viernes, 5 de agosto de 2011

Ex gobernadores impunes

Todavía hace siete meses Hosni Mubarak era el todopoderoso presidente de Egipto. Había permanecido casi treinta años en el poder, al que llegó después del asesinato de su predecesor Anuar Sadat. Hoy, junto con sus hijos, Mubarak está sometido a proceso. Metido en una jaula al comparecer ante el tribunal, debe responder por la muerte de centenares de sus compatriotas, caídos durante la breve rebelión que lo depuso. También se le juzga por corrupción, pues en la treintena de años de mando absoluto acomuló fortunas, cuya más visible expresión son las colosales residencias de su familia en Europa.

Mientras en Egipto Mubarak se apoderaba del mando, en Guatemala se perpetraba un etnocidio, una prolongada y feroz matanza, una crudelísima guerra en que el Ejército tomó por enemigos a los pueblos indígenas. En apenas un atisbo de justicia, pues no se ha tocado a los más altos mandos castrenses de entonces, este martes cuatro oficiales fueron condenados a más de seis mil años de prisión, que es la cifra resultante de sumar la pena que correspondería por privar de la vida a cada una de sus víctimas. En realidad sólo podrán estar presos, como máximo, ochenta años cada uno.

El general Manuel Antonio Noriega, en fin, será devuelto a su Panamá natal por el gobierno francés, para que en su tierra se le juzgue por delitos de lesa humanidad y varios asesinatos políticos. Hombre fuerte de su país en los mismos años ochenta, desde el poder se hizo narcotraficante, delito que ocultaba tras la bandera del nacionalismo. Juzgando que ponía en peligro los intereses norteamericanos en torno al Canal, el gobierno del primer Bush atacó por aire a Panamá en busca de Noriega, el 7 de mayo de 1989. Aunque a la postre fue hallado y tomado prisionero, la carga aérea contra Panamá causó la muerte de miles de personas. Condenado en ausencia en su patria, se le imputarán nuevos cargos después de haber estado preso en Estados Unidos y en Francia.

Son casos, en curso actualmente, que muestran que no debe haber impunidad a favor de gobernantes que roban y matan. En algún momento, próximo o remoto a la comisión de sus delitos, en casi todos los países del mundo el que la hace la paga, cualquiera que haya sido su investidura y su poder. En México no. A pesar de que se conoce en términos generales que ex presidentes como Luis Echeverría y Carlos Salinas, amén de haber propiciado y/o tolerado que se privara de la vida a cientos de sus compatriotas, y a pesar de que la fortuna que ostentan y de la que disfrutan no pudo resultar de sus ahorros como funcionarios públicos durante toda su vida, uno languidece en espera de la muerte y el otro anda de sarao en sarao sin que nada les preocupe.

A punto de cumplir noventa años –los acabalará en enero próximo- y ya venida a menos la recia condición física que lo caracterizó durante la mayor parte de su vida, Echeverría sufrió casi tres años de reclusión domiciliaria cuando se le juzgó por delitos cometidos cuando fue secretario de Gobernación y, sobre todo, mientras ejerció la Presidencia de la república. Pero el tiempo transcurrido desde las matanzas del dos de octubre de 1968 y diez de junio de 1971 y la débil legislación mexicana impidieron que los esfuerzos del Comité 68 y la Fiscalía especial que investigó los crímenes de la guerra sucia fructificaran y derivaran en sanciones penales significativas. Menos aún se le ha intentado juzgarlo por enriquecimiento ilícito, pues nunca se ha iniciado una averiguación previa a raíz de la fortuna inmobiliaria de que se hizo mientras fue titular del poder ejecutivo.

A Carlos Salinas nadie osa tocarlo, ni por la multitud de muertes producidas por su propia guerra sucia contra el perredismo, ni por su riqueza personal. Luís Téllez, ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, que fue subsecretario de planeación agrícola en su gobierno, y con Calderón llegaría al gabinete, emitió el hasta ahora más claro veredicto sobre el enriquecimiento de Salinas: “se robó la mitad de la partida secreta”.

Ni por esa probable (y reprobable) conducta, ni por la que ejerció al privatizar bancos y numerosas empresas del Estado, Salinas ha recibido señalamiento formal ninguno, y en cambio ha sido capaz de influir para que el único expediente judicial en contra de su hermano Raúl, el que versa sobre su enriquecimiento, no haya sido resuelto. Concluido el sexenio de su heredero Ernesto Zedillo, durante el cual se autoexilió por si acaso se intentara alguna acción ministerial en su contra, Salinas volvió a México como “facilitador”, según él mismo se definió. Fracasó en esa condición al intentar que Elba Ester Gordillo pactara una reforma fiscal pero tuvo éxito al impulsar a Carlos Ahumada a corromper y revelar la corrupción en el PRD.

Más recientemente, con la aparición de su tercer libro, pretendió erigirse en constructor de la agenda pública y formar parte del debate académico y periodístico sobre la actualidad nacional. Frustrado ese intento, está en lo suyo, promover su imagen e influir en el PRI. El lunes pasado asistió al informe de la gobernadora Ivonne Ortega, y posó para las cámaras muy alegre porque los nuevos gobernadores del PRI, tan iguales a los viejos gobernadores del PRI, lo buscan para lucirse a su lado. En una toma en que aparece flanqueado por los Robertos, Borge y Sandoval, de Quintana Roo y Nayarit, su verdadero talante queda manifiesto por la presencia de Emilio Gamboa y Fidel Herrera, símbolos vivientes, como Salinas mismo, del sistema de botín.