Corregir el desorden que priva en la industria del juego debe ser una de las consecuencias del crimen colectivo en un casino regiomontano y sus derivaciones políticas. La situación jurídica de los “desplumaderos” requiere un abordamiento de frente y a fondo, que incluya un eficaz mecanismo de supervisión y vigilancia. Ha de evitarse con ello la situación, entre ridícula y patética, de una autoridad federal que ignora quién opera una casa de juego donde se privó de la vida a 52 personas, la mayor parte de las cuales estaban allí por su gana de divertirse y acometer la imposible hazaña de ganar más dinero del que pierde. Pero otra porción de las víctimas, 14 de 52, eran empleados sin garantías laborales, que ni siquiera recibieron pago por sus últimos días de trabajo.
Es inadmisible que el secretario de Gobernación informe, de acuerdo con los precarios datos que conoce, que la empresa permisionaria del casino incendiado es Atracciones y Emociones, SA de CV, y que ignore que de tiempo atrás esta sociedad anónima ya no opera el lugar que resultaría afectado. Al parecer hay una disputa no por la titularidad del permiso, que sólo puede ser dilucidada por quien la otorgó, sino por la capacidad de mantener abierto el establecimiento y beneficiarse con las ganancias, que conlleva el riesgo de padecer extorsiones, cualquiera que sea su origen.
Los permisos fueron expedidos por razones políticas a miembros eminentes de grupos de poder, o a los propios grupos. En los años noventa fueron beneficiados por autoridades priístas Rodrigo Aguirre Vizzuet, en pago parcial a la deuda política que el presidente Carlos Salinas tenía con su padre Ramón Aguirre Velásquez, uno de los integrantes de la familia feliz constituida alrededor de Miguel de la Madrid, a la que también perteneció Salinas. A su vez, Jorge Hank Rohn recibió en herencia el hipódromo de Tijuana, de donde partió para establecer su vasto negocio de juegos, previo aprovechamiento indebido de los terrenos en torno a ese estadio que nunca debieron servir a otros fines.
En la década siguiente los beneficiarios fueron núcleos de poder como Televisa y como la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), cuyos intereses se intersectan y combinan. Es grotesco ver cómo entre cuestionamientos al modo en que se maneja la industria del juego, y se informa de las secuelas procesales y políticas del incendio criminal del 25 de agosto, Televisa inserta los anuncios de sus propios casinos, bajo la denominación de Play City.
La alta concentración de los permisos en empresas como las mencionadas en las líneas anteriores se ha visto acentuada por la expansión de Codere (Compañía de recreativos), una empresa española que ahora domina las apuestas en nuestro País. Como parte de la reconquista española, mostrada por la creciente presencia de inversionistas de ese origen en la banca, la construcción de infraestructura y la energía, también ha llegado a México la empresa dominante del juego en España.
También en ese País la influencia política es determinante de los negocios del azar (que en sí mismos nada tienen de azarosos, porque sus propietarios llevan siempre las de ganar). Codere se constituyó en 1980 mediante la asociación de las familias Martínez Sanpedro y Franco. A esta última pertenecían los nietos del dictador muerto cinco años atrás, modelador de un sistema político de transición que de muchos modos continuaba vigente. Joaquín y Jesús Franco se dedicaban a la fabricación de “máquinas de ocio” y José Antonio y Javier Martínez Sanpedro a la apertura de las primeras casas de juego autorizadas en España. Los Franco salieron pronto de la sociedad, lo que probablemente indica que sólo vendieron sus influencias para la fundación de una empresa que en los aires de modernización y libertad que soplaron al establecerse la monarquía constitucional pronto prosperó. Tras su establecimiento en Madrid, el negocio se expandió por Cataluña primero y después por toda España. Luego sus intereses desembarcaron en Argentina y Colombia, Brasil, Panamá y Uruguay.
En México, Codere se asoció con el Grupo Caliente, de Hank Rohn, y la CIE dirigida por Alejandro Soberón, empresa que a través de Ocesa controla la mayor parte del entretenimiento y los espectáculos en México. Su vínculo con sus socios mexicanos se fortaleció tanto que los mexicanos quedaron reducidos a la minoría. El año pasado, Codere adquirió dos terceras partes (67.3% exactamente) de Caliente. Hank Rohn tuvo que dar ese paso debido a su irrefrenable endeudamiento, un pasivo de 171 millones de dólares que fue absorbido por el consorcio adquiriente. La directora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello averiguó que ese peso muerto fue generado por “la enorme nómina que Jorge Hank ubicó en los centros de apuesta de Caliente, armada a base de compromisos y compadrazgos”.
Actualmente está en trámite en la Comisión Federal de Competencia la autorización para que Codere haga crecer su participación en la empresa operadora del Hipódromo de las Américas (y casas de apuestas Sport Books y Yaks). Actualmente posee el 49% de las acciones de CIE Las Américas, al 84.8%. Es de suponer que para otorgar o negar su anuencia a esta expansión del grupo español la Cofeco cuente con mejor información de la que yace en los archivos de Bucareli.
¿Es pertinente, o dañina o inocua la españolización de la industria del juego? Sería conveniente que se trace al respecto un criterio oficial explícito.
