Después de un largo y tortuoso camino se aproxima la entrada en funciones de la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente. Por lo pronto, el Senado eligió el jueves pasado a la abogada Diana Rosalía Ladrón de Guevara como primera titular de ese organismo. Dispone del breve lapso de ciento veinte días para organizar la Procuraduría, ardua labor que incluye la integración del órgano de Gobierno y del cuerpo de asesores, que deberán ser reclutados conforme a las normas del servicio civil de carrera.
La ley que creó la Prodeco fue iniciada por el Presidente Fox en 2003, pero el Senado introdujo a su proyecto modificaciones que insatisficieron al Ejecutivo. Por lo tanto, combatió por diversas vías las normas que contradecían su propósito. La principal se refirió al mecanismo de designación de quien encabezará la Procuraduría. La iniciativa presidencial pretendió que se tratara de un nombramiento directo del Presidente, conforme a la pauta que rige a los altos funcionarios de Hacienda. Finalmente, el Legislativo logró establecer una fórmula de colaboración de Poderes, semejante a la que permite nombrar a los ministros de la Suprema Corte. El Ejecutivo propone una terna y el Senado elige al titular.
La ley respectiva fue aprobada por el Congreso en abril de 2006 y publicada en septiembre siguiente. La conclusión de los litigios constitucionales llegó por fin en septiembre de 2009 y desde entonces estaba pendiente la presentación de la terna, que finalmente ocurrió el 12 de abril pasado.
La integraron un miembro del sector privado (el responsable de enlace legislativo de la Asociación Mexicana de Bancos), José Miguel Domínguez, la académica Gabriela Ríos Granados (coordinadora del área fiscal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional) y la magistrada Bernal, que resultó elegida por una amplia mayoría. Se comprende que haya sido así por la vastedad de su experiencia en material fiscal. La ley demanda que quien encabece la Procuraduría la tenga al menos por cinco años, término cumplido cabalmente por la nueva funcionaria.
La Procuradora tiene una singular biografía de servicio público. Abogada por la Universidad Iberoamericana, ingresó al entonces Tribunal Fiscal de la Federación, donde fue responsable de publicaciones, antes de ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le bastaron tres años como Secretaria de Estudio y Cuenta (en la segunda sala) para merecer su primer nombramiento en la Judicatura Federal: Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa. Siete años después ascendió a Magistrada, rango que ejerció en dos tribunales colegiados, administrativo uno y laboral el otro. En total, trece años en la administración de Justicia.
Su trayectoria se modificó en 1997. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, elegido jefe de Gobierno del Distrito Federal en julio de ese año, la nombró en diciembre Delegada en Iztacalco. En aquél entonces los responsables del Gobierno delegacional eran nombrados, no elegidos. En el 2003, ya incorporada al Partido de la Revolución Democrática, fue elegida Diputada federal por mayoría en el vigésimo Distrito capitalino. Fue secretaria de la Comisión de Hacienda y vocera de su grupo en esa materia.
El Senado la eligió el 30 de marzo de 2006 Magistrada de la sexta sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como hoy se denomina el órgano en que comenzó su trayecto público. Ahora ha sido elegida Procuradora por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de una reelección.
Conforme a la ley que la creó, la Procuraduría debe “garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir Justicia en materia fiscal”. Es un órgano de estructura jurídica y objetivos sociales análogos a los de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor y la de Defensa del Trabajador (Profedet). Se asemeja asimismo, y confiamos en que su labor la supere, a la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
La nueva Procuraduría debe ofrecer asesoría, defensa y representación a los contribuyentes, especialmente los que no puedan pagar los servicios de los onerosos despachos de abogados que consiguen devoluciones multimillonarias de impuestos. Para atender a los que más lo necesiten, la Prodeco sólo representará a los causantes cuyos asuntos no importen más del equivalente a treinta veces el salario mínimo en el DF elevado al año.
Asimismo, la Procuraduría recibirá quejas sobre trato impropio del personal de Hacienda. Esa responsabilidad se expresa diciendo que la nueva oficina deberá promover que la actuación de los funcionarios fiscales se base en el respeto y la equidad. A fin de no agotarse en la atención casuística, la Prodeco emitirá recomendaciones a las autoridades hacendarias. Y se dedicará también al estudio, enseñanza y difusión de los principios y criterios fiscales.
Además de su titular, la Procuraduría contará con un órgano de Gobierno integrado por seis consejeros independientes. Serán nombrados por el Presidente de la República y provendrán de instituciones académicas, asociaciones profesionales vinculadas con el ramo tributario y de organismos de representación empresarial. El Senado acertó al designar a la procuradora Bernal Ladrón de Guevara, que deberá enfrentar un reto inicial de organizar la Prodeco y luego el permanente de proteger a los contribuyentes indefensos. El órgano de Gobierno que la acompañe en sus comienzos debe ser tan solvente como ella.
