como “michoacanazo”, consistente en la captura de más de 30 alcaldes y funcionarios estatales y municipales, incluido el procurador de Justicia del Estado. Ninguno de ellos quedó preso, pues fueron frágiles las evidencias reunidas por la Procuraduría General de la República y los jueces no pudieron iniciar procesos en su contra (si bien ellos sufrieron las invectivas del presidente Calderón por su presunta lenidad).

Calderón marcará con su sello, indefectiblemente, la temporada preelectoral que ya está en curso. Su hermana mayor Luisa María, que se radicó en Morelia con el fin expreso de contender por la gubernatura, lo representará en el proceso electoral, quiérase que no. Es verdad que ella ha tenido una carrera política propia pero en las actuales circunstancias quien compite por la candidatura dentro del PAN y disputará el gobierno a otros candidatos, no es la ex senadora Calderón, sino la hermana del presidente de la República, que con su apoyo aspira a hacer realidad el propósito que el propio Felipe Calderón forjó en 1996 cuando aspiró, en muy otras condiciones, adversas las más de ellas, a gobernar a sus paisanos.

En razón de su parentesco, la futura candidata panista (formalizará esa su condición en unos días más) cuenta con escolta del Estado Mayor Presidencial. Ese convincente signo exterior de poder (aunado a otros mecanismos de mayor efectividad) modelará la opinión de muchos panistas y votantes, lo que introduce un factor de inequidad en la competencia.

No es seguro que el joven senador Marko Cortés se avenga sin más a esa ventaja de su oponente en la contienda interna. No llegará a una fractura, pero sí tal vez a una retracción de los panistas que se sientan maltratados desde el poder ejercido por su propio partido. En cambio, una sombra de división más concreta se cierne sobre los partidos llamados de izquierda, que no tienen resuelto si se unen y en torno de cuál candidato.

El PRD, al que pertenece el gobernador Leonel Godoy, eligió hace dos semanas al senador Silvano Aureoles como su candidato. Pero su principal oponente, Enrique Bautista presentó más de 700 recursos de inconformidad en un universo de casillas apenas un poco mayor, que están en curso ante los órganos internos del partido, pero parecen haber afectado ya la integración de la alianza que permitiría al PRD mantener el poder. Aunque alega insatisfacción con la forma en que se componen las planillas de candidatos (pues el 13 de noviembre habrá elecciones generales), el Partido del Trabajo quizá expresa con su renuencia el rechazo de Andrés Manuel López Obrador a la candidatura de Aureoles, similar al que lo condujo a auspiciar fallidas candidaturas en Nayarit y Coahuila.

Debido a la persistencia gubernamental en una estrategia que produce resultados sólo aparentes, que dan lugar a la renovación de los cuadros delictivos, y la reactivación del desafío delincuencial, el proceso electoral se desarrollará en el ambiente menos propicio. Toca a los partidos contribuir a que se alivien las tensiones presentes, mediante una participación que oriente a los ciudadanos, en vez de disgustarlos más de lo que están.

Consultar, no golpear.

Cada vez con mayor frecuencia los gobiernos municipales encaran la oposición de sectores de la población a obras que las autoridades juzgan indispensables. Hasta hace no mucho tiempo el autoritarismo imperante permitía la adopción de decisiones unilaterales que la sociedad no tenía más que acatar. Eso no es posible en épocas en que la participación ciudadana se abre paso aunque sea en ámbitos restringidos y respecto de situaciones específicas. Ciertamente es difícil satisfacer a todos los ciudadanos, pues lo que para una porción de la sociedad puede ser una obra necesaria, otra la impugna por considerarla innecesaria o perjudicial.

No se trata de un problema insoluble. El mejor modo de emprender un proyecto de obra público es sometiéndolo a consulta en que participen las personas o grupos directamente afectados y el público en general. Es preciso, además, que los gobiernos municipales expliquen los fundamentos técnicos y financieros de sus proyectos, y los contrasten con el punto de vista enterado de los especialistas respectivos. No proceder de esa manera tensa la relación entre gobernantes y gobernados y lastra la generación de condiciones adecuadas para la convivencia.

En la ciudad de México se han planteado varios conflictos de esta índole. El más notorio de todos es la Supervía poniente, un proyecto severamente cuestionado social, técnica y financieramente, que se ha complicado por la renuencia de las autoridades a cumplir las formalidades de ley y, posteriormente, a aceptar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente, la obra está suspendida en los tramos en que deben respetarse normas federales que no fueron atendidas de manera pertinente por la empresa que al obtener la ventajosa concesión ha reemplazado al gobierno capitalino, al mismo tiempo que cuenta con él. Un aspecto adyacente en este conflicto ha sido la eventual represión de manifestantes a manos de la fuerza pública.

Mucho peor es la situación que hace ya semana y media priva en Mérida a causa de la oposición de grupos ciudadanos a un paso a desnivel subterráneo en un punto de confluencia de tránsito rodado que genera estrangulamientos, característicos de las ciudades que rinden culto al automóvil. El gobierno priísta de la capital yucateca emprendió esa obra, tenida como innecesaria por sus objetores, sin someter su proyecto a la atención y consulta públicas.

El 4 de julio varios centenares de personas opuestas a la realización de tal obra estorbaron el movimiento de la maquinaria pesada que allí se emplea. Es una conocida y muy difundida práctica de resistencia civil ante la cerrazón de una autoridad.

La manifestación ciudadana fue súbitamente agredida por golpeadores que acudieron al lugar mediante una convocatoria expresa cuyo origen no se ha establecido pero que muy probablemente se halla en el gobierno municipal. Por lo pronto, uno de los dirigentes del grupo agresor, empleado del rastro meridano, fue despedido de su trabajo para facilitar, según se dijo, la averiguación sobre los hechos. Es la primera admisión de que el ataque, en el que resultaron muchas personas lesionadas, algunas de ellas de consideración, no fue espontáneo sino que obedeció a intereses identificables.

Por añadidura, la policía estatal se abstuvo de impedir la agresión contra los manifestantes.

La gobernadora Ivonne Ortega ha explicado que a su juicio era más conveniente la omisión policiaca, pues de lo contrario se hubieran desprendido daños superiores a los que se produjeron. Pero la explicación no satisface a los agredidos ni a una gran parte de la sociedad meridana.

El hecho en sí mismo, y la contumacia del ayuntamiento encabezado por la arquitecta Angélica Araujo, que persiste en construir el paso deprimido se han sumado a las tensiones que surcan a Yucatán y a su capital. Desde que el PRI recuperó el gobierno estatal que Acción Nacional ejerció durante seis años, y sobre todo a partir de que la administración municipal volvió a manos priístas después de varios trienios, se vive un clima de desazón que no se concentra sólo en los partidos involucrados, sino que se extienda al resto de la sociedad.

El ataque del cuatro de julio es visto y examinado desde miradores que lo caracterizan de modos radicalmente opuestos. Los gobiernos estatal y municipal, y los grupos sociales que los acompañan insisten en responsabilizar de los hechos al PAN y a agrupaciones cercanas a ese partido, mientras que del otro lado se aduce que el autoritarismo que la entidad y la capital han padecido por décadas es la causa del actual estado de ánimo.

Las organizaciones empresariales se han manifestado en contra de la obra y, por consecuencia y con mayor énfasis, indignadas por la represión practicada por grupos de golpeadores.

No se trató de un acto de autoridad en que se apela al uso legítimo de la fuerza pública, sino que fueron organizados y dejados sueltos grupos de golpeadores. Es grave la agresión en sí misma, pero quizá lo es más la decisión que revela haber acudido a halcones que pueden aparecer en cualquier otro momento, con grave quebranto de la democracia y la legalidad.

En el Distrito Federal el gobierno agranda o simula apoyos civiles a favor de sus decisiones.

En Mérida se llega al extremo de practicar la violencia en apariencia espontánea pero claramente originada en fuentes gubernamentales. Ese es un modo típico de actuación fascista. Es preciso salir al paso de esa fractura del orden legal.

Disfunción pública.

Hace medio siglo, cuando el Senado de la República era una casa de reposo de políticos en retiro, Vicente Lombardo Toledano se preguntaba qué hacer con esa cámara: ¿la cerramos, la vendemos, la rifamos? Una interrogación semejante cabría hacer respecto de la Secretaría de la Función pública (SFP), con el agravante de que cuando se pretendió poner fin a sus días, los legisladores rehusaron hacerlo. Y allí está, viendo pasar el tiempo. Sólo eso.

El miércoles pasado la Comisión permanente del Congreso de la Unión demandó de la PGR y de la SFP lo que ahora vemos como misión imposible en relación con las cuentas del ISSSTE, el órgano de pensiones y seguridad social del extenso personal burocrático federal.

El Poder Legislativo pidió a esas dependencias del Ejecutivo que “instrumenten de inmediato las acciones necesarias a fin de salvaguardar los recursos públicos que fueron destinados a dicho organismo descentralizado y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar y sancionar las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar”.

Se ignora si la SFP acusó recibo del pedido del Congreso, que generalmente son inocuos (llamadas a misa, se les considera, porque las atiende quien quiere) y si respondió, no sabemos en qué términos. Pero ayer, como de paso, el titular de esa secretaría, Salvador Vega Casillas, arrojó un balde de agua fría sobre las pretensiones de información de los legisladores. Dijo que no practica auditorías y análisis a pedido, y menos aun sobre la gestión de nadie en particular.

Mañana sabremos si lo mismo respondió a la Permanente.

El resultado neto es que Miguel Ángel Yunes y Jesús Villalobos, a quienes Elba Ester Gordillo tiene en la mira por presuntos malos manejos en esa institución, pueden ya respirar tranquilos si es que el resuello se les había alterado. Nadie indagará entre los pliegues de la administración y las finanzas del ISSSTE, y por lo tanto a nadie se fincarán responsabilidades.

La SFP suele generar así el punto anticlimático de situaciones que escandalizan a la opinión pública. Ese ha sido el triste destino de sus tareas.

Si bien desde el Virreinato la Corona instauró un mecanismo de visitas a los administradores locales para medir su probidad, la tendencia patrimonialista de los gobernantes mexicanos no ha podido ser jamás contenida.

En los primeros tiempos de “la revolución hecha gobierno” se creó una Contraloría General de la República, de corta vida, y luego la peregrina misión de que desde el Ejecutivo se vigile al Ejecutivo fue arrinconada en covachas de segundo orden.

No iba mejor a la función fiscalizadora confiada por la Constitución al Congreso. Intentaba ejercerla desde la modesta Contaduría Mayor de Hacienda que no era, como su nombre daba a entender, una oficina del ministerio de finanzas.

Durante décadas se llegó al colmo de que el contador formalmente dependiente del legislativo era en los hechos una persona que gozaba de la confianza presidencial.

Como expresión burocrática de su proclama sobre la renovación moral de la sociedad, Miguel de la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría general de la Federación. Llamada después secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy es la inocua SFP, que incumple sistemáticamente sus funciones.

Después de la alternancia, el presidente Fox designó titular a una importante figura dentro de su partido, Francisco Barrio, que contaba con prestancia política propia. Pero lo reemplazó quien había estado siempre a su vera, Eduardo Romero, que sin proyección propia contaba al menos con el empaque jurídico que debería servir en su tarea. A su turno, Calderón nombró a su amigo y paisano Germán Martínez quien se retiró sin dejar huella a administrar el PAN. Legó el cargo a otro michoacano, carente como él de experiencia administrativa y ayuno por lo tanto de las capacidades para fiscalizar el desempeño público de las dependencias del Ejecutivo.

Vega Casillas está contagiado de la negligencia de su jefe y paisano Felipe Calderón. Así como él demora en publicar decretos sobre reformas cuya aprobación urgió al legislativo, o deja sin titular la subsecretaría comunicaciones de la SCT durante más de un año, así también Vega Casillas es tardo en la designación de sus colaboradores en puestos clave.

El 30 de mayo pasado, por ejemplo el diputado verde Pablo Escudero denunció una situación que no generó escándalo ni preocupación pese a su trascendencia.

En 30 dependencias gubernamentales, incluidas cuatro secretarías de estado, no hay contralor interno o, para decirlo con la formalidad del caso, titular del órgano interno de fiscalización. Se trata de las delegaciones de la SFP en las oficinas dependientes del Ejecutivo.

Falta ese funcionario, y por lo tanto es de suponerse disminuidas de calidad y autoridad las acciones de vigilancia en las secretarías de Hacienda, de Salud, de Gobernación y de Economía.

Y no los hay tampoco en organismos de tal relevancia como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración y Enajenación (el colosal depósito de los bienes que llegan al Ejecutivo por aseguramientos o decomisos) la Financiera Rural, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Si de suyo la fiscalización practicada desde dentro padece ineficacia porque el controlado y el contralor tienen el mismo jefe, la gravedad de ese defecto se abulta por abulias como la de Vega Casillas.

Así, nadie sacará en claro lo que pasa en el ISSSTE.

Expresión política nacional.

Enrique Peña Nieto es la Expresión Política Nacional. Las iniciales del nombre propio y las del movimiento que impulsará sus pretensiones son las mismas. Se ha entablado así, ya de plano, la contienda dentro del PRI. Mientras Manlio Fabio Beltrones propone aprobar primero el programa del partido y luego escoger el nombre, el peñismo obró en sentido contrario: primero el nombre y después el programa. El gobernador mexiquense está abiertamente en pos de la candidatura presidencial.

Lo ha estado, en realidad desde septiembre de 2005 cuando el sobrino de su tío lo reemplazó en la casa de gobierno de Toluca. No se ha recatado para convertir cada aparición suya, que menudean, como gobernador del estado, en un acto de promoción personal. Pero, entre socarrón y prudente, no ha admitido de modo expreso su aspiración. Sin duda trataba de evitar que se le endilgara la acusación de realizar actos anticipados de campaña. Tras su triunfo del tres de julio la arrogancia lo ha ganado. Ahora parece no importarle ese riesgo. En todo momento había remitido su definición, una definición obvia, al primer día en que deje de ser el gobernador. Entonces anunciará su decisión, había dicho. En realidad lo hizo el jueves pasado

Ese día reunió a sus partidarios más cercanos. No acudieron todos los que son (faltó, por ejemplo, Humberto Moreira) pero sí son todos los que estaban. Al desayuno en que se dio noticia sobre el movimiento que encabeza ya desde ahora el gobernador nada le faltó para ser una explícita fiesta de lanzamiento.

Si bien entre los concurrentes había jóvenes, políticos nuevos, imperaba la presencia del viejo PRI. Participación notoria tenían los emisarios del pasado, madracistas descobijados desde la derrota de 2006. Uno de ellos es el senador Carlos Jiménez Macías, al que también cabe identificar con la delegación oaxaqueña, cuya orfandad es más reciente, Allí estaban los íntimos de Ulises Ruiz, que con esa aportación busca revalidarse: el senador Adolfo Toledo, los diputados Heliodoro Díaz Escárraga y Héctor Pablo Ramírez Puga.

Quien formuló la lista de invitados pareció obrar guiado por una mentalidad escenográfica, El elenco era una suerte de mosaico representativo de la clase de PRI a que aspira a convocar Peña Nieto, políticos cortados por la misma tijera: Chon Orihuela, Manuel Añorve, que tras su victoria como alcalde de Acapulco no alza cabeza, ni frente a Gloria Guevara, la secretaria federal panista de Turismo. Había también quienes asistieron para favorecer su propia causa, sean peñistas o no. Un ejemplo vivo de esa actitud lo es el senador guanajuatense Juan Francisco Arroyo Vieyra, aspirante a la candidatura tricolor para el gobierno de Guanajuato.

Aunque estaba presente Luis Videgaray, el muy joven y fallido precandidato al gobierno, que formalmente encabezó una campaña como la que hubiera buscado para sí propio. Aunque estaban presentes los diestros operadores hidalguenses, en cuya acción descansa la eficacia del gobernador. Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio, hizo las veces de discreto anfitrión, o por lo menos de organizador, de “gente de casa” un diputado local que es la quintaesencia del priísmo mexiquense, ese del que los políticos locales no pueden ni quieren apartarse. Se trata de Jesús Alcántara, el segundo de ese nombre en la historia reciente del partido invencible en el Estado de México. Su nombre completo es Jesús Sergio Alcántara Núñez. Su biografía escueta lo presentaría como un hábil ganador de posiciones de elección popular. Fue alcalde de Acambay, diputado local dos veces por el distrito respectivo y módico diputado federal en la LX legislatura, la anterior a la presente.

Pero es parte de una familia poderosa e influyente. Su abuelo y tocayo, que calcó en menor escala el trayecto de Carlos Hank González, de quien era muy cercano, y probablemente socio, fue Jesús Alcántara Miranda. Como lo sería su nieto, ya rico fue presidente municipal de Acambay, en 1958, el mismo año en que el profesor lo era de Toluca. Construyó su bonanza en el transporte público, en las inmediaciones de su localidad y luego en el centro del país. Presidió el consejo de administración de Autotransportes Flecha Roja al mismo tiempo en que era diputado federal (dos veces: en 1979 y en 1985). Coronó su carrera política en el Senado, en el sexenio salinista.

Ya para entonces su hijo mayor, Roberto Alcántara Rojas iba haciéndose cargo de los negocios, con sus hermanos José Luis y Arturo. En esa época el patrimonio familiar visible se integraba ya con nuevas líneas de autobuses, beneficiarias del programa de modernización emprendido por Salinas, que trocó los vehículos vetustos de la abajeña Flecha Amarilla en las unidades comodísimas de Primera Plus, ETN y otras por el estilo. También ingresó a la transportación turística y hasta a la aérea, con Viva Aerobús.

El único traspié de un hombre próspero como Roberto Alcántara fue prontamente remediado con dinero público. Adquirió en 1992, en el bazar bancario abierto por Salinas, el Banco de Crédico y Servicios, Brancreser. Era utilizado, como otros varios, para financiar los negocios propios, a través de créditos quirografarios y préstamos cruzados. Cuando reventó esa situación generalizada en el nuevo sistema bancario recién privatizada, allí estaba el presidente Zedillo para sufragar los costos del fracaso. El Bancrecer en ruinas fue vendido por el Instituto de protección al ahorro bancario, que reemplazo al Fobaproa.

Por eso, primero el hombre.

El ISSSTE como botín.

A los protagonistas del escándalo en torno al ISSSTE le pasa lo que al soldado andaluz Fermín Trigueros, que según una coplilla popular española tenía tal fama de embustero que cuando fue decretada su muerte, y ya colocado en la fosa, saludó a los sepultureros que de todas maneras lo enterraron imaginando que también mentía al afirmar que estaba vivo. Y es que el descrédito de los mendaces consuetudinarios es tal, concluía el verso callejero, que afirmarán “que hay Dios y les dirán que mienten”.

 

Pero sólo a manera de hipótesis, demos por cierto que Elba Esther Gordillo pidió a Miguel Ángel Yunes, en enero o febrero de 2007 -él ha mencionado las dos fechas- en un hotel de San Diego, al que acudió devoto, una cuota de veinte millones de pesos cada mes. De la boca de Yunes sabemos que se negó a hacerlo. No sabemos, sin embargo, y es importante dilucidarlo, sea en la vía de los hechos o de la lógica política, qué pasó después.

Es de suponer que un colaborador del Presidente, designado apenas unas semanas atrás, estaba obligado a informar de la desmesurada pretensión de Gordillo, que había entablado relación con Calderón por lo menos desde septiembre de 2005 por mediación de Yunes, y que éste lo hizo. Debemos, en consecuencia, conjeturar que el Presidente quedó al tanto de la solicitud de la profesora. Una segunda alternativa es que, movido por la discreción, que ha de ser una de sus virtudes, Yunes guardó el atrevimiento de Gordillo en lo íntimo de su conciencia y únicamente lo dio a conocer el martes pasado, en una conferencia de prensa convocada a modo de respuesta de la que Gordillo había mantenido el miércoles anterior.

Si Calderón estuvo enterado, hemos de preguntarnos cuál fue su reacción. Tal vez felicitó a Yunes por la escrupulosa defensa que con su sola negativa hizo del patrimonio del ISSSTE. Quizá le pidió que, no en la medida planteada pero sí en otras dimensiones, accediera a lo pedido por la amiga de ambos, a fin de conservar vigente su voluntad de colaborar con el naciente Gobierno. O, plenamente solidario con su colaborador, acaso buscó a Gordillo y le aclaró que el pacto político que establecieron antes de la elección de julio de 2006 no incluía la disposición de recursos públicos en provecho de un partido que, por más simpático que resultara a Calderón, por el papel que había desempeñado en la trama para hacerlo sentarse en la silla presidencial, no era ni siquiera su propio partido.

Cualquier cosa que sucediera, lo ocurrido no alteró en nada el vínculo entre Gordillo y el Presidente. Tal como lo requería la situación, el Ejecutivo contó con la profesora y con Joel Ayala, dirigente de la federación burocrática tradicional, puesta en apuros por maniobras de Gordillo, para lograr la reforma al régimen de pensiones del personal público. En marzo del primer año completo de Gobierno, uno o dos meses después del encuentro de Gordillo y Yunes en San Diego, la dirigente magisterial aparecía como plena aliada de Calderón. Quizá era demasiado pronto en el ejercicio de su relación para dejarse manejar por el despecho, si ocurrió la negativa del director del ISSSTE, cuya posición política mejoró notablemente porque se le contó entre los hacedores de una reforma crucial para las finanzas públicas, según la versión del secretario de Hacienda Agustín Carstens.

La consecuencia política de aquella negativa, si la hubo, tampoco estorbó el trazo hacia el arreglo educativo que, según Calderón, explica la influencia de Gordillo en los nombramientos ejecutivos en áreas delicadas de su Gobierno. Si bien demoró hasta mayo de 2008, se firmó la Alianza para la Calidad de la Educación. No era el primer pacto que suscribían la Secretaría de Educación Pública y el SNTE. En 1992, el acuerdo para la modernización de la educación, fue convenido por el Gobierno federal con los gobiernos estatales y la participación del SNTE. Crecida la influencia de la lideresa, con Fox se suscribió también un pacto bilateral. Pero el de 2008, que está vigente, cuenta con una peculiaridad. El poder gordillista está de uno y otro lado de la mesa. Frente a la dirección magisterial se sienta, al lado del titular de la SEP, el subsecretario de educación básica, Fernando González Sánchez, yerno de la profesora.

En su descargo, Calderón alegó que no hizo más que refrendar acuerdos tomados entre Fox y Gordillo. Podía haber invocado también a Zedillo, que nombró en honor de su buen entendimiento con Elba Esther al profesor Bejamín González Roaro como subsecretario para la atención de los asuntos educativos en el DF. Y si bien Fox designó director del ISSSTE al propio González Roaro, el ingreso directo de Gordillo a la SEP carecía de antecedentes, Fue una franca cesión del Presidente a su aliada.

En ese avance de Gordillo es preciso reconocer la mirada estratégica que ha guiado los pasos de la lideresa magisterial. Ha tenido la habilidad de combinar sus logros tácticos con una visión de largo alcance. No fue casual, aunque todavía ignoramos cuál era su meta en ese terreno, que desde tiempo de Fox demandara contar con un delegado suyo en el ámbito de la seguridad pública. Lo fue primero Yunes, a quien sustituyó Campa. Calderón se ufanó ante León Krauze de no haber nombrado a un gordillista en reemplazo de Campa, cuando a éste lo despidió Genaro García Luna. Dejó de lado el hecho de que en la Lotería Nacional el compromiso con la profesora ha permanecido a través de tres directores, todos ellos leales a la profesora. Por su parte, Campa quedó atrapado entre dos factores que influyen poderosamente en el ánimo presidencial, el vínculo con su aliada (que aparentaba seguir siéndolo por lo menos hasta hace una semana y media) y el Secretario de Seguridad Pública, que cada vez más claramente se perfila como el Vladimiro Montesinos (el funesto consejero de Alberto Fujimori) de Calderón. Campa salió de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no lo reemplazo otro gordillista en bien de la relación del Presidente con su colaborador.

Tampoco influyó Gordillo en la designación de Jesús Villalobos López como director del ISSSTE cuando en febrero del año pasado, Yunes renunció al cargo. Aunque la sagacidad de Gordillo le habrá permitido percatarse de que Yunes procuraba sentar su propio poder en ese instituto, esperó a que llegara el momento de que un nuevo director general fuera nombrado por el Presidente y Villalobos, mero sustituto provisional por disposición interna en la institución, se marchara a su casa. Pero ese momento no llegó. Ignoramos, porque la franqueza con que habló la presidenta delante de la prensa el 29 de junio no abarcó todos los campos de su relación con Calderón ni entró en pormenores, si ha estado en negociaciones (de esas que según ella y Calderón no deben asombrar a nadie) con el Presidente para recuperar el dominio sobre el organismo de la seguridad social de los empleados público y si, habiéndolas, no han tenido un resultado favorable a ella.

Sea de ello como fuere, el hecho es que ella pretender recuperar su control sobre el ISSSTE o adquirirlo si es que no contaba con él gracias a la reciedumbre moral de Yunes. Como no es una luchadora atropellada, sino que le concede tiempo al tiempo, Gordillo ha ido emplazando sus piezas para actuar en firme. La Federación de sindicatos burocráticos por ella creada a partir de 2004 -construcción política que da nueva cuenta de sus estrategias de largo plazo- ha ido consolidando sus posiciones en la representación del personal público. Le hacía falta estar a la par que la FSTSE en los órganos de Gobierno del ISSSTE y sus filiales (principalmente Pensionisste). Lo consiguió jurídicamente pero Villalobos, que seguramente actúa de consuno con Yunes y con Calderón, estorba la consumación política del ascenso gordillista hacia el control del ISSSTE.

Por eso han crecido las presiones públicas de la Federación burocrática de Gordillo y del propio SNTE, dizque para aclarar las cuentas en la gestión de Yunes y su dependiente. No es que la transparencia sea preocupación vital para los líderes sindicales que dicen buscar rendición de cuentas. Lo que buscan es el despido del actual director y la toma de control del Instituto por Gordillo. En suma, lo que hoy ha separado a Gordillo y a Calderón, con la presencia de Yunes como un patiño en los libretos cómicos, es el ISSSTE como botín.

Inexactitudes presidenciales.

Como se dijo en este mismo lugar anteayer, era preciso que el presidente Calderón expresara su parecer en torno de las revelaciones de Elba Esther Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Hubiera sido mejor que, al dar a conocer su versión de los hechos, se hubiera producido con verdad. Y no lo hizo. Apesadumbra a quien respeta la institución republicana, aseverar llanamente que el presidente Calderón mintió. Digamos, en consecuencia, que dijo poca verdad. O la envolvió en circunloquios para no aceptar que cedió una parte de la Administración federal a una ciudadana particular (Gordillo lo es aunque tenga una intensa vida pública, y sean públicos asimismo los efectos de sus acciones) como consecuencia de haber entablado con ella un pacto político antes y no después de julio de 2006, una alianza para la calidad educativa. Un documento con ese nombre en efecto existe, pero no puede ser utilizado como disfraz del arreglo por el cual Gordillo contribuyó, de manera legal e ilegal, al resultado formal de la elección presidencial de 2006.

Gordillo no se refirió a la Alianza para la calidad de la educación, un ambiguo instrumento, entre laboral y académico, cuya instrumentación ha sido estorbada por los representantes magisteriales o manejada por ellos cuando se les ha permitido controlar algunos de sus aspectos. La firma de ese documento, que confunde la relación de trabajo entre el SNTE y la SEP (relación necesariamente bilateral) con indelegables decisiones de autoridad fue acompañada, y no se refirieron a ella Gordillo ni Calderón, con el nombramiento del yerno de la dirigente magisterial, y Fernando González Sánchez como subsecretario de educación básica y normal.

La mejor excusa aducida por el presidente Calderón en su entrevista con León Krauze (una presencia y una voz fresca que escapa al gastado estilo informativo de Televisa y sus filiales) es que no hizo más que respetar hechos consumados. Sin mencionar a Fox, sino sólo aludiéndolo, recordó que su antecesor (y también contribuyente a su victoria), recordó que Gordillo ya disfrutaba en ese tiempo de las prebendas que él no hizo más que reconocer y respetar. Es cierto que Benjamín González Roaro, ahora director de la Lotería Nacional conforme al pacto refrendado, antecedió a Yunes en la dirección del ISSTE. Pero no es verdad que hubiera un pariente tan cercano a Gordillo como su propio yerno en el encargo de dirigir la educación básica y normal.

El pacto que Calderón pretende le sirva de coartada, entre Gordillo y Fox no surgió de servicios prestados de modo expreso ni por el SNTE ni por el Panal, al primer Presidente panista, por la sencilla razón de que éste no existía aún y de que el primero formaba parte de la estructura priísta sin lugar a dudas. Fox ganó por circunstancias diferentes a las que prevalecían en 2006. El IFE del 2000, que había ganado respeto y credibilidad entre los ciudadanos era muy otro seis años más tarde. En 2003 había sido configurado, con miras de largo alcance, en acuerdo entre Gordillo y la bancada panista en san Lázaro. Por eso no fue casual que Luis Carlos Ugalde, presidente del órgano electoral, se apresurara a declarar ganador de la contienda a Felipe Calderón sin contar con atribuciones para hacerlo y al emitir un veredicto mucho antes de que la autoridad competente lo hiciera. Ese anuncio prematuro resultó de tal modo parte del paquete de servicios ofrecido por Gordillo a Calderón.

Es verdad, como adujo el Presidente entre las pruebas de su inocencia, que el Panal tenía su propio candidato presidencial. En efecto registró como tal a Roberto Campa. Pero fue público y notorio que el Panal instó a sus votantes a no sufragar en su favor, sino sólo por sus candidatos a legisladores. No hubo instrucción expresa, conocida, recuperable, para que votaran por Calderón y no por Campa. Pero el resultado de la operación evidenció su causa.

Que el pacto político se estableció antes de la elección y no después como pretende Calderón para no encarar la responsabilidad de haber contraído compromisos como contraprestación de su parte, se prueba también por la ostensible y conocida campaña de Gordillo en su favor y en contra de Roberto Madrazo, realizada entre gobernadores priístas, varios de los cuales se sumaron a la estrategia gordillista. Hay evidencia cierta de que al menos uno, Eugenio Hernández de Tamaulipas, obró con tal eficacia en el sentido acordado por Gordillo y Calderón, que mereció el agradecimiento expreso de Pedro Cerisola, antiguo compañero de gabinete del hoy presidente de la República.

Con sus propias palabras, es claro que la alianza por la calidad educativa suscrita por Calderón no se restringía al ámbito de la enseñanza. El Presidente dijo a León Krauze que la dicha ACE “implicó entre otras cosas, que se respetaran posiciones o perfiles que le habían sido reconocidos o negociados, no sé, desde la Administración anterior”. Calderón, sin embargo, no refutó la historia narrada por Gordillo para la génesis del acuerdo político, concertado antes de la jornada electoral.

De acuerdo con Gordillo, a ella no le quedó más remedio que pactar con Calderón. No podía ofrecerle la panoplia de sus recursos electorales a Roberto Madrazo, porque estaba interesada en que perdiera, no en hacerlo ganar. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, no aceptó ni siquiera conocer la oferta. La rechazó de plano en función de quien la presentaba. Sólo quedaba el candidato del PAN y con él, no con el Presidente electo, negoció Gordillo.

Las cosas como estaban.

Después de las elecciones del domingo, algunas cosas tienden a volver al estado en que se hallaban. Los ganadores, por supuesto, se disponen a asumir sus responsabilidades nuevas. Los suplentes de Eruviel Ávila, Rubén Moreira y Roberto Sandoval están ya en funciones, desde que ellos dejaron las alcaldías y la curul que ocupaban para buscar la candidatura primero y el Poder Ejecutivo después.

Junto con Ávila Villegas triunfó también Luis Videgaray, que a fines de marzo pidió licencia en San Lázaro para encabezar el comité estatal del PRI y coordinar la campaña del ex presidente municipal del antiguo San Cristóbal. En realidad estaba allí para que Ávila tuviera presente en todo momento que debe su postulación y debería su victoria a Enrique Peña Nieto, de quien Videgaray es colaborador favorito, hechura suya. Carente de toda experiencia en política electoral y no necesariamente apto para el trato con multitudes, Videgaray no fue encargado de esas tareas en función de sus aptitudes sino para evitar que Ávila comenzara más tempranamente de lo debido a construir su propio entorno de poder.

Concluida esa función, Videgaray volverá a la Cámara. Su posición como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, una de las tres más poderosas en San Lázaro, quedó en préstamo en manos de Alfonso Navarrete Prida, sólo para asegurar que el puesto no sería usurpado por alguien ajeno al grupo de Peña Nieto. Por eso Videgaray encontrará libre el camino de regreso al Palacio Legislativo. Allí le espera el trabajo en torno del presupuesto federal para 2012, el último preparado por el secretario Ernesto Cordero. Es del mayor interés del gobernador mexiquense que Videgaray cuide que el plan de gasto del Gobierno federal para el año de elecciones corresponda a sus intereses y a ningunos otros. Videgaray ya rindió buenas cuentas en años precedentes y puede presumirse que se esmerará en presentar otras mejores todavía.

Quien asimismo debería tener allanada la senda del regreso a su curul y a la coordinación de la bancada perredista es Alejandro Encinas. Pero como retornará ensombrecido por la derrota, no falta ya quien busque aprovechar esa circunstancia adversa para mantenerlo al margen de las tareas legislativas, o como un legislador más. El oportunismo pretenderá hacerle pagar el resultado en las elecciones mexiquenses, a despecho de las loas que se le cantaron por haber conseguido “la unidad de la izquierda”. Con impudor, el jefe del Gobierno del DF le imputa la responsabilidad de la derrota luego de que se montó entusiasmado en esa candidatura. Es cierto que Ebrard contó entre los partidarios de la alianza, pero cuando se vio atrapado en la corriente contraria, hizo como si Encinas fuera capaz de derrotar a la imponente maquinaria priísta. Y ahora osa decir que Encinas se opuso a la coalición con el PAN, y “allí están los resultados”. Todos los impulsores de la candidatura de Encinas deberían asumir su responsabilidad en el desenlace, incluido Andrés Manuel López Obrador. Pero el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional cuenta en su favor el que no incurrió en doblez: nunca fue aliancista.

Al echar sobre Encinas el peso del resultado, Ebrard dista de hacer un mero comentario de banqueta. Se trata de una expresión que cuadra a la defensa de sus propios intereses. Uno de los suyos, Armando Ríos Piter, fue pescador afortunado en el río revuelto que significó la licencia de Encinas, así como la de Guadalupe Acosta Naranjo, que era el vicecoordinador. Ríos Piter, que tuvo la desmesura de pretender presidir el PRD y consiguió instalar en el gobierno de ese partido a una corriente propia de Ebrard, quedó al frente de los diputados perredistas, y ahora es renuente a que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Entre broma y veras, pero revelando su propia gana repitió un gracejo infantil para justificar la marginación de Encinas: “el que se fue a la villa perdió su silla”. En vez de simplemente retirarse, reconociendo que la eventualidad de un periodo de sesiones extraordinarias (en que el PRI lleve adelante su proyecto de reforma laboral) demanda en la conducción de su bancada una experiencia de que carece y que en cambio nutre al ex candidato mexiquense, busca medrar con la derrota ajena.

Si hubiera congruencia en el PRD en general, y en su fracción en San Lázaro, allanaría el camino de regreso a Encinas el que también querrá emprenderlo Acosta Naranjo. Una vez mostrada su inocuidad política en Nayarit, no le queda más recurso que volver a la Cámara, lo que hará sin que nadie erija obstáculos en su camino.

Queda en la incertidumbre el destino político inmediato de su otrora compañera de bancada y hasta el domingo pasado antagonista del chucho nayarita. Marta Elena García, que como candidata del PAN forjó una elevada votación que hubiera sido mayor, capaz de derrotar al PRI, era hasta antes de pedir licencia para esta aventura electoral, diputada en el grupo perredista. Hay por lo menos tres opciones para ella: no volver a San Lázaro, retornar a la fracción a que pertenecía, donde no le pondrán buena cara; y sumarse a la del PAN, que le daría la bienvenida.

Guillermo Anaya volverá sin problema al Senado. Pero dista de ser tan cierto el futuro de Luis Felipe Bravo Mena. Renunció a la secretaría privada del Presidente para realizar su segunda, empeorada campaña electoral mexiquense. No desplazará a Roberto Gil, que lo reemplaza. Podría volver al servicio exterior, pero allí andan con penurias.

Iguales Gordillo y Yunes.

El cruce de acusaciones entre Elba Ester Gordillo y su antiguo subordinado Miguel Ángel Yunes Linares no debe quedar en la reyerta, en el ajuste verbal de cuentas entre mafiosos. En su sesión de hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debería aprobar una petición explícita al órgano fiscalizador de la Federación para que realice una auditoría al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a la Lotería Nacional. Con una solicitud con carácter urgente supliría la indiferencia, el pasmo y la negligencia de la Secretaría de la Función Pública, que debería haberse interesado en indagar lo que ocurre en esas oficinas cuyo gobierno fue cedido por el presidente Calderón a la dirigente magisterial a cambio de su apoyo en las elecciones de 2006, que fue determinante para llevarlo a Los Pinos.

La semana pasada, al revelar el pacto político que la unió y la vincula todavía con Calderón, Gordillo se expresó desdeñosamente de Yunes Linares, su antiguo peón de estribo. Antes de cumplirse una semana, el ex director ofreció como su ex jefa una conferencia de prensa. La indiscreción más contundente que produjo fue que la propietaria del partido Nueva Alianza lo citó en la ciudad de San Diego, California, para instruirlo a fin de que extrajera de los recursos del Issste la suma de veinte millones de pesos ¡cada mes para el sostenimiento de su partido, que el año pasado se alió con el PAN para postular a Yunes Linares para la gubernatura de Veracruz

Yunes dijo haberse rehusado a acatar tal petición, expresada en febrero de 2007, apenas dos meses después de su toma de posesión al frente del ISSSTE. Si la petición se produjo, como es verosímil dado el tipo de trato celebrado entre Gordillo y Calderón, la negativa de Yunes Linares a satisfacerla no debe haber causado gran irritación en la profesora (que acaso recibió mejor respuesta en otro de los feudos que le fueron entregados por el Presidente), pues no rompió entonces con quien era director de aquella importante dependencia no por sus méritos propios (además de sus defectos muy conocidos, carecía de experiencia administrativa) sino en pago a los servicios de Gordillo.

No sabemos si Yunes miente en relación con la desmesurada demanda de Gordillo. Miente en cambio, sin lugar a dudas, cuando reniega de su subordinación a la lideresa. Revela su mendacidad su propio dicho de que acudió a verla a hotel en San Diego donde ella convalecía.

Si su nombramiento no habría sido gestionado por Gordillo, Yunes Linares no tenía que haber hecho la peregrinación emprendida por muchos en aquella época. Y es que le debía acatamiento. Gordillo fue su jefa cuando ambos fueron diputados, en la 59ª. Legislatura.

Ella coordinó por unos meses la fracción priísta y Yunes era uno de sus validos. Lo puso a presidir la Comisión de Puntos Constitucionales y a defender las posiciones de Gordillo, cuyo enfrentamiento con Roberto Madrazo se delineaba entonces (y al cual Yunes servía también como director jurídico del PRI).

Cuando el plan de Gordillo para aliarse al PAN (decisión que dio lugar a la efímera fracción elbiazul) fracasó, se constituyó un movimiento efímero llamado Fuerza Reformadora, compuesta por 61 priístas, uno de los cuales era Yunes.

Tras la expulsión de Gordillo, Yunes renunció al PRI y la profesora, que también tenía un pacto político con Fox, le consiguió acomodos en el sistema de seguridad pública. Juntos entablaron relación con Felipe Calderón, y de allí surgió su nombramiento al frente del ISSSTE y su candidatura al gobierno de Veracruz. La sostuvieron el PAN y el Panal.

La inverecundia de Gordillo y Yunes, cortados por la misma tijera en el PRI en que medraron, los lleva a considerar que, como son personas honorables, basta que nieguen las imputaciones que se lanzan para que queden respondidas. Lo hizo Yunes por la mañana de ayer, y Gordillo al atardecer, en que se limitó a calificar de “temerarias, frívolas y calumniosas” las afirmaciones de su ex protegido.

Éste pasó por alto el severo cuestionario que le asestó ayer mismo la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FDSSP). En un nuevo episodio de los embates –que aquí hemos reseñado– contra el director del ISSSTE, Jesús Villalobos, herencia de Yunes en ese instituto, esta vez las huestes gordillistas apuntaron hacia Yunes abiertamente.

Lo sometieron a un interrogatorio público que el ex valido de Elba Ester soslayó por completo. Tiene que ver con su propio manejo de recursos en el Instituto que dirigió, y en el desvío de recursos del mismo a Veracruz, en preparación de su candidatura. La FDSSP se refiere también al contrato del ISSSTE con Bestel, una filial de Televisa suscrito por Yunes poco antes de marcharse a Veracruz, que está impugnado por sus irregularidades. El cuestionario abunda en insinuaciones de corrupción, que deberán ser investigadas, más allá de los oscuros motivos que han producido esta reyerta.

Claramente involucrado por los dos contendientes de esta riña, el presidente Calderón no puede permanecer silencioso, como si el asunto no le concirniera. Gordillo, con quien se cruza cumplidos en asuntos magisteriales cada vez que pueden, ha revelado un pacto de largos alcances políticos, jurídicos y aun judiciales.

Calderón no puede validar con su silencio los dichos de su todavía aliada y su antiguo colaborador. Lo colocaron en situación incómoda, y quedará en entredicho si no explica pronto su propia posición.