La Policía mexiquense capturó el jueves a Óscar Oswaldo García Montoya, considerado el jefe de una banda criminal que ha actuado sobre todo en el Estado de México.
El éxito de que se ufanó el procurador Alfredo Castillo, quedó manchado por el desatino de los captores de El Compayito como es nombrado el capitán de La mano con ojos, el imaginativo título que se ha dado este grupo dedicado al tráfico de drogas. Antes de dar con el paradero en que García Montoya fue detenido, la tropa ministerial asaltó tres domicilios donde dormía gente pacífica sin ninguna relación con El Compayito ni con nadie dedicado a delinquir.
Ese es uno de los aspectos de ese episodio que conviene poner en relieve. No es admisible de ninguna manera, que el cumplimiento de la ley se haga con cargo a los derechos de personas ajenas tanto a las operaciones delictuosas como a las policiacas, entre las cuales debe haber diferencias netas, que quedan borradas en casos como el presente.
Habría quién, quizá la mayor parte del público, aplauda una acción que pondrá tras las rejas a un delincuente de importancia, por lo menos la que le atribuyen las autoridades. Una porción relevante de la sociedad elige la seguridad y el orden a cualquier precio, aunque eso signifique el atropello a la legalidad. Es preciso combatir esa suerte de satisfacción social porque resulta de la manipulación y a menudo de la mentira y el engaño.
Las autoridades federales y no pocas en los estados privilegian las apariencias sobre la sustancia, el efecto mediático en vez de la reducción efectiva de un peligro como el que entraña la acción de las bandas del narcotráfico y otras formas de la delincuencia organizada. Por ello, se regodean con las detenciones y la exhibición pública de los presuntos responsables de graves delitos. Así lo hizo el procurador Castillo, el mismo que siendo subprocurador pretendió engañar en el caso en que murió una niña presuntamente secuestrada que resultó, según la inverosímil versión oficial, fallecida accidentalmente sin que decenas de personas se percataran de que el cuerpo estuvo en su casa durante varios días.
Castillo leyó el jueves una declaración atribuida a García Montoya, en que además de aceptar que encabeza el tráfico de drogas en los municipios de clases media y alta, cometió directamente trescientos asesinatos y ordenó otras tantas ejecuciones. Con esos números el procurador busca que se calibre la importancia de esa detención.
Es necesario, sin embargo, que las acusaciones que formalice la Procuraduría correspondan a esas cifras. No vaya ser que ocurra con El Compayito lo que sucede con El Teo, Teodoro García Simental. Cuando se le detuvo en enero pasado, se proclamó a sí mismo, ante el entusiasmo de la autoridad, como autor de centenares de homicidios, incluidos los que cometió su colaborador El Pozolero, llamado así porque destruía en tambores llenos de ácido los cuerpos de sus víctimas.
Se esperaría que El Teo enfrentara centenares de procesos por homicidios, pero no es así. Se le ha iniciado apenas un puñado de juicios penales. No basta la autoinculpación, en el caso de que la hubiere para que un juez inicie el proceso correspondiente. Pero el Gobierno federal, incluso el presidente Calderón que hizo del tema una prenda de orgullo, parece bastante el haber convertido a El Teo mediante una amplia difusión de su captura, en un peligro menos para la sociedad, aunque a la postre resultara que no es así. Un tratamiento semejante está dando a la detención de El Diego, asesino al mayoreo, pues se ha reconocido culpable de mil quinientos homicidios. Es seguro que a la Procuraduría General de la República le sea imposible llevarlo a los tribunales por cada una de esas muertes.
Para detener a El Compayito, la Policía mexiquense ingresó al Distrito Federal. El procurador Castillo y su correspondiente capitalino, Miguel Ángel Mancera informaron que el tránsito policiaco de una entidad a otra está legalizado por un acuerdo de colaboración, que impide la impunidad de los delincuentes a los que bastaría trasponer el lindero para ponerse a salvo. Suena bien la explicación, salvo porque esa libertad de tránsito policiaco implica riesgos de enfrentamiento entre policías que se ataquen unos a otros por confusión. Los asaltantes de las familias de Torres de Padierna estaban vestidos de tal manera, y actuaron de tal modo, que bien hubieran podido ser delincuentes.
Ambos procuradores, por cierto, se limitaron a pedir disculpas a las víctimas del asalto en la madrugada del jueves: Efraín Bartolomé y su esposa Guadalupe Belmontes, la investigadora universitaria Patricia Magaña y su hija, y los padres de Patricia. No basta con esa ambigua forma de trato social. Es preciso que se finquen responsabilidades a los agentes que irrumpieron en sus domicilios, causaron destrozos y robaron objetos. Las dos procuradurías están obligadas a hacerlo, no sólo para reparar en lo posible el daño específico causado, sino porque ambos recibieron el cinco de agosto la Recomendación no. 19/11 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese documento está orientado a impedir y castigar los asaltos como el ocurrido el jueves.
La tropa mexiquense practicó un cateo ilegal, uno más de los tres mil que han sido denunciados de 2006 a la fecha por víctimas de estos atracos imperdonables. La CNDH ha emitido en esos años 31 recomendaciones por esos cateos contrarios a la ley. Y al estudiarlos en su conjunto halló un inadmisible patrón de conducta.
