Movidos por un sentido de urgencia que por primera vez los anima, los presidentes nacionales de los tres partidos mayores convinieron en explorar una agenda común para la elección de Gobernador en Michoacán y hasta aventuraron la peregrina idea de lanzar un candidato común allí mismo.
Esta última propuesta es una anécdota destinada a morir en breve plazo. Pero en su fondo se advierte una aspiración autoritaria, una concepción pervertida de la democracia electoral y del juego de partidos, como elementos estorbosos para la solución de los grandes problemas. La propuesta aprovecha el bien ganado desprestigio de los partidos para convertirlos en meras correas transmisoras de decisiones tomadas fuera de la política formal.
La iniciativa de candidato común, que en la práctica sería único, surgió del sector privado michoacano, a quien como a todos preocupa la creciente inseguridad pública, en una entidad donde son vastos los alcances de la delincuencia organizada, y las limitaciones de los gobiernos para enfrentarla. Aunque La familia michoacana, la más poderosa expresión del crimen organizado en la entidad se halla en aparente receso, quizá descabezada, otras bandas disputan entre sí y causan miedo en las poblaciones, aunque también suscitan prácticas de autodefensa como ocurre en la Meseta Purépecha.
Pero el razonamiento que asocia la creciente violencia criminal con la necesidad de no agitar a la sociedad con la disputa electoral hubiera podido aplicarse, acaso son razón sobradamente mayor, en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Durango, que renovaron gobiernos el año pasado. Especialmente en la primera entidad, donde la sustracción de zonas y actividades al Estado ha sido patente, el razonamiento de los empresarios michoacanos hubiera sido de aplicarse. Máxime que la inseguridad llegó al punto de que el candidato priísta fue asesinado en víspera de la elección y hubo de reemplazarlo su hermano, que según las apariencias no se repone todavía de la sorpresa que le asestó la vida al conducirlo al palacio de Gobierno, y ejercer funciones para las que no estaba preparado.
Pero el sector privado escogió a Michoacán para el experimento de que alguno de los suyos gobierne directamente, no a través de personeros como no es infrecuente que ocurra, sin pasar por el trámite de disputar el cargo en elecciones. El proyecto deja de lado el derecho de los ciudadanos de optar por programas y personas contrastantes, y reserva esa función, la de seleccionar al Gobernador, en manos de un breve club formado por los dirigentes nacionales y locales de los partidos y la cúpula empresarial, también la nacional y la de las entidades donde esa iniciativa prosperara.
Para hacer posible la candidatura común se requiere, y no hay necesidad de que sus promotores lo expresen, que la ostente una persona ajena a los partidos, situada por encima de ellos. En Michoacán la iniciativa ha incluido nombres de empresarios conspicuos o líderes de organismos privados que parten del supuesto de que ellos sí son capaces de gobernar, a diferencia de los políticos a los que caracterizan como ineptos en el mejor de los casos o francamente corruptos, en el peor y más frecuente de esos casos. Tienen a cambio mejores figuras que ofrecer, como la de Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis que a su éxito empresarial añade otros intereses, como el de haberse posgraduado en universidades como Harvard y Cambridge y favorecer iniciativas culturales como el festival de cine de Morelia y, más recientemente, la exhibición de Presunto culpable, una decisión riesgosa que, además todo resulto también un buen negocio.
Los más vigorosos oponentes al proyecto de un candidato único, no partidario son precisamente quienes buscan que sus partidos los postulen. En cada uno de los tres partidos involucrados hay aspirantes que librarían una buena contienda electoral y gobernarían conforme a la agenda común que, esa sí, podría ser admitida por todos, porque constituiría una plataforma, una base a la que cabría agregar propuestas personales y partidarias propias.
El viernes apenas se registró como precandidato en el PRD el más completo de los aspirantes, el que mejor aseguraría la posibilidad de un tercer Gobierno de ese color. Enrique Bautista es un empresario agropecuario desde antes de entrar en la política. Ha sido diputado local y federal, ha trabajado en el Gobierno michoacano al lado de Cuauhtémoc y de Lázaro Cárdenas, y de Leonel Godoy. No obstante la claridad de su propuesta y de su trayectoria, o por ella misma, tiene que superar los enconos de las corrientes a las que importan más sus propios intereses que los del partido y el estado.
En el PRI se opondría a una candidatura en que su partido postule a un candidato que no sea un militante el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo. Es la tercera vez que ocupa esa presidencia municipal y ha sido el único priísta capaz de ganar elecciones relevantes en el periodo ya prolongado de su declinación en esa entidad.
Tampoco estarían a favor de una candidatura única los miembros del PAN que desde hace meses buscan ser propuestos por su partido. Luisa María Calderón ha de calcular, supongo, que por sí solos ella y su partido pueden gobernar la tierra de su familia. Y su principal oponente, el senador Marko Cortés se ha mostrado capaz de lidiar contra lo que juzga intento de imposición de la hermana del Presidente. Si contra ese poderoso obstáculo ha querido luchar, más lo haría contra la extravagante iniciativa empresarial.
