De nuevo el Presidente ha expresado su hartazgo ante decisiones que estorban a su administración. En diálogo con ciudadanos, en un tono más que coloquial, hizo una generalización insostenible, en cualquiera de los dos extremos por los que se la examine “No es porque la traiga contra los jueces, pero ya también empieza uno a cansarse, porque uno los agarra, los agarra y los agarra y los sacan, los sacan y los sacan”.
Rotundamente no corresponde a la verdad el que con frecuencia la Policía Federal, la ministerial o las fuerzas militares (Ejercito y Marina) “agarran” a criminales, es decir los capturan. Lo contrario es más frecuente. Un ejemplo a la mano, presente asimismo en la conversación electrónica que el Ejecutivo sostuvo con algunos de sus gobernados, es el de Néstor Moreno Díaz, prófugo de la justicia que disfrutó de la lenidad que conduce a la impunidad durante más de un año. Afirmar en su caso que la PGR lo “agarró” una y otra vez, o que lo intentó siquiera, es falso.
Moreno Díaz fue durante al menos una década beneficiario de la negligencia de las autoridades encargadas de investigar conductas indebidas en la administración pública. En 1998 fue inhabilitado por un periodo de diez años por una falta administrativa sin trascendencia Y sin embargo, continuó prestando servicios en la Comisión Federal de Electricidad, siempre en ascenso. En aquel año era coordinador de transmisión y transformación y un decenio después, precisamente el periodo en que no debía trabajar para la CFE (ni para ninguna otra oficina del sector público federal) había llegado al lugar número dos de la jerarquía directiva del organismo público Debió ser muy competente en su desempeño profesional o formar parte de una red de apoyos e impulsos mutuos; sólo así se explican su permanencia y su trayectoria.
En agosto del año pasado una información del diario texano The Houston Chronicle permitió saber que en San Diego, California, se ventilaba un proceso contra la empresa Azunza, por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esa compañía, mediante intermediarios que también estaban siendo enjuiciados, obtuvo contratos en la CFE por cuantías enormes. La dimensión de las ganancias obtenidas en el trato con el organismo mexicano era tal que permitió el pago de comisiones por cerca de tres millones de dólares a un solo funcionario.
Se trataba de Moreno Díaz. La información precisaba que Azunza entregó al número dos de la CFE un yate valuado en un millón ochocientos mil dólares, un automóvil Ferrari, cuyo precio ronda los trescientos mil dólares, y depósitos en cuentas personales del funcionario y de su familia por más de setecientos mil dólares. No era un chisme, no una conjetura, no el resultado de una investigación periodística que debía ser confirmado por la justicia. Era simplemente el reporte de diligencias que avanzaban en los tribunales norteamericanos.
Si la Secretaría de la Función Pública o la Procuraduría General de la República reaccionaron al respecto, lo hicieron con lentitud. Se permitió además a Moreno Díaz manejar su situación conforme a sus intereses. Se le autorizó una licencia para atender el asunto y el 15 de septiembre se le pidió o se aceptó su renuncia. No fue despedido, pero parecía inminente una acción ministerial en su contra. Sólo la hubo ¡un año después Y el resultado de ella es que, por lo menos al mediodía del martes seis de septiembre, Moreno Díaz se halla prófugo de la justicia. Probablemente ha escapado al extranjero de donde será en extremo difícil hacerlo volver. Si se confirman los cargos en su contra, tendrá dinero suficiente para pagar asistencia jurídica que lo mantenga a salvo.
Hay que decir, en honor de la verdad, que la antigua contraloría federal, llamada hoy secretaría de la Función Pública investigó los bienes del ex director de operaciones. Halló una diferencia descomunal entre sus ingresos legales y declarados y su fortuna: treinta y tres millones de dólares. Esa opulencia permite suponer que el soborno de Azunza fue sólo un episodio menor en la vida de Moreno Díaz, y que conductas semejantes ha de haberlas repetido una y otra vez. A pesar de eso, sólo fue detenido el sábado. Pero Moreno Díaz estaba informado de la perezosa averiguación en su contra, y oportunamente, hace un mes, el tres de agosto obtuvo la suspensión provisional de cualquier mandamiento judicial para detenerlo. Por eso la jueza Taissia Parcero ordenó su libertad unas horas después de su captura. Y aunque más tarde el juez Jesús Fraustro Macarino informó que había negado la suspensión definitiva y por lo tanto ya era lícito detener al inculpado, éste se había puesto fuera del alcance de la justicia. Se le detuvo el tres de septiembre en el aeropuerto de Toluca. Es probable que desde allí o de otra terminal aérea haya huido del país.
Así que mucho entusiasmo, mucha dedicación para “agarrarlo”, no hubo. No se le capturó una y otra vez. Y, por lo contrario, sólo una vez “lo sacaron”. Es preciso investigar la indolencia del juez que demoró en notificar que había quedado sin efectos la suspensión que protegía a Moreno Díaz Pero también es necesario descubrir la trama de intereses que le permitió prosperar en la CFE. El momento es propicio. En marzo el director de ese organismo bajo tres presidentes, Alfredo Elías Ayub fue relevado por Antonio Vivanco, que coordinaba a los asesores presidenciales, y debe limpiar la casa Así no se podrá culpar a los jueces por las omisiones propias.
Rotundamente no corresponde a la verdad el que con frecuencia la Policía Federal, la ministerial o las fuerzas militares (Ejercito y Marina) “agarran” a criminales, es decir los capturan. Lo contrario es más frecuente. Un ejemplo a la mano, presente asimismo en la conversación electrónica que el Ejecutivo sostuvo con algunos de sus gobernados, es el de Néstor Moreno Díaz, prófugo de la justicia que disfrutó de la lenidad que conduce a la impunidad durante más de un año. Afirmar en su caso que la PGR lo “agarró” una y otra vez, o que lo intentó siquiera, es falso.
Moreno Díaz fue durante al menos una década beneficiario de la negligencia de las autoridades encargadas de investigar conductas indebidas en la administración pública. En 1998 fue inhabilitado por un periodo de diez años por una falta administrativa sin trascendencia Y sin embargo, continuó prestando servicios en la Comisión Federal de Electricidad, siempre en ascenso. En aquel año era coordinador de transmisión y transformación y un decenio después, precisamente el periodo en que no debía trabajar para la CFE (ni para ninguna otra oficina del sector público federal) había llegado al lugar número dos de la jerarquía directiva del organismo público Debió ser muy competente en su desempeño profesional o formar parte de una red de apoyos e impulsos mutuos; sólo así se explican su permanencia y su trayectoria.
En agosto del año pasado una información del diario texano The Houston Chronicle permitió saber que en San Diego, California, se ventilaba un proceso contra la empresa Azunza, por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esa compañía, mediante intermediarios que también estaban siendo enjuiciados, obtuvo contratos en la CFE por cuantías enormes. La dimensión de las ganancias obtenidas en el trato con el organismo mexicano era tal que permitió el pago de comisiones por cerca de tres millones de dólares a un solo funcionario.
Se trataba de Moreno Díaz. La información precisaba que Azunza entregó al número dos de la CFE un yate valuado en un millón ochocientos mil dólares, un automóvil Ferrari, cuyo precio ronda los trescientos mil dólares, y depósitos en cuentas personales del funcionario y de su familia por más de setecientos mil dólares. No era un chisme, no una conjetura, no el resultado de una investigación periodística que debía ser confirmado por la justicia. Era simplemente el reporte de diligencias que avanzaban en los tribunales norteamericanos.
Si la Secretaría de la Función Pública o la Procuraduría General de la República reaccionaron al respecto, lo hicieron con lentitud. Se permitió además a Moreno Díaz manejar su situación conforme a sus intereses. Se le autorizó una licencia para atender el asunto y el 15 de septiembre se le pidió o se aceptó su renuncia. No fue despedido, pero parecía inminente una acción ministerial en su contra. Sólo la hubo ¡un año después Y el resultado de ella es que, por lo menos al mediodía del martes seis de septiembre, Moreno Díaz se halla prófugo de la justicia. Probablemente ha escapado al extranjero de donde será en extremo difícil hacerlo volver. Si se confirman los cargos en su contra, tendrá dinero suficiente para pagar asistencia jurídica que lo mantenga a salvo.
Hay que decir, en honor de la verdad, que la antigua contraloría federal, llamada hoy secretaría de la Función Pública investigó los bienes del ex director de operaciones. Halló una diferencia descomunal entre sus ingresos legales y declarados y su fortuna: treinta y tres millones de dólares. Esa opulencia permite suponer que el soborno de Azunza fue sólo un episodio menor en la vida de Moreno Díaz, y que conductas semejantes ha de haberlas repetido una y otra vez. A pesar de eso, sólo fue detenido el sábado. Pero Moreno Díaz estaba informado de la perezosa averiguación en su contra, y oportunamente, hace un mes, el tres de agosto obtuvo la suspensión provisional de cualquier mandamiento judicial para detenerlo. Por eso la jueza Taissia Parcero ordenó su libertad unas horas después de su captura. Y aunque más tarde el juez Jesús Fraustro Macarino informó que había negado la suspensión definitiva y por lo tanto ya era lícito detener al inculpado, éste se había puesto fuera del alcance de la justicia. Se le detuvo el tres de septiembre en el aeropuerto de Toluca. Es probable que desde allí o de otra terminal aérea haya huido del país.
Así que mucho entusiasmo, mucha dedicación para “agarrarlo”, no hubo. No se le capturó una y otra vez. Y, por lo contrario, sólo una vez “lo sacaron”. Es preciso investigar la indolencia del juez que demoró en notificar que había quedado sin efectos la suspensión que protegía a Moreno Díaz Pero también es necesario descubrir la trama de intereses que le permitió prosperar en la CFE. El momento es propicio. En marzo el director de ese organismo bajo tres presidentes, Alfredo Elías Ayub fue relevado por Antonio Vivanco, que coordinaba a los asesores presidenciales, y debe limpiar la casa Así no se podrá culpar a los jueces por las omisiones propias.
