martes, 10 de mayo de 2011

Genaro García Luna.

Al comenzar su discurso ante la multitud reunida en la Plaza de la Constitución al cabo de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia demandó al presidente Calderón el despido de Genaro García Luna como señal de que había escuchado el mensaje de los ciudadanos que quieren vivir tranquilos.

No sorprende que se exigiera la renuncia del secretario de Seguridad Pública. En una larga jornada pletórica de símbolos, la mención a García Luna tuvo esa calidad. Es el prototípico funcionario que por acción y omisión ha contribuido al deterioro de la convivencia social y a la disminución (desaparición plena en no pocas comarcas del País) de una vida segura; es decir, a que falle la estrategia nacional contra el crimen organizado.

García Luna no ha servido a la sociedad, antes al contrario la agrede. La colosal fuerza armada que se le ha permitido reclutar -treinta y cinco mil agentes-, la Policía Federal, es en la mayor parte de los lugares donde actúa, parte del problema y no de la solución. Y el propio secretario García Luna lejos de garantizar con su desempeño el alcance de metas necesarias para la nación, mantiene bajo amenaza a una periodista que ha reunido vasta información sobre su conducta y su patrimonio, difícilmente conciliable con sus ingresos como servidor público.

Apenas, el miércoles pasado Anabel Hernández, la periodista autora de los libros Los cómplices del Presidente y Los señores del narco -donde García Luna figura en forma prominente reiteró una denuncia que había hecho pública en diciembre pasado, en la presentación de Los señores… en la feria del libro de Guadalajara. Esta vez lo hizo en el patio del ex domicilio principal del Senado, durante un foro en que se habló de la impunidad como aliciente de la delincuencia en perjuicio de la libertad de expresión. Puesto que ha presentado quejas ante las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal, cuenta con resguardo ofrecido por el Gobierno capitalino, pues la CNDH incurrió en la ingenuidad de demandar medidas cautelares a la autoridad federal, que sólo podría aplicarlas desde la Secretaría de Seguridad Pública. Haber aceptado esa aberración hubiera significado poner a la periodista a merced de su enemigo -García Luna la considera una suerte de vocera del crimen organizado. Con el mismo tino y la misma diligencia que ha obtenido información sobre el dinero de García Luna y sus vinculaciones con delincuentes, Hernández ha logrado saber que el Secretario urde cómo dañarla e impedir que siga trabajando en torno de ese tema. Se ha llegado a ese extremo una vez que fallaron las insinuaciones de que la periodista eligiera un exilio dorado.

Expresiones recientes de la actuación de la Policía Federal ocurrieron también la semana pasada. Por un lado, un comando de esa corporación entró en conflicto con la guardia del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, en que éste tuvo que intervenir en un áspero diálogo con el jefe de los agentes federales, que desdeñaba la autoridad del edil. Ya antes, en enero, un suceso con los mismos protagonistas había tenido un grave desenlace: un miembro de la escolta de Murguía fue asesinado por un agente de la Policía Federal.

En Cuernavaca, esa corporación detuvo a varios presuntos responsables del asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más. No son tan sólidos los indicios que aportó esa Policía, que el Ministerio Público pudiera consignarlos ante un juez, para que se les procese. A lo más que llegó con los elementos aportados por la PF fue a solicitar el arraigo. Y lo hizo sin reparar que ya se han girado otras órdenes de aprehensión por el mismo delito contra otras personas. Por su parte, y a fin de asegurar su preponderancia en ese caso de trascendencia nacional e internacional, la Secretaría de Seguridad pública actuó como supervisora del Ejército y calificó de maniobra de contrainformación de la delincuencia el haber puesto en manos de militares a otro presunto responsable de aquel crimen colectivo, capturado a su vez por delincuentes. Es decir, el Ejército quedó en ridículo para privilegiar una versión que nadie garantiza corresponda con la verdad. Y todavía hay quien acusa de ingratitud a Sicilia al demandar la renuncia de García Luna, no obstante que su gente avanza en el esclarecimiento del crimen que más le importa ahora. No puede haber ingratitud donde no hay favores, y menos cuando puede tratarse de encubrir a los verdaderos autores del homicidio múltiple.

Los motivos para demandar la separación de García Luna de su cargo llenarían un volumen completo. Desde antes de ser miembro del gabinete de Calderón fue señalado por cometer o encubrir actos delictuosos. Como funcionario medio de la Policía Federal Preventiva fue objeto de un señalamiento formal por gastos indebidos, y al convertirse en director de la Agencia Federal de Investigación se multiplicaron los casos en que solapó a agentes bajo su mando metidos en problemas serios, como el asesinato de Enrique Salinas de Gortari.

Ya como Secretario de Seguridad Pública, rodeado de un círculo de antiguos compañeros, ha sido errático en la organización de las oficinas a su cargo. Una razón de ese descontrol es el amiguismo, que ha derivado en mal fario en la jefatura de la Policía Federal, pues sus comisionados han sido asesinados o están preso. También lo está el comandante Javier Herrera Valles, que cometió el grave delito de denunciar a García Luna ante su jefe Calderón y por eso se le procesa.